\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O \u00a0CABRERA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP13972-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a0100885 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0362 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018) \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0resuelve la impugnaci\u00f3n presentada por Mar\u00eda \u00a0Jakeline Piraguata Guerrero \u00a0frente a \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n proferida el 6 de septiembre de 2018 por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante la cual le \u00a0neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra los \u00a0Juzgados 58 Penal Municipal con funciones de control de garant\u00edas \u00a0y 3\u00ba Penal del Circuito, ambos de esa ciudad, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y al acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0presente tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes \u00a0dentro del proceso seguido en contra de la accionante por los delitos \u00a0de homicidio agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de \u00a0armas de fuego. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. Hechos y \u00a0fundamentos de la acci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0relatados por el A \u00a0quo \u00a0de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0ciudadana Piragauta Guerrero manifest\u00f3 que el pasado 27 de \u00a0junio ante el Juzgado 58 Penal Municipal de Garant\u00edas la \u00a0Fiscal\u00eda 58 Loco; le imput\u00f3 el delito de homicidio, por \u00a0hechos ocurridos el 7 de abril de 2018, y a pesar de que solicit\u00f3 \u00a0como medida de aseguramiento la prisi\u00f3n domiciliaria, el \u00a0Juzgado le impuso una privativa de la libertad en establecimiento \u00a0carcelario. \u00a0<\/p>\n
Asegur\u00f3 \u00a0que antes de comparecer a las audiencias preliminares, se present\u00f3 \u00a0ante el Despacho del Fiscal, quien le garantiz\u00f3 que de \u00a0presentarse voluntariamente le ser\u00eda otorgada la prisi\u00f3n \u00a0domiciliar\u00eda como medida de aseguramiento, lo cual consider\u00f3 \u00a0un enga\u00f1o, ya que finalmente fue privada de la libertad en un \u00a0centro de reclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Consider\u00f3 \u00a0que el Juzgado 58 de Garant\u00edas al tomar esa determinaci\u00f3n, \u00a0se excedi\u00f3 y desbord\u00f3 sus facultades legales, ya que le \u00a0concedi\u00f3 a la v\u00edctima las competencias propias de la \u00a0Fiscal\u00eda, toda vez que le permiti\u00f3 solicitar la \u00a0imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento, lo cual solamente \u00a0era posible en el evento de que el ente acusador no lo hiciera. \u00a0<\/p>\n
Insisti\u00f3 \u00a0en que la solicitud de imposici\u00f3n de medida de aseguramiento \u00a0es competencia exclusiva de la Fiscal\u00eda, y que su pretensi\u00f3n \u00a0no puede ser modificada por la v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n
Solicit\u00f3 \u00a0que como consecuencia del amparo de sus derechos fundamentales del \u00a0debido proceso y “acceso a un recurso judicial efectivo”, \u00a0se ordene su libertad inmediata y\/o se le conceda la detenci\u00f3n \u00a0preventiva en su lugar de domicilio (fls. 1 a 6). \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0SENTENCIA IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el \u00a0amparo al considerar que no se observa ninguna irregularidad al \u00a0momento en que la autoridad judicial accionada concluy\u00f3 que \u00a0era necesario mantener la decisi\u00f3n mediante la cual se impuso \u00a0medida de aseguramiento en contra del accionante, toda vez que la \u00a0misma fue fundamentada en la Constituci\u00f3n y la ley. \u00a0<\/p>\n
Resalt\u00f3 \u00a0que el juez constitucional no se puede inmiscuir en los asuntos \u00a0encomendados a los jueces naturales y en especial cuando la \u00a0injerencia tiene que ver en el modo en que \u00e9stos interpretan \u00a0la ley, pues ello atenta contra la autonom\u00eda y la \u00a0independencia judicial. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0momento de ser notificada Mar\u00eda \u00a0Yakeline Piraguata Guerrero exterioriz\u00f3 \u00a0su intenci\u00f3n de impugnar el fallo sin aducir las razones de su \u00a0disenso. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. Problema \u00a0jur\u00eddico \u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a la Corte determinar si la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 \u00a0los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia de la parte interesada, \u00a0dentro del proceso penal adelantado en su contra por los delitos de \u00a0homicidio agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de \u00a0armas de fuego. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si la actuaci\u00f3n penal \u00a0no \u00a0ha finalizado, la tutela se torna improcedente. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0El amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, \u00a0destinado a la protecci\u00f3n inmediata de los derechos \u00a0fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o un particular y \u00a0siempre que no exista otro medio de defensa o se est\u00e9 ante un \u00a0perjuicio irremediable, evento \u00faltimo en el cual procede como \u00a0mecanismo transitorio. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0tiene car\u00e1cter alternativo. \u00a0Es inviable cuando el interesado dispone de otros recursos, pues no \u00a0fue concebido para sustituir \u00a0a \u00a0los jueces ordinarios, ni como un elemento supletorio \u00a0de las normas procesales. \u00a0<\/p>\n
Mientras el \u00a0proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la \u00a0actuaci\u00f3n del juez ordinario, el afectado tendr\u00e1 la \u00a0posibilidad de reclamar, al interior del tr\u00e1mite, el respeto \u00a0de las garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible \u00a0acudir para tal fin a la tutela. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste \u00a0justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y \u00a0extraordinarios de defensa judicial1. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0all\u00ed, ante el juez natural, donde el peticionario puede \u00a0plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo \u00a0frente a las decisiones adoptadas, recurrirlas, hasta llegar a la \u00a0casaci\u00f3n para que sea esta Corporaci\u00f3n, como \u00f3rgano \u00a0de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la que finalmente \u00a0resuelva el asunto. \u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En \u00a0el caso concreto, \u00a0la Sala considera que la tutela, por su car\u00e1cter residual y \u00a0subsidiario, no es el medio \u00a0apropiado para definir si \u00a0las autoridades judiciales accionadas que le impusieron la medida de \u00a0aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva a Mar\u00eda \u00a0Yakeline Piraguata Guerrero, \u00a0conculcaron los derechos fundamentales de \u00e9sta, m\u00e1xime \u00a0si se observa que en sus determinaciones se analiz\u00f3 la \u00a0modalidad y gravedad de la conducta y los antecedentes judiciales de \u00a0\u00e9sta, lo cual les llev\u00f3 a concluir que era un peligro \u00a0para la sociedad y la no comparecencia al proceso. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Aunado a lo anterior, se observa que el \u00a0proceso penal seguido en contra de Piraguata \u00a0Guerrero \u00a0en la actualidad se encuentra en curso; de tal suerte que, es en esa \u00a0causa, donde la interesada deber\u00e1 ejercer todas las \u00a0prerrogativas que le otorga la Ley 906 de 2004 para la defensa de sus \u00a0intereses, en la medida en que el mecanismo constitucional ha sido \u00a0instituido para la defensa de los derechos constitucionales \u00a0fundamentales, pero no es una tercera instancia adicional o paralela \u00a0a la de los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, al existir un escenario natural de discusi\u00f3n, la \u00a0tutela demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos \u00a0previstos por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. Respecto \u00a0a este particular aspecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado \u00a0en sentencia CC T \u2013 418-2003, dijo: \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0De \u00a0acuerdo, tambi\u00e9n, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la \u00a0acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando el proceso no ha \u00a0concluido y se pide la protecci\u00f3n del juez constitucional para \u00a0atacar providencias judiciales en tr\u00e1mite en las que se alegue \u00a0una v\u00eda de hecho, por la sencilla raz\u00f3n de que no \u00a0obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el \u00a0tr\u00e1mite del proceso correspondiente, al no estar culminada la \u00a0actuaci\u00f3n, existen normas en el procedimiento para que el \u00a0afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo \u00a0nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo \u00a0con el fin de defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, en estos casos, radica en la existencia de \u00a0otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso. De all\u00ed \u00a0que la Corte ha se\u00f1alado que no toda irregularidad en el \u00a0tr\u00e1mite de un proceso constituye una v\u00eda de hecho \u00a0amparable a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. En la sentencia \u00a0T-296 de 2000 se dijo: \u00a0<\/p>\n
Para analizar \u00a0cada uno de estos puntos, se tomar\u00e1 como par\u00e1metro la \u00a0jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la v\u00eda de \u00a0hecho. Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que cuando en la \u00a0acci\u00f3n de tutela se alega tal situaci\u00f3n en relaci\u00f3n \u00a0con las distintas etapas de un proceso, o en la propia sentencia, la \u00a0intervenci\u00f3n del juez de tutela, por ser estrictamente \u00a0excepcional, debe estar encaminada a determinar si a pesar de existir \u00a0errores o faltas en los procesos, \u00e9stos pueden ser corregidos \u00a0en el propio proceso, a trav\u00e9s de los distintos mecanismos que \u00a0prev\u00e9 la ley. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0decir, si para su correcci\u00f3n se pueden proponer recursos, \u00a0pedir nulidades, etc. En otras palabras, no toda irregularidad en el \u00a0tr\u00e1mite de un proceso, o en la sentencia misma, constituye una \u00a0v\u00eda de hecho amparable a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de \u00a0tutela. Este rigor para conceder la acci\u00f3n de tutela cuando se \u00a0alegan v\u00edas de hecho, obedece al debido entendimiento del \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, en cuanto al car\u00e1cter \u00a0excepcional de la acci\u00f3n de tutela, su procedencia \u00fanicamente \u00a0cuando no exista para el afectado otro medio de defensa judicial y \u00a0por el respeto por la cosa juzgada por parte del juez \u00a0constitucional.\u201d (sentencia T-296 de 2000, MP, Alfredo Beltr\u00e1n \u00a0Sierra. \u00a0<\/p>\n
Asumir \u00a0una postura como la pretendida, implicar\u00eda desconocer y \u00a0pretermitir los procedimientos y decisiones que en ejercicio de su \u00a0competencia emiten los funcionarios judiciales y los \u00f3rganos \u00a0de investigaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de los procesos \u00a0adelantados conforme, en el caso concreto, al C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal de 2004 \u00a0y abordar, en abierta contraposici\u00f3n a la finalidad y alcance \u00a0de la tutela, el estudio de la naturaleza de \u00a0 decisiones proferidas en una actuaci\u00f3n todav\u00eda en curso \u00a0y que eventualmente puede ser de conocimiento de esta Corporaci\u00f3n, \u00a0en sede de casaci\u00f3n, \u00a0pues el mecanismo constitucional ha sido instituido para la defensa \u00a0de los derechos constitucionales fundamentales, pero, se reitera, no \u00a0es una tercera instancia a la de los jueces u organismos competentes. \u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0De \u00a0otro lado, la Corte considera que la actora tiene la posibilidad de \u00a0acudir \u00a0ante el juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, para \u00a0requerir la revocatoria la medida de aseguramiento impuesta en su \u00a0contra, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 318 de la ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0como quiera que esta acci\u00f3n no tiene por objeto suplantar los \u00a0mecanismos de defensa judicial ordinarios de \u00a0la interesada y s\u00f3lo puede ser invocada una vez agotados todos \u00a0ellos, es claro que no est\u00e1 cumplido el principio de \u00a0subsidiaridad. \u00a0<\/p>\n
Por las anteriores \u00a0consideraciones se ratificar\u00e1 el fallo. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Confirmar la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0Disponer \u00a0el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la \u00a0eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
Eyder \u00a0Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Luis \u00a0Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04 de mayo de 2006. CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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