\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP13641-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0101063 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 362) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial \u00a0de ORLANDO SEGUNDO D\u00cdAZ, contra la sentencia de tutela \u00a0proferida el 25 de julio de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala \u00a0Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 1\u00ba Laboral del \u00a0Circuito de la misma ciudad, la \u00a0Fiduprevisora, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes -PAR- y el \u00a0Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
ORLANDO \u00a0SEGUNDO D\u00cdAZ promovi\u00f3 un proceso ordinario laboral \u00a0contra el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes -PAR- y la Caja de \u00a0Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones -CAPRECOM-, con el \u00a0prop\u00f3sito de obtener la \u00a0reliquidaci\u00f3n de su mesada pensional. \u00a0El 19 de diciembre de 2008, el \u00a0Juzgado \u00a01\u00ba Laboral del Circuito de Barranquilla absolvi\u00f3 al -PAR- \u00a0y conden\u00f3 a Caprecom a reliquidar la prestaci\u00f3n, a \u00a0partir de la fecha del reconocimiento del derecho. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0efectos de hacer efectivo el aludido fallo, el accionante present\u00f3 \u00a0demanda ejecutiva laboral. En tal virtud, el 14 de mayo de 2013, el \u00a0Juzgado \u00a01\u00ba Laboral del Circuito de Barranquilla libr\u00f3 mandamiento \u00a0de pago. As\u00ed las cosas, para acatar el mandato judicial, el 30 \u00a0de diciembre siguiente la entidad ejecutada emiti\u00f3 la \u00a0Resoluci\u00f3n 002526. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 12 de marzo de 2014, el Juzgado de primera instancia \u00a0desestim\u00f3 la referida Resoluci\u00f3n e imparti\u00f3 \u00a0aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00a0determinaci\u00f3n que fue objetada por Caprecom. No obstante, el \u00a022 de agosto siguiente, tras establecer su extemporaneidad, fue \u00a0rechazada. Por ende, el 2 de julio de 2014, dicha entidad emiti\u00f3 \u00a0la Resoluci\u00f3n 00741 \u00abpor \u00a0medio de la cual estableci\u00f3 el valor de la prestaci\u00f3n \u00a0en atenci\u00f3n a la orden judicial\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0prove\u00eddo del 13 de marzo de 2015, el Juzgado 1\u00ba Laboral \u00a0del Circuito de Barranquilla desestim\u00f3 los dos actos \u00a0administrativos proferidos por la entidad ejecutada y aprob\u00f3 \u00a0la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte \u00a0ejecutante en cuant\u00eda de $111.437.595, decisi\u00f3n que fue \u00a0apelada por Caprecom. El 14 de noviembre de 2017, la Sala Laboral del \u00a0Tribunal Superior de Barranquilla la revoc\u00f3 y dispuso \u00abEstimar \u00a0las Resoluciones 002526 de 2013 y 0741 de 2014, no acceder a liquidar \u00a0el cr\u00e9dito y orden\u00f3 el archivo del proceso\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, la decisi\u00f3n emitida por el \u00a0Tribunal accionado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y \u00a0sustantivo, toda vez que se \u00a0equivoc\u00f3 al \u00a0no \u00a0acceder a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y ordenar el \u00a0archivo del proceso ejecutivo. \u00a0<\/p>\n
Acudi\u00f3 \u00a0ante la jurisdicci\u00f3n constitucional en procura del amparo de \u00a0sus derechos fundamentales al debido proceso. Solicit\u00f3 que se \u00a0deje sin efecto la determinaci\u00f3n censurada y, en consecuencia, \u00a0se emita un nuevo fallo actualizando el cr\u00e9dito a su favor. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0EN PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 12 de julio de 2018, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral admiti\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela y notific\u00f3 la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a \u00a0las autoridades judiciales mencionadas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, manifest\u00f3 \u00a0que la decisi\u00f3n reprochada se dict\u00f3 con sustento en las \u00a0normas procesales y sustanciales aplicables al caso que fue objeto de \u00a0estudio. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, tras relatar las principales actuaciones surtidas en el \u00a0tr\u00e1mite, el Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de \u00a0Barranquilla solicit\u00f3 negar la demanda. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 el amparo solicitado. \u00a0Consider\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada es razonable, \u00a0justificada y ofreci\u00f3 una interpretaci\u00f3n admisible \u00a0sobre la normativa aplicable. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado judicial del accionante manifest\u00f3 su inconformidad \u00a0con la decisi\u00f3n de primera instancia. En esencia, reiter\u00f3 \u00a0los planteamientos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo de 2002 emitido \u00a0por la Sala Plena de la Corte, \u00a0en armon\u00eda con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0la Sala es competente para resolver la segunda instancia respecto de \u00a0la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente asunto, el \u00a0razonamiento planteado en la decisi\u00f3n cuestionada se ofrece \u00a0ajustado a derecho, en \u00a0tanto se encuentra fundamentado en las disposiciones aplicables y la \u00a0jurisprudencia pertinente. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer t\u00e9rmino, la Sala Laboral del Tribunal Superior de \u00a0Barranquilla, tras efectuar un an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n \u00a0emitida en primera instancia, estableci\u00f3 que, acorde con la \u00a0fecha de los hechos, la normativa aplicable al caso era la contenida \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo lugar, indic\u00f3 que el objetante incumpli\u00f3 el \u00a0deber de presentar, al tiempo con la objeci\u00f3n, una liquidaci\u00f3n \u00a0alternativa en la que precisara las falencias que atribu\u00eda a \u00a0la refutada. Con dicha omisi\u00f3n, desconoci\u00f3 las reglas \u00a0aplicables para la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, tras realizar los c\u00e1lculos aritm\u00e9ticos de \u00a0los valores se\u00f1alados en la sentencia y contrastarlos con los \u00a0pagos efectuados al ejecutante entre 1998 y 2015, los cuales fueron \u00a0certificados por Caprecom, estableci\u00f3 que no exist\u00edan \u00a0diferencias a cancelar. En contraste, acredit\u00f3 que tras \u00a0reliquidar la prestaci\u00f3n acorde con los par\u00e1metros \u00a0expuestos en el fallo ejecutoriado, aquella disminu\u00eda en \u00a0comparaci\u00f3n con lo devengado en el periodo revisado. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal raz\u00f3n, destac\u00f3 que no hay lugar a reliquidar el \u00a0cr\u00e9dito por diferencias pensionales e intereses moratorios, \u00a0pues la decisi\u00f3n que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo ejecutivo \u00a0naci\u00f3 sin uno de los requisitos para que prestara m\u00e9rito \u00a0ejecutivo, esto es, la exigibilidad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, concluy\u00f3 que era necesario revocar la determinaci\u00f3n \u00a0de primera instancia y, en su lugar, estimar las Resoluciones 002526 \u00a0de 2013 y 0741 de 2014, mediante las cuales se dio cumplimiento a un \u00a0fallo judicial. As\u00ed mismo, no acceder a la liquidaci\u00f3n \u00a0del cr\u00e9dito y ordenar el archivo del proceso. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal se aprecia \u00a0razonable y debidamente motivada, por lo que no estructura ninguno de \u00a0los defectos que hace procedente la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la \u00a0controvertida s\u00f3lo porque el impugnante no la comparte o tiene \u00a0una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho \u00a0pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0confirmar\u00e1, en consecuencia, la decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo del 25 de julio de 2018 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela interpuesta por el apoderado judicial de ORLANDO SEGUNDO \u00a0D\u00cdAZ. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este \u00a0prove\u00eddo conforme al art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
COMISI\u00d3N \u00a0DE SERVICIOS \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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