{"id":38670,"date":"2023-09-13T21:56:13","date_gmt":"2023-09-13T21:56:13","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/13\/stp13426-2018\/"},"modified":"2023-09-13T21:56:13","modified_gmt":"2023-09-13T21:56:13","slug":"stp13426-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/13\/stp13426-2018\/","title":{"rendered":"STP13426-2018"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N \u00a0DE TUTELAS N\u00b0 \u00a02 \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>STP13426-2018 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0100869 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0Acta No.359) \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 \u00a0D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n<p>VISTOS: \u00a0<\/p>\n<p>Resuelve la Sala \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por NELSON \u00a0DE JES\u00daS ARIAS OLAYA, en procura del \u00a0amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente \u00a0vulnerados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el representante del Ministerio P\u00fablico \u00a0reconocido al interior del proceso penal referido en la demanda de \u00a0tutela y la Fiscal\u00eda 6\u00aa de la Direcci\u00f3n Nacional \u00a0Especializada de Justicia Transicional. \u00a0<\/p>\n<p>FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a021 de enero de 1999 NELSON DE JES\u00daS ARIAS OLAYA fue \u00a0secuestrado en la vereda H\u00e1bita del municipio de El Carmen de \u00a0Atrato (Choc\u00f3), por miembros del Ej\u00e9rcito \u00a0Revolucionario Guevarista. Fue liberado cinco meses despu\u00e9s, \u00a0luego de que su familia pag\u00f3 $50\u2019000.000 a sus captores. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a021 de agosto de 2008 el Ej\u00e9rcito Revolucionario Guevarista se \u00a0desmoviliz\u00f3 colectivamente en la vereda Guaduas, jurisdicci\u00f3n \u00a0de El Carmen de Atrato Choc\u00f3. Por tal motivo, sus integrantes \u00a0fueron postulados por el Gobierno Nacional para ser acreedores de los \u00a0beneficios previstos en la Ley 975 de 2005 \u2013Ley de Justicia y \u00a0Paz\u2013. \u00a0<\/p>\n<p>Durante \u00a0las diligencias de versi\u00f3n libre realizadas el 15 y 16 de \u00a0agosto de 2013, los postulados Olimpo de Jes\u00fas S\u00e1nchez \u00a0Caro y Francisco Antonio Salazar Hinestroza reconocieron su \u00a0participaci\u00f3n en el secuestro de NELSON DE JES\u00daS ARIAS \u00a0OLAYA. \u00a0<\/p>\n<p>Mediante \u00a0providencia del 16 de diciembre de 2015 \u2013adicionada el 12 de \u00a0junio de 2018-, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de \u00a0Medell\u00edn declar\u00f3 a los postulados elegibles para \u00a0acceder a los beneficios del mencionado cuerpo normativo y reconoci\u00f3 \u00a0los derechos indemnizatorios de las v\u00edctimas directas e \u00a0indirectas. \u00a0<\/p>\n<p>Sin \u00a0embargo, a folio 2047 excluy\u00f3 al grupo familiar de NELSON DE \u00a0JES\u00daS ARIAS OLAYA, tras indicar que si bien sus padres, Mar\u00eda \u00a0Edelmira Olaya Arias y Jes\u00fas Mar\u00eda Arias Agudelo, y \u00a0hermanos, Gloria Estella y \u00c1lvaro de Jes\u00fas Arias Olaya, \u00a0otorgaron poder a un profesional del derecho para que los \u00a0representara como v\u00edctimas indirectas del secuestro, no \u00a0exhibieron el mandato conferido por el ahora accionante en su \u00a0condici\u00f3n de v\u00edctima directa y, por ello, concluy\u00f3 \u00a0que carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0criterio del demandante, la anterior determinaci\u00f3n constituye \u00a0v\u00eda de hecho por defecto sustantivo y procedimental absoluto, \u00a0en raz\u00f3n a que desconoci\u00f3 los mandatos de la Ley 975 de \u00a02005, especialmente los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba, 37, 38.2, \u00a038.7, 38.8 y 38.9, a trav\u00e9s de los cuales se reconocen \u00a0prevalentemente los derechos de las v\u00edctimas. Afirm\u00f3 \u00a0que su condici\u00f3n de sujeto pasivo de las conductas punibles es \u00a0de \u00abfacto\u00bb \u00a0y, adem\u00e1s, que no materializ\u00f3 su intervenci\u00f3n \u00a0por \u00ab[su] ausencia justificada del \u00a0pa\u00eds.\u00bb \u00a0<\/p>\n<p>Ahora \u00a0acude ante el Juez Constitucional para reclamar la protecci\u00f3n \u00a0de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00a0contradicci\u00f3n, igualdad y acceso efectivo a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin \u00a0efectos el procedimiento cumplido y se ordene al Tribunal que rehaga \u00a0la actuaci\u00f3n, esta vez reconociendo su condici\u00f3n de \u00a0v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n<p>TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0autos del 2 y 8 de octubre de 2018, la Sala admiti\u00f3 la demanda \u00a0y dispuso notificar la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite a los \u00a0sujetos pasivos. Todos ellos guardaron silencio en el t\u00e9rmino \u00a0conferido. \u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la \u00a0Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la \u00a0sentencia adoptada por un tribunal superior del distrito judicial. \u00a0<\/p>\n<p>Encuentra \u00a0la Sala que el demandante pudo constituirse como v\u00edctima \u00a0dentro de la actuaci\u00f3n penal que deriv\u00f3 en la sentencia \u00a0que ahora cuestiona, pero no lo hizo. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 975 de 2004 se\u00f1ala \u00a0que las v\u00edctimas del injusto tienen el derecho a la verdad, \u00a0justicia y reparaci\u00f3n integral. Para la materializaci\u00f3n \u00a0de tales garant\u00edas, est\u00e1n facultadas para intervenir en \u00a0todas las fases de la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0otra parte, el art\u00edculo 23 de la misma normativa, modificado \u00a0por la Ley 1295 de 2012, establece que durante el incidente de \u00a0identificaci\u00f3n de las afectaciones causadas a las v\u00edctimas \u00a0se determinar\u00e1n los sujetos pasivos de las conductas \u00a0criminales y se reconocer\u00e1 su representaci\u00f3n legal. \u00a0Adem\u00e1s, en dicho acto p\u00fablico se deber\u00e1 exhibir \u00a0prueba siquiera sumaria de las afectaciones alegadas. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0este caso, el ciudadano NELSON DE JES\u00daS ARIAS OLAYA no agot\u00f3 \u00a0ese tr\u00e1mite. Obs\u00e9rvese que la determinaci\u00f3n de \u00a0la Corporaci\u00f3n judicial accionada se contrajo a examinar la \u00a0legitimaci\u00f3n de su n\u00facleo familiar para reclamar los \u00a0perjuicios causados con su secuestro. Por ende, es manifiesto que no \u00a0tiene inter\u00e9s para cuestionar las decisiones adoptadas por la \u00a0Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn en \u00a0tanto, se insiste, no despleg\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n \u00a0dirigida al reconocimiento de los perjuicios causados con el hecho \u00a0criminal del que fue v\u00edctima. \u00a0<\/p>\n<p>Ahora \u00a0bien, refiere el demandante que tal condici\u00f3n debi\u00f3 \u00a0reconocerse de facto. \u00a0No obstante, la Sala tiene establecido que el resarcimiento de los \u00a0da\u00f1os patrimoniales causados con el delito deben procurarse a \u00a0petici\u00f3n de parte, esto es, en ejercicio de la acci\u00f3n \u00a0civil prevista dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral. La \u00a0raz\u00f3n para ello es simple: en el actual sistema penal, \u00a0incluido el procedimiento especial de la Ley 975 de 2005, los jueces \u00a0carecen de facultades oficiosas para condenar al pago de perjuicios. \u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0las cosas, es palmaria la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de \u00a0garant\u00edas constitucionales en el presente caso. \u00a0<\/p>\n<p>Con \u00a0todo, advierte la Sala que el peticionario puede presentar una \u00a0demanda de responsabilidad civil extracontractual y, por esa v\u00eda, \u00a0reclamar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que le fueron \u00a0causados por parte de los postulados. (Art\u00edculo 2341 del \u00a0C\u00f3digo Civil). \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0consecuencia, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n demandada. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de \u00a0lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0de Tutelas N\u00b0 \u00a02 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica \u00a0y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por NELSON DE \u00a0JES\u00daS ARIAS OLAYA, contra la Sala de \u00a0Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada esta decisi\u00f3n, REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0<\/p>\n<p>JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n<p>NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N \u00a0DE TUTELAS N\u00b0 \u00a02 \u00a0 LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 STP13426-2018 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0100869 \u00a0 (Aprobado \u00a0Acta No.359) \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0 VISTOS: \u00a0 Resuelve la Sala \u00a0la acci\u00f3n de tutela interpuesta por NELSON \u00a0DE JES\u00daS [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-38670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-27"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}