\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP13423-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 100822 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 359) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por ISMAEL CARLOS MAY \u00a0GARC\u00cdA, contra \u00a0la Sala \u00a0Administrativa- Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial- \u00a0del Consejo Superior de la Judicatura, y la Sala Administrativa del \u00a0Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el \u00a0Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial, el Tribunal \u00a0Superior de Distrito Judicial de San Andr\u00e9s y la ciudadana \u00a0Blanca Luz Gallardo Cancilla. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la demanda y sus anexos, desde el 16 de agosto de 2013 \u00a0ISMAEL CARLOS MAY GARC\u00cdA desempe\u00f1a \u00a0el cargo de Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Providencia, en \u00a0provisionalidad. Sin embargo, mediante Acuerdo 023 del 18 de julio de \u00a02018, el Tribunal Superior de San Andr\u00e9s nombr\u00f3 en \u00a0propiedad a Blanca Luz Gallardo Cancilla quien se posesion\u00f3 el \u00a021 de septiembre siguiente. \u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0el accionante que para la fecha cuenta con 1.700 semanas cotizadas, \u00a038 a\u00f1os de servicio a la Rama Judicial y aproximadamente 2 \u00a0a\u00f1os y 2 meses para alcanzar la edad de 62 a\u00f1os y, como \u00a0tal, adquirir el derecho a la pensi\u00f3n. Por lo que, en su \u00a0criterio, es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, acudi\u00f3 ante el juez de tutela a reclamar el amparo \u00a0de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social, \u00a0m\u00ednimo vital, igualdad y a obtener una pensi\u00f3n de \u00a0jubilaci\u00f3n. Por ello, solicit\u00f3 que se ordene el \u00a0reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando u otro igual \u00a0y, en el evento de no ser procedente su petici\u00f3n, sea \u00a0indemnizado por el tiempo que le hace falta para obtener la pensi\u00f3n \u00a0de vejez. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 28 de septiembre de 2018, la Sala admiti\u00f3 la demanda \u00a0y corri\u00f3 \u00a0el respectivo traslado los sujetos pasivos de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0ciudadana Blanca \u00a0Luz Gallardo Cancilla indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no \u00a0cumple el requisito de subsidiariedad, pues \u00e9sta no procede \u00a0para atacar actos administrativos de car\u00e1cter laboral. A la \u00a0par, acredit\u00f3 encontrarse en estado de embarazo y, por ende, \u00a0requiri\u00f3 que se niegue el amparo. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y la \u00a0Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u00a0solicitaron que se niegue el amparo demandando, pues el accionante \u00a0cuenta con otro mecanismo de defensa como lo es la acci\u00f3n de \u00a0nulidad y restablecimiento del derecho. A la par, se\u00f1alaron \u00a0que no acredit\u00f3 encontrarse en una situaci\u00f3n de \u00a0perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto \u00a01069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto \u00a01983 de 2017, la Sala es competente para resolver este asunto en \u00a0primera instancia, por cuanto el procedimiento involucra al Consejo \u00a0Superior de la Judicatura. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0jurisprudencia ha desarrollado el concepto de estabilidad laboral \u00a0intermedia para aquellas personas que desempe\u00f1an en \u00a0provisionalidad un \u00a0cargo de carrera y son, adem\u00e1s, sujetos de especial protecci\u00f3n \u00a0constitucional, como por ejemplo, madres o padres cabeza de familia, \u00a0funcionarios que est\u00e1n pr\u00f3ximos a pensionarse o \u00a0personas que sufran \u00a0de una afectaci\u00f3n grave a su salud y por causa de ello se \u00a0encuentren en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta. \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, como garant\u00eda de no ser removido de su cargo, \u00a0siempre que no se configure ninguna causal objetiva que \u00a0debe ser claramente expuesta en el acto de desvinculaci\u00f3n o \u00a0para \u00a0proveer el cargo con una persona de carrera. (Cfr. \u00a0T- 156 de 2014, T- 326 de 2014 y T- 320-2016). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed que, en principio, la desvinculaci\u00f3n de ISMAEL \u00a0CARLOS \u00a0MAY GARC\u00cdA para \u00a0proveer el empleo con la persona que ha adquirido el derecho en \u00a0propiedad, al haber agotado y superado un concurso p\u00fablico de \u00a0m\u00e9ritos, no desconoce sus derechos, pues precisamente la \u00a0estabilidad relativa que le otorga el nombramiento en provisionalidad \u00a0cede frente al mejor derecho que tiene esta \u00faltima. \u00a0<\/p>\n
Aunado \u00a0a lo anterior, el accionante acredit\u00f3 que para \u00a0la fecha cuenta con 1.700 semanas cotizadas, es decir, el \u00a0\u00fanico requisito faltante para acceder a la pensi\u00f3n de \u00a0vejez es el de edad. As\u00ed las cosas, no hay lugar a considerar \u00a0que el demandante es beneficiario del fuero de estabilidad laboral \u00a0reforzada de prepensionable. Lo anterior, por cuanto el requisito \u00a0faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin \u00a0vinculaci\u00f3n laboral vigente, pues en estos casos la p\u00e9rdida \u00a0del cargo o empleo no frustra el acceso a la pensi\u00f3n de vejez \u00a0(Cfr. CC SU-003 de 2018). \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, el acto administrativo mediante el cual se dispuso la \u00a0separaci\u00f3n del \u00a0cargo que ostentaba el \u00a0demandante temporalmente, \u00a0puede ser controvertido a trav\u00e9s del \u00abmedio \u00a0de control\u00bb \u00a0de nulidad y restablecimiento del derecho \u00a0(Art. \u00a0138 de la Ley 1437 de 2011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-), \u00a0cuya caducidad es de 4 meses (Art. 164-2-C). \u00a0<\/p>\n
Incluso, \u00a0dentro de dicho tr\u00e1mite, el funcionario judicial cuenta con la \u00a0posibilidad de decretar como medida provisional desde el auto \u00a0admisorio, la suspensi\u00f3n provisional de los efectos del acto \u00a0de la administraci\u00f3n cuestionado (Art. 230-3), mecanismo \u00a0id\u00f3neo y c\u00e9lere de salvaguarda frente a cualquier \u00a0perjuicio irremediable que pueda eventualmente materializarse \u00a0mientras se produce el fallo judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese escenario podr\u00e1 formular todos los reproches aqu\u00ed \u00a0expuestos en torno a la legalidad de la decisi\u00f3n censurada, la \u00a0cual estima arbitraria. La existencia de un medio de defensa judicial \u00a0mediante el cual la parte actora puede exponer la inconformidad que \u00a0aqu\u00ed ha puesto de presente, torna improcedente esta solicitud \u00a0de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a06\u00ba del Decreto 2591 de 1991 (Sentencia T \u2013 578 de 2010). \u00a0<\/p>\n
Principalmente, \u00a0cuando \u00a0no est\u00e1 \u00a0acreditada (ni la avizora la Sala) \u00a0una evidente situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que haga \u00a0forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional, \u00a0pues como se dijo, los efectos nocivos de los actos administrativo \u00a0pueden ser conjurados mediante el proceso pertinente desde \u00a0la misma presentaci\u00f3n de la demanda con la solicitud de la \u00a0medida cautelar, lo que \u00a0constituye un mecanismo id\u00f3neo y \u00a0c\u00e9lere de salvaguarda frente a cualquier perjuicio que pueda \u00a0eventualmente materializarse mientras se produce el fallo judicial. \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0negar\u00e1, por tanto, el amparo constitucional demandado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. NEGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n de tutela promovida por ISMAEL CARLOS MAY GARC\u00cdA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Administrativa- Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Administrativa del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0caso de no ser impugnada \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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