\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP12913-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 100762 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 352) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n instaurada por la apoderada judicial de \u00a0ANAYIBE PE\u00d1ARANDA QUINTERO, contra el fallo proferido el 5 de \u00a0septiembre de 2018 por la Sala \u00a0de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0mediante \u00a0el cual neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela formulada contra la \u00a0Fiscal\u00eda 23 Especializada de Bogot\u00e1, Adscrita a la \u00a0Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculadas las Fiscal\u00edas 23 y 7 \u00a0Especializadas de Extinci\u00f3n de Dominio, esta \u00faltima de \u00a0Bucaramanga y la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se extrae de la demanda y sus anexos, el 18 de octubre de 2005 la \u00a0Fiscal\u00eda dispuso \u00a0el embargo y secuestro de una docena de bienes propiedad de ANAYIBE \u00a0PE\u00d1ARANDA QUINTERO. Refiri\u00f3 \u00a0que pese a haber estado pendiente del tr\u00e1mite radicado \u00a02017-00485, \u00e9ste ha sido asignado a varios despachos, siendo \u00a0el \u00faltimo la Fiscal\u00eda 23 Especializada de Extinci\u00f3n \u00a0de Dominio. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, adujo que el 24 octubre de 2017 present\u00f3 petici\u00f3n \u00a0ante la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio de la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en la cual requiri\u00f3 \u00a0que no se trasladara m\u00e1s el proceso. Sin embargo, no obtuvo \u00a0respuesta. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio de la parte actora, la Fiscal\u00eda vulner\u00f3 su \u00a0derecho de petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, pues la demora en resolver lo que \u00a0corresponda en derecho ha afectado su calidad de vida y la del grupo \u00a0familiar a su cargo, por cuanto no puede acceder a los pr\u00e9stamos \u00a0en el sistema financiero. Por ende, requiri\u00f3 que se resuelva \u00a0la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los inmuebles a la mayor \u00a0brevedad posible. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 28 de agosto de 2018, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda 23 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, tras \u00a0relatar el decurso de la actuaci\u00f3n, explic\u00f3 que \u00a0mediante Resoluci\u00f3n 0169 del 7 de marzo de 2018 fueron \u00a0reasignados 144 procesos a la Fiscal\u00eda 73 Delegada, entre los \u00a0que se encontraba el radicado 2017-00485. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, aclar\u00f3 que en cumplimiento a lo dispuesto en la \u00a0Resoluci\u00f3n 0448 del 8 de agosto de 2018, mediante la cual se \u00a0dispuso que los aludidos procesos deb\u00edan retornar a ese \u00a0despacho, el 18 de agosto siguiente avoc\u00f3 el conocimiento del \u00a0asunto. Por ende, afirm\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas \u00a0invocadas por la parte actora, dado que no pueden imput\u00e1rsele \u00a0las diferentes situaciones administrativas por las que ha atravesado \u00a0el proceso. \u00a0<\/p>\n
Adjunt\u00f3 \u00a0copia de la respuesta ofrecida a la petici\u00f3n radicada el 24 de \u00a0octubre de 2017 y, por ello, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n \u00a0reclamada. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del \u00a0Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo. Lo \u00a0anterior, tras \u00a0establecer que \u00a0la autoridad demandada no ha incumplido con sus obligaciones legales, \u00a0en la medida en que ha adelantado las labores pertinentes a su \u00a0alcance. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0apoderada judicial de la accionante impugn\u00f3 el fallo y reiter\u00f3 \u00a0los argumentos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es \u00a0competente para resolver la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer t\u00e9rmino, destaca la Sala que la \u00a0censura resulta inoportuna, dado que se produce once meses despu\u00e9s \u00a0de que la parte actora hubiese promovido la petici\u00f3n que hoy \u00a0alega no fue respondida (24 \u00a0de octubre de 2017), lapso \u00a0excesivo y desproporcionado. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio de inmediatez, que constituye requisito de procedencia de \u00a0la acci\u00f3n de tutela, exige que quien sienta lesionados o \u00a0amenazados sus derechos fundamentales, la interponga en un t\u00e9rmino \u00a0razonable. De lo contrario, no se explicar\u00eda la necesidad de \u00a0acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. (Sentencia \u00a0SU \u2013 961 de 1999, reiterada entre otras, en la sentencia T \u2013 \u00a0309 de 2013). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0dicha solicitud, la parte actora requiri\u00f3 ante la Direcci\u00f3n \u00a0de Extinci\u00f3n de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n, que el tr\u00e1mite radicado 2017-00485 no fuera \u00a0trasladado a Bogot\u00e1. No obstante, acorde con los medios de \u00a0convicci\u00f3n allegados al presente diligenciamiento, se \u00a0estableci\u00f3 que mediante correo electr\u00f3nico del \u00a017 de noviembre de 2017, \u00a0la \u00a0aludida \u00a0Direcci\u00f3n le respondi\u00f3 a la actora que el proceso hab\u00eda \u00a0sido reasignado a la Fiscal\u00eda 23 Especializada de Extinci\u00f3n \u00a0de Dominio de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, concluye \u00a0la \u00a0Sala que \u00a0la conducta negligente denunciada no tuvo lugar, ni se quebrant\u00f3 \u00a0o puso en riesgo alg\u00fan derecho en cabeza del peticionario y, \u00a0por consiguiente, la presente solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional se torna improcedente. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a ello, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el derecho \u00a0de petici\u00f3n no implica que el agente que recibe la petici\u00f3n \u00a0se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del \u00a0solicitante, raz\u00f3n por la cual no se debe entender vulnerado \u00a0este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al \u00a0peticionario, aunque la respuesta sea negativa (Cfr. CC Sentencia \u00a0T-146 de 2012). \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, tras efectuarse el an\u00e1lisis \u00a0con relaci\u00f3n a los derechos al debido proceso y acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, tampoco observa la Sala su \u00a0desconocimiento, pues la accionante tiene otros medios de defensa \u00a0para satisfacer sus pretensiones. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la \u00a0inconformidad relacionada con el vencimiento de t\u00e9rminos \u00a0procesales dentro del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio \u00a0puede ser expuesta mediante la recusaci\u00f3n de los funcionarios \u00a0judiciales, o a trav\u00e9s de la vigilancia judicial \u00a0administrativa \u00a0por \u00a0parte de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0m\u00e1s, tambi\u00e9n tiene la posibilidad de dirigirse al juez \u00a0disciplinario del funcionario y formular la correspondiente queja, \u00a0seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 34-2, 35-7, 35-8, \u00a048-62 y 50 de la Ley 734 del 2002, con el fin de que sean tomados los \u00a0correctivos establecidos en la misma legislaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Esos \u00a0son, por tanto, los mecanismos a los cuales debe acudir la demandante \u00a0y no a la acci\u00f3n de tutela, que no es sustitutiva de los \u00a0procedimientos legales. En casos similares la Sala ha se\u00f1alado \u00a0y lo reitera: \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0se observa con facilidad, la ley otorga varios mecanismos a las \u00a0partes para que puedan hacer cumplir los plazos dentro de la \u00a0actuaci\u00f3n penal, con la finalidad de resguardar el derecho a \u00a0un proceso sin dilaciones injustificadas, de ah\u00ed que es n\u00edtida \u00a0la imposibilidad de tomar la v\u00eda de la tutela para eventos \u00a0como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0m\u00e1s de lo anterior, de entrometerse el juez de tutela a \u00a0terciar en estos tr\u00e1mites, de igual manera quebrantar\u00eda \u00a0a no dudarlo el derecho a la igualdad, por cuanto dispondr\u00eda \u00a0la emisi\u00f3n de pronunciamiento sin acatar el respeto debido a \u00a0los turnos en los Despachos, en virtud de la carga laboral que \u00a0menciona el despacho accionado. (CSJ \u00a0STP, 13 Nov 2014, Rad. 76935). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia de medios \u00a0judiciales \u00a0como \u00a0los descritos torna \u00a0improcedente la \u00a0solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, m\u00e1xime \u00a0cuando la \u00a0parte actora no \u00a0acredit\u00f3, \u00a0ni \u00a0lo advierte la Sala, encontrarse \u00a0frente a una evidente situaci\u00f3n de perjuicio irremediable que \u00a0haga \u00a0forzosa la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional \u00a0(Cfr. CC, T \u2013 578 de 2010). \u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con los anteriores argumentos, el fallo impugnado ser\u00e1 \u00a0confirmado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CONFIRMAR la \u00a0sentencia del 5 de septiembre de 2018, mediante la cual la Sala de \u00a0Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00a0neg\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela promovida por la \u00a0apoderada judicial de ANAYIBE PE\u00d1ARANDA QUINTERO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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