\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP12840-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0100711 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 342) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la acci\u00f3n de tutela interpuesta por DANNY \u00a0ALEXANDER GIRALDO \u00c1LVAREZ, contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el \u00a0Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de la misma ciudad y el Instituto \u00a0Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC- \u00a0Complejo \u00a0Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que DANNY \u00a0ALEXANDER GIRALDO \u00c1LVAREZ \u00a0se encuentra recluido en el Complejo \u00a0Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed, \u00a0descontando una pena acumulada de 283 meses de prisi\u00f3n, acorde \u00a0con las sentencias proferidas en su contra por los Juzgados 1\u00ba \u00a0Penal del Circuito Especializado de Cali (22 Nov 2011) y 24 Penal del \u00a0Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad (22 \u00a0Jul 2016), por los delitos de concierto para delinquir con fines de \u00a0homicidio y homicidio, respectivamente. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0el peticionario que mediante auto del 24 de abril de 2018, el Juzgado \u00a02\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali \u00a0le neg\u00f3 el beneficio administrativo de hasta 72 horas de \u00a0permiso, luego de verificar el incumplimiento del requisito objetivo \u00a0previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 \u00a0de 1993: haber descontado el 70% de la sanci\u00f3n impuesta, en \u00a0raz\u00f3n a que una de las condenas fue proferida por la justicia \u00a0especializada. \u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con tal postura el peticionario interpuso los recursos de reposici\u00f3n \u00a0y apelaci\u00f3n. El Juzgado dej\u00f3 en firme su decisi\u00f3n \u00a0el 6 de junio de 2018 y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali \u00a0la confirm\u00f3 el 17 de agosto siguiente. Para el efecto, \u00a0insisti\u00f3 en el incumplimiento del mencionado presupuesto \u00a0normativo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del accionante, dichas providencias vulneran sus derechos \u00a0fundamentales a la igualdad, debido proceso, libertad, derechos \u00a0prevalentes de los ni\u00f1os y a la unidad familiar. En lo \u00a0esencial, argument\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta por la \u00a0justicia ordinaria es m\u00e1s alta que la fijada por la justicia \u00a0especializada y, por tanto, no debe tenerse en cuenta esta \u00faltima \u00a0para efectos de conceder o no beneficios. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, advirti\u00f3 que otros internos en sus mismas condiciones \u00a0han sido favorecidos con el aludido permiso. Finalmente, asegur\u00f3 \u00a0que la Ley 65 de 1993 fue derogada con la expedici\u00f3n de la Ley \u00a0504 de 1999, raz\u00f3n por la cual resulta inaplicable su art\u00edculo \u00a0147. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo, solicit\u00f3 al juez constitucional que se le otorgue \u00a0el beneficio pedido. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA \u00a0INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del \u00a019 \u00a0de septiembre de 2018, esta \u00a0Sala asumi\u00f3 el conocimiento de \u00a0la demanda de tutela \u00a0y corri\u00f3 el respectivo traslado a los sujetos pasivos \u00a0mencionados. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Cali solicit\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n \u00a0constitucional reclamada, en raz\u00f3n a que no han vulnerado los \u00a0derechos fundamentales invocados por el demandante. \u00a0<\/p>\n
Explic\u00f3 \u00a0que las decisiones criticadas se ajustan a las previsiones del \u00a0art\u00edculo 147-5 de la Ley 65 de 1993. Por ello, asegur\u00f3 \u00a0que la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales invocada no tuvo \u00a0lugar. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali relat\u00f3 \u00a0el transcurso de la actuaci\u00f3n, defendi\u00f3 su legalidad y \u00a0remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n de segunda instancia \u00a0controvertida. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tenor de lo normado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver \u00a0este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento \u00a0involucra un tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el asunto examinado, se observa que los razonamientos planteados en \u00a0las decisiones cuestionadas son ajustados a derecho, pues se \u00a0encuentran fundamentados en las disposiciones legales y la \u00a0jurisprudencia sobre la materia. El contraste de ese marco jur\u00eddico \u00a0con el caso concreto permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Tras \u00a0brindar una amplia explicaci\u00f3n sobre las condiciones \u00a0requeridas para acceder al beneficio administrativo de hasta 72 horas \u00a0de permiso de cara a la Ley 65 de 1993 (modificada por el art\u00edculo \u00a029 de la Ley 504 de 1999), el Juzgado accionado destac\u00f3 que \u00a0dicha normativa demanda para su autorizaci\u00f3n que el condenado \u00a0por delitos de competencia de los jueces especializados haya \u00a0descontado el 70% de la pena impuesta. Adem\u00e1s, aclar\u00f3 \u00a0que tal disposici\u00f3n se encuentra vigente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tal motivo neg\u00f3 el beneficio pretendido, previa verificaci\u00f3n \u00a0del incumplimiento de dicho requisito por parte de \u00a0DANNY ALEXANDER GIRALDO \u00c1LVAREZ. Para ello, explic\u00f3 que \u00a0el 70% de la pena acumulada de 283 meses de prisi\u00f3n equivale a \u00a0198 meses y tres d\u00edas, siendo que el condenado s\u00f3lo ha \u00a0cumplido 102 meses y 25.5 d\u00edas. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 la anterior \u00a0providencia. En primer lugar, abord\u00f3 el estudio de la \u00a0derogatoria de la Ley 65 de 1993 planteada por el actor y, con \u00a0fundamento en sentencias de tutela proferidas por la Corte, explic\u00f3 \u00a0que el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 \u00a0se encuentra vigente y actualizado en el art\u00edculo 2.2.1.7.1.1. \u00a0del Decret\u00f3 1069 de 2010 \u2013\u00danico Reglamentario del \u00a0Sector Justicia y Derecho-. \u00a0<\/p>\n
Sumado \u00a0a lo anterior, destac\u00f3 que en sentencia C-392 del 6 de abril \u00a0de 2000, la Corte Constitucional declar\u00f3 exequible el art\u00edculo \u00a029 de la Ley 504 de 1999, que modific\u00f3 el numeral 5\u00ba del \u00a0art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993. Por tanto, concluy\u00f3 \u00a0que adem\u00e1s de mantener su vigencia, el presupuesto exigido \u00a0para la concesi\u00f3n del permiso administrativo de hasta 72 horas \u00a0de permiso en aquellos eventos en que la pena haya sido impuesta por \u00a0la justicia especializada, se encuentra ajustado a la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, verific\u00f3 que el actor ha descontado \u00a0106 meses y 18.5 d\u00edas de prisi\u00f3n entre el tiempo f\u00edsico \u00a0y aquel tenido en cuenta a modo de redenci\u00f3n, quantum inferior \u00a0al requerido (198 meses y tres d\u00edas). \u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) \u00a0impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las \u00a0controvertidas s\u00f3lo porque el impugnante no las comparte o \u00a0tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos \u00a0pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir de los \u00a0hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n \u00a0pertinente. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, respecto de la alegada violaci\u00f3n del art\u00edculo \u00a013 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto varias \u00a0personas en condiciones similares fueron favorecidas con el beneficio \u00a0administrativo pretendido, se advierte que la concesi\u00f3n o no \u00a0de \u00e9ste depende de las circunstancias particulares del \u00a0interesado en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n que se sigue en \u00a0su contra. En ese orden, no es acertado, por regla general, demandar \u00a0que la decisi\u00f3n que favoreci\u00f3 a otros reclusos deba \u00a0extenderse a los dem\u00e1s en virtud del principio de igualdad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de \u00a0garant\u00edas fundamentales del actor, no procede la protecci\u00f3n \u00a0constitucional que reclama. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. NEGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DANNY ALEXANDER GIRALDO \u00c1LVAREZ, contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la misma ciudad y el Instituto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Complejo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0no ser impugnada REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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