\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP12764-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 100674 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0344 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n instaurada por el \u00a0accionante UNER \u00a0AUGUSTO BECERRA LARGO, \u00a0contra \u00a0el fallo proferido el 18 de julio del presente a\u00f1o, por la \u00a0SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0mediante \u00a0el cual neg\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela \u00a0formulada contra la SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL de \u00a0esta Corporaci\u00f3n, el JUZGADO \u00a0TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA \u00a0y la PROCURADUR\u00cdA \u00a0JUDICIAL PARA ASUNTOS CIVILES, \u00a0por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
El \u00a0ciudadano UNER \u00a0AUGUSTO BECERRA LARGO acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela en \u00a0procura del amparo de su derecho fundamental a la igualdad, \u00a0contemplado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el efecto argument\u00f3 que present\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0popular radicada 2018-0141, la cual fue asignada al Juzgado Tercero \u00a0Civil del Circuito de Pereira, pero la titular de dicho despacho, \u00a0declar\u00f3 la falta de competencia, pese a que no es parte en la \u00a0actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo anterior, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del \u00a0derecho enunciado y en consecuencia, que se ordenara \u00a0al Juzgado demandado \u00abque \u00a0al no ser parte, no puede generar conflicto de competencia\u00bb y \u00a0a la Sala de Casaci\u00f3n Civil \u00a0\u00abno tramitar conflictos en A. populares propuestos por jueces, \u00a0al No ser parte\u00bb. \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
El \u00a0A quo neg\u00f3 \u00a0la tutela invocada, al considerar que la decisi\u00f3n de \u00a0declaratoria de incompetencia para conocer de un determinado asunto \u00a0por parte de un juez no constituye un acto arbitrario, sino que \u00a0corresponde a las facultades otorgadas por el legislador a los \u00a0jueces; determinaci\u00f3n contra la que no procede ning\u00fan \u00a0recurso, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 139 \u00a0del C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0frente a la pretensi\u00f3n relativa a que la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil no dirima conflictos de competencia, indic\u00f3 que las \u00a0decisiones emitidas en dicha materia son proferidas en virtud de la \u00a0competencia otorgada por los art\u00edculos 235 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el \u00a0Acuerdo 006 de 2002. \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0presentada por UNER AUGUSTO BECERRA LARGO, sin argumentaci\u00f3n \u00a0adicional1. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De \u00a0conformidad con lo establecido en el numeral 2 del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 \u00a0de 2017, concordante con el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo n\u00famero 001 del 15 de marzo \u00a0de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es \u00a0competente para resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el \u00a0fallo proferido por la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0primer t\u00e9rmino, debemos recordar que la acci\u00f3n de \u00a0tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, \u00a0es el procedimiento preferente y sumario que tienen las personas para \u00a0acudir ante los jueces, con el fin de que se protejan de manera \u00a0expedita sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o \u00a0amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier \u00a0autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos \u00a0expresamente se\u00f1alados por la ley. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el presente evento, se advierte que la \u00a0petici\u00f3n de protecci\u00f3n invocada por UNER AUGUSTO \u00a0BECERRA LARGO se orienta a que se ordene al Juzgado Tercero Civil del \u00a0Circuito de Pereira que admita la acci\u00f3n popular por \u00e9l \u00a0presentada en el radicado 2018-0141, pues el titular de dicho \u00a0despacho, la remiti\u00f3 por competencia a otro distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, debe advertir la Sala que de \u00a0acuerdo con lo normado en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 \u00a0ejusdem, \u00a0la acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente es procedente cuando el \u00a0afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se \u00a0utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
Presupuesto \u00a0que adem\u00e1s ha sido reconocido de manera pac\u00edfica y \u00a0profusa tanto por la jurisprudencia de esta Sala, como por la de la \u00a0Corte Constitucional, al sostener que la herramienta constitucional \u00a0en cita no \u00a0es una tercera instancia, ni tampoco mediante ella se puede suplantar \u00a0al juez natural al interior del proceso en el que BECERRA LARGO act\u00faa \u00a0como demandante para exponer en esta excepcional\u00edsima y \u00a0subsidiaria sede, cuestiones que actualmente son objeto de debate en \u00a0los cauces ordinarios. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, ha expuesto la Corte Constitucional que \u00ab\u2026la \u00a0idea de aplicar la acci\u00f3n de tutela en procesos judiciales que \u00a0est\u00e1n en tr\u00e1mite o terminados, pugna, por regla \u00a0general, con el ordenamiento jur\u00eddico; porque cada \u00a0procedimiento judicial cuenta con los mecanismos que se requieren \u00a0para garantizar el debido proceso y la justicia efectiva\u00bb2. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual forma, a \u00a0prop\u00f3sito de la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en \u00a0los casos en los que se alegue una v\u00eda de hecho en relaci\u00f3n \u00a0con una actuaci\u00f3n judicial en tr\u00e1mite, la Corte \u00a0Constitucional, en Sentencia CC T-418 de 2003, puntualiz\u00f3: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo, tambi\u00e9n, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la \u00a0acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando el proceso no ha \u00a0concluido \u00a0y se pide la protecci\u00f3n del juez constitucional para atacar \u00a0providencias judiciales en tr\u00e1mite en las que se alegue una \u00a0v\u00eda de hecho, por \u00a0la sencilla raz\u00f3n de que no obstante la posible irregularidad \u00a0que se hubiere presentado en el tr\u00e1mite del proceso \u00a0correspondiente, al no estar culminada la actuaci\u00f3n, existen \u00a0normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente \u00a0estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo \u00a0recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender \u00a0sus derechos. Es \u00a0decir, la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en estos \u00a0casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, \u00a0dentro del propio proceso. \u00a0De all\u00ed que la Corte ha se\u00f1alado que no toda \u00a0irregularidad en el tr\u00e1mite de un proceso constituye una v\u00eda \u00a0de hecho amparable a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que, con base en el marco legal \u00a0y jurisprudencial rese\u00f1ado y atendiendo lo informado por el \u00a0propio demandante, es \u00a0evidente que en el caso concreto el principio \u00a0de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela se torna aplicable, \u00a0toda vez que la inconformidad que plantea UNER AUGUSTO BECERRA LARGO \u00a0en torno a la decisi\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito \u00a0de Pereira de no admitir la acci\u00f3n popular por \u00e9l \u00a0presentada y remitirla por competencia a otro distrito judicial, es \u00a0propia de un proceso en tr\u00e1mite, por lo que no le corresponde \u00a0al juez constitucional inmiscuirse en asuntos que escapan de su \u00a0\u00f3rbita de competencia. \u00a0<\/p>\n
M\u00e1xime \u00a0que, el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso \u00a0establece que el \u00abjuez \u00a0que declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 \u00a0remitirlo al que estime competente [\u2026]\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, constituye \u00a0un aspecto ajeno al \u00e1mbito de injerencia del juez de tutela, \u00a0que se limita a ejercer un control constitucional, pero de ninguna \u00a0manera extensivo al de acierto propio de las instancias, pues la \u00a0acci\u00f3n de amparo ha sido instituida para garantizar la defensa \u00a0de los derechos fundamentales, pero no constituye una instancia \u00a0adicional o paralela a la de los funcionarios competentes. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste \u00a0justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos \u00a0ordinarios y extraordinarios de defensa judicial3, \u00a0y ello aqu\u00ed no ha ocurrido; por \u00a0lo tanto, el \u00a0juez de tutela no puede desplazar a la jurisdicci\u00f3n ordinaria \u00a0en el cumplimiento propio de sus funciones, tal y como lo pretende el \u00a0demandante con esta acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0el actor no asumi\u00f3 la carga argumentativa y probatoria que le \u00a0correspond\u00eda a efecto de determinar la existencia de un \u00a0perjuicio irremediable4 \u00a0que hiciera procedente el amparo como mecanismo transitorio, a lo que \u00a0se suma que se trata de un asunto de car\u00e1cter litigioso, por \u00a0lo que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 3, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a042 del cuaderno de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallo T-967 de 2010, Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.327, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a036.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49.752, 50.399, 50.765, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a053.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a064.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T- 226\/07, En la que se indic\u00f3: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab(\u2026)Para determinar la irremediabilidad del perjuicio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0amenazados\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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