\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
STP11640-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0No 99802 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0 Acta No.287) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1. \u00a0D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por MARTHA \u00a0SILVA BELTR\u00c1N, \u00a0contra el fallo proferido el 10 \u00a0de julio de 2018, \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Villavicencio, \u00a0mediante \u00a0el cual neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales \u00a0invocados, presuntamente vulnerados por la Registraduria Nacional del \u00a0Estado Civil, la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral \u2013 \u00a0MOE -, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda y la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Tramite \u00a0al cual fueron vinculados el Consejo Nacional Electoral y los \u00a0candidatos de Coalici\u00f3n Colombia, Sergio Fajardo y Claudia \u00a0L\u00f3pez. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
As\u00ed fueron \u00a0sintetizados en el fallo de primera instancia: \u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0actora sostiene que, conocido el resultado de la elecci\u00f3n \u00a0presidencial de la primera vuelta, realizada en veintisiete (27) de \u00a0mayo del presente a\u00f1o, se difundi\u00f3 en redes sociales y \u00a0medios de comunicaci\u00f3n que se cometieron fraudes \u00a0en los \u00a0formularios E \u2013 14. Que con adeptos de la Coalici\u00f3n \u00a0Colombia revisaron estos formularios cargados por la Registraduria \u00a0Nacional del Estado Civil en la p\u00e1gina web. \u00a0Htpp:\/\/visor.e14digitalizacion.com\/ \u00a0 \u00a0y, efectivamente encontraron inconsistencias que revelan un posible \u00a0fraude electoral; no obstante, la Registraduria los catalog\u00f3 \u00a0como \u201cerrores humanos\u201d. \u00a0<\/p>\n
Recalca \u00a0que teniendo en cuenta las diferencias encontradas en algunos E-14 y \u00a0considerando que el candidato Sergio Fajardo y Gustavo Petro \u00a0obtuvieron una cantidad cercana de n\u00famero de votantes, cabe la \u00a0posibilidad de que sean otros los candidatos que deber\u00edan \u00a0estar en segunda vuelta. \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0dudas y fallas encontradas al revisar los E-14 afecta la legitimidad \u00a0democr\u00e1tica y la transparencia de la labor realizada por la \u00a0Registraduria Nacional del Estado Civil.\u201d1 \u00a0<\/p>\n
EL FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Villavicencio neg\u00f3 el amparo deprecado, en tanto considera que \u00a0la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo para controvertir actos \u00a0de tr\u00e1mite como los aludidos por la accionante, m\u00e1s \u00a0cuando ellos hacen parte de un acto definitivo, el cual puede ser \u00a0objetado ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y, en \u00a0el caso de los actos proferidos con ocasi\u00f3n de las jornadas \u00a0electorales, el ordenamiento establece especialmente la acci\u00f3n \u00a0de nulidad electoral.2 \u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La \u00a0accionante recurri\u00f3 la anterior decisi\u00f3n porque \u00a0considera que si se cumple con el requisito de subsidiariedad dado \u00a0que se acude a la tutela porque si bien existe otro medio de defensa \u00a0que es id\u00f3neo, este no es expedito.3 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De \u00a0conformidad con la preceptiva del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto \u00a01382 de 2000, la Corte es competente para pronunciarse sobre la \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesta contra la decisi\u00f3n proferida \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Referente a la acci\u00f3n p\u00fablica que nos ocupa, ha de \u00a0precisarse que el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica establece que se trata de un mecanismo concebido para \u00a0la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, cuando \u00a0estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, siempre que no \u00a0exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se \u00a0utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el mecanismo \u00a0mencionado no se encuentra dise\u00f1ado con miras a reemplazar a \u00a0las autoridades competentes, de ah\u00ed que no sea de recibo \u00a0cuando se advierte que el accionante cuenta con otro medio judicial \u00a0para invocar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, \u00a0requisito \u00a0de procedibilidad que se encuentra estatuido en el art\u00edculo \u00a06\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0anterior consideraci\u00f3n s\u00f3lo \u00a0admite, como excepci\u00f3n, la intervenci\u00f3n para evitar la \u00a0consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, pues de no ser as\u00ed, \u00a0esto es, de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de \u00a0protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de \u00a0concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las \u00a0decisiones estatales, propici\u00e1ndose, un desborde institucional \u00a0en perjuicio de la administraci\u00f3n de justicia y del Estado \u00a0social de derecho. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, exige: \u00a0<\/p>\n
a. Que la cuesti\u00f3n \u00a0que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. \u00a0<\/p>\n
b. Que se hayan \u00a0agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa \u00a0judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de \u00a0evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
c. Que se cumpla \u00a0el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere \u00a0interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir \u00a0del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
d. Cuando se trate \u00a0de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene \u00a0un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y \u00a0que ata\u00f1e a los derechos fundamentales del accionante. \u00a0<\/p>\n
e. \u00a0Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la violaci\u00f3n como los derechos vulnerados y que \u00a0la hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiere \u00a0sido posible.4 \u00a0<\/p>\n
f. Que no se trate \u00a0de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
Mientras que, en \u00a0punto de las exigencias espec\u00edficas, se han establecido las \u00a0que a continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
i) \u00a0 Defecto org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario \u00a0judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece \u00a0absolutamente de competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide \u00a0con base en normas inexistentes o inconstitucionales5 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los \u00a0fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
v) \u00a0Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento \u00a0de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que \u00a0precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00a0\u00f3rbita funcional. \u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, \u00a0por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de \u00a0un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado6. \u00a0<\/p>\n
viii) \u00a0Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues \u00a0han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la \u00a0sentencia C-590 \u00a0de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, \u00a0reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en \u00a0el sentido de que, cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo \u00a0pueden tener cabida \u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0 Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0-C-590 de 2005-. \u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0impugnaci\u00f3n se centra en un punto espec\u00edfico: la \u00a0inconformidad de la actora con las enmendaduras realizadas por \u00a0algunos jurados de votaci\u00f3n a los formularios E-14 en las \u00a0elecciones de la primera vuelta para elegir Presidente de la \u00a0Rep\u00fablica, lo cual argumenta podr\u00eda dar lugar a un \u00a0fraude electoral. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por incumplimiento del \u00a0requisito de subsidiaridad \u00a0<\/p>\n
Ha \u00a0sido pac\u00edfica y profusa la jurisprudencia tanto de esta Sala, \u00a0como de la Corte Constitucional, al sostener la improcedencia de la \u00a0tutela cuando se cuenta con otros mecanismos de defensa, salvo que se \u00a0utilice como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0la acci\u00f3n de tutela \u00a0no puede suplantarse al juez natural al interior del proceso para \u00a0revivir etapas ya fenecidas o exponer en esta excepcional\u00edsima \u00a0y subsidiaria sede, cuestiones que actualmente son objeto de debate \u00a0en los cauces ordinarios. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el punto, expuso la Corte Constitucional en sentencia T-628 de 2013 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
(\u2026) El \u00a0juez constitucional no puede ser laxo al reconocer la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales porque tal \u00a0comportamiento desconoce la condici\u00f3n subsidiaria de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y su procedencia excepcional para proteger derechos como \u00a0los discutidos en este asunto. \u00a0<\/p>\n
Cuando se alega \u00a0la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital, o la condici\u00f3n de \u00a0sujetos susceptibles de protecci\u00f3n constitucional debe el juez \u00a0constitucional acudir a la hermen\u00e9utica constitucional que \u00a0indicar\u00e1 si el derecho alegado es susceptible de protecci\u00f3n \u00a0y, adicionalmente, asumir una actividad inquisitiva con el fin de \u00a0lograr la prueba de lo alegado por los accionantes, para no \u00a0transformar la acci\u00f3n de tutela en un proceso ordinario con el \u00a0fin de resolver situaciones propias de otros procedimientos\u00a0 \u00a0previstos en la Ley. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Revisado \u00a0el plenario se evidencia que no resulta admisible la posici\u00f3n \u00a0del accionante, pues la acci\u00f3n de tutela ha sido concebida \u00a0\u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente \u00a0a situaciones \u00a0de hecho creadas por actos u omisiones que implican las transgresi\u00f3n \u00a0o la amenaza de un derecho fundamental, dentro de las cuales el \u00a0sistema jur\u00eddico no tiene otro mecanismo susceptible de ser \u00a0invocado ante los jueces a objeto de lograr la protecci\u00f3n de \u00a0un derecho y, por lo tanto, el afectado queda sujeto, de no ser por \u00a0acci\u00f3n constitucional, a una clara indefensi\u00f3n frente a \u00a0los actos u omisiones \u00a0de quien lesiona su derecho fundamental; \u00a0situaci\u00f3n que no ocurre en este escenario, pues resulta \u00a0evidente \u00a0que existen otros medios de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, debe indic\u00e1rsele \u00a0a la actora que en cuanto a la investigaci\u00f3n por el supuesto \u00a0fraude electoral que adelanta la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n, la accionante podr\u00e1 suministrar la informaci\u00f3n \u00a0y aportar las pruebas correspondientes a la Fiscal\u00eda que \u00a0conoce el caso, en punto de esclarecimiento de los hechos y la \u00a0determinaci\u00f3n de los posibles autores; facultad que emana del \u00a0deber \u00a0de denunciar, que consagra el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, no se advierten superados los requisitos de procedibilidad \u00a0de la acci\u00f3n constitucional o vulneraci\u00f3n alguna que \u00a0afecte los derechos fundamentales de la actora. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0D\u00edgase, adem\u00e1s, que \u00a0la recurrente no demostr\u00f3 hallarse en alguna situaci\u00f3n \u00a0de la que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, \u00a0en consecuencia, habilite la intervenci\u00f3n transitoria del juez \u00a0de tutela. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por \u00a0tal raz\u00f3n, la Sala confirmar\u00e1 el fallo de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, \u00a0la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u2013 EN \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 3, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1\u00ba \u00a0CONFIRMAR el fallo \u00a0impugnado. \u00a0<\/p>\n
2\u00ba \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3\u00ba \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A \u00a0VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fl.68. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fls.76 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fls.102 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 STP11640-2018 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0No 99802 \u00a0 (Aprobaci\u00f3n \u00a0 Acta No.287) \u00a0 Bogot\u00e1. \u00a0D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) \u00a0 VISTOS \u00a0 La \u00a0Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por MARTHA \u00a0SILVA BELTR\u00c1N, \u00a0contra el fallo proferido el 10 \u00a0de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-38115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-27"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}