\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP11579-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0100309 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 307) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala la impugnaci\u00f3n presentada por \u00a0JULI\u00c1N NORBEIRO ROJAS GARC\u00cdA, contra la sentencia de \u00a0tutela proferida el 6 de agosto de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal del Tribunal Superior de Manizales que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Juzgado \u00a0Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La \u00a0Dorada. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la actuaci\u00f3n se establece que JULI\u00c1N \u00a0NORBEIRO ROJAS GARC\u00cdA \u00a0se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y \u00a0Mediana Seguridad de La Dorada, descontando la pena de 16 a\u00f1os, \u00a01 mes y 12 d\u00edas de prisi\u00f3n impuesta el 21 de junio de \u00a02013 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, tras \u00a0hallarlo responsable del delito de fabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico y porte de armas y municiones de uso privativo de las \u00a0fuerzas armadas. \u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0el peticionario que mediante auto del 18 \u00a0de julio de 2018, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad del municipio referido le neg\u00f3 el \u00a0beneficio administrativo de hasta 72 horas de permiso que requiri\u00f3, \u00a0tras \u00a0explicar que no ha cumplido el requisito objetivo para concederlo, \u00a0esto es, haber descontado el 70% de la sanci\u00f3n impuesta, toda \u00a0vez que fue condenado por un delito de competencia de la justicia \u00a0especializada. Dicha determinaci\u00f3n quedo ejecutoriada el 25 de \u00a0julio siguiente, en tanto no se present\u00f3 recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0criterio del accionante, dicha providencia vulnera sus derechos \u00a0fundamentales a la igualdad y debido proceso, en tanto otras \u00a0autoridades judiciales han resuelto el asunto de distinta forma, pese \u00a0a que los peticionarios se encontraban en similar situaci\u00f3n \u00a0que \u00e9l. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 30 \u00a0de julio de 2018, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 \u00a0el traslado correspondiente a la autoridad judicial accionada. Al \u00a0tr\u00e1mite fue vinculado el \u00a0Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La \u00a0Dorada. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n adoptada. En \u00a0esencia, explic\u00f3 que se \u00a0ajusta a las previsiones del art\u00edculo 147-5 de la Ley 65 de \u00a01993. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0primera instancia \u00a0neg\u00f3 \u00a0el amparo. Se\u00f1al\u00f3 que el auto censurado se ofrece \u00a0razonable y no se acreditaron los requisitos espec\u00edficos para \u00a0que proceda la tutela contra una decisi\u00f3n judicial. Por lo \u00a0dem\u00e1s, resalt\u00f3 que en el caso concreto se incumple el \u00a0presupuesto de subsidiariedad, dado que el actor no interpuso el \u00a0recurso de apelaci\u00f3n para cuestionar la decisi\u00f3n que \u00a0neg\u00f3 el beneficio administrativo que reclama. \u00a0<\/p>\n
JULI\u00c1N \u00a0NORBEIRO ROJAS GARC\u00cdA \u00a0impugn\u00f3 el fallo, sin exponer los argumentos de su \u00a0inconformidad. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, la Corte es competente para desatar la segunda \u00a0instancia respecto de la decisi\u00f3n adoptada por un tribunal \u00a0superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, se advierte que el \u00a0accionante pudo controvertir la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 \u00a0el beneficio administrativo de permiso hasta de 72 horas a trav\u00e9s \u00a0de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, con sustento \u00a0en argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela, pero \u00a0no lo hizo. Como \u00a0no agot\u00f3 esos medios de defensa, la solicitud de amparo se \u00a0torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte \u00a0Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0manifiesto, entonces, que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 \u00a0que la providencia del Juzgado accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n \u00a0que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda \u00a0constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para \u00a0acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado \u00a0haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por \u00a0el legislador (Cfr. \u00a0Sentencia SU \u2013 111 de 1997). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, a\u00fan si se pasara por alto el \u00a0incumplimiento de dicho presupuesto, encuentra la Sala que \u00a0los razonamientos planteados en el auto emitido el 18 de julio de \u00a02018 no \u00a0se muestran arbitrarios o caprichosos, por el contrario, est\u00e1n \u00a0debidamente fundamentados en los hechos probados \u00a0y la normativa aplicable, \u00a0lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Juzgado \u00a0Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La \u00a0Dorada, tras brindar \u00a0una amplia explicaci\u00f3n sobre las condiciones requeridas para \u00a0acceder al permiso de 72 horas seg\u00fan las previsiones de la Ley \u00a065 de 1993 (modificada por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de \u00a01999), destac\u00f3 que dicha normativa demanda para su \u00a0autorizaci\u00f3n que el condenado por delitos de competencia de \u00a0los jueces especializados haya descontado el 70% de la pena impuesta. \u00a0Adem\u00e1s, aclar\u00f3 que tal disposici\u00f3n se encuentra \u00a0vigente y fue declarada exequible por la Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, al \u00a0verificar la documentaci\u00f3n allegada por el establecimiento \u00a0carcelario, as\u00ed como el tiempo descontado por el condenado, \u00a0encontr\u00f3 que no cumpl\u00eda con el requisito objetivo \u00a0exigido en el art\u00edculo 147-5 de la Ley 65 de 1993 para su \u00a0otorgamiento, al ser condenado por la justicia especializada. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden de ideas, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n \u00a0jurisdiccional \u00a0-Art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica- impide al juez constitucional inmiscuirse en \u00a0providencias como la controvertida, s\u00f3lo porque el demandante \u00a0no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, respecto de la alegada violaci\u00f3n del art\u00edculo \u00a013 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto varias \u00a0personas en condiciones similares fueron favorecidas con el beneficio \u00a0administrativo pretendido \u00a0por otras autoridades judiciales, se advierte de una parte, que el \u00a0interesado no alleg\u00f3 copia de ninguna de las decisiones que \u00a0pretende sean contrastadas con la emitida por el juzgado accionado. \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0de otra que la concesi\u00f3n o no de este beneficio administrativo \u00a0depende de las circunstancias particulares del interesado y de su \u00a0comportamiento en reclusi\u00f3n. En ese orden, no es acertado, por \u00a0regla general, demandar que la decisi\u00f3n que favoreci\u00f3 a \u00a0otros reclusos deba extenderse a los dem\u00e1s en virtud del \u00a0principio de igualdad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de \u00a0garant\u00edas fundamentales del actor, no procede la protecci\u00f3n \u00a0constitucional que reclama. \u00a0<\/p>\n
Se confirmar\u00e1, \u00a0por tanto, el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia de tutela proferida el 6 de agosto de 2018 por la Sala de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Manizales, que neg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el amparo de sus derechos fundamentales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a JULI\u00c1N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NORBEIRO ROJAS GARC\u00cdA. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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