\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
STP10892-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0no. 99943 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 270) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is \u00a0(16) de agosto de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Sala \u00a0la \u00a0impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado especial de JHONN \u00a0JAVIER HERN\u00c1NDEZ, CLAUDIA YANETH MONTENEGRO JARAMILLO, JUAN \u00a0GABRIEL CALVACHI CASANOVA, WILLIAM ALEXANDER CALVACHI CASANOVA, FIDEL \u00a0ORLANDO CULCHA BENAVIDEZ, LUIS ALBERTO CORAL GONZ\u00c1LEZ, SANDRA \u00a0MAYERLY CORAL CUAYAL, EDWIN JAVIER TIMARAN CHIT\u00c1N, VICENTE \u00a0EFRA\u00cdN MORENO, JOS\u00c9 GERM\u00c1N BENAVIDEZ, FABIO \u00a0ORLANDO CORAL, MAR\u00cdA NELBA VALLEJO, ROSA EDILMA BEN\u00cdTEZ \u00a0CHIT\u00c1N, MAR\u00cdA ESPERANZA ENR\u00cdQUEZ BEN\u00cdTEZ, \u00a0WILLIAM HOMERO ENR\u00cdQUEZ BEN\u00cdTEZ, EDILLIA CARMENZA \u00a0VALLEJOS SANTANDER, MAR\u00cdA FLORALBA MORENO SALAZAR, CRUZ MIREYA \u00a0MOR\u00c1N CH\u00c1VEZ, V\u00cdCTOR ANDR\u00c9S TORO TELLO, \u00a0LILIAM IRENE MOR\u00c1N CH\u00c1VEZ, V\u00cdCTOR ANDR\u00c9S \u00a0TORO TELLO, LILIAM IRENE MORAN CH\u00c1VEZ, BLANCA LIDIA TOBAR \u00a0ROSERO y BETTY BETSAB\u00c9 HERN\u00c1NDEZ, contra la sentencia \u00a0de tutela proferida el 13 de julio de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal del Tribunal Superior de Pasto, que neg\u00f3 el amparo de \u00a0sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Juzgado \u00a0Segundo Penal del Circuito de Ipiales. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE \u00a0LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan se \u00a0desprende del tr\u00e1mite, en audiencia preliminar del 16 de \u00a0noviembre de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales con \u00a0Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas impuso medida de \u00a0aseguramiento consistente en detenci\u00f3n domiciliaria al \u00a0ciudadano Luis \u00a0Antonio Guzm\u00e1n Rosero, \u00a0dentro del proceso que se sigue en su contra por la presunta comisi\u00f3n \u00a0del delito de estafa agravada, actuaci\u00f3n en la que los aqu\u00ed \u00a0accionantes fueron reconocidos como v\u00edctimas. \u00a0<\/p>\n
El 2 de febrero de \u00a02018, el Juzgado mencionado neg\u00f3 la petici\u00f3n de \u00a0revocatoria de la detenci\u00f3n preventiva elevada por la defensa. \u00a0<\/p>\n
Al ser objeto de \u00a0apelaci\u00f3n dicha decisi\u00f3n, el Juzgado Segundo Penal del \u00a0Circuito de Ipiales, en providencia del 17 de mayo siguiente la \u00a0revoc\u00f3 y, en su lugar, levant\u00f3 la medida de \u00a0aseguramiento impuesta al imputado, al \u00a0estimar que hab\u00edan desaparecido los supuestos que, en su \u00a0momento, justificaron su procedencia. \u00a0<\/p>\n
Los accionantes \u00a0acudieron ante la jurisdicci\u00f3n constitucional para censurar la \u00a0\u00faltima determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, a la que acusaron \u00a0de lesionar su garant\u00eda fundamental al debido proceso, en \u00a0tanto \u00a0carece de motivaci\u00f3n, al no haberse efectuado una valoraci\u00f3n \u00a0probatoria acorde con las reglas de la sana cr\u00edtica y al no \u00a0indicarse las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas por las \u00a0cuales la medida de aseguramiento ya no era necesaria, es decir, no \u00a0hizo pronunciamiento en relaci\u00f3n con los requisitos previstos \u00a0en el art\u00edculo 308, en concordancia con el 318 de la Ley 906 \u00a0de 2004. \u00a0<\/p>\n
Cuestionan que la \u00a0defensa esgrimi\u00f3 \u00ab\u2026una \u00a0teor\u00eda bastante descabellada y poco cre\u00edble en donde \u00a0establece que el hoy acusado Luis Antonio Guzm\u00e1n, fue v\u00edctima \u00a0y un instrumento en la ejecuci\u00f3n del delito de estafa \u00a0agravada\u2026\u00bb, tesis \u00a0que fue aceptada por el Juzgado sin hacer una evaluaci\u00f3n \u00a0detallada de las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda. \u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, \u00a0solicitaron dejar sin efectos la decisi\u00f3n objeto de reproche y \u00a0asignar el conocimiento del asunto a otro despacho judicial. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto del 28 \u00a0de junio de 2018, la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto \u00a0admiti\u00f3 la tutela y corri\u00f3 el traslado correspondiente \u00a0a la autoridad judicial accionada. \u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0vinculados el \u00a0Juzgado \u00a0Promiscuo Municipal de Pupiales con Funci\u00f3n de Control de \u00a0Garant\u00edas, la Fiscal\u00eda 26 Seccional de Ipiales, as\u00ed \u00a0como los ciudadanos Luis \u00a0Antonio Guzm\u00e1n Rosero y Nury Benavidez. Todos guardaron \u00a0silencio dentro del t\u00e9rmino de traslado. \u00a0<\/p>\n
El Tribunal \u00a0neg\u00f3 \u00a0el amparo. Explic\u00f3 que la parte actora no acredit\u00f3 de \u00a0qu\u00e9 manera se compromet\u00edan sus garant\u00edas como \u00a0v\u00edctimas reconocidas con la determinaci\u00f3n mediante la \u00a0cual se revoc\u00f3 la medida de aseguramiento y, por ello, \u00a0carec\u00edan de legitimaci\u00f3n para cuestionarla. \u00a0<\/p>\n
Como sustento cit\u00f3 \u00a0la sentencia dictada dentro del radicado 47588 por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, en la cual se hace referencia a la posibilidad \u00a0que le asiste a los presuntamente afectados por el delito de \u00a0impugnar la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria al \u00a0condenado, siempre y cuando acrediten el perjuicio concreto que tal \u00a0determinaci\u00f3n produce en el marco de sus derechos a la verdad \u00a0y justicia. \u00a0<\/p>\n
El apoderado de \u00a0los accionantes impugn\u00f3 el fallo y reiter\u00f3 los \u00a0argumentos expuestos en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo \u00a0normado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del \u00a0Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver este asunto \u00a0en primera instancia, por cuanto el procedimiento involucra un \u00a0tribunal superior de distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0decisi\u00f3n adoptada en primera instancia ser\u00e1 \u00a0confirmada. Las razones son las siguientes: \u00a0<\/p>\n
Advierte la Sala \u00a0que contrario a lo referido por el Tribunal, si la parte afectada con \u00a0la conducta punible encuentra comprometidos sus derechos de orden \u00a0Superior con ocasi\u00f3n de la emisi\u00f3n de una decisi\u00f3n \u00a0como la que aqu\u00ed se discute, nada obsta para que solicite ante \u00a0el juez constitucional su protecci\u00f3n, dada su facultad de \u00a0actuar activamente en la imposici\u00f3n de la medida de \u00a0aseguramiento. \u00a0<\/p>\n
Al respecto, la \u00a0Corte Constitucional, en sentencia C-209 de 2007, estudi\u00f3 la \u00a0constitucionalidad del original art\u00edculo 306 de la Ley 906 de \u00a02004 y puntualiz\u00f3 que las v\u00edctimas tienen la \u00a0posibilidad de acudir directamente ante los jueces de control de \u00a0garant\u00edas para invocar la imposici\u00f3n de medidas de \u00a0aseguramiento, facultad con la que, por supuesto, cuentan los aqu\u00ed \u00a0accionantes. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Ley 1453 de 2011, art\u00edculo 59, que modific\u00f3 \u00a0el canon 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004, \u00a0faculta al afectado o a su apoderado para solicitar al juez de \u00a0control de garant\u00edas la imposici\u00f3n de la medida de \u00a0aseguramiento, cuando esta no sea invocada por el fiscal. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, si las v\u00edctimas ostentan tal potestad, es claro que \u00a0tambi\u00e9n la tienen para participar activamente cuando se \u00a0pretende la revocatoria de la medida, en los t\u00e9rminos del \u00a0art\u00edculo 318 de la normativa referida. \u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0es cierto que la \u00a0l\u00ednea jurisprudencial dictada por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal en \u00a0relaci\u00f3n con el inter\u00e9s de la v\u00edctima para \u00a0impugnar el otorgamiento de la prisi\u00f3n domiciliaria al \u00a0condenado, establece que debe acreditarse el perjuicio concreto que \u00a0dicha decisi\u00f3n comport\u00f3 frente a sus derechos a la \u00a0verdad y la justicia (CSJ. \u00a0AP, nov. 11 de 2009, rad. 32564; \u00a0SP, dic. 6 de 2012, rad. 36771; \u00a0SP, oct. 14 de 2015, rad. 42388; SP, Dic. 2 de 2015, rad. 44840 y AP, \u00a0nov. 8 de 2017, rad. 47044). \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, dicho presupuesto no es aplicable al caso objeto de estudio \u00a0por tratarse de fases \u00a0e institutos distintos, en tanto aqu\u00ed se ventilan aspectos \u00a0atinentes a la medida de aseguramiento, frente a la cual ya qued\u00f3 \u00a0suficientemente clara la facultad de intervenci\u00f3n de la \u00a0persona afectada con el delito. \u00a0<\/p>\n
Superado \u00a0el tema de la legitimidad de la parte actora para ejercer la acci\u00f3n \u00a0constitucional, corresponde decidir si se torna necesaria la \u00a0intervenci\u00f3n del juez de tutela en este evento. \u00a0<\/p>\n
En primer lugar, \u00a0no advierte la Sala \u00a0arbitraria \u00a0o carente de motivaci\u00f3n la \u00a0decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia por el Juzgado Segundo \u00a0Penal del Circuito de Ipiales, en \u00a0tanto los \u00a0razonamientos all\u00ed plasmados tienen como fundamento una \u00a0interpretaci\u00f3n razonable de las disposiciones legales, as\u00ed \u00a0como el ejercicio de la discrecionalidad judicial en materia de \u00a0apreciaci\u00f3n probatoria. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el Juzgado accionado, con \u00a0sujeci\u00f3n a lo dispuesto en el ordenamiento legal (art\u00edculos \u00a0308 y 318 de la Ley 906 de 2004) y \u00a0de manera motivada, explic\u00f3 las razones por las cuales \u00a0estim\u00f3 procedente revocar la medida de aseguramiento de \u00a0detenci\u00f3n domiciliaria impuesta al procesado. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0ello, efectu\u00f3 \u00a0un cotejo entre los elementos materiales de prueba que en su momento \u00a0aport\u00f3 la Fiscal\u00eda y los allegados por la defensa para \u00a0sustentar la petici\u00f3n, de los cuales determin\u00f3 que \u00a0\u00e9stos desvanec\u00edan \u00ab\u2026la \u00a0inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n del \u00a0imputado Luis Antonio Guzm\u00e1n en los hechos que se investigan, \u00a0variando las circunstancias que motivaron la imposici\u00f3n de la \u00a0medida\u2026\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, \u00a0concluy\u00f3 que concurr\u00edan los presupuestos legales para \u00a0acceder a la pretensi\u00f3n de la defensa. \u00a0<\/p>\n
Quiere decir lo \u00a0anterior, que el asunto fue plenamente analizado al interior del \u00a0respectivo proceso y con indicaci\u00f3n de las razones por las \u00a0cuales proced\u00eda la revocatoria de la detenci\u00f3n \u00a0domiciliaria impuesta al implicado, de manera que la sola \u00a0inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada no habilita al juez de \u00a0tutela para reabrir una discusi\u00f3n ya finiquitada como si se \u00a0tratara de una instancia adicional. \u00a0<\/p>\n
En ese orden de \u00a0ideas, \u00a0para la Sala la \u00a0decisi\u00f3n adoptada no comporta defectos susceptibles de ser \u00a0enmendados a trav\u00e9s del amparo constitucional, toda vez que lo \u00a0que se extracta es una disparidad de criterios con lo decidido, hecho \u00a0que en s\u00ed mismo no hace que la providencia sea violatoria de \u00a0las garant\u00edas fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Ante tal panorama, \u00a0el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u00a0(art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) impide al juez de \u00a0tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida, s\u00f3lo \u00a0porque la parte demandante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n \u00a0diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con \u00a0criterio razonable a partir de la interpretaci\u00f3n de la \u00a0legislaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n
En segundo lugar, \u00a0no puede desconocerse el incumplimiento del requisito de \u00a0subsidiaridad, como quiera que la \u00a0actuaci\u00f3n se \u00a0encuentra a\u00fan en tr\u00e1mite. Por tanto, los accionantes, \u00a0quienes ostentan la condici\u00f3n de v\u00edctimas reconocidas, \u00a0cuentan \u00a0con mecanismos ordinarios al interior del proceso penal para \u00a0satisfacer sus pretensiones, dado que pueden solicitar de manera \u00a0directa la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento cuya \u00a0revocatoria censuran, as\u00ed como impugnar la decisi\u00f3n que \u00a0en tal caso se imponga. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0al existir un escenario natural de discusi\u00f3n sobre el asunto \u00a0sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada \u00a0tambi\u00e9n se torna improcedente, en los t\u00e9rminos \u00a0previstos por el art\u00edculo 6-1 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, \u00a0se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed \u00a0expuestas. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la sentencia del 13 de julio de 2018, mediante la cual la Sala de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decisi\u00f3n Penal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tribunal Superior de Pasto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo Penal del Circuito de Ipiales. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR \u00a0esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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