\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
ATP604-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 97289 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado Acta No. 68) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de \u00a0dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la Sala sobre la existencia de una causal de nulidad en \u00a0el tr\u00e1mite de tutela promovido por JOHAN \u00a0RICARDO SARMIENTO ACU\u00d1A en procura \u00a0del amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por \u00a0el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de \u00a0Cartagena con Funci\u00f3n de Conocimiento. \u00a0<\/p>\n
Al tr\u00e1mite fue vinculado \u00a0el Juzgado 2\u00ba Penal Municipal de Cartagena con Funci\u00f3n de \u00a0Control de Garant\u00edas. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan se establece de la actuaci\u00f3n, \u00a0el 9 de julio de 2015 ante el Juzgado 2\u00ba \u00a0Penal Municipal de Cartagena con Funci\u00f3n de Control de \u00a0Garant\u00edas se llevaron a cabo las audiencias preliminares de \u00a0legalizaci\u00f3n de captura y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n \u00a0por el delito de corrupci\u00f3n de \u00a0alimentos, productos m\u00e9dicos o material profil\u00e1ctico, \u00a0presuntamente cometido por JOHAN RICARDO \u00a0SARMIENTO ACU\u00d1A, Dubys Palencia Puello, Ricardo Sarmiento \u00a0Fontalvo, Yeison Enrique Mendoza Calvo, Gigles Jos\u00e9 Salas \u00a0Maldonado y C\u00e9sar Augusto Jaraba Villamizar. Todos se \u00a0allanaron a los cargos enunciados por la Fiscal\u00eda. \u00a0<\/p>\n
Por sentencia del 2 de marzo de 2017 el Juzgado 1\u00ba \u00a0Penal del Circuito de Cartagena con Funci\u00f3n de Conocimiento \u00a0conden\u00f3 a JHOAN RICARDO SARMIENTO ACU\u00d1A a la pena de \u00a013.5 meses de prisi\u00f3n, tras declararlo penalmente responsables \u00a0de la aludida conducta. Las penas impuestas a los dem\u00e1s \u00a0coprocesados oscilan entre los 8 y los 51 meses de prisi\u00f3n, \u00a0seg\u00fan su grado de participaci\u00f3n o complicidad. \u00a0<\/p>\n
Denunci\u00f3 el accionante que, mediante Oficio \u00a01117 del 15 de febrero de 2017, se le convoc\u00f3 a la audiencia \u00a0de lectura de fallo para el 25 de abril siguiente a las 9:00 de la \u00a0ma\u00f1ana, pese a lo cual, la misma se llev\u00f3 a cabo el 2 \u00a0de marzo de 2017 con la asistencia exclusiva del representante del \u00a0Ministerio P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, demand\u00f3 que se decrete la \u00a0nulidad de todo lo actuado desde la emisi\u00f3n de la sentencia y \u00a0se ordene al Despacho accionado que convoque en debida forma a las \u00a0partes e intervinientes de la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Con auto del 24 de octubre de 2017, la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Cartagena admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 \u00a0el traslado a los sujetos pasivos de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Cartagena \u00a0se opuso a la prosperidad de la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional. Indic\u00f3 que el accionante se allan\u00f3 \u00a0libre y voluntariamente a cargos, por lo que no puede cuestionar la \u00a0decisi\u00f3n por medio de la cual se le imparti\u00f3 legalidad \u00a0a tal determinaci\u00f3n y se le impuso la sanci\u00f3n \u00a0correspondiente. \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena \u00a0neg\u00f3 el amparo pretendido. Encontr\u00f3 incumplido el \u00a0presupuesto de subsidiariedad, por cuanto el peticionario no propuso \u00a0oportunamente incidente de nulidad ante el funcionario de \u00a0conocimiento con fundamento en los mismos hechos expuestos a trav\u00e9s \u00a0de este mecanismo excepcional. \u00a0<\/p>\n
A la par, resalt\u00f3 que en el caso examinado \u00a0se dispuso la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de \u00a0la pena y, por ende, no se verifica la existencia de un perjuicio \u00a0irremediable que viabilice la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0al art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para desatar la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por el Tribunal Superior de \u00a0Cartagena. \u00a0Sin embargo, ello no es posible dado que durante \u00a0el presente tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en irregularidad \u00a0sustancial que afecta de nulidad la actuaci\u00f3n surtida. \u00a0<\/p>\n
En efecto, en la demanda de tutela \u00a0JOHAN RICARDO SARMIENTO ACU\u00d1A atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n \u00a0de sus derechos fundamentales al Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito \u00a0de Cartagena con Funci\u00f3n de Conocimiento, por \u00a0las presuntas irregularidades en que este incurri\u00f3 al dictar \u00a0sentencia en su contra y respecto de Dubys Palencia Puello, Ricardo \u00a0Sarmiento Fontalvo, Yeison Enrique Mendoza Calvo, Gigles Jos\u00e9 \u00a0Salas Maldonado y C\u00e9sar Augusto Jaraba Villamizar. \u00a0No obstante, el Tribunal de primera instancia prescindi\u00f3 de la \u00a0vinculaci\u00f3n de los mencionados coprocesados, pese a que \u00a0cualquier decisi\u00f3n los involucra directamente. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, considera la Sala que debi\u00f3 \u00a0convocarse al presente tr\u00e1mite al Centro de Servicios \u00a0Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena, en raz\u00f3n \u00a0a que dicha dependencia tiene a su cargo la notificaci\u00f3n las \u00a0actuaciones adelantadas por los despachos judiciales. \u00a0<\/p>\n
Ello, por cuanto el juez \u00a0de tutela tiene la obligaci\u00f3n de garantizar el debido proceso \u00a0tanto a las partes involucradas en el tr\u00e1mite como a los \u00a0terceros con inter\u00e9s, pues la indebida integraci\u00f3n del \u00a0contradictorio en el tr\u00e1mite de amparo comporta su nulidad, \u00a0seg\u00fan establecen las normas procesales y la jurisprudencia \u00a0constitucional \u2013Sentencia C\u2013543 \u00a0de 1992, reiterada en A-065 de 2013). \u00a0<\/p>\n
Efectivamente, el numeral 9\u00ba del \u00a0art\u00edculo 133 del \u00a0C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que la \u00a0actuaci\u00f3n est\u00e1 viciada \u00a0de nulidad cuando \u00abno se practica en legal forma la \u00a0notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas \u00a0determinadas\u00bb. Dicha norma es aplicable al presente asunto \u00a0por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de \u00a01992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, la irregularidad detectada constituye causal de \u00a0invalidez de la actuaci\u00f3n desde el auto del 24 de octubre de \u00a02017 y as\u00ed lo decretar\u00e1 la Sala. Se aclara que las \u00a0pruebas recaudadas conservan plena validez. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. DECRETAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la NULIDAD de la presente actuaci\u00f3n desde el auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del 24 de octubre de 2017 emitido por la Sala Penal del Tribunal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Superior de Cartagena. Se aclara que las pruebas recaudadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conservan plena validez. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DEVOLVER las \u00a0diligencias al Tribunal de origen, para lo de su cargo. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0este prove\u00eddo conforme al \u00a0art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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