\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
ATP340-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a096376 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 27) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Se pronuncia la \u00a0Sala sobre la existencia de una causal de nulidad en el tr\u00e1mite \u00a0de tutela promovido por ALEJANDRO \u00a0VALENCIA, contra la Fiscal\u00eda 4\u00aa Especializada de Cali y \u00a0el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali. Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados los abogados Mar\u00eda Magdalena \u00a0Buitrago Villar y Jorge Enrique Chamorro Molineros. \u00a0<\/p>\n
FUNDAMENTOS \u00a0DE LA ACCI\u00d3N: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0se establece de la actuaci\u00f3n y de las pruebas recaudadas \u00a0durante el presente tr\u00e1mite, el 30 de octubre de 2013 el \u00a0Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali conden\u00f3 \u00a0a ALEJANDRO VALENCIA, Willian Jairo P\u00e9rez, Mary Cecilia Mora \u00a0P\u00e9rez, Mar\u00eda Donsory Garc\u00eda Ocampo y Norma \u00a0Flores Garc\u00eda a la pena de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00a0tras encontrarlos penalmente responsables del delito de lavado de \u00a0activos, por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 600 de 2000. \u00a0<\/p>\n
Inconformes \u00a0con la anterior determinaci\u00f3n la defensa la apel\u00f3 y la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali la \u00a0confirm\u00f3 el 16 de septiembre de 2016. Contra el fallo de \u00a0segunda instancia se promovi\u00f3 el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n, el cual est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del accionante, la actuaci\u00f3n seguida en su contra \u00a0vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa \u00a0t\u00e9cnica, en raz\u00f3n a que no estuvo debidamente \u00a0representado durante la investigaci\u00f3n previa. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n \u00a0de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida el 18 de junio \u00a0de 2009, en raz\u00f3n a que, como para ese momento no fue posible \u00a0ubicar a la abogada Mar\u00eda Magdalena Buitrago Villar, la \u00a0Fiscal\u00eda 4\u00aa Especializada de Cali opt\u00f3, sin \u00a0informarle, por nombrar como su defensor de oficio a Jorge Enrique \u00a0Chamorro Molineros, con quien surti\u00f3 dicho tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tales motivos solicit\u00f3 que se decrete la nulidad de todo lo \u00a0actuado a partir de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y, \u00a0consecuente con ello, se disponga su libertad inmediata. \u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE LA PRIMERA INSTANCIA: \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del 8 de noviembre de 2017, el Tribunal admiti\u00f3 la demanda y \u00a0corri\u00f3 el respectivo traslado a la autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0defensor Jorge Enrique Chamorro Molineros se\u00f1al\u00f3 que el \u00a02 de octubre de 2013 fueron hurtados varios elementos de su oficina, \u00a0motivo por el cual no cuenta con los elementos necesarios para rendir \u00a0un informe dentro del presente asunto. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali relat\u00f3 \u00a0el transcurso de la actuaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad \u00a0de su decisi\u00f3n. A la par, revel\u00f3 que la actuaci\u00f3n \u00a0se encuentra en curso, en concreto, pendiente de desatar el recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La Sala Penal del \u00a0Tribunal de Cali neg\u00f3 el amparo. Encontr\u00f3 \u00a0incumplido el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto el interesado \u00a0no hizo uso de los mecanismos de defensa dispuestos por el legislador \u00a0para controvertir, de una parte, las determinaciones adoptadas por la \u00a0Fiscal\u00eda durante la fase instructiva, y de otra, las \u00a0decisiones adversas proferidas por los jueces de primera y segunda \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo caso, advirti\u00f3 que cuenta con la acci\u00f3n \u00a0constitucional de h\u00e1beas \u00a0corpus \u00a0para controvertir la presunta privaci\u00f3n il\u00edcita de su \u00a0libertad. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0parte accionante impugn\u00f3 \u00a0el fallo. Reiter\u00f3 las razones de hecho y de derecho expuestas \u00a0en la demanda. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
Conforme con el \u00a0art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente \u00a0para desatar la alzada, por cuanto la decisi\u00f3n sobre la que \u00a0recae fue proferida por un tribunal \u00a0superior de distrito judicial. \u00a0Sin embargo, ello no es posible dado que durante el presente tr\u00e1mite \u00a0se incurri\u00f3 en irregularidad sustancial que afecta de nulidad \u00a0la actuaci\u00f3n surtida. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, de la actuaci\u00f3n se deduce que el reproche \u00a0constitucional se dirige tambi\u00e9n contra la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Cali, dado el pronunciamiento que en segunda \u00a0instancia emiti\u00f3 al interior del proceso penal seguido contra \u00a0ALEJANDRO VALENCIA, como autor del delito de lavado de activos. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, es razonable concluir que su inconformidad no radica \u00a0exclusivamente en la presunta falta de defensa t\u00e9cnica durante \u00a0la fase instructiva. T\u00e9ngase en cuenta, en primer lugar, que \u00a0esas irregularidades debieron ser examinadas por los juzgadores de \u00a0primera y segunda instancia y, en segunda medida, que la presente \u00a0acci\u00f3n est\u00e1 encaminada a que se decrete su libertad, \u00a0cuya restricci\u00f3n est\u00e1 determinada por dichas \u00a0providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0claro, entonces, que ello implica examinar la decisi\u00f3n que en \u00a0segunda instancia profiri\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Cali. As\u00ed las cosas, se hace necesario vincularla al \u00a0presente tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0vista de ello, la demanda de tutela debe ser conocida en primera \u00a0instancia por el superior funcional del Tribunal, es decir, la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia \u2013el \u00a0art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por \u00a0el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 del 30 de noviembre de \u00a02017-. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se \u00a0decretar\u00e1 la nulidad de las diligencias desde el auto por \u00a0medio del cual se admiti\u00f3 la demanda, inclusive, \u00a0y se ordenar\u00e1 a la Secretar\u00eda de la Sala su asignaci\u00f3n \u00a0como asunto de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0N\u00b0 2, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECRETAR \u00a0la \u00a0NULIDAD \u00a0de la presente actuaci\u00f3n desde \u00a0el auto del 8 \u00a0de noviembre de 2017, emitido por \u00a0la Sala de Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. \u00a0Se \u00a0aclara que las pruebas recaudadas conservan plena validez. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ORDENAR \u00a0a \u00a0la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal la \u00a0asignaci\u00f3n del expediente dentro del grupo de acciones de \u00a0tutela de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR \u00a0a \u00a0los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO \u00a0HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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