\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
ATP324-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 96767 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0027 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., febrero primero (1\u00ba) de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Dirime \u00a0la Sala la colisi\u00f3n de competencia suscitada entre el Juzgado \u00a010\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de \u00a0Medell\u00edn y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de la misma ciudad, en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n \u00a0de tutela instaurada por el ciudadano JORGE \u00a0ARMANDO ESTRADA QUINTERO. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De la informaci\u00f3n que reposa en la presente actuaci\u00f3n \u00a0se pudo establecer que JORGE \u00a0ARMANDO ESTRADA QUINTERO, \u00a0acudi\u00f3 al Juez de tutela para que previo el agotamiento del \u00a0procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991, le protegiera \u00a0sus derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social, \u00a0presuntamente vulnerados por la Coomeva E.P.S. S.A., solicitando que \u00a0se le ordene que \u00abde \u00a0manera inmediata reconozca y pague el valor econ\u00f3mico de [las] \u00a0incapacidades m\u00e9dicas generadas por la eps\u00bb, \u00a0especificando \u00a0al efecto los per\u00edodos correspondientes de las mismas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La demanda fue asignada por reparto al Juzgado 27 Penal Municipal con \u00a0Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn, \u00a0despacho que avoc\u00f3 conocimiento el 20 de diciembre de 20171 \u00a0y una vez agotado el tr\u00e1mite de rigor, mediante fallo dictado \u00a0el d\u00eda 30 de los mismos mes y a\u00f1o2 \u00a0accedi\u00f3 al amparo deprecado. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La decisi\u00f3n fue impugnada en oportunidad por la Apoderada \u00a0Especial de Coomeva E.P.S. S.A.3, \u00a0raz\u00f3n por la cual, el titular del aludido despacho judicial, \u00a0por auto del 10 de enero de 20184, \u00a0concedi\u00f3 el recurso ante los Juzgados Penales del Circuito de \u00a0Medell\u00edn (Reparto). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La alzada recay\u00f3 en el Juzgado 10\u00ba Penal del Circuito con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento de Medell\u00edn, c\u00e9lula \u00a0judicial que mediante auto del 12 de enero de 20185, \u00a0remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Penal del Tribunal de esa \u00a0ciudad, al considerar que esa Corporaci\u00f3n era la competente \u00a0para resolver en segunda instancia, por ser el superior jer\u00e1rquico \u00a0del juzgado municipal, aserto que sustent\u00f3 en lo establecido \u00a0por la Corte Constitucional en Auto 521 de 2017. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn; no \u00a0obstante, esa Colegiatura en providencia del 19 de enero de 20186, \u00a0de \u00a0igual manera manifest\u00f3 la falta de competencia para \u00a0pronunciarse frente a la impugnaci\u00f3n interpuesta, disponiendo, \u00a0remitir las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte Suprema de Justicia para los fines legales pertinentes. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley \u00a0270 de 1996, es competente la Corte para conocer del presente asunto \u00a0por tratarse de una colisi\u00f3n de competencias suscitada entre \u00a0un Juzgado Penal del Circuito y la Sala de Decisi\u00f3n Penal del \u00a0Tribunal Superior, ambos del Distrito Judicial de Medell\u00edn, \u00a0Antioquia, respecto de los cuales es superior funcional com\u00fan. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Como quiera que la discusi\u00f3n se plantea en punto de la \u00a0autoridad judicial facultada para desatar la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra el fallo de tutela proferido el 30 de diciembre de \u00a02017 por el Juzgado 27 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control \u00a0de Garant\u00edas de la citada ciudad, necesario resulta recordar \u00a0que el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0dispone que las sentencias de esa naturaleza podr\u00e1n \u00a0\u00abimpugnarse \u00a0ante el juez competente y, en todo caso, \u00e9ste lo remitir\u00e1 \u00a0a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual forma, el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0establece, entre otras cosas que: \u00abPresentada \u00a0debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el \u00a0expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior \u00a0jer\u00e1rquico correspondiente \u00a0[\u2026]\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Ahora bien, respecto a la autoridad judicial que ostenta la condici\u00f3n \u00a0de superior jer\u00e1rquico de los jueces penales municipales, el \u00a0alto Tribunal Constitucional ha precisado: \u00a0<\/p>\n
\u00abPara \u00a0la Sala es claro que los jueces penales del circuito especializado \u00a0con funci\u00f3n de conocimiento, as\u00ed como los juzgados \u00a0penales del circuito especializado con independencia al sistema que \u00a0adelanten (Ley 600 de 2002 o Ley 906 de 2004) tienen la misma \u00a0competencia en raz\u00f3n de ser juzgados con categor\u00eda de \u00a0circuito. De forma que, trat\u00e1ndose de autoridades que fungen \u00a0como jueces de tutela, no cabe distinci\u00f3n alguna que determine \u00a0la competencia funcional m\u00e1s all\u00e1 de la jerarqu\u00eda \u00a0que ocupa la autoridad jurisdiccional, en este caso, el ser del \u00a0\u201ccircuito\u201d. \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a lo anterior, el superior jer\u00e1rquico de los juzgados penales \u00a0municipales o que teniendo dicha categor\u00eda ejercen la funci\u00f3n \u00a0de control de garant\u00edas, como es en el caso, no es otro que el \u00a0juez penal del circuito, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 36 \u00a0de la Ley 906 de 2004, indistintamente de su especialidad\u00bb \u00a0(Cfr. \u00a0C.C. A-509\/2016). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Tal postura jurisprudencial en efecto es acorde a las previsiones del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013Ley \u00a0906 de 2004\u2013, \u00a0dado que \u00e9stas se\u00f1alan que los jueces penales del \u00a0circuito conocen, entre otras cosas, \u00abdel \u00a0recurso de apelaci\u00f3n contra los autos proferidos por los \u00a0jueces penales municipales o cuando ejerzan la funci\u00f3n de \u00a0control de garant\u00edas\u00bb, \u00a0como sucede en el asunto de la especie. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0De otro lado, aunque el titular del Juzgado 10\u00ba Penal del \u00a0Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Medell\u00edn para \u00a0alegar su incompetencia acudi\u00f3 al criterio jurisprudencial \u00a0expuesto por la Corte Constitucional en el Auto-521 de 2017, no tuvo \u00a0en cuenta que en dicha oportunidad la colisi\u00f3n se suscit\u00f3 \u00a0entre autoridades pertenecientes a distintas jurisdicciones (un \u00a0Juzgado Administrativo del Circuito y una Sala de Decisi\u00f3n \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto), \u00a0asunto diametralmente dis\u00edmil al que hoy analiza la Corte. \u00a0<\/p>\n
6. As\u00ed las cosas y \u00a0conforme a las previsiones establecidas en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, se ordenar\u00e1 a la Secretar\u00eda de la \u00a0Sala que remita de inmediato el expediente relativo a la acci\u00f3n \u00a0de tutela incoada por el ciudadano JORGE \u00a0ARMANDO ESTRADA QUINTERO, \u00a0al Juzgado 10\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de \u00a0Conocimiento de Medell\u00edn, para \u00a0que proceda a impartir el tr\u00e1mite correspondiente y desate la \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesta por la Apoderada Especial de Coomeva \u00a0E.P.S. S.A., contra el fallo de tutela proferido \u00a0el 30 de diciembre de 2017 por el Juzgado 27 Penal Municipal con \u00a0Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la citada \u00a0circunscripci\u00f3n territorial. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo \u00a0expuesto, la Corte \u00a0Suprema de Justicia, en Sala de Decisi\u00f3n Penal de Tutelas n.\u00b0 \u00a02, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0DIRIMIR el \u00a0conflicto negativo de competencias asignando el conocimiento de las \u00a0presentes diligencias al Juzgado 10\u00ba Penal del Circuito con \u00a0Funci\u00f3n de Conocimiento de Medell\u00edn, Antioquia, para \u00a0que, sin m\u00e1s dilaciones, proceda \u00a0a \u00a0impartirle el tr\u00e1mite de segunda instancia y profiera decisi\u00f3n \u00a0que corresponda dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00a0el se\u00f1or JORGE \u00a0ARMANDO ESTRADA QUINTERO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0REMITIR \u00a0copia de esta providencia a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, para los \u00a0fines legales que considere pertinentes. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0INFORMAR \u00a0lo \u00a0resuelto en este auto al ciudadano CIRO \u00a0GUTI\u00c9RREZ CAICEDO. \u00a0<\/p>\n
COMUN\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folio 17 del Cuaderno Original Principal de Tutela de Primera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Instancia. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folios 26 a 29. Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folios 32 a 51. Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folio 82. Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folios 84 a 85. Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folios 87 a 89. Ib\u00eddem. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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