\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
AP3209-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a049343 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta No. 246) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la Sala si admite o no la demanda de casaci\u00f3n presentada por \u00a0la defensa de \u00d3SCAR ALEJANDRO BALCAZAR SARMIENTO. \u00a0<\/p>\n
HECHOS: \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0las 5:30 de la ma\u00f1ana del 24 de junio de 2012, en el barrio \u00a0Mar\u00eda Ang\u00e9lica del municipio de Facatativ\u00e1, \u00a0H\u00e9ctor Hern\u00e1n Torres Vanegas fue agredido por tres \u00a0hombres y dos mujeres que lo acusaban de comportamientos libidinosos \u00a0ejercidos respecto de una de ellas. Luego de recibir m\u00faltiples \u00a0golpes, la v\u00edctima logr\u00f3 ingresar a su casa de \u00a0habitaci\u00f3n y, por ello, los agresores lanzaron piedras que \u00a0causaron da\u00f1os a la propiedad avaluados en $200.000. El \u00a0Instituto de Medicina Legal dictamin\u00f3 a Torres Vanegas \u00a0incapacidad m\u00e9dico legal definitiva de 35 d\u00edas sin \u00a0secuelas. \u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0de los atacantes, Deisy Maribel Torres, hija de la v\u00edctima, \u00a0identific\u00f3 a \u00d3SCAR ALEJANDRO BALCAZAR SARMIENTO, quien \u00a0hab\u00eda estudiado con ella en la universidad. \u00a0<\/p>\n
ACTUACI\u00d3N \u00a0PROCESAL: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 25 de agosto de 2015, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de \u00a0Facatativ\u00e1, la \u00a0Fiscal\u00eda imput\u00f3 a \u00d3SCAR ALEJANDRO BALCAZAR \u00a0SARMIENTO la autor\u00eda de los delitos de lesiones personales y \u00a0da\u00f1o en bien ajeno \u2014arts. \u00a0111, 112-2 y 265 del C\u00f3digo Penal\u2014, \u00a0cargos que no fueron aceptados. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Presentado el escrito de acusaci\u00f3n, la consiguiente audiencia \u00a0se llev\u00f3 a cabo el 9 de diciembre de 2015 en el Juzgado \u00a0Primero Penal Municipal de dicho municipio, autoridad que tambi\u00e9n \u00a0adelant\u00f3 la preparatoria y el juicio oral. Cumplida dicha fase \u00a0procesal, el juez anunci\u00f3 el sentido del fallo de car\u00e1cter \u00a0absolutorio respecto del delito de lesiones personales y condenatorio \u00a0en relaci\u00f3n con el punible de da\u00f1o en bien ajeno, por \u00a0el cual le impuso 16 meses de prisi\u00f3n, 6.66 smmlv de multa e \u00a0inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones por \u00a0el mismo lapso. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La sentencia proferida en primera instancia el 14 de abril de 2016 \u00a0fue revocada parcialmente por el Tribunal Superior de Cundinamarca, a \u00a0trav\u00e9s de la decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n, \u00a0expedida el 26 de septiembre del mismo a\u00f1o, y en ella conden\u00f3 \u00a0al acusado como autor del delito de lesiones personales. Redosific\u00f3 \u00a0igualmente la pena, fij\u00e1ndola en 22 meses de prisi\u00f3n y \u00a0multa de 9.66 smmlv. \u00a0<\/p>\n
LA \u00a0DEMANDA: \u00a0<\/p>\n
El \u00a0defensor acusa a la sentencia del Tribunal de \u00abviolar \u00a0directamente la ley por exclusi\u00f3n evidente de las normas \u00a0procedimentales\u00bb. Para \u00a0demostrar el \u00fanico cargo propuesto \u00a0transcribe \u00a0los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 6\u00ba \u00a0del C\u00f3digo Penal y 156, 158, 175 y 457 de la Ley 906 de 2004, \u00a0a partir de los cuales colige que la Fiscal\u00eda \u00abse \u00a0excedi\u00f3 en el t\u00e9rmino que por ley ten\u00eda para \u00a0imputar el delito\u00bb, \u00a0pues los hechos ocurrieron el 24 de junio de 2012 y s\u00f3lo hasta \u00a0el 24 de agosto de 2015 formul\u00f3 imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0situaci\u00f3n, en su opini\u00f3n, \u00abacarrea \u00a0la nulidad constitucional y supra legal\u00bb \u00a0contenida en las normas citadas porque no se debi\u00f3 imputar y \u00a0perseguir al procesado. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El estatuto procesal penal expedido mediante la Ley 906 de 2004 \u00a0se\u00f1ala como condici\u00f3n para admitir la demanda de \u00a0casaci\u00f3n, la satisfacci\u00f3n de exigencias de claridad y \u00a0coherencia argumentativa, cuyo fin es permitirle a la Corte \u00a0establecer sin dificultad cu\u00e1l es el error atribuido al \u00a0sentenciador que ocasiona la violaci\u00f3n de la ley o la \u00a0afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de las \u00a0partes. \u00a0<\/p>\n
Esos \u00a0presupuestos de sustentaci\u00f3n, acorde con lo establecido en los \u00a0art\u00edculos 183 y 184, inciso 2\u00ba, de la Ley 906 de 2004, \u00a0giran en torno a la correcta selecci\u00f3n de la causal invocada y \u00a0al adecuado desarrollo de los cargos formulados a la sentencia \u00a0atacada, para lo \u00a0cual se requiere argumentar cada reproche de manera separada y que \u00a0las razones aducidas correspondan al yerro denunciado. Bajo los \u00a0anteriores par\u00e1metros procede la Sala a analizar la demanda. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Aunque es innegable que el censor, en su condici\u00f3n de defensor \u00a0del procesado, cuenta con inter\u00e9s para pretender en casaci\u00f3n \u00a0la absoluci\u00f3n de su representado o la nulidad de la actuaci\u00f3n, \u00a0es manifiesto que no fundament\u00f3 apropiadamente el cargo \u00a0aducido, pues no demostr\u00f3 que en el tr\u00e1mite se haya \u00a0incurrido en alguna irregularidad procesal de naturaleza sustancial \u00a0que deba enmendarse a trav\u00e9s de la nulidad y, tampoco, que la \u00a0sentencia condenatoria haya sido producto de errores probatorios o \u00a0jur\u00eddicos del fallador. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, aunque la imputaci\u00f3n se formul\u00f3 tres a\u00f1os \u00a0y dos meses despu\u00e9s de radicada la denuncia, esa situaci\u00f3n \u00a0no configura falencia de car\u00e1cter sustancial que imponga \u00a0anular la actuaci\u00f3n por cuanto el plazo de dos a\u00f1os \u00a0mencionado en el art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004, \u00a0modificado la Ley 1453 de 2011, tiene como objetivo promover la \u00a0celeridad del proceso, pero no comporta la terminaci\u00f3n de la \u00a0potestad investigativa de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0ni constituye causal para el archivo autom\u00e1tico del caso, como \u00a0insin\u00faa sin explicar con suficiencia el defensor. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala ha precisado en anteriores oportunidades que el vencimiento de \u00a0t\u00e9rminos no \u00abconstituye \u00a0irregularidad alguna por cuanto la norma no se\u00f1ala que la \u00a0consecuencia del incumplimiento de los plazos all\u00ed previstos \u00a0para adelantar la indagaci\u00f3n sea el archivo del expediente, la \u00a0preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n o la extinci\u00f3n de \u00a0la acci\u00f3n penal\u00bb (CSJ \u00a0AP7723-2014). \u00a0<\/p>\n
El \u00a0citado precepto se orienta, entonces, a promover la actuaci\u00f3n \u00a0diligente durante las diversas fases del proceso penal, incluida la \u00a0etapa de indagaci\u00f3n, estableciendo plazos dentro de los cuales \u00a0el fiscal debe hacer una evaluaci\u00f3n integral del caso en orden \u00a0a decidir si hay m\u00e9rito para imputar, archivar, acusar o \u00a0precluir. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0declarar la exequibilidad de dicha norma, la Corte Constitucional \u00a0se\u00f1al\u00f3 que \u00abla \u00a0disposici\u00f3n controvertida, en la que se establece un plazo de \u00a0dos, tres y cinco a\u00f1os a la fase de indagaci\u00f3n \u00a0preliminar, no vulnera los preceptos constitucionales\u00bb porque \u00a0\u00abel \u00a0establecimiento de l\u00edmites temporales a esta fase del \u00a0procedimiento penal no suprime las facultades y funciones \u00a0investigativas de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y \u00a0eficazmente; tampoco afecta los derechos de las v\u00edctimas a la \u00a0verdad, a la justicia y a la reparaci\u00f3n, porque obliga a las \u00a0instancias judiciales a materializar sus derechos en t\u00e9rminos \u00a0cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo \u00a0puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisi\u00f3n \u00a0debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el art\u00edculo \u00a079 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista \u00a0m\u00e9rito para ello\u00bb (C-893-2012). \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0No hay lugar, en fin, a la admisi\u00f3n de la demanda. Tampoco \u00a0procede superar los defectos para hacer uso de la facultad oficiosa \u00a0contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 184 de la Ley \u00a0906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
Cabe \u00a0advertir que contra la presente decisi\u00f3n procede el mecanismo \u00a0de insistencia de conformidad con lo establecido en la norma acabada \u00a0de mencionar y con las reglas definidas por la Sala de manera \u00a0pac\u00edfica en pronunciamientos anteriores. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
INADMITIR \u00a0la demanda de \u00a0casaci\u00f3n interpuesta por el defensor de \u00d3SCAR ALEJANDRO \u00a0BALCAZAR SARMIENTO. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta determinaci\u00f3n procede el mecanismo de insistencia, en los \u00a0t\u00e9rminos definidos pac\u00edficamente por la jurisprudencia \u00a0de la Sala. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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