\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
AP2064-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n 52085 \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 159 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s \u00a0(23) de mayo de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Corte la petici\u00f3n \u00a0probatoria presentada oportunamente por la Procuradora Segunda \u00a0Delegada para la Casaci\u00f3n Penal1. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
Mediante Nota Verbal 1861 del \u00a014 de noviembre de 2017 la Embajada de los Estados Unidos solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano colombiano EVANGELISTA TORRES CAMPAZ, \u00a0requerido para comparecer a juicio por un delito de tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos, de acuerdo con la acusaci\u00f3n \u00a08:16-cr-457-T-27TBM, dictada el 26 de octubre de 2016, en la Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. \u00a0<\/p>\n
Con fundamento en esa petici\u00f3n \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n decret\u00f3, \u00a0mediante Resoluci\u00f3n del 20 de noviembre de 2017, la captura \u00a0con fines de extradici\u00f3n de EVANGELISTA TORRES CAMPAZ. \u00c9sta \u00a0se hizo efectiva el 29 de ese mes, en el aeropuerto Olaya Herrera de \u00a0la ciudad de Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n
Por medio de la Nota Verbal \u00a00145 del 26 de enero de 2018, la Representaci\u00f3n Diplom\u00e1tica \u00a0de los Estados Unidos formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del se\u00f1or TORRES CAMPAZ. \u00a0<\/p>\n
A su vez, el Ministerio de \u00a0Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI 0270 del 29 de enero de 2018, \u00a0dirigido a la Cartera de Justicia y del derecho, conceptu\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00abConforme a lo \u00a0establecido en nuestra legislaci\u00f3n procesal penal interna, se \u00a0informa que es del caso proceder con sujeci\u00f3n a las \u00a0convenciones de las cuales son parte la Rep\u00fablica de Colombia \u00a0y los Estados Unidos de Am\u00e9rica: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
* La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cConvenci\u00f3n de Naciones Unidas contra el tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0il\u00edcito de estupefacientes y sustancias sicotr\u00f3picas\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 [\u2026].<\/p>\n
* La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delincuencia Organizada Transnacional\u201d, adoptada en New York, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el 27 de noviembre de 2000 [\u2026]. \u00a0<\/p>\n
[\u2026] De conformidad \u00a0con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los art\u00edculos \u00a0491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las \u00a0Convenciones aludidas, el tr\u00e1mite se regir\u00e1 por lo \u00a0previsto en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0<\/p>\n
Por su parte, el Jefe de la \u00a0Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho, con oficio OFI18-0002862-DAI-1100 del 2 de febrero de 2018, \u00a0remiti\u00f3 a esta Corte la solicitud de extradici\u00f3n con la \u00a0documentaci\u00f3n reunida. \u00a0<\/p>\n
El 6 de febrero de 2018 la Sala \u00a0asumi\u00f3 el conocimiento del asunto y requiri\u00f3 al se\u00f1or \u00a0TORRES CAMPAZ la designaci\u00f3n de apoderado. Ante \u00a0su silencio se ofici\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo para \u00a0que designara defensor p\u00fablico, por lo que tom\u00f3 \u00a0posesi\u00f3n del cargo el doctor Edilbardo Rojas Ojeda. \u00a0<\/p>\n
No obstante, el 14 de marzo de \u00a02018 el requerido confiri\u00f3 poder a la abogada Ruth Garc\u00eda \u00a0Rojas \u00a0para que lo representara, y tras allegar el documento \u00a0respectivo se le reconoci\u00f3 personer\u00eda \u00a0y se dispuso surtir el traslado previsto en el art\u00edculo 500 de \u00a0la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
PETICIONES PROBATORIAS: \u00a0<\/p>\n
En el t\u00e9rmino conferido, \u00a0la \u00a0procuradora segunda delegada para la casaci\u00f3n penal \u00a0pidi\u00f3 que se oficie \u00a0a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para \u00a0que informe si contra el se\u00f1or EVANGELISTA TORRES CAMPAZ se \u00a0sigue alguna investigaci\u00f3n o juicio por alg\u00fan delito \u00a0relacionado con el \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0de estupefacientes, \u00a0lavado de activos o concierto para delinquir con el prop\u00f3sito \u00a0de determinar si existe o no desconocimiento a la prohibici\u00f3n \u00a0de doble incriminaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La defensa guard\u00f3 \u00a0silencio. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pruebas en el Tr\u00e1mite de Extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Trat\u00e1ndose de un \u00a0concepto sobre la viabilidad de una extradici\u00f3n, conforme al \u00a0art\u00edculo 502 de la Ley 906 de 2004, la Corte debe concentrarse \u00a0en corroborar la demostraci\u00f3n de la plena identidad del \u00a0solicitado, la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada \u00a0como soporte de la solicitud, la observancia del principio de doble \u00a0incriminaci\u00f3n, la equivalencia de la providencia extranjera \u00a0con la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n colombiana, y el \u00a0cumplimiento de los tratados, si fuere el caso. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, la Sala tiene \u00a0establecido que se debe constatar si en Colombia se profiri\u00f3 \u00a0decisi\u00f3n con fuerza de cosa juzgada por los mismos hechos que \u00a0sustentan la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La aducci\u00f3n y pr\u00e1ctica \u00a0de pruebas al interior del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n se \u00a0rige por las pautas generales que regulan el recaudo probatorio en el \u00a0procedimiento penal, imponi\u00e9ndose el an\u00e1lisis de la \u00a0conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de convicci\u00f3n \u00a0solicitados, de cara a los puntuales aspectos que la Corte debe \u00a0abordar al emitir su concepto. \u00a0<\/p>\n
Por ende, si las pruebas \u00a0solicitadas no guardan relaci\u00f3n con esos temas, versan sobre \u00a0hechos claramente impertinentes o carecen de utilidad, deben ser \u00a0desestimadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la solicitud de pruebas. \u00a0<\/p>\n
Precisados los par\u00e1metros \u00a0bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en el \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, resulta evidente que no \u00a0puede admitirse la pretensi\u00f3n del Ministerio P\u00fablico \u00a0relacionada con el presunto juzgamiento previo por parte de las \u00a0autoridades nacionales, porque no ostenta pertinencia ni utilidad. \u00a0<\/p>\n
Ello, por cuanto el imperativo \u00a0de verificar la existencia de una decisi\u00f3n judicial anterior y \u00a0de fondo respecto de los mismos hechos que motivan el requerimiento, \u00a0procede s\u00f3lo cuando existe evidencia sobre la probable \u00a0afectaci\u00f3n del principio del debido proceso por \u00a0desconocimiento de la cosa juzgada. \u00a0<\/p>\n
En ese orden, le correspond\u00eda \u00a0al solicitante aportar informaci\u00f3n concreta sobre la autoridad \u00a0ante la cual se adelant\u00f3 el juzgamiento o cualquier otro medio \u00a0de convicci\u00f3n que permita suponer la existencia de decisi\u00f3n \u00a0ejecutoriada sobre el mismo asunto. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, en el caso bajo \u00a0examen no se brindaron datos concretos y reales sobre el ejercicio \u00a0precedente de la jurisdicci\u00f3n por parte de alguna autoridad \u00a0judicial en Colombia en relaci\u00f3n a los mismos hechos por los \u00a0que el gobierno de Estados Unidos de Am\u00e9rica requiri\u00f3 \u00a0la extradici\u00f3n de \u00a0EVANGELISTA TORRES CAMPAZ. \u00a0As\u00ed las cosas, resulta improcedente acceder a una petici\u00f3n \u00a0probatoria fundada en especulaciones. \u00a0<\/p>\n
Tampoco \u00a0observa la Sala indicio alguno que permita advertir la posible \u00a0afectaci\u00f3n del principio del non \u00a0bis in \u00eddem, \u00a0pues, como se expuso en precedencia, el requerido fue capturado \u00a0cuando se encontraba en libertad y su defensora ninguna alusi\u00f3n \u00a0hizo a la existencia de un tr\u00e1mite penal en nuestro pa\u00eds, \u00a0por la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica en raz\u00f3n de la \u00a0cual fue pedido en extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Se negar\u00e1, por tanto, \u00a0tal pretensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La Corte no \u00a0observa necesario incorporar, de oficio, ning\u00fan elemento \u00a0probatorio. \u00a0<\/p>\n
4. Se \u00a0ordenar\u00e1 que una vez cobre ejecutoria esta providencia, se d\u00e9 \u00a0traslado a los intervinientes por el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas, \u00a0para alegar, de conformidad con lo se\u00f1alado en el inciso \u00a0tercero del art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo \u00a0expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NEGAR por \u00a0improcedentes las pruebas requeridas por la Procuradur\u00eda \u00a0Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En firme, c\u00f3rrase \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0traslado por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas a los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0intervinientes, para que presenten alegatos. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Contra este auto procede el recurso de reposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y \u00a0C\u00daMPLASE. \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ \u00a0BARBOSA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ \u00a0CARLIER \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A \u00a0VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO \u00a0CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En el presente caso se aplica la Ley 906 de 2004 por cuanto los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hechos que sustentan la petici\u00f3n de extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tuvieron lugar desde junio de 2014 hasta octubre de 2016, \u00e9poca \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la cual estaba vigente ese ordenamiento procesal penal. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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