\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
AP1592-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicado \u00a0N\u00b0 52372. \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0127. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
V \u00a0I S T O S \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte se pronuncia respecto del recurso de apelaci\u00f3n concedido \u00a0por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Buga, al defensor de Jimmy \u00a0Leonardo Herrera Hern\u00e1ndez, en \u00a0contra del fallo de segundo grado proferido por esa Corporaci\u00f3n \u00a0el 14 de noviembre del 2017, que revoc\u00f3 la sentencia \u00a0absolutoria emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de \u00a0Palmira, con Funciones de Conocimiento, y en su lugar lo conden\u00f3 \u00a0a la pena de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n, multa en cuant\u00eda \u00a0equivalente a 100 s.m.l.m.v., y la accesorias de inhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el \u00a0mismo lapso de la pena privativa de la libertad, luego de hallarlo \u00a0autor responsable del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o \u00a0porte de estupefacientes. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0N T E C E D E N T E S \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. F\u00e1cticos \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0hechos fueron narrados en el fallo de condena emitido por el \u00a0Tribunal, de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
\u00abEl \u00a06 de mayo de 2013 la Fiscal\u00eda 149 seccional de Palmira (Valle) \u00a0present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n en el cual narr\u00f3 \u00a0que el 19 de febrero de 2010 la Doctora EVELIN VALENCIA SAAVEDRA en \u00a0su calidad de Procuradora Judicial 307 de Palmira dej\u00f3 \u00a0constancia seg\u00fan la cual en el proceso 76520600018021000343 el \u00a0Patrullero JIMMY LEONARDO HERRERA realiz\u00f3 prueba de PIPH a \u00a0sustancia estupefaciente identificada como coca\u00edna, la que en \u00a0una balanza marca RANGER dio peso bruto de 1.092 gramos y peso neto \u00a0de 992 gramos, pero al disponerse a efectuar la destrucci\u00f3n de \u00a0la misma pes\u00f3 792 gramos netos; se pes\u00f3 nuevamente la \u00a0sustancia en una balanza marca OHAUSE, dando peso de 804.3 gramos \u00a0netos; ante esa situaci\u00f3n se solicit\u00f3 al Sub Intendente \u00a0WILLINGTON GAMBO\u00c1 revisi\u00f3n de las instalaciones de la \u00a0SIJIN; se encontr\u00f3, detr\u00e1s de un computador, terrones \u00a0de coca\u00edna h\u00fameda que pesaron 10 gramos, tambi\u00e9n \u00a04 bolsitas que conten\u00edan coca\u00edna\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Procesales \u00a0<\/p>\n
Previa \u00a0solicitud1 \u00a0de la Fiscal 52 Seccional de Palmira, el 19 de diciembre de 2012 se \u00a0celebr\u00f3 ante el Juzgado \u00a0S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas \u00a0de esa ciudad, audiencia \u00a0preliminar de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n contra Jimmy \u00a0Leonardo Herrera Hern\u00e1ndez, a \u00a0quien se le imput\u00f3 la comisi\u00f3n del \u00a0delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de \u00a0estupefacientes, en la modalidad de conservar (art. \u00a0376, inciso 3\u00ba, de la Ley 599 de 2000)2; \u00a0cargos que no fueron aceptados por el procesado3. \u00a0<\/p>\n
El \u00a06 de mayo del 2013, el ente acusador present\u00f3 escrito de \u00a0acusaci\u00f3n4; \u00a0le correspondi\u00f3 adelantar la etapa del juicio al Juzgado \u00a0Tercero Penal del Circuito, con Funciones de Conocimiento de Palmira \u00a0\u2013 Valle-, ante el cual se llev\u00f3 a cabo la audiencia de \u00a0formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 12 de junio de 2014, y la \u00a0preparatoria el 24 de octubre de ese mismo a\u00f1o. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0juicio oral inici\u00f3 el 24 de abril del 2017, y culmin\u00f3 \u00a0al d\u00eda siguiente con el anuncio del sentido del fallo de \u00a0car\u00e1cter \u00a0absolutorio. \u00a0La lectura de la sentencia5 \u00a0tuvo lugar el 6 de julio del 2017; en ella se absolvi\u00f3 a Jimmy \u00a0Leonardo Herrera Hern\u00e1ndez, del \u00a0delito por el que hab\u00eda sido acusado. \u00a0<\/p>\n
Recurrida \u00a0la decisi\u00f3n por la fiscal\u00eda y el ministerio p\u00fablico, \u00a0en prove\u00eddo de 14 de noviembre del 2017, la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, revoc\u00f3 el \u00a0fallo confutado para, en su lugar, condenar a Jimmy \u00a0Leonardo Herrera Hern\u00e1ndez, a \u00a0las penas de 6 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n, multa en cuant\u00eda equivalente a 100 s.m.l.m.v., \u00a0y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos \u00a0y funciones p\u00fablicas, por el mismo lapso de la pena privativa \u00a0de la libertad, luego de hallarlo autor responsable del delito de \u00a0tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0la parte resolutiva del fallo en cuesti\u00f3n, el Tribunal indic\u00f3 \u00a0lo siguiente: \u00abContra \u00a0lo decidido procede recurso de casaci\u00f3n que se podr\u00e1 \u00a0interponer dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la \u00faltima \u00a0notificaci\u00f3n de esta sentencia6\u00bb. \u00a0El \u00a05 de diciembre de 20177, \u00a0se recibi\u00f3 memorial suscrito por el defensor del procesado, \u00a0mediante el cual interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a019 de enero de 20188, \u00a0el procesado Jimmy \u00a0Leonardo Herrera Hern\u00e1ndez solicit\u00f3 \u00a0la nulidad del numeral tercero de la sentencia de segunda instancia, \u00a0para que se conceda el recurso de apelaci\u00f3n, conforme lo \u00a0dispone la Corte Constitucional en la sentencia CC C-792\/14. Ello \u00a0gener\u00f3 que el ad-quem, \u00a0mediante \u00a0auto del 23 de enero de este a\u00f1o ordenara: \u00abnotificar \u00a0a las partes e intervinientes que contra dicha sentencia procede \u00a0recurso de apelaci\u00f3n, el cual se podr\u00e1 interponer \u00a0dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n \u00a0de este auto\u2026\u00bb9. \u00a0<\/p>\n
El \u00a031 de enero del 2018, el defensor del procesado interpuso y sustent\u00f3 \u00a0el recurso de apelaci\u00f3n10, \u00a0el cual fue concedido por el Tribunal, ante esta Corporaci\u00f3n, \u00a0mediante auto del 26 de febrero11. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte rechazar\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por \u00a0el defensor de Jimmy \u00a0Leonardo Herrera Hern\u00e1ndez, contra \u00a0la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 14 de noviembre \u00a0del 2017, dado que en la legislaci\u00f3n procesal penal vigente no \u00a0se encuentra regulada la forma de impugnaci\u00f3n a la que hizo \u00a0alusi\u00f3n la Corte Constitucional en la sentencia CC C- 792\/14; \u00a0adem\u00e1s, porque no hace parte del \u00e1mbito de las \u00a0competencias de esta Corporaci\u00f3n lo atinente a definir las \u00a0reglas que permitan su implementaci\u00f3n, atendiendo las \u00a0siguientes razones, expuestas en la decisi\u00f3n CSJ AP080-2018, \u00a0rad. 51690: \u00a0<\/p>\n
\u00abEn \u00a0la referida decisi\u00f3n, la Corte Constitucional declar\u00f3 \u00a0la inexequibilidad de varios art\u00edculos de la Ley 906 de 2004, \u00a0por cuanto omit\u00edan la posibilidad de impugnar todas las \u00a0sentencias condenatorias, por lo que exhort\u00f3 al \u00a0legislador para \u00a0que en el plazo de un a\u00f1o, contado a partir de la notificaci\u00f3n \u00a0del fallo, regulara el derecho a impugnar las sentencias penales \u00a0condenatorias dictadas por primera vez en cualquier estadio procesal, \u00a0y precis\u00f3 que de incumplir este deber, se entender\u00eda \u00a0que la impugnaci\u00f3n proced\u00eda ante el superior jer\u00e1rquico \u00a0o funcional de quien impuso la condena; sin que el Congreso hubiese \u00a0cumplido tal orden, en el t\u00e9rmino all\u00ed establecido, lo \u00a0que impide materializar \u00a0esa posibilidad, as\u00ed en la parte sustancial de la referida \u00a0sentencia de exequibilidad, dicho alto Tribunal haya se\u00f1alado \u00a0que procede la mencionada alzada, incluso, para el caso en que se \u00a0desatendiera, como sucedi\u00f3, su exhorto al legislativo. \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corte de manera reiterada (CSJ AP4428-2016, rad. 48012; CSJ \u00a0AP4810-2016, rad. 48442; CSJ \u00a0AP, 25 May 2016, Rad. 37858, CSJ AP, 18 May 2016, Rad. 39156; CSJ AP \u00a025 May 2016, Rad. 37858, CSJ AP 27 Jul 2016, Rad. 48406; CSJ \u00a0AP6417-2017, rad. 50517, entre otras), \u00a0ha anotado lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00ab1. La Corte \u00a0Constitucional, en la Sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, que \u00a0el tribunal cita, declar\u00f3 la inexequibilidad de varios \u00a0art\u00edculos de la Ley 906 de 2004, por d\u00e9ficit normativo, \u00a0en cuanto omit\u00edan la posibilidad de impugnar todas las \u00a0sentencias condenatorias, y difiri\u00f3 sus efectos a un (1) a\u00f1o, \u00a0contado a partir de su notificaci\u00f3n, que se cumpli\u00f3 \u00a0entre el 22 y el 24 de abril del 2015. \u00a0<\/p>\n
2. En la misma \u00a0decisi\u00f3n, exhort\u00f3 al Congreso de la Rep\u00fablica \u00a0para que en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir de \u00a0la notificaci\u00f3n del edicto del fallo, regulara el derecho a \u00a0impugnar las sentencias penales condenatorias dictadas por primera \u00a0vez en cualquier estadio procesal, y aclar\u00f3 que de incumplir \u00a0este deber, se entender\u00eda que la impugnaci\u00f3n proced\u00eda \u00a0ante el superior jer\u00e1rquico o funcional de quien impuso la \u00a0condena. \u00a0<\/p>\n
3. En la sentencia \u00a0de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, al \u00a0delimitar los efectos y alcances de la sentencia C-792 de 2014, \u00a0precis\u00f3 (i) que surt\u00eda efectos desde el 25 de abril de \u00a02016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir \u00a0de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, \u00a0(iii) que aunque en ella solo se hab\u00eda resuelto el problema de \u00a0las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, deb\u00eda \u00a0entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al \u00a0legislador para que regulara en general la impugnaci\u00f3n de las \u00a0condenas impuestas por primera vez en cualquier estadio del proceso \u00a0penal, y (iv) que la Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en \u00a0su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancia de \u00a0cada caso, deb\u00eda definir la forma de garantizar el derecho a \u00a0impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal. \u00a0<\/p>\n
4. La Sala Plena \u00a0de Corte Suprema de Justicia, en sesi\u00f3n de fecha \u00a028 de abril \u00a0de 2016, aprob\u00f3 el comunicado 08\/2016, en el que precis\u00f3 \u00a0que la pretensi\u00f3n de la Corte Constitucional, plasmada en la \u00a0sentencia C-792 de 2014, de implementar, a partir del vencimiento del \u00a0t\u00e9rmino de un \u00a0a\u00f1o, la impugnaci\u00f3n en todos los \u00a0casos en que se dictara sentencia condenatoria por primera vez, \u00a0resultaba irrealizable, porque ni la Corte, ni autoridad judicial \u00a0alguna contaba con facultades para introducir reformas o definir \u00a0reglas que permitieran poner en pr\u00e1ctica este derecho. \u00a0<\/p>\n
5. En la misma \u00a0direcci\u00f3n se ha pronunciado la Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0en el entendido que una orden de la naturaleza de la que contienen \u00a0las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una \u00a0reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso, \u00a0por cuanto implica suplir un d\u00e9ficit legal normativo que \u00a0incluir\u00eda la redefinici\u00f3n de funciones, la creaci\u00f3n \u00a0de nuevos \u00f3rganos judiciales y la redistribuci\u00f3n de \u00a0competencias, entre otros aspectos.12 \u00a0<\/p>\n
6. En el caso que \u00a0se estudia, el Tribunal Superior de Pereira, arrog\u00e1ndose \u00a0competencias que no tiene, resolvi\u00f3 sustituir el recurso de \u00a0casaci\u00f3n por uno de apelaci\u00f3n, y por esta v\u00eda, \u00a0asignarle a esta Sala una competencia que la normatividad vigente no \u00a0le otorga, con desconocimiento del ordenamiento procesal penal \u00a0vigente, que no prev\u00e9 el recurso de apelaci\u00f3n contra \u00a0sentencias de segunda instancia, ni habilita a la Sala para actuar \u00a0como tribunal de apelaci\u00f3n en estos casos\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, mediante el Acto Legislativo 01 del 18 de enero del 2018, se \u00a0modific\u00f3, entre otros, el art\u00edculo 235 de la \u00a0Constituci\u00f3n Nacional, \u00a0as\u00ed: \u00a0<\/p>\n
\u00abArt\u00edculo \u00a03\u00b0. Modificar el art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: Art\u00edculo \u00a0235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1. Actuar como \u00a0tribunal de casaci\u00f3n. 2. Conocer del derecho de impugnaci\u00f3n \u00a0y del recurso de apelaci\u00f3n en materia penal, conforme lo \u00a0determine la ley. \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Resolver, a trav\u00e9s de una Sala integrada por tres Magistrados \u00a0de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y \u00a0que no hayan participado \u00a0en \u00a0la decisi\u00f3n, conforme lo determine la ley, la solicitud de \u00a0doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia \u00a0proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos \u00a0a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente art\u00edculo, \u00a0o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales \u00a0Superiores o Militares\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, \u00a0aunque no se discute la naturaleza de la normatividad, \u00a0expedida por el Congreso de la Rep\u00fablica y promulgada en \u00a0debida forma, de lo que se deduce su validez, esta requiere de una \u00a0ley que regule y determine el procedimiento a adelantar, entre otros \u00a0aspectos, para hacer efectivo el principio de doble conformidad. \u00a0Empero, es esta una labor legislativa que a\u00fan no se ha \u00a0adelantado, raz\u00f3n por la cual perviven los mismos motivos que \u00a0se esbozaron atr\u00e1s para asumir la imposibilidad de abordar, \u00a0por el mecanismo de la simple apelaci\u00f3n, el examen de la \u00a0condena proferida en segunda instancia por el Tribunal \u00a0<\/p>\n
Esto es, se \u00a0reitera, no existe al presente una normatividad contextualizada que \u00a0permita a la Corte examinar en sede de doble conformidad, la \u00a0sentencia proferida en segunda instancia por el ad-quem. \u00a0<\/p>\n
Y, desde luego, no \u00a0es posible acudir a criterios anal\u00f3gicos para materializar la \u00a0figura en cuesti\u00f3n, dado que el mecanismo ordinario no \u00a0consulta todas las aristas y finalidades del principio de la doble \u00a0conformidad y, cabe relevar, tampoco permite resolver aspectos \u00a0problem\u00e1ticos que pueden surgir, entre otros, de la facultad \u00a0que tienen las otras partes de acudir al mecanismo casacional. \u00a0<\/p>\n
Nada \u00a0m\u00e1s debe a\u00f1adir la Sala, pues, se reitera, con el \u00a0irregular tr\u00e1mite ofrecido a la defensa por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, no solo asumi\u00f3 \u00a0una competencia jam\u00e1s deferida por la ley, sino que, adem\u00e1s, \u00a0desquici\u00f3 el procedimiento ordinario, creando un recurso que a \u00a0la fecha no ha sido regulado. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta manera, siendo patente que en contra de la sentencia de segunda \u00a0instancia, solo opera actualmente el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n, el cual pas\u00f3 a segundo plano en este caso \u00a0para introducirse un mecanismo ordinario a\u00fan no reglamentado, \u00a0debe la Corte devolver la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen, a \u00a0efecto de que se surta el t\u00e9rmino para que las partes puedan, \u00a0si es su voluntad, recurrir en casaci\u00f3n, de acuerdo a las \u00a0disposiciones contenidas en los art\u00edculos 32, 181 y 184 de la \u00a0Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anteriormente expuesto, la Corte \u00a0Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0<\/p>\n
R \u00a0E S U E L V E \u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0RECHAZAR, \u00a0por improcedente, el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el \u00a0defensor de Jimmy \u00a0Leonardo Herrera Hern\u00e1ndez, contra \u00a0la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 14 de \u00a0noviembre del 2017. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0DEVOLVER \u00a0el tr\u00e1mite surtido al Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Buga, a fin de que restablezca los t\u00e9rminos de ejecutoria \u00a0de la sentencia para la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, \u00a0con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 183 de la \u00a0Ley 906 de 2004, modificado por el 98 de la Ley 1395 de 2010, \u00a0conforme se indic\u00f3 en la motivaci\u00f3n que precede. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta decisi\u00f3n no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A folios 2 y 3, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0record 16:42, sesi\u00f3n de audiencia preliminar del 19 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0diciembre del 2012. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0record 45:23, Ib. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A folios 57 a 66, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A folios 215 a 251, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A folio 313, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folio 329, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folios 340 a 344, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folio 345, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folios 359 a 367, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folio 371, carpeta principal. \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP, 18 de mayo de 2016, rad. 39156; CSJ AP3280-2016, rad. 37858, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otras. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 AP1592-2018 \u00a0 Radicado \u00a0N\u00b0 52372. \u00a0 Acta \u00a0127. \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018). \u00a0 V \u00a0I S T O S \u00a0 La \u00a0Corte se pronuncia respecto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-35216","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-27"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35216"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35216\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}