\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AP4382-2014 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44276 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 243\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de \u00a0julio de dos mil catorce (2014) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La Corte se pronuncia \u00a0sobre la incompetencia declarada por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Medell\u00edn, para resolver el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0interpuesto por la Fiscal 65 Seccional de Amag\u00e1 (Antioquia), contra la sentencia absolutoria dictada el 27 de agosto de 2013 por el \u00a0Juzgado Promiscuo del Circuito de Titirib\u00ed (Antioquia), a favor \u00a0del procesado ARNOBY DE JES\u00daS ZAPATA PARRA, por el delito de tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0RELEVANTES \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Por hechos \u00a0ocurridos en Titirib\u00ed (Antioquia), \u00a0el 27 de agosto de 2013 el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa localidad \u00a0profiri\u00f3 sentencia absolutoria a favor de ARNOBY DE JES\u00daS ZAPATA PARRA por el \u00a0delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes[1]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Contra la anterior \u00a0decisi\u00f3n, la Fiscal 65 Seccional interpuso \u00a0y sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que la carpeta fue enviada a la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Antioqu\u00eda. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. El 29 de mayo del \u00a0a\u00f1o en curso, el Magistrado Ponente de la Corporaci\u00f3n precitada, en \u00a0cumplimiento del Acuerdo No. PSAA14-10145 de 28 de abril de 2014 emitido por la \u00a0Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura[2], \u00a0remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn[3]. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. \u00a0El 16 de julio siguiente, la Sala Penal del Tribunal de Medell\u00edn[4] se \u00a0declar\u00f3 incompetente territorialmente para desatar la alzada, argumentando una \u00a0excepci\u00f3n de inconstitucionalidad del mencionado Acuerdo, tras considerar que \u00a0si bien la Sala Administrativa tiene competencia para hacer redistribuci\u00f3n de \u00a0procesos entre los diversos despachos judiciales de igual categor\u00eda, no puede \u00a0en uso de facultades irrespetar la competencia territorial exigida en la norma \u00a0estatutaria (art\u00edculo 63 \u00a0de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 15 de la Ley 1285 de 2009), la cual hace parte del bloque de constitucionalidad, \u00a0so pena de vulnerar el debido proceso, lo cual ocurri\u00f3 en este caso, toda vez \u00a0que los hechos ocurrieron en el municipio de Titirib\u00ed, perteneciente a la \u00a0jurisdicci\u00f3n del Distrito Judicial de Antioquia y no de Medell\u00edn, por lo que \u00a0remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a esta Sala de Casaci\u00f3n Penal a fin de que defina la \u00a0competencia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Al tenor de lo normado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 32 de \u00a0la Ley 906 de \u00a02004, la Sala est\u00e1 facultada para dirimir la controversia suscitada, dado que \u00a0los Tribunales involucrados pertenecen a distritos judiciales diferentes. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Conforme al canon 54 del estatuto procesal, el incidente \u00a0de definici\u00f3n de competencia constituye un mecanismo \u00e1gil y expedito a trav\u00e9s \u00a0del cual el superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este \u00a0presupuesto procesal, -la cual puede surgir a iniciativa del funcionario \u00a0judicial o de las partes-, dilucida a qui\u00e9n debe asign\u00e1rsele el conocimiento de \u00a0la actuaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En orden a adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, \u00a0impera recordar en primer lugar que el concepto de bloque de constitucionalidad, fue sistematizado en la sentencia C \u2013 \u00a0225 de 1995, pronunciamiento reiterado en la jurisprudencia constitucional \u00a0posterior sobre la materia, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El bloque de constitucionalidad est\u00e1 \u00a0compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el \u00a0articulado del texto constitucional, son utilizados como par\u00e1metros del control \u00a0de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente \u00a0integrados a la Constituci\u00f3n, por diversas v\u00edas y por mandato de la propia \u00a0Constituci\u00f3n. Son pues verdaderos\u00a0principios y reglas de valor \u00a0constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a \u00a0pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reformas diversas al de las \u00a0normas del articulado constitucional\u00a0stricto sensu. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La evoluci\u00f3n del instituto jur\u00eddico en comento implic\u00f3, \u00a0entre otras, la distinci\u00f3n entre el bloque de constitucionalidad en sentido \u00a0estricto y en sentido lato. El primero, \u00abse \u00a0encuentra conformado por aquellos principios y normas\u00a0de valor constitucional, los que se \u00a0reducen al texto de la Constituci\u00f3n propiamente dicha y a los tratados \u00a0internacionales que consagren derechos humanos cuya limitaci\u00f3n se encuentre \u00a0prohibida durante los estados de excepci\u00f3n\u00bb; en tanto el segundo \u00abestar\u00eda \u00a0conformado no s\u00f3lo por el articulado de la Constituci\u00f3n sino, entre otros, por \u00a0los tratados internacionales de que trata el art\u00edculo 93 de la Carta, por las \u00a0leyes org\u00e1nicas y, en algunas \u00a0ocasiones, por las leyes estatutarias\u00bb. (Sentencia C \u2013 191 de 1998. \u00a0\u00c9nfasis propio). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La integraci\u00f3n de las leyes estatutarias al bloque de \u00a0constitucionalidad no es una regla general sino una excepci\u00f3n, que opera exclusivamente cuando una disposici\u00f3n \u00a0de rango superior as\u00ed lo indica. El m\u00e1ximo Tribunal Constitucional lo ha \u00a0precisado de la siguiente manera: \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De los criterios jurisprudenciales \u00a0expuestos, se destaca el hecho de que algunas leyes pueden integrar el \u00a0mencionado bloque de constitucionalidad en sentido\u00a0lato, siempre que la propia Carta lo haya ordenado, en \u00a0forma directa y espec\u00edfica, de manera que sus mandatos sean respetados por las \u00a0leyes ordinarias y logren instituirse como par\u00e1metros de un control de \u00a0constitucionalidad sobre las mismas. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De manera pues que, el apoyo del \u00a0demandante en el fallo de constitucionalidad C-191 de 1998, para afirmar \u00a0categ\u00f3ricamente que la Ley 270 de 1996\u00a0\u201cEstatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d\u00a0-en los \u00a0art\u00edculos que el actor menciona y en forma determinante- integra el bloque de \u00a0constitucionalidad, fue equivocado por no haber existido en la misma referencia \u00a0ni an\u00e1lisis pertinente que permitiera llegar a esa conclusi\u00f3n. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Con base en los criterios \u00a0jurisprudenciales mencionados y el contenido normativo de esas preceptivas \u00a0legales, la Sala concluye que las mismas no pueden invocarse como transgredidas \u00a0por la disposici\u00f3n\u00a0sub examine, \u00a0en cuanto no integran el bloque de constitucionalidad\u00a0lato sensu\u00a0, pues debe \u00a0insistirse en que no todo el contenido de una ley estatutaria es apto para \u00a0ostentar esa condici\u00f3n, s\u00f3lo es viable a trav\u00e9s de un mandato expreso del \u00a0Constituyente de 1991 que apunte hacia esa direcci\u00f3n y en la Carta Pol\u00edtica no \u00a0se observa canon alguno que las reconozca como reglas de valor constitucional. \u00a0(Sentencia C \u2013 708 de 1999. Subrayas \u00a0propias). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El mismo error detectado en aquella oportunidad por la \u00a0Alta Corporaci\u00f3n se presenta en la interpretaci\u00f3n ofrecida por la Sala Penal \u00a0del Tribunal de Medell\u00edn, pues su planteamiento se basa en que el Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura es \u00a0inconstitucional, en tanto desconoce el art\u00edculo 63 de la Ley 270 de 1996, que \u00a0en virtud de la modificaci\u00f3n introducida por el canon 15 de la Ley 1285 de \u00a02009, establece: \u00abel \u00a0Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional \u00a0y la competencia territorial podr\u00e1 redistribuir los asuntos que los \u00a0Tribunales y Juzgados tengan para fallo asign\u00e1ndolos a despachos de la misma \u00a0jerarqu\u00eda que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo \u00a0permita\u00bb (resalto fuera del texto \u00a0original). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0conclusi\u00f3n obtenida es err\u00f3nea, dado que parte de la equivocada premisa, seg\u00fan \u00a0la cual la disposici\u00f3n en comento hace parte del bloque de constitucionalidad. \u00a0Como se expuso, aunque est\u00e9 contenida en la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n \u00a0de Justicia, para que fuera tomada como criterio de constitucionalidad tendr\u00eda \u00a0que existir autorizaci\u00f3n expresa en la Carta Pol\u00edtica, pero \u00e9sta no fue \u00a0consagrada en ning\u00fan apartado del texto superior. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, cuando el Tribunal de Medell\u00edn opt\u00f3 por inaplicar \u00a0el acuerdo mencionado haciendo uso del control difuso de constitucionalidad, \u00a0tambi\u00e9n denominado excepci\u00f3n de inconstitucionalidad; en realidad no lo \u00a0confront\u00f3 con una norma de rango constitucional, sino legal. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Si ello es as\u00ed, como en efecto lo es, la consecuencia \u00a0l\u00f3gica es que no le estaba dado a aquella colegiatura desconocer el contenido \u00a0del acto administrativo emanado del Consejo Superior de la Judicatura, pues no \u00a0le correspond\u00eda decidir si se ajustaba o no a las previsiones de la Ley 270 de \u00a01996, ya que la facultad para tal efecto es del resorte exclusivo de la \u00a0jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el mismo sentido, el incidente de definici\u00f3n de \u00a0competencia no es el escenario pertinente para efectuar el juicio de legalidad \u00a0de los acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, dado que \u00a0ello desbordar\u00eda el \u00e1mbito de injerencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, e \u00a0invadir\u00eda indebidamente el de la justicia contenciosa administrativa. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En desarrollo de lo anterior, en pret\u00e9ritas oportunidades \u00a0se ha reconocido que \u00abel \u00a0Consejo Superior de la Judicatura ostenta la expresa facultad para reasignar \u00a0los procesos cuando la congesti\u00f3n de determinados despachos judiciales lo \u00a0ameritan\u00bb, por lo \u00a0que los acuerdos a trav\u00e9s de los cuales se materializa dicha funci\u00f3n, ostentan \u00a0el rango de normas atributivas de competencia (Cfr. CSJ SP, 22 Ene 2014, Rad. \u00a038725). \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el presente asunto, el art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura, \u00a0orden\u00f3 \u00abtrasladar 260 procesos en estado de fallo de Ley 906, de \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, a excepci\u00f3n del despacho de \u00a0la Dra. Nancy \u00c1vila, del m\u00e1s reciente al menos reciente, para ser distribuidos \u00a0entre 13 despachos de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Medell\u00edn\u00bb. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Dicho acto administrativo se encuentra vigente y es de \u00a0obligatorio acatamiento, pues su legalidad se presume hasta tanto el juez \u00a0natural no resuelva lo contrario. En cumplimiento de dicho mandato, es posible \u00a0e incluso imperativo, exceptuar la regla general de competencia territorial \u00a0para la resoluci\u00f3n de aquellas 260 actuaciones, una de las cuales es \u00a0precisamente la que motiva el presente pronunciamiento. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En tales condiciones, resulta claro que no est\u00e1n dados los \u00a0presupuestos para resolver el incidente de definici\u00f3n de competencia propuesto \u00a0por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, a donde se \u00a0remitir\u00e1n de inmediato, para que d\u00e9 estricto cumplimiento al Acuerdo tantas \u00a0veces mencionado. Esta determinaci\u00f3n ser\u00e1 comunicada a su hom\u00f3loga con \u00a0jurisdicci\u00f3n en el departamento de Antioquia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo \u00a0expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ABSTENERSE de \u00a0pronunciarse sobre el incidente de definici\u00f3n de competencia propuesto por el Tribunal Superior de Medell\u00edn. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DEVOLVER la actuaci\u00f3n a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior \u00a0de Medell\u00edn, para que d\u00e9 estricto cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la \u00a0Judicatura. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 COMUNICAR la presente determinaci\u00f3n a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de \u00a0Antioquia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
C\u00famplase \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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MAR\u00cdA DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda \u00a0Nova Garc\u00eda \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[1] Folios 66 al \u00a072 carpeta No. 1. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[2] Por medio del \u00a0cual se dispuso el traslado de \u00ab260 \u00a0procesos en estado de fallo de Ley 906, de la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Antioquia, (\u2026) para ser distribuidos entre 13 despachos de magistrados de la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn\u00bb. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[3] Folio 84 carpeta \u00a0No. 1 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
[4] Folios 86 al \u00a094 ib\u00eddem. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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