Sala Penal 1995 – 2026

STP2780-2026

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:39 +0000

CUI 11001023000020260021400

N.I. 152825

Tutela primera instancia

A/Omar Alfonso Cárdenas Caycedo y otros

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente

STP2780-2026

Radicación N° 152825

Acta No. 061

ASUNTO

Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela promovida por Omar Alfonso Cárdenas Caycedo, Carlos Eduardo García Granados, José Alfredo Vallejo Goyes, Manuel Gustavo Díaz Sarasty, Camilo Andrés Rosero Montenegro, Diego Fernándo Ramírez Sierra, Mario Fernando Ortega Jurado, Gustavo Andrés Valencia Bonilla, Catalina Rosero Díaz del Castillo, Johnnifer Gómez Moreni, Hugo Armando Polanco López, Sandra Liliana Aguirre García, Javier Bucheli Bucheli, David Mauricio Nava Velandia, Rolando Serrano Garcés y Alejandra María Risueño Martínez, contra el Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, acceso a cargos públicos «en condiciones de igualdad y mérito» y los que denominaron «confianza legítima» y «buena fe».

LA DEMANDA

1. El 19 de enero de 2026, los accionantes, en calidad de participantes de la convocatoria 27 realizada por el Consejo Superior de la Judicatura -mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 20181-, para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, solicitaron, vía correo electrónico2, a dicha Corporación, lo siguiente:

«1. Se publique la existencia de dos (2) vacantes disponibles para el cargo de magistrado(a) y que actualmente se encuentran en provisionalidad en la Sala Civil-Familia del honorable Tribunal de Distrito Judicial de Manizales, en el próximo listado oficial de vacantes publicadas que realiza y publica la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

2. Se nos informe las razones jurídicas o administrativas por las cuales no se han publicado las dos plazas mencionadas en los listados oficiales de vacantes publicadas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Se nos dé respuesta de fondo y por escrito a esta petición»

2. Ante la ausencia de respuesta, el 16 de febrero del año en curso, Cárdenas Caycedo, García Granados, Vallejo Goyes, Díaz Sarasty, Rosero Montenegro, Ramírez Sierra, Ortega Jurado, Valencia Bonilla, Díaz del Castillo, Gómez Moreni, Polanco López, Aguirre García, Bucheli Bucheli, Nava Velandia, Serrano Garcés y Risueño Martínez interpusieron acción de tutela, en busca de la protección del derecho fundamental de petición, cuya vulneración atribuyen al Consejo Superior de la Judicatura. Solicitaron se ordene a la autoridad demandada contestar de fondo la petición que presentaron el 19 de enero del año en curso.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

1. El 17 de febrero de esta anualidad, se avocó el conocimiento de la acción de tutela y se vinculó al Consejo Superior de la Judicatura, al igual que a la Unidad de Administración de Carrera Judicial de dicha Corporación.

2. El 18 de febrero de 2026, los libelistas enviaron «escrito de ampliación por hechos sobrevinientes y solicitud de vinculación». Sostuvieron que, la respuesta brindada el 16 de febrero del año en curso, por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, comunicada con posterioridad a la interposición de esta acción de tutela3, «no resuelve de manera definitiva lo solicitado». Por el contrario, los mantiene en estado de indefinición.

Enfatizaron en el contenido de la aludida respuesta, consistente en que la razón de la no publicación de las dos vacantes para el cargo de Magistrado de Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, obedece a que las plazas están en estudio de reordenamiento por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. Ello, para concluir que esta última dependencia incurrió en una omisión vulneradora de derechos fundamentales. Específicamente, el de acceso a cargos públicos, en «detrimento de la carrera judicial».

Lo anterior, acotan los libelistas, porque la demora en la emisión del concepto técnico previsto en el artículo 2º del Acuerdo PSAA08-4536 de 2008 -requisito sine qua non, para que puedan incluirse las plazas en el listado oficial de vacantes- les impide optar por ellas. Situación que se agrava si se tiene en consideración el lapso de 7 años transcurrido desde la apertura de la convocatoria y la proximidad de la firmeza del Registro Nacional de Elegibles -30 de abril del año en curso-.

Indicaron que, el estudio de reordenamiento se «ha prolongado desde el año 2024» y aún se desconoce el plazo estimado de su culminación, pues la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico no ha contestado los requerimientos de la Unidad de Administración de Carrera Judicial4. Y, aunque no desconocen la importancia de la «planificación judicial», consideran que dicha entidad puede ejercer sus facultades, sin afectar el «derecho al mérito».

Agregaron que, la no intervención del juez constitucional conllevaría la materialización de un perjuicio irremediable, debido a la inminente firmeza del Registro Nacional de Elegibles, lo cual les impediría acceder al cargo por el que optaron, pese al «esfuerzo de más de siete años de concurso de méritos», si la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico no culmina, antes del 30 de abril del año en curso, el estudio de reordenamiento.

Solicitaron se vincule a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. También que se le ordene a dicha entidad que, en el lapso de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, emita concepto definitivo sobre las dos plazas de Magistrado de Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales o, en su defecto, levante la «retención» por estudio de reordenamiento.

Y, a su vez, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que, luego de realizado lo anterior, en el mismo lapso, publique las referidas vacantes, «a fin de que dichas sedes se encuentren disponibles para la audiencia de asignación de sedes que se realizará una vez adquiera firmeza el Registro Nacional de Elegibles de la Convocatoria 27».

De forma subsidiaria, requirieron que, «en caso de que la UDAE acredite razones técnicas suficientes para el reordenamiento, ORDENAR que dicha decisión sea adoptada de manera definitiva en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación de la sentencia, garantizando en todo caso que los elegibles de la Convocatoria 27 no resulten privados de su derecho a optar por las sedes correspondientes».

3. El 20 de febrero de 2026 se vinculó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, las Presidencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Manizales, los Magistrados de la Sala Civil-Familia de dicha Corporación. Especialmente, los doctores Eliana María Toro Duque y Jorge Hernán Pulido Cardona, quienes actualmente ejercen el cargo en provisionalidad.

4. El 24 de febrero de la presente anualidad, se vincularon a los integrantes de la lista de la etapa clasificatoria para el cargo de Magistrado de la Sala Civil-Familia de Tribunal, correspondiente a la convocatoria número 27, realizada por el Consejo Superior de la Judicatura.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS

1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura señaló que, el 16 de febrero de 20265, brindó respuesta a la petición de los accionantes, la cual comunicó vía correo electrónico el día 18 del referido mes y año. En ella, informó que las vacantes correspondientes al cargo de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales están en estudio de reordenamiento por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, siendo esa la razón por la que no han sido publicadas. Situación que descarta la vulneración de derechos fundamentales.

Agregó que, ha actuado en el marco de sus competencias y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA08-4536 de 20086, según el cual «la publicación de sedes de Distrito Judicial se hará previo concepto de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en el que se indique si la plaza vacante se encuentra o no en un programa de reordenamiento judicial».

Indicó que, el 22 de diciembre de 2025, 26 de enero y 18 de febrero del año en curso7, solicitó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, informar si las dos plazas de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, continuaban en estudio de reordenamiento. Por lo anterior, pidió que se declare carencia de objeto por hecho superado.

2. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura hizo alusión a sus competencias. Específicamente, la contemplada en el numeral 12 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, relacionada con la facultad de «crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos». Ello, de acuerdo con la información estadística reportada trimestralmente.

Bajo esa comprensión, alude la entidad, que le corresponde adelantar programas de reordenamiento que optimicen la oferta judicial, en aras de asegurar la distribución de recursos humanos y efectividad de acceso a la justicia. Así lo dispone el Acuerdo PSAA08-4536 de 2008.

Adujo que, la Ley 270 de 1996 ni los «actos administrativos mediante los cuales se ha regulado el tema», establecen «un tiempo mínimo o máximo» para realizar el estudio de reordenamiento, por cuya razón «ha venido adelantando un estudio integral con el propósito de adoptar la medida más eficiente para la administración de justicia». Todo, bajo el análisis de necesidad estructural del servicio, carga laboral, disponibilidad presupuestal y los principios de planeación, legalidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal. Sin que implique afectación al «derecho de carrera judicial», sino la garantía general de «acceso efectivo, eficiente y oportuno a la administración de justicia».

Señaló que, la superación de las etapas de un concurso de méritos no implica, per se, la concesión de los «derechos derivados de la carrera judicial, los cuales se consolidan únicamente con el nombramiento y la posesión en el empleo». Antes, solo opera una mera expectativa legítima, «condicionada a la existencia efectiva del empleo y a las decisiones de organización administrativa».

Sostuvo que, no se vulneró derecho fundamental alguno a los demandantes, por cuanto se brindó respuesta de fondo a la petición que presentaron, informando, de manera clara, la situación administrativa de las vacantes consultadas. Diferente es que ello no satisfaga las expectativas de los mencionados.

Solicitó negar el amparo constitucional invocado, tras insistir en que «los procesos de reordenamiento o reorganización tienen sustento constitucional y tienen como propósito alcanzar los fines esenciales del Estado, a partir de una administración de justicia eficiente y oportuna».

3. La Presidencia del Tribunal Superior de Manizales refirió que no tiene injerencia en la publicación de las dos plazas de Magistrado de la Sala Civil-Familia de dicha Corporación, las cuales actualmente ocupan, en provisionalidad, los doctores Jorge Hernán Pulido Cardona y Eliana María Toro Duque. Por tal motivo, solicitó la desvinculación del trámite constitucional.

4. Idéntica petición realizó la presidenta de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales. Aludió al argumento antes expuesto y agregó que los accionantes no han presentado solicitud alguna, lo que descarta la existencia de una acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales.

5. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informó que al cargo de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, renunciaron el 1º de agosto de 2024 y 11 de enero de 2025, los doctores Ramon Alfredo Correa Ospina y Ángela María Puerta Cárdenas, respectivamente. Situaciones administrativas que comunicó oportunamente al Consejo Superior de la Judicatura.

6. La doctora Eliana María Toro Duque, quien actualmente funge como Magistrada, en provisionalidad, de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, refirió que, no le compete decidir si una vacante debe ser publicada y, menos aún, emitir el concepto técnico requerido sobre el estudio de reordenamiento.

Indicó que, también integra el Registro de Elegibles para el aludido cargo, lo que significa que el ejercicio de sus funciones se sustenta en el mérito. Circunstancia por la que considera que, «la situación de las plazas sometidas a estudio de reordenamiento demanda una definición oportuna y razonable por parte de las Unidades de Análisis Estadístico y de Administración de Carrera Judicial». Empero, antes de la publicación de la lista definitiva de elegibles.

Compartió lo afirmado por los accionantes, consistente en que la duración del estudio de reordenamiento no puede prolongarse indefinidamente, so pena del «desmedro del derecho a la igualdad en el acceso a empleos y funciones públicas y de la carrera administrativa».

7. Briyit Rocío Acosta Jara, Fabian Enrique Yara Benitez, Claudia Marcela Castaño Uribe, David Mauricio Nava Velandia, Diana María López Aguirre, Diana Carolina Arana Franco, Paula Andrea Zuluaga Giraldo y Santiago Rosero Díaz del Castillo, en calidad de participantes de la convocatoria 27 coadyuvaron los argumentos expuestos por los accionantes y, en consecuencia, solicitaron conceder el amparo.

Señalaron que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no brindó respuesta de fondo a lo solicitado.

Afirmaron que, las dos plazas de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, «llevan varios meses si no son años sin publicarse, con fundamento en un estudio de reordenamiento que aparentemente lleva la misma cantidad de tiempo en espera de realizarse», lo cual desconoce los principios de eficiencia y eficacia administrativa.

Consideraron que, constitucionalmente, es inadmisible «la retención indefinida de unas vacantes que deben ser provistas en propiedad y cuya publicación debía realizarse durante los primeros cinco días de cada mes desde su generación», bajo el argumento de que la Unidad de Desarrollo y Analisis Estadístico se encuentra realizando el proceso de reordenamiento, pues, del contenido del artículo 90 de la Ley 270 de 1996, puede deducirse que ello, en manera alguna, se opone a la oferta de la vacante ni a su provisión en propiedad.

Agregaron que, deben ofertarse las vacantes para que puedan ser opcionadas por los integrantes de la convocatoria 27, en aras de privilegiar el mérito.

8. Mónica Gabriela Rosero Muñoz, integrante de la lista de la etapa clasificatoria para el cargo de Magistrado de la Sala Civil-Familia de Tribunal, con argumentos similares a los expuesto en el escrito tutelar, instó a conceder el amparo deprecado.

9. Las demás partes vinculadas guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Es competente la Sala para conocer del presente asunto, conforme lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20158, modificado por el Decreto 333 de 2021 toda vez que la queja constitucional involucra al Consejo Superior de la Judicatura.

2. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona ostenta la facultad para promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

3. En el presente asunto, a la Sala le corresponde determinar si:

(i) La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con la respuesta que emitió el 16 de febrero del año en curso, vulneró el derecho fundamental de petición, y

(ii) La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la referida Corporación, quebrantó la garantía fundamental de acceso a cargos públicos, al no haber culminado el estudio de reordenamiento de las dos plazas de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales que se encuentran vacantes.

Para ello, con el fin de imprimir un orden a la resolución del asunto acá propuesto y dar contexto a la presente decisión, la Sala abordará las siguientes temáticas: (i) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, (ii) derecho de petición, (iii) hecho superado, (iv) carrera judicial, (v) acceso a cargos públicos, (vi) competencia del Consejo Superior de la Judicatura en los concursos de méritos y (vii) análisis del caso concreto.

4. De los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

De acuerdo con la pacífica jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, cuando estos se ven amenazados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, incluso particulares, en los casos que prevé la Ley.

De ese modo y, con el fin de que el trámite de protección tenga vocación de prosperidad, el Juez constitucional debe verificar, primero, la concurrencia de ciertos requisitos genéricos de procedibilidad que lo habiliten para abordar el estudio del asunto. Estos son:

(i) relevancia constitucional, en cuanto sea una cuestión que plantea una discusión de orden constitucional al evidenciarse una afectación de un derecho fundamental; (ii) inmediatez, en cuanto la acción de tutela se concibe como un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, de acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iii) subsidiariedad, en razón a que este mecanismo sólo procede cuando se han agotado todas los medios de defensa por las vías judiciales ordinarias antes de acudir al juez de tutela. (CC T-127/14).

Descendiendo al caso concreto, resulta incuestionable que se está frente a un asunto de relevancia constitucional, pues se trata de analizar si las Unidades de Administración de Carrera Judicial y de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura vulneraron los derechos fundamentales de petición y acceso a cargos públicos, respectivamente.

En lo que respecta al requisito de inmediatez, si bien debe acudirse a la acción de tutela, en un término razonable -contabilizado a partir del momento en que se produce la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado-, tal análisis tiene que realizarse teniendo en consideración las circunstancias particulares del caso concreto.

Para la Sala, es claro que, en lo que respecta al reparo relacionado con la ausencia de respuesta de fondo a la solicitud presentada el 19 de enero de esta anualidad, se cumple dicha exigencia. Ello, porque, el lapso para contestar venció el 6 de febrero de 2026 y la presente acción constitucional se instauró el día 16 del referido mes y año. Es decir, dentro del término razonable establecido por la jurisprudencia constitucional.

Frente al proceso de reordenamiento de las dos plazas para desempeñar el cargo de Magistrado Sala Civil-Familia en el Tribunal Superior de Manizales, menester es indicar que, la Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, lo inició en el año 2024 y aún no ha culminado.

Sin embargo, los accionantes tuvieron conocimiento de ello, tan solo, el 18 de febrero del año en curso, cuando se les notificó la respuesta emitida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial mediante oficio CJO26-720, pues la afirmación de la primera entidad se produjo en el marco de una actuación interadministrativa. Luego, lo procedente es contabilizar el término de inmediatez desde esta última data, lo que permite concluir que, frente a este aspecto, también se promovió la acción constitucional en un lapso razonable.

Igual ocurre con el requisito de subsidiariedad. Como lo ha señalado la Corte Constitucional9, este se verifica cuando «no existe un medio ordinario para solicitar la protección del derecho fundamental de petición». Significa ello, que quien considere que una autoridad no resolvió oportunamente su solicitud o la respuesta no fue de fondo, como ocurre en este caso, «puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional».

En lo que respecta a la culminación del estudio de reordenamiento de dos plazas de Magistrado de la Sala Civil-Familia en el Tribunal Superior de Manizales, se tiene que los accionantes no cuentan con otro medio de defensa, distinto a la acción de tutela, para presentar su reclamación, si en cuenta se tiene que, la queja constitucional se dirige contra la omisión de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadística del Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo 23 Superior consagra el derecho de petición como garantía fundamental que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades por motivos de interés general o particular y el deber de éstas de responder en forma pronta, cumplida y de fondo.

Tal prerrogativa se encuentra regulada en el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, en donde se establece:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.

En lo que tiene que ver con la estructura del derecho, la jurisprudencia constitucional ha establecido que este se compone de dos elementos interdependientes que comprenden, tanto la garantía de presentar peticiones ante las autoridades públicas, como la de que se emita respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado10.

Asimismo, ha dicho que su núcleo esencial se circunscribe a: (i) la formulación de la petición, (ii) pronta resolución, (iii) emisión de respuesta de fondo y completa y (iv) notificación de la decisión al peticionario.11

En relación con la formulación de la petición, se tiene decantado que cualquier persona está facultada para remitir solicitudes respetuosas a las autoridades públicas, ya sea de forma verbal, escrita o por cualquier otro medio apto para ese fin12. Peticiones que también podrán dirigirse a particulares, con o sin personería jurídica, cuando se trate de garantizar derechos fundamentales.

Acerca de la pronta resolución, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 consagra que, salvo norma legal especial, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días a su recepción. Lapso que debe ser acatado por el funcionario encargado, o en su defecto, informar al interesado cuando no sea posible resolver la postulación en los plazos señalados, so pena de sanción disciplinaria.

De otro lado, la respuesta de fondo implica que, para la satisfacción de esta garantía, la entidad debe emitir una contestación que abarque en forma sustancial la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido. En ese orden, según lo ha dicho la Corte Constitucional, la respuesta debe ser clara por tener argumentos de fácil comprensión; precisa en la medida en que se dirige a lo pedido sin incurrir en evasivas; congruente por abarcar el objeto de petición y resolver conforme lo solicitado. Además de consecuente, al informar el trámite efectuado y las razones por las cuales la petición resulta o no procedente13.

Ello quiere decir, que la respuesta comunicada al peticionario, dentro de los términos antes establecidos, así resuelva de forma desfavorable lo pedido, no deriva en una vulneración del derecho de petición14.

Por último, la notificación de la decisión es una exigencia a cargo de la entidad, por ser la que tiene el deber de dar a conocer el contenido de la contestación. En tal virtud, la autoridad deberá realizar su efectivo enteramiento. Incluso, cuando se trate de respuestas dirigidas a explicar sobre la falta de competencia y la remisión a la entidad encargada15.

6. Del hecho superado.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha explicado el mencionado fenómeno de la siguiente manera:

[…] La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. (CC. T-358/2014). [negrilla fuera del texto original].

Quiere decir lo anterior que, para poder declarar la existencia de un hecho superado, el juez constitucional, primero, debe verificar cuáles son las pretensiones que se han fijado en la demanda de tutela, lo que indefectiblemente significa tener una absoluta claridad acerca de qué es lo que persigue el accionante con su solicitud de amparo.

Acto seguido y, en caso de que la autoridad accionada en su respectivo informe indique haber satisfecho las pretensiones constitucionales del actor, ello sin necesidad de que medie orden jurisdiccional, el juez de tutela debe hacer dos constataciones.

La primera, de orden temporal, esto es, comprobar que la solución reclamada por el actor le fue brindada con ocasión del trámite constitucional y, la segunda, orientada a verificar que la solución reportada por la autoridad demandada en efecto satisface las pretensiones que el accionante consignó en el libelo. De modo que, únicamente, cuando se supere de forma satisfactoria esos dos estudios, podrá hacerse una declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado.

Congruente con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-011/2016, explicó:

En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

7. De la carrera judicial.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Constitución Política, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Salvo aquellos de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Atendiendo tal precepto constitucional, el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, contempló 3 formas de provisión de cargos en la Rama Judicial. Vale decir: (i) propiedad16, (ii) provisionalidad17 y (iii) encargo18.

Significa lo anterior, que el ingreso y ascenso a empleos estatales se realiza -por regla general- mediante el sistema de carrera. Solo así, se garantiza el principio constitucional de estabilidad en el empleo, se escogen los mejores servidores, en aras de lograr la excelencia de la administración de justicia y se reconoce el mérito como criterio fundamental para la provisión de cargos públicos en la Rama Judicial.

El mérito se materializa en el hecho de que el Estado cuente con servidores que, por su experiencia, conocimiento, dedicación y mejores índices de resultados, reúnan aptitud, eficiencia e idoneidad para cumplir sus responsabilidades. De allí, la importancia de garantizar la participación de los aspirantes, en igualdad de condiciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 270 de 1996, la carrera judicial «se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio».

Con dicha finalidad se instituyó el concurso público, el cual se orienta por los principios de mérito19, igualdad20, transparencia21, imparcialidad22, buena fe y confianza legítima23. Es el proceso de selección prevalente tendiente a «comprobar las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos»24, de acuerdo con las funciones del cargo y necesidades del servicio. Además, permite evaluar, con objetividad e imparcialidad, la idoneidad y competencia de los servidores públicos y, a su vez, impedir que «prevalezca la arbitrariedad del nominador»25.

En términos del artículo 164 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia «es el proceso mediante el cual se hace la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, capacidades, aptitudes intelectuales y profesionales de diversa índole y rasgos de la personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial».

El concurso de méritos está compuesto por 2 etapas sucesivas denominadas selección y clasificación. Según el numeral 4º de la disposición en cita, la finalidad de la primera es «la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente el Consejo Superior de la Judicatura». La segunda, la de «establecer el orden de Registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del Registro para cada clase de cargo y de especialidad».

Culminado dicho proceso, la administración tiene el deber constitucional y legal de nombrar a los aspirantes, de acuerdo con el orden descendente en que se encuentren.

Por esa razón, la lista de elegibles adquiere las características de definitiva, inmodificable y vinculante, por cuanto ostenta el carácter de acto administrativo de contenido particular, creador de derechos subjetivos y expectativas legítimas para sus integrantes. Claro está, dependiendo del puesto que ocuparon y el número de cargos ofertados.

Tan importante es el concurso de méritos para acceder a cargos públicos, que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia al definir los requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera judicial, indicó que, además de los exigidos en las disposiciones generales, se necesita «haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida el Consejo Superior de la Judicatura».

De manera que, el concurso de méritos es para funcionarios y empleados, el mecanismo de selección mediante el cual se accede a cargos públicos26.

La coordinación y direccionamiento de los concursos de méritos fue asignada al Consejo Superior de la Judicatura. Corporación encargada de expedir el acuerdo de convocatoria, referente normativo de obligatorio acatamiento, so pena de vulnerar los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.

Se trata de un derecho fundamental consagrado en el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Política, según el cual los ciudadanos pueden acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad.

La finalidad es garantizar a las personas el derecho a optar por cargos públicos y tomar posesión de ellos, al igual que proteger a los ciudadanos, en el sentido de que las decisiones estatales no pueden arbitrariamente impedirles acceder a ellos. Obviamente, una vez, hayan participado en los concursos de méritos y cumplido los requisitos previstos en la convocatoria. Sobre el particular ha señalado la Corte Constitucional desde el año 199227:

«El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de otro derecho -genérico- cual es el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa».

Todo ello, en aras de «inmunizar a la persona contra las decisiones estatales que de manera arbitraria le impida acceder a un cargo público, a no ser desvinculado de manera arbitraria del mismo y, ocupando uno, que no se le impida arbitrariamente el ejercicio de sus funciones»28.

Ahora, el ámbito de protección del derecho de acceso a cargos públicos abarca los siguientes supuestos29: (i) posesión de las personas que cumplen las exigencias para acceder a un cargo, (ii) prohibición de establecer requisitos adicionales para tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido los establecidos en el concurso de méritos, (iii) facultad de elegir, entre las opciones disponibles, la que se acomoda a la preferencia del aspirante y (iv) prohibición de remover de manera ilegítima a una persona que ocupe un cargo público.

9. De las competencias del Consejo Superior de la Judicatura en el concurso de méritos.

En materia de administración de la Rama Judicial, la Constitución Política30 atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para expedir los actos y reglamentos necesarios tendientes a regular el ejercicio de la carrera judicial y el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales.

En desarrollo de ese mandato, la Ley 270 de 1996 -Ley Estatutaria de Administración de Justicia-31, confirió al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de ejercer el gobierno y administración de la Rama Judicial, al igual que, la de adoptar, dirigir y realizar seguimiento permanente a la ejecución de políticas, planes y programas institucionales. Todo, con el propósito de garantizar la autonomía e independencia judicial, promover el acceso efectivo a la administración de justicia y optimizar la eficiencia en la prestación del servicio.

Por su parte, el artículo 85 de la disposición en cita, atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de administrar y reglamentar la carrera judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló32:

7.2 En consideración de las funciones otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura en los artículos 256 superior, particularmente en su numeral 1°, y 257-3, el artículo 85 de Ley 270 de 1996 concede a la Sala Administrativa la labor de administrar y reglamentar la carrera judicial “de acuerdo con las normas constitucionales” y con sujeción a lo previsto por el legislador. Adicionalmente, el mismo artículo le asigna a esa Sala, entre otras, las siguientes atribuciones: (i) determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y Juzgados; (ii) precisar las funciones de los cargos en la rama judicial y señalar los requisitos para su desempeño cuando éstos no hayan sido fijados por la ley; (iii) dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos; (iv) dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los funcionarios y empleados de la rama judicial; (v) establecer indicadores de gestión para el control y evaluación de los empleados y funcionarios judiciales; y (vi) elaborar y desarrollar el plan de formación para quienes prestan sus servicios a la rama judicial. (Subraya fuera del texto)

De manera que, es competencia del Consejo Superior de la Judicatura definir y organizar la estructura de las distintas unidades que integran la administración de justicia, determinar su composición, funciones y plantas de personal, así como establecer los lineamientos necesarios para su adecuado funcionamiento.

En desarrollo de esa competencia estructural, la disposición normativa en comento, en el numeral 1233, le otorgó a la aludida Corporación la facultad de crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar o suprimir despachos judiciales, al igual que establecer salas desconcentradas en ciudades distintas a las sedes de los Distritos Judiciales, siempre que las dinámicas de la demanda de justicia y las necesidades del servicio lo exijan.

[…] debe aclararse que la facultad del Consejo Superior de la Judicatura de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, así como la de ubicar y redistribuir los despachos judiciales (Art. 257 Nums. 1o y 2o), deberá ejercerse -como lo indica la norma superior- con “sujeción a la ley”. Significa lo anterior que sólo el legislador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, podrá crear las categorías de corporaciones u organismos que harán parte de la administración de justicia, salvo que ellos se encuentren expresamente consagrados en la Constitución. Así, por ejemplo, el legislador está facultado para crear los llamados juzgados administrativos, o puede establecer una nueva categoría de tribunales. A partir de esa situación, el Consejo Superior de la Judicatura podrá entonces tomar las decisiones de su competencia y definir, dentro del ejemplo dado, cuántos juzgados de esas características podrán operar en cada parte del territorio nacional. También está autorizado para decidir que un determinado despacho judicial no siga funcionando o deba ser trasladado. Dentro de este marco de ideas, se tiene que la responsabilidad que recae sobre el Consejo Superior de la Judicatura se enmarca dentro de los parámetros de ley y no podrá en ningún momento suprimir por completo una categoría de corporaciones o despachos judiciales que el Congreso de la República haya creado. En otras palabras, no es jurídicamente admisible que, mediante una decisión de naturaleza administrativa, el Consejo Superior de la Judicatura tenga la prerrogativa de acabar, por ejemplo, con los tribunales contencioso-administrativos, agrarios, civiles o penales que existen en el país.

Sentadas las anteriores premisas, entiende la Corte que la creación y supresión de tribunales y juzgados a que hace referencia la norma bajo revisión se entiende bajo el supuesto de que el Consejo Superior de la Judicatura podrá tomar las respectivas decisiones en torno a un número de despachos judiciales, pero no podrá crear o suprimir la categoría que ha sido definida por la ley.

En relación con la posibilidad de fusionar despachos judiciales, resultan pertinentes las explicaciones dadas en el artículo anterior, no sin advertir que las reglas que se fijan sobre el particular respetan la autonomía de cada una de las jurisdicciones contempladas en la Carta Política. Con todo, convendría puntualizar que la posibilidad de suprimir cargos o despachos judiciales en momento alguno puede circunscribirse exclusivamente a la disminución en la demanda de justicia, pues este tan solo es uno de los criterios que el Consejo Superior de la Judicatura puede aducir para tomar una decisión de su competencia, la cual el legislador no puede tornar en irrealizable.

Finalmente, debe señalarse que el último inciso del artículo es exequible, siempre y cuando la supresión del cargo se ajuste a los requisitos del sistema de carrera e implique el traslado o, en su defecto, el pago de una indemnización a los empleados que hacen parte de dicho régimen, tal como lo prevé el artículo 92 del presente proyecto de ley. (Subraya fuera del texto)

La necesidad de adoptar medidas de optimización del servicio -sea a través de reorganización, supresión, fusión o creación de cargos y despachos judiciales- se determina con la elaboración de estudios técnicos que acrediten, de manera suficiente y objetiva, la existencia de demanda de justicia; cargas laborales; costos de operación; zonas o sectores en los que se evidencien mayores dificultades para garantizar la convivencia pacífica y acceso efectivo a la administración de justicia.

Su finalidad es sustentar, en términos de claridad y razonabilidad, la conveniencia y justificación de las medidas que se pretendan adoptar34.

En aras de adelantar los estudios correspondientes, el Consejo Superior de la Judicatura, creó la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, cuya función es brindar asesoría técnica, mediante el diseño de propuestas de reordenamiento judicial, el acopio y procesamiento de la información estadística de la gestión de los despachos judiciales, el sistema de calidad y diseño de los planes de desarrollo y proyectos para la mejora continua del servicio de justicia35.

Es así, como dicha dependencia, con el fin de priorizar la eficacia y eficiencia del servicio público, elabora estudios y modelos sobre la división territorial del país, la ubicación, redistribución, fusión, traslado, transformación o supresión de tribunales y juzgados. También, presenta alternativas de estructuras de personal y plantas judiciales, propone servicios administrativos comunes para diferentes despachos cuando resulta conveniente y realiza los estudios necesarios para sustentar decisiones sobre la división del territorio judicial36.

En tal virtud, previo la publicación de las sedes a optar por parte de los aspirantes a un cargo de carrera judicial, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico debe emitir concepto a la Unidad de Administración de Carrera Judicial sobre la disponibilidad de vacantes ofertadas o si, por el contrario, se encuentran incluidas en un plan de reordenamiento. Así, lo establece el Acuerdo PSAA08-4536 de 200837:

[…] ARTÍCULO SEGUNDO. – DETERMINACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SEDES Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de una vacante definitiva, la autoridad nominadora correspondiente, lo informará a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la del respectivo Consejo Seccional.

[…]

La publicación de sedes de Distrito Judicial se hará previo concepto de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en el que se indique si la plaza vacante se encuentra o no en un programa de reordenamiento judicial.

Significa lo anterior, que el proceso de reordenamiento es liderado por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, por ser la entidad encargada de adelantar las gestiones necesarias tendientes a que la asignación de sedes y vacantes satisfagan los requisitos de eficiencia, demanda de justicia y calidad del servicio público. Frente al término de duración del aludido procedimiento, no existe reglamentación.

10. Del caso concreto

(i) De la petición del 19 de enero de 2026 y la configuración de un hecho superado.

Como quedó reseñado, una de las pretensiones de los accionantes, a través de la presente acción de tutela, es que, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura brindar respuesta a la petición que presentaron el 19 de enero del año en curso, en la que, solicitaron:

1. Se publique la existencia de dos (2) vacantes disponibles para el cargo de magistrado(a) y que actualmente se encuentran en provisionalidad en la Sala Civil-Familia del honorable Tribunal de Distrito Judicial de Manizales, en el próximo listado oficial de vacantes publicadas que realiza y publica la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Se nos dé respuesta de fondo y por escrito a esta petición

Ahora bien, el 16 de febrero del año en curso, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio CJO26-720, brindó respuesta en los siguientes términos:

El Acuerdo PSAA08-4536 de 2008 por medio del cual se reglamentó el parágrafo del artículo 165 de la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la actualización de los registros de elegibles y listas de candidatos para los cargos de carrera de funcionarios judiciales, modificado por los Acuerdos PSAA13-9941 de 2013 y PSAA14 10269 de 2014, en su artículo segundo establece:

“ARTÍCULO SEGUNDO. – DETERMINACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SEDES:

…… La publicación de sedes de Distrito Judicial se hará previo concepto de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en el que se indique si la plaza vacante se encuentra o no en un programa de reordenamiento judicial. …. “

La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura mediante oficios UDAEO24-1462, UDAEO24-3743, UDAEO25-1621 y UDAEO25-3422, informó a esta Unidad que las vacantes para el cargo de Magistrado de Sala Civil-Familia de Manizales, dejadas por el doctor Ramón Alfredo Correa Ospina y por la doctora Angela María Puerta Cárdenas, se encontraban en estudio de reordenamiento, por lo anterior, no han publicadas en la página web de la Rama Judicial.

Ahora bien, esta Unidad mediante oficios CJO25-6957 de 22 de diciembre de 2025 y CJO26-365 del 26 de enero pasado, le solicitó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico informar si dichas plazas continuaban en estudio de reordenamiento.

Una vez la Unidad de Desarrollo responda nuestros oficios se les estará informando al respecto.

Dicha contestación fue comunicada, vía correo electrónico, a los demandantes, quienes, incluso, la allegaron a esta actuación.

De modo que, el mismo día que se interpuso la presente acción constitucional, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura emitió respuesta a la petición que los accionantes presentaron el 19 de enero de dicha anualidad. Respuesta que les fue notificada el 18 de febrero de 2026. Es decir, durante el trámite tutelar.

Es del caso señalar que la Unidad de Administración de Carrera Judicial atendió lo pedido por los demandantes en la aludida solicitud, al contestar, de manera concreta, clara y congruente lo requerido, respuesta que comunicó a los interesados.

Nótese que, la entidad demandada explicó la razón por la que no es posible, ahora, publicar las dos vacantes disponibles para el cargo de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales. Esto es, porque las aludidas plazas se encuentran en estudio de reordenamiento judicial por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.

Ahora, el hecho que la respuesta brindada a los actores sea desfavorable, no implica vulneración del derecho fundamental de petición, pues éste se garantiza cuando se resuelve lo solicitado con independencia del resultado.

Sobre el particular ha señalado la Corte Constitucional38: «se satisface este derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido, de manera que no puede entenderse vulnerado el derecho simplemente porque la contestación dada al peticionario dentro de los términos dispuestos sea negativa, pues si efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, se ha satisfecho tal derecho de petición».

Así las cosas, frente al derecho de petición alegado como vulnerado, para la Sala existe carencia actual de objeto por hecho superado. Por lo tanto, así se declarará, al verse satisfecha la pretensión de los libelistas.

(ii) Del estudio del reordenamiento judicial.

Demandaron los accionantes en sede de tutela, de un lado, se ordene a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura emita concepto definitivo sobre el estudio de reordenamiento judicial de las dos vacantes de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, para que estas sean publicadas y convertirse en opciones de sedes para los aspirantes que integran la lista de personas que superaron el concurso de méritos, correspondiente a la convocatoria 27 del año 2018.

Y, de otro, se ordene a la Unidad de Administración de Carrera Judicial de dicha Corporación que, una vez se realice lo anterior, publique las referidas vacantes «a fin de que dichas sedes se encuentren disponibles para la audiencia de asignación de sedes que se realizará una vez adquiera firmeza el Registro Nacional de Elegibles de la Convocatoria 27».

Como se señaló en la demanda tuitiva y no fue objeto de controversia, Omar Alfonso Cárdenas Caycedo, Carlos Eduardo García Granados, José Alfredo Vallejo Goyes, Manuel Gustavo Díaz Sarasty, Camilo Andrés Rosero Montenegro, Diego Fernándo Ramírez Sierra, Mario Fernando Ortega Jurado, Gustavo Andrés Valencia Bonilla, Catalina Rosero Díaz del Castillo, Johnnifer Gómez Moreni, Hugo Armando Polanco López, Sandra Liliana Aguirre García, Javier Bucheli Bucheli, David Mauricio Nava Velandia, Rolando Serrano Garcés y Alejandra María Risueño Martínez participaron en la convocatoria 27 realizada por el Consejo Superior de la Judicatura -mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 201839-, para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Específicamente, optaron por el cargo de Magistrado de la Sala Civil-Familia de Tribunal.

Ahora, la Unidad de Administración de Carrera Judicial informó que las vacantes correspondientes al cargo de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales están en estudio de reordenamiento judicial por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, siendo esa la razón por la que no han sido publicadas en la página web de la Rama Judicial.

Por su parte, esta última entidad sostuvo que no existe reglamentación respecto al término para realizar la evaluación de reordenamiento, por cuya razón «ha venido adelantando un estudio integral con el propósito de adoptar la medida más eficiente para la administración de justicia». Ello, de cara al análisis de necesidad estructural del servicio, carga laboral, disponibilidad presupuestal y los principios de planeación, legalidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal.

En ese contexto, puede concluirse que, en efecto, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra realizando el proceso de reordenamiento de las dos plazas de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, el cual no ha culminado. Razón por la que, no ha sido posible proceder a la publicación de tales vacantes.

Lo anterior, porque como lo dispone el Acuerdo PSAA08-4536 de 200840, la emisión del concepto por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico es requisito indispensable para la publicación de sedes judiciales vacantes.

De acuerdo con los medios de convicción obrantes en la actuación, desde el año 2024, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico se encuentra adelantando el estudio de reordenamiento de las aludidas plazas. Así lo informó dicha entidad el 1º de noviembre de 2024, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, como se extracta de la siguiente captura de pantalla:

Quiere decir ello, que dicha entidad lleva más de un año en la realización del aludido proceso de reordenamiento y, aunque es cierto que no existe reglamentación respecto al término para realizarlo, considera la Sala que la figura del plazo razonable ostenta suma importancia en este evento.

El plazo razonable es entendido como el deber de tramitar una actuación -administrativa o judicial- sin dilaciones injustificadas. La jurisprudencia constitucional ha señalado tres criterios de esencial análisis al momento de establecer si el lapso tardado resulta irrazonable. Vale decir: (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades nacionales41.

Aplicando estos criterios al caso bajo estudio, se advierte que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico limitó su intervención en señalar que «ni en la Ley 270 de 1996, ni en los actos administrativos mediante los cuales se ha regulado el tema, se estableció un tiempo mínimo o máximo frente a la culminación de los citados estudios».

Y, si bien, refirió que «ha venido adelantando un estudio integral con el propósito de adoptar la medida más eficiente para la administración de justicia», tal argumento genérico e insular no permite deducir un alto nivel de complejidad del asunto ni las actividades desplegadas en desarrollo del estudio que justifique el plazo hasta ahora transcurrido.

En ese orden, a juicio de la Sala, sin desconocer la importancia y trascendencia del proceso de reordenamiento judicial de cara al acceso efectivo a la administración de justicia y optimización de la eficiencia en la prestación del servicio ni las competencias del Consejo Superior de la Judicatura en los procesos de selección, el lapso superior a un año que ha transcurrido desde la iniciación del trámite de reorganización resulta excesivo, desproporcionado y alejado de la razonabilidad.

Máxime, cuando en la actualidad ni siquiera se cuenta con una fecha estimada de culminación del aludido procedimiento y, menos aún, se conoce la etapa en la que se encuentra, de acuerdo con el cronograma diseñado por el Consejo Superior de la Judicatura42:

Por si fuera poco, la Unidad de Administración de Carrera Judicial ha requerido recientemente, en tres oportunidades -22 de diciembre de 2025, 26 de enero y 18 de febrero de 202643-, a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico para que informen si «las siguientes plazas de Magistrado de Tribunal Superior aún continúan en estudio de reordenamiento», sin que se advierta respuesta alguna.

La indefinición del asunto, sin duda, resulta lesiva de los derechos fundamentales de los accionantes, pues la tardanza en la emisión del concepto técnico previsto en el artículo 2º del Acuerdo PSAA08-4536 de 2008, requisito sine qua non, para que puedan incluirse las plazas en el listado oficial de vacantes, les impide, a futuro, optar por ellas cuando quede en firme el registro de elegibles.

Recuérdese que la lista de elegibles es definitiva, inmodificable, vinculante y creadora de derechos subjetivos y expectativas legítimas para sus integrantes, dependiendo del puesto que se ocupe y el número de cargos ofertados.

De allí que, la demora injustificada en la culminación del proceso de reordenamiento judicial de las dos plazas de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, antes del 30 de abril de 2026 -fecha en la que adquiere firmeza el registro nacional de elegibles-, representa para los accionantes una violación a sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, en tanto apareja una limitación a sus opciones de sedes territoriales vacantes.

Tal situación, no se compadece con los principios que rigen los concursos de méritos, concretamente los de igualdad, transparencia, imparcialidad, buena fe y confianza legítima, en virtud de los cuales, lo esperado por quienes participaron y agotaron de manera satisfactoria las etapas que lo componen, es tener la posibilidad de optar por la totalidad de las plazas vacantes. Más, en este asunto en el que, pese a que ha transcurrido un lapso de siete años, el proceso de selección aún no ha culminado.

Entonces, a juicio de la Sala, la ausencia de reglamentación frente al término legal para la culminación del proceso de reorganización judicial no puede representar que esta actuación tenga una duración eterna e indefinida, ya que, tal indeterminación frustra las expectativas legítimas de los concursantes de acceder a la carrera judicial después de haber superado las fases del concurso de méritos. Así, lo ha definido de antaño esta Corporación al analizar un caso similar44:

Se tiene así, que resulta incuestionable que las pretensiones expuestas en la demanda tienen vocación de prosperidad como que resultan insuficientes los argumentos esgrimidos por las autoridades accionadas para pretermitir la elaboración de la correspondiente lista, toda vez que si bien es cierto tienen la facultad legal y constitucional de examinar en cada caso la necesidad de mantener la vacante, de convocar, de extinguirla, de convertirla, dicha facultad no se ofrece absoluta, como que debe existir un límite razonable y objetivo de tiempo para una tal labor. Ello por cuanto no resultaría constitucionalmente admisible que le quede como única alternativa a los concursantes la posibilidad de esperar el interminable transcurso del tiempo viendo como sus expectativas se frustran.

Por consiguiente, ante la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso e igualdad de acceso a cargos públicos, la Sala concederá la protección constitucional solicitada.

En consecuencia, se ordenará a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de veinte días hábiles, contados a partir de la notificación de este proveído, culmine el proceso de reordenamiento judicial de las dos vacantes de Magistrado de Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, surgidas por las renuncias de los doctores Ramón Alfredo Correa Ospina y Ángela María Puerta Cárdenas y emita el concepto como lo dispone el artículo 2º del Acuerdo PSAA08-4536 de 2008.

Emitido dicho concepto, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, de no disponerse la supresión de las aludidas vacantes, procederá a su publicación conforme a los plazos previstos en la reglamentación que rige la materia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutela N. 3, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de acceso a cargos públicos de Omar Alfonso Cárdenas Caycedo, Carlos Eduardo García Granados, José Alfredo Vallejo Goyes, Manuel Gustavo Díaz Sarasty, Camilo Andrés Rosero Montenegro, Diego Fernándo Ramírez Sierra, Mario Fernando Ortega Jurado, Gustavo Andrés Valencia Bonilla, Catalina Rosero Díaz del Castillo, Johnnifer Gómez Moreni, Hugo Armando Polanco López, Sandra Liliana Aguirre García, Javier Bucheli Bucheli, David Mauricio Nava Velandia, Rolando Serrano Garcés y Alejandra María Risueño Martínez.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de veinte días hábiles, contados a partir de la notificación de este proveído, culmine el proceso de reordenamiento judicial de las dos vacantes de Magistrado de Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, surgidas por las renuncias de los doctores Ramón Alfredo Correa Ospina y Ángela María Puerta Cárdenas y emita el concepto como lo dispone el artículo 2º del Acuerdo PSAA08-4536 de 2008.

TERCERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto del derecho fundamental de petición.

CUARTO. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GERSON CHAVERRA CASTRO

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

Nubia Yolanda Nova García

Secretaria

1 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

2info@cendoj.ramajudicial.gov.co, carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y uacjsedes@cendoj.ramajudicial.gov.co.

3 Oficio CJ026-720.

4 Realizados el 22 de diciembre de 2025 y 26 de enero de año en curso. De acuerdo con los oficios UDAE024-1462, UDAEO24-3743 Y UDAEO25-3422.

5 Oficio CJO26-720.

6 El cual reglamentó el parágrafo del artículo 165 de la Ley 270 de 1996 -modificado por los Acuerdos PSAA13-9941 de 2013 y PSAA14 10269 de 2014-

7 Oficios CJO25 6957, CJO26-365 y CJO26-832.

8 «ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(…)

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4 del presente decreto».

9 CC: 405/22.

10 CC T-230/20.

11 Ibidem

12 Artículos 23 Constitución Política y 13 de la Ley 1437 de 2011.

13 CC T-230/20.

14 CC T-908/14.

15 CC T-230/20.

16 «Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente».

17 «El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto».

18 «El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad».

19 Garantiza que la selección de funcionarios judiciales se basa en su capacidad, idoneidad, moralidad y aptitud, y no en criterios ajenos.

20 Garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a los cargos públicos en igualdad de condiciones, sin discriminación.

21 Todas las etapas, reglas y resultados del concurso deben ser públicos y conocidos por los participantes.

22 Las reglas del concurso deben ser aplicadas por la administración sin sesgos, garantizando la equidad.

23 Los participantes tienen derecho a confiar en que la administración respetará las reglas establecidas en la convocatoria (bases) y no cambiará las reglas de juego una vez iniciado el proceso.

25 CC: C-588 de 2009 y T-340 de 2020.

26 «Artículo 162. Etapas del proceso de selección. El sistema de ingreso a los cargos de Carrera Judicial comprende las siguientes etapas:

Para funcionarios, concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.

Para empleados, concurso de méritos, conformación del Registro Seccional de Elegibles, remisión de listas de elegibles y nombramiento».

27 CC: T-003/92.

28 CC: SU-544/01.

29 CC: SU-339/11.

30 Capítulo 7. Gobierno y Administración de la Rama Judicial.

31 Artículo 75.

32 CC SU539/12.

33«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

(…)

12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto funcionamiento».

34 Artículo 94 ibidem.

35 https://acortar.link/681Ifn.

36 Conforme lo establecido en el acuerdo número PSAA07-4067 de 2007.

37 “Por medio del cual se reglamenta el parágrafo del artículo 165 de la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la actualización de los registros de elegibles y listas de candidatos para los cargos de carrera de funcionarios judiciales”. Dicho acto administrativo fue modificado por los Acuerdos PSAA13-9941 de 2013 y PSAA14-10269 de 2014.

38 T-154 del 2017.

39 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

40 Modificado por los Acuerdos PSAA13-9941 de 2013 y PSAA14-10269 de 2014.

41 CC: C-496/15.

42 Cfr. https://acortar.link/NDvKGL.

43 Mediante oficios CJO25-6957, CJO26-365 y CJO26-832.

44 CSJ: rad. 38757 del 3 de octubre de 2008.

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SP135-2026(69521)

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:39 +0000

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente

SP135-2026

Radicación n° 69521

Acta No 073

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

ASUNTO

La Sala, con el fin de garantizar el principio de doble conformidad, examina la sentencia del 25 de marzo de 2025, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Con dicho fallo se revocó la decisión dictada el 20 de agosto de 2024, por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad para, en su lugar, declarar a Luis Alberto Luengas Calle responsable por la comisión del delito de espionaje.

HECHOS

Entre los años 2018 y 2019, la Fuerza Aérea Colombiana tenía vigente un contrato con la ETB para efectos de recibir soporte en temas informáticos, entre ellos el relacionado con ciberseguridad. Para efectos de cumplir con esta labor, la ETB subcontrató a la empresa Ona Systems S.A.S., entidad que asignó a Luis Alberto Luengas Calle como el ingeniero de soporte que se encargaría de instalar, implementar y poner en marcha las herramientas de ciberseguridad al interior de esa fuerza armada.

Con ocasión de lo anterior y, con la intención de que pudiera cumplir con sus labores, la Fuerza Aérea Colombiana le entregó a Luengas Calle información secreta relativa a nombres de equipos y usuarios, así como direcciones IP de computadores asignados a altos mandos de esa institución, radares y del Centro de mando y Control de la FAC, entre otros datos.

Dicha información fue compilada por Luis Alberto Luengas Calle en un solo archivo Excel que denominó «Estaciones de trabajo Fac». En el mes de octubre de 2018, este documento fue publicado por Luengas Calle en las plataformas de internet «SCRIBD» y «EDOC», desde donde fue descargado en 14 ocasiones y visualizado 108 veces, permitiendo así que personas indeterminadas tuvieran acceso a datos que constituían secreto militar, dejando expuesta la seguridad del Estado en su componente aéreo.

ANTECEDENTES

1. El 28 de enero de 2020, ante el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le formuló imputación a Luis Alberto Luengas por la comisión del delito de espionaje (artículo 463 del Código Penal), cargo que no fue aceptado por el referido ciudadano.

Dado que no hubo solicitud en tal sentido, el imputado no fue afectado con ningún tipo de medida de aseguramiento.

2. El 1 de julio de 2020 la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del prenombrado, conservando los términos en los cuales le fuera formulada la imputación.

La actuación fue asignada al Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, autoridad ante la cual, el 20 de octubre de 2020, se llevó a cabo la audiencia donde se verbalizó la acusación, sin que se registrara variación o aclaración respecto de los términos de la imputación.

3. La audiencia preparatoria se desarrolló en dos sesiones los días 31 de marzo y 19 de julio de 2023. El juicio oral se instaló el 14 de noviembre de ese mismo año, prolongándose hasta el 20 de agosto de 2024.

4. En vista pública del mismo 20 de agosto de 2024, el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, dio lectura a la sentencia absolutoria proferida en favor de Luis Alberto Luengas Calle.

5. Dicha providencia fue objeto del recurso de apelación por parte de la delegada de la Fiscalía y la representación de víctimas, quienes solicitaron la revocatoria de la decisión para, en su lugar, proferir condena en contra del procesado por el delito que le fuera endilgado.

6. Con sentencia del 25 de marzo de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la providencia apelada y declaró a Luis Alberto Luengas Calle como autor responsable del delito de espionaje, imponiéndole una sanción de 72 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo lapso. Aunado a lo anterior, le negó al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del artículo 68 A del Código Penal.

7. Tal decisión habilitó la interposición del recurso de impugnación especial para el acusado, y el de casación para las demás partes e intervinientes, interponiéndose únicamente el primero por parte del defensor del procesado, en tanto que, las demás partes, guardaron silencio.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Tras presentar un recuento de la actividad probatoria y elaborar un marco teórico en torno al delito de espionaje, el A quo consideró que, en el presente asunto, la Fiscalía no había logrado demostrar más allá de toda duda razonable la existencia del delito endilgado.

Partió por destacar que, durante el juicio oral, se demostró la vinculación laboral de Luis Alberto Luengas Calle con la empresa ONA System S.A.S., subcontratista de la ETB, empresa encargada de brindar seguridad informática a la Fuerza Aérea Colombiana FAC.

Adujo que se acreditó la existencia de un archivo denominado «Estaciones de trabajo Fac», el cual fue creado por el acusado en desarrollo de su actividad laboral dentro de la FAC, ello con el objetivo de tener un control sobre los equipos «gestionados» por él y los que ya contaban con una activación del antivirus. Afirmó tener por probado que ese documento fue consignado, entre los años 2018 y 2019, en dos «reposarios de información» de libre acceso, denominados «SCRIBD» y «EDOC», desde donde se calcula fue descargado por personas desconocidas, al menos, unas 40 veces.

Indicó que, pese a lo anterior, la Fiscalía no logró demostrar, primero, que quien publicó el documento denominado «estaciones de trabajo FAC», fue el procesado. Tampoco se acreditó que el contenido de ese archivo constituía secreto militar, ni que su divulgación puso en riesgo la seguridad nacional. Señaló que, si bien hubo un ataque direccionado a algunos correos electrónicos de la FAC, esta no podía vincularse con Luengas Calle.

Resaltó que no se demostró cuál fue el rédito obtenido por el acusado con la acción que le fuera endilgada; ni se descartó que la misma fuera ejecutada por un tercero, desde el equipo de cómputo de Luis Alberto Luengas. Desestimó que unas direcciones IP constituyeran secreto militar, toda vez que estas, por sí solas, no contienen información sensible.

En cuanto a la tipicidad de la conducta, aseguró que esta no se hallaba acreditada, pues no se demostró que la información publicada hubiera ido a parar a manos de un Estado enemigo o de una fuerza beligerante, poniendo así en riesgo la seguridad estatal. Sostuvo que, aun acogiendo la hipótesis de la Fiscalía, no se avizora un proceder doloso por parte del procesado, por cuanto desconocía que la información puesta en sus manos para el desarrollo de su trabajo, constituía secreto militar.

Así las cosas, consideró que había una duda razonable frente a la responsabilidad de Luis Alberto Luengas Calle en la comisión del delito de espionaje y, por tanto, se imponía la necesidad de proferir sentencia absolutoria en su favor.

DECISIÓN IMPUGNADA

Como primera medida, el Ad quem aseguró que, contrario a lo afirmado por el juez de primera instancia, las pruebas de cargo se ofrecen «consistentes y coherentes», por lo que logran colmar el estándar probatorio requerido para emitir una sentencia de carácter condenatorio.

Aseguró que, el caudal probatorio aportado por la Fiscalía, evidenciaba que la información contenida en el archivo denominado «estaciones de trabajo FAC», publicado en los portales de «SCRIBD» y «EDOC», sí tenía la potencialidad de atentar contra la seguridad nacional, pues unas pruebas ejecutadas por personal uniformado de la FAC, demostraron que los datos allí consignados permitían incursionar en el correo del oficial a cargo de entregar semanalmente la coordinación operacional de la Fuerza Aérea.

Agregó que, la información revelada era de tal nivel de sensibilidad para la seguridad nacional, que el Estado se vio en la obligación de incurrir en grandes costos a fin de mitigar el daño causado, debiendo cambiar direcciones IP, realizando encriptaciones, renovando equipos y dictando nuevas capacitaciones al personal de la FAC. Todo lo anterior porque, los datos publicados, podían llegar a manos de personas indeterminadas alrededor del mundo.

Indicó que, contrario a lo sostenido por el A quo, la jurisprudencia en torno al delito de espionaje no da cuenta sobre la necesidad de individualizar al destinatario de la información revelada, ni exige acreditar la existencia de algún tipo de provecho por parte de quien la publicó para de ese modo tener por demostrada la tipicidad del hecho.

En ese sentido, aseguró que lo realmente necesario en estos eventos es establecer la calidad de sensible de los datos publicados, como en efecto ocurrió en el sub judice, donde se demostró que la información expuesta estaba relacionada con la infraestructura técnica de la FAC, quedando así expuesta, a nivel global, la seguridad nacional en su componente aéreo.

Explicó que, con ocasión de la libertad probatoria, no existe tarifa legal en torno a la demostración de lo que es o no secreto militar. En consecuencia, no puede esperarse a que exista un listado taxativo con los temas que ingresan en esa categoría, siendo suficiente apreciar el contenido de la información para, a partir de ello, determinar si se está o no ante un secreto militar.

Desde esa perspectiva, aseguró que no era difícil para el procesado y la empresa a la cual prestaba sus servicios, saber que la información entregada constituía secreto militar, pues su labor consistía en brindar «soporte de software y hardware de toda la plataforma de seguridad informática adquirida por la FAC»; razón por la cual todos los empleados de Ona System S.A.S. debían suscribir cláusula de confidencialidad. Agregó que, además, Luengas Calle no era novato en el ejercicio de sus funciones, pues su experiencia abarcaba el manejo de datos sensibles desde el año 2013 en varias entidades del estado.

Destacó que, según la prueba técnica allegada, fue posible establecer que el documento con la información secreta fue publicado en las plataformas «SCRIBD» y «EDOC» desde un usuario llamado «Alberto Calle». Dicho acto de publicación, según el perito de la Fiscalía, implicaba el previo agotamiento de varios pasos, de modo que no se trataba de una tarea simple. Y esa labor se cumplió desde el computador de trabajo asignado a Luis Alberto Luengas Calle.

A partir de lo anterior, el Tribunal resaltó:

Finalmente, tras realizar una síntesis sobre el contenido de las pruebas de descargo, el Ad quem concluyó que estas no lograban desvirtuar a las ofrecidas por la Fiscalía, las cuales permitieron acreditar que la autoría del hecho investigado estuvo en cabeza del procesado.

Destacó que, incluso, los testimonios entregados por los testigos de la defensa permitían corroborar que, la información manejada por el procesado en el ejercicio de sus funciones era sensible, por tratarse de datos relacionados con la «seguridad del conjunto equipos (sic) que preservan información relacionada con las funciones constitucionales que cumple el cuerpo armado».

DE LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL

La defensa de Luis Alberto Luengas Calle formuló dos cargos concretos en contra de la sentencia de segundo grado.

1. Como primer reproche, el recurrente aseguró que en el presente caso se produjo una «Violación del principio universal de in dubio pro reo (C.P.P. Art. 7) y la garantía constitucional de presunción de inocencia (C.N. Art. 29), por cuanto dentro del proceso penal, no se encuentra suficientemente probada la materialización del delito de espionaje.»

Explicó que, para concretar el tipo penal de espionaje, la norma exige que el sujeto activo «indebidamente revele secreto militar relacionado con la seguridad del Estado». Señaló que, en el presente caso, no resulta claro que el documento revelado por Luis Alberto Luengas se clasifique en esa modalidad de información, ya que su contenido, por sí solo, «no era suficiente para estructurar un ataque cibernético, sino que eran necesarios otros insumos», como bien lo revelaron los testigos Juan Manuel Rodríguez López y Khristian Jaffet Morales Vargas.

Resaltó que, desde el punto de vista técnico, posible es sostener que la sola información contenida en el documento denominado «Estaciones de trabajo FAC», el cual compila unos nombres de usuarios y unas direcciones IP, no permite acceder a los correos electrónicos de la referida fuerza armada. Agregó que, «el documento “Estaciones de Trabajo FAC”, no contiene datos que permita el acceso no autorizado a sistemas críticos, ni contraseñas activas, claves cifradas, tokens, direcciones de correos electrónicos, ni rutas vulnerables a intrusión externa».

Indicó que, ese archivo, tan solo registra «los nombres de sistema, el estado gestionado, la dirección IP, el nombre del usuario, y el tipo de sistema operativo, datos que por sí solos no permiten estructurar un ataque cibernético». Agregó que, si en un momento determinado el Mayor Juan Manuel Rodríguez López pudo ingresar a un correo electrónico valiéndose de esa información, fue porque la complementó con datos externos, unos que no estaban allí consignados, aspecto que fue soslayado por el Ad quem.

Manifestó que, en ese sentido, la aludida información no puede ser considerada como secreto militar. Que esa categoría le fue atribuida tan solo porque se produjo su publicación en dos portales web, lo cual resulta contraria al principio de legalidad estricta, ya que los datos allí vertidos no pueden ser catalogados como un secreto militar.

Señaló que en el presente asunto no se demostró quién fue el beneficiario o receptor de la información divulgada. Tampoco se acreditó que la seguridad del estado se hubiera visto comprometida, ya que «en primer lugar el Estado Colombiano no se encontraba inmerso en un conflicto internacional para la fecha de ocurrencia de los hechos materia de investigación, y en segundo lugar, el ente acusador no probó que el documento intitulado “Estaciones de Trabajo FAC”, hubiera sido descargado por las fuerzas de seguridad de un Estado enemigo del Estado Colombiano».

2. Como segundo cargo el impugnante planteó la existencia de una atipicidad en la conducta. Aseguró, primero, que de acuerdo con las manifestaciones efectuadas por el testigo Juan Manuel Rodríguez López, no se pudo establecer quién fue el destinatario de la información publicada. Y, segundo, cuestionó que el Tribunal hubiera restado importancia a esa temática para, de manera equivocada, pasar a sostener que no era relevante llegar a determinar quién era el destinatario de los datos revelados.

Adujo que, al ser un tipo de peligro, el delito de espionaje sí exige establecer quién es el destinatario de la información publicada, siendo irrelevante si al final la misma es o no usada por su receptor, ya que ahí radica precisamente la tipicidad de la conducta: en la puesta en peligro de la seguridad estatal por parte de un estado enemigo.

Bajo esa lógica, indicó que «si el adversario no recibe la información, sencillamente la seguridad del Estado no se pone en riesgo, y por lo tanto no hay delito, ya que el delito se configura cuando se transmite información secreta al adversario, situación que le da una ventaja en el campo de las hostilidades y por lo tanto se pone en riesgo la seguridad del Estado».

Insistió en señalar que, en todo caso, la información contenida en el archivo denominado «Estaciones de trabajo Fac», no era clasificada, por cuanto la misma no revelaba «información personal, correos electrónicos, contraseñas activas, claves cifradas, tokens, que permitiera el acceso no autorizado a sistemas críticos de la Fuerza Área Colombiana y que por ende comprometiera la seguridad del Estado Colombiano».

INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES

1. El representante legal de las víctimas solicitó confirmar la sentencia condenatoria proferida en contra de Luis Alberto Luengas Calle, en virtud de las siguientes consideraciones:

Indicó que, en Colombia, existen dos categorías para limitar el acceso a la información, denominadas «información calificada» e «información clasificada», las cuales están reguladas, respectivamente, en las leyes 1712 de 2014 y 1621 de 2013.

En lo que atañe a la primera legislación, explicó que «la “información calificada” se refiere a aquella que, debido a su naturaleza, ha sido sujeta a restricciones específicas por razones de seguridad, defensa nacional, o por la protección de derechos fundamentales»: Por su parte, la Ley 1621 se refiere a la protección de la información en el marco de actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Así, aseguró, «La “información clasificada” bajo esta ley, tiene un enfoque más específico en cuanto a la protección de la información, dado que la misma deriva del ejercicio de ejecución de actividades de organismos públicos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia».

En lo que respecta al Secreto Militar, afirmó que se trata de «información cuya divulgación podría poner en riesgo la seguridad y defensa de la nación».

Con fundamento en la anterior explicación, el apoderado de las víctimas señaló que el recurrente incurrió en yerros conceptuales que impiden acceder a sus pretensiones, pues, finalmente, la información revelada por el procesado sí constituye secreto militar, ya que incorpora datos sensibles relacionados con la seguridad aérea del estado colombiano.

2. El delegado de la Fiscalía presentó un extenso escrito donde, básicamente, consignó los apartes probatorios que consideró más relevantes para la resolución del asunto, presentando junto a ellos un análisis de ellos.

Señaló que, el memorial de impugnación especial se centró en tres aspectos relevantes: i) naturaleza y clasificación del documento divulgado; ii) peligro real y potencial de la divulgación, y; iii) ausencia de información personal en el archivo divulgado.

Resaltó que el impugnante, al limitarse a esos puntos, dejó de lado otros temas discutidos a lo largo del juicio, como que el archivo fue publicado por una misma persona en dos plataformas digitales diferentes; que dicho acto fue ejecutado por el procesado; la existencia de un compromiso de confidencialidad quebrantado por Luengas Calle, entre otros, aspectos todos estos relevantes cuyo análisis conjunto permitió inferir la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de juzgamiento.

Destacó que, en la actualidad, el tipo penal de espionaje no contempla como elemento constitutivo el verificar que la información sustraída fuera entregada a una «potencia enemiga» en medio de un estado de guerra, como sí acontecía en legislaciones anteriores. En la actual redacción, dicha conducta sólo reclama verificar que se haga pública una información de carácter secreto proveniente del ámbito político, económico y militar. Además, exige verificar que, tal divulgación, ponga en riesgo la seguridad del Estado.

En virtud de lo anterior, señaló que se equivoca la defensa cuando pretende desestimar el actuar del procesado asegurando que no hay prueba en torno a determinar quién fue el destinatario de la información publicada, ya que ese aspecto resulta irrelevante al momento de demostrar la existencia del delito de espionaje.

Afirmó que, contrario a los sostenido por el impugnante, las pruebas practicadas en juicio sí permitieron demostrar que la información publicada por el procesado en dos portales web sí ponía en riesgo la seguridad aérea del estado, pues los datos allí detallados mostraban la ubicación de al menos 9 radares civiles y militares.

En suma, señaló que las pruebas practicadas en juicio oral permiten determinar la responsabilidad de Luis Alberto Luengas Calle en el delito de espionaje y, por tanto, solicitó confirmar la sentencia condenatoria dictada en su contra por ese reato.

CONSIDERACIONES

1. La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el defensor de Luis Alberto Luengas Calle, contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de marzo de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 235 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y el criterio mayoritario plasmado en la decisión CSJ AP1263-2019 del 3 de abril de 2019.

2. De acuerdo con la sustentación del recurso impetrado, la Sala deberá estudiar: i) Si la conducta endilgada a Luis Alberto Luengas Calle logra materializar el punible de espionaje, como lo sostuvo la Fiscalía en el acto de acusación y; ii) si existen elementos de convicción suficientes en virtud de los cuales se pueda deducir, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del referido ciudadano en la comisión del aludido delito.

3. Del espionaje.

1. Concepto.

Desde la etimología, los términos espía o espionaje derivan de la raíz indoeuropea spek-, que significa «observar». De esta raíz derivan varios términos como los latinos species (vista, apariencia) y -specio (mirar, de dónde a su vez «espectáculo», «aspecto»), los griegos sképtomai (examinar, de dónde «escéptico») y skópos (que vigila, y de ahí «calidoscopio», «telescopio» o «epíscopo» u obispo) o el germánico spehon, de donde provienen nuestras palabras «espía» y «espionaje». En definitiva, «espionaje» significa «observación»1.

Congruente con lo anterior, la Convención de La Haya de 1907, donde se recoge el «Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre», señaló que «Sólo puede considerarse espía a una persona cuando, actuando clandestinamente o con falsos pretextos, obtiene o intenta obtener información en la zona de operaciones de un beligerante, con la intención de comunicarla a la parte hostil. (…)».

En ese sentido, la RAE, definió la palabra espionaje como la «actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva».

En consecuencia, puede sostenerse entonces que el espionaje es aquella actividad clandestina desplegada por una persona que, a partir de la observación, busca recaudar y compartir información que comprometa la seguridad de un Estado.

3.2. Recuento histórico del delito de espionaje en Colombia2.

Diversas han sido las variaciones que, a través del tiempo y las legislaciones penales, ha sufrido el delito de espionaje en nuestro país. Todas ellas, relacionadas con un contexto histórico del momento, así como con las posturas dogmáticas propias de la época.

Tras la expedición de la Constitución de 1886 y, con ella, el retorno de un régimen centralista a Colombia, el legislador profirió la Ley 19 de 18903, que, en su Libro Segundo, agrupó los «Delitos que afectan principalmente a la Nación o a la sociedad, o que sean cometidos por empleados públicos»; encargándose el Título Primero de los «Delitos contra la Nación», centrándose el Capítulo Primero en la «Traición y otros delitos semejantes».

Si bien en aquél entonces el legislador no tipificó de manera expresa el delito de espionaje, sí recogió en los artículos 150 y 153 del aludido compendio normativo, una serie de supuestos fácticos equiparables a ese punible, indicando que:

«Art. 150. Son reos de grave delito de traición, en guerra exterior, los colombianos que ejecuten alguno de los siguientes hechos: (…)

3. Servir de espías al enemigo, o acoger, proteger, ocultar o auxiliar, voluntariamente y a sabiendas, a dichos espías, para que puedan desempeñar su encargo en perjuicio de la Nación;

4. Comunicar a los enemigos algún plan, instrucción o cualesquiera avisos o noticias importante, acerca de la mala situación política, económica o militar de la Nación, con el objeto de que le hagan la guerra o se aperciban para ella, o la continúen ventajosamente; o bien suministrar, procurar o facilitar a dichos enemigos, recursos, auxilios, socorros, planos de fortificaciones, de puertos o arsenales, o cualesquiera otros medios importantes para los fines expresados; (…)

Art. 153. Son reos de delito menos grave de traición en guerra exterior los colombianos que ejecuten alguno de los siguientes hechos: (…)

4. Entregar, a sabiendas, a los Agentes de alguna potencia extranjera neutral, planos o diseños de fortificaciones, puertos o arsenales de que estén encargados por razón de su destino, o descubrirles el secreto de alguna negociación o expedición, de que se hallan instruidos oficialmente, por su ministerio; (…)»

El artículo 154 del Código Penal de 1890, establecía que también incurrían en las anteriores conductas «los extranjeros que ejecuten los hechos referidos, siendo empleados públicos o estando al servicio del Gobierno».

Ahora bien, hacia la segunda década del siglo XX empezaron a llegar a Colombia las influencias de lo que se conoció como «La Escuela Positivista del Delito», cambio dogmático que finalmente derivó en la promulgación de un nuevo Código Penal, el cual se conoció como la Ley 95 de 1936.

El Título Primero, del Libro Segundo de esa obra, se denominó «Delitos Contra la Existencia y la Seguridad del Estado» y, su Capítulo Primero, se dedicó a los «Delitos de Traición a la patria». Dentro de este último, el artículo 122 establecía:

«El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia a Colombia a causa de su empleo o función pública, que revele los secretos políticos, diplomáticos o militares referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando los documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares o cualquiera otro asunto esencial para la defensa de los intereses del país, ya facilitando de otra manera su divulgación, está sujeto a presidio, de dos a cuatro años, y multa de trescientos a mil pesos.»

La misma norma consideraba que esa conducta se agravaba cuando los secretos eran revelados a: i) gobierno de otra nación; ii) un Estado que se hallara en guerra con Colombia; o cuando iii) la revelación llevara a que se interrumpieran o turbaran las relaciones amistosas de Colombia con otra nación y; iv) si el responsable había conocido los secretos por su condición de funcionario, o si había acudido al uso de la violencia o el fraude para obtener el conocimiento.

En este estadio histórico logra advertirse que, aun cuando todavía no se adopta el nome iuris de espionaje, en tanto la conducta descrita aún se denomina traición a la patria, la revelación de secretos deja de constituir, como sucedía en el Código de 1890, un delito típico de guerra exterior. Asimismo, esta legislación introdujo el concepto de «Seguridad del Estado», como bien jurídico penalmente tutelado, y abandonó aquella concepción según la cual, el delito en comento sólo podía ser cometido en favor de otra nación, adoptando una visión más amplia, donde se punía el simple acto de revelación de secretos, siendo apenas una causal de agravación el que el destinatario de la información fuera otro Estado.

El 23 de enero de 1980, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ley 100 de ese año, por cuya virtud se adoptó un nuevo estatuto penal. Acá, el Título I del Libro Segundo se ocupó de los «Delitos contra la Existencia y Seguridad del Estado» y, dentro de este, se destinó el Capítulo Primero para condensar los «delitos de traición a la patria», en tanto que el Capítulo Segundo se ocupó de los «delitos contra la seguridad del estado». Dentro de esta última categoría, por primera vez, se tipificó el espionaje como conducta autónoma, bajo los siguientes términos:

«Artículo 119. Espionaje. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar, relacionado con la seguridad del Estado, incurrirá en prisión de tres a doce años.»

Como se puede notar, a partir de esta codificación, el espionaje dejó de considerarse como un acto de traición a la patria, para ser tenido como una conducta que atentaba contra la seguridad del Estado. En virtud de lo anterior, se adoptó una visión absolutamente amplia con respecto al modo como podía materializarse ese punible, abandonando por completo el clásico supuesto fáctico que ubica a otro Estado como el beneficiario de la labor de espionaje.

Así, a partir de ese entonces, lo relevante no era determinar quién era el destinatario de la información obtenida, empleada o revelada por el espía, sino determinar que la misma, además de constituir secreto político, económico o militar, pusiera en riesgo la seguridad del Estado.

Finalmente, la Ley 599 de 2000, en su Libro Segundo, Título XVII -Delitos contra la existencia y seguridad del Estado-, Capítulo Segundo -Delitos contra la seguridad del Estado-, tipificó la conducta de espionaje en el artículo 463, conservando en su integridad la redacción contenida en el Decreto Ley 100 de 1980.

Como se puede apreciar, hoy en día el delito de espionaje presenta una connotación muy distinta a la que motivó su inicial vinculación delictuosa a fines del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, ya que, tras concluir la segunda guerra mundial, la revelación de secretos militares, económicos o políticos no conservó en nuestro país la trascendencia que originalmente vinculó el hecho con la existencia o seguridad exterior del estado, al punto que se desligó del nomen iuris de traición a la patria, para pasar a verificar el daño dentro de un ámbito más focalizado como es el de la seguridad nacional, entendiendo que esa revelación de información reservada, que nutre dentro de la concepción patria la conducta punible examinada, más que beneficiar hipotéticas confrontaciones externas, afecta la estabilidad misma del Estado.

3.3. Del delito de espionaje en la Ley 599 de 2000.

El artículo 463 de la aludida legislación, tipifica el delito en comento bajo los siguientes términos: «El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado».

En ese sentido, se tiene entonces que la aludida descripción típica presenta la siguiente estructura dogmática: i) un sujeto activo indeterminado; ii) el sujeto pasivo lo constituye el Estado, ya que el bien jurídico penalmente tutelado es, precisamente, el de su seguridad; iii) presenta tres verbos rectores alternativos: obtener, emplear o revelar; iv) exige que la ejecución de sus verbos rectores se verifique bajo el criterio de «indebidamente», esto es, de forma ilícita, irregular, subrepticia o tramposa; v) integra como ingredientes normativos los conceptos de: secreto político, económico, militar y seguridad del Estado; vi) es un tipo penal de resultado y peligro presunto, al tiempo que su ejecución es instantánea y; vii) se trata de una conducta eminentemente dolosa.

En punto de los ingredientes normativos, pertinente es señalar que, de acuerdo con la RAE, la primera acepción del vocablo secreto corresponde a «Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta», en tanto que la segunda, hace referencia a «reserva, sigilo».

Así las cosas, puede asegurarse entonces que el concepto de secreto político, económico y militar, hace referencia a la reserva que el Estado impone a cierta y determinada información que, por su delicadeza, debe ser manejada con sigilo a fin de no comprometer la estabilidad de sus instituciones, la confiabilidad de sus finanzas y la capacidad de defensa o ataque armado; de ahí que esos conceptos se encuentren íntimamente ligados con el de seguridad del Estado, el cual se puede definir como aquel conjunto de medidas o acciones adoptadas por el aparato gubernamental con el objeto de prevenir, contener y enfrentar cualquier tipo de amenaza, interna o externa, que ponga en riesgo la existencia del Estado, su soberanía, la integridad del territorio, la seguridad de sus ciudadanos y su estabilidad económica o política.

De ahí que dicho concepto involucre, principalmente, aspectos relacionados con los órdenes: i) Militar. Relativo a la capacidad del Estado para ejercer, mediante el uso de la fuerza, la protección de su territorio y de sus ciudadanos; ii) Político. Enfocado en mantener una estabilidad institucional que permita el pacífico desarrollo de la Nación, y; iii) Económico. Orientado a asegurar una estabilidad de orden financiero que contribuya con el crecimiento y fortalecimiento del poder estatal4.

Ahora bien, nótese que, de acuerdo con la evolución histórica surtida en torno al modo como se tipifica la conducta de espionaje, en la actualidad la legislación penal colombiana no condiciona la materialización de la conducta al hecho de verificar si, el secreto obtenido, empleado o revelado por el sujeto agente, tenía como destinataria una persona o entidad determinada, sino que tan solo exige constatar si la consumación de alguno de los verbos rectores descritos en el tipo penal, comprometió la seguridad del Estado en alguna de las vertientes allí detalladas.

En ese sentido, irrelevante resulta cualquier discusión en torno a establecer si, el secreto irregularmente sustraído, tuvo o no un destinatario específico; o si el mismo fue o no efectivamente usado por alguna persona, entidad o Estado, en contra de Colombia; así como también resulta superfluo determinar si se produjo un daño real y efectivo a la seguridad nacional. Lo anterior porque, se insiste, la conducta descrita en el artículo 463 del Código Penal, pune el simple hecho de poner en riesgo la seguridad del Estado a partir de la obtención, empleo o revelación de un secreto político, económico o militar.

4. De la información pública y militar, su clasificación y manejo.

4.1. Con el objeto de regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejercicio y las excepciones a la publicidad de información, el Legislador colombiano expidió la Ley 1712 de 2014, la cual, según su artículo 5, es aplicable a:

«a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. (…)» (Resaltado fuera de texto)

Mediante sentencia C-274 de 20135, la Corte Constitucional declaró inexequible el Parágrafo 2 de ese artículo, el cual pretendía exceptuar de la aplicación de esa legislación a «la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales». En consecuencia, los conceptos, regulaciones y restricciones contenidos en la mencionada Ley, resultan aplicables a las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 señala que información es «un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen». Asimismo, establece que la categoría denominada «información pública reservada» es «aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley».

Congruente con lo anterior, el canon 19 del mentado compendio normativo clasifica como «información exceptuada por daño a los intereses públicos», a aquella que previamente ha sido catalogada como «pública reservada» y guarda relación, entre otros temas, con: a) la defensa y seguridad nacional; b) la seguridad pública y; c) las relaciones internacionales. La restricción de acceso a este tipo de información, debe estar contenida, bien sea en la Constitución Política de Colombia, ora en algún tipo de normatividad que así lo establezca.

4.2. Ahora bien, mediante la expedición de la Ley 1621 de 2013, el Congreso de la República reguló las actividades de inteligencia y contrainteligencia del país, norma que, en su artículo 37, le impuso al Gobierno Nacional la obligación de reglamentar los «niveles de clasificación de la información». Esta temática fue abordada en el artículo 11 del Decreto 857 de 2014, cuyo tenor literal, en lo que interesa para el caso, es el siguiente:

(…)

d) Restringido. Es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información de las instituciones militares, de la Policía Nacional o de los organismos y dependencias de inteligencia y contrainteligencia, sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar en las citadas instituciones y organismos, su seguridad, operaciones, medios, métodos, procedimientos, integrantes y fuentes. (…)» (Resaltado de la Sala).

4.3. De acuerdo con el anterior marco normativo, posible es asegurar que, en la actualidad, existe información de carácter público que, obedeciendo a diversos criterios, entre los que se encuentra la defensa y seguridad nacional, goza de algún grado de restricción para su divulgación.

En ese sentido, acertado es sostener que toda aquella información relacionada con la infraestructura física y tecnológica de las Fuerzas Armadas de Colombia, se halla protegida mediante la imposición de algún grado de reserva legal, ello, con la única finalidad de garantizar la seguridad del Estado.

Lo anterior, se vio reflejado en la emisión, por parte del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Disposición 018 de 2015, documento de carácter clasificado mediante el cual se adoptó el «Manual de Ciberdefensa y Ciberseguridad»6, donde se consigna, entre otros aspectos, la identificación de aquellos elementos considerados como «infraestructura crítica y especial» de ese órgano armado, reclamando una particular protección de estos, así como de los «activos tecnológicos y de información de la Fuerza Aérea».

Así las cosas, el hecho de que al interior de la Fuerza Aérea Colombiana exista un «Manual de Ciberdefensa y Ciberseguridad», cuyo contenido es de carácter clasificado y, por ende, secreto para el público en general por razones de seguridad nacional, hace que cualquier dato o información relacionada con los activos críticos allí relacionados, también adquieran esa naturaleza, surgiendo así una restricción para su divulgación en razón al riesgo que supone a la infraestructura militar y, por ende, a la seguridad del Estado.

5. Del caso concreto.

De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, el 10 de octubre de 2018, Luis Alberto Luengas Calle publicó en las plataformas abiertas de internet denominadas «SCRIBD» y «EDOC», un documento tipo Excel denominado «Estaciones de Trabajo Fac», el cual contenía 5306 líneas con nombres de equipos, direcciones IP, nombres de usuario, tipos de sistemas operativos de terminales de cómputo y radares de la FAC.

Dado que esa información se considera secreto militar, por guardar relación con la seguridad aérea de Colombia, el ente acusador estimó que la acción ejecutada por Luengas Calle era constitutiva del delito de espionaje -verbo rector revelar-, ya que con ella puso en riesgo la seguridad del Estado, al suministrar a personal indeterminado insumos que podían derivar en ataques cibernéticos que comprometieran la infraestructura crítica aeronáutica.

En contraposición, el defensor de Luis Alberto Luengas Calle aseguró que, la Fiscalía, no pudo demostrar la materialidad de la conducta endilgada a su representado por cuanto: i) no probó que fue Luengas Calle quien publicó el documento denominado «Estaciones de Trabajo Fac»; ii) no acreditó la condición de secreta de la información revelada; iii) no estableció quién era el destinatario de la publicación y su contenido y; iv) no demostró cuál fue el rédito obtenido por el procesado con ese proceder.

Aseguró que, en todo caso, la información revelada resulta insuficiente para, por sí sola, permitir la ejecución de un ataque informático, razón por la cual la seguridad del Estado no estuvo en riesgo. Así las cosas, consideró que, en el presente evento, se está ante el juzgamiento de una conducta que se ofrece como atípica.

Tomando como punto de partida las teorías que del caso formularon Fiscalía y defensa, la Sala procederá a realizar la correspondiente valoración probatoria con el objeto de determinar cuál de las dos se encuentra debidamente acreditada.

5.1.1. Con el objeto de demostrar su teoría del caso, la Fiscalía trajo al juicio oral los testimonios del Coronel Iván Darío Paipa Moscoso, Subdirector de Ciberseguridad de la FAC para los años 2018 y 2019; el Mayor Juan Manuel Rodríguez López, Subdirector de Ciberdefensa Aérea de la FAC en ese mismo periodo y del ingeniero de sistemas Juan Camilo Palacios, suboficial de la Fuerza Aérea para la época de los hechos.

Los mencionados testigos recordaron que, hacia finales del mes de enero de 2019, fueron informados sobre la existencia de una serie de correos electrónicos remitidos a varios funcionarios de esa fuerza armada en Cali, donde se les indicaba que su seguridad había sido comprometida, razón por la cual les era posible enviar ese mensaje desde su propio usuario. Además, en el mismo correo, se amenazaba a los destinatarios con publicar imágenes comprometedoras si no pagaban determinada suma de criptoactivos.

Los mencionados correos fueron sometidos a un análisis por parte del Técnico Cuarto Juan Camilo Palacio y el Mayor Juan Manuel Rodríguez, quienes encontraron que el tráfico de la información se originó en los servidores de la FAC. Coincidieron en indicar los deponentes, que con el nombre específico del servidor identificado, se adelantó una búsqueda sencilla en internet, encontrando que el mismo se hallaba «atado» a la página web «SCRIBD», la cual es un «repositorio» de información de público acceso, donde encontraba publicado un documento denominado «Estaciones de trabajo Fac», el cual registraba entre 30 y 40 descargas.

Señalaron que el referido documento contenía alrededor de cinco mil registros relacionados con direccionamientos IP, nombre de usuario y máquina, la mac del computador y el sistema operativo; información relevante que se constituía en insumo para un ataque cibernético de gran escala.

Explicaron que, los datos divulgados hacen parte de la «infraestructura crítica de la Fuerza Aérea», la cual puede ser definida como aquella que les permite «volar, cumplir operacionalmente y adelantar operaciones militares». Indicaron que un ciberataque pudo comprometer la operatividad de los radares y, con ello, afectar la seguridad aérea de todo el país, tanto en su componente militar, como en el civil.

Destacaron que, el contenido del documento divulgado se encuentra directamente relacionado con la operación estratégica de la FAC. Los datos allí consignados permitían «acceder a información de operaciones, inteligencia, estrategia, que no es normal que sea pública ni que cualquier persona pueda acceder a ella». Aseguraron que, dentro de la información revelada, se encontraba el direccionamiento IP del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea, el cual se encarga de manejar información sensible de seguridad.

Indicaron que, tras advertir la exposición de la información, procedieron a buscar quién fue la persona encargada de ejecutar dicho acto. Así, partieron por ubicar el nombre del usuario que divulgó el documento en la plataforma «ESCRIBD» y luego verificaron si al interior de la FAC había algún funcionario con acceso a esa información. El resultado de esas pesquisas los llevó a Luis Alberto Luengas Calle, empleado de la empresa Ona Systems, subcontratista de la ETB, persona jurídica que celebró con la Fuerza Aérea un contrato para brindarles asistencia en temas de seguridad, soporte y tecnología informática.

El Coronel Paipa Moscoso explicó que, Luengas Calle, era una de las personas a cargo de cumplir con el objeto del contrato celebrado con la ETB, encargándose de brindar soporte en seguridad informática. En ese sentido, tenía acceso al Cuartel General de la FAC, en el CAN; conocía las herramientas de seguridad de la Fuerza Aérea y su funcionamiento; estaba al tanto del inventario de activos de esa fuerza y contaba con acceso a la información que fue revelada. En concreto, conocía toda la infraestructura cibernética de la FAC.

Señaló que, a fin de proteger su información frente a terceros, la Fuerza Aérea Colombiana hace suscribir a sus contratistas unos acuerdos de confidencialidad. Para el caso, los mismos fueron firmados con la ETB, que a su vez se los impuso a Ona Systems, que luego los trasladó a Luis Alberto Luengas Calle. Así las cosas, asegura, todos los antes mencionados sabían con suficiencia que la información confiada a ellos para efectos de la ejecución del mencionado contrato tenía el carácter de reservado, dada su importancia estratégica.

Finalmente explicó que, aun cuando desconoce si existe algún tipo de acto administrativo por cuyo conducto se haya catalogado como secreta la información revelada, no puede desconocerse que la misma sí gozaba de esa condición dada su incidencia en la seguridad nacional.

A su turno, el Mayor Juan Manuel Rodríguez López precisó que los correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la FAC en Cali, fueron sometidos a una serie de pruebas, encontrando que estos lograban evadir el primer filtro de seguridad, relativo al antispam.

Puntualizó que, los datos divulgados hacían parte de la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea Colombiana, como: i) los radares, los cuales constituyen el activo crítico de mayor importancia de la FAC, por cuanto son la primera línea de defensa aérea del país; ii) el mando y control, que es un sistema que permite a los oficiales comandantes de batalla, ejercer control sobre las unidades desplegadas por ellos. Este sistema se centraliza en Bogotá; iii) cuentas y usuarios de algunos Generales, y; iv) información de ciertos servidores.

Indicó que esa información no es de carácter público. Agregó que la reserva de esa información está fijada en los manuales de Ciberdefensa y Ciberseguridad, los cuales definen cuál es la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea.

Explicó que, con la información hallada, realizaron una «prueba de concepto», la cual consiste en simular un ataque informático para lograr determinar hasta dónde se puede penetrar en el sistema. Ese ejercicio los llevó a acceder al correo del oficial encargado de remitir la comunicación que resulta de la reunión operativa que se celebra todos los miércoles, donde se suministra detalles relacionados con las características operacionales de la fuerza a lo largo de la semana.

Aseguró que la información divulgada está directamente relacionada con la seguridad nacional, porque a partir de ella es posible elaborar un diagrama de red que permita determinar dónde se encuentran localizados los sistemas de la FAC, brindando así un panorama amplio a cualquier hacker que pretenda vulnerar los sistemas de la Fuerza, comprometiéndose así la defensa del Estado.

Por último, explicó que el secreto militar no radica en ocultar la existencia de la infraestructura, sino la manera como la misma funciona. En consecuencia, revelar las direcciones IP de los equipos radar, pone en riesgo su operatividad, luego esos datos constituyen secreto militar.

El Ingeniero de Sistemas Juan Camilo Palacios, además de referirse a la calidad de la información, su procedencia e importancia, el modo como fue hallada y los resultados de la «prueba de concepto», indicó que a su cargo estuvo corroborar si los datos divulgados realmente correspondían a la FAC, encontrando que ello era así.

Durante su intervención en el juicio oral, le fue exhibida la «prueba de concepto» realizada por él y el Mayor Juan Manuel Rodríguez López, identificando allí los radares que fueron expuestos en el documento publicado.

5.1.2. Adicionalmente, el delgado de la Fiscalía trajo a juicio el testimonio del General (R) Henry Quintero Barrios, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Jefe de la Jefatura de Tecnologías de la Información de la FAC, quien recordó la existencia de un contrato entre esa fuerza y la ETB para la configuración y estructuración del área y plataforma de seguridad de la Fuerza Aérea.

Remembró que, en desarrollo de ese contrato, se presentó un riesgo de seguridad por fuga de información, ya que los datos suministrados para la ejecución del contrato, los cuales estaban bajo el dominio de la empresa subcontratista Ona Systems, aparecieron divulgados en un portal abierto de internet.

Indicó que, dentro de los datos divulgados, se encontraban unas direcciones IP de radares y del Centro de Comando y Control de la FAC, dos componentes importantes del sistema de defensa aérea nacional. Explicó que, los primeros, constituyen el sistema de alerta temprana frente a incursiones aéreas, en tanto que, el segundo, es el «cerebro» de la fuerza, al encargarse de recaudar información y administrar lo relativo a radares, aeronaves de combate y los componentes de defensa antiaérea. Aseguró que, comprometer este factor, pone en riesgo la seguridad aérea del estado, tanto en su componente civil, como en el militar.

Explicó que, la información revelada en el documento denominado «Estaciones de trabajo Fac», constituye un insumo importante para la planeación de un ataque cibernético. Destacó que esos actos no se agotan de un momento para otro, sino que conllevan una larga planeación, pues el delincuente necesita organizar los datos puestos a su disposición, para así proceder con la ejecución de su plan.

Aseguró que la referida información salió del Centro de Datos de Bogotá, está vinculada con un ingeniero que prestaba sus servicios a Ona Systems y fue revelada sin ningún tipo de autorización. Agregó que todos esos datos constituyen secreto militar, toda vez que se vinculan de forma directa con los sistemas de defensa aérea, los cuales guardan relación estrecha con la Seguridad Nacional.

Los deponentes, además de asegurar que no conocían al procesado, hecho que no fue desvirtuado por la defensa y descarta cualquier animadversión o ánimo vindicativo de aquellos hacia este, brindaron una narración lógica, fluida, organizada y conteste acerca de los sucesos percibidos por ellos; las acciones que ejecutaron ante la detección de una amenaza cibernética y el resultado de estas, todo ello desde una exposición enmarcada dentro de sus conocimientos como militares y especialistas en temas de ciberseguridad.

Pese a sus esfuerzos, no pudo la defensa lograr comprometer la credibilidad de los mencionados testigos en cuanto a sus conocimientos especializados en los campos de la ciberseguridad y militar, ya que no allegó elemento de convicción de cualquier tipo que tuviera la potencialidad de demostrar que algún concepto, técnica o labor ejecutada por ellos en relación con este caso, fuera errada o contraria a las leyes de la ciencia informática.

En consecuencia, la Sala reitera que los testimonios ofrecidos por el General Henry Quintero Barrios; el Coronel Iván Daría Paipa Moscoso; el Mayor Juan Manuel Rodríguez López y el Técnico Cuarto Juan Camilo Palacios, se ofrecen como una prueba creíble y confiable por cuya virtud es posible lograr una reconstrucción de los hechos a fin de determinar la existencia del delito endilgado al procesado y su eventual responsabilidad en la comisión de este.

5.1.4. Como primera medida, los testimonios ofrecidos por los referidos militares permiten a la Corte tener por demostrado que, para los años 2018 y 2019, la Fuerza Aérea Colombiana tenía vigente un contrato con la empresa ETB, para efectos de recibir soporte informático y de seguridad en ese ámbito.

También se determinó que, con ocasión de ese vínculo contractual, la ETB subcontrató a la empresa Ona Systems S.A.S. para encargarla de asumir los temas relativos a la implementación, instalación, configuración y puesta en marcha de herramientas de seguridad cibernética en la FAC.

En virtud de las labores de indagación adelantadas por la investigadora del CTI María Amparo López Escalante, pudo establecerse que, desde el 18 de noviembre de 2013, Ona Systems S.A.S. celebró contrato individual de trabajo con Luis Alberto Luengas Calle, para efectos de desarrollar labores propias de un ingeniero de soporte. Con ocasión de ello, Luengas Calle fue designado por la aludida empresa, para efectos de asumir las labores encomendadas por la ETB y dar cumplimiento al contrato celebrado entre esas dos personas jurídicas.

Como consecuencia de lo anterior, la FAC autorizó a Luis Alberto Luengas Calle para que ingresara a sus diversas instalaciones y pudiera desarrollar las labores que le fueron encomendadas por su empleador. También le confió información relacionada con su infraestructura informática, para facilitarle el cumplimiento de su trabajo.

Durante el juicio oral, Luis Alberto Luengas Calle renunció a su derecho de guardar silencio y, durante su intervención, ratificó todo lo antes señalado. Así, confirmó haber laborado para la empresa Ona Systems S.A.S.; ser el encargado de desarrollar en la FAC las labores para las cuales la ETB subcontrató con aquella empresa y haber recibido información de redes informáticas, por parte de la Fuerza Aérea, para efectos de la ejecución de sus labores.

En consecuencia, queda demostrado el vínculo existente entre el procesado y la Fuerza Aérea Colombiana, así como las razones por las cuales él tenía acceso a información relacionada con la estructura cibernética de esa fuerza militar.

5.1.5. Continuando con el estudio de los testimonios rendidos por los oficiales de la FAC que concurrieron como testigos al juicio oral, para la Corte resulta también demostrado que, en el mes de enero de 2019, tras sufrir un ataque cibernético en la ciudad de Cali, miembros de las Subdirecciones de Ciberseguridad y Ciberseguridad Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, encontraron alojado en las plataformas «SCRIBD» y «EDOC», un archivo Excel denominado «Estaciones de trabajo Fac», que contenía información relativa a la infraestructura cibernética de esa fuerza armada. Dicho archivo fue publicado desde el perfil denominado «Alberto Calle».

De acuerdo con lo relatado por los testigos en comento, dicho documento estaba conformado por más de cinco mil líneas que contenían datos precisos referentes a: nombre de equipos, usuarios, direcciones IP y sistemas operativos de terminales de trabajo asignadas a radares, Generales, altos oficiales y al Centro de Comando y Control de la FAC. Todas estas dependencias y personas, con acceso y manejo de información de alto impacto para la seguridad del Estado.

Lo anterior, fue corroborado por el perito informático del CTI Gustavo Adolfo Bautista Choles, quien, dentro de sus labores investigativas, pudo constatar que el mencionado documento sí existía y, en efecto, se hallaba depositado en los portales web antes indicados, más concretamente en un perfil de usuario llamado «Alberto Calle». Asimismo, confirmó que el mismo consistía en un archivo Excel dividido en cuatro columnas denominadas: nombre de máquina; gestionado; dirección IP; usuario.

Aunado a lo anterior, debe indicarse que el propio Luengas Calle, durante su intervención en el juicio oral, reconoció la existencia del mencionado archivo Excel, asegurando que este fue creado por él para efectos de poder controlar el desarrollo de sus actividades laborales dentro de la FAC, las cuales guardaban relación con la implementación, instalación, configuración y puesta en marcha de herramientas de seguridad cibernética en la Fuerza Aérea, y, a su vez, demostrar que había cumplido con las funciones que le fueron asignadas por su empleador, Ona Systems, subcontratista de la ETB al servicio de la Fuerza Aérea en los mencionados temas.

En ese sentido, para la Corte queda demostrado que: i) el archivo Excel denominado «Estaciones de trabajo Fac», sí existió; ii) su contenido se componía de un listado con más de cinco mil nombres de equipos, usuarios, direcciones IP y detalles del sistema operativo, de terminales de trabajo de la FAC; iii) su autor fue Luis Alberto Luengas Calle y; iv) se produjo una divulgación de este en las plataformas de internet llamadas «SCRIBD» y «EDOC», desde un usuario llamado «Alberto Calle».

5.1.6. Los testimonios del General Henry Quintero Barrios; el Coronel Iván Daría Paipa Moscoso; el Mayor Juan Manuel Rodríguez López y el Técnico Cuarto Juan Camilo Palacios también permitieron acreditar que la información vertida en el documento denominado «Estaciones de trabajo Fac» era cierta y pertenecía a la FAC.

Sobre el particular, los deponentes aseguraron que, tras revisar el contenido del archivo, evidenciaron que este poseía datos relativos a la infraestructura informática de la Fuerza Aérea. Por lo anterior, el Mayor Rodríguez López y el Técnico Cuarto Juan Camilo Palacios, procedieron a realizar una «prueba de concepto», simulando un ataque cibernético. Esa acción, les permitió corroborar que la información revelada era verídica, ya que, en medio de ese ejercicio, pudieron acceder a la cuenta de un oficial activo de la FAC. Asimismo, determinaron que dentro de las direcciones IP reveladas, se hallaban varias asignadas a radares de la Fuerza Aérea.

Por otra parte, la inspección realizada por el perito informático del CTI, Gustavo Adolfo Bautista Choles, al computador de trabajo asignado por Ona Systems a Luis Alberto Luengas Calle, permitió establecer que los datos consignados en el archivo «Estaciones de trabajo Fac», provenían de varios documentos que le fueron entregados por la propia Fuerza Aérea para el cumplimiento de sus funciones como ingeniero de soporte.

Lo anterior, fue ratificado por el propio Luengas Calle, quien, como ya se dijo, en juicio oral admitió haber construido ese archivo con el objeto de controlar el avance de su trabajo y poder demostrar que se estaba cumpliendo con el objeto contractual que vinculaba a su empleador con la ETB y la FAC. Así, posible es asegurar entonces que, el archivo denominado «Estaciones de trabajo Fac», contenía información fidedigna, actualizada y relevante que pertenecía a la Fuerza Aérea Colombiana.

5.1.7. Ahora bien, en lo que concierne a la clasificación de la información revelada, los oficiales de la FAC Henry Quintero Barrios, Iván Darío Paipa Moscoso, Juan Manuel Rodríguez López y Juan Camilo Palacios, aseguraron que la misma ostentaba la condición de secreta, ya que hacía parte de la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea y su revelación comprometía el cumplimiento misional de esa milicia, lo que a su vez ponía en riesgo la seguridad del Estado.

Los deponentes fueron claros, precisos e insistentes en señalar que la información divulgada mediante la publicación del archivo Excel «Estaciones de trabajo Fac», constituía un insumo importante para facilitar un ataque cibernético, ya que, allí se revelaba datos de radares de la Fuerza Aérea, del Centro de Comando y Control de la FAC e, incluso, correos electrónicos de Generales y altos mandos de ese componente militar, quienes manejan información clasificada relacionada con la seguridad y defensa nacional.

Con el fin de evidenciar el nivel de sensibilidad que posee la información divulgada, el General (R) Henry Quintero Barrios partió por explicar que, la defensa aérea nacional está compuesta por radares -sistemas de alerta temprana-; aeronaves de combate -primera línea de defensa nacional-; sistema de defensa antiaérea y el centro de comando y control -dirige todo lo anterior y es el cerebro de la defensa-. Acto seguido señaló que con la información revelada todos los anteriores componentes quedaron expuestos y, por tanto, se comprometió la seguridad del Estado.

Explicaron todos los oficiales que la revelación de datos sobre direccionamientos IP, nombre de usuarios y tipos de sistemas operativos usados por las terminales de trabajo intervenidas por Luis Alberto Luengas, eran insumos suficientes para que un Hacker pudiera ingresar a la red de la Fuerza Aérea Colombiana y alterara parámetros de radares, obtuviera información militar secreta o, incluso, anulara los sistemas de defensa nacional, impactando así, en la seguridad aérea colombiana, tanto en su componente civil como militar.

Ahora bien, el Manual de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la FAC, documento de carácter confidencial acogido mediante Disposición No. 018 del 2 de junio de 2015, suscrita por el entonces Comandante de la Fuerza Aérea e incorporado en juicio, en su aparte pertinente, por la investigadora del CTI Jennifer Victoria Jaramillo, señala que la infraestructura crítica se encuentra conformada por «instalaciones, medios, hardware, software, comunicaciones y tecnologías de información que soportan el funcionamiento del sector defensa, así como su interacción con los sectores financiero, energético, salud, comunicaciones y administraciones públicas de la Nación, entre otros».

En ese sentido, el mismo documento señala que la infraestructura crítica de la FAC, en su componente cibernético o de tecnologías de la información, «hace referencia al conjunto de dispositivos informáticos, servicios, aplicaciones, redes e información que se origina, almacena y transmite a través de ellos». En consecuencia, asegura que «En la Fuerza Aérea Colombiana, la infraestructura crítica cibernética se define corno el conjunto de sistemas de operación y de información, cuya negación o interrupción no deseada pueden representar el incumplimiento de la misión institucional».

A continuación, el aludido manual enlista como parte de la infraestructura crítica de la FAC los siguientes elementos: i) radares; ii) plataformas de vigilancia y alerta temprana y; iii) aeronaves.

En ese sentido, para la Sala resulta claro que la información vertida y divulgada en el documento denominado «Estaciones de trabajo Fac», indudablemente hace parte de lo que se conoce como infraestructura crítica de la Fuerza Aérea Colombiana, no solo porque allí se mencionaba de forma explícita la dirección IP de los radares pertenecientes a esa fuerza, sino porque, según la definición dada a ese concepto en el Manual de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la FAC, los datos revelados integran el «conjunto de sistemas de operación y de información» de esa fuerza, de modo que su eventual interrupción puede significar el incumplimiento de su misión institucional.

Lo anterior es así porque, según lo explicara el General Henry Quintero Barrios, los datos revelados podían facilitar una incursión a los radares de la FAC, lo que, a su vez, los dejaba en riesgo de ser deshabilitados o alterados en sus parámetros. Maniobras de ese nivel, aseguró, impedirían detectar invasiones al espacio aéreo nacional; generar falsas alarmas; poner en riesgo la aeronavegación civil y menguar la credibilidad y confiabilidad de la Fuerza Aérea.

Así las cosas, para la Corte no cabe duda que la información vertida en el archivo «Estaciones de trabajo Fac», el cual fuera divulgado a través de las plataformas públicas de internet denominadas «SCRIBD» y «EDOC» sí resulta ser altamente sensible y delicada, al punto que hace parte de la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea Colombiana, su manejo no es de dominio público y su publicación pone en riesgo la operatividad de la FAC, lo que a su vez compromete la seguridad nacional.

Bajo esa perspectiva y, aun cuando no existe acto administrativo alguno -como insistentemente lo ha reclamado la defensa- que enliste los datos revelados como secreto militar, indudablemente sus características y el riesgo que representa para la seguridad del Estado su divulgación, le otorgan tal categoría. En consecuencia, bajo el amparo del principio de la libertad probatoria, la Sala estima suficientemente demostrado que la información a la que se ha venido haciendo alusión, la cual fue revelada en dos páginas web de acceso público y libre, sí ostentan la condición de secreto militar.

5.1.8. Congruente con lo anterior, la Corte encuentra demostrado también que con la divulgación de la información consignada en el archivo Excel denominado «Estaciones de trabajo Fac», la seguridad del estado sí se puso en riesgo.

Sobre el particular, vale la pena recordar lo dicho por el Coronel Iván Darío Paipa Moscoso y el General (R) Henry Quintero Barrios, quienes durante su exposición explicaron que de manera constante las Fuerzas Armadas manejan «hipótesis de conflicto», las cuales los llevan a realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para trazar planes de acción sobre ellas.

Ambos oficiales, así como el Mayor Juan Manuel Rodríguez López y el Técnico Cuarto Juan Camilo Palacios, coincidieron en asegurar que dentro de los datos revelados se encontraba el nombre de equipo, el usuario y la dirección IP, tanto del Centro de Comando y Control de la FAC, como del oficial que semanalmente se encargaba de recopilar y remitir información relativa a las operaciones militares desplegadas por la Fuerza Armada, las cuales guardan relación, precisamente, con esas «hipótesis de conflicto».

Asimismo, relevante es indicar en este punto que, de acuerdo con las labores desplegadas por el perito informático adscrito al CTI, Gustavo Adolfo Bautista Choles, el documento publicado alcanzó a ser descargado en 14 ocasiones y visualizado 108 veces. Estas cifras, permiten advertir que la información divulgada sí era de interés para un grupo de personas indeterminado que la estimó útil para algún tipo de actividad que le resultara favorable para sus intereses.

Recuérdese también que la «prueba de concepto» realizada por oficiales de la FAC, les permitió acceder al correo electrónico del oficial antes indicado, lo que de suyo implica poder hacerse a la información secreta que era manejada por él.

Todo lo anterior, sumado al hecho de que las direcciones IP de los radares estaban expuestas, generando así el riesgo ya explicado de que, esos dispositivos fueran manipulados, alterados o inhabilitados, deja en evidencia que la seguridad del Estado sí quedó expuesta. Se generó el riesgo de incursiones aéreas por parte de algún agente considerado como «hipótesis de conflicto» o, como bien lo explicara el General Quintero Barrios, se puso en peligro la aviación civil de Colombia, la cual funciona de manera mancomunada con la militar para efectos de garantizar la protección del espacio aéreo nacional.

5.1.9. Ahora bien, en lo que respecta al autor de la publicación que conllevó la revelación de un secreto militar en las plataformas «SCRIBD» y «EDOC», la Sala encuentra suficientemente demostrado que la misma puede ser atribuida a Luis Alberto Luengas Calle, debido a las siguientes consideraciones:

Establecido está que para los años 2018 y 2019, la Fuerza Aérea Colombiana celebró un contrato con la ETB para efectos de recibir soporte tecnológico en temas de ciberseguridad. Para el desarrollo del contrato la ETB subcontrató a la empresa Ona Systems S.A.S.

En virtud de lo anterior, Ona Systems destinó a Luis Alberto Luengas Calle como el ingeniero de soporte que se encargaría de la implementación, instalación, configuración y puesta en marcha de las herramientas de seguridad cibernética en la FAC. Asimismo, como herramienta de trabajo la empresa le asignó a Luengas Calle un computador portátil desde donde debía cumplir sus labores, en tanto que, la FAC le proporcionó los datos de su estructura cibernética con el fin único y exclusivo de que pudiera desarrollar su labor de forma normal.

Una vez la Fuerza Aérea de Colombia advierte la filtración de información asociada con su infraestructura cibernética, los miembros de sus Subdirecciones de Ciberseguridad y Ciberseguridad Aérea, Mayor Juan Manuel Rodríguez y el Técnico Cuarto Juan Camilo Palacios, iniciaron unas labores de investigación que derivaron en los siguientes resultados:

El documento que contenía la información secreta denominado «Estaciones de trabajo Fac», fue publicado en el mes de octubre de 2018 en las plataformas de internet llamadas «SCRIBD» y «EDOC», desde un perfil bajo el nombre de «Alberto Calle», el cual registraba una foto. Con esos insumos se adelantó una primera búsqueda en redes sociales, encontrando en Facebook un perfil bajo el mismo nombre y con la foto de una persona de características similares a la que aparecía en la imagen de los mencionados repositorios documentales.

Dado que la foto de la red social permitía ver un «fichero» o carné de visitante correspondiente a una de las instalaciones de la FAC, la búsqueda se direccionó al interior de la institución, encontrando que se trataba de Luis Alberto Luengas Calle. Acto seguido se confirmó que él, como ingeniero de soporte encargado de temas de ciberseguridad, tenía acceso a la información consignada y publicada en el archivo «Estaciones de trabajo Fac».

Puesta en conocimiento de Ona Systems S.A.S. la anterior situación, la empresa puso a disposición de las autoridades el equipo de cómputo asignado a Luengas Calle para el desarrollo de sus funciones, fue así como el investigador y perito informático del CTI, Gustavo Adolfo Bautista Choles se encargó de recaudar dicho elemento, embalarlo y someterlo a la correspondiente cadena de custodia, para luego proceder con la extracción de la información allí contenida y efectuar un análisis de la misma.

Durante su intervención en el juicio oral el perito Gustavo Adolfo Bautista Choles reveló a la audiencia que, la extracción de datos realizada por él al mencionado equipo, le permitió establecer: i) que en esa máquina reposaban varios documentos que de manera disgregada tenían la información condensada en el archivo «Estaciones de trabajo Fac»; ii) que los rastros dejados al navegar permitían establecer que desde ahí se produjo la publicación de ese documento en las plataformas «SCRIBD» y «EDOC»; iii) que en un momento determinado se produjo una serie de búsquedas orientadas a obtener información acerca de cómo eliminar documentos de esas plataformas y; iv) que el equipo no se encontraba infectado con ningún malware.

Reseñó que, según sus indagaciones, pudo determinar también que el equipo intervenido era propiedad de Ona Systems y se encontraba asignado, de forma exclusiva, a Luis Alberto Luengas Calle. Destacó que, de hecho, la máquina contaba con un perfil de usuario asignado a esa persona y una contraseña de ingreso que previamente le había sido suministrada al momento de su recolección.

Los anteriores datos, sumados al hecho de que durante el juicio oral Luis Alberto Luengas Calle admitió ser el autor del documento «Estaciones de trabajo Fac» y un usuario activo de la plataforma «SCRIBD», permiten a la Sala colegir que, en efecto, fue él, y no otra persona, quien de manera deliberada realizó la publicación de ese documento, dejando expuesta la seguridad del Estado en su componente de defensa aérea.

5.1.10. En criterio de la Sala, el anterior acto fue cometido de manera dolosa, ya que, según las pruebas allegadas al proceso, Luis Alberto Luengas Calle sabía perfectamente que le estaba prohibido actuar de esa manera, ello en virtud de la cláusula de confidencialidad que contenía su contrato individual de trabajo, y porque su amplia experiencia como ingeniero de soporte le permitía saber que la información consignada en el archivo creado por él, era sensible para la Fuerza Aérea y, por tanto, no podía ser de público conocimiento.

Al respecto, pertinente es indicar que, de acuerdo con lo narrado por los testigos de cargo, General (R) Henry Quintero Barrios, el Coronel Iván Darío Paipa Moscoso y el Mayor Juan Manuel Rodríguez López, el contrato suscrito entre la FAC y ETB, estaba dotado de una cláusula de confidencialidad que le impedía a los contratistas revelar la información que les debía ser entregada para el cumplimiento del mismo.

También, destacaron que esa cláusula le fue replicada a Ona Systems S.A.S., empresa que ya había trabajado con otras entidades del sector público y privado, donde, de igual modo, también se imponía esa restricción. Por lo tanto, no se trataba de un asunto novedoso para ellos y, por ende, sabían que existían una serie de protocolos para el manejo de la información y conocían las consecuencias de no observarlos.

Bajo esa misma línea argumentativa, debe indicarse que mediante la intervención en juicio oral de la investigadora del CTI María Amparo López, se introdujo al proceso copia del contrato laboral suscrito entre Ona Systems S.A.S. y Luis Alberto Luengas Calle. Este documento consigna una cláusula de confidencialidad en su ordinal décimo tercero, así como un anexo con la misma denominación, cuyo contenido literal es el siguiente:

«Confidencialidad. Si como consecuencia del presente contrato, EL TRABAJADOR en desarrollo de sus funciones como ingeniero de soporte tiene acceso a información y documentos confidenciales de los clientes de ONA SYSTEMS SAS, a datos personales de quienes tengan relación con ONA SISTEMS SAS, información de operaciones, inversiones, clientes, secretos industriales y comerciales, EL TRABAJADOR se compromete a guardar absoluta reserva, y se obliga: a) No emplearlos para el desarrollo de actividades diversas de las que constituyen el objeto del presente contrato. b) Devolverlos a los clientes de ONA SYSTEMS SAS a la finalización de la labor encomendada o a la terminación por cualquier causa, del presente contrato, salvo que en el mismo acuerdo se estipule algo diferente. e) No conservar para sí, ni para terceros, a la finalización por cualquier causa del acuerdo, copias o reproducciones de cualquiera de dicha información (sic), materiales y documentos, EL TRABAJADOR y ONA SYSTEMS SAS respetarán el carácter confidencial de toda la información obtenida como consecuencia de le ejecución del presente contrato y no deberán divulgarlo a terceros sin acuerdo previo y por escrito de la otra parte. Si durante la prestación de los servicios se tiene ingreso a áreas restringidas de los clientes de ONA SYSTEMS SAS, EL TABAJAOOR se compromete a no revelar y/o divulgar a terceros y demás las características físicas del lugar, los controles que se tienen establecidos, así como toda la información sobre las redes de datos solo puede ser proporcionada por el área encargada, así como la habilitación dé los segmentos de red y el acceso a las plataformas tecnológicas cuando sea necesaria la prestación de servicios.

Propiedad de la información. Toda información entregada al TRABAJADOR por parte de los clientes y/o ONA SYSTEMS SAS es propiedad exclusiva de ellos y de ONA SYSTEMS SAS. En consecuencia, EL TRABAJADOR no utilizará dicha información para su propio uso o de terceros y la misma deberá ser devuelta o destruida a la finalización del contrató.» (Resaltado de la Sala)

En ese sentido, evidente resulta que Luis Alberto Luengas Calle tenía pleno conocimiento acerca de la expresa prohibición que le asistía en torno a realizar cualquier tipo de publicación donde se viera involucrada la información que le fuera suministrada por la Fuerza Aérea Colombiana, para efectos del cumplimiento de sus labores como ingeniero de soporte dentro de esa institución y, pese a ello, fue su deseo obrar en contravía de esa obligación, procediendo a revelar información secreta propiedad de la FAC.

Pertinente es agregar que, según las explicaciones brindadas por el perito informático Gustavo Adolfo Bautista Choles, el referido acto de divulgación no puede ser atribuido a un hecho fortuito, sino que, por el contrario, es el resultado del agotamiento de una serie de pasos ordenados y minuciosos.

Sobre el particular, el referido perito explicó en la audiencia de juicio oral que el proceso de publicar documentos en las plataformas «SCRIBD» y «EDOC», implica el previo agotamiento de siete pasos, entre los que se encuentra la creación de la cuenta, el cargue del documento, la asignación de unos caracteres descriptivos del archivo, la aceptación de las políticas de uso de las páginas y la autenticación de la identidad, paso que implica asociar el perfil de la página con la cuenta de correo o, en su defecto, el abonado celular.

En ese sentido, la Corte encuentra demostrado que la publicación realizada por Luis Alberto Luengas Calle de información militar perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana, se produjo de manera indebida, ya que, él no contaba con autorización de esa entidad para proceder en tal sentido.

Además, está acreditado que tal proceder se surtió de manera dolosa, pues aun cuando sabía que ese acto no le estaba permitido y que, los datos a revelar podían comprometer la seguridad del Estado por tratarse de información relativa a la estructura crítica de la FAC, quiso el resultado y procedió con su divulgación en dos plataformas de acceso público donde alcanzaron 14 descargas y 108 visualizaciones, en el lapso comprendido entre los meses de octubre de 2018 y enero de 2019, según lo reveló el perito e investigador del CTI Gustavo Adolfo Bautista.

5.2. Corolario de lo anterior, la Sala encuentra demostrado que en el mes de octubre de 2018, Luis Alberto Luengas Calle reveló, de manera indebida, información relacionada con la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea Colombiana, la cual se considera secreto militar, por tratarse de una serie de datos que pueden comprometer el desarrollo misional de esa fuerza militar.

Dicha revelación puso en riesgo de manera real y efectiva la Seguridad del Estado, ya que la información divulgada por Luengas Calle constituía insumo suficiente para facilitar un ataque cibernético en contra de la FAC, dejando al territorio nacional vulnerable, o incluso desprovisto, de su defensa aérea.

En consecuencia, puede asegurar la Corte que los hechos por los cuales fue acusado Luis Alberto Luengas Calle sí son objetivamente típicos, al concretar el delito de espionaje.

5.3. Ahora bien, en lo que atañe a las pruebas de descargo, debe indicar la Sala que estas no tienen la potencialidad de desvirtuar, ni mucho menos controvertir la teoría del caso y las pruebas allegadas por la Fiscalía en contra de Luis Alberto Luengas Calle, las razones, son las siguientes:

Como primera medida se allegó el testimonio de Luisa Fernanda Martínez Jiménez, investigadora de la defensa, quien se refirió a las actividades investigativas realizadas por ella, las cuales consistieron, básicamente, en presentar las siguientes solicitudes:

i) Fiscalía General de la Nación. Entidad a la que le pidió copia de la hoja de vida de los investigadores del CTI que intervinieron en el presente caso;

ii) Consejo Profesional de Ingeniería. A quien requirió certificara si, dentro de sus registros, aparecían los nombres de quienes se desempeñaron como investigadores de la Fiscalía en este asunto, así como de los miembros de la FAC que también tomaron parte en la investigación.

iii) Consejo Superior de la Judicatura. Para que, con respecto a las mismas personas antes mencionadas, indicara si existían registros que los acreditaron como profesionales del derecho.

v) Ona Systems S.A.S. Entidad a la cual le formuló un cuestionario acerca de las actividades que desarrollaba Luis Alberto Luengas Calle al interior de esa empresa y de la FAC, así como registros sobre las actividades del procesado para el 10 de octubre de 2018.

Tras relatar cuál fue el resultado de estas actividades, señalando qué entidades le brindaron respuesta y cuáles no, la Sala advierte que ninguno de los documentos recaudados se orienta a desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía ni mucho menos, rebate las pruebas de cargo. En efecto, la información recaudada no desvirtúa el hecho de que Luengas Calle hubiera realizado, de forma indebida, la publicación del documento denominado «Estaciones de trabajo Fac»; tampoco demuestra que la información divulgada fuera de carácter público y, menos aún, acredita que los testigos de cargo hubieran faltado a la verdad o incurrido en imprecisiones de orden técnico que comprometiera su confiabilidad.

De otra parte, se recaudó el testimonio del ingeniero de sistemas Cristian Morales Vargas, quien es Capitán de la Fuerza Aérea y se desempeñaba como Subdirector de Aseguramiento Tecnológico de la FAC. Este deponente, desde un principio, dejó en claro no haber conocido el contenido del documento «Estaciones de trabajo Fac», motivo por el cual le resultaba imposible asignarle alguna calificación a la información allí consignada.

Desde ese punto, las preguntas que le fueron formuladas se basaron en especulaciones y no en aspectos concretos, razón por la cual, las respuestas, también fueron del mismo tenor. Fue claro en señalar que, en todo caso, sin importar la calidad de la información que le fuera suministrada a los contratistas de la Fuerza Aérea, ellos sabían que no podían publicarla.

Finalmente, Luis Alberto Luengas Calle renunció a su derecho de guardar silencio e intervino en el juicio oral realizando una extensa exposición donde, básicamente, confirmó ser el autor del documento denominado «Estaciones de trabajo Fac»; negó ser quien lo publicó en internet; señaló que, posiblemente, a su equipo hizo ingreso otra persona con el fin de efectuar esa divulgación; quiso tachar de imprecisos o equivocados los diversos conceptos y explicaciones de orden técnico suministrados por los testigos de cargo; aseguró desconocer que estaba prohibido publicar la información que le fuera facilitada para el desarrollo de sus funciones como ingeniero de soporte; aseguró que la información revelada no constituía secreto militar; admitió tener una cuenta y ser usuario de la plataforma «SCRIBD» y, finalmente, aseguró que él no tiene relación alguna con otros Estados ni ha obtenido ningún rédito con la revelación del documento en mención.

En criterio de la Corte, las manifestaciones rendidas por el acusado tampoco logran el cometido de controvertir las pruebas de cargo y mantener indemne su presunción de inocencia. Así las cosas, aun cuando negó ser la persona que publicó la información secreta perteneciente a la FAC y aseguró que ese acto pudo haber sido ejecutado por otra persona, los elementos de convicción que militan en autos, como quedó evidenciado, infirman esas aseveraciones, al punto que, carecen de la entidad suficiente para, al menos, generar duda o incertidumbre.

En cuanto a los cuestionamientos realizados en contra de los conceptos técnicos que realizaron varios testigos de cargo, debe destacarse que los mismos carecen de cualquier soporte técnico o científico que los respalden. La defensa, pero en especial el procesado, no lograron desacreditar la idoneidad de los testigos de la Fiscalía en cuanto a sus conocimientos y experiencia en el manejo de temas militares y de ciberseguridad. En otras palabras, no se aportó elemento alguno por cuyo conducto fuera posible establecer que los procedimientos o conclusiones a las cuales arribaron los oficiales de la FAC y el perito informático del CTI, eran erróneos.

Tampoco resultan aceptables las aseveraciones realizadas por el acusado en el sentido de señalar que nunca le fue advertida la existencia de una restricción en punto a publicar la información que le era facilitada para el desarrollo de sus actividades como ingeniero de soporte. Lo anterior, porque al momento de suscribir su contrato laboral con Ona Systems el 18 de noviembre de 2013, también firmó una cláusula de confidencialidad donde se le ponía de presente tal restricción. Además, dada su experiencia brindando soporte en temas de ciberseguridad, le era exigible saber que los datos entregados a él eran sensibles y no podían llegar a manos de personas indeterminadas, por cuanto los mismos tenían la potencialidad de servir para ataques cibernéticos.

El que, prestara sus servicios para una institución militar, supiera que la información confiada a él para efectos de desarrollar su labor como ingeniero de soporte y tener suscrita una cláusula de confidencialidad, era conocimiento suficiente para que Luis Alberto Luengas Calle tuviera claro que no podía disponer a su arbitrio de los datos que publicó en internet. Luego, injustificable es que ahora pretenda asegurar que ignoraba cuán sensibles eran los datos a los cuales tenía acceso, y que los mismos no podían ser divulgados.

Finalmente, en lo que atañe a su manifestación de no tener relación con Estados extranjeros ni haber obtenido rédito alguno con la publicación realizada, la Sala debe indicar que estas aseveraciones en nada inciden al momento de valorar la tipicidad de la conducta endilgada ni su responsabilidad en la misma, pues, como se explicó en un principio, el delito de espionaje no exige la verificación de esos elementos. Por consiguiente, irrelevante es determinar si existe o no algún vínculo de Luengas Calle con otra nación, así como el establecer cuál fue el beneficio alcanzado por este a partir de la referida divulgación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de marzo de 2025, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

Impedido

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Nubia Yolanda Nova García

Secretaria

1 Ruiz Miguel Carlos, Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado Constitucional. Editorial Tecnos. 2002.

2 Sobre el particular, consultar CSJ SP del 28 de noviembre de 2007, Rad. 27650.

3 Codigo (sic) Penal de la República de Colombia Ley 19 de 1890 (de 19 de octubre). Universidad del Rosario.

4 Al respecto consultar «El concepto de Seguridad en América Latina hasta la segunda década del siglo XXI» de Alejandro Cerón Rincón. Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto.

5 Control de constitucionalidad previo a los Proyectos de Ley 228 de 2012 Cámara, 156 de 2011 Senado, posteriormente conocidos con Ley 1712 de 2014.

6 Disposición vigente para el momento de los hechos y modificada con posterioridad a su ocurrencia.

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SP118-2026(60381)

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:39 +0000

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado ponente

SP118-2026

Radicación n.° 60381

(Acta n.º 063)

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

ASUNTO

La Sala resuelve el recurso de casación interpuesto por la defensa en contra de la sentencia de segunda instancia, emitida el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá. Con esta decisión modificó y confirmó la condena del Juzgado 37 Penal del Circuito de esta ciudad en contra del ciudadano Tubal Caín Castillo Vanegas, como autor de los delitos de acceso carnal violento agravado1, en concurso heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado.

HECHOS

De acuerdo con lo declarado por las instancias, para los meses de febrero y marzo del año 2012, Tubal Caín Castillo accedió carnalmente y mediante violencia a la niña Y.C.A, de 14 años para ese momento. Este la amenazó con matarla, la desnudó a la fuerza y la penetró con su pene, vía vaginal. Como consecuencia de ello, quedó embarazada2.

En el mismo periodo de tiempo, Castillo Vanegas llevó a cabo tocamientos en las zonas erógenas de la menor A. C. A.3, de 12 años. Los hechos descritos en ambos casos ocurrieron en la residencia ubicada en el barrio Aures 2, localidad de Suba.

Estos tocamientos a A.C.A. se efectuaron de manera violenta. En ciertas oportunidades, arrojó a la niña sobre la cama, trató de tomarla por la fuerza y de abrirle las piernas. En alguna ocasión, los avances del procesado se frustraron porque la pequeña le propinó una patada en sus genitales.

Todas las agresiones sexuales en contra de ambas niñas se efectuaron mediante la violencia física, pues, pese al rechazo y falta de consentimiento expresado por las víctimas, el acusado se imponía y las sometía a su voluntad. Además, Tubal Caín las amenazó, tanto durante la ocurrencia de los comportamientos como con posterioridad.

Castillo Vanegas era el padrastro de las víctimas. Las conductas delictuales del procesado se facilitaron porque, en muchas oportunidades, se quedaba a solas con las menores, pues la madre de estas tenía que trabajar. El procesado era celador, por lo que sus horarios de trabajo eran en la noche. De tal modo, permanecía en la casa durante el día y allí estaba cuando las niñas regresaban de sus horarios habituales de estudio.

ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

1. El 30 de abril de 2013, ante el Juzgado 25 Penal Municipal de Control de Garantías, la Fiscalía imputó a Tubal Caín Castillo Vanegas. Lo señaló como autor de los delitos de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 31, 205, 209 y 211, numerales 2 y 6, del Código Penal) en lo que respecta a Y.C.A.

1.1. Frente a la víctima A.C.A, se le imputó como autor de acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 206 y 211, numerales 2 y 4, del CP). El imputado no aceptó los cargos.

2. El 6 de septiembre de 2013, ante el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá se surtió la audiencia de acusación. En aquella oportunidad se acusó al señor Castillo Vanegas como autor de los punibles de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, agravados y con circunstancias de mayor punibilidad (artículos, 208, 209, 211 numerales 2o, 4o, 5o y 6°, 58 numerales 7 y 14 del CP).

3. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 22 de noviembre de 2013. El juicio oral, a su vez, entre los días 28 de mayo de 2014 y 29 de marzo de 2017.

4. El 6 de julio de 2017, el juzgado de conocimiento emitió fallo condenatorio en contra de Tubal Caín Castillo Vanegas, al ser hallado penalmente responsable por los delitos de acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, contemplados en los artículos 31, 205, 209 y 211 numerales 2o y 6o del CP.

4.1. Consecuente con lo anterior, se le impuso la pena principal de dieciocho (18) años de prisión, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad. Se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

5. Contra esta determinación, el defensor interpuso recurso de apelación. El Tribunal Superior de Bogotá, el 26 de marzo de 2021, la modificó y confirmó. La única variación consistió en la eliminación del concurso homogéneo sucesivo de los accesos carnales violentos agravados. En su lugar, declaró la responsabilidad penal de un evento. En lo demás, confirmó lo declarado por el a quo.

6. En desacuerdo con la anterior sentencia, el mismo sujeto procesal promovió recurso extraordinario de casación. Mediante decisión AP1506-2024, radicación n.°. 60381, la Sala admitió únicamente el primer cargo de la demanda, por lo que se practicó la respectiva audiencia de sustentación.

LAS SENTENCIAS

I. De primera instancia

7. Indicó el juez de primera instancia que no existía dudas sobre la forma como el procesado había agredido sexualmente a sus hijastras Y.C.A y A.C.A. Tanto las victimas como su progenitora detallaron la violencia -física y moral-ejercida por parte del procesado, durante las agresiones sexuales así como después de estas. También se demostró que el padre del hijo de Y.C.A es el procesado, pues fue un hecho estipulado y sustentado con el dictamen de genética forense practicado al niño J.S.C.A.

8. Además, las psicólogas Irene barón y María del Rosario Gonzales corroboraron el estado emocional y de salud mental de las víctimas, datos compatibles con las agresiones narradas.

9. Por el contrario, el a quo no dio credibilidad a las afirmaciones del procesado, en el sentido de que había sido seducido por Y.C.A, pues esta se había enamorado de él. Igualmente, que el día que sostuvieron relaciones sexuales fue la pequeña quien se «metió en su cama», se desnudó y, como estaba el cuarto oscuro, el procesado creyó que era su esposa.

10. Frente a la variación por la calificación jurídica que el ente acusador realizó en la imputación y acusación, adujo que de las pruebas era claro que esta correspondía a los delitos imputados, pues las agresiones sexuales habían ocurrido de manera violenta y sin el consentimiento de las agredidas.

11. Además, tanto el acceso carnal abusivo como el acceso carnal violento tienen la misma punibilidad, por lo que la variación no alteraba ni perjudicaba la condición procesal del acusado, siendo posible realizar dicho ajuste.

13. Finalmente, el juez se ocupó de la tasación de la pena. Señaló que el delito más grave por el cual se condenó al acusado es el acceso carnal violento agravado, que establece una pena de dieciséis (16) a treinta (30) años, o sea, de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses de prisión. Así, al dividir los cuartos de movilidad y, dado que no concurrieron circunstancias de mayor punibilidad, se movió en el cuarto mínimo, alejado de este extremo, dada la gravedad de la conducta y la afectación ocasionada en las víctimas.

14. Al considerar lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 61 del Código Penal sobre el daño real o potencial creado y la intensidad del dolo, fijó la pena en dieciséis (16) años y seis (6) meses de prisión por el delito de acceso carnal violento agravado. Tal resultado lo aumentó en 18 meses por la concurrencia con el punible del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.

15. Como resultado de lo anterior, la pena definitiva quedó en 18 años de prisión, término en el que también estableció la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El a quo le negó al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

II. De la segunda instancia

16. El Tribunal consideró que los testimonios de las víctimas eran sólidos, coherentes e insistentes en su incriminación. Contrario a lo pretendido por el defensor, no encontró mella en su credibilidad por la tardanza en denunciar los hechos investigados. Tanto Y.A.C, A.C.A. y la madre de ambas, fueron reiterativas en las constantes amenazas y maltratos por parte de Castillo Vanegas, situación que influyó en el tiempo transcurrido para interponer la denuncia. Señaló:

Finalmente, no le es dable al defensor cuestionar la actitud de la madre cuando salió de la «esfera de su agresor», pues todas las personas reaccionan de manera diferente ante las diversas circunstancias, máxime cuando están bajo el influjo de amenazas y constantes maltratos por parte de éste.

En suma, no se encuentran razones para pensar que la denunciante determinó a sus hijas Y.A.C y A.C.A. para que mintieran sobre los abusos sexuales a los que se vieron sometidas por parte del procesado y, por ende, no son de recibo las observaciones del apelante.

17. Como precisión final, el Tribunal recordó que, pese a ser condenado por el delito de acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, entre otros, a lo largo del juicio no se lograron establecer los hechos que conformaban el concurso homogéneo de dicho punible. Al efecto puntualizó que en todas las ocasiones en las que Y.A.C relacionó las circunstancias de las que fue víctima, hizo referencia principalmente al día en que, producto del acceso carnal violento, quedó embarazada. Es decir, no hubo claridad respecto de las demás oportunidades en las que fue víctima de la misma conducta punible por parte del procesado.

18. Por tal razón, en lo que respecta al delito de acceso carnal violento, eliminó el concurso homogéneo por el que se sentenció a Castillo Vanegas. No obstante, no hizo ninguna modificación en la pena, pues el a quo no derivó ninguna consecuencia de este reconocimiento.

LA DEMANDA

19. El cargo admitido por la Sala se enmarca en la causal segunda de casación (artículo 181 #2 CPP). Adujo el recurrente que en el presente caso «la sentencia demandada contiene una condena por un delito distinto del que fue objeto de la acusación y, adicionalmente, de mayor gravedad», lo que contraría lo previsto en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004.

20. En esencia, se transgredió el principio de congruencia, pues la calificación jurídica de la acusación contempló el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, tanto la primera como la segunda instancia condenaron por acceso carnal violento, lo cual se tornó más gravoso para su defendido. Por ello, solicitó decretar la nulidad desde la sentencia de primera instancia, para que se ordene su respectiva emisión conforme los cargos acusados o, en su defecto, se dicte un fallo de reemplazo sin incluir este delito.

SUSTENTACIÓN Y RÉPLICAS

1. La defensa:

21. El demandante reiteró lo consignado en el escrito de casación que se admitió, sin que sea necesario agregar algo de importancia.

2. El representante de víctimas:

22. Se mostró de acuerdo con lo expuesto por el demandante, ya que las instancias condenaron por un delito distinto al acusado. Por ello, solicitó que se case la sentencia y, en su lugar, se decrete la nulidad de lo actuado.

3. El Fiscal Delegado ante la Corte:

24. En cuanto a la congruencia jurídica, en principio no se podría pregonar que la conducta del artículo 205 del Código Penal sea más grave que la del 208 CP. Un parámetro válido para sostener lo anterior estaría dado por la voluntad legislativa, al determinar el mismo marco punitivo para los dos delitos.

25. En este contexto, se respetó el núcleo fáctico y se condenó por un delito diferente al precisado en la acusación, pero de igual gravedad. No existió una afectación a la regla de la consonancia, ni se causaron perjuicios al procesado, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

26. Lo anterior, también tiene respaldo en la jurisprudencia de esta Corporación, como se determina en la sentencia SP 101 del 26 de enero de 2022, radicado 58448. En ese sentido, no hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado, tampoco a absolver al procesado.

27. Por lo demás, extendió el tópico de discusión para plantear la posibilidad de excluir las causales de mayor punibilidad, pues la fiscalía debió fundamentar de manera explícita los motivos fácticos y jurídicos que imponían su aplicación.

28. Por lo anterior, solicitó casar parcialmente el fallo demandado para excluir las causales específicas de mayor punibilidad del artículo 211, con la consiguiente redosificación de la sanción. Además, sugirió revisar la decisión del Tribunal de excluir el concurso del acceso canal violento sin modificar la pena.

4. El Procurador Delegado para la Casación Penal:

29. Parcialmente de acuerdo con sus antecesores, recordó el análisis efectuado en la decisión SP 209.2023, radicado 56244. Allí, la Corte diferenció entre el acceso carnal abusivo y violento, no obstante, su igual sanción punitiva.

En este caso, tal vez por un «momento de confusión», la fiscalía cambió la calificación jurídica en la audiencia de acusación. Ahora, cuando sucedieron los hechos investigados, la menor Y.C.A ya tenía más de 14 años, cuestión que para la defensa podría representar un sorprendimiento.

30. La solución jurídica para problemas relacionados con la congruencia puede ser emitir un fallo de reemplazo, no anular la actuación. En este caso, podría simplemente corregirse la sentencia en lo que tiene que ver con su consecuencia jurídica.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

I. Precisiones preliminares

31. La Sala ha sostenido que, una vez admitida la demanda, le corresponde examinar de fondo los problemas jurídicos propuestos por el recurrente, al margen de los defectos de forma que puedan advertirse en su formulación.

32. Siguiendo esta línea, el recurso extraordinario de casación, como mecanismo de control legal y constitucional de las providencias judiciales, tiene por propósitos hacer efectivo el derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia.

II. Problema jurídico

33. La defensa solicitó la casación de la sentencia de segunda instancia y, como consecuencia de ello, la anulación del proceso o absolución del procesado por el punible de acceso carnal violento agravado. El objeto de la pretensión es la garantía de los derechos del procesado y que se emita una sentencia condenatoria por el delito acusado, con fundamento en el numeral 2 del artículo 181 del C.P.P.

34. En esas condiciones, la Sala abordará el proceso seguido en contra de Tubal Caín Castillo Vanegas. Así, establecerá la corrección no solo de la decisión recurrida -desde los presupuestos legalmente establecidos para emitir un fallo de condena-, sino de la actuación procesal desde la formulación de la imputación.

35. El principal problema jurídico se circunscribe en determinar si se vulneraron los derechos del procesado, tras ser condenado por un delito distinto al acusado. En otras palabras, deberá analizarse la dimensión de la congruencia fáctica y jurídica en el caso concreto.

36. Para resolverlo, esta decisión se estructura de la siguiente forma:

2. En segundo lugar, se analizará la fijación de la premisa fáctica y su adecuación jurídica desde la formulación de imputación hasta la sentencia;

3. En tercer lugar, se condensarán criterios jurisprudenciales en torno a la congruencia fáctica y jurídica;

4. finalmente, la Sala estudiará el caso sometido a su conocimiento.

1. De los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo

Del acceso carnal violento

37. El delito de acceso carnal violento aparece tipificado en el artículo 205 del Código Penal de la siguiente manera: «El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años».

38. Son elementos objetivos de este tipo penal:

i. que el sujeto activo -no calificado-

ii. penetre a la víctima con su miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o la penetre la vía vaginal o anal con otra parte del cuerpo u otro objeto y

iii. que se trate de una conducta sexual no consentida, siendo necesario que medie violencia para suprimir el consentimiento de la víctima.

39. Acerca de la violencia, para el momento de los hechos aún no se encontraba el artículo 212A del Código Penal, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1719 de 20144, por lo que esta era entendida como fuerza física –vis physica-, o como amenaza o intimidación –vis moral-, ambas con la capacidad de doblegar a la víctima.

40. El desarrollo de este elemento normativo se hallaba en la jurisprudencia nacional y convencional. Como lo compendió la Corte Constitucional en la sentencia SU 360 de 2024, desde tiempo atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha pronunciado en varias sentencias sobre la falta de consentimiento como el eje central para la configuración de la violencia sexual5. Al respecto, el Tribunal de San José precisó:

La Corte coincide con la posición de los distintos organismos internacionales, de modo que considera que las disposiciones normativas penales relacionadas con la violencia sexual deben contener la figura del consentimiento como su eje central, es decir, para que se perpetre [violencia sexual], no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, bastando para ello que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió con el acto sexual.

Los tipos penales relativos a la violencia sexual deben centrarse en el consentimiento, elemento esencial en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Vale decir que no corresponde demostrar resistencia ante la agresión física, sino la falta de consentimiento, en atención al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Cabe subrayar que solo se puede entender que hay consentimiento cuando este se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Ya sea mediante la anuencia verbal, o sea porque dicho consentimiento se deriva de un comportamiento evidentemente identificable con una participación voluntaria6.

41. Esta Sala ha desarrollado jurisprudencialmente el alcance de la configuración de la violencia como elemento normativo de algunos delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, sobre el cual, en la sentencia CSJ SP5395-2015, 6 may. 2015, rad. 43880, señaló lo siguiente:

La jurisprudencia de la Sala ha sido prolija sobre la noción de violencia, habida cuenta que dicho elemento es común a diversos tipos penales, ya como ingrediente normativo o bien como estructurante de circunstancias de agravación que elevan el reproche por una mayor afectación al bien jurídico protegido. Así, en relación con la exigida para la configuración de la conducta punible sancionada en el artículo 205 del C.P. por la que se procede, se precisó (CSJ SP, 23 ene. 2008, rad. 20413):

«[E]l factor de la violencia en el delito de acceso carnal violento debe ser valorado por el juez desde una perspectiva ex ante, esto es, teniendo que retrotraerse al momento de realización de la acción y examinando si conforme a las condiciones de un observador inteligente el comportamiento del autor sería o no adecuado para producir el resultado típico, y en atención además a factores como la seriedad del ataque, la desproporción de fuerzas y el estado de vulnerabilidad de la persona agredida.

Ahora bien, es cierto que tradicionalmente se ha distinguido en las modalidades jurídicamente relevantes de violencia entre la llamada violencia física o material y la violencia moral.

La primera se presenta si durante la ejecución del injusto el sujeto activo se vale de cualquier vía de hecho o agresión contra la libertad física o la libertad de disposición del sujeto pasivo o de terceros, que dependiendo las circunstancias de cada situación en particular resulte suficiente a fin de vencer la resistencia que una persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer al comportamiento desplegado.

La violencia moral, en cambio, consiste en todos aquellos actos de intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener el resultado típico, que no implican el despliegue de fuerza física en los términos considerados en precedencia, pero que tienen la capacidad de influir de tal manera en la víctima para que esta acceda a las exigencias del sujeto agente, a cambio de que no le lesione grave y seriamente la vida, integridad personal, libertad o cualquier otro derecho fundamental propio o de sus allegados.

Para efectos de la realización típica de la conducta punible de acceso carnal violento. Sin embargo, lo importante no es especificar en todos y cada uno de los casos la modalidad de la violencia empleada por el agresor, sino la verificación desde un punto de vista objetivo y ex ante que la acción desplegada fue idónea para someter la voluntad de la víctima. (…)

Es más, dado que la acción constitutiva del delito en comento debe ser entendida en un sentido normativo y no ontológico, en la medida en que comprende una actividad compleja que no se reduce a la realización del simple acto de acceso carnal ni de un simple acto de agresión, es innegable que las modalidades de violencia son susceptibles de adaptarse a todo tipo de combinaciones y variantes, dependiendo de la manera en que se desarrollen las circunstancias de cada caso en particular (por ejemplo, cambiar de amenazas a vías de hecho y luego volver a las amenazas), e incluso su concurrencia ni siquiera tiene que ser concomitante a la perpetración de la acción que configura el acceso, siempre y cuando la violencia objetivamente valorada ex ante sea la que determine su realización (subrayas fuera de texto).»

42. También esta Sala ha sido enfática en señalar que este elemento normativo del tipo «no se desvirtúa ante la ausencia de gritos o actos de resistencia física de la víctima (ya que en que el sometimiento de su voluntad puede incluir el control de cualquier reacción por parte de esta)» Cfr. CSJ SP, 23 sep. 2009, rad. 23508; CSJ SP, 17 sep. 2008, rad. 21691.

Del acceso carnal abusivo

43. El delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años está tipificado en el artículo 208 del Código Penal de la siguiente manera: «El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años».

44. Son elementos objetivos de este tipo penal:

i. que el sujeto activo -no calificado-

ii. penetre a la víctima con su miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o la penetre la vía vaginal o anal con otra parte del cuerpo u otro objeto y,

iii. que se trate de una conducta sexual con aquiescencia, pero sin consentimiento válido, siendo necesario que la víctima sea menor de 14 años.

2. De la fijación de la premisa fáctica y su adecuación jurídica desde la formulación de imputación hasta la sentencia

Audiencia de formulación de imputación

45. El despacho instaló la correspondiente audiencia. Para lo que interesa al caso examinado, se transcribe parte de la formulación de imputación en contra de Tubal Caín Castillo Vanegas:

[Fiscal:] Se tiene conocido a tráves de las aportaciones de la señora Gladys Ávila Braussin que usted llevó una vida en común con la ciudadana Gladys Ávila con ella, incluso la cual persiste, al parecer, hasta el día de su aprehensión por un tiempo aproximado de unos 3 años. Que durante tal conviviencia hicieron parte de su nucleo familiar básico, además de otros miembros de familia, las 2 menores, usted, la señora Gladys Ávila Braussin y 2 hijas de la señora Gladys Ávila Braussin menores de edad, cuyos nombres se le han puesto a usted de presente anteriormente de manera completa, y hemos precisado también que se trata de dos menores cuyos nombres tienen por iniciales: la primera de ellas Y.C.A, nacida el 13 de octubre de 1997, y la niña cuyo nombre tiene por iniciales A.C.A., nacida el 17 de junio del año 2000.

Que durante la convivencia en común bajo el mismo techo como unidad familiar… usted era el padrastro de las niñas, tenía frente a ellas un comportamiento como tal, las reprendía, les imponía normas de conducta. Entre ellas, por ejemplo, les prohibía ciertas amistades, les controlaba sus horarios de llegada o de salida de la casa y otras acciones similares, es así como de igual de manera la ciudadana denunciante ha dado a conocer Gladys Ávila Braussin que en muchas oportunidades usted quedaba a solas con las dos menores en la casa donde habitaron con Y.C.A y con A.C.A., puesto que ella tenía que ausentarse a trabajar, a cumplir su actividad, que de igual manera informan que usted su actividad habitual ha sido la de celaduría en un parqueadero, actividad que de manera regular ha cumplido en horas de la noche. De tal modo, usted permanecía en horas del día en la casa y cuando las niñas regresaban de sus horarios habituales de estudio usted permanecía con ellas a solas.

Es así como en primer lugar, a través de los referentes fácticos de tales circunstanciales que ha dado a conocer Y.C.A, usted desde cuando ella estaba próxima a cumplir los 14 años de edad alrededor de los primeros días del mes de octubre del año 2011, usted comenzó a realizarle tocamiento abusivos en su cuerpo, a tocarle la cola, los senos por encima y por debajo de la ropa, a darle besos en la boca. Señala de manera particular esta menor de edad que en cierta ocasión en que realizaban una reunión familiar a la que concurría el dueño de la casa que ustedes habitaban, usted comienza a darle a ella licor, luego ella se siente mareada, se acuesta, usted se acerca a la cama y procede a tales tocamientos y tales forma de besarla, que al día siguiente ya ella comenzó a recordar todas estas situaciones. Que para el momento en que ya ella ha cumplido los 14 años, para el día en que los cumplió el día 13 de octubre del año 2011 usted no solamente se conformó con esos tocamientos, sino que en tal mes de noviembre, cuando propiamente para el mes de noviembre del año 2011 (sic), cuando ella llegó de sus estudios se encontraba realizando las labores del hogar usted la llama y le dice que usted quiere estar con ella, ella se rehusa, le dice que usted es el padrastro, que además ella quiere tener algún noviazgo o algo con una persona que sea de su edad a lo cual usted la toma por la fuerza, la arroja sobre la cama de manera violenta contra la voluntad de ella le abre las piernas, y de esa manera, forzándola, penetra su miembro viril en la vagina de la niña, accediendola carnalmente de tal modo.

Que a partir de allí estos accesos carnales siempre marcados por la violencia, por el rechazo de la niña, pero tomando (sic), donde usted la toma por la fuerza se dan de manera reitera y particularmente uno de tales episodios también se dan para el mes de febrero o marzo del año 2012, cuando usted vuelve a tomarla por la fuerza de esa manera, aprovechando la ausencia de la madre y la ausencia de los demás miembros de familia, la toma por la fuerza, la accede carnalmente penetrando su miembro viril en la vagina de la niña y que ella se da cuenta que producto de uno de esos accesos que ocurrió en el mes de marzo, febrero o marzo del año pasado, ella queda en estado de embarazo.

Que ella no comunica a nignuno de los miembros de la familia sobre esta situación, menos aún que de eso ha sido usted el autor de estos comportamientos y quien la ha dejado en estado de embarazo, puesto que usted ejerció siempre violencia sobre ella, que usted la amenazaba con cuchillos de la casa, con machete que usted habitualmente tenía. En alguna oportunidad ejerció violencia no solamente contra ella y su hermana A.C.A., sino contra su señora madre, la señora Gladys Ávila Brausssin, utilizando un arma de fuego que usted tenía, que era al parecer propiedad de algún amigo suyo.

Que usted siempre le habló, que le dijo a ella de manera clara que si ella revelaba lo que había ocurrido y que usted era el padre de ese hijo que ella esperaba, usted era capaz de matarla a ella o matar a su familia y que usted podría, en cierta oportunidad le señala, que usted es capaz de matar hasta el niño.

Que así mismo informa la menor que usted por las actividades que realiza en palabras de la niña, «usted tiene relaciones con muchos ñeros» y que en algunas oportunidades ellas se sintían asediadas por personas que ella describe de esa manera y que usted le decía que si se conocían estos hechos que usted iría a la cárcel pero que usted podía ir a la cárcel pero que por fuera le quedaba mucha gente y que esa gente podría hacer el trabajo por usted.

De igual manera, se allega conocimiento a partir de las aportaciones de la menor A.C.A. que usted desde el año pasado cuando ella cumple los 12 años de edad, usted de manera reiterada la somete al mismo género de tocamientos que reportara la menor Y.C.A, esto es, tocamientos por encima de la ropa y por debajo. Usted, incluso, en ciertas oportunidades la arroja sobre la cama, trata de tomarla por la fuerza, trata de abrirle por la fuerza las piernas pero que ella siempre se rehúsa, logra incluso darle en alguna ocasión alguna patada en sus partes genitales y de esa manera ha logrado repeler con éxito el abuso y no ha logrado usted accederla. Sin embargo, señala la menor que ha recibido amenazas similares a las que diera a conocer Y.C.A, tanto durante la ocurrencia de los comportamientos, como con posterioridad para exigir el silencio frente al grupo familiar.

Informó la menor Y.C.A que cuando ella da a luz al bebé, que es un bebé que nace el 29 de noviembre del año 2012, ella no soporta más guardar todo ese silencio que se le ha impuesto por su parte, ella había venido diciendo que el padre de ese bebé era un amiguito o un novio que ella había tenido y que ya ella comienza a temer, que ante la realidad del nacimiento del bebé probablemente van a ir a buscar al muchacho y decide liberarse del peso de ese secreto. Informa tanto a su hermana como a su señora madre que usted es el padre del bebé que ella ha dado a luz, que usted lo admite frente a la familia pero nuevamente les impone el silencio, advirtiéndoles que usted es capaz de matarlas a ellas y que incluso es capaz hasta de matar al niño, por lo cual ellas inicialmente se abstienen de formular la denuncia.

…

Los comportamientos, como se le han precisado, se adecúan a los siguientes tipos penales: en primer lugar aludiendo a esos tocamientos, a esos besos que usted sometió a la menor de edad cuyo nombre tiene por iniciales Y.C.A, actualmente de 15 años de edad y quien tuviera producto de los accesos carnales posteriores un hijo según menciona… esos tocamientos que usted ejerció sobre ella antes de que ella cumpliera los 14 años de edad y algunos incluso habiéndola agredido sexualemente de tal modo, mientras ella se hallaba al parecer bajo el consumo de algunas bebidas embriagantes que usted mismo le diera en desarrollo de una reunión social que se daba en su casa.

Por razón de esos comportamientos se le imputa a usted entonces el punible actos sexuales abusivos con menor de 14 años que aparece descrito en el artículo 209 del código penal y se le precisa que concurren en estos comportamientos las circunstancias de agravación punitiva de que trata particularmente el numeral 2 del artículo 211, referidos a esa posición de autoridad que usted ejercía frente a su hijastra Y.C.A, porque ustedes vivían, tenían una comunidad familiar que duraba ya varios años, donde usted siendo el padrastro realizaba actuaciones propias de algunas maneras del padre, como controlar, disciplinar, hacer llamados de atención, prohibir amistades, prohibir noviazgos y otros comportamientos, verdaderamente usted ejercía una posición de autoridad frente a la niña…

Por razón de estos comportamiento, se le precisa desde ya, en el momento de una eventual sentencia condenatoria se tendrá que tener en cuenta para estos comportamientos en primer lugar la pena de prisión que aparece señalada en el artículo 209 pena de 9 a 13 años de prisión, pero que por concurrir las agravantes en mención podrá ser incrementada de una tercera parte de la mitad, luego el mínimo de pena para estos comportamientos sería 12 años de prisión, con un máximo de 19 años y 6 meses de prisión. Precisándose estos comportamientos, se señalan ocurridos de manera plural, es decir, en concuso homogénero y sucesivo.

Por razón de los accesos carnales violentos reiterados que dieran inicio en el mes de noviembre del año 2011, que persistieran aun para los meses de febrero y marzo del año 2012, quedando la menor Y.C.A en estado de embarazo, y aún siendo agredida sexualmente de la misma manera, es decir, sometida carnalmente mediante violencia de manera reiterada por razón de estos comportamientos se le imputa a usted el delito de acceso carnal violento del que aparece descrito en el artículo 205 del código penal, donde se describe que el que acceda mediante violencia a otra persona incurrirá en pena de prisión de 12 a 20 años.

Estos comportamientos típicos… en general en todos los accesos carnales violentos concurren las circunstancias de agravación punitiva de que trata el numeral 2 del artículo 211 en mención, por los mismos referentes circunstanciales que ya se le han señalado, por esa posición no solamente de garante de derecho sino de padre y por hacer parte de la misma comunidad dómestica, es decir, por la posición de autoridad que ejercía usted frente a la niña y porque la niña estaba naturalmente impulsada a depositar en usted su confianza. Pero particularmente por ese acceso carnal violento que diera lugar al embarazo de la niña concurre también la circunstancia de agravación punitiva de que trata el numeral 6 del artículo 211, puesto que producto de este acceso carnal violento la niña queda en estado de embarazo y efectivamente da luego a luz a un bebé que registra como madre soltera. Bebé que nació el 29 de noviembre del año 2012 y cuyo nombre tiene por iniciales las letras J.S.C.A.

Por razón de estos comportamientos que son los más graves que a usted se le están imputando, los accesos carnales violentos agravados, entonces al momento de un eventual sentencia condenatoria tomará el señor juez de conocimiento, al momento de individualizar la pena, la pena básica en primer lugar de 12 a 20 años, y por la concurrencia de las agaravantes podrá ser incrementada de una tercera parte a la mitad, quedando los extremos punitivos entre 16 y 30 años de prisión.

Y finalmente, por razón de las agresiones sexuales de que hiciera usted (sic) víctima a la menor de edad A.C.A., nacida el 17 de junio del año 2000, consistentes en tocamientos en el cuerpo, manipulaciones de sus gentiales, besos y tentativas aún de accederla carnalmente que logra rechazar exitosamente la menor (sic), según ella relata, entonces se le imputa a usted el punible acto sexual violento que aparece descrito en el 206 del código penal, al cual concurre la agravante de que trata el numeral 2 del artículo 211, por las mismas situaciones ya referidas en relación con la menor Y.C.A, esto es, toda vez que usted ejercía como padre de la menor, como padrastro mas propiamente, ocupaba posición de garante frente a los derechos de los niños, era avalada esa posición suya por la madre de las menores. Luego, usted ejercía esa posición frente a esta menor y ella estaba impulsada naturalmente a depositar en usted su confianza.

Por razón de estos actos sexuales agravados, al momento de una eventual sentencia condenatoria deberá tomar el señor juez de conocimiento, en primer lugar, como base de individualización punitiva, la pena señala en el artículo 206 del código penal, pena de 8 a 16 años de prisión y con los incrementos punitivos quedará el mínimo para estos comportamientos en 10 años y 8 meses de prisión y el máximo en 24 años de prisión.

…

Jueza: Gracias doctor. Señor defensor, ¿alguna solitud en concreto, en punto de esa imputación?

Defensor: Gracias señora juez. Una vez escuchada la teoría de la imputación de la fiscalía, para la defensa está clara y para mi cliente igual, por lo tanto no hacemos ninguna objeción.

46. Luego de explicarle los derechos como imputado al señor Tubal Caín Castillo Vanegas, el despacho le preguntó por la posibilidad de allanarse a los cargos formulados por la fiscalía. En respuesta, el imputado no aceptó los cargos.

47. Así pues, de este primer apartado se concluye anticipadamente lo siguiente:

i. En la audiencia de formulación de imputación en contra de Tubal Caín Castillo Vanegas, la fiscalía hizo referencia, entre otras situaciones, a la violencia física y moral empleada por el procesado en la comisión de las conductas punibles en contra de Y.A.C y A.C.A. Estas incluyeron los accesos carnales violentos en contra de Y.A.C. cuando ya tenía 14 años, cuya consecuencia fue el embarazo de la menor y su prematura maternidad.

ii. Del recuento fáctico realizado por la fiscalía es fácilmente apreciable la existencia de un concurso de conductas punibles. De igual modo, la fiscalía narró los hechos de manera contextualizada, lo que incluyó las circunstancias de agravación punitiva endilgadas a Tubal Caín.

Audiencia de formulación de Acusación

48. En cuanto a la acusación verbalizada del ente acusador, esta se desarrolló de la siguiente forma:

Fiscal: En efecto, la Fiscalía presenta acusación en contra del señor Tubal Caín Castillo Vanegas, identificado con la cédula de ciudadanía 80.559.062, nacido el día 20 de enero de 1975 en la ciudad de La Palma, municipio de Cundinamarca, quien es hijo de la señora Carmen Rosa y del señor Tubal y quien antes de estar detenido tenía su residencia en la carrera 105B número 30C – 09, barrio Aures de Suba en Bogotá. En denuncia presentada el día 16 de abril de 2013 por la señora Gladys Ávila Braussin, madre de las menores Y.C.A y A.C.A., la menor Y.C.A de 15 años de edad, relata que el día 29 de noviembre de 2012 tuvo un bebé, hijo del acusado, que mediante amenazas accedía y abusaba sexualmente de la menor.

Que los abusos comenzaron en el año 2011, en el mes de octubre aproximadamente, el acusado por su trabajo como vigilante permanecía en el día en la casa, aprovechando la ausencia de la madre para abusar de la menor, lo cual lo realizó en varias oportunidades. Los hechos sucedieron en el barrio Aures de Suba. La madre de la menor manifestó que se enteró en el mes de enero del presente año, pero no presentó denuncia porque había sido amenazada de muerte por el acusado. El acusado convivió con la víctima hasta el día domingo 14 de abril.

También manifiesta la denunciante que el día 26 de febrero de 2012 el acusado agredió a la menor víctima y a ella misma, siendo denunciado en la comisaría de familia del barrio Gaitana de Suba, pero después conciliaron porque la amenazó de nuevo con una pistola que tenía en la casa de propiedad de un compañero de trabajo llamado Camilo.

Igualmente, manifiesta que la hija de nombre A.C.A., menor de edad, refirió que el acusado Tubal Caín había intentado abusar de ella, que la había tocado, le había tocado los senos y que le había tocado con frecuencia la «cola» entre comillas, eso pasaba cuando ellos estaban solos y no se había denunciado antes porque también el acusado había amenazado de muerte a la denunciante y a sus hijas.

Por esos hechos, el día 30 de abril de 2013 la Fiscalía presentó imputación en contra de Tubal Caín Castillo Vanegas como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo con acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo artículo 208, 209, en circunstancias de graduación punitiva del artículo 212 numeral segundo, cuarto, quinto y sexto, en circunstancias punibilidad del artículo 58 numerales séptimo y 14 del Código Penal, a lo cual el acusado no presentó cargos.

La Fiscalía acusa al señor Tubal Caín Castillo Vanegas, identificado con la cédula de ciudadanía 80559062 de Yacopí, con probabilidad de verdad por el delito de acceso carnal abusivo, con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con acto sexual con menor de catorce años, en concurso homogéneo y sucesivo, artículos 208, 209, con circunstancias de agravación punitiva, artículo 211, numerales 2, 4, 5 y 6, en circunstancias de mayor punibilidad, artículo 58, numerales 7 y 14 del Código Penal.

49. Como se aprecia, en esta audiencia, al parecer por descuido de la fiscalía, esta adujo haber imputado al procesado por los delitos de «acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo con acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo artículo 208, 209, en circunstancias de graduación punitiva del artículo 212 numeral segundo, cuarto, quinto y sexto, en circunstancias punibilidad del artículo 58 numerales séptimo y 14 del Código Penal», situación que no ocurrió de ese modo.

50. Como se vio, la imputación se efectuó por los delitos de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 31, 205, 209 y 211, numerales 2 y 6, del Código Penal), en lo que respecta de Y.C.A. Frente a la víctima A.C.A., se le imputó como autor de acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 206 y 211, numerales 2 y 4, del CP).

51. En todo caso, aunque de manera menos circunstanciada, la fiscalía sí relató el componente de violencia que antecedió y siguió cada agresión sexual del implicado hacia las menores víctimas. Puntualmente, precisó las amenazas de muerte que el procesado profería a las víctimas y a su madre.

52. Así, la audiencia terminó sin ninguna solicitud de precisión o manifestación alguna por parte de la defensa o demás intervinientes.

3. El principio de congruencia

53. En el asunto examinado se observa que ni la fiscalía ni los jueces de instancias quebrantaron el principio de congruencia en su componente fáctico. El ente acusador, pese a prescindir de algunas circunstancias explicitadas en la imputación, reiteró el componente violento en las agresiones sexuales endilgadas a Caín. El a quo y el ad quem, por su lado, encontraron probada la tesis acusatoria en cuanto fue objeto de reproche por el casacionista.

54. Pues bien, debe recordarse que el desconocimiento del principio de congruencia no solo comporta vulneración de la estructura del proceso. También afecta el derecho a la defensa, por cuanto el sujeto pasivo de la acción penal es sorprendido en la sentencia con imputaciones fácticas y/o jurídicas respecto de las cuales no ha tenido oportunidad de controversia (CSJ SP307, feb. 2 de 2024, rad.58682; CSJ SP566, mar. 2 de 2022, rad. 59100).

55. Ahora, la Sala tiene decantado que, aunque el componente jurídico de la congruencia es flexible – de manera que la calificación de las conductas imputadas puede variar a lo largo del trámite con ciertas condiciones -, el fáctico es rígido (CSJ, SP251-2024, Rad. 60102).

56. Ello significa que los hechos comunicados en la formulación de imputación determinan el marco del proceso y no pueden cambiarse después -salvo que se solicite audiencia de adición a la imputación-. De tal manera, no es posible agregar nuevos presupuestos de hecho en la posterior acusación y, menos aún, en los fallos. Al respecto señaló que:

[…] mientras la congruencia jurídica es flexible y permite que la calificación típica de la conducta investigada y juzgada varíe en las distintas fases del proceso (con ciertas condiciones), la congruencia fáctica es estricta, por lo cual la atribución de los hechos jurídicamente relevantes debe mantenerse indemne desde su formulación en la audiencia preliminar de imputación:

«El principio de congruencia, como se aprecia de la simple lectura del artículo 448 de la Ley 906 de 2004, es predicable en principio entre la acusación y el fallo.

(…)

Sin embargo, la jurisprudencia tanto de la Sala como de la Corte Constitucional ha extendido el ámbito de cobertura de este principio a la formulación de la imputación, hasta el punto de exigir (con algunas restricciones) una consonancia fáctica entre los hechos que se han atribuido en la imputación y aquellos que se formulan en la acusación.

O, en palabras de aquella Corporación, «[e]l derecho de defensa del procesado se encuentra limitado de manera desproporcionada al no exigirse la aplicación del principio de congruencia entre la imputación de cargos y la formulación de acusación, es decir, limitándola a la relación existente entre la acusación y la sentencia». En todo caso, «la exigencia de la mencionada congruencia es de orden fáctico»7.

De ahí que «la imputación, como garantía del ejercicio del derecho de defensa, exige una consonancia de orden fáctico entre esta, la formulación de acusación y el fallo condenatorio»8. Dicho de otra manera, «la formulación de imputación se constituye en un condicionante fáctico de la acusación… sin que los hechos puedan ser modificados»9.10.

57. Aunque es posible que, luego de formular la imputación, la Fiscalía se entere de hechos jurídicamente relevantes que ignoraba cuando aquélla tuvo lugar. En tal evento, lo procedente justamente para respetar el principio de congruencia, es que los comunique en una ampliación de esa diligencia:

Desde luego, puede suceder, por la naturaleza progresiva de la actuación penal, que la Fiscalía, luego de formular la imputación, se entere de hechos jurídicamente relevantes que ignoraba al momento de comunicar los cargos. Ello es incluso más probable en eventos de flagrancia, y lo es más todavía si, como en este caso, en los momentos inmediatamente posteriores a su comisión la víctima, de quien proviene la mayor parte de la información en las fases primigenias del trámite, se encuentra en incapacidad de comunicarse.

En tales eventos, el mecanismo procesal con que cuenta la Fiscalía para modificar el marco fáctico del proceso no es, como lo entiende la censora, la posterior acusación (en la cual sólo le está permitido agregar presupuestos de hecho secundarios o, en palabras de la Corte Constitucional, detalles11) sino la adición de la imputación originalmente formulada:

«… cuando el fiscal considere procedente incluir los referentes fácticos de nuevos delitos, introducir cambios factuales que den lugar a un delito más grave o modifiquen el núcleo de la imputación, deberá acudirse a la adición de la imputación, agotando los trámites procesales pertinentes para ello»12.13.

59. Al continuar con la concreción de los antecedentes procesales determinantes en este caso, los fragmentos concernientes al actuar del procesado quedaron plasmados tanto en el escrito de acusación y se verbalizaron en la respectiva audiencia. Consistieron en el empleo de la violencia moral -amenazas- para acceder carnalmente a Y.A.C y tocar las zonas erógenas de A.C.A.

60. Visto ese referente, se contrasta con los hechos que el a quo y el ad quem dieron por probados y dedujeron contra Caín. De estos supuestos, se extrae el respetivo sustento de la decisión de primera instancia:

… no hay duda de que existieron relaciones sexuales entre el incriminado y la aludida joven [Y.A.C] y como producto de las mismas nació J.S.C.A., la discusión es si fueron o no consentidas.

Ante ello, la ofendida en su declaración afirmó que existió violencia en esos actos sexuales, que el procesado la amenazaba con matar a su señora madre si comentaba lo ocurrido, era agresivo y las trataba mal, sosteniendo: «nunca lo consentí fue en contra de mi voluntad», «me tiró a la cama y me violó», «él no nos dejaba tener novios, pensaba que nosotras fuéramos para él».

En tal virtud se observa que sí existió violencia, que la joven refirió ante el médico legista y este despacho que fue accedida violentamente por el encartado cuando ya contaba con 14 años de edad.

Por ende, si la adolescente, declara que no tenía ningún tipo de relación sentimental con el aquí procesado y que los actos ocurridos no fueron producto de su consentimiento, su versión debe ponderarse en conjunto con los demás testimonios, para arribar a la conclusión, que nos encontramos ante a un hogar disfuncional, en cual mediaron amenazas y existía un ambiente de intimidación. Su versión fue resaltada, respaldada y corroborada por su hermana menor A.C.A, también agredida sexualmente….

61. Por lo anterior, declaró la responsabilidad del acusado como autor de los delitos de acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo sucesivo, en contra de Y.A.C. frente a la niña A.C.A, la responsabilidad se limitó al delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.

Por su parte, la segunda instancia confirmó:

Así las cosas, no queda duda de que el relato de Yamile Camacho es hilado, congruente y reiterativo al referir que las relaciones sexuales entre Tubal Castillo y ella no fueron consentidas, pues él siempre la amenazaba con que les haría daño a ella, a su hermana y a su madre y la tomaba por la fuerza aun cuando ella manifestaba no querer estar con él y, por ende, la conducta descrita encaja perfectamente en el tipo penal previsto en el artículo 205 del Código Penal que prevé el acceso carnal violento.

… es claro para esta Sala, que Yamile Camacho fue accedida de manera violenta por Tubal Caín y no consentida como lo quiere hacer ver el censor, pues, la víctima ha sido enfática en ello e, inclusive, el impacto emocional de las conductas desplegadas en su contra ha sido tal, que la han llevado a padecer problemas de depresión.

62. Así, reiteró los planteamientos del a quo, con excepción al concurso homogéneo del delito de acceso carnal violento, que se eliminó.

63. Obsérvese que las conductas reprochadas por las instancias no exceden el supuesto fáctico por el que se acusó a Tubal Caín, cuyo eje central frente a la menor Y.A.C. partió de la violencia moral -y física- empleada para accederla carnalmente.

El principio de congruencia jurídica

64. El principio de congruencia comporta dos aristas básicas que soportan su relevancia como instituto procesal: la primera, el derecho a conocer de manera clara y suficiente los cargos por los cuales se acusa a la persona. La segunda, la concordancia entre los cargos consignados en la acusación y aquellos objeto de sentencia –absoluta en lo fáctico, relativa en lo jurídico-. La violación del principio puede obedecer a una fuente distinta y causar un daño diferente (CSJ, SP4792-2018, Rad. 52507).

65. Sobre la variación de la calificación jurídica, la decisión SP1492-2022, radicación n.º 47319 del 4 de mayo de 2022 resumió las posibilidades en que esto es permitido:

La jurisprudencia de la Corte ha sostenido de manera pacífica que, sin lesionar el principio de congruencia, es posible que el juez profiera sentencia por un comportamiento punible distinto al consignado en la acusación, siempre que: i) la modificación se oriente hacia un delito de menor entidad; ii) la tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación, y iii) no se afecten los derechos de los sujetos intervinientes (CSJ SP, 15 oct. 2014, rad. 41253 y CSJ SP, 25 jun.2015, rad. 41685). Si bien con anterioridad se exigía que la nueva conducta correspondiera al mismo género, lo cierto es que a partir de la sentencia CSJ SP, 30 nov. 2016 rad. 45589 -reiterada en CSJ SP2390-2017, rad. 43041-, la Sala consideró que la identidad del bien jurídico no es presupuesto del principio de congruencia y que nada impide hacer la modificación típica dentro de todo el Código Penal. (Negrillas fuera del texto original).

La variación de la calificación jurídica que se ha dejado motivada no afecta los derechos y garantías del procesado porque, en primer lugar, la congruencia fáctica permanece inalterada…

66. Ahora, como se prevé en la decisión CSJ, SP835-2024, Rad.64633, la constatación de una ruptura en el principio de congruencia no exime del esfuerzo probatorio debido, para determinar si las pruebas conducen o no a verificar probados los hechos jurídicamente relevantes consignados en la acusación. Es así, pues, en todo caso, el núcleo fáctico imputado se replicó en la acusación.

67. Sobre este tema, se cita en extensa fracción la decisión en comento, dadas las subreglas allí fijadas, para resolver las distintas controversias en torno a las consecuencias de la incongruencia. Al respecto, se consignó:

Ahora bien, si no se discute que la deficiencia en la manera como se detallan los hechos jurídicamente relevantes necesariamente conduce a la anulación del trámite, el tema de la incongruencia y sus efectos opera algo más complejo, dado que en algunos casos la decisión debe pasar por la invalidación de lo actuado; en otros por la emisión de sentencia absolutoria; y en algunos más, a partir de la emisión del fallo que, precisamente, corrija la vulneración ocurrida en la instancia anterior.

Así, cuando ocurre que los hechos jurídicamente relevantes consignados en la imputación se varían de forma sustancial en la acusación, la solución, como se anotó antes, reclama invalidar lo actuado, dada la evidente disonancia entre uno y otro hitos procesales -a la manera de entender que no existe un hilo conductor que ate el primer evento con el segundo-, que afecta el debido proceso en su formalidad central y también el derecho de defensa.

A su vez, si ocurre que la acusación -en concordancia con la imputación-, detalla unos hechos jurídicamente relevantes que luego, en la práctica probatoria, se verifican contradichos, esto es, las pruebas allegadas en juicio desvirtúan la teoría del caso de la Fiscalía -plasmada en esos hechos jurídicamente relevantes de la acusación-, dado que demuestran unas circunstancias distintas, independientemente de que por sí mismas representen otro delito, la solución obligada es la absolución, dado que no es posible condenar por ilicitudes distintas, en lo fáctico y jurídico, y tampoco es factible hallar una causal de invalidación de lo actuado.

Por último, si el juez de primera instancia condena por unos hechos ajenos a los que fueron objeto de imputación y acusación, al Tribunal o a la Corte les corresponde examinar las pruebas y comprobar si estas conducen o no a verificar ejecutados dichos hechos.

Esto es, al superior no le basta con determinar que se violó el principio de congruencia para, de entrada, anular o absolver al acusado, pues, precisamente, como segunda instancia, lo pertinente y necesario, en punto de salvaguardar el principio en cuestión, es definir cuál fue el error o en qué momento procesal ocurrió este.

La solución, parece obvio, apenas pasa por revocar ese fallo de primer grado y disponer la condena por los hechos objeto de acusación, se repite, una vez verificado que las pruebas efectivamente demuestran su ocurrencia, pues, determinado que el a quo materializó un yerro que afecta la congruencia, la mejor manera de restablecerla es emitiendo sentencia por los hechos demostrados, que se compadecen con los que fueron objeto de acusación.

Desde luego, si el examen probatorio arroja que esos hechos objeto de acusación no aparecen demostrados, o mejor, que se demuestran otros distintos, así se delimiten delictuosos, la solución no puede corresponder a condenar por estos nuevos hechos, por evidente violación del principio de congruencia, sino que debe absolverse, tal cual se anotó antes.

….

Por el contrario, si lo que ocurre es que se condenó por unos hechos distintos a los de la acusación, pese a que estos sí fueron demostrados, lo propio, para preservar el principio de congruencia, es modificar el fallo y emitir condena por aquellos que contempló la acusación, decisión que, lejos de afectar ese postulado, lo respeta a cabalidad.

68. Por lo anterior, se procede decantar la prueba practicada y su valoración probatoria.

4. Caso Concreto

69. Para resolver el problema jurídico del asunto, este acápite probatorio se estructura de la siguiente forma:

A. En primer lugar, se precisarán los hechos estipulados

B. En segundo lugar, se sintetizará la prueba practicada;

C. En tercer lugar, se plantearán las alternativas de resolución para el caso concreto.

A) De las estipulaciones probatorias y los hechos probados:

1. Plena Identidad del Señor Tubal Caín Castillo Vanegas, quien se identifica con la Cédula de ciudadanía número 80559062. Nació el día 20 de enero de 1975 en el municipio de La Palma, Cundinamarca.

2. Las fechas de nacimiento de las menores A.C.A y Y.C.A, igual que la fecha de nacimiento del hijo de Y.C.A, de nombre J.S.C. A16. Para el momento de los hechos, la primera contaba con 11 años y, la segunda, con 14 años.

3. El vínculo filial del niño J.S.C.A. Puntualmente, que el padre del menor es el procesado.

4. El resultado de los informes medicolegales sexológicos de las menores A.C.A. y Y.C.A., que se practicaron el 16 de abril de 2013. Ambos están suscritos por el Dr. John Alexander Segovia Rodríguez, médico forense adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el código 80-72-36-15.

B) Las pruebas practicadas en juicio fueron las siguientes:

a) Testimonio de la niña Y.C.A.17

70. Contó que en la actualidad vivía con su hijo, una de sus hermanas y su madre. Además, debía estar en casa con su bebé, por lo que había frenado sus estudios en grado séptimo.

71. Narró la manera en la que transcurrió la convivencia con su padrastro, el señor Castillo Vanegas, la cual duró aproximadamente tres años. Al inicio él era una buena persona con ella y su hermana. Luego, cuando tenía aproximadamente 14 años, todo cambió. Su vida se vio coaccionada en todos los aspectos, pues su padrastro le prohibía salir, comunicarse con otras personas, tener amigos o novio.

72. Castillo Vanegas Comenzó a pegarles y a agredirlas sexualmente -a ella y su hermana menor-, «empezó a manosearme a mí y abusó de mí», relató. Sobre los tocamientos de su padrastro hacia ella, afirmó que ocurrieron unas 5 veces y narró con detalle las circunstancias que rodearon los hechos. Así describió parte de los sucesos:

Pues yo estudiaba por la mañana, entonces mi mamá trabajaba, mi hermana estudiaba por la tarde, entonces yo llegaba después de la una del colegio y estaba así haciendo tareas o algo y él llegaba y empezaba a manosearme y eso, entonces yo le decía que no, que no me dejara en paz y eso. Entonces ya él decía ay, es que si no se deja va a tener serios problemas conmigo porque usted no me conoce a mí ni nada. Entonces yo le dije no, es que yo no quiero nada con usted. Entonces ya pues unos días que me daba miedo quedarme en la casa porque era muy peligroso porque le iba pegando a uno y todo. Entonces yo me iba para donde una amiga y cuando no me dejaba salir, me toca quedarme ahí, eso me cogía, me manoseaba, la cena era darme besos y todo…

Eso pasó cuando yo tenía los 14 años… Quien me embarazó a los 14 años ahorita del niño que tengo y ahí lo tuve a los 15 años.

73. Cuando se le preguntó por el consentimiento de lo ocurrido, fue enfática en negarlo y detalló la violencia empleada por el agresor para desconocer su voluntad. Sobre las constantes amenazas del procesado hacia ella, explicó que no le contó inmediatamente a su madre debido al temor que sentía, «Me dijo que, si yo le decía algo a mi mamá o alguien, que me mataba a mí, mataba a mi mamá y que tenía problemas con él porque yo no conocía él como era».

74. En su relato dio cuenta de lo duro que fue para ella enterarse del embarazo producto de la violación que había sufrido. A ello, tuvo que sumarle la presión por no decir la verdad sobre la identidad del padre de su hijo.

75. Fue al momento que nació el bebé, cuando ella le contó a su madre porque «ya no me aguantaba más de tener ese secreto ahí. Entonces fue cuando yo le dije a mi mamá, ya le conté a mis hermanas, le conté a mis tíos y todo. Fue cuando ya se enteraron de que él era el papá.» Ante esa revelación, su madre, hermanas y tía la apoyaron para denunciar.

76. Relató la ocasión en la que, con su madre, acudieron a las autoridades a raíz de los maltratos físicos que padecían por parte de Castillo Vanegas. Puntualmente, su padrastro la había golpeado a ella -cuando estaba en embarazo- y a su hermana, por lo que acudieron a la comisaría de familia. El maltrato de aquel también fue hacia su madre. Cuando la defensa le preguntó por las medidas que su progenitora tomaba para evitar el maltrato, contestó:

Pues como mi mamá estaba trabajando y eso, él casi se desquitaba con nosotras. Era cuando mi mamá no estaba, pero como mi mamá sabía, entonces ella le iba a hacer un reclamo y a ella también le pegaba. Una vez le pegó con una peinilla, que ahorita mi mamá anda enferma de eso.

77. Sobre la distribución de gastos del hogar, señaló que tanto su madre como su padrastro trabajaban. Sin embargo, hubo un tiempo en que esta quedó desempleada y fue él quien asumió los gastos totales: arriendo, servicios, comida. Incluso, al momento del redirecto, ante la pregunta sobre las razones por las que, pese a los maltratos de su padrastro, no se habían ido del lugar en el que compartían con él, respondió:

Porque mi mamá por ese día, ese momento, no tenía un trabajo, entonces pues no podía pagar otro apartamento ni nada. Entonces por eso y como el señor había pagado como que un mes adelantado, algo así, entonces por eso mi mamá no se había salido de ahí porque no tenía el trabajo.

b) Menor A.C.A. -14 años al momento de la declaración18-. Narró lo padecido de manera concordante con su hermana Y.C.A., en relación con los indicios de presencia y oportunidad del procesado:

Pues yo en veces estaba en la casa sola con él [Tubal Caín] y empezaba a tocarme los senos y la vagina. Pues yo no me dejaba de él. Y pues, me trataba mal, me pegaba, casi le hace perder el embarazo a mi hermana. Él le iba a pegar una patada al niño cuando ella tenía dos meses de embarazo. Yo me metí, yo le dije que yo le iba a decir toda la verdad a mi mamá y cogí, me dio una palmada y me pegó, me dejó la cara morada. Me trataba mal, no me dejaba salir, no me dejaba tener amigos, me tenía encerrada. Y una vez me dijo, cuando yo le llevaba la comida al parqueadero a él donde él trabajaba, que, si yo no tenía sexo con él, que él no me daba para el estudio, digamos, para los cuadernos.

78. Adujo tener 11 años al momento que iniciaron los tocamientos, los cuales recuerda ocurrieron alrededor de 5 veces, además de las veces que la maltrató (3). Castillo Vanegas trabajaba de 6pm a 6am, y ella estudiaba de 12:30 a 6:30pm, por lo que la mayoría del tiempo estaba con él en la casa. Al igual que su hermana mayor, negó haber contado a más personas sobre lo ocurrido, pues su padrastro la había amenazado. Fue en el 2012, cuando Castillo Vanegas estaba en la cárcel, que pudo hablar acerca de lo sucedido.

79. No solo reiteró el episodio en que su madre acudió a las autoridades luego de que Tubal Caín le pegara a su hermana -en estado de embarazo-, sino que narró otro episodio de agresión sexual padecido por su hermana y presenciado por la testigo:

Esa vez yo estaba en el cuarto con mi hermana y él llegó, la cogió de acá, la cogió duro y la empezó a besar. Y pues ella, ella le dijo que para qué la besaba si él tenía mujer. Y decía que a él no le importaba, que porque él quería que Y.C.A fuera la mujer de él. [Su hermana] se puso a llorar y le dijo que no la tocara, que él estaba con mi mamá, que la respetara, que ella era para él como una hija y que la respetara.

80. Relató varios sucesos violentos en los que el procesado le tocó sus zonas erógenas y la besó sin su consentimiento. También contó que él le había «intentado quitar la virginidad» pero ella no se había dejado.

c) Gladys Ávila Braussin19, progenitora de las dos víctimas. Vivió con Caín 3 años, desde el año 2011. Al igual que sus hijas, afirmó que su expareja trabajaba en la noche hasta la madrugada. Por su parte, ella trabaja en oficios varios y salía a laborar a las 10am y volvía a las 9pm. Otros días, su jornada laboral iniciaba las 6am. también corroboró el horario escolar de sus hijas.

81. Confirmó que Tubal Caín coaccionaba a las menores para no salir, ni tener amistades con nadie, incluso por la manera de vestirse. Cuando ella le reclamada por su comportamiento que sus hijas, él le pagaba y la trataba mal. Ratificó la oportunidad en que había golpeado a las niñas y, en consecuencia, lo denunció. Luego de ello, continuaron las amenazas del procesado a la testigo «Me dijo: usted me llega a ir a embalar y la mando quebrar o la quiebro yo mismo. Esas eran siempre las palabras que me decía».

82. Contó sobre un episodio de maltrato también mencionado por sus hijas:

Una vez yo estaba ahí en la casa, estaba haciendo almuerzo para salir a trabajar y estaba todo mal genio ahí, no sé qué fue la palabra que yo le dije. Cuando llegó fue y me cogió del pelo y me arrastró contra el piso y me dio dos planazos que de ahí para acá estoy enferma, ya llevo como 15 días para acá que he estado trabajando, pero mal, porque pierdo la fuerza de mi columna y no puedo casi trabajar ni nada.

Sí señor. Yo la verdad yo ya reaccioné ahí ya perdí el miedo y ya dije no, ya está no más y yo fui la que fui, coloqué la denuncia. Él está creyendo que fue mi hermano, pero fui yo la que fui, la que coloqué la denuncia porque soy la mamá de mis hijas. Y la verdad lo que él hizo con mis hijas no tiene nada de consideración que él hubiera hecho eso con ellas.

– ¿Qué fue lo que hizo?

Pues de que haya abusado de mi hija mayor y de mi hija Y.C.A que ahora tenga ese bebé ahí y que A.C.A., pues que también se haya propasado con ella, también la haya manoseado y todo. La verdad yo he estado sufriendo mucho con ella porque me la han tenido con el psiquiatra y ha estado muy mal esa niña.

84. Al igual que lo comentó Y.C.A., se enteró de todo cuando nació el hijo de esta y el procesado. Sobre las secuelas del abuso en sus hijas, especialmente de la menor, comentó:

Ellas han estado con la psicóloga y a A.C.A. la han tratado con el psiquiatra porque ella ha estado muy mal. Después de que nos venimos con la psicóloga, ella ha llegado a la casa, me ha destruido todo, es a coger, a cortarse las venas, a matarse y que, porque ella no quiere recordar nada, ella recuerda mucho lo que él hizo y todo, y con esa niña es la que más estaba sufriendo.

d) Irene Barón Chilito20. Psicóloga de la Fundación Creemos en Ti, ONG operadora de bienestar familiar. Allí se brinda atención terapéutica a niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos. Como psicóloga clínica le corresponde recibir casos, evaluar e implementar tratamientos psicológicos a las víctimas de delitos sexuales.

85. Recordó examinar a Y.C.A -con 16 años pasa ese momento-. Presentó un informe de fecha 6 de marzo de 2014, en el que informó los hallazgos a partir del reporte de la niña, en relación con la violencia sexual padecida. Sobre lo percibido de la niña en la entrevista21, señaló:

Durante la entrevista ella estuvo un poco ansiosa en el momento de indagar los hechos, se tornó bastante lábil. Las respuestas muy puntuales, refiriendo los hechos que se estaban indagando. Realizó un reporte frente a un presunto abuso sexual.

…

En el momento de hacer la exploración básica, se determina que ella cuenta con una ubicación adecuada en el momento de la entrevista, que reconoce y evidencia con claridad las respuestas que se le plantean, tiene noción de conceptos de verdad y mentira, se realiza el ejercicio que corrobora todo lo que se ha indagado, además se encuentra dentro de un nivel adecuado para responder preguntas, descartar si es verdad o mentira esas situaciones y se le evalúa el esquema corporal para determinar si conoce y cómo nomina a las partes privadas.

…

En mi informe yo digo que hace un reporte claro de conductas que establecen situaciones de tipo sexual hacia ella, en donde señala como presunto agresor a su padrastro. Escribo que el curso y el contenido del relato es coherente, que existe corresponsabilidad entre las cargas emocionales que expresa y los hechos que ha descrito. También coloco que hay una expresión de indicadores de ansiedad como tristeza, angustia, sudoración y retraimiento, lo cual conlleva manifestaciones en su discurso de contenido con pocos detalles.

86. Sobre las recomendaciones o el tratamiento sugerido para la menor, consideró:

Posteriormente, yo dentro de mis conclusiones hago la recomendación de que la niña tiene que vincularse a un proceso psicoterapéutico brindado también dentro de la institución, la asociación Creemos en Ti, para poder elaborar toda esa situación por la cual ella ha atravesado.

… la niña presentaba una alteración en sus emociones, en su autoestima, y por tanto necesitaba ser remitida a un proceso terapéutico.

87. Sobre la atención brindada a A.C.A. -13 años para ese momento-, la profesional le realizó una entrevista psicológica inicial con fines en protección, para determinar si había sido víctima de abuso sexual. Señaló:

Le niña estaba introvertida y reservada. Sus respuestas son espontáneas y en ocasiones amplias. Se evidencia claridad con las respuestas que ofrece y las tareas y preguntas que se le hacen. Reconoce los conceptos de verdad y mentira. Se realiza ejercicios que corroboran lo anterior, que muestra un desarrollo de juicio moral acorde a su edad. Asimismo, se evalúa el esquema corporal en donde se evalúan sus partes privadas y cómo las nombra.

…

[Realizó] un reporte claro de conductas que establecen situaciones de tipo sexual hacia ella, en donde señala como presunto agresor a su padrastro, el contenido y curso del relato es coherente y cuenta con una solidez interna, extendiendo con responsabilidad entre la carga emocional y los hechos que ella ha descrito.

Coloco que durante la entrevista pues se genera una movilización de afecto, de indicadores de ansiedad, tristeza, angustia, sudoración, retraimiento, lo cual conlleva manifestación en su discurso de contenido de pocos detalles. Dentro de esta entrevista pues hay como bastante espacio entre una respuesta y la otra, porque la niña se torna bastante lábil cuando se indagan las situaciones del presunto abuso sexual.

e) María del Rosarlo González Alonso22, psicóloga de la Fundación Creemos en Ti y parte de la junta directiva. Además, encargada de aplicar pruebas psicológicas tanto a niños y niñas, como a sus familiares.

88. En este caso, cuenta con el informe de interpretación de las pruebas que aplicó a las dos menores A.C.A. y Y.C.A. Con esta última, la mayor de las niñas estuvo en dos oportunidades. En la primera, le aplicó dos pruebas. Una midió la sintomatología depresiva y la otra los niveles de ansiedad. Sobre la metodología empleada para ello, afirmó:

La metodología es la misma, las niñas vienen a mi consultorio allá en la asociación, hago pues el proceso de empatía, preguntarle cómo se llama, me presento quién soy, le digo qué utilidad tienen estas pruebas, la importancia de ser honestas en las respuestas y pues comienza la aplicación que es leerles las preguntas y las niñas contestan. No hago ninguna referencia al evento o a la situación por la cual están en la asociación, simplemente me limito a las preguntas que están ya estandarizadas en los cuestionarios.

En la primera sesión que fue la del 29 de enero de este año, a la menor Y.C.A le apliqué la prueba BDI o cuestionario de depresión de BECK y el […], que es una prueba que es una escala de ansiedad.

89. Sobre los hallazgos de la primera prueba23 aplicada a Y.C.A., afirmó que esta experimentó un estado depresivo leve. En la prueba que mide ansiedad24, se determinó que la menor presentaba fuertes rasgos de preocupación, ansiedad, dificultades sociales y problemas de concentración.

90. Además de las pruebas anteriores, relató la aplicación de la prueba MINIMULT, que mide rasgos de personalidad. Allí se hallan aspectos como: hipocondriasis, depresión, histeria, hipomanía, paranoia. En este caso, los resultados indicaron que la menor Y.C.A experimentaba una fuerte tensión interna. Presentó dificultades en las escalas de depresión e hipomanía. Fue insegura ante la crítica, y adoptó actitudes derrotistas, aprensivas y pesimistas.

Denota un bajo nivel de energía que puede deberse a sus sentimientos depresivos. Obviamente, estos resultados están completamente de acuerdo con los hallazgos de las pruebas anteriores, se ve nuevamente el estado depresivo y esa actitud derrotista que presentó también en las pruebas iniciales.

92. La menor no presentó baja autoestima ni sintomatología depresiva y pudo identificar redes de apoyo, tanto en su madre, como en sus amigos y en el colegio. En todo caso, para el tratamiento psicológico de las menores recomendó trabajar sobre los resultados de las pruebas. En el caso de Y.C.A, los altos niveles de preocupación, ansiedad, los problemas de concentración y la depresión leve. En cuanto a la menor A.C.A., el fortalecimiento de redes de apoyo fuera de su casa y de su colegio.

f) Sandra Milena Hernández Camacho25, prima materna de las niñas Y.C.A. y A.C.A. Contó que tanto las niñas como Gladys Ávila le pusieron de presente todo lo que había ocurrido con el procesado, incluso, que él era el padre del hijo de Y.C.A. Fue esta testigo quien acompañó a la madre de las víctimas a denunciar al procesado.

g) El resto de los testigos de cargo fueron Paula Andrea Barragán Velázquez26; Lina María Camacho Ávila27 y José Ruperto Ávila Braussin28. Sus declaraciones no fueron relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

h) Tubal Caín Castillo Vanegas. El procesado renunció a su derecho a guardar silencio. Declaró que, al momento de vivir con Gladys Ávila y sus hijas respondía por todos los gastos del hogar. Sobre Y.C.A., indicó que fue ella quien lo sedujo y se enamoró de él, situación que Gladys había aprobado.

93. Afirmó que tuvo relaciones sexuales con la niña a raíz de un error. Más concretamente, que «ella se me metió en la cama, yo estando acostado, ella llegó del colegio y con el respeto de todos, ella se desnudó y se me metió debajo de las cobijas. Como la pieza es oscura, yo pensé que era mi esposa con la que estaba viviendo.» Pese a lo anterior, él mismo reconoció que para ese momento su pareja tenía alrededor de 34 años.

94. Afirmó que Gladys Ávila lo denunció como retaliación a que él ya no quería estar con ella. Frente a la menor A.C.A., manifestó que tenía una buena relación paternal. En todo caso, aseguró que lo dicho por ambas niñas era falso, pues su madre las obligó a declarar en ese sentido.

95. Pues bien, de este apartado probatorio se concluye lo siguiente:

96. Según lo ha puesto de presente esta Sala en reiteradas ocasiones, delitos como los que aquí se investigaron son regularmente cometidos en lugares sin la presencia de testigos, más allá de los directamente involucrados, esto es, víctima y victimario.

97. Por ello, la prueba relacionada con la declaración de las propias víctimas adquiere gran relevancia, al punto de que resulta de vital importancia para el fallador evaluar su contenido con suma precaución y detalle. En este caso, tal y como lo determinaron las instancias, fueron cruciales los relatos de las niñas Y.C.A. y A.C.A. en cuanto a las descripciones de las conductas endilgadas al procesado. Por ello:

I. Al igual que lo reconocieron los juzgadores, no encuentra la Sala vacíos o contradicciones en el testimonio de las niñas con relación a su incriminación insistente hacia el agresor, su padrastro. Ambas víctimas describieron cómo, a través de sus sentidos – la vista y el tacto- la impresión de las conductas punibles quedaron grabadas.

II. Las niñas fueron descriptivas y proporcionaron detalles específicos, en tanto marcaron su vivencia y quedaron fijados en su recuerdo. Así, su relato es detallado en todas las circunstancias que rodearon las agresiones (esto es, el lugar donde se encontraban, los diferentes maltratos que recibieron, el rechazo corporal y verbalizado de estas hacia su padrastro y la violencia ejercida por este, la repulsión que les produjo las agresiones sexuales padecidas, entre otros).

III. Esa claridad descriptiva y la coherencia verbal y no verbal de sus discursos también fueron destacadas por la psicóloga Irene Barón Chilito, quien observó indicadores de ansiedad, tristeza, angustia, sudoración y retraimiento de las niñas al momento en que le contaron lo ocurrido.

IV. Desde los desarrollos epistémicos de la psicología del testimonio, las víctimas fundamentaron su narración al hilar de manera paulatina y concatenada lo ocurrido y dar cuenta de las razones para recordarlo. Así, frente a la percepción de los hechos, las niñas estaban consciente y sin alguna condición física o psíquica que disminuyera su sensopercepción de lo padecido.

V. Lo anterior fue, además, corroborado por la psicóloga María del Rosarlo González Alonso. De las variadas pruebas aplicadas a las menores se obtuvieron resultados consistentes con los hechos denunciados y relatados por las víctimas. Así, la menor Y.C.A. experimentó un estado depresivo leve. En la prueba que mide ansiedad, se determinó que la menor presentaba fuertes rasgos de preocupación, ansiedad, dificultades sociales, problemas de concentración y fuerte tensión interna.

VI. Los relatos de ambas menores de edad son concordantes y corroborativos de las vivencias compartidas con su padrastro. No solo frente las agresiones sexuales que pudieron apreciar, también frente a las constantes intimidaciones y amenazas que profería el procesado, tanto a las hijastras como a la madre de estas.

VII. Gladys Ávila Braussin, progenitora de las víctimas, pudo corroborar los constantes maltratos padecidos por su expareja, así como las revelaciones de sus hijas sobre las agresiones sexuales sufridas. Además, dio cuenta de su percepción directa sobre la afectación emocional de las menores y el tratamiento derivado de los hechos victimizantes.

VIII. Las menores víctimas y su madre fueron consistentes en los horarios laborales y escolares de cada miembro de la familia. Incluso, los datos también fueron corroborados por el procesado. Y.C.A. estudiaba por la mañana (6am- 1:00pm), A.C.A. estudiaba en la tarde (12:30- 6:30pm). Por su parte, el procesado laboraba como celador en horario nocturno (6pm-7am) y la señora Gladys Ávila salía temprano y llegaba en la noche. Lo anterior encaja en los relatos de las niñas, pues con frecuencia se encontraba cada una en casa, solo en compañía del procesado.

98. Como lo ha señalado esta Sala,

A través de la prueba de «corroboración» se puede otorgar mayor credibilidad a la versión de la víctima cuando probatoriamente se constatan datos como: (i) la inexistencia de razones para que la víctima y/o sus familiares mientan con la finalidad de perjudicar al procesado; (ii) el daño psíquico causado a raíz del ataque sexual; (iii) el estado anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos, entre otros. Cfr. SP108-2019, CSJ SP-2024, 7 feb., rad. 60307.

99.- En el presente asunto las instancias constataron variados elementos corroborativos de lo ocurrido, pues, a partir de las pruebas practicadas en juicio:

ii. Acorde con los testimonios de las psicólogas Irene Barón Chilito y María del Rosarlo González Alonso, Y.C.A presentó, con posterioridad a los hechos, manifestaciones de afectación frente a lo ocurrido. De hecho, la segunda profesional señaló que la sintomatología que tenía la niña era propia de depresión leve y ansiedad. De la afectación emocional de la niña y A.C.A. también dio cuenta su madre.

iii. En relación con el estado anímico en tiempo posterior a lo ocurrido, su madre fue bastante elocuente y pudo dar cuenta de ello directamente, tal como se expuso con anterioridad y;

iv. Varias personas fueron testigos directos del señalamiento de las niñas contra el procesado. Además, su paternidad del niño J.S., hijo de Y.C.A, se estipuló, y su versión de los hechos no es creíble. En consonancia con lo expuesto por el ad quem, no es razonable que una persona confunda a su esposa con su hijastra (34 y 14 años, respectivamente) al momento de mantener relaciones sexuales. Aceptar esta hipótesis sin ninguna evidencia probatoria, sería tanto como desconocer los procesos de rememoración a través de varios sentidos y memorias de vivencias previas. La percepción que se tiene sobre una persona es mayor en cuanto más frecuente sea el contacto con esta, como ocurre con la pareja.

100. En esa medida, se reitera, en el presente caso la corroboración periférica permitió a las instancias patentizar detalles que arrojaron confiabilidad respecto del relato que las víctimas brindaron y reiteraron en diversas oportunidades y ante distintas personas que dieron cuenta de su percepción directa de las víctimas.

101. En todas las incriminaciones, las menores fueron consistentes en la violencia física y moral empleada por el procesado. No solo para minar su consentimiento y agredirlas sexualmente, sino para asegurar su silencio (lo que logró hasta el nacimiento del hijo de Tubal Caín, producto del acceso carnal violento en contra de Y.C.A).

C) Alternativas de resolución para el caso concreto

102. Como se advirtió en acápite previo, la congruencia en su arista jurídica es flexible. Pese a ello, deben preverse ciertos presupuestos que aseguren las garantías de procesados y víctimas. Estos son:

i. Que la condena sea más atenuada o;

ii. por un delito distinto que no agrave la situación del procesado y;

iii. no se afecte el núcleo fáctico de la imputación.

103. Así, es claro que el marco fáctico, cuyo núcleo esencial debe permanecer invariable entre la imputación, acusación y sentencia, demanda de la fiscalía una adecuada construcción de los hechos jurídicamente relevantes. Estos, si bien no se fijaron de la manera más concreta y ejemplar, cumplieron con la delimitación factual exigida para asegurar el ejercicio defensivo.

104. Ahora, a la par de la delimitación de hechos con relevancia penal, tampoco quedó duda del cumplimiento de la teoría del cargo en el debate probatorio. Para lo que es objeto de interés en este proveído, en efecto, el acceso carnal del que fue víctima Y.C.A. se efectuó con violencia, sin su consentimiento.

105. En este sentido, el único aspecto a definir consiste en la posibilidad de condenar por un delito distinto al acusado. Para el caso concreto, condenar por el punible de acceso carnal violento, contrario al carácter abusivo del punible contemplado en la formulación de acusación.

106. Pues bien, en este asunto fue patente la equivocación de la fiscalía al momento de verbalizar la acusación. El lapsus consistió en creer que la formulación de imputación se había surtido por otros delitos -y, por ello, consideró que debía mantenerlos al momento de acusar-.

107. Así, una vez tomó la palabra en la audiencia de acusación, la fiscalía manifestó que «el día 30 de abril de 2013 la fiscalía presentó imputación en contra de Tubal Caín Castillo Vanegas como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo con…».

108. Contrario a lo anterior, en lo que respecta a Y.C.A., la imputación se surtió por los delitos de acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 31, 205, 209 y 211, numerales 2 y 6, del Código Penal).

109. Ahora, pese a este descuido de la fiscalía, lo cierto es que ninguna novedad existió frente al componente fáctico de lo acusado. En lo que concierne a este asunto, se reiteró la violencia empleada por el procesado para acceder carnalmente a Y.C.A. En consecuencia, la defensa no fue sorprendida y tuvo la oportunidad de solicitar la precisión que considerara pertinente.

110. Además, no sobra recordar que, con la promulgación de la Ley 1236 de 2008, el legislador resolvió equiparar el marco punitivo para todas las conductas punibles constitutivas de acceso carnal (violento, en persona puesta en incapacidad de resistir, abusivo con menor de catorce años y con incapaz de resistir).

111. Entonces, al contemplarse igual pena para los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, lo cierto es que la situación del procesado no se agravó, lo que va dentro de la misma línea jurisprudencial de esta Sala29.

112. Plantear que el acceso carnal violento es más grave que el abusivo en nada cambia las reglas de derecho en nuestro sistema jurídico. No hay ninguna consecuencia jurídica distinta30.

113. Así pues, la Sala ha reiterado que la variación de la identidad del bien jurídico de la nueva conducta no es presupuesto del principio de congruencia, por lo que la modificación de la calificación jurídica puede efectuarse dentro de todo el Código Penal, aunque la nueva calificación jurídica no corresponda al mismo título o capítulo.

114. Contrario a lo que entiende el demandante, la variación de la calificación jurídica por parte de los jueces en las respectivas sentencias, respecto del punible del que fue víctima Y.A.C., no atenta contra el principio de congruencia.

115. El carácter progresivo del proceso penal habilita al juez para que modifique la calificación jurídica, siempre que no se afecte el núcleo central de los hechos jurídicamente relevantes. Como se observa de la transcripción en el acápite inicial, los aspectos centrales del marco fáctico expuesto por la Fiscalía se mantuvieron invariables tanto en la formulación de imputación como en la acusación y, finalmente, en la sentencia condenatoria.

116. En definitiva, el punto central es determinar lo que ocurrió en el caso concreto, en clave de la íntegra valoración del injusto. Esto se efectuó por las instancias, sin sorpresa de la defensa, en tanto:

i. Los hechos jurídicamente relevantes incluyeron la violencia ejercida por el procesado para acceder carnalmente a Y.A.C., cuando esta ya tenía 14 años. Es decir, la edad no fue un aspecto que confundiera o sorprendiera a la defensa frente a la teoría del caso de la fiscalía.

ii. La defensa siempre conoció el punto discordante con la tesis acusatoria: la violencia o la falta de consentimiento en los delitos sexuales endilgados. De hecho, una de las estipulaciones probatorias versó sobre la paternidad de su prohijado y el hijo de Y.A.C, así como la fecha del nacimiento del niño. Este marco temporal zanjó cualquier discusión sobre la edad de la víctima al momento de los hechos (14 años).

iii. La prueba practicada confirmó la hipótesis acusatoria en el umbral requerido para emitir una sentencia condenatoria. En otras palabras, no quedaron hipótesis compatibles con la inocencia del procesado. Además, el elemento normativo del tipo penal de acceso carnal violento, esto es, la violencia, quedó probado. De hecho, esta también se probó en los actos sexuales en contra de la niña A.C.A. (pese a la equivocada calificación jurídica por la que se acusó y condenó).

117. Así, no encuentra la Sala que el cambio de la calificación jurídica en la condena repercuta de manera desfavorable en el procesado o implique el desconocimiento del principio de congruencia jurídica. Tampoco se observa indefensión, falta de claridad en los hechos o ausencia de delimitación la tesis acusatoria.

118. Ahora, lo que para el procesado no representó un cambio desfavorable, sí lo sería para la víctima de no reconocerse los enunciados probatorios que en efecto lograron determinarse, esto es, el acceso carnal violento.

119. Hay una importancia indiscutible en el lenguaje que comporta o reconoce los derechos humanos de las mujeres, la verdad, justicia y reparación. La declaratoria de un delito que implica la ausencia de consentimiento, en lugar de uno que lo supone, representa para la victima un acercamiento más justo y veraz de lo ocurrido (al respecto, véase Corte IDH, sentencia Angulo Losada vs Bolivia, en la que se analiza el caso de una niña víctima de violencia sexual).

120. Aunado a lo anterior, la Sala debe recordar que en este tipo de casos se impone a jueces, fiscales y demás actores del proceso penal la obligación de aplicar el principio constitucional pro infans.

121. Como señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU- 360 del 2024 al abordar un asunto en el que estaba involucrada una adolescente de quince años:

Uno de los deberes especiales que ha fijado la jurisprudencia constitucional que deben cumplir las autoridades judiciales cuando manejan casos de violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes es la aplicación del principio pro infans31. Este principio fija una serie de obligaciones -positivas32 y negativas33- a cargo de los jueces34.

Primero, impone exigencias reforzadas de diligencia a las y los funcionarios judiciales, quienes deben ejecutar todos los esfuerzos investigativos necesarios para materializar los derechos fundamentales de las víctimas en el marco del proceso, especialmente sus derechos a la verdad, justicia y reparación, y la garantía de no repetición.

Segundo, restringe la autonomía de los funcionarios para decretar y valorar pruebas. Tercero, conlleva que, en caso de dudas sobre la ocurrencia (fáctica) de agresiones sexuales, las decisiones que se adopten deben ser resueltas a favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, sin que obviamente esto comprometa ni la subjetividad de la acción ni la presunción de inocencia, porque ello es precisamente la materia del debate probatorio.

Cuarto, todo ello constituye un condicionamiento para la aplicación del principio in dubio pro reo en estos casos, el cual obviamente no se desconoce o flexibiliza, sino que exige un deber de diligencia extremo en la constatación del complejo de hechos jurídicamente relevantes.

122. En este caso, la fiscalía desatendió su deber de adecuar de manera correcta y objetiva la conducta endilgada a Castillo Vanegas al momento de acusarlo. Además, mostró poca atención y rigor en el tratamiento de un caso contentivo de violencia sexual en contra de una niña.

123. Como se plasmó por parte de esta Sala en la decisión SP1148-2025 radicación n.° 60117 del 30 de abril de 2025, la decisión de acusar también incide en los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Así es, porque determina una serie de actuaciones procesales subsiguientes que interesan a los intervinientes y demarcan la posibilidad de una decisión de fondo congruente.

124. Lo anterior es todavía más gravoso cuando se trata de un grupo social especialmente protegido, como son las mujeres y niñas en contextos de violencia machista, concretamente, de violencia sexual35.

125. En todo caso, se reitera, en este caso la violencia fue fácticamente considerada en la imputación y acusación. Además, la fiscalía partió de un núcleo central: el acceso carnal, sin que se afecte la razón de ser de las reglas del principio de congruencia.

126. Por lo anterior, al variarse la calificación jurídica del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años (art. 208 C.P.), al delito de acceso carnal violento (art. 205 C.P.), la Sala advierte que no se vulneró el principio de congruencia, en cuanto no puede considerarse una variación desfavorable, pues ambos delitos consagran iguales consecuencias jurídicas (no solo respecto de la pena, sino de prohibición de subrogados).

127. Así pues, el presente caso se circunscribe a una de las posibilidades que habilita al juzgador para apartarse de la acusación en los términos señalados por la jurisprudencia de la Sala36, pues se atiende a las consideraciones político criminales previstas por el legislador en los tipos penales analizados.

128. Ahora, al verificarse la audiencia de formulación de acusación, contrario con lo referido por el fiscal delegado ante la Corte, la fiscalía no omitió plantear las premisas fácticas de las circunstancias de agravación acusadas. Si bien, fue menos explícita y descriptiva que en la formulación de imputación, el marco jurídico estuvo acompañado de su correspondiente soporte factual.

129. En consecuencia, la Sala no casará la sentencia, al encontrar que no hay razones para ajustar los términos de la acusación, ni declarar vulnerado el principio de congruencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NO CASAR la sentencia impugnada, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, conforme la demanda presentada a favor de Tubal Caín Castillo Vanegas.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Con permiso

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 La segunda instancia solo modificó un aspecto: eliminó el concurso de accesos carnales violentos. En los demás, confirmó la providencia de primer grado.

2 El bebé fruto de la mentada violación nació el 29 de noviembre del año 2012 y cuyo nombre tiene por iniciales las letras JSCA.

3 Nacida el 17 de junio del año 2000.

4 Esta disposición señala el alcance de la violencia, así:

ARTÍCULO 212A. VIOLENCIA. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia: el uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. (Negrillas fuera del texto original).

5 Cfr. Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160; Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C No. 215 y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C No. 216.

6 Corte IDH. Caso Angulo Losada vs. Bolivia. Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 18 de noviembre de 2022. Serie C, No. 475.

7 Sentencia C-025 de 2010. CSJ SP, 17 sep. 2019, rad. 47671.

8 Ibidem.

9 CSJ SP, 14 oct. 2020, rad. 55440.

10 CSJ SP, 14 ago. 2019, rad. 51745. Reiterada, entre otras, en CSJ SP, 30 oct. 2019, rad. 52713 y CSJ SP, 9 dic. 2019, rad. 54458.

11 Sentencia C – 025 de 2010.

12 CSJ SP, 14 ago. 2019, rad. 51745. Reiterada, entre otras, en CSJ SP, 30 oct. 2019, rad. 52713 y CSJ SP, 9 dic. 2019, rad. 54458.

13 Ibidem.

14 CSJ SP, 17 sep. 2019, rad. 47671.

15 Ibidem.

16 Nació el 23 de noviembre de 2012.

17 La menor Y.C.A declaró el 28 de mayo de 2014 en audiencia de juicio oral.

18 La menor A.C.A rindió testimonio el 28 de mayo de 2014 en audiencia de juicio oral.

19 La madre de las menores víctimas declaró el 28 de mayo de 2014 en audiencia de juicio oral.

20 Rindió testimonio el 26 de agosto de 2014 en audiencia de juicio oral.

21 Afirmó que la madre de la niña la esperó afuera, y la niña ingresó al consultorio para evaluarse de forma individual.

22 Declaró en audiencia de juicio oral el 26 de agosto de 2014.

23 Sobre la prueba, señaló:

La prueba es un cuestionario en que vienen 21 preguntas y pues de hecho está la explicación y vienen 21 preguntas con opciones de respuesta, vienen unas respuestas ya dadas para que no se preste a subjetividad, son pruebas objetivas, entonces la niña debe elegir estados de á me siento triste, no me siento triste, me siento tan triste que no puedo soportarlo, estoy tan triste que quiero acabar con mi vida, por ejemplo. Pueden ser esas cuatro opciones y ella tiene que elegir una en cada pregunta. En cada ítem elige la respuesta que mejor interprete, su estado de ánimo, luego se suman los puntajes. Todo esto está obviamente validado y estandarizado. Y el total que ella obtuvo en esa prueba fue 15. La prueba establece dentro de su protocolo que si la puntuación está entre 10 y 16 indica que es una depresión leve.

… Específicamente hago referencia a opciones que contestó la niña percibe que se siente triste, a veces tiene pensamientos suicidas, llora con frecuencia, le cuesta trabajo tomar decisiones, está menos interesada en los demás, ha perdido el apetito y su interés por el sexo ha disminuido, manifiesta estar preocupada por problemas físicos.

24 Son unos ítems que se contestan únicamente con sí o no. Tampoco da pie a interpretaciones subjetivas, sino simplemente se le van haciendo las preguntas a la niña y la niña contesta sí, si presenta, si le ocurre ese evento o si presenta ese evento no, si definitivamente no lo presenta.

25 Rindió testimonio en audiencia de juicio oral el 26 de agosto de 2014.

26 Investigadora Paula Andrea Barragán Velázquez, técnica en Investigación Criminal de la Escuela de Estudios Superiores del CTI de la Fiscalía. Declaró en audiencia de juicio oral el 26 de agosto de 2014.

27 Hija mayor de Gladys Ávila. Conoce a Tubal Caín, pero solo convivió un mes con él. Dijo del temor de sus hermanas cuando le contaron lo ocurrido con su padrastro. Declaró en audiencia de juicio oral el 26 de agosto de 2014.

28 Hermano de Gladys, tío de las víctimas.

De acuerdo con los términos de la imputación fáctica y jurídica construida por la fiscalía, conforme atrás se precisó, la modalidad delictiva cometida sobre esta niña fue la de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (art. 208 C.P.) y no la de acceso carnal violento agravado (art. 205 y 211-4 ibidem). La razón por la cual el ente acusador optó por dicha conducta punible radicó fundamentalmente en su edad (13 años) para el momento de los hechos.

No obstante, bien hizo el a quo en condenar por el delito de acceso carnal violento también con respecto a esta víctima, dado el ejercicio de violencia que desplegó el acusado en su contra, junto con otras personas, para finalmente introducir sus dedos en la vagina de esta pequeña, actos estos que a lo largo de toda la actuación, según se vio, se le imputaron fácticamente, por lo que no se vulnera su derecho de defensa con la variación de esta calificación en el fallo, aunado a que en esta decisión, así como en la sentencia de segunda instancia, se analizó la responsabilidad sobre los elementos que configuran este delito.

…

Ahora bien, como lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala, al cabo que la imputación fáctica y personal es absoluta, no así la jurídica que es relativa (cfr., solo por citar algunas de las más recientes: SP401, rad. 55833 y SP403, rad. 51848, ambas de febrero 17 de 2021), de suerte que para el caso sub judice no se viola la congruencia por la referida variación efectuada a la calificación jurídica en la sentencia, menos aún le puede resultar lesiva al procesado cuando quiera que la pena para las conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (art. 208 C.P.) y acceso carnal violento (art. 205 ibidem) es idéntica (pena de prisión de 6 a 12 años).

Posteriormente, en la decisión SP1492-2022, radicación n.º 47319 del 4 de mayo de 2022, la Sala analizó un caso por el que se había emitido sentencia condenatoria por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir (Artículo 210 inciso 2º del Código Penal).

Sin embargo, de manera oficiosa la Sala seleccionó la norma penal que se adecuaba correctamente al comportamiento materia de juzgamiento, siendo esta la de actos sexuales con menor de 14 años.

Aquí pasó algo interesante: la pena mínima para el delito de actos sexuales con menor de catorce años (9 años) es mayor a la del delito de acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (8 años), guarismo del que partió el juez de primera instancia (y ello no lo modifica la Corte por la prohibición de reforma peyorativa para el apelante único). En estricto sentido se podría decir que ese cambio implica una mayor gravedad. Sin embargo, la Corte no tuvo reparo en modificarlo. La Corte casó y declaró que la sentencia condenatoria era por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 209 y 211-2 ibidem). Entonces, si en ese caso se consideró que no había reforma en perjuicio, menos podría afirmarse que en este lo hay, cuando la pena es igual.

Posteriormente, la sentencia SP2211-2022, Radicación 54304 29/06/2022, abordó un caso en el que se imputó a un sujeto por acceso carnal violento agravado y se le acusó por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado. Los juzgados condenaron por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado

La Corte no encontró vulnerado el principio de congruencia. Esos delitos también tienen la misma pena. Sin embargo, el segundo podría sugerir mayor reproche, si se considerara su naturaleza al margen de la consecuencia jurídica.

Finalmente, se precisa que lo decidido en la SP209, jun. 7 de 2023, rad. 56244 es insular frente a la jurisprudencia de esta Corporación en lo que atañe a la congruencia jurídica.

30 Lo contrario ocurre en otras legislaciones. En España, por ejemplo, su Código Penal establece que la agresión sexual se castiga con pena de prisión de uno a cuatro años (Artículo 178 del Código Penal español. https://codigopenalespana.com/articulo-178-codigo-penal/). Sin embargo, si esta se comete empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, el responsable se castigará con la pena de uno a cinco años de prisión. Esta diferenciación de consecuencias jurídicas a partir de la violencia en los delitos sexuales se replica en varios países, pero no en el nuestro.

31 Corte Constitucional. Sentencias T-554 de 2003, T-458 de 2007, T-520A de 2009, T-078 y T-1015 de 2010, T-205 de 2011, T-843 de 2011 y T-008 de 2020, y Auto 009 de 2015, entre otras.

32 “La dimensión positiva implica que las autoridades involucradas en la investigación y juzgamiento de conductas lesivas de la integridad sexual de un menor de edad deben (i) mostrar especial diligencia en la determinación de los hechos, la atribución de responsabilidad penal y el pleno restablecimiento de los derechos del menor de edad; (ii) informar al ICBF sobre la presencia de un menor de edad en situación de riesgo; (iii) procurar desde la noticia criminis la protección integral del menor de edad; y (iv) utilizar sus facultades para el decreto de pruebas que le permitan alcanzar la verdad procesal”. Sentencia T-554 de 2003.

33 “En su dimensión negativa, los funcionarios judiciales deben (i) abstenerse de comportamientos y expresiones que afecten la dignidad de los menores; y (ii) evitar el decreto de pruebas que impliquen una intromisión excesiva en la intimidad o integridad física y emocional del niño o la niña, de tal suerte que, en los casos en que se advierta la necesidad de dichas pruebas relevantes, el funcionario debe ponderar la necesidad de la prueba y el nivel de afectación del menor en cada caso concreto”. Sentencia T-554 de 2003.

34 Corte Constitucional. Auto 009 de 2015.

35 Son múltiples los compromisos internacionales suscritos por Colombia en busca de garantizar la defensa de los derechos de las mujeres, entre estos, la ratificación por medio de la Ley 51 de 1981 de la «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer», adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980, en la cual se reconoció a las mujeres como sujetos de especial protección, debido a la posición desfavorable que ha tenido a lo largo de la historia, la estructura patriarcal de la sociedad y discriminación en contra la mujer.

Además, en el contexto de protección universal de los derechos de la mujer, otro importante antecedente normativo lo constituye la Convención de Belém do Pará de 1994, que en su artículo 2° de consagra que «Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica…»

Al respecto, debe integrarse la Convención de los Derechos del niño y otros instrumentos como: OEA. Recomendación General del Comité de Expertas del Mesecvi (No. 3): La figura del consentimiento en casos de violencia sexual contra las mujeres por razones de género. 2021.

36 Salvo por lo consagrado de manera particular en la decisión SP209-2023, Radicación 56244.

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SP117-2026(68601)

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:39 +0000

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado Ponente

SP117-2026

Radicación n.º 68601

(Acta n.º 063)

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

ASUNTO

La Corte resuelve los recursos de apelación interpuestos por Álvaro Aristides Ibáñez Trespalacios y su defensor, en contra de la sentencia del 26 de agosto de 2024 emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla. Esta lo declaró penalmente responsable, como autor, del delito de prevaricato por acción.

I. HECHOS

1. En el año 2006, los señores Freddys Manuel Díaz Díaz y Héctor Manuel Pulgar Martínez fueron investigados y vinculados mediante indagatoria por los delitos de estafa, falsedad en documento privado y fraude procesal1. El 18 de abril de 2012, la Fiscalía 1 Seccional de Soledad (Atlántico) resolvió su situación jurídica profiriendo medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del primero y precluyendo la investigación a favor del segundo2. El apoderado de la parte civil interpuso recurso de apelación.

2. El 18 de junio de 2013, la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal de Soledad revocó la preclusión y, en consecuencia, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Pulgar Martínez. De manera preventiva y provisional, ordenó la cancelación del registro de la Escritura Pública n.º 02922 de 1 de junio de 2006 en el folio de matrícula inmobiliaria 040-245379, así como la cancelación de la afectación con patrimonio de familia, realizada en esa escritura pública. También ordenó la anulación de la protocolización de la citada escritura.

3. Esa decisión fue sometida a control de legalidad ante el Juzgado Penal del Circuito de Soledad, que lo negó en decisión de 16 de septiembre de 20133.

4. En Soledad se suprimieron las fiscalías que conocían de procesos de Ley 600 de 2000, por lo que la actuación regresó a Barranquilla a la Fiscalía 43 Seccional4. Su titular, a través de resolución de 13 de enero de 2014, consideró que no era competente para conocer de la actuación bajo el argumento errado de que se debía tramitar por la Ley 906 de 2004, ya que el fraude procesal es un delito de ejecución permanente. Envió el proceso a reparto en la Unidad de Fiscalías de Soledad y dejó planteado un conflicto negativo administrativo de competencias.

5. La actuación fue asignada a la Fiscalía 4 Seccional de Soledad, cuyo titular era Álvaro Aristides Ibáñez Trespalacios, bajo la noticia criminal n.º 087586001107201400223.

6. El 10 de febrero de 2014 le fue puesto a disposición Héctor Manuel Pulgar Martínez, capturado para cumplir con la medida de aseguramiento impuesta. Obrando de manera manifiestamente contraria a la ley y siendo consciente de ello, canceló la orden de captura, ordenó su libertad inmediata y ordenó la cancelación del oficio dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que hacía efectivas las medidas provisionales de restablecimiento del derecho. Además, dispuso el «reinicio» de la actuación conforme a la Ley 906 de 20045.

7. Con esta decisión, Ibáñez Trespalacios desconoció lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política -debido proceso-, el artículo 6 de la Ley 600 y 2000 -principio de legalidad- y la tesis de la razón objetiva, fijada desde antaño por la Sala para resolver esa clase de controversias.

8. El 27 de marzo de 2017, ante el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, se le formuló imputación como autor de delito de prevaricato por acción (artículo 413 del Código Penal). Álvaro Aristides Ibáñez Trespalacios no aceptó los cargos.

9. El escrito de acusación se radicó en los mismos términos de la imputación y el proceso se asignó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. Adelantado el juicio oral, en sentencia de 26 de agosto de 2024, Ibáñez Trespalacios fue condenado por el delito imputado. Se le impuso la pena de 48 meses de prisión, multa de 66,66 SMLMV e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Se le negaron los mecanismos sustitutivos de la pena por expresa prohibición legal, pero se concedió el «aplazamiento o la suspensión de la ejecución de la pena», conforme al artículo 314 de la Ley 906 de 20046.

10. Inconformes con la decisión, la defensa y el procesado interpusieron y sustentaron recursos de apelación.

III. LA SENTENCIA APELADA

11. El Tribunal fijó el marco normativo y jurisprudencial del delito de prevaricato por acción, reseñó las estipulaciones celebradas y las pruebas que se practicaron en el juicio oral. A partir de lo anterior, consideró que sí se probó la materialidad de la conducta y la responsabilidad del acusado.

12. No hubo discusión sobre la condición de servidor público de Álvaro Aristides Ibáñez Trespalacios, quien para el 10 de febrero de 2014 era el fiscal 4 seccional del municipio de Soledad. Tampoco se cuestionó que conoció el proceso penal que llegó a su despacho bajo la noticia criminal n.º 087586001107201400223. Menos todavía que, mediante decisión de 10 de febrero de 2014, canceló la orden de captura que existía en contra de Héctor Manuel Pulgar Martínez y ordenó la cancelación del oficio que hacía efectivas las medidas de restablecimiento del derecho que se habían dictado bajo el régimen de la Ley 600 de 20007.

13. Estimó que la decisión fue manifiestamente contraria a la ley, por las siguientes razones:

1. El acusado invocó el principio de oralidad (art. 9 de la Ley 906 de 2004), que implica que las postulaciones de los fiscales deben hacerse ante los jueces de control de garantías. Sin embargo, por sí y ante sí decidió ordenar la libertad de Pulgar Martínez y cancelar las medidas de restablecimiento de derechos.

2. Para sostener que el proceso se debía tramitar por la Ley 906 de 2004, señaló que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal dejó sentadas las bases al invocar la Ley 890 de 2004. De esa manera, concluyó que no era procedente la imposición de la medida de aseguramiento por no cumplirse las exigencias normativas en cuanto al mínimo de la pena. En el caso del fraude procesal, tampoco se cumplía con los fines constitucionales. Es por ello por lo que la ilegalidad es protuberante y palmaria, pues si la Ley 906 de 2004 le otorgaba competencia, su deber era solicitar la libertad y la cancelación de las medidas de restablecimiento del derecho ante el juez de control de garantías.

3. Ibañez Trespalacios, en el juicio oral, manifestó de manera tajante que no hubo ningún error en su decisión, pues si hubiera postulado esos asuntos ante el juez de garantías, su decisión hubiera sido la misma que él tomó como fiscal. De allí que desde ese momento se rechazara la tesis del error de tipo planteada por la defensa, que estuvo indebidamente argumentada, ya que se limitó a señalar que era invencible en tanto el acusado partió de una convicción errada que no le dio la posibilidad de tomar una decisión contraria y «autodeterminarse de una forma diferente», aglutinando aspectos propios de la inimputabilidad.

4. El acusado tuvo a su alcance la decisión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal que impuso la medida de aseguramiento, la del Juzgado del Circuito que resolvió el control de legalidad y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, que las negaron por improcedentes al desconocer el principio de subsidiaridad. No obstante, hizo caso omiso a dichos contenidos.

14. Concluyó que el acusado vulneró de manera protuberante y manifiesta el debido proceso, el principio de legalidad y la tesis de razón objetiva. Desconoció el artículo 29 de la Constitución, el artículo 6 de la Ley 600 de 2000 y el precedente de la razón objetiva por lo que la decisión sí fue manifiestamente contraria a la ley y se satisfizo el tipo objetivo del delito analizado.

16. Agregó que el acusado, para dar aplicación a la Ley 906 de 2004, señaló falazmente que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal invocó la Ley 890 de 2004 al definir la situación jurídica del procesado. Entonces, si aquél no la hubiera aplicado, el trámite sí hubiera tenido lugar por la Ley 600 de 2000. Esa postura, en realidad, no fue más que una estrategia para aprovechar el error que dice que advirtió y desconocer el ordenamiento jurídico. Sumado a ello, a partir de esa lógica, estableció que esa decisión perdió vigencia a la luz de la nueva competencia y del artículo 29 de la Constitución Política.

17. Para el Tribunal, Ibáñez Trespalacios desconoció la realidad procesal, pues tuvo en su poder la decisión del control de legalidad de la medida de aseguramiento y en ella se señaló que el error al aplicar la Ley 890 de 2004 era intrascendente, pues el mínimo de la pena para el fraude procesal era de 4 años, cumpliéndose el requisito objetivo para su imposición.

18. Ahora bien, si en gracia de discusión la actuación se debía adelantar bajo la Ley 906 de 2004, el debido proceso era acudir ante un juez de control de garantías para que tomara la decisión pertinente. Sin embargo, en la orden cuestionada, el acusado consideró que no se hacía necesario, pues los delitos objeto de investigación no cumplían con los requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento (mínimo legal y fines constitucionales). Lo que no sustentó fue por qué no se cumplía con ellos de cara a un análisis probatorio.

19. En cuanto a hacer extensiva la cancelación de la medida de restablecimiento de derechos, el Tribunal resaltó que nada tenía que ver con los requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento, aspecto que reafirma la intención del procesado de obrar en contra del ordenamiento jurídico. Por último, resaltó que no se requiere probar que el móvil de la conducta sea un acto malicioso o de corrupción.

20. En estos términos lo declaró penalmente responsable del delito de prevaricato por acción.

21. En relación con el «aplazamiento o la suspensión de la ejecución de la pena» de acuerdo con el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, le impuso la obligación de garantizar, mediante caución equivalente a 7 SMLMV, el cumplimiento de las obligaciones que fija el artículo 65 del Código Penal.

IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

1. Defensa técnica

22. Para la defensa, la conducta de prevaricato por acción debe estar acompañada de una perversidad motivada por la corrupción. En caso contrario, nos encontramos ante ignorancia, errores de hecho o de derecho, de tipo o de prohibición, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos no son infalibles. En ese sentido, consideró que el dolo se debe probar, no puede ser producto de disquisiciones, especulación o inferencias atribuibles a la personalidad del procesado, la experiencia o su capacidad intelectual.

23. Cuestionó la interpretación que el Tribunal dio al argumento del error de tipo. Cuando se indicó que el acusado no se pudo autodeterminar, no se trató de un acto de inimputabilidad sino al entendido de que estaba obrando de manera correcta, a causa del error. Todo esto, porque si no existe un ánimo de corrupción para tomar una decisión contraria a la ley, es porque la acción no es otra cosa que un error. En este caso Ibáñez Trespalacios nunca tuvo la intención de cometer un delito.

24. La competencia del acusado no era un tema pacífico para el momento en que tomó la decisión cuestionada, pues los hechos investigados ocurrieron en el 2006 y la fiscal que se desprendió de la investigación basó su criterio en la teoría de la razón objetiva.

25. Ahora bien, aceptando en gracia de discusión que Ibáñez Trespalacios tenía competencia, el a quo consideró que se debió poner al capturado a disposición del juez de garantías. No obstante, olvidó que el artículo 302 de la Ley 906 de 2004 autoriza al fiscal a hacer un filtro de las capturas ilegales y está obligado a ordenar la libertad inmediata y hacer firmar al indiciado un acta de compromiso (en caso de flagrancia) y fue justamente lo que hizo el acusado. La razón es que estaba convencido de manera errática de que esa era la forma jurídica de proceder. En otras palabras, obró convencido de que estaba actuando en derecho y eso demuestra el error.

26. El esfuerzo del Tribunal para dar por demostrado el dolo en la conducta, no logra derruir la hipótesis alternativa de la duda razonable, pues Ibáñez Trespalacios obró convencido de estar actuando correctamente. Así, teniendo en cuenta que la Fiscalía no pidió prueba para demostrarlo, este no podía surgir de la mente de los magistrados, pues el principio acusatorio sostiene que no puede haber condena sin pruebas.

27. En relación con la exigibilidad de otra conducta, el Tribunal desconoció que el acusado no estaba haciendo un juicio de legalidad de la decisión de imponer medida de aseguramiento a Héctor Pulgar. Se trataba de que, en el sistema penal acusatorio, una persona no puede ser privada de la libertad por cuenta de un fiscal. Fue por eso por lo que actuó convencido de que su comportamiento era conforme a la ley, más aún cuando no se observa un interés personal o en favor de un tercero motivado por hechos de corrupción. Ibáñez Trespalacios consideró que debía prevalecer el derecho a la libertad como inherente a la dignidad humana y por eso la concedió. En consecuencia, por no tener competencia para expedir decisiones de restablecimiento del derecho, tampoco creyó necesario exponer argumentos para dejar sin efectos el oficio que decidía sobre ello.

28. El Tribunal, entonces, concluyó la existencia del dolo sin fundamento probatorio de sus elementos, lo dedujo de la experiencia y del tiempo de servicio del acusado y no aceptó la teoría del error sin plantear hipótesis alternativas. El procesado actuó conforme a derecho y por eso restableció los derechos del capturado, estaba convencido de que debía empezar desde cero y no podía mantener la vigencia de una orden de captura emitida por un fiscal, facultad que le fue sustraída en la Ley 906 de 2004.

29. Las apreciaciones del Tribunal, según las cuales Ibáñez Trespalacios se aprovechó del error de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal para dar aplicación a la Ley 906 de 2004, no coinciden con la realidad procesal. Si bien en la orden hizo alusión a algunas de las motivaciones de la decisión que ordenó la captura de Pulgar Martínez, su interés no era otro que obrar conforme a la recta y eficaz administración de justicia que impide que una persona sea capturada por orden de la Fiscalía en el actual sistema procesal.

30. En conclusión, de ninguna de las actuaciones del acusado se puede colegir su interés en prevaricar o interpretar las normas a su antojo y capricho o de manera torticera, pues simplemente consideró que la Fiscalía no tenía competencia para emitir órdenes de captura en el actual sistema procesal. No se evidencia perversidad, mucho menos el ánimo de corrupción ni que la decisión fuera para favorecer sus intereses o los de un tercero.

31. Conforme a lo anterior, solicitó que se revoque el fallo condenatorio y se absuelva al procesado.

2. Defensa material

32. El procesado se disculpó por la decisión emitida el 10 de febrero de 2014 y manifestó que no fue intencional y mucho menos arbitraria y perversa. Lo hizo con la convicción errada de que con la vigencia del sistema penal acusatorio la Fiscalía no tenía facultades para ordenar capturas e imponer medidas de aseguramiento.

33. Recalcó que la investigación le fue asignada por una resolución proveniente de una Fiscalía de Ley 600 de 2000 que consideró que los competentes eran los fiscales de la Ley 906 de 2004. Fue por ello por lo que analizó la privación de la libertad bajo el sistema procesal actual y por eso decidió concederla e iniciar la investigación, desde cero, llamándolo a imputación. Esa decisión, en consecuencia, se extendió a las medidas de restablecimiento del derecho, que se deben solicitar ante un juez de garantías.

34. Reiteró que su proceder no fue doloso y que no se probó en el juicio, pues si su decisión fue ilegal no hubo intención, perversidad, arbitrariedad o corrupción. Estas fueron deducidas por el Tribunal.

35. Aclaró que el Tribunal fundó su inferencia del dolo en que él no tuvo en cuenta las decisiones del control de legalidad de la medida y los fallos de tutela emitidos por la Corte. Sin embargo, en ellas se abordó la falta de requisitos de forma o de fondo para la procedencia de las acciones y no la ocurrencia de las conductas investigadas.

36. Pidió que se revoque el fallo y se absuelva. De manera subsidiaria, solicitó que se disminuya el monto de la caución para la suspensión de la ejecución de la pena, teniendo en cuenta su edad, que es pensionado y que tiene una mala condición de salud.

37. Los no recurrentes no se pronunciaron sobre los recursos.

V. CONSIDERACIONES

1. Competencia

38. La Sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por el procesado y su defensor, de conformidad con los artículos 235 numeral 2 de la Constitución Política y 32 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Lo anterior, por tratarse de una sentencia emitida en primera instancia por la Sala Penal de un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

39. En observancia del principio de limitación, la Corte abordará las inconformidades de los recurrentes y aquellos asuntos que resulten necesariamente vinculados a ellas.

2. Problema jurídico y estructura de la decisión

40. El procesado y su defensa coincidieron en el fundamento de sus recursos, cuestionando los fundamentos de la decisión de condena en relación con la demostración de la tipicidad subjetiva. Conforme a lo anterior, el problema jurídico a resolver es establecer si se logró probar, más allá de toda duda, que Álvaro Aristides Ibáñez Trespalacios emitió la orden del 10 de febrero de 2014, con conocimiento y voluntad de transgredir el ordenamiento jurídico.

41. Para resolver los reproches planteados, se hará una breve referencia a los elementos del delito de prevaricato por acción. Luego, a partir de dicho marco, se analizará si se probó más allá de toda duda la materialidad de la conducta y si le asiste o no la razón a los apelantes.

3. El delito de prevaricato por acción

42. Esta conducta punible está consagrada en el artículo 413 del Código Penal en los siguientes términos:

El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

43. Para la estructuración del tipo se requiere de un sujeto activo calificado que es un servidor público; el verbo rector consiste en «proferir» una resolución, dictamen o concepto; y el ingrediente normativo consiste en que sea «manifiestamente contrario a la ley».

44. El ingrediente normativo se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o se distancia sin explicación del texto o sentido de la norma llamada a regular el caso, haciendo que se revele objetivamente caprichosa o arbitraria, producto «del desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo»8. (CSJ SP1457, 21 may. 2025, rad. 63431).

45. Esto significa, en criterio de la Sala, que no basta con que la decisión sea ilegal o desacertada, sino que es necesario que la disparidad del acto con los enunciados normativos o la comprensión de sus contenidos sea de tal entidad que «no admita justificación razonable alguna»9.

46. La acreditación de esos aspectos exige tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios con los que el funcionario judicial sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue emitida y los elementos de juicio con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante y no a posteriori del caso10. En todo caso, el examen al que se somete la decisión no es de acierto sino de legalidad.

47. En relación con el tipo subjetivo, es un delito de realización dolosa. Es decir, quien lo realiza lo hace con conocimiento y voluntad de desconocer la normativa aplicable al caso particular y transgredir el ordenamiento jurídico. El dolo puede deducirse de distintas maneras, como cuando en la decisión se plasman criterios subjetivos, argumentos caprichosos, arbitrarios, abiertamente absurdos, o cuando se dan explicaciones basadas en hechos que procesalmente resultan inexistentes, ocultados o tergiversados11. También puede acudirse al examen de elementos objetivos como la naturaleza de la decisión, la complejidad del asunto, la claridad de las normas aplicables y la trayectoria y experiencia profesional del acusado12.

48. Por último, la Sala reitera que no son objeto de reproche las decisiones que son producto de la impericia, ignorancia o inexperiencia, o que son consecuencia de fundamentos discutibles pero razonables. Lo que se cuestiona, en realidad, es la finalidad de obrar en contra del ordenamiento jurídico.

1. Materialidad de la conducta

49. Aunque no fue objeto de discusión, en este asunto se probó que Álvaro Aristides Ibáñez Trespalacios se vinculó a la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1992 con el cargo de fiscal seccional. Además, para el 10 de febrero de 2014, era el titular del despacho 4 seccional del municipio de Soledad13.

50. La decisión cuestionada como prevaricadora, fue la emitida el 10 de febrero de 2014, mediante la cual ordenó la cancelación de la orden de captura emitida por la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal de Soledad contra el señor Héctor Manuel Pulgar Martínez, concediéndole la libertad. Así mismo, dejó sin efecto el oficio n.º 085 de 20 de junio de 2013, que hacía efectivas unas medidas de restablecimiento del derecho a favor de las víctimas. Todo esto, dentro del proceso penal n.º 087586001107201400223. Tampoco se cuestionó su existencia ni su contenido14.

51. Las partes tampoco objetaron el contexto en que se emitió la orden. En el año 2006 los señores Freddys Manuel Díaz Díaz y Héctor Manuel Pulgar Martínez fueron investigados y vinculados a un proceso tramitado por la Ley 600 de 2000, por los delitos de estafa, falsedad en documento privado y fraude procesal relacionados con hechos ocurridos entre los municipios de Soledad y Barranquilla. Al primero se le definió la situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento, mientras que al segundo se le precluyó la investigación. Esa decisión fue apelada por la representación de la parte civil y, el 18 de junio de 2013, la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal de Soledad revocó la preclusión y, en consecuencia, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Pulgar Martínez. En la misma resolución ordenó algunas medidas preventivas de restablecimiento de derechos a favor de la víctima y libró el oficio correspondiente para que se hicieran efectivas.

52. El proceso regresó a la Fiscalía 43 Seccional de Barranquilla, que consideró que no era competente para conocer de la actuación bajo el argumento errado de que se debía tramitar por la Ley 906 de 2004, ya que el fraude procesal, en su criterio, es un delito de ejecución permanente. Entonces, el 13 de enero de 2014, envió el proceso a reparto en la Unidad de Fiscalías de Soledad y dejó planteado un conflicto negativo administrativo de competencias.

53. Por reparto el proceso fue asignado, bajo la noticia criminal ya mencionada, a la Fiscalía 4 Seccional de Soledad, presidida por el fiscal acusado. El 10 de febrero de 2014 le fue puesto a disposición el ciudadano Héctor Manuel Pulgar Martínez, capturado para cumplir con la medida de aseguramiento impuesta. Fue allí donde tomó la decisión prevaricadora, de cuyos argumentos se extrae:

1. Reconoció que la investigación en contra de Freddys Manuel Díaz Díaz y Héctor Manuel Pulgar Martínez, se tramitó bajo la Ley 600 de 2000. También que contra el último la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal impuso medida de aseguramiento.

2. Advirtió que el proceso se debe tramitar por la Ley 906 de 2004 bajo las siguientes razones:

1. Para la imposición de la medida se tuvo como fundamento la Ley 890 de 2004 que sólo es aplicable para el sistema penal acusatorio. Afirmó en relación con el fraude procesal, que es un delito de ejecución permanente, que:

…pese a que los actos constitutivos de la conducta unible (sic) objeto de análisis, se ejecutaron bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000; no es menos cierto que la señora FISCAL DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL, ha sentado las bases para que la investigación se REINICIE bajo la vigencia de la Ley 906 de 2004, no solo al aplicar la Ley 890 de 2004 al definirle la situación jurídica con detención establecimiento carcelario. Pues de ser un asunto investigable bajo la égida de la Ley 600 de 2000, tal normatividad no cabría bajo ningún aspecto15.

2. Luego de citar pronunciamientos de la Corte que vinculan la aplicación de la Ley 890 de 2004 a la Ley 906, así como otros que reconocen que en los delitos de ejecución permanente la prescripción se interrumpe con el llamamiento a juicio, acogió la competencia porque la fiscal de Ley 600 así lo consideró:

Los anteriores planteamientos jurisprudenciales, nos marcan la ruta para decir que acogemos la competencia de esta actuación que nos ha sido asignada, por el factor de competencia territorial, al considerar la homóloga que este asunto debe tramitarse bajo la ley 906 de 2004 y no la ley 600 de 200016. (Énfasis suplido).

3. Para conceder la libertad a Pulgar Martínez, señaló que al acoger la competencia por el nuevo sistema procesal, la medida de aseguramiento perdió su vigencia. Lo anterior, porque el procedimiento impone solicitarle ante un juez de control de garantías su imposición luego de la formulación de imputación. Además, los delitos no reunían los requisitos para su imposición:

Lo que no ocurre en este caso debido a que ninguno de los delitos por los que se estaba investigando a los procesados (Fraude procesal, Falsedad documento Público, Estafa), cumple las exigencias de la norma anotada [artículo 313 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal], y de cumplir esas exigencias, sería el fraude procesal, pero tampoco reúne los requisitos exigidos por los fines constitucionales de la medida de aseguramiento ni en la ley vieja ni en la ley nueva. Por lo que ajustado a la constitución y la ley es darle la LIBERTAD INMEDIATA al ciudadano HÉCTOR MANUEL PULGAR MARTÍNEZ, de condiciones civiles y personales consignada en las diligencias que nos han sido asignadas17.

4. Extendió la decisión al oficio que hacía efectivas las medidas cautelares de restablecimiento del derecho por ser «necesario y ajustado a derecho».

54. La orden emitida por Ibáñez Trespalacios es manifiestamente contraria a la ley, por lo que se tipificó objetivamente el delito de prevaricato por acción. Así lo consideró el Tribunal y fue aceptado por la defensa y el procesado. Desconoció el artículo 29 de la Constitución Política, que en su inciso segundo sostiene que «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

55. Esa ley preexistente era la Ley 600 de 2000, vigente para cuando ocurrieron los hechos y se dio inicio de la actuación. Por esa razón, con acierto, el Tribunal consideró que se desconoció el artículo 6 de dicho estatuto. Este sostiene que «nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal». (Énfasis suplido).

57. En ese sentido, por ejemplo, la Sala consideró en decisión CSJ AP, 9 jun. 2008, rad. 29586:

Ahora bien, de cara al delito permanente cuando en su ejecución ha mediado un cambio de sistema en el distrito judicial donde ha de adelantarse la actuación, no cavila el juicio para predicar que respecto de esa conducta punible resultan potencialmente aplicables las dos legislaciones, pues al fin y al cabo bajo el imperio de ambas se ejecutó el delito, dada la mencionada condición de permanencia. No empece lo dicho, no resulta jurídicamente aplicable tal pregón, dada la distinta caracterización de uno y otro sistemas, referida -entre otros tópicos- a la permanencia de la prueba, los funcionarios que intervienen, los términos para adelantar las actuaciones, la forma de interposición y trámite de recursos, las funciones específicas de un juez de garantías, la imposibilidad para llevar a cabo negociaciones de pena, etc., todo lo cual conduce inexorablemente a que se deba seleccionar una de las dos legislaciones para aplicarla in integrum, evitando la mezcla de procedimientos.

(…)

Descartado, entonces, un tal fundamento en la búsqueda del procedimiento a seguir en el caso planteado, se inclina la Sala por acudir a criterios objetivos y razonables, edificados estos esencialmente en determinar bajo cuál de las legislaciones se iniciaron las actividades de investigación, la que una vez detectada y aplicada, bajo su inmodificable régimen habrá de adelantarse la totalidad de la actuación, sin importar que (al seleccionarse por ejemplo la Ley 600) aún bajo la comisión del delito -dada su permanencia- aparezca en vigencia el nuevo sistema.

Ya la iniciación de las pesquisas por los senderos de aquella normatividad marcará el rumbo definitivo del procedimiento a seguir. Piénsese en un secuestro cometido en un distrito judicial que aún estuviera bajo el régimen de la Ley 600 y dentro de ese contexto se recibe la notitia criminis, dándose inicio a una investigación previa y por su propia iniciativa en la misma resolución el fiscal ordena interceptación de líneas telefónicas, desde luego sin ningún control judicial específico pues no está normativamente previsto. Ya -sin duda- con ello, el servidor está ejerciendo funciones jurisdiccionales de las cuales carece en esencia bajo la Ley 906. Y mucho más si dentro de aquella fase preprocesal recibe por lo menos el testimonio de los parientes del secuestrado, como que en tal caso se estará ante el aporte de verdaderas pruebas (con vocación de permanencia) cuyo carácter o naturaleza no podría ser desconocido en adelante al tratar de variar el procedimiento hacia las nuevas reglas, y considerar ahora que aquellas versiones no ostenten la calidad de pruebas.

Lo propio ocurriría si las indagaciones se inician bajo el procedimiento de las nuevas normas, pues el cambio de sistema de enjuiciamiento resultaría (al igual que en la hipótesis anterior) a más de refractario a un verdadero debido proceso, como la más clara muestra de las dificultades respecto -por ejemplo- del acopio de información, como que de las personas se obtendría información a través de entrevistas, mas no en calidad de verdaderos testimonios, surgiendo a la par dificultad en relación con la intervención de peritos, en la medida en que a sus conceptos -recogidos a la luz de la Ley 906- no podría dárseles el carácter de prueba como sí la tendrían bajo el imperio de la Ley 600.

Así las cosas, la Sala se inclina por estructurar la tesis de razón objetiva como mecanismo para solucionar el eventual problema de selección del sistema procesal a desarrollar en el caso del delito permanente cuando en desarrollo de su ejecución surge a la vida jurídica la nueva normatividad (subraya la Sala).

58. Esta postura ha sido reiterada de manera consistente y pacífica en múltiples decisiones anteriores a la orden aquí cuestionada18 y se mantiene vigente hasta la fecha. Justamente por ello, no es aceptable el argumento de que se invocó la Ley 890 de 2004 para cambiar el sistema procesal, desconociendo la Constitución, la ley y la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte.

59. El tipo objetivo, entonces, se realizó en su completa dimensión.

2. Responsabilidad del acusado

60. El reproche de fondo, planteado al unísono por la defensa y el acusado, se enfocó en establecer que Ibáñez Trespalacios no obró con dolo. Lo anterior, porque no se trajo prueba de su existencia, se dedujo de su experiencia y tiempo de servicio y no se plantearon hipótesis alternativas como el error, ya que emitió la orden cuestionada convencido de estar actuando conforme a derecho. Además, no se demostró que actuara con un ánimo corrupto.

61. El dolo no requiere prueba directa de su realización, pues exigirlo llevaría al imposible de auscultar el pensamiento de quien concurre en la realización de un delito para determinar su conocimiento de los hechos y la voluntad de ejecutarlos. Como se anticipó en líneas anteriores, para el caso del prevaricato por acción, se pueden tener en cuenta aspectos subjetivos relacionados con los criterios utilizados para sustentar la decisión manifiestamente ilegal, datos objetivos relacionados con la misma e incluso la trayectoria y experiencia del acusado (cfr. párr. 48).

62. En el presente asunto, el Tribunal lo concluyó a partir de diversos argumentos entre los cuales resaltó:

i. la tesis de la razón objetiva era un tema de fácil comprensión en el mundo jurídico de fiscales, jueces, abogados litigantes y también para Ibáñez Trespalacios;

ii. la experiencia profesional del acusado, de más de 20 años como fiscal seccional, le permitía entender los problemas jurídicos que enfrentaba;

iii. utilizó el argumento falaz de que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, al invocar la Ley 890 de 2004, fijó la aplicación de la Ley 906 de 2004;

iv. desconoció la ley y la realidad procesal, pues sostuvo que no se cumplía con el requisito objetivo para la imposición de la medida de aseguramiento al dejar de aplicar la Ley 890, sin embargo el mínimo para el fraude procesal quedaba en 4 años. Tanto así que en la decisión del control de legalidad de la medida, el Juzgado Penal del Circuito lo aclaró;

v. si consideró que no se cumplía con los fines constitucionales para la medida, debió someterlo a la consideración de un juez de control de garantías y no lo hizo;

vi. la orden consideró que los fines constitucionales no se cumplían, pero no desarrolló análisis probatorio alguno al respecto.

63. La defensa sostiene que la competencia del acusado no era un tema de pacífica solución para la época de los hechos. Este argumento no tiene vocación de prosperar porque la tesis de razón objetiva, que obligaba a mantener el proceso por la línea procesal que comenzó, era evidente, reiterada y pacífica como ya se explicó.

64. Ahora bien, ¿tenía el acusado alguna alternativa para resolver ese conflicto, si en gracia de discusión no era pacífico y de fácil solución? La respuesta es sí. La misma Ley 600 de 2000 -vigente para el momento de los hechos y en medio de la cual se suscitó la discusión sobre el sistema procesal- fijó dos posibilidades para resolverlo. Por un lado, el conflicto de competencias establecido en el artículo 93 de dicha legislación19 y, por otro lado, el conflicto de reparto fijado en el artículo 9820. En ambos casos, se abría la posibilidad para que el funcionario competente -en este caso el director seccional de fiscalías del Atlántico- dirimiera la controversia de manera expedita.

65. El dolo del acusado no se extrae únicamente de su decisión y de la omisión de resolver el conflicto aparente por las vías procesales idóneas. También emerge de las consecuencias jurídicas de la orden.

66. El proceso penal tramitado por la Ley 600 de 2000 tenía dos procesados, Héctor Manuel Pulgar Martínez -beneficiado de la decisión prevaricadora- y Freddy Manuel Díaz Díaz, a quien se le había impuesto previamente medida de aseguramiento de detención preventiva. La orden suscrita por Ibáñez Trespalacios, en la que decidió «reiniciar la actuación», si bien tuvo en cuenta el principio de dignidad humana y los derechos fundamentales de Pulgar Martínez, los desconoció de manera inexplicable en relación con el otro procesado. Este siguió privado de la libertad, por una decisión emanada de un fiscal con facultades jurisdiccionales, pero en un proceso tramitado por la Ley 906 de 2004.

68. En conclusión, en la conducta realizada por Álvaro Aristides Ibáñez Trespalacios sí se demostró el dolo, sin que se pueda considerar que pretendió obrar conforme a derecho, por los argumentos aquí desarrollados.

69. Por último, estimaron los recurrentes que se debió demostrar que los hechos estuvieran motivados por un ánimo de corrupción. Esta postura, no obstante, desconoce la tesis pacífica e invariable de la Corte, según la cual no se requiere demostrar que el servidor público actuó bajo el influjo de algún interés. En reciente decisión, ese criterio fue abordado y reiterado de la siguiente manera:

…el dolo en el delito de prevaricato no reclama determinar algún tipo de interés particular que haya gobernado lo resuelto, pues, son los elementos objetivos que consagra el trámite o el acto en sí mismo considerado, los que determinan si el funcionario actuó o no con conocimiento y voluntad.

(…)

Huelga recordar que, al día de hoy, la tesis en cuestión continúa invariable, esto es, no se exige de la fiscalía demostrar que el funcionario actuó bajo el influjo de un determinado interés.

Es claro que, incluso, si no se verifica ello, el sólo capricho o tozudez del funcionario, así no obtenga un beneficio tangible de su actuación, pueden configurar la razón por la cual, con plenos conocimiento y voluntad, decide apartarse de lo que la ley obliga.

Por lo demás, para concluir el punto, la norma típica no reclama de un determinado ánimo o elemento subjetivo especial, razón por la cual, resulta imposible exigir su estructuración, en ilegal ampliación de lo que el tipo reclama21.

70. En este caso, la condena en contra del acusado, desde el punto de vista subjetivo, no se sustentó en que hubiese tenido una finalidad corrupta, sino en que la decisión que tomó el 10 de febrero de 2014 evidenciaba que sabía que actuaba en contra del derecho y que, pese a ello, voluntariamente decidió vulnerarlo.

71. En conclusión, no se encontraron fundados los argumentos del procesado y su defensor para solicitar la revocatoria de la condena, por lo que la decisión se confirmará.

72. Para terminar, el procesado solicitó que se le disminuya el monto de la caución para la suspensión de la ejecución de la pena, teniendo en cuenta su edad, que es pensionado y que tiene una mala condición de salud. La petición, sin embargo, no ofrece argumento alguno del que se desprenda la necesidad de su reducción. Por el contrario, reconoce su condición de pensionado y, en ese entendido, cuenta con la solvencia económica para que se haga efectiva.

73. En caso de que la solvencia económica no exista, se podrá reducir la caución a las luces del artículo 64 del Código Penal, pero ello no fue planteado en la solicitud. Por ello, se confirma el valor de la caución, sin perjuicio de los trámites que pueda adelantar ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, al momento de que se haga efectiva.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero – CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, que condenó a Álvaro Aristides Ibáñez Palacios como autor del delito de prevaricato por acción.

Segundo – ADVERTIR que contra esta decisión no proceden recursos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Con permiso

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Los hechos tuvieron ocurrencia entre mayo y junio de 2006 y están relacionados con la venta de un inmueble en la que los mencionados presuntamente participaron en la suscripción de poderes y escrituras públicas fraudulentas en las Notarías 8 de Barranquilla y 1 de Soledad (Atlántico). El proceso se tramitó por la Ley 600 de 2000, pues no había entrado en vigor la Ley 906 de 2004.

2 Esto ocurrió dentro del sumario n.º 208303 que unificó 2 investigaciones que se adelantaban por los mismos hechos.

3 A su vez, Héctor Manuel Pulgar Martínez interpuso acciones de tutela contra las decisiones de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal y el Juzgado Penal del Circuito, que fueron resueltas negativamente por esta Corporación, en fallos de 22 de agosto y 29 de octubre de 2013.

4 Ahora bajo el sumario n.º 314490.

5 Posteriormente, mediante Resolución n.º 017 de 26 de enero de 2015, el proceso volvió a la Fiscalía 43 Seccional de Barranquilla, para ser tramitado por la Ley 600 de 2000, luego de dirimirse el conflicto de competencias.

6 Lo relacionado con la suspensión de la ejecución de la pena fue objeto de salvamento de voto por parte de uno de los magistrados.

7 El contenido de dicho documento se anexó e hizo parte de la estipulación n.º 4.

8 Cfr. CSJ SP4620-2016, rad. 44697; CSJ SP1310-2021, rad. 55780 y CSJ SP661-2025, rad. 67061, entre otras.

9 Cfr. CSJ AP4267-2015, rad. 44031; CSJ SP3578-2020, rad. 55140 y CSJ SP661-2025, rad. 67061, entre otras.

10 Cfr. CSJ SP, jul. 3 de 2013, rad. 38005; SP4620–2016, rad. 44697; CSJ SP467–2020, rad. 55368 y CSJ SP661-2025, rad. 67061, entre otras.

11 Cfr. CSJ SP, ago. 3 de 2005, rad. 22112 y CSJ SP668-2021, rad. 51652.

12 Cfr. CSJ SP, ago. 3 de 2005, rad. 22112, SP740–2018, rad. 50132 y CSJ SP3142–2020, rad. 57793.

13 Estipulación probatoria n.º 2.

14 Estipulación probatoria n. 4.

15 Orden de 10 de febrero de 2014, fl. 2.

16 Ídem, fl. 3.

17 Ídem, fl. 4.

18 CSJ, SP, 15 dic. 2008, rad. 30665; 10 de marzo de 2009, rad. 31180; AP, 3 dic. 2009, rad. 32846 y 23 de mayo de 2012, rad. 38770, entre otras.

19 ARTICULO 93. CONCEPTO. Hay colisión de competencias cuando dos o más funcionarios judiciales consideren que a cada uno de ellos corresponde adelantar la actuación, o cuando se niegan a conocerla por estimar que no es de competencia de ninguno de ellos.

21 CSJ SP034, 4 feb. 2026, rad. 71169.

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SP115-2026(68970)

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:39 +0000

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada ponente

SP115-2026

Radicación n.º 68970

CUI: 11001600010120190004002

Aprobado acta n.º 063

Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el agente de la Procuraduría General de la Nación y el defensor de María Teresa Suárez Ochoa frente a la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. En esta decisión, la primera instancia condenó a la procesada como autora del delito de prevaricato por acción agravado.

II. HECHOS

1. María Teresa Suárez Ochoa, en ejercicio de sus funciones como fiscal especializada, dirigió la investigación contra Yuber Parra Córdoba, Óscar Iván Mosquera Rentería y Sair Harvey Chara García, bajo la noticia criminal identificada con CUI 110016000100-2016-00156, por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes desde Colombia hacia varios países de Centroamérica, entre ellos, Panamá.

2. En forma paralela, en Panamá, el 23 de junio de 2017, a la orilla del río Ostión, ubicado en la Isla del Rey, archipiélago de Las Perlas, autoridades de ese país incautaron 210.310 de gramos de marihuana y 168.740 gramos de cocaína.

3. La información derivada de los elementos materiales probatorios relacionados con esa incautación y, de otros actos de investigación cumplidos en Colombia, llevaron a María Teresa Suárez Ochoa, el 12 de abril de 2018, a formular imputación a los indiciados. Les atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado -con fines de tráfico de estupefacientes- y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado -cantidad superior a 5 kilos de cocaína-, en calidad de coautores.

4. En esa oportunidad, para estructurar la circunstancia específica de agravación punitiva del delito contra la salud pública, la fiscal tomó en cuenta el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República de Panamá del 27 de junio de 2017 y, para establecer el rol de cada uno de los imputados, hizo referencia al contenido de conversaciones interceptadas.

5. Pese a ello, María Teresa Suárez Ochoa adoptó ajustes a la calificación jurídica en abierta contradicción con lo fijado en la audiencia preliminar de formulación de imputación y, los datos probatorios derivados de los elementos que integraban la investigación. En particular, el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá del 27 de junio de 2017 y, los informes de investigador de campo del 26 de septiembre de 2017 y 1° de abril de 2018.

6. Pese a que uno y otros le permitían sustentar la causal de agravación específica para el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la coautoría de los imputados en las conductas punibles atribuidas, de manera caprichosa:

(i) el 1° de noviembre de 2018, María Teresa Suárez Ochoa, en el ámbito de un preacuerdo y a título de ajuste de legalidad, eliminó la causal específica de agravación punitiva imputada frente al punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sobre esa base, acordó como contraprestación para los procesados la aplicación del tratamiento punitivo previsto para los cómplices;

(ii) En audiencia de formulación de acusación del 31 de julio de 2019 –debido a que el preacuerdo antes reseñado resultó improbado- María Teresa Suárez Ochoa anunció, como ajuste de legalidad la modificación en el grado de participación de coautoría a complicidad y, así formuló la acusación frente a todos los procesados;

(iii) en la audiencia preparatoria, la hoy acusada, sobre la base de la calificación jurídica por la cual acusó, planteó un preacuerdo consistente en conceder a los procesados la reducción del 50% de la pena a imponer, con un pacto expreso de las penas principales en 64 meses, 15 días de prisión y multa de 1335 SMLMV. El juez de conocimiento no avaló la admisión preacordada de culpabilidad porque excedía la rebaja de una tercera parte de la pena imponer, regulada en el artículo 352 del C.P.P.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

7. Los días 16 de agosto y 6 de septiembre de 2022, ante el Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación a María Teresa Suárez Ochoa como autora del delito de prevaricato por acción agravado en concurso homogéneo -artículos 413 y 415 del C.P.- La procesada no aceptó los cargos.

8. El 4 de octubre de ese mismo año, la Fiscalía radicó escrito de acusación en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Allí, el 21 de marzo de 2023, el delegado de la Fiscalía formuló acusación por el mismo delito comunicado preliminarmente.

9. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 29 de agosto y 16 de noviembre de 2023. Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el fiscal delegado frente a una negativa de exclusión probatoria, con auto AP1566-2024, del 6 de marzo de 2024, la Sala confirmó la decisión impugnada.

10. El juicio oral y público abarcó sesiones llevadas a cabo entre el 27 de mayo de 2024 y el 13 de marzo de 2025. En la última fecha, el Tribunal anunció el carácter condenatorio del fallo por prevaricato por acción agravado.

11. El 20 de marzo siguiente, el juez colegiado aprobó la sentencia, con salvamento parcial de voto de uno de los integrantes de la Sala1. El 31 de marzo de 2025, el fallo quedó notificado en estrados.

12. El agente del Ministerio Público y el defensor interpusieron recurso de apelación. Los no recurrentes guardaron silencio.

IV. LA SENTENCIA RECURRIDA

10.

11.

12.

13. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el marco del principio de progresividad de la investigación, analizó en forma separada los escenarios atribuidos a la procesada como constitutivos de prevaricato por acción agravado. Lo hizo en el siguiente orden: (i) ajuste de legalidad, vía preacuerdo, de la calificación jurídica comunicada en la formulación de imputación; (ii) modificación de la forma de participación, en la audiencia de formulación de acusación y (iii) pacto de descuento de la mitad de la pena, en una admisión preacordada de culpabilidad presentada en la audiencia preparatoria.

8. Acerca de la primera actuación, el Tribunal Superior no advirtió en el texto del preacuerdo referencia a elemento de prueba que permitiera considerar que la cantidad de estupefaciente incautado varió desde la formulación de imputación, en tanto, la eliminación de la agravante implicaba disponer de evidencia que indicara que la cantidad era inferior a la prevista en el numeral 3º del artículo 384 del C.P.

8. De otro lado, en torno a la modificación en la forma de participación, la Sala a quo destacó que la acusada solo hizo alusión, de manera general, a verificación de información que determinaba esa variación, sin mencionar los nuevos elementos de prueba. Sin embargo, bastaba remitirse al escrito de acusación y sus anexos para decantar que la fiscal tenía elementos de conocimiento que, con probabilidad de verdad, imponían la calificación como autores.

8. Resaltó que en el contexto de la actuación, era indiscutible la existencia de una organización dedicada, entre otros fines ilícitos, al narcotráfico a nivel internacional, integrada por Said Harvey Chará García, Óscar Iván Mosquera Rentería y Yuber Parra Córdoba. Esa vinculación se establecía a partir de la interceptación telefónica de los abonados que utilizaban y los comprometían con el tráfico de drogas entre Colombia y Panamá. También, con el hallazgo de estupefacientes por las autoridades panameñas, el 23 de junio de 2017, en el río Ostión.

8. Examinó la tesis de la defensa que en juicio oral y público apuntó a una falta de exactitud en el conteo de los estupefacientes en Panamá, derivado de un error de incorporación de informes de dos casos distintos en una misma carpeta. Estableció que esa situación carecía de transcendencia porque quedó superada por la Fiscal del caso de ese país, quien dispuso el desglose respectivo.

8. Igualmente, de lo discutido en el juicio oral y público, no halló fundamento en la propuesta de la defensa acerca de que las interceptaciones telefónicas reflejaban financiación, más no tráfico de estupefacientes propiamente dicho y, en ese contexto, los procesados eran cómplices de la financiación. Ello, porque las pruebas de descargo en las cuales se fundó esa tesis no aportaban mayor información.

8. También, abordó el preacuerdo presentado en la audiencia preparatoria, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali. Allí, la acusada concretó una reducción del 50% de la pena a imponer, con un pacto concreto de ésta en 64 meses y 15 días de prisión y 1335 SMLMV de multa.

8. Respecto a la ilegalidad de esa actuación, sostuvo que la Fiscalía ofreció como rebaja la mitad de la pena a imponer, con desconocimiento del artículo 352 del C.P.P. Explicó, esta norma solo permite la rebaja de la tercera parte de la pena a imponer en preacuerdos celebrados con posterioridad a la presentación del escrito de acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral y público.

8. En cuanto al concurso homogéneo, señaló que, si bien cada acto reprochado constituye una resolución contraria a la ley, conformaban una unidad de acción con un objetivo único. En tal sentido, afirmó que la conducta así establecida daba lugar a un delito continuado, pero una adecuación típica bajo esa modalidad conllevaría a un desconocimiento de la garantía de la congruencia.

8. Frente al dolo, tomó en cuenta la experiencia como fiscal de la acusada, desde el año 1994 y, en especial, desde 2012 como fiscal especializada. Descartó el desconocimiento o error en la ponderación de la prueba o interpretación de la norma, menos, cuando, al inicio de la actuación que tuvo a cargo, la entonces fiscal valoró adecuadamente las evidencias.

8. De ese modo, encontró acreditados los elementos constitutivos del delito de prevaricato por acción. También, la circunstancia específica de agravación punitiva prevista en el artículo 415 del C.P., porque la actuación judicial adelantada por la acusada lo era por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

8. En la dosificación de la pena, partió de la prevista en el artículo 413 del C.P. e incrementó los dos extremos, en una tercera parte, por la circunstancia de agravación prevista en el artículo 415 del C.P. Luego, fijó las penas principales en el mínimo, correspondiente a 64 meses de prisión, 88.88 SMMLV de multa y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos funciones públicas. Esta última con los efectos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo 001 de 2009.

8. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del artículo 68A del C.P. Tampoco, la prisión domiciliaria por enfermedad grave solicitada por la defensa, ante ausencia de demostración del supuesto de hecho que la hace procedente.

V. RECURSOS DE APELACIÓN

5.1.- Defensa técnica

26. Desarrolla sus críticas bajo el marco de la discrecionalidad y objetividad con la cual están llamados a actuar los fiscales. Igualmente, que, en materia de preacuerdos, están obligados a cumplir con el artículo 327 del C.P.P., que hace imperativo el respeto a la presunción de inocencia.

26. En ese orden, cuestiona que la sentencia de primera instancia haga énfasis en la existencia de una nueva evidencia para ajustar la calificación jurídica, cuando también procede tras decantar los mismos elementos base de la imputación. De manera que, afirma que los ajustes a la imputación son viables.

26. De otra parte, encuentra insuficiente que la acreditación del delito tomara como referente el escrito de acusación y la audiencia en la cual la fiscal hizo la variación, en tanto, los elementos materiales probatorios que acompañan el descubrimiento consignado en el anexo de ese escrito no ingresaron como prueba. Esto, debido a que, desde su punto de vista, la carga de la prueba de la Fiscalía era demostrar que, en la actividad ilícita de vender, ofrecer o financiar realmente los tres imputados eran coautores.

26. Con un análisis del contenido de las comunicaciones interceptadas, sostiene que su representada sí contaba con evidencias suficientes para variar la imputación de autoría a complicidad. En ese tema, no comparte la valoración que el Tribunal realizó de la prueba pericial de Arvey Andrés Peña Gómez, porque estima que aplicó un parámetro diferente respecto de las pruebas de la Fiscalía, en la medida que a esa parte no le reprochó la omisión de llevar la totalidad de la actividad de interceptaciones telefónicas.

26. En lo que atañe al pacto de una rebaja de la mitad de la pena a imponer, cuando el asunto avanzaba por la audiencia preparatoria, considera que corresponde a una discusión interpretativa que excluye el prevaricato. Agrega, desde el punto de vista jurídico, no es absurdo por vía de preacuerdo conceder una rebaja sin atención del momento de su celebración. En apoyo de su postura cita la decisión CSJ AP3807-2023, rad. 60678, del 6 de diciembre de 2023.

26. Para terminar, destaca que, al existir una divergencia en las interpretaciones por tratarse de puntos altamente controversiales, no puede configurarse el prevaricato por acción.

5.2.- Delegado de la Procuraduría General de la Nación

26. Divide su argumentación en dos tópicos. De un lado, la acreditación de la realidad procesal que enfrentó la acusada y, de otro, la dosificación de la pena.

26. Con la transcripción de varios apartes del fallo de primera instancia, hace notar que Tribunal fundó la condena en el contenido de los actos procesales incorporados como pruebas (actas de preacuerdo o su verbalización, el escrito de acusación o su formulación en audiencia, entre otros). Ello, porque las interceptaciones de comunicaciones, los documentos que contenían las bases de datos de los abonados celulares interceptados, los análisis link (de existir los mismos), entre otras evidencias, no ingresaron al debate. Estima que éstos resultaban indispensables para reconstruir la realidad procesal y estructurar los elementos del tipo penal de prevaricato por acción.

26. Hace referencia a la decisión proferida en sede de casación SP3436-2024, 11 de diciembre del 2024, rad. 66768 y, cataloga de generalización precipitada deducir el contenido íntegro de la evidencia procesal que reposa en el radicado 110016000100-2016-00156, a partir del escrito de acusación, los preacuerdos y/o los autos que improbaron los mismos.

26. De la tesis alternativa planteada por la defensa técnica deriva la existencia de una duda razonable incompatible con el estándar de conocimiento exigido para mantener la condena. Pide revocar el fallo y, en su reemplazo, absolver a la acusada.

26. Frente a la dosificación de la pena, explica que el Tribunal Superior incurrió en un error al aumentar, con ocasión de la causal específica de agravación punitiva, los dos extremos punitivos de la pena prevista para el delito de prevaricato por acción. Solicita la modificación de la sentencia con el ajuste de la pena a las previsiones del numeral 2° del artículo 60 del C.P.

VI. CONSIDERACIONES

6.1.- Competencia

37. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica contra la sentencia proferida el 20 de marzo de 2025, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018.

6.2.- Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión

37. Los recurrentes controvierten la solidez probatoria de la conclusión, según la cual, las modificaciones a la calificación jurídica adoptadas por María Teresa Suárez Ochoa, así como, la rebaja pactada en el preacuerdo, resultaron manifiestamente ilegales. Cuestionan la suficiencia de los medios de prueba de cargo para acreditar la realidad procesal prexistente a las actuaciones catalogadas como contrarias al ordenamiento jurídico y, estiman que la tesis alternativa de la defensa descansa en un grado de conocimiento compatible con la duda razonable.

37. Así, corresponde a la Sala establecer si la valoración de los medios de prueba practicados en el juicio oral y público arroja conocimiento suficiente para determinar que las actuaciones adelantadas por la acusada, en ejercicio de sus funciones como delegada de la Fiscalía General de la Nación, se apartaron del ordenamiento jurídico. De arribarse a una respuesta positiva, se examinará la corrección de la dosificación punitiva.

37. Con tal proyección, la Corte hará una breve reiteración de los elementos dogmáticos del delito de prevaricato por acción (6.3), con énfasis en los actos de parte de la Fiscalía como constitutivos de resoluciones manifiestamente contrarias a la ley (6.3.1). En ese marco, abordará el caso concreto (6.4) y presentará la solución del problema jurídico a modo de conclusión (6.5).

6.3.- Elementos del delito de prevaricato por acción

37. El artículo 413 de la Ley 599 de 2000 describe que esta conducta punible se presenta cuando el servidor judicial profiere resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.

37. De acuerdo con la norma citada, son elementos estructurales: (i) un sujeto activo calificado, servidor público; (ii) el verbo rector tiene que ver con el proferimiento de una resolución, dictamen o concepto en desarrollo de sus funciones, y (iii) como elemento normativo, esa decisión debe ser manifiestamente contraria a la ley.

37. Adicionalmente, es un tipo penal en blanco, por cuanto resulta necesario integrarlo con la norma o normas que en cada caso concreto se reputan palmariamente desconocidas o quebrantadas.

37. El elemento normativo «manifiestamente contrario a la ley» se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o porque se distancia sin explicación del texto o sentido de la norma llamada a regular el caso, haciendo que, de entrada, se revele objetivamente caprichosa o arbitraria, producto del desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo (CSJ SP4620–2016, rad. 44697; CSJ SP1310–2021, rad. 55780 y CSJ SP506-2023, rad. 61969).

37. Esto significa que para la verificación del referido elemento del tipo penal objetivo no es suficiente que la providencia sea simplemente ilegal, o desacertada, sino que es necesario que la disparidad del acto con los enunciados normativos o la comprensión de sus contenidos sea de tal entidad que no admita justificación razonable alguna (CSJ AP4267–2015, rad. 44031 y CSJ SP3578–2020, rad. 55140).

37. Indispensable resulta tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios en los que el funcionario judicial sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue proferida y los elementos de juicio con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante y no a posteriori del caso (SP4620–2016, rad. 44697; CSJ SP467–2020, rad. 55368, entre otras).

37. En lo que respecta al elemento subjetivo de la conducta, como quiera que el delito de prevaricato por acción es de modalidad dolosa, esto implica probar que el autor sabe que actúa en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, voluntariamente decide vulnerarlo (CSJ SP2129–2022, rad. 54153). Vale decir, que obra con conocimiento y voluntad de desconocer la normatividad legal aplicable al caso (CSJ SP668–2021, rad. 51652 y CSJ SP1310–2021, rad. 55780).

37. Debe tenerse en cuenta que no son objeto de reproche penal las decisiones producto de la impericia, ignorancia o inexperiencia (CSJ SP2438–2019, rad. 53651 y CSJ SP1971–2020, rad. 56203), mientras que la conducta efectivamente se configura cuando no está presente la convicción de acertar, de obrar bien, de buena fe, sino la finalidad opuesta a estos propósitos (CSJ SP8367–2015, rad. 45410 y CSJ SP13969–2017, rad. 46395).

6.3.1.- Actos de parte de la Fiscalía como constitutivos de resoluciones manifiestamente contrarias a la ley

37. La Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal tiene un rol protagónico en el proceso, en tanto, promueve la pretensión punitiva del Estado ante la administración de justicia. Ello, con el ejercicio de las funciones y facultades asignadas en la Constitución y la ley, a través de múltiples actos de parte.

37. Así, comporta la responsabilidad constitucional de promover la acción penal, en el marco del principio de legalidad, que en virtud de los artículos 4, 6, 121 y 122 de la Constitución Política, somete toda actuación de las autoridades públicas a lo ordenado por la Constitución y la ley.

37. En ese sentido, la Fiscalía, por conducto de sus delegados, es la encargada de orientar la investigación, impulsar la persecución penal o, en determinados casos, hacerla cesar, delimitar el marco fáctico y jurídico para el desarrollo del juicio, entre otras funciones.

37. Todo lo anterior se cumple a través de actos de parte de la Fiscalía que estructuran el trámite procesal. Estos tienen como característica la definición de situaciones jurídicas concretas, con la potencialidad de convertirse en actuaciones judiciales porque fijan la postura del Estado en el ejercicio de ius puniendi. Al margen de los controles que admiten por parte de los jueces en un sistema de juzgamiento de tendencia acusatoria, delimitan los contornos de la intervención del Estado. De ahí que, éstas, por si solas, materializan las funciones de los delegados de la Fiscalía General de la Nación.

37. Bajo tal entendimiento, el ingrediente normativo «resolución» exigido por el tipo penal de prevaricato por acción comprende toda decisión con efectos jurídicos que el sujeto agente, en desarrollo de sus funciones, adopte. En dicho sentido, la formulación de imputación y/o acusación, entre otros actos en cabeza de la Fiscalía, encuadran en el elemento en mención.

37. Así las cosas, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación pueden cometer el delito de prevaricato por acción al adoptar una decisión que delimite el objeto del proceso penal o incida en la pretensión punitiva del Estado. Si bien cuentan con una amplia libertad para el impulso del proceso, sus actuaciones pueden tornarse en manifiestamente ilegales (CSJ AP7140-2024, Rad. 64850, 20 nov. 2024 y CSJ SP106-2025, Rad. 68243, 5 feb. 2025).

6.4.- Caso concreto

37. Los hechos jurídicamente relevantes tienen como marco la investigación que adelantó María Teresa Suárez Ochoa, en calidad de fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, contra Yuber Parra Córdoba, Óscar Iván Mosquera Rentería y Sair Harvey Chara García, quienes presuntamente conformaban una organización criminal que enviaban sustancias estupefacientes desde Colombia hacia varios países de Centroamérica, entre ellos, Panamá. Lo anterior, bajo la noticia criminal identificada con CUI 110016000100-2016-00156.

37. En forma paralela, en Panamá, el 23 de junio de 2017, a la orilla del río Ostión, ubicado en la Isla del Rey, archipiélago de Las Perlas, se presentó una incautación de 210.310 de gramos de marihuana y 168.740 gramos de cocaína.

37. En esa oportunidad, para estructurar la circunstancia específica de agravación punitiva del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la fiscal tomó en cuenta el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República de Panamá y, para establecer el rol de cada uno de los imputados, hizo referencia al contenido de conversaciones interceptadas en la investigación que dirigió.

37. Posteriormente, el 1° de noviembre de 2018, María Teresa Suárez Ochoa, en el ámbito de un preacuerdo, ajustó la calificación jurídica, con la eliminación de la causal específica de agravación punitiva del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

37. Sobre esa base, acordó como contraprestación con los procesados la imposición de las penas con la aplicación del dispositivo amplificador del tipo de la complicidad, con un pacto de 88 meses de prisión. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali improbó el preacuerdo, en tanto, la variación de la calificación jurídica no estaba soportada en elemento material probatorio alguno posterior a la formulación de imputación.

37. Debido a esa improbación, la fiscal María Teresa Suárez Ochoa presentó escrito de acusación por los mismos cargos atribuidos en la formulación de imputación. El 31 de julio de 2019, esta vez, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, la fiscal modificó el grado de participación de autoría a complicidad.

37. Luego, en audiencia preparatoria, la hoy acusada planteó un preacuerdo consistente en conceder la reducción del 50% de la pena a imponer, con un pacto expreso de las penas principales en 64 meses y 15 días de prisión y 1335 SMLMV de multa. El juez de conocimiento no avaló la admisión preacordada de culpabilidad porque excedía la rebaja de una tercera parte de la pena imponer, al transitar el asunto por la audiencia preparatoria.

37. Es bajo ese marco que la Fiscalía atribuye a la procesada el cargo de prevaricato por acción agravado. De acuerdo con las formulaciones de imputación y acusación, la Fiscalía fundamentó el carácter de manifiestamente ilegal de las reseñadas actuaciones de la fiscal porque dejó de lado los elementos materiales probatorios que tenía a su disposición. En particular, las interceptaciones de abonados celulares y el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República de Panamá.

37. Adicionalmente, en que la fiscal acusada desconoció su actuación previa en las audiencias preliminares y, con la rebaja del 50% de la pena a imponer, pactada en el preacuerdo presentado en la audiencia preparatoria, contrarió el artículo 352 del C.P.P.

37. En ese contexto, para dar respuesta a las críticas de los recurrentes, la Sala precisa que los medios de prueba de cargo practicados en el juicio oral y público corresponden a los testimonios de la investigadora de Policía Judicial, Facnory Rojas Ninco, y la agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de verificación de legalidad del primer preacuerdo, Angela Lucía Londoño Márquez, así como, múltiples medios de prueba documentales.

37. De estos últimos hacen parte las actas y registros de audio de las audiencias preliminares concentradas y de aquellas relevantes de la fase de conocimiento, así como, los informes de investigador de campo del 26 de septiembre de 2017 y 1° de abril de 2018. Igualmente, el informe pericial del 30 de junio de 2017 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República de Panamá.

37. Aunque, por regla general, en los casos de prevaricato por acción es pertinente conocer cuáles eran los medios de conocimiento con lo que contaba el procesado al emitir las decisiones manifiestamente contrarias a la ley, la Fiscalía General de la Nación es la llamada a seleccionar los medios de prueba en cuya práctica está interesado, acorde con su teoría del caso.

37. Es lo que usualmente la jurisprudencia de la Sala ha identificado con el concepto de realidad procesal y, ha resaltado su relevancia como parte del tema de prueba, a efectos de establecer el particular contexto que enfrentó el servidor público al momento de proferir la resolución, dictamen o concepto (CSJ AP4438-2021, 22 sep. 2021, Rad. 60064, CSJ AP6787-2025, 10 sep. 2025, Rad. 69787, entre otras).

37. De ningún modo ha sido establecida una suerte de tarifa probatoria para que el juez adquiera el conocimiento en la materia o la necesidad de trasladar todo el debate probatorio.

37. En esa dirección, la generalización precipitada mencionada por el agente del Ministerio Público, con apoyo en la providencia SP3436-2024, 11 de diciembre del 2024, rad. 66768, no es una categoría que aquí tenga aplicación. Más adelante, la Corte explicará que no solo están probados los actos procesales que consolidaron las resoluciones manifiestamente ilegales, también la existencia y contenido de los específicos elementos materiales probatorios relegados por la fiscal.

37. Así mismo, es desatinada la exigencia del defensor en torno a que la Fiscalía debía demostrar que, en la actividad ilícita de vender, ofrecer o financiar realmente los tres imputados eran coautores. Los hechos del caso en el cual fueron emitidas las decisiones reprochadas son un elemento contextual importante, pero de ningún modo se trata de trasladar la discusión como si se estuviera ante el juez natural de ese asunto marco. No es el objeto del proceso penal seguido contra el servidor público solucionar el caso que tuvo en conocimiento.

37. A la Fiscalía General de la Nación, como la parte que soporta la carga de la prueba, le compete evaluar la extensión del despliegue probatorio de cara al juicio oral y público y dotar de razonabilidad la práctica probatoria. Ello, si del delito de prevaricato por acción se trata, estará mediado por el puntual fundamento de ese cargo.

37. Como quedó precisado en el acápite 6.3 de esta providencia, es un tipo penal en blanco. En ese sentido, la Fiscalía es quien llena de contenido el elemento «manifiestamente contrario a la ley» con los mandatos o normas desconocidas en el caso concreto. Ese desconocimiento puede apuntar a una cuestión fáctica y/o de derecho, esto es, por una equivoca determinación de los hechos o una errada interpretación o aplicación de una disposición jurídica.

37. En el asunto objeto de estudio, la atribución del cargo de prevaricato por acción a la procesada combina elementos de índole fáctico y jurídico. El fiscal delegado orientó su actividad probatoria a la reconstrucción de las actuaciones procesales en las cuales quedaron consolidadas las determinaciones adoptadas por María Teresa Suárez Ochoa, en condición de delegada de la Fiscalía General de la Nación y en ejercicio de la acción penal en contra de Yuber Parra Córdoba, Óscar Iván Mosquera Rentería y Sair Harvey Chara García.

37. También, incorporó algunos de los elementos probatorios con los cuales contó la fiscal. Si bien como parte de estos no se encuentran las interceptaciones telefónicas propiamente dichas, ingresaron los informes de investigador de campo del 26 de septiembre de 2017 y 1° de abril de 2018, que contienen una síntesis de éstas.

37. Cabe anotar que dichos informes se dirigieron por los servidores de Policía Judicial a María Teresa Suárez Ochoa, como fiscal especializada directora de la investigación e hicieron parte del conocimiento a partir del cual orientó sus actuaciones.

37. En audiencia de juicio oral y público, la Fiscalía incorporó el registro de audio relacionado con la formulación de imputación en el proceso penal que tuvo a cargo la acusada, el 11 de abril de 2018, ante el Juzgado 46 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. Allí, María Teresa Suárez Ochoa afirmó que, «dentro de estas actividades investigativas llevadas a cabo, donde se referencian las interceptaciones de comunicaciones, permitieron establecer de forma clara el modus operandi de esta organización criminal, la cual maneja un amplio rango delictivo en cuanto a la consecución de sustancia estupefaciente(…)»2.

37. Señaló que, a partir de éstas resultó establecido que la sustancia estupefaciente incautada por parte de las autoridades panameñas, el 23 de junio de 2017, correspondía a la enviada por esa organización desde Colombia, por la ubicación y características de ésta4.

37. Igualmente, expuso que Sair Harvey Chara García era el líder de la red narcotraficante internacional, mientras que Óscar Iván Mosquera Rentería y Yuber Parra Córdoba eran los operadores logísticos de la misma red5.

37. El acta de preacuerdo del 1° de noviembre de 2018 -primer preacuerdo- y, la audiencia del 5 de diciembre de ese mismo año, en la cual tuvo lugar su solicitud de aprobación, también ingresaron al debate oral y público.

37. En los hechos que soportan esa manifestación preacordada de culpabilidad, más que un recuento fáctico, la fiscal reseñó los actos de investigación. Fue así como describió que, a través de la asistencia jurídica internacional n.° 21-17, la Fiscalía General de la Nación obtuvo varios elementos, entre ellos, los que daban cuenta de la incautación de sustancias estupefacientes por autoridades panameñas, el 23 de junio de 2017, al interior de una motonave, en 14 bultos, con 412 paquetes rectangulares y 106 contendores enlatados.

37. Aparece expuesto en forma detallada el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, del Laboratorio de Sustancias Controladas, con número de caso 201700036574, del 30 de junio de 2017. Conforma a lo allí consignado, los elementos examinados arrojaron como resultado marihuana, en cantidad de 201.310 gramos y 168.740 gramos de cocaína.

37. En ese mismo contexto, la fiscal eliminó de la calificación jurídica, a título de ajuste de legalidad, la causal específica de agravación punitiva regulada en el numeral 3° del artículo 384 del C.P. -cuando la cantidad incautada sea superior a 1.000 kilos si se trata de marihuana, 100 kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco 5 kilos si se trata de cocaína o metacualona o 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola-.

37. Lo planteó en los siguientes términos: «la Fiscalía observando los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida procede a realizar ajuste de legalidad en cuanto a la imputación jurídica del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, excluyendo las circunstancias de agravación punitiva inicialmente imputadas (sic), como quiera que de los elementos materiales probatorios recaudados por esta delegada hasta el momento, no se puede inferir que se presente esta circunstancia de agravación, y procede a la variación jurídica de la imputación del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en circunstancias de agravación punitiva al de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes que trata el artículo 376 del inciso 1° del Código Penal».

37. La agente de la Procuraduría General de la Nación, por la evidente acumulación de beneficios, postuló su desacuerdo con la aprobación de la admisión preacordada de culpabilidad. El juez de conocimiento no la avaló, en el entendido que, el ajuste a la calificación jurídica carecía de sustento razonable.

37. Al margen de esa declaratoria de ilegalidad que, obedece a estándares de corrección jurídica a nivel intraprocesal, de cara al delito de prevaricato por acción, la Sala advierte que María Teresa Suárez Ochoa, como fiscal delegada, con abierto desconocimiento del desarrollo de la investigación, los resultados de ésta y de lo fijado en la comunicación preliminar de los cargos, optó por un ajuste de legalidad por completo injustificado.

37. Si bien, como titular de la acción penal, los delegados de la Fiscalía General de la Nación están facultados para delimitar los contornos fácticos y jurídicos de la acción penal, ello debe obedecer a una lectura objetiva de los resultados de los actos de investigación. Cuando es ejercido en forma injustificada, como en el caso examinado, la actuación adquiere un carácter caprichoso, por completo alejado del ordenamiento jurídico.

37. Era tan notoria la abierta contradicción de la actuación de la Fiscalía con los elementos materiales probatorios con los cuales contaba que, en la audiencia de verificación de preacuerdo, una vez expuso lo que denominó como ajuste de legalidad, el juez de conocimiento preguntó a María Teresa Suárez Ochoa si el resultado de la cantidad de estupefaciente era la señalada en el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, ante lo cual, la entonces fiscal respondió en forma positiva, sin ninguna observación adicional6.

37. Es ahora en este proceso penal que la defensa técnica aludió a un error relacionado con la investigación llevada a cabo en Panamá, para justificar de algún modo ese proceder. A través de la testigo de descargo Edda Ariana Triana Real, esa parte incorporó al juicio oral y público, entre otros documentos, un informe del 11 de agosto de 2017, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de Panamá.

37. En este documento aparece detallado que, tras la verificación del expediente n.° 201700036574, éste contenía dos informes de allanamiento y registro, correspondientes a dos casos diferentes. El primero relativo al hallazgo de una lancha de nombre «Hijo de Dios» en el Distrito de Arraijan, sector de Bique y, el segundo, la incautación de 518 paquetes en la Isla del Rey, archipiélago de Las Perlas.

37. Con ocasión de dicho informe, en la misma fecha, la fiscal adjunta especializada en delitos relacionados con drogas, Katherine L. Hill G., del Ministerio Público de Panamá, ordenó el desglose de los elementos que no correspondían a la investigación n.° 201700036574.

37. La existencia de ese inicial error deviene intrascendente. La primera razón que sustenta ese argumento deriva del mismo informe que explicó la inconsistencia, esto es, aquello que se integró a un mismo expediente correspondió a los informes de allanamiento y registro, pero eran actuaciones diferenciables por el lugar de ocurrencia de los hechos y los hallazgos. No se trató de dos hechos reportados en un mismo informe, cada evento mantuvo un informe independiente, pero uno y otro reposaban físicamente en un mismo expediente.

37. En segundo término, en el informe de allanamiento y registro llevado a cabo el 23 de junio de 2017, en el sector del río Ostión, en el archipiélago Las Perlas, Provincia de Panamá, las autoridades panameñas encontraron 14 bultos, con un total de 518 paquetes forrados en cinta adhesiva, remitidos al laboratorio para su correspondiente análisis. El laboratorio de sustancias controladas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá sometió ese número de contenedores a análisis y pesaje.

37. En tercer lugar, fue con posterioridad al desglose que la Fiscalía General de la Nación obtuvo acceso a los elementos relacionados con la incautación de las sustancias estupefacientes. Esto es, cuando estaba superada esa inicial incidencia.

37. Para culminar este punto, esa posición de la defensa parece asimilarse a una valoración ex post del caso, como si se tratara de justificar, por fuera de la convicción bajo la cual actuó la fiscal, la deducción de la agravante con una nueva revisión de la actuación.

37. Las pruebas practicadas no acreditan que María Teresa Suárez Ochoa hubiese motivado su determinación en la existencia de alguna inconsistencia en el hallazgo o verificación del peso. Como antes lo resaltó la Sala, el juez de conocimiento, ante la coexistencia de la deducción de la agravante frente al delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la alusión al informe pericial proveniente de las autoridades panameñas, interrogó a la fiscal acerca de la cantidad de sustancias incautadas y aquella no le restó eficacia alguna a este último. Por el contrario, la respuesta de la aquí acusada respaldó el contenido del citado informe.

37. Ahora bien, en cuanto a la modificación de la forma de participación, de autoría a complicidad, esta vez, en la formulación de acusación. La Sala advierte que la fiscal siguió la misma dinámica empleada en la modificación de la calificación jurídica en el preacuerdo inicial.

37. En efecto, el 31 de julio de 2019, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, María Teresa Suárez Ochoa acusó a Sair Harvey Chara García, Óscar Iván Mosquera Rentería y Yuber Parra Córdoba como cómplices de tráfico, fabricación o portes de estupefacientes agravado y concierto para delinquir. Al margen de los repartos que desde el punto de vista dogmático admita esa actuación, lo relevante es que la delegada de la Fiscalía con fundamento en exactamente la misma base fáctica de la formulación de imputación, en especial, los roles atribuidos a los procesados, los acusó como cómplices. De entrada, es una contradicción abierta y manifiesta.

37. La tesis que en este punto plantea la defensa es que producto de la valoración de las interceptaciones telefónicas, era dable explorar una nueva teoría del caso en la formulación de acusación, que apuntaba a la complicidad. Nada de ello encuentra respaldo en los elementos materiales probatorios que la fiscal tuvo a su alcance.

37. María Teresa Suárez Ochoa Apoyó la estructuración de los hechos en los informes de investigador de campo del 26 de septiembre de 2017 y 1° de abril de 2018, que contienen un análisis de las interceptaciones telefónicas al cual se atuvo, pues cita el contenido de éstos en extenso en el escrito de acusación. Igualmente, éstos fueron usados como soporte para atribuir en la formulación de imputación a Sair Harvey Chara García, la condición de líder de la organización y, a Óscar Iván Mosquera Rentería y Yuber Parra Córdoba, como miembros activos que coordinaban aspectos logísticos.

37. Nada indica que la actuación de la hoy acusada, en calidad de fiscal especializada, hubiese sido producto de la progresividad de la investigación y un enfoque objetivo de los hechos, máxime cuando la formulación de acusación en esos términos constituyó un antecedente vinculante para el preacuerdo presentado en la audiencia preparatoria.

37. A iniciativa de la defensa, al juicio oral y público acudió Arvey Andrés Peña Gómez, quien como analista de comunicaciones rindió un concepto acerca de varias de las conversaciones interceptadas en su momento por la Fiscalía como parte de la investigación que desarrolló la acusada. En particular, el objeto de ese análisis recayó en la determinación de elementos que permitieran concluir la existencia de una organización criminal con fines de tráfico de estupefacientes.

37. La Sala no puede pasar por alto que el medio de conocimiento en mención incumple los parámetros legales que permitan caracterizarlo como una prueba de carácter pericial. De acuerdo con el artículo 405 del C.P.P., la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados.

37. Por regla general, temas de orden jurídico, como la valoración de interceptaciones telefónicas de cara a la estructuración de elementos de determinado tipo penal, no están cubiertas por el objeto de la prueba pericial.

37. Adicionalmente, desde el punto de vista de la eficacia, no comporta pertinencia. La defensa propone un rexamen del caso, con una evaluación ex post que no comporta utilidad de cara al reproche formulado a María Teresa Suárez Ochoa, en tanto, no es el escenario para establecer el acierto en el cambio de forma de participación. El juicio aquí asumido tiene como tamiz la legalidad de la actuación.

37. Arvey Andrés Peña Gómez no actuó ni conceptuó en el asunto conocido por la servidora pública, trae una visión posterior y ajena al desarrollo del proceso penal en el cual actuó María Teresa Suárez Ochoa.

37. En tal dirección, en la audiencia de formulación de acusación, la fiscal, de nuevo, apartó su criterio de la información que arrojaba la investigación y actuó motivada por otros intereses. Ese comportamiento, valorado en conjunto con la posterior presentación del preacuerdo en la audiencia preparatoria -en la cual al Fiscalía pactó un descuento de la mitad de la pena a imponer- permite observar que su intención estaba encaminada a habilitar descuentos punitivos al margen del ordenamiento jurídico.

37. Acorde con el artículo 352 del C.P.P. presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos. Cuando se realizan en este ámbito procesal, la pena imponible admite una reducción de hasta en una tercera parte.

37. Como lo sostiene el defensor, el alcance las rebajas en materia de preacuerdos ha generado discusiones y diversas posturas. No obstante, la velada acumulación de beneficios, bajo ajustes ilegales de la calificación jurídica, constituyen una barrera infranqueable.

37. La decisión CSJ AP3807-2023, rad. 60678, del 6 de diciembre de 2023, citada por la defensa técnica, no comparte patrón fáctico ni jurídico con la discusión de este caso. Allí, la Sala no advirtió desproporcionada la rebaja de pena producto de un preacuerdo en el que las partes solo convinieron la deducción de una agravante. Esa modalidad de admisión preacordada de culpabilidad no obedeció a la usada por la acusada.

37. La actuación reglada de los fiscales les impide modificar el contenido de la imputación para otorgar beneficios a cambio de la aceptación de cargos o la posterior celebración de acuerdos.

37. En suma, no puede verse en forma aislada el desconocimiento del artículo 352 del C.P.P. En el caso analizado, ese comportamiento de la acusada estuvo integrada a la ilegal formulación de acusación bajo el título de cómplices que, junto con la reducción de la pena pactada, arrojaban un tratamiento punitivo por fuera de los límites de la justicia premial.

6.5.- Conclusión

37. Contrario a lo sostenido por los apelantes, la Sala concluye que las pruebas practicadas en el juicio oral y público permitieron conocer el panorama procesal de la acción penal a cargo de María Teresa Suárez Ochoa quien, en abierta contradicción con lo fijado en la formulación de imputación y, elementos como el informe pericial del Instituto de Medicina Leal y Ciencias Forenses de Panamá del 27 de junio de 2017 y, los informes de investigador de campo del 26 de septiembre de 2017 y 1° de abril de 2018, modificó la calificación jurídica en forma caprichosa para viabilizar una reducción de pena contraria al orden jurídico.

37. Así, la duda razonable predicada por los recurrentes no encuentra cabida ante la suficiencia probatoria de la tesis acusatoria. La teoría defensiva no descansa en conocimiento que permita establecer la convicción bajo la cual actuó su representada, propone una revisión del caso con análisis ajenos a la realidad procesal que enfrentó María Teresa Suárez Ochoa.

37. Como cuestión final, la Corte encuentra que, el Tribunal Superior tasó las penas principales en forma incorrecta, como en su alegación subsidiaria lo propone el delegado de la Procuraduría General de la Nación.

37. El delito de prevaricato por acción es agravado cuando la conducta recae en actuaciones judiciales o administrativas adelantadas, entre otras conductas punibles, por concierto para delinquir o narcotráfico. Su configuración en este caso está demostrada. En esa medida, el artículo 415 del C.P., que hace parte de la arista jurídica de la acusación, prevé en esos casos un aumento de hasta una tercera parte.

37. Esa fórmula de incremento remite al numeral 2° del artículo 60 del C.P. que, como parámetro para la determinación de los mínimos y máximos, contempla que, si la pena se aumenta hasta en una proporción, ésta se aplicará al máximo de la infracción básica.

37. Los extremos máximos de las penas principales del prevaricato por acción, sancionado en el artículo 413 del C.P., se ubican en 144 meses de prisión, 300 SMLMV y 144 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Estos debieron aumentar en una tercera parte. Sin embargo, el Tribunal Superior aumentó tanto los mínimos como los máximos, para luego imponer 64 meses de prisión, 88.88 SMLMV de multa y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas -sanciones mínimas, tras el incremento indebido de la tercera parte-.

37. Para restablecer la legalidad de la pena, sin alterar la ponderación de la primera instancia frente a los aspectos que determinaron la individualización de las penas y ante la ausencia de circunstancias genéricas de mayor punibilidad, lo acertado es reducir las penas al mínimo, esto es, 48 meses de prisión, 66.66 SMLMV de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.

37. Por todo lo anterior, el fallo de primera instancia será modificado en el monto de las penas principales y, en todo lo demás, será confirmado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: Modificar en numeral primero de la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el sentido que las penas principales impuestas a María Teresa Suárez Ochoa, como autora de prevaricato por acción agravado, corresponden a 48 meses de prisión, 66.66 SMLMV de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.

Segundo: Confirmar, en todo lo demás, el fallo recurrido.

Tercero: Informar a las partes e intervinientes que contra lo aquí resuelto no procede recurso alguno.

Cuarto: Devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

En uso de permiso

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 El voto disidente recayó en la ausencia de concurso homogéneo al cual arribó la Sala mayoritaria.

2 Récord 02:33:12 del audio n.° 2 de la audiencia del 2 de julio de 2024.

3 Récord 02:34:01 Ibidem.

4 Récord 02:34:39 Ibidem.

5 Récord 02:42:42 Ibidem.

6 Récord 00:54:00 del tercer registro de audio del 2 de julio de 2024.

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SP114-2026(59413)

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Magistrado ponente

SP114-2026

Impugnación Especial No. 59413

Aprobado acta No. 063

Bogotá, D.C, cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

I. ASUNTO

Se pronuncia la Corte sobre la impugnación especial presentada por la defensa de Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry en contra de la sentencia de 26 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de decisión penal, que revocó parcialmente el fallo absolutorio dictado a su favor en primera instancia y, en su lugar, los condenó, por primera vez, como coautores del delito de estafa agravada.

II. ANTECEDENTES

1. Fácticos

A partir de lo expuesto en la audiencia de formulación de acusación y las sentencias de instancia, los supuestos fácticos se contraen a los siguientes:

1. Germán Alonso Escobar Posada figuraba como propietario inscrito del inmueble ubicado en la urbanización La Esmeralda, en el municipio de Itagüí, identificado con la matrícula inmobiliaria 001-285367.

2. Ante el interés manifestado por sus hijas, en particular de Beatriz Elena Escobar Restrepo, de construir sendos apartamentos sobre la plancha de esa casa1, Germán Escobar Posada accedió a que se constituyera una garantía hipotecaria por $33.152.000 sobre su casa, para que les fuera otorgado el respectivo crédito. Ese préstamo sería pagado por las hermanas Escobar Restrepo -Gloria Benilda y Beatriz Elena- a la Corporación de ahorro y vivienda Colmena, correspondiéndole a cada una la parte equivalente al 50% de la cuota mensual2.

3. Debido al incumplimiento generalizado de las obligaciones asumidas por Beatriz Elena Escobar Restrepo, derivadas tanto del crédito inicial y de su refinanciación -razón por la cual la entidad inició un proceso ejecutivo hipotecario-, como aquellas plasmadas en una posterior promesa de compraventa3, Germán Escobar Posada, como único propietario del predio -que aún no había sido desenglobado-, convino con Diego Mejía Gutiérrez y Gloria Escobar Restrepo que transferiría a su favor, los apartamentos No. 201, 202 -que inicialmente le correspondía a Beatriz Escobar- y 302. Para tal efecto, se suscribió la Escritura Pública No. 2.477 de 19 de junio de 2008, otorgada en la Notaría 1ª de Envigado.

4. Al conocer Beatriz Elena Escobar Restrepo y su esposo, Carlos Alberto Valenzuela Charry, sobre la realización del anterior negocio jurídico, buscaron la forma de obstaculizar el registro del instrumento público que lo protocolizaba. Para tal efecto, se obtuvo un nuevo certificado expedido por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Itagüí, que ordenaba el levantamiento de la garantía hipotecaria constituida a favor de la Corporación Colmena, esto es, el Oficio No. 1813 de 22 de julio de 2008.

5. De manera sucesiva se registró la Escritura Pública No. 4.955 de 23 de julio del 2008 otorgada en la Notaría 12 de Medellín firmada aparentemente por Germán Alonso Escobar Posada, en su condición de vendedor, mediante la cual transfería a Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry el primer piso del inmueble, así como las unidades No. 202 y 301, por la exigua suma de $17.135.000. Además, en ese instrumento público se reprodujo el reglamento de propiedad horizontal que constaba en la Escritura 2.477 de 2008 y que había sido elaborado a costa de Diego Mejía y Gloria Escobar.

6. La firma de Germán Escobar Posada fue obtenida irregularmente, dado que nunca fue conducido a la Notaría 12 de Medellín a suscribir esa segunda escritura pública; tampoco se le facilitó a los compradores el documento original de identificación del vendedor y este último manifestó que no tenía la intención de transferir esos bienes a los entonces imputados.

7. Al indagarse con Germán Alonso Escobar Posada sobre lo ocurrido, manifestó que, en una fecha cercana a la suscripción de la E.P 4.955 de 2008, fue conducido a un establecimiento de comercio cercano a su residencia, por parte de Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry, y que en ese lugar fue desafiado por ellos, instándolo a demostrar que aún conservaba las condiciones físicas necesarias para firmar. En ese contexto, aquel accedió a imponer su rúbrica en varios documentos que, al parecer, se encontraban en blanco, aunque por su avanzada pérdida de visión, no alcanzó a identificarlos con claridad.

2. Procesales relevantes

Las fases de investigación y juicio se desarrollaron de la siguiente manera:

1. El 30 de junio de 2010, el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín comunicó la imputación formulada por el representante de la Fiscalía General de la Nación en contra de Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry, por los delitos de estafa y abuso de condiciones de inferioridad, ambos con circunstancias de agravación4. Los cargos no fueron aceptados por los imputados.

2. En esa misma diligencia se solicitó la suspensión de los registros obtenidos fraudulentamente, pero fue postergada, a petición de la defensa. Luego, en sesión de 2 de julio de ese mismo año, se accedió al planteamiento de la Fiscalía, respecto de la casa del primer piso y del apartamento No. 202 del Edificio Escobar Posada P.H. adquiridos por los imputados mediante la Escritura Pública No. 4.955 de 2008.

3. El 26 de julio de 2010 se presentó el escrito de acusación, en el cual se adecuaron los hechos jurídicamente relevantes a los mismos delitos indicados5.

4. El 26 de agosto de ese mismo año se instaló la respectiva audiencia de formulación6. Al negarse las peticiones de nulidad presentadas por la defensa, esta parte interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante auto de 17 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín, Sala penal, en el que se confirmó la decisión7.

Luego, en sesiones de 28 y 189 de noviembre de 2010 se culminó con el trámite de la audiencia de acusación.

5. El 18 de enero de 2011 se celebró la audiencia preparatoria10. Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la defensa respecto de las pruebas testimoniales y documentales que no le fueron decretadas, el 11 de febrero siguiente, el Tribunal confirmó la decisión11.

6. En sesiones de audiencia comprendidas, desde el 15 de marzo hasta el 9 de septiembre de 2011, se desarrolló el juicio oral12. En esta última sesión se anunció el sentido de fallo absolutorio.

7. El 3 de noviembre de 2011 se convocó a las partes para la audiencia de lectura de fallo, no obstante, el juez titular manifestó su desacuerdo con la decisión absolutoria expresada por el funcionario que le antecedió. En su criterio se había probado la materialidad del delito de estafa, por lo que declaró la nulidad del sentido de fallo y ordenó repetir la fase del juicio oral, con excepción del alegato inicial y las estipulaciones probatorias, para así garantizar el principio de inmediación13.

8. En contra de la anterior determinación, la defensa interpuso recurso de apelación. Mediante auto de 2 de diciembre de 2011, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión recurrida14.

9. En cumplimiento de lo anterior, en sesiones de 13, 14, 22, 23 y 27 de noviembre, así como de 11 de diciembre de 201215 se desarrolló nuevamente el juicio oral. Además, en la última fecha se anunció el sentido del fallo condenatorio por el delito de estafa agravada y absolutorio por el de abuso de condiciones de inferioridad agravado.

10. Después de varios aplazamientos solicitados por la defensa y de otros decretados por el despacho, el 3 de abril de 2014 se convocó nuevamente a los sujetos procesales e intervinientes16. En esta nueva oportunidad, el juez de conocimiento decretó la nulidad de la actuación, a partir de la emisión del sentido de fallo, al considerar que no se reunían los elementos para configurar típicamente el delito de estafa.

11. En contra de la anterior determinación, el representante del Ministerio público interpuso recurso de apelación. No obstante, mediante auto de 6 de mayo de 2014 se declaró desierta dicha impugnación y se dispuso el retorno de la actuación al juzgado de origen17.

13. El 26 de febrero de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la providencia anterior y, en su lugar, declaró la responsabilidad penal de los procesados, por el delito de estafa agravada20. En contra de esta providencia, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación21.

14. Mediante Auto AP4459 de 5 de agosto de 2015, esta Corporación inadmitió la demanda22. Luego, los sentenciados instauraron acción de tutela en contra de dicha decisión, la cual fue negada en primera y segunda instancia, mediante fallos de 10 de mayo y 28 de junio de 2017, por las Salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

15. Por medio del Auto AP3385-2020, la Sala concedió el recurso de impugnación especial presentado por la defensa y ordenó que el expediente se remitiera al Tribunal de Medellín para que agotara los traslados correspondientes23.

16. Una vez cumplido lo anterior, mediante oficio de 17 de marzo de 2021, el Tribunal remitió la actuación nuevamente a esta Sala para resolver el aludido recurso24.

2.3. Sentencia de primera instancia

Los fundamentos que sustentaron la decisión de absolución se pueden resumir así:

En relación con el delito de abuso de condiciones de inferioridad, la Fiscalía no demostró que los procesados se aprovecharon de una situación apremiante -necesidad-, de sentimientos de afecto incontrolables -pasión-, de la falta ostensible de conocimientos -inexperiencia- o de algún quebranto de salud -trastorno mental- de Germán Escobar Posada. Por el contrario, varias pruebas, incluida el testimonio de su esposa, Elena Restrepo Arboleda, dieron cuenta de que aquel se trataba de una persona lúcida, consciente de sus actos, así como con buena memoria y que sus limitaciones eran solo físicas, las cuales tampoco permitían configurar alguno de esos supuestos.

Respecto al delito de estafa, inicialmente se destacó que la Fiscalía mezcló los hechos previos y posteriores a la suscripción de la promesa de compraventa de 18 de noviembre de 2005, con los supuestos que rodearon la firma de la Escritura Pública No. 4.955 de 23 de julio de 2008, así como sus efectos, pero sin precisar cómo esos dos actos jurídicos, tan distanciados temporalmente, fueron el producto del despliegue de artificios o engaños para cometer el delito de estafa. Lo anterior lo que evidenció fue la existencia de dos comportamientos distintos, es decir, la celebración de la promesa de compraventa y la firma del aludido instrumento público.

En cuanto al primer negocio jurídico, la Fiscalía no probó que, mediante el ejercicio de artificios o engaños, los procesados hubieran inducido en error a Diego Mejía Gutiérrez para que suscribiera aquella promesa. Por el contrario, la alegada víctima conocía que, Escobar Restrepo y Valenzuela Charry «no solo carecían de capacidad de endeudamiento, sino también que eran irresponsables en el pago de las obligaciones crediticias» y, además, no tenía posición de garante sobre bienes jurídicos ajenos, por lo que se reunían los requisitos indicados por la jurisprudencia nacional sobre las acciones a propio riesgo.

Por otra parte, en consonancia con lo resaltado por la defensa, si se tenía en cuenta el valor indicado en la promesa de compraventa, esto es, de $35.000.000, no se superó el rango de los 150 SMLMV previstos por el artículo 74 del C. de P.P, por lo que se trataba de una conducta querellable. Sin embargo, la querella se formuló solo hasta el 14 de agosto de 2008, por Gloria Benilda Escobar Restrepo, sin que fuere querellante legítima, debido a que de ese negocio jurídico no surgían derechos patrimoniales a su favor. Por tanto, la Fiscalía no debió iniciar la respectiva investigación penal, al haberse inobservado la aludida condición de procesabilidad.

De otro lado, frente a la suscripción de la Escritura Pública No. 4.955 de 23 de julio de 2008, es cierto que Germán Escobar Posada narró en su entrevista rendida en la Fiscalía -introducida como prueba de referencia, debido a su fallecimiento-, que en esa misma fecha se reunió con los aquí procesados en una cafetería cercana a su domicilio y que se le retó para que ensayara su firma en lo que parecían ser unas hojas en blanco tamaño carta.

Pero no existe una relación de causa – efecto entre el engaño y el error, dado que, la representación falsa de Germán Escobar Posada acerca de que solo estaba probando su firma en hojas blancas, no conllevaba necesariamente la transferencia de sus bienes a terceros, más cuando el entonces propietario manifestó que no tuvo la intención de vender su casa a su hija y yerno.

Así las cosas, ese comportamiento podría configurar un delito de falsedad u otra clase de comportamiento. Por último, se dispuso el levantamiento de la suspensión del poder dispositivo del primer piso y del apartamento No. 202 del edificio Escobar Posada P.H.

2.4. Sentencia de segunda instancia impugnada

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la representación de las víctimas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó parcialmente la providencia recurrida y, en su lugar, declaró la responsabilidad penal de Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry, únicamente por el delito de estafa agravada. En consecuencia, les impuso las penas de 60 meses de prisión y 110 S.M.L.M.V de multa25.

Además, les otorgó el subrogado de prisión domiciliaria y dispuso la cancelación de la Escritura Pública No. 4.955 de 23 de julio de 2008, su inscripción ante la respectiva oficina de instrumentos públicos, así como de cualquier registro posterior que involucrara a terceros.

Inicialmente, respecto del delito de abuso de condiciones de inferioridad, el Tribunal confirmó la absolución dictada a favor de los procesados, al no haberse probado ninguno de los estados de la víctima, de los que se habría aprovechado el sujeto activo de la conducta. En efecto, a pesar de las importantes dificultades de salud de Germán Escobar Posada, las distintas pruebas dieron cuenta de su «lucidez mental».

Respecto del delito de estafa, si bien podrían identificarse dos hipótesis fácticas completamente diferenciadas, existía relación entre ellas, las cuales daban cuenta de la estructuración del aludido tipo penal. Precisamente, las firmas plasmadas por Germán Escobar Posada fueron utilizadas por los procesados para obtener la Escritura Pública No. 4.955 de 2008, que consolidó el desplazamiento patrimonial a su favor.

Dentro del proceso se demostró que, el 23 de julio de 2008, mismo día en que se suscribió dicho instrumento, Escobar Posada se reunió con Escobar Restrepo y Valenzuela Charry, y allí plasmó su firma, en varias ocasiones, en unos documentos que parecían estar en blanco. De todas maneras, el deterioro significativo de las condiciones de salud del propietario original, al haber perdido casi completamente la visión -como así se advirtió a partir de la declaración de la profesional de la salud, Beatriz Elena Bedoya Toro-, le impedía precisar si realmente todas las hojas que firmó se encontraban en blanco o que tamaño tenían, lo que a su vez lo hacía susceptible de ser engañado, aunado al hecho de que su esposa se había retirado del lugar, debido a los insultos que recibió por parte de Carlos Valenzuela Charry y Beatriz Escobar Restrepo. Incluso, esta última persona tenía fotocopia de la cédula de su padre -vendedor-, desde 1992.

Asimismo, ese encuentro ocurrió días después de que Beatriz Escobar Restrepo se enterara, a partir de lo manifestado el 25 de junio de 2008 por su propia hermana, Gloria Benilda Escobar, acerca de la intención que ella y su esposo tenían de lograr el cumplimiento de la promesa de compraventa, a través de la firma de la Escritura No. 2.477 de 2008. Este hecho provocó la molestia de Beatriz Escobar Restrepo, quien aseguró en ese momento que haría todo lo posible para evitar el registro de ese documento y que procedería a formular denuncia penal en contra de Gloria Benilda, como en efecto lo hizo el 2 de julio de 2008.

Aunado a lo anterior, de las mismas pruebas testimoniales de la defensa se podían observar las irregularidades presentadas con ese instrumento público. El entonces notario 12 de Medellín, Jorge Iván Carvajal Sepúlveda, además de confirmar que la Escritura No. 4.955 fue otorgada en su notaría y que fue suscrita por él mismo, reconoció que la huella del vendedor, Germán Escobar Posada, no estaba clara -para el Tribunal, en realidad era solo una mancha-, por lo que debió ser repetida por el protocolista, Jaime Alberto Gómez Mesa, pero no se hizo de esa manera.

Este último funcionario, quien tenía 15 años de experiencia, admitió la existencia de la misma anomalía, aunque trató de explicarla al indicar que esa huella en particular fue tomada con una almohadilla nueva, pero que, de todas maneras, no debía repetirla, porque no constituía un requisito de legalidad.

Pero esa situación contrastaba con la marca impuesta por los compradores, que se encontraba perfectamente visible y quienes se habían presentado junto con el vendedor. Además, las diferencias entre esa huella, con aquella fijada en la Escritura Pública No. 2.477 de 19 de junio de 2008 son notorias -en esta última si es perceptible-, más cuando Escobar Posada confirmó haber suscrito esta última, en cumplimiento de sus compromisos contractuales, a diferencia de la anterior.

De igual forma, el testigo Gómez Mesa manifestó que, si bien no recordaba las características físicas de Germán Escobar Posada, tenía presente que el vendedor asistió en silla de ruedas y que leyó la escritura pública. No obstante, este último hecho resultaba contradictorio, por las razones médicas antes anotadas, así como por lo referido por el propio vendedor, al igual que por su esposa. Todos estos aspectos permitían cuestionar seriamente la veracidad del relato del protocolista Jaime Gómez, así como resaltar las inconsistencias de ese procedimiento.

De otro lado, a pesar de lo manifestado por el juez de conocimiento sobre la existencia de dos supuestos fácticos diferentes, en el fallo de primera instancia terminó uniéndolos, al sostener que el delito se cometió en el contexto de un negocio jurídico. Por el contrario, los procesados defraudaron patrimonialmente a quien se encontraba en el mismo extremo contractual, si se observa el contrato de promesa de compraventa.

Es decir, Carlos Valenzuela Charry y Beatriz Escobar Restrepo no tenían ningún convenio con Germán Escobar Posada y, por el contrario, lo indujeron en error, para que apareciera como parte de un negocio jurídico. En esa medida, el requisito de entrega voluntaria de la cosa analizado por la jurisprudencia nacional en el marco de una relación contractual no podría exigirse en este caso, en el que no hubo ese acuerdo de voluntades, en particular, respecto de los apartamentos No. 101 y 301.

Bajo esa misma lógica, la cuantía no podría determinarse a partir del precio fijado en el contrato de promesa de compraventa, sino con base en el valor de los 3 inmuebles transferidos con la Escritura Pública No. 4.955 de 2008 -apartamentos No. 101, 202 y 301-. Así, de acuerdo con el avalúo practicado por Margarita María Cortés Gómez, dichos bienes sumaban $228.357.000 -$92.384.000, $43.283.000 y $92.690.000, respectivamente-, por lo que se superó la cuantía de 100 S.M.L.M.V indicada en el artículo 267 del C.P.

Por lo anterior, declaró la responsabilidad penal de Carlos Valenzuela Charry y Beatriz Escobar Restrepo por el delito de estafa agravada.

2.5. Impugnación especial

La defensa técnica resaltó la vulneración del principio de congruencia, dado que, a pesar de haberse reconocido en la sentencia de segundo grado que los hechos imputados involucraban dos hipótesis fácticas perfectamente diferenciables, se emitió condena solo por uno de ellos, contrario a lo que fue objeto de acusación y de solicitud de condena por parte de la Fiscalía, según la cual los dos eventos no se podían separar26.

Así se evidenciaba con las distintas intervenciones del representante del órgano acusador durante el juicio, así como con los argumentos presentados en la providencia condenatoria. Por tanto, se violaron los derechos fundamentales de Valenzuela Charry y Escobar Restrepo, en particular, las garantías de defensa y debido proceso, así como el principio de congruencia, dado que el Tribunal falló por fuera de lo pedido por la Fiscalía.

Además, esa irregularidad resultó trascendente, como quiera que, de no haberse incurrido en ella, se hubiera dictado sentencia absolutoria. En efecto, al tratarse de hechos diferentes, dado que intervinieron personas distintas, en circunstancias modales específicas, no sería posible que se configurara el delito de estafa de manera independiente para cada una de esas hipótesis.

Frente al segundo supuesto fáctico, se debía tener en cuenta que allí no hubo negocio jurídico, ni entrega consciente del bien por parte de Germán Escobar Posada. Por lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia recurrida, incluida la orden de cancelación de la Escritura Pública No. 4955 de 2008, y se dejara en firme la providencia de primera instancia.

Adicionalmente, en ejercicio de su derecho de defensa material, cada uno de los sentenciados presentó su propio escrito de sustentación. Así, Carlos Valenzuela Charry, después de referir todas las consecuencias personales, familiares y patrimoniales que debió afrontar con ocasión de la condena, reseñó las diferentes anomalías que, en su criterio, se presentaron durante el trámite27.

Al respecto, reprochó que no se hubiera tenido en cuenta la postura de 3 funcionarios judiciales, que coincidieron en su absolución; que se hubiera ordenado la repetición del juicio oral y que se hubiera pasado por alto que los hechos que rodearon la suscripción de la promesa de compraventa no eran perseguibles penalmente, al tratarse de un asunto querellable, por el que la Fiscalía formuló imputación 5 años después de su ocurrencia, por lo que se desconoció el debido proceso.

Incluso, la investigación penal avanzó sin que se hubiera aguardado la resolución del proceso civil, actuación ésta en la cual, mediante sentencia de 21 de septiembre de 2018, se advirtió que la aludida promesa de compraventa era nula y que «no nació a la vida jurídica». Por esta razón, el proceso penal debía retrotraerse hasta el anuncio del primer fallo absolutorio.

De otro lado, resaltó el incumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para que se configurara el delito de estafa, por lo que la decisión procedente consistía en la absolución, al igual que la revocatoria de las medidas de embargo y secuestro adoptadas en el curso del proceso, la orden de cancelación de la Escritura pública No. 4955 de 2008 y la condena en perjuicios con la que concluyó el incidente de reparación integral.

De manera subsidiaria, pidió que, incluso en el evento de mantenerse la condena penal, se revocara la orden de cancelación de dicho instrumento, toda vez que, en el proceso de simulación seguido en contra de los aquí sentenciados no se accedió a dicha pretensión formulada por las demandantes -Elena Restrepo y Gloria Benilda Escobar-, por lo que, dentro del proceso penal, no debió emitirse ningún pronunciamiento al respecto, por existir pleito pendiente.

De igual forma, Beatriz Escobar Restrepo expuso sus argumentos en un escrito independiente28. Inicialmente, resaltó que en el escrito de acusación no se incluyó a Germán Escobar Posada como víctima del delito de estafa -en tal calidad se identificó a Diego Mejía- y no se indicó que los entonces procesados engañaron a esa misma persona, junto con las circunstancias en que ello ocurrió.

Tampoco se tuvo en cuenta que las víctimas fueron doblemente reparadas, con desconocimiento de la Ley. De un lado, dentro del incidente de reparación integral, las partes conciliaron por la suma de 6 millones de pesos, a favor de Elena Restrepo y Gloria Benilda Escobar. De otro lado, en la audiencia en la que se dispuso el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro, en primera y segunda instancia se ordenó que los cánones de arrendamiento retenidos fueran entregados a favor de Diego Mejía y Gloria Escobar -por la suma de 26 millones de pesos- y que dicho contrato también fuera cedido a su favor, a pesar de que ya se había agotado el incidente de reparación integral.

Por otra parte, la Fiscalía se abstuvo de probar hechos importantes para la acusación. Por ejemplo, no demostró la relación de las supuestas hojas firmadas por Germán Escobar en una cafetería con la suscripción de la Escritura No. 4.955; que éste instrumento público hubiera sido suscrito por el entonces propietario, como consecuencia de un error; que los entonces procesados hubieran obtenido un provecho patrimonial de esa negociación y tampoco que existiera un correlativo perjuicio para la víctima. En resumen, no se probó que dicho instrumento se hubiera obtenido de forma fraudulenta o ilícita, tan es así que nunca se imputó el delito de falsedad documental, al no haberse practicado un estudio pericial que cuestionara la autenticidad de la firma y huella de Germán Escobar.

Por lo anterior, la sentenciada reiteró las peticiones formuladas por los sujetos procesales anteriores.

2.6. Traslado para los no recurrentes

La representación de la Fiscalía, de las víctimas y del Ministerio Público solicitaron que se declarara improcedente el recurso de impugnación especial, dado que, de acuerdo con las reglas fijadas por esta Corporación, el término oportuno para su presentación vencía el 20 de noviembre de 2020 y, en este caso, se hizo solo hasta el 18 de febrero de 202129.

Además, el último interviniente referido resaltó que, en la sustentación del recurso extraordinario de casación, la defensa no alegó la violación del principio de congruencia, como si se hizo en ese escrito de sustentación.

De otro lado, el apoderado de las víctimas indicó que la Fiscalía realizó una narración fáctica completa en la acusación y que coincidió con la imputación jurídica formulada. Además, los elementos materiales probatorios fueron debidamente enunciados, descubiertos, solicitados como prueba en la audiencia preparatoria, incorporados en el juicio y, con base en ellos, se solicitó la respectiva condena, sin que se advirtiera alguna irregularidad sustancial durante el trámite. Incluso, en la sentencia absolutoria, el juez no puso de presente la supuesta falta de congruencia de los cargos atribuidos por la Fiscalía.

Es importante destacar que, en la sentencia condenatoria, el Tribunal señaló que la maniobra fraudulenta consistió en la obtención engañosa de la firma de Germán Escobar Posada, hecho éste que fue incluido en la acusación y que era conocido por los procesados. Si bien la Fiscalía, en los alegatos de cierre del juicio, indicó que la maquinación desplegada por los sentenciados inició desde la suscripción de la promesa de compraventa con Diego Mejía, este argumento de ninguna manera genera violación del derecho de defensa o del principio in dubio pro reo.

Tampoco existía contradicción por el hecho de que el Tribunal hubiera descartado que la firma de la aludida promesa de compraventa constituyera un ardid y, al mismo tiempo, resaltara su importancia como móvil del delito, como quiera que la suscripción de la E.P No. 4.955 de 2008 solo buscaba evitar la consolidación de los efectos de ese negocio jurídico previo. Por todo lo anterior, solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235, numeral 7 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 2018, así como a partir de las directrices señaladas en la sentencia CSJ AP1263-2019, rad. 54215, la Sala es competente para resolver la impugnación especial promovida por la defensa de Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry, al cuestionar la primera condena emitida en segunda instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

3.2. Síntesis de la controversia y decisión que se adoptará

El Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó a Valenzuela Charry y Escobar Restrepo por el delito de estafa agravada, al considerar que aquellos desplegaron una maniobra engañosa apta para inducir en error a Germán Escobar, quien terminó disponiendo patrimonialmente de su casa familiar, al figurar como vendedor en una escritura pública que transfería su dominio.

En contrapartida, la defensa sostiene que, del trámite del proceso, se advierte la configuración de irregularidades sustanciales, que desconocieron sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, así como del principio de congruencia. En todo caso, estiman que no se configuró típicamente el delito objeto de acusación.

Bajo ese contexto, la Sala, en coherencia con el principio de limitación, procederá a resolver los planteamientos del recurrente, así como los temas vinculados de manera estrecha con ellos. En consecuencia, inicialmente se revisará la oportunidad de la sustentación del recurso de impugnación especial. Luego, analizará las distintas circunstancias que, en criterio de los impugnantes, generaría la invalidación de la actuación.

De superarse lo anterior, se determinará si, de conformidad con los hechos objeto de acusación y las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, concurren los presupuestos necesarios para confirmar la declaratoria de responsabilidad penal del acusado o si, por el contrario, lo procedente es su revocatoria, al igual que la medida de restablecimiento del derecho decretada por el Tribunal.

Una vez resueltos los tópicos anteriores, se anuncia, desde ahora que la Sala confirmará la condena proferida en contra de Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry, como coautores del delito de estafa agravada.

3. Oportunidad para la interposición y sustentación del recurso de impugnación especial

Como se precisó en los antecedentes procesales, mediante Auto AP3385 de 2 de diciembre de 2020, Rad. 46096, la Sala de Casación Penal concedió el aludido mecanismo, al verificar el cumplimiento de los presupuestos definidos en las providencias AP2118, 2235 y 2330, todas de 2020, así:

i. Criterio objetivo: el derecho a la doble conformidad se ejerció en contra de la primera condena proferida por un Tribunal Superior del Distrito Judicial, en segunda instancia.

ii. Criterio temporal: la sentencia condenatoria se dictó el 26 de febrero de 2015, esto es, con posterioridad al 30 de enero de 2014; fecha esta señalada como referente para la procedencia de este mecanismo, según la Sentencia SU-146 de 2020 emitida por la Corte Constitucional.

iii. Criterio material: se interpuso recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia condenatoria, como medio de impugnación disponible en ese momento para plantear el presunto desconocimiento de las garantías procesales –en la demanda se propuso la «violación a la garantía fundamental de la congruencia entre la acusación, la solicitud de condena elevada por el ente acusador y la sentencia condenatoria»-.

iv. Criterio procesal: la manifestación para permitir el ejercicio del derecho a la doble conformidad se hizo dentro del término de 6 meses, previsto por el Auto AP-2235 de 2020, que en este caso ocurrió el 6 de noviembre de 2020.

Debido a lo anterior, la Sala concedió la impugnación especial interpuesta por la defensa de Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry y ordenó que, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, se promoviera y sustentara dicho recurso, de conformidad con los términos procesales previstos por la Ley 906 de 2004.

En consecuencia, la Secretaría del Tribunal advirtió el inicio del término para interponer el recurso de impugnación especial -entre el 11 y el 18 de diciembre de 2020-, dentro del cual realizó la respectiva manifestación la defensa -en el primer día del traslado-, así como su sustentación -desde el 12 de enero hasta el 22 de febrero de 2021-, que también fue observado oportunamente por el defensor técnico y los sentenciados -mediante memoriales de 18 de febrero de 2021-.

Así las cosas, en este caso se siguieron las reglas fijadas en su momento por la Sala para garantizar el ejercicio del derecho subjetivo de los procesados y su defensor para impugnar la primera condena, por lo que deberán revisarse los argumentos planteados en los escritos de sustentación de ese recurso, al descartarse su alegada improcedencia.

3. Solicitudes de nulidad

Los impugnantes consideran que varias situaciones afectaron la validez de la actuación procesal, así:

– Violación del principio de congruencia, dado que, si bien en la sentencia de segundo grado se reconoció que los hechos imputados involucraban dos hipótesis fácticas diferentes, y que la Fiscalía de manera confusa refundió en una sola, se condenó finalmente por el segundo evento, lo que configuró un comportamiento punible distinto del que fue objeto de acusación.

– El delito realmente imputado era de naturaleza querellable, sin que se hubiera cumplido con su condición de procesabilidad.

– La investigación penal avanzó, sin que se aguardara la resolución del proceso civil, en el que se discutía la validez de la promesa de compraventa.

– La repetición del juicio oral y el incomprensible distanciamiento del Tribunal frente a la tesis absolutoria expuesta por 3 funcionarios judiciales distintos, en el curso del proceso.

1. Los hechos jurídicamente relevantes y la alegada violación del principio de congruencia

Los hechos jurídicamente relevantes se identifican con los presupuestos fácticos que encuadran en el supuesto hipotético previsto por el legislador en el Código Penal. Es decir, la relevancia jurídica del hecho depende de su correspondencia con la norma penal (Cfr. CSJ SP3168-2017, Rad. 44599; SP2042–2019, rad. 51007, entre otras).

Precisamente, la Sala de Casación Penal ha sido enfática en señalar que la correcta formulación de los hechos jurídicamente relevantes no se limita a la narración de todos los acontecimientos ocurridos, ni a reproducir el contenido de la denuncia. Su elaboración implica abarcar, organizar y enunciar con precisión todos los elementos fácticos necesarios para que la adecuación típica se realice al o los delitos que comprendan el comportamiento realizado por el autor, al igual que las eventuales circunstancias de agravación punitiva (CSJ SP2222-2024, Rad. 56631).

Además, esos hechos deben estar en simetría con la sentencia. En efecto, la congruencia es una garantía para el procesado, según la cual, a éste solo se le puede declarar responsable por los hechos y delitos que le fueron atribuidos en la acusación. En esa medida, los cargos puestos allí de presente «constituyen el marco conceptual, fáctico y jurídico a partir del cual se soportan tanto el juicio como el eventual fallo, de tal manera que no puede el juez de conocimiento hacer más gravosa la situación de los acusados adicionando hechos no contemplados en aquél, suprimiendo atenuantes allí reconocidas o incluyendo agravantes que no hayan sido contempladas por el instructor30» (CSJ, AP3752-2016, Rad. 48457).

Por tanto, esa obligación constitucional y legal debe cumplirse, no solo entre los hechos de la acusación y la sentencia, sino también entre los componentes fácticos de la imputación y la acusación. Así lo ha explicado esta Corporación:

“La formulación de imputación se constituye en un condicionante fáctico de la acusación —o del allanamiento o del preacuerdo—, sin que los hechos puedan ser modificados, estableciéndose así una correspondencia desde la arista factual, lo cual implica respetar el núcleo de los hechos, sin que ello signifique la existencia de un nexo necesario o condicionante de índole jurídica entre tales actos.// Con esta perspectiva, la Sala más allá del principio de congruencia que se materializa desde el acto de acusación al definir los aspectos material, jurídico y personal del objeto del proceso los cuales se reflejarán en la sentencia, ha hecho énfasis en el principio de coherencia a fin que a lo largo del diligenciamiento se preserve el núcleo fáctico entre los actos de formulación de imputación y acusación, estándole vedado al ente investigador adicionar gradualmente hechos nuevos (CSJ SP 8 jul 2009 rad. 31280, SP 1° feb. 2012, rad. 36907, entre otras)” (CSJ, SP5543-2015, Rad. 43211).

En efecto, la Fiscalía precisó que el aludido delito contra el patrimonio económico consistió en la apropiación de 3 bienes inmuebles ubicados en el municipio de Itagüí, en la urbanización La Esmeralda, que se materializó a través de la Escritura Pública No. 4.955 de 23 de julio de 2008 suscrita, de un lado, por Germán Escobar Posada, como vendedor y propietario de la casa sobre la cual se construyó la edificación, y del otro, por Escobar Restrepo y Valenzuela Charry, como compradores.

En concreto, respecto a los actos llevados a cabo por los imputados, dirigidos a inducir en error a la víctima, para obtener un provecho ilícito en su favor, la Fiscalía precisó lo siguiente:

– Debido al incumplimiento generalizado de las obligaciones asumidas por Beatriz Elena Escobar Restrepo, derivadas tanto del crédito adquirido con Colmena, como aquellas plasmadas en una posterior promesa de compraventa, Germán Escobar Posada, como único propietario del predio -que aún no había sido desenglobado-, convino con Diego Mejía Gutiérrez y Gloria Escobar Restrepo que transferiría a su favor, los apartamentos No. 201, 202 -que inicialmente le correspondía a Beatriz Escobar- y 302. Para tal efecto, se suscribió la Escritura Pública No. 2.477 de 19 de junio de 2008, otorgada en la Notaría 1ª de Envigado.

– Para obstaculizar el registro del anterior instrumento público, los imputados obtuvieron un nuevo certificado expedido por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Itagüí, que ordenaba el levantamiento de la garantía hipotecaria constituida a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, esto es, el Oficio No. 1813 de 22 de julio de 2008.

– De manera sucesiva se registró la Escritura Pública No. 4.955 de 23 de julio del 2008 otorgada en la Notaría 12 de Medellín «firmada supuestamente por el señor Germán Alonso Escobar Posada»31, en su condición de vendedor, mediante la cual transfería a Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry el primer piso del inmueble, así como las unidades No. 202 y 301, por la exigua suma de $17.135.000. Además, en este instrumento público se reprodujo el reglamento de propiedad horizontal que constaba en la Escritura 2.477 de 2008 y que había sido elaborado a costa de Diego Mejía y Gloria Escobar.

– La firma de Germán Escobar Posada fue obtenida irregularmente, dado que nunca fue conducido a la Notaría 12 de Medellín a suscribir esa segunda escritura pública; tampoco se le facilitó a los compradores el documento original de identificación del vendedor y este último manifestó que no tenía la intención de transferir esos bienes a los entonces imputados.

Es importante precisar que, en este acto, la Fiscalía no señaló que las maniobras engañosas se hubieran dirigido a Diego Mejía Gutiérrez. De hecho, en un aparte de la audiencia se afirmó que «el artificio o engaño de Beatriz Elena Escobar Restrepo y el señor Carlos Alberto Valenzuela Charry, determinan al señor Germán Alonso Escobar a su actuar, logrando la señora Beatriz Elena Escobar Restrepo y el señor Carlos Alberto Valenzuela Charry un provecho ilícito, siendo esa la causa determinante del perjuicio patrimonial de Diego Alonso Mejía Gutiérrez, Gloria Benilda Escobar y de los señores Germán Alonso Escobar y Elena de Jesús Restrepo de Escobar»32.

Es decir, las referencias realizadas sobre el pago del saldo del crédito por parte de Diego Mejía y Gloria Escobar para evitar el remate del edificio, así como la promesa de compraventa suscrita entre Germán Escobar Posada y Beatriz Elena Escobar Restrepo, como promitentes vendedores, y Diego Mejía Gutiérrez, como promitente comprador -en la que se conviene la forma como se le restituiría a este último parte del dinero destinado para ese propósito-, constituían antecedentes importantes que explicaban el motivo por el que se suscribió la Escritura Pública No. 2.477 de 2008 y, a su vez, la premura de Escobar Restrepo y Valenzuela Charry para registrar su propia escritura antes de que se consolidara la transferencia del apartamento No. 202.

Asimismo, tampoco ofrece ninguna confusión la precisión que hizo la Fiscalía, respecto de Germán Escobar Posada, como sujeto pasivo de la conducta, así como de las personas perjudicadas con el mismo comportamiento, como ocurría con Diego Mejía, Gloria Escobar, Elena Restrepo de Escobar y, por supuesto, Germán Escobar.

Precisamente, el sujeto engañado no podía ser otro que el propietario del inmueble sobre el que se había levantado la edificación y que, como titular del derecho de dominio, era el único que podía desenglobar el predio, constituir el respectivo reglamento de propiedad horizontal y disponer patrimonialmente de las unidades residenciales resultantes. A diferencia de los otros sujetos perjudicados que, con ocasión de ese comportamiento fraudulento, debían afrontar innegables consecuencias económicas, debido a la aminoración patrimonial que ello representaba.

De igual forma, en la audiencia de formulación de acusación se reiteró, en lo básico, los mismos supuestos fácticos anteriores, se precisaron otros a solicitud de la defensa y se adicionaron varios elementos materiales probatorios al escrito de acusación, para responder las inquietudes del mismo sujeto procesal.

En la primera sesión de la audiencia de formulación de acusación celebrada el 26 de agosto de 2010, la Fiscalía informó los cargos atribuidos a los procesados, en coherencia con los términos de la imputación. Luego, la defensa solicitó la nulidad de la actuación por 3 situaciones: (i) la no realización de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad para los delitos querellables y la falta de determinación de la cuantía del delito; (ii) la sustentación de la imputación con base en la denuncia -que no era prueba- y en otros documentos que no daban cuenta de la ejecución del comportamiento atribuido y (iii) la configuración de un concurso aparente de conductas punibles, al imputar los delitos de estafa y abuso de condiciones de inferioridad.

Después de revisar los argumentos de la defensa conforme al principio de caridad, el Tribunal explicó que: (i) la competencia no se vería afectada en este caso, por el factor de conexidad procesal; (ii) la cuantía exacta del delito se podía precisar durante el juicio, con las consecuencias que ello pudiera conllevar, en el evento de ser menor a la referida por la Fiscalía; (iii) la imposibilidad de aludir en esa fase del proceso a pruebas; (iv) la verificación que se hizo por el juez de control de garantías sobre el cumplimiento de los presupuestos y requisitos para la formulación de imputación, así como la manifestación de conformidad realizada en ese momento por la defensa y (v) el riesgo que asumía la Fiscalía, frente a la demostración de su teoría del caso, de presentarse algún error en la imputación.

Por las anteriores razones, se confirmó la decisión de negar la petición de la nulidad de la actuación por parte del Tribunal Superior de Medellín, sala penal.

Luego, en las sesiones de 2 y 18 de noviembre de 2010, la Fiscalía adicionó varios elementos materiales probatorios al anexo probatorio del escrito de acusación, entre ellos, el avalúo practicado al primer piso y al apartamento No. 202 del edificio ubicado en la calle 64B No 43-41, del municipio de Itagüí, y respondió las varias solicitudes de aclaración presentadas por la defensa a los hechos jurídicamente relevantes contenidos en ese mismo documento.

Por tanto, una vez resueltas todas las peticiones e inquietudes, el juzgado de conocimiento advirtió que, «incorporadas entonces esas adiciones que se hicieron en la audiencia anterior y que precisamente se había suspendido por solicitud expresa del señor defensor para que le hicieran claridad respecto a su contenido, por cuanto semánticamente pues no habría para él claridad en algunos de sus enunciados, propuesta que fue aceptada por la Fiscalía y que en el día de hoy se ha subsanado, considera que igualmente este Estrado Judicial que se ha cumplido tanto formal y legalmente con esa exigencia del artículo 339 del código procedimiento Penal»33. Frente a esto, la defensa no realizó ningún reparo o comentario adicional y también dio cuenta del cumplimiento del traslado del descubrimiento probatorio, de acuerdo con lo previsto por el artículo 344 del C. de P.P.

Así las cosas, a partir de los supuestos fácticos referidos por la Fiscalía giró el debate y sobre ellos también versó la actividad probatoria de la defensa, para lo cual solicitó y practicó los testimonios de María Auxilio Serna Serna -quien asistió a Germán Escobar Posada en el año 2008, en sus actividades diarias-, Jorge Iván Carvajal Sepúlveda -notario 12 de Medellín-, Jaime Alberto Gómez Mesa -protocolista de la Notaría 12-, Jorge Enrique Barrera García -investigador de la defensa-, Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry. En consecuencia, los procesados siempre se enfrentaron a los mismos supuestos fácticos durante todo el proceso y tuvieron amplias oportunidades para controvertirlos.

La Sala ha resaltado la práctica poco recomendable que consiste en dar lectura a la denuncia penal -que solo tiene carácter informativo- o a los elementos materiales probatorios, para sustentar la imputación. En este caso se presentaron deficiencias en esa comunicación, al haberse mezclado algunos hechos indicadores con los jurídicamente relevantes, sin embargo, lo cierto es que a los procesados se les proporcionó información clara y suficiente sobre los cargos atribuidos en su contra, que fueron los mismos por los que se dictó sentencia condenatoria.

En ese contexto, la Sala no observa que el Tribunal hubiera adicionado hechos nuevos o hubiera desbordado la imputación fáctica y jurídica formulada en su momento a los procesados para dictar condena por una hipótesis delictual diferente. Por el contrario, la sentencia condenatoria circunscribió su estudio al despliegue de maniobras engañosas por parte de Escobar y Valenzuela hacia Escobar Posada, para lograr la suscripción de la escritura pública de compraventa que permitía la transferencia del dominio de 3 bienes inmuebles a favor de los procesados, con el correlativo detrimento patrimonial. Por lo anterior, esta crítica no está llamada a prosperar.

2. Naturaleza querellable del delito imputado, prejudicialidad y otras situaciones del trámite procesal

Si bien estos cuestionamientos hicieron parte de una solicitud general de nulidad, en los escritos de impugnación no se precisó el motivo o tipo de irregularidad sustancial que se habría configurado, las normas desconocidas, la cobertura invalidatoria, la necesidad de su declaratoria frente a los principios que rigen las nulidades y su trascendencia. De todas maneras, se considera importante responder estos planteamientos, como quiera que, de la exacta delimitación de los cargos contenidos en la acusación, se fija la competencia del juez para pronunciarse sobre los hechos con relevancia jurídico penal.

La Sala observa que estos reparos son solo una extensión de la inconformidad puesta de presente en el acápite anterior y revela su falta de fundamento. El fallo de segundo grado no vulneró el principio de congruencia, como quiera que Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry fueron condenados por hechos que sí constaban en la acusación.

En esa medida, si la estafa no se estructuró -y, por tanto, no se imputó- a partir de la promesa de compraventa suscrita entre, de un lado, Germán Escobar Posada y Beatriz Escobar Restrepo y, de otro, Diego Mejía Gutiérrez, la discusión en torno de la naturaleza querellable de este delito contra el patrimonio económico, con base en el precio allí convenido, y la consolidación del fenómeno de caducidad de la querella, resulta estéril.

De todas maneras, el Tribunal, con base en el avalúo pericial introducido por la Fiscalía y que fue practicado por Margarita María Cortés Gómez, informó que los 3 bienes que fueron objeto de negociación mediante la Escritura pública No. 4.955 de 2008 sumaban $228.357.00034, y no el insignificante valor que en ese instrumento se señaló -$17.135.000-, por lo que se superó ampliamente la cuantía señalada en el artículo 74 del C. de P.P, es decir, 150 S.M.L.M.V, que para el 2008 correspondían a $69.225.000.

Bajo la misma lógica, si la referida promesa de compraventa no sustentó la imputación por el delito de estafa, ninguna importancia tendría la definición de la validez de ese negocio jurídico ante la jurisdicción civil dentro del proceso penal o la indemnización que allí se perseguía frente a los perjuicios reclamados dentro de esta actuación, como consecuencia de la responsabilidad declarada por el delito de estafa agravada.

Al respecto, esta Corporación ha explicado lo siguiente:

“cuando la cuestión prejudicial al proceso penal es al mismo tiempo elemento configurativo del delito investigado y el juicio civil, laboral o administrativo que pretende resolverla de manera definitiva se hubiese iniciado después de cometido el hecho punible y no antes, el juez penal goza de plena competencia para decidir cuestiones extrapenales atinentes a la tipicidad del hecho, sin necesidad de suspender la calificación del sumario a la espera de una decisión por parte de otra jurisdicción (…)” (CSJ. SP. de 10 de noviembre de 1992, Rad. No. 6484).

En este caso, por las razones antes anotadas, no existiría el riesgo de enfrentar decisiones contradictorias sobre un mismo asunto. De todas maneras, debido a la naturaleza e importancia de los bienes jurídicos tutelados en el proceso penal, la competencia prevalece sobre otras áreas del derecho que busquen resolver la misma cuestión.

De otro lado, la repetición del juicio oral se ordenó con el propósito de resguardar el derecho de inmediación probatoria -conforme con la postura jurisprudencial vigente para la época-. Por lo anterior, tanto Fiscalía y defensa presentaron nuevamente las pruebas que buscaban hacer valer en el juicio y con base en esos medios se dictó fallo absolutorio a favor de Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry.

Si bien es cierto la etapa de juicio se prolongó por varios años, lo que sin duda alguna postergó la definición de la situación jurídica de los procesados, la Sala no advierte, ni tampoco se argumentó, alguna afectación concreta de sus garantías fundamentales, más cuando con esa determinación -repetición del juicio- se buscaba que el juez de conocimiento tuviera percepción directa y personal de las pruebas que sustentarían la respectiva decisión de fondo.

Por tanto, si la imputación jurídica tuvo un soporte fáctico adecuado, al haberse precisado las circunstancias esenciales que rodearon el comportamiento objeto de acusación; si a los procesados se les proporcionó información suficiente sobre el contenido de los cargos y, de manera coherente, se pudo desplegar toda la actividad probatoria que se estimó pertinente para desarrollar su propia teoría del caso, la Sala no evidencia ninguna situación que afecte la validez del trámite.

La aparición de posturas jurídicas divergentes durante el curso de la actuación hace parte de la dialéctica propia del proceso penal, por lo que la emisión de una providencia con un sentido opuesto, debidamente fundamentada en una valoración razonable de los hechos y pruebas practicadas durante el juicio oral, no tiene nada de irregular o lesivo de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

En conclusión, no resulta procedente decretar la nulidad de la actuación, dado que no se configuró ninguna de las violaciones alegadas por los impugnantes.

3. La materialidad de la conducta de estafa y la correlativa responsabilidad penal

El artículo 246 del C.P describe típicamente el delito de estafa de la siguiente manera:

“El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de (…)”.

De manera consistente, la jurisprudencia de esta Sala ha explicado que, para la estructuración típica del delito de estafa se deben presentar los siguientes comportamientos de manera secuencial y concatenada, así: i) despliegue de un artificio o engaño dirigido a generar o mantener en error a la víctima; ii) error o juicio falso de quien sufre el engaño, determinado por el ardid; iii) obtención, por ese medio, de un provecho ilícito; iv) perjuicio correlativo del otro y v) sucesión causal entre el artificio o engaño y el error, así como entre éste y el provecho injusto que afecta el patrimonio ajeno (Cfr. CSJ SP741-2021, Rad. 54658; SP2021-2022, Rad. 54321, SP1281-2024, Rad. 57851, SP034-2025 Rad. 62066, entre otras).

Los impugnantes solicitan la revocatoria de la decisión de condena, con fundamento en los siguientes argumentos: (i) no está demostrado el despliegue de maniobras artificiosas o engañosas dirigidas a inducir en error a la víctima. Es decir, en este caso no se probó la relación entre la firma de unas hojas en blanco por parte de Germán Escobar Posada y la suscripción de la E.P No. 4.955 de 2008, por lo que no podría sostenerse que en este instrumento se impuso la firma del entonces vendedor por error y (ii) tampoco se corroboró la obtención de algún provecho patrimonial para Escobar Restrepo y Valenzuela Charry por esa negociación, así como un correlativo detrimento para la víctima.

De la revisión de la actuación, la Sala encuentra que existen fundamentos probatorios suficientes para atribuir responsabilidad penal a Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry, como coautores del delito de estafa agravada. En efecto, a partir de varios hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente probados dentro del proceso, es posible construir un conjunto de indicios graves, que convergen y se coordinan entre sí para demostrar su intervención en la defraudación patrimonial denunciada, la que permitió la transferencia de 3 bienes inmuebles, sin ninguna contraprestación económica real.

Como lo ha explicado esta Corporación, «de un hecho probado se puede inferir el hecho por establecer (…) Pero como todo indicio, la inferencia parte de un hecho que debe estar probado» (CSJ SP4412-2019, Rad. 54593). En otras palabras, un hecho indicador es una objetividad plenamente establecida, de la que pueden inferirse otras objetividades, a través de un riguroso proceso lógico.

En este asunto se presentaron varios hechos indicadores, así:

a. Persistente incumplimiento de las obligaciones dinerarias previas y ausencia de cualquier erogación como pago del precio de compraventa a favor de Germán Escobar Posada

Como pruebas solicitadas por la Fiscalía, se practicaron los testimonios de Gloria Benilda Escobar Restrepo y Diego Alonso Mejía Gutiérrez, quienes narraron en detalle la autorización dada por Germán Escobar Posada para que se construyera, inicialmente, dos apartamentos sobre su casa de una planta, que pertenecerían a sus dos hijas, es decir, a Gloria Benilda y Beatriz Escobar Restrepo; la adquisición de un préstamo hipotecario con la entidad Colmena para la consecución de los recursos necesarios para el proyecto, que sería cancelado en proporciones iguales por las beneficiarias del crédito; la mora en la que incurrió la segunda de ellas en la mayor parte de sus cuotas, así como de la suma refinanciada por el incumplimiento de la obligación original, y el pago realizado por la pareja Mejía Escobar por más de 60 millones de pesos para evitar el remate del inmueble, con sus adiciones -4 unidades habitacionales posteriormente construidas-.

Asimismo, los testigos de cargo aludieron a la promesa de compraventa suscrita por Escobar Restrepo, con la que se buscaba extinguir las deudas previas incumplidas y, finalmente, la transferencia del dominio, previo desenglobe, que materializaría Germán Escobar Posada sobre el apartamento 202 a favor de los esposos Mejía Escobar -entre otros actos-, como forma de saldar todas las erogaciones realizadas por ellos y que permitieron consolidar la propiedad del Edificio Escobar Posada P.H. -crédito hipotecario, con su refinanciación, impuesto predial, valorización, actualización de la licencia de construcción, constitución del reglamento de propiedad horizontal, entre otros-.

En concreto, Gloria Benilda Escobar señaló que, «ese crédito se solicita porque mi hermana es la que me pide que si le colaboro en ayudarle para que a ella le pueda ser otorgado ese crédito. Ella inicialmente lo había ya solicitado sola, pero la capacidad de endeudamiento a ella no le daba, ella había hablado primero con mi papá para que le permitiera construir solamente pues a ella en el segundo piso un apartamento, ella solicitó el crédito, pasó los papeles y le fue negado por falta de capacidad de endeudamiento, entonces al ver de que le negaron ese crédito, ella me solicita que lo hagamos juntas (…) entonces ella nos convence de eso, me dice que le colabore, que ella quiere tener su propia casa, que mirara que yo pues por lo menos yo ya vivía con mi esposo en una casa de él y que ella quería también tener lo mismo, que le colaborara»35.

Es por ello que, continúa la testigo, «mi papá acepta dar la casa en prenda de garantía y firmamos el pagaré ante Colmena para que nos procedan a hacer el crédito, se hace ese crédito y lo firmamos entre los tres en cabeza de mi hermana sale ese crédito -Beatriz Escobar Restrepo- y avalando como codeudores mi papá -Germán Escobar Posada- y mi persona -Gloria Escobar Restrepo-»36. Así se constata con el pagaré a la orden de crédito No. 0299170234622, por valor de $33.696.840, suscrito el 2 de septiembre de 1998, e incorporado como prueba al juicio37.

Por tanto, una vez obtenido el préstamo, «la plata cuando nos la entregaron la repartimos por mitades, entonces la obligación era para las dos por iguales, hasta terminar el crédito y a mi papá dejarle libre su casa nuevamente, saldándole la deuda pues con Colmena y liberarle nuevamente su casa de la hipoteca. Ese crédito se hizo, nos dieron el desembolso, pero mi hermana desde muy al principio del crédito ya se atrasó, ya comenzó a atrasarse, se atrasó más o menos desde febrero. El crédito fue desembolsado el 2 de septiembre del 98 y ella desde febrero del 99 ya comenzó a atrasarse, se atrasó hasta mayo del 99. Ella solicitó que le refinanciaran ese crédito, cosa que hicieron por $2.464.00038, cosa que también dejó atrasar, porque ella comenzó pagando ese nuevo crédito y ella pagó como hasta octubre del 2002 y dejó atrasar, pero pagaba irregularmente, entonces siempre ese crédito también era vencido (…) porque yo pagaba mi cuota, pero ella no, entonces hubo un atraso, un atraso, un atraso, hasta que se efectuó un embargo por parte de Colmena por este mismo atraso, porque yo no alcanzaba nunca a cubrir las cuotas (…)39».

Como complemento de lo anterior, el testigo Diego Alonso Mejía Gutiérrez precisó que, Beatriz Elena Escobar Restrepo «solo cumplió como con las 50 primeras cuotas pactadas que eran de 180 (…) [y] ante la mora por ese crédito hicieron un embargo de la casa de Don Germán Escobar, que ya era un edificio de cuatro plantas»40, razón por la cual asumió, junto con su esposa -Gloria Escobar-, el pago de la totalidad de la obligación dineraria adeudada en ese momento.

En compensación, se convino celebrar el 18 de noviembre de 2005, es decir, previo a la cancelación integral del crédito, un contrato de promesa de compraventa entre Germán Escobar Posada -propietario del inmueble sin desenglobar- y Beatriz Elena Escobar -deudora de las obligaciones pecuniarias pactadas-, como promitentes vendedores, y Diego Mejía Gutiérrez, como promitente comprador, sobre el apartamento No. 202, valorado en ese momento en la suma de $35.000.000. Además se acordó que la respectiva escritura pública sería otorgada el 28 de febrero de 2006 en la Notaría 1ª de Envigado y, en el interregno, se causarían cánones mensuales de arrendamiento. Este documento fue introducido como prueba en el juicio oral41.

De igual forma, a través del testimonio de Diego Alonso Mejía Gutiérrez se acreditaron los documentos que contenían las consignaciones realizadas para el pago de los dos préstamos -el original y su refinanciación- por valor de $61.171.550, así como la declaración de origen de fondos firmada por él mismo, en la que se hizo constar que dichos recursos provenían de la venta de un inmueble42.

Así lo explicó Mejía Gutiérrez en el juicio oral:

“(Récord 00:12:04) Preguntado: ¿Sabe quién canceló el monto de ese crédito? Contestó: Sí, doctora, lo cancelé yo y mi esposa. Preguntado: ¿Por qué usted canceló ese crédito? Contestó: Porque doctora, con la insistencia de Beatriz y Carlos Alberto que como íbamos a dejar que le remataran el bien inmueble a don Germán, yo ya tenía dos apartamentos allá, ellos tenían otros y entonces me insistieron demasiado y me prometieron que me iban a pagar con un apartamento de ellos. Preguntado: Perdone, cuando usted dice me insistieron demasiado que le iban a pagar con un apartamento. ¿Quiénes? Contestó: Beatriz y Carlos Alberto, me insistían mucho que como íbamos a dejar que se le perdiera la casa al papá de ella, que eso no era posible. Pues que varias veces me dijeron que si conseguía la plata con un tercero, yo les dije que no, porque ellos no habían sido capaces de pagarle a un banco, menos a un tercero le iban a pagar otra plata. Entonces ellos me convencieron que vendiera una casa que yo tenía, que mi madre me la había dado como herencia en vida y me convencieron y me consiguieron hasta el comprador, ellos mismos me consiguieron el comprador y efectivamente se pagó el crédito. Preguntado ¿Recuerda usted por qué valor vendió esa casa? Contestó: Sí, doctora. Yo la tenía pactada por 74 millones de pesos y la salí vendiendo en 54 millones de pesos43.

(…) (Récord 00:12:20) Preguntado: Acabó usted de indicar los montos que había cancelado por ese crédito de la señora Beatriz Elena Escobar ¿Puede indicar si la señora Beatriz Elena y el señor Carlos Alberto le propusieron en algún momento alguna forma de cancelarle a usted esos pagos? Contestó: Sí doctora, ellos me propusieron que me cancelarían con el apartamento 202 que está ubicado en el barrio La Esmeralda en la calle 64B número 43 – 45, apartamento 202. Preguntado: ¿En qué forma lo harían? Contestó: Hicimos una promesa de compra venta que es una promesa de compraventa sobre el apartamento 202 44”.

Sin embargo, nuevamente Beatriz Elena Escobar Restrepo se sustrajo al cumplimiento de todos los compromisos pactados, como quiera que, solo pagó 10 cánones de arrendamiento; no acudió a la notaría para la suscripción de la escritura pública que transferiría el dominio del apartamento No. 202; tampoco entregó la suma de dinero pactada como forma de reemplazar la dación en pago inicialmente pactada y, al final, tanto ella, como su compañero Carlos Valenzuela Charry, asumieron una actitud desafiante, al manifestar que no honrarían ninguna de las prestaciones acordadas y que tampoco podrían ser obligados legalmente a ello45.

Luego, Escobar Restrepo y Valenzuela Charry, al conocer que Germán Escobar había ejecutado la obligación de hacer convenida en la promesa de compraventa, para lo cual había suscrito el respectivo instrumento público que transmitiría la propiedad de la unidad No. 202, aparecieron suscribiendo un negocio jurídico similar con Germán Escobar Posada, en el que se transfería dicho apartamento, así como el No. 301 e, incluso, la casa de la planta baja, todo por valor de $17.500.000. Así se constata con la Escritura pública No. 4.955 de 23 de julio de 2008, que fue incorporada como prueba al proceso.

Al margen de que el precio de la compraventa es significativamente dispar frente a la estimación económica real de los 3 bienes y, en particular, del inmueble del primer piso, valorado en $92.384.000 para el año 200846, la suma indicada en el aludido instrumento público nunca ingresó al patrimonio del supuesto vendedor, Germán Escobar Posada.

En efecto, la Escritura pública No. 4.955 fue registrada ante la oficina de registro de instrumentos públicos, no obstante, los compradores nunca demostraron el traslado real de recursos a favor del vendedor, la repartición en vida de la herencia de Germán Escobar, como se llegó a sostener por parte de la defensa, o la celebración de cualquier otro acto o negocio jurídico lícito y fidedigno que explicara ese traspaso de bienes.

La Fiscalía solicitó la incorporación de la declaración rendida por Germán Escobar Posada de manera previa al juicio, al configurarse una de las causales previstas por el artículo 438 del C. de P.P, esto es, su fallecimiento. Además, su existencia y contenido fue demostrado a través del testimonio de la asistente de la Fiscalía 81 seccional, con funciones de policía judicial, María Ofir del Carmen Agudelo Tobón, quien recibió el 12 de marzo de 2009 el relato de Germán Escobar sobre los hechos investigados.

Como lo informó la testigo en la sesión del 14 de noviembre de 2012, Germán Escobar Posada manifestó que no tuvo la intención de transferir el dominio de la casa en la que siempre residió, a favor de su hija y de su yerno, Beatriz Escobar y Carlos Valenzuela. Por esta razón afirmó explícitamente que ese negocio «no era cierto», que por esa venta «no le dieron ni un centavo» -como también lo corroboró Gloria Escobar Restrepo47-; que le insistió continuamente a los compradores que le devolvieran su vivienda, al verse obligado a conseguir otro inmueble en arrendamiento para él, así como para su esposa y que autorizó a su otra hija, Gloria Benilda Escobar, para que formulara denuncia penal por estos sucesos.

Además, la testigo de acreditación precisó que, Germán Escobar «se expresó muy bien, se desenvolvió en la declaración totalmente fácil y fue muy claro y detallado en su declaración». Al igual que, por su patología de cataratas, que limitaba su función visual de manera severa, no pudo leer el texto de su entrevista, pero se le dio lectura de manera integral una vez terminada la diligencia, manifestando su conformidad acerca de su contenido. Finalmente, esta diligencia fue incorporada al juicio.

La defensa, además de oponerse a la teoría del caso presentada por el órgano acusador, presentó una estrategia propositiva y planteó su propia postura, según la cual Germán Escobar «había avizorado la necesidad de repartirle en vida, una manera de enajenar lo que él llamaba la herencia, y se había realizado unos planos y unas escrituras con el fin de dicha situación»48. Pero, ante la apropiación de hecho materializada por Gloria Escobar y Diego Mejía mediante la E.P No. 2.477 de 2008, «el señor Germán corrige su error a través de la escritura 4.955, adjudicando el primer piso, adjudicando el apartamento 202 (…)» a los aquí sentenciados.

Sin embargo, ninguna de las pruebas solicitadas en el juicio para sustentar esa hipótesis defensiva evidenció que la suscripción de la E.P No. 4.955 de 2008 hubiere respondido a esa intención, como quiera que los testigos expusieron aspectos ostensiblemente diferentes del allí propuesto, así:

i. María Auxilio Serna Serna informó que cuidó algunas noches a Germán Escobar Posada -no más de 4 ocasiones- en la Clínica León XIII y en otras oportunidades en Itagüí. Esta labor la desarrolló en el año 2008, pero no recuerda en qué mes, ni tampoco precisó por cuánto tiempo, y su remuneración, asumida por Beatriz Escobar Restrepo, era esporádica.

ii. Jorge Iván Carvajal Sepúlveda y Jaime Alberto Gómez Mesa, notario 12 del círculo de Medellín y protocolista de la misma oficina, respectivamente, expusieron su opinión acerca de la regularidad con la que se dispuso el trámite del referido instrumento público y, en todo caso, sobre su legalidad, pero no hicieron ningún comentario -y tampoco podían hacerlo, por desconocerlo- acerca del negocio jurídico subyacente que se hizo constar en ese documento.

iii. Jorge Enrique Barrera García, investigador de la defensa, narró las labores realizadas, como las entrevistas practicadas a los procesados para verificar su arraigo familiar y laboral; la solicitud de expedición de los respectivos certificados sobre los servicios prestados por Germán Escobar a la Universidad Pontificia Bolivariana; el trámite de restablecimiento de derechos promovido por una de las hijas de Escobar Posada, para que se le autorizaran visitas, entre otros temas similares.

iv. Beatriz Escobar Restrepo narró los años en que residió en el mismo inmueble con su padre; la buena relación que existía entre ellos y su desconocimiento acerca de las situaciones comentadas por otros testigos acerca de los sentimientos de rechazo e incomodidad expresados hacia su padre -por su incontinencia urinaria-; el estado de salud del mismo y las actividades laborales desempeñadas por ella, en los últimos años.

v. Carlos Valenzuela Charry aludió a sus vínculos laborales o contractuales -discontinuos-, así como las diligencias de conciliación celebradas por estos hechos, en particular, aquella realizada ante la Cooperativa Solidaria Multiactiva de Abogados Conciliadores y el acta allí generada.

Así las cosas, la tesis de la defensa no tuvo ningún sustento probatorio y, por el contrario, resultó contraevidente con los restantes elementos de juicio, como (i) la declaración previa de Germán Escobar Posada, quien manifestó haber sido engañado para estampar su firma en los documentos con los que finalmente se transfirió el dominio de algunos bienes inmuebles a favor de su hija y su yerno y (ii) la declaración extraproceso suscrita el 30 de septiembre de 2008 ante la Notaría segunda de Envigado y dirigida al agente inmobiliario, Arrendamientos Ayurá Ltda., en la que informaba acerca del proceso civil y penal que en ese momento cursaba en contra de Escobar Restrepo y Valenzuela Charry, razón por la cual solicitaba que los cánones generados por el arrendamiento del apartamento No. 101 no fueran entregados a esas personas, al negar cualquier legitimidad de la transacción realizada sobre ese inmueble mediante la E.P 4.955 de 2008.

Asimismo, con (iii) los comprobantes del pago del crédito por parte de Diego Mejía y la promesa de compraventa en la que Escobar Posada y Escobar Restrepo convienen entregar el apartamento No. 202 para saldar las obligaciones dinerarias insolutas; (iv) los testimonios rendidos por Gloria Escobar Restrepo y Diego Mejía Gutiérrez, en los que se hace un recorrido detallado de la construcción del edificio Escobar Posada, los aportes realizados por cada uno de ellos, así como los compromisos financieros adquiridos por los mismos y (v) con la declaración de Elena de Jesús Restrepo, quien confirmó que esa transacción no fue real, debido a que no ingresó ningún recurso a la sociedad conyugal, y que tampoco se trató de una disposición testamentaria en vida de su esposo49.

Por tanto, el hecho indicador, plenamente acreditado mediante prueba testimonial y documental, establece que Beatriz Elena Escobar Restrepo tenía la condición de codeudora del crédito hipotecario, por lo que tenía conocimiento exacto de las obligaciones dinerarias que había asumido, así como del grado de incumplimiento que había acumulado durante varios años y que la había llevado a prometer la dación en pago del apartamento No. 202, para satisfacer parcialmente sus compromisos.

Además, como titular del crédito y extremo contractual de la promesa de compraventa, tenía acceso a la documentación necesaria que le permitía identificar plenamente cada una de las unidades residenciales que buscaba transferir a su favor, la situación jurídica de ellas -vgr. cancelación del gravamen hipotecario que limitaba su dominio- y la posibilidad material de disponer de esos bienes.

Así, con fundamento en los postulados de la sana crítica, se infiere razonablemente que los entonces procesados disponían de la información y la posición contractual necesaria para participar de forma activa en las maniobras fraudulentas desplegadas hacia German Escobar Posada, constituyéndose así este elemento como un indicio relevante respecto de su capacidad de intervención material en la defraudación patrimonial objeto de condena.

b. Conocimiento que tenían los procesados sobre la transferencia realizada respecto del apartamento No. 202 a favor de su hermana y cuñado, así como la urgencia evidenciada para impedir la consolidación de los efectos de ese negocio jurídico

Como lo precisó Gloria Benilda Escobar Restrepo en su testimonio, pocos días después de la suscripción de la E.P 2.477 de 2008, ella misma le informó a su hermana, Beatriz Escobar Restrepo sobre la celebración del negocio jurídico que consolidaba el objeto de la promesa de compraventa firmada años antes, razón por la cual la entonces procesada le advirtió que haría todo lo que estuviera a su alcance para impedir la eficacia de ese acto, incluida la formulación de una denuncia penal en su contra.

Así lo indicó la testigo Gloria Escobar, en sesión del 13 de noviembre de 2012:

“(Récord 00:01:12) Preguntado: Señora Gloria Benilda, ¿Usted llegó a informarle a su hermana Beatriz y al señor Carlos Alberto de la existencia de la escritura 2477 de junio 19 del 2008? Contestó: Sí señora fiscal, yo le comuniqué a mi hermana telefónicamente, ella se realizó el 19 de junio del 2008 y yo a ella la llamo el 25 de junio del 2008 a comunicarle de la existencia de esta escritura, le doy las aclaraciones del por qué se había hecho, ella sí tenía conocimiento, el 25 de junio del 2008 se hizo esa manifestación. Preguntado: ¿Recuerda que le respondió su hermana? Contestó: Sí, mi hermana se enfureció enormemente, dijo que mis padres y nosotros éramos unos ladrones, que ella no permitiría de que le quitáramos ese inmueble, que porque ese inmueble era de ella, mi respuesta fue que el inmueble no era de ella, que ella sabía que se lo debía a mi esposo y que a Colmena tampoco le había cumplido, entonces que uno lo que no había pagado no era de uno, ella decía que por ningún motivo dejaría perderlo, que haría todo lo que estuviera a su alcance para hacer, para no dejarlo perder (…)”.

Además, se incorporó la denuncia penal formulada el 2 de julio de 2008 -es decir, de manera previa a la suscripción de la E.P 4955- por parte de Beatriz Escobar Restrepo, en la cual precisamente narró la existencia de la llamada de 25 de junio de 2008 e indicó que el apartamento No. 202 era de su propiedad y de su esposo, pero que «para la diligencia de escrituración Gloria mi hermana y su marido Diego no nos tuvieron en cuenta porque no nos llamaron, no nos avisaron, nosotros no teníamos conocimiento de la fecha, ni hora, ni sitio de la escrituración, por lo tanto nosotros no estuvimos presentes y nos tumbaron»50.

En la misma dirección, la testigo Elena de Jesús Restrepo, madre de Beatriz Elena, además de confirmar el contenido de esa conversación, transmitió el motivo que impulsó a su hija a despojarlos de su casa, al manifestarle que quería que compartieran el mismo sentimiento de pérdida de su patrimonio, así como ella lo había experimentado. Así lo refirió la declarante:

“(Récord 01:07:06) Preguntado: ¿Sabe si su hija Gloria Benilda le llegó a informar a su otra hija Beatriz Elena sobre la existencia de esa escritura que les había hecho su esposo? Contestó: Sí, sí, sí, ella le comunicó a Beatriz porque en presencia mía, yo estaba con Gloria, cuando Gloria telefónicamente le dijo a Beatriz, le comunicó pues de que habían hecho su escritura (…) (Récord 01:21:09) Preguntado: ¿Usted sabe si su esposo Germán Alonso en alguna oportunidad llegó a reclamarle a su hija Beatriz y a su yerno Carlos sobre esa situación de esa venta, de esa transferencia, de esos tres inmuebles? Contestó: Sí, claro, él le llegó a hacer el reclamo. Preguntado: ¿Y usted por qué sabe eso? Contestó: Porque Beatriz llamaba por teléfono a saludarlo y en fin y Germán siempre le decía que le devolviera su casa, que solucionáramos esta situación, que fueran honestos, porque sí les inculcábamos mucho la honestidad y Beatriz, pues yo cuando me di cuenta de esa escritura, de la 4955, yo sí me busqué y la llamé, que ella porque había hecho esto y entonces me dijo ah, que para que me diera cuenta cómo era de bueno que a uno le robaran para darle a otro. Nosotros pues en ningún momento le robamos a ella, Germán quiso pagar la deuda, quiso pagarle la deuda a Diego, pero más no, pues robarle a ellos como para regalarle a Diego, no era la cosa. Preguntado: ¿Cómo era el estado de ánimo a raíz de la situación entre el padre y la hija? Contestó: Si, él se puso muy triste, demasiado triste por esta situación, de ver que no se pudo conciliar. Beatriz nos hizo una comisaría de familia de Envigado, asistimos allá también con él, donde allá nosotros incluso pues nos dieron la razón por la situación y el engaño de Beatriz Elena y Carlos Alberto a mi esposo, que son cosas que duelen demasiado”.

Este hecho permite inferir que la actividad de los procesados frente a la disposición patrimonial de las unidades residenciales No. 101, 202 y 301 no fue producto de la negociación transparente entre las personas que en ella intervinieron, ni la repartición planeada y anticipada del conjunto de bienes de Germán Escobar que transmitiría a sus herederos, sino que denota su conocimiento y participación activa en el plan criminal diseñado para sustraer esos activos del patrimonio del legítimo titular, como retribución por la pérdida económica que los procesados afirmaban que supuestamente habían padecido.

En efecto, el apartamento No. 101 era el único bien inmueble matrimonial obtenido después de muchos años de trabajo y pretendía ser el refugio de Germán Escobar Posada y de su esposa, durante la vejez. Por ello, la principal preocupación del supuesto vendedor era haber dejado desamparada a su esposa, al tener que abandonar su casa y cambiar sus condiciones de vida previamente consolidadas para habitar un lugar en arriendo, sin ninguna contraprestación real.

c. Capacidad que tenían los entonces procesados de obtener el oficio que permitía el levantamiento de la hipoteca, la copia de la cédula de ciudadanía y la firma del vendedor

Debido al pago de la totalidad de la obligación crediticia realizado por la pareja Mejía Escobar, la Corporación Colmena entregó el oficio mediante el cual se solicitaba el levantamiento del gravamen hipotecario sobre el inmueble de propiedad de Germán Escobar. Este documento fue conservado por Gloria Benilda Escobar, pero, por desconocimiento, no lo radicó en su oportunidad ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como así lo narró en la sesión del juicio oral de 13 de noviembre de 2012.

Por esa razón se devolvió, sin registrar, la E.P 2.477 de 2008, como quiera que, según la nota devolutiva de 9 de julio de 2008, «en el folio de matrícula se encuentra embargo vigente (art. 43 Ley 57 de 1887). Embargo hipotecario de Colmena establecimiento bancario al señor Germán Alonso Escobar Posada según oficio 1342 de 14-10-04 del Juzgado 1 C. Cto de Itagüí»51.

Pero, cuando se intentó registrar nuevamente, el 5 de agosto de 2008 se generó otra nota devolutiva, según la cual «el inmueble ya se encuentra sometido al régimen de propiedad horizontal, según Escritura 4955 del 23-07-08 Notaría 12 de Medellín, registrada el 24-07-08»52.

Al obtener la copia de esta última escritura pública y conocer los actos jurídicos que allí se protocolizaban, Gloria Escobar, como entonces codeudora del crédito hipotecario y demandada dentro del proceso ejecutivo, acudió al Juzgado 1º Civil del Circuito de Itaguí y «habl[ó] con el escribiente de ese despacho, el señor Diego, no le recuerdo el apellido, que casualmente es compañero de universidad de mi hermana, hablé con él y él me dijo que mi hermana había solicitado por medio de un documento a mano alzada, donde ella decía que le entregaran nuevamente un oficio para levantar, para levantar la cancelación de ese embargo porque ella estaba haciendo trámites de desenglobe y de venta, entonces ella solicitó un nuevo oficio que le fue otorgado»53.

Además, otros dos hechos, presentados de manera concomitante a la suscripción de la E.P 4.955 de 2008, llamaron la atención, en particular, de Elena de Jesús Restrepo. El primero consistió en una visita realizada, aproximadamente, el 15 de julio de 2008 por Escobar Restrepo y Valenzuela Charry a la residencia de Germán Escobar y de Elena Restrepo, con el propósito de que esta última les prestara la cédula de ciudadanía original de su esposo, pero sin que le precisaran su propósito.

Debido a que Elena Restrepo le manifestó a los entonces procesados que no les podía entregar el documento ante cualquier eventualidad en la situación de salud de su esposo, «Carlos Alberto le dijo a Beatriz, hay amor, no pues entonces con una fotocopia de cédula, con eso hacemos la vuelta»54. Al respecto, la testigo precisó que varios años antes le había facilitado una copia de la cédula de ciudadanía de Germán Escobar a su hija, Beatriz Elena, la cual precisamente fue aportada como anexo a la E.P 4.955 de 2008.

El segundo ocurrió, al parecer, el 22 de julio de 2008, es decir, el día previo a la firma de la E.P 4.955 o casi de manera concomitante al otorgamiento de este instrumento, así:

“(Récord 01:10:58) Efectivamente llegaron Beatriz, Carlos Alberto, mi nieto John Alejandro, que es el hijo mayor de Beatriz y salimos a darle la vueltecita, que fue allá media cuadra, una cafetería, fuimos allá. Cuando llegamos a la cafetería me dice Beatriz, vea nena, yo hice unos documentos, yo quiero que usted los mire, porque unos documentos que a usted la van a favorecer mucho, yo le dije, un momento, nosotros, yo no le he autorizado nunca en hacer un documento, no, pero los quiere leer, vea, yo no traje gafas. Entonces ya empezó Carlos Alberto, me ofuscó, porque empezó a decirme, vea nena, a usted le van a devolver esas escrituras que hicieron la 2477, a ustedes se las van a devolver. ¿Por qué? Porque eso es incorrecto, eso se llama robo. Entonces yo me ofusqué, pues decirnos prácticamente ladrones ahí a Germán y a mi esposo. Yo le dije, ¿Sabe qué? Yo me voy para la casa. Yo me fui para la casa, los dejé, sinceramente uno no iba a sospechar nada de ellos, no, yo me fui para la casa, me fui a la casa, me serví un tinto, bueno, me dice Ángela [se refiere a Angela María Botero55], ay doña Elena, ¿Usted por qué viene cómo?, ay no, me hicieron ofuscar Beatriz Elena y Carlos Alberto, entonces me devolví, pero después pensé, yo soy todavía más tonta, me tratan de ladrona y a mi esposo y yo lo dejo con ellos, me devolví otra vez por mi esposo. Habían pasado por ahí más o menos unos 15 minutos, porque yo con ellos me quedé por ahí 15 minutos, me fui a la casa y por ahí más o menos a los 15 minutos, dije yo voy a ir por mi esposo. Cuando fui ya ellos iban con él, con él para la casa. Preguntado: ¿Sabe qué pasó en ese transcurso de esos 15 minutos? Contestó: En esos 15 minutos, Carlos Alberto, cuando yo los dejé solos, Carlos Alberto le dijo a mi esposo, ay, don Germán, ¿usted es capaz de firmar? Vea, a ver, ensáyeme su firma aquí en este papelito, me cuenta mi esposo. Cuando yo me fui para la casa, que me ofuscaron, Carlos Alberto le dijo que le firmara, que le ensayara, que le ensayara la firma en unos papelitos y que les ensayó la firma. Con esa firma le hicieron las escrituras, la 4955”56.

Precisamente, en la declaración previa rendida el 12 de marzo de 2009 por Germán Alonso Escobar Posada, narró lo siguiente (se transcribe):

“PREGUNTA: Cuéntele al despacho en forma clara todo lo relacionado con los hechos denunciados por su hija GLORIA BENILDA el pasado 14 de agosto de 2.008, hechos en los cuales puso en conocimiento de la FISCALÍA la venta del inmueble ubicado en la calle 64B NRO. 43-41 barrio La Esmeralda en Itagüí. RESPONDE Si, le dije a mi hija GLORIA que denunciara los hechos. Yo no he vendido la casa y tampoco he pensado vender la casa a CARLOS ALBERTO VELENZUELA CHARRY y mi hija BEATRIZ ELENA ESCOBAR RESTREPO. Eso es falso porque yo no he vendido la casa, eso fue el año pasado, ellos me llevaron tanto BEATRIZ como CARLOS ALBERTO a una tiendita que hay cerca de la casa y allí me dijeron que ensayara la firma mía, me hicieron hacer varias firmas, documento que no alcancé a leer por la ceguera que tengo, no veo bien, tengo orden de cirugía para operarme de cataratas desde el dos mil tres, pero como soy una persona diabético, hipertenso y con insuficiencia cardiaca no me han podido controlar para la cirugía”57.

Esas precarias condiciones de salud eran conocidas por familiares y amigos de Germán Escobar Posada, incluidos Carlos Alberto Valenzuela Charry y Beatriz Elena Escobar Restrepo, como esta última lo reconoció tímidamente en la sesión de juicio oral de 27 de noviembre de 201258.

De todas maneras, su limitación visual era severa y progresiva, como lo informó la médico perito, Beatriz Bedoya Toro, profesional que, a partir de la historia clínica de Escobar Posada y del concepto de apoyo emitido por un oftalmólogo, explicó en la sesión de 14 de noviembre de 2012 que, «el paciente ya tenía una ceguera total por ese ojo, se considera ciego por el ojo derecho y por el otro ojo tenía una pérdida de, dice acá, agudeza visual de 20 sobre 64, una pérdida muy significativa, miren, más del 50% de la agudeza visual por el otro ojo, paciente que prácticamente en cuatro años pudo haber evolucionado mucho más, pues no mejorar, porque nunca fue intervenido quirúrgicamente, parece que tenía unas cataratas, además era un paciente diabético, paciente que posiblemente ya al momento final de su vida estaba casi que invidente»59.

Así las cosas, diversos elementos de juicio muestran a los procesados vinculados estrechamente con las actuaciones que permitieron la defraudación patrimonial, como el nuevo oficio que se expidió para el levantamiento del gravamen hipotecario; la copia antigua que se le había entregado años atrás a la hija del ahora vendedor; los documentos que llevaban Escobar Restrepo y Valenzuela Charry a la cafetería, en un momento cercano a la suscripción de la E.P 4.955, para supuestamente proteger el patrimonio de sus padres y suegros, respectivamente, así como los supuestos ensayos de la firma de Germán Escobar Posada, que a éste lo convencieron de hacer, en papeles que resultaba imposible que pudiera leer o identificar, debido a la pérdida casi completa de visión.

Además, por el tiempo que transcurrió la reunión en la cafetería, las escasas visitas que los procesados le hicieron a Escobar Posada para ese período, así como los graves padecimientos de salud que afrontaba este último y que impedían su libre movilidad, se descarta completamente que el entonces vendedor se hubiera desplazado a la Notaría 12 de Medellín o que su rúbrica hubiera sido recogida en su domicilio, como ocurrió en el caso de la E.P 2.477 de 2008, en la que sí se dejó expresa constancia de esa situación.

Si se observa la E.P 4.955 de 2008, la firma de Germán Escobar Posada es tenue y poco visible, y su huella es una mancha en la que aparecen algunos relieves papilares en sus extremos, a partir de la cual es imposible hacer algún ejercicio de cotejo e identificación. Precisamente, en la audiencia de formulación de imputación la Fiscalía señaló que, «debido a la deficiente calidad técnica de la toma que ocasiona falta de nitidez y continuidad en la trayectoria de las crestas epidérmicas, hace imposible la determinación y ubicación de puntos característicos tanto en su morfología como en su cantidad»60.

El protocolista de la Notaría 12 de Medellín, Jaime Alberto Gómez Mesa, no obstante reconocer el importante número de personas que se pueden atender en una semana o en un mes y el tiempo que había transcurrido desde la suscripción de esa escritura pública, resaltó las diferencias visibles entre la huella de Germán Escobar Posada y las de los compradores, para sostener que, casualmente con la primera «la almohadilla [estaba] demasiado nueva y seguramente apoyó demasiado fuerte el dedo, entonces queda la mancha de tinta»61, pero que el huellero habría sido cambiado cuando se realizó el mismo procedimiento con los compradores.

Es decir, a pesar de sus considerables años de experiencia, de las instrucciones impartidas por el notario para ese propósito y de la oscuridad que a simple vista revelaba esa seña, el protocolista no procedió a repetir la huella del vendedor, dado que, como en su criterio esa situación no afectaba la legalidad de la escritura pública, resultaba innecesaria.

Con la misma lógica, si bien no se trataba de ningún caso novedoso o particular y que el mismo testigo omitió responder muchas preguntas debido al paso del tiempo, el entonces protocolista si recordó que Germán Escobar Posada asistió a la notaría en silla de ruedas y que el supuesto compareciente verificó directamente el contenido de la misma escritura.

No obstante, esa afirmación es contraevidente con las pruebas restantes, dado que, temporal y físicamente resultaba imposible que aquella persona estuviera en condiciones de desplazarse hasta ese lugar, en la fecha indicada. Incluso, su cuidadora y familiares indicaron que ya no usaba gafas, debido a que no le prestaban ninguna utilidad por su avanzada pérdida de visión, y que tampoco se encontraba en condiciones de leer ningún documento, como también lo advirtió la asistente de la Fiscalía que recibió su entrevista.

Por tanto, la firma del aludido instrumento público transcurrió en un contexto sospechoso e irregular, sin que exista en el expediente alguna hipótesis defensiva que sugiera que la firma de ese instrumento obedeció a la repartición anticipada de la herencia de Germán Escobar Posada. Por el contrario, los hechos objetivos permiten inferir la intervención activa y consciente de los sentenciados en esa empresa criminal, en tanto lograron los documentos y actos necesarios para su protocolización de manera subrepticia, lo que constituye un indicio grave de su responsabilidad en el comportamiento objeto de acusación.

d. Utilización del reglamento de propiedad horizontal que había obtenido Diego Mejía, así como los pagos realizados previamente por esta misma persona y Gloria Escobar, para sanear fiscalmente el inmueble

Conectado con lo anterior, al contrastar el texto de las Escrituras públicas No. 2.477 y 4.955 se advierten notorias similitudes, en particular, con la constitución del reglamento de propiedad horizontal, que es una copia de aquel solicitado y sufragado por Diego Mejía como parte de una asesoría urbanística contratada para la actualización de los planos del Edificio Escobar Posada.

Adicionalmente, en la E.P 4.955 de 2008 también se acompañó la Resolución No. 0510 del 12 de junio de 2008 proferida por la Curaduría Urbana 1ª de Itagüí, mediante la cual se reconocía «la modificación y ampliación de una construcción existente en tercero y cuarto piso al señor Diego Alonso Mejía Gutiérrez (…) en calidad de apoderado del señor Germán Alonso Escobar Posada (…) propietario del predio ubicado en la Calle 64B No. 43-41/45 (…)62».

Es decir, Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry emplearon habilidosamente los mismos documentos que, después de los respectivos trámites legales y erogaciones, obtuvieron Gloria Escobar, Diego Mejía y Germán Escobar para el otorgamiento de la licencia de construcción. De hecho, la pareja Mejía Escobar asumió el pago de los períodos de impuesto predial y valorización causados durante varios años atrás, lo que también fue aprovechado por los procesados, dado que cancelaron los tributos correspondientes al exiguo lapso causado desde la primera escritura pública.

Al respecto, el entonces notario 12 del círculo de Medellín, Jorge Iván Carvajal Sepúlveda, quien intentó defender la legalidad de la E.P 4.955 de 2008, advirtió que, «los interesados presentaron minuta y lo que hizo el trabajador de la notaría fue suscribir el texto de la minuta (…) La minuta comprende el reglamento de propiedad horizontal (…) Las partes presentaron este documento y lo que le quedaba al funcionario era revisar la correspondencia entre el reglamento y el acto administrativo que dio licencia a la división material o unidad inmobiliaria y que los paz y salvos que exige la ley fueran anexados, como en efecto se hizo por las anotaciones que veo en la parte final e igualmente hay una relación en las últimas hojas de cuáles fueron los derechos notariales y los impuestos a cargo del Estado que se pagaron, ya que están aparte”.

Todas las circunstancias aquí narradas no fueron supuestas, controvertidas con otro medio demostrativo presentado por la defensa o probadas con elementos de juicio tergiversados en su contenido. Además, las inferencias lógicas construidas a partir de las anteriores premisas se ajustan a los principios de la sana crítica. Precisamente, en relación con este este último punto, es posible constatar la concordancia y convergencia de los diferentes indicios, debido a que se enfilan hacia la misma conclusión y se articulan adecuadamente entre sí, es decir, que la intervención de Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry fue activa, consciente y determinante en la materialización de la defraudación patrimonial objeto de acusación.

Por tanto, la Sala concluye que se encuentra acreditada la participación de los procesados en la conducta punible imputada, como quiera que se reúnen de forma íntegra y suficiente los elementos estructurales del delito de estafa agravada, así:

i. Los procesados emplearon un mecanismo engañoso idóneo, dado que, en un entorno de confianza y familiaridad, aprovecharon que Germán Escobar Posada se encontraba solo y lo desafiaron para que estampara su firma en lo que parecía ser un documento en blanco, pero que, por la fecha y forma como aparecía su rúbrica en la E.P 4.955, dichos grafismos fueron utilizados para suscribir ese instrumento público, con el que se transfirieron varios bienes a favor de los compradores y, luego, aquí procesados.

Sin duda alguna, el vendedor actuó confiado en la aparente veracidad de las manifestaciones de su hija y yerno, en el sentido de que solo estaba probando su capacidad para realizar su firma.

Además, la Sala no advierte ningún error o violación en la actuación por el hecho de que el Tribunal hubiera apreciado ese suceso, consistente en las anomalías detectadas en la imposición de la firma y huella del entonces vendedor, así como la prueba mediante la cual se dio por demostrado en debida forma, para estructurar típicamente el delito de estafa, así no se hubiera imputado la respectiva falsedad documental.

Como se observó en su momento por la Fiscalía, las condiciones en que se plasmaron esos signos impidieron realizar el respectivo estudio técnico, lo que al parecer motivó la ausencia de imputación por ese comportamiento, sin embargo, ello no anula la posibilidad de que los hechos debidamente probados con ocasión de la suscripción del referido instrumento público puedan ser considerados para la demostración de otra conducta punible.

Por ejemplo, cuando se falsifica un documento para inducir en error al registrador de instrumentos públicos, puede prescribir la falsedad y quedará en la impunidad esa infracción, pero el hecho no desaparece y puede demostrarse para efecto de establecer la inducción en error del fraude procesal. En el mismo sentido, la ausencia de un fallo de condena por la falsedad documental, no hace que el hecho desaparezca de la realidad histórica y que no pueda considerarse, si es debidamente demostrado, como sustento para la configuración de otro delito, como ocurre en este caso.

ii. La naturaleza aparentemente informal del papel en el que Germán Escobar estaba firmando, generó un error relevante y decisivo en su actuación, al considerar que era solo un ejercicio intrascendente, más no un negocio jurídico susceptible de generar significativas consecuencias patrimoniales.

iii. Como resultado de ese error, Germán Escobar autorizó la transferencia de varios bienes a favor de Beatriz Escobar Restrepo y Carlos Valenzuela Charry , a pesar de que estos no tenían ningún derecho sobre ellos, debido a su reiterado incumplimiento de todas las obligaciones dinerarias previas que habían adquirido. Además, tampoco hacía parte de una estrategia del vendedor para proteger su patrimonio -por el contrario, el riesgo provenía de los propios compradores- o de una repartición previa de los activos que podrían conformar una futura masa sucesoral.

iv. Las maniobras engañosas aquí acreditadas generaron la obtención de beneficios económicos para los procesados, toda vez que, sin ninguna contraprestación por esa compraventa e, incluso, con los exiguos montos cancelados para el pago del crédito hipotecario, obtuvieron el traspaso de 3 inmuebles de un valor notable para el 2008.

v. La relación causal entre las maniobras engañosas y el desplazamiento patrimonial se encuentra debidamente establecida, como quiera que esa distorsión de la realidad fue la condición necesaria para inducir en error al entonces propietario legítimo y hacer posible el detrimento patrimonial.

vi. La cuantía de la afectación supera los 100 S.M.L.M.V para la época de los hechos -equivalente a más de doscientos millones de pesos-, lo que permite la configuración de la agravante prevista por el artículo 247, numeral 1º, del C.P.

En consecuencia, la valoración de los medios de prueba permiten concluir, conforme al estándar requerido, la materialidad de la conducta investigada, así como la responsabilidad penal de Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry por el delito de estafa agravada, razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada.

3. Medidas de restablecimiento del derecho

En desarrollo de las prerrogativas constitucionales y legales, la víctima puede solicitar, con fundamento en el artículo 101 de la normativa procesal penal, la suspensión del poder dispositivo sobre los bienes sujetos a registro, cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.

Asimismo, como principio rector del proceso penal, el funcionario judicial se encuentra en la obligación de adoptar, cuando sea procedente, las medidas de restablecimiento del derecho que sean necesarias y procedentes, «para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior (…) independientemente de la responsabilidad penal».

Lo anterior, por tratarse de una garantía en favor de la víctima, de «orden intemporal» (CC C–060–2008), que «dimana directamente de la Constitución Política y de la cual no puede sustraerse el juez» (Cfr. CSJ SP, 31 jul. 2009, Rad. 30983; STP 31 may. 2012, Rad. 59485; SP, 21 nov. 2012, Rad. 39858; AP, 28 nov. 2012, Rad. 40246; AP, 11 dic. 2013, Rad. 42737; AP5402–2014, Rad. 43716; SP, 3 jun. 2020, rad. 54131; CSJ AP 2332-2021, Rad. 55598; AP1517-2024, Rad. 56316, entre otras).

En el mismo sentido, de manera reiterada, esta Corporación, al igual que la Corte Constitucional, han sostenido que el delito no puede ser fuente válida de derechos, por lo que las autoridades deben adoptar las medidas que se consideren eficaces y apropiadas para el restablecimiento de los derechos afectados con el delito y la reparación al interior del proceso penal, con el fin de desvirtuar los derechos que se arrogaron de manera contraria al ordenamiento jurídico (CSJ AP2332, 9 jun. 2021, rad. 55598).

Por tanto, en consideración del contexto ilícito en que se desarrolló la negociación civil, resulta imposible mantener una relación jurídica que provino de una conducta punible, con todas las consecuencias que ello acarrea. Las discusiones en torno de los perjuicios reclamados por la aludida promesa de compraventa o por los cánones de arrendamiento que allí se pactaron constituye una discusión ajena a este asunto, que ni siquiera resulta relevante frente al preciso comportamiento que fue objeto de imputación y acusación en este caso.

En consecuencia, también se confirmará la orden dictada por el Tribunal, consistente en la cancelación de la Escritura Pública No. 4.955 de 2008, su inscripción ante la respectiva oficina de instrumentos públicos, así como de cualquier registro posterior que involucrara a terceros.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de nulidad de la actuación presentadas por la defensa.

SEGUNDO: CONFIRMAR integralmente la sentencia proferida el 26 de febrero de 2015 por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de decisión penal, que condenó por primera vez a Beatriz Elena Escobar Restrepo y Carlos Alberto Valenzuela Charry, como coautores del delito de estafa agravada.

TERCERO: ADVERTIR que, no procede recurso alguno en contra de esta decisión.

Notifíquese y cúmplase.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Efectivamente se avanzó con la construcción de esos inmuebles, correspondiéndole a Gloria Benilda el apartamento No. 201 y a Beatriz Elena Escobar Restrepo el No. 202. Además, en el año 2002, se construyeron otros dos apartamentos dúplex, localizados en el tercer y cuarto piso de la misma edificación, correspondientes a los apartamentos No. 301 y 302.

2 Para tal efecto, se suscribió un pagaré por $33.696.840 por parte de Germán Escobar Posada y sus hijas, que correspondía al valor del crédito.

3 Ante el inminente remate del inmueble y la necesidad de saldar completamente la obligación, Gloria Escobar consignó $671.550 a favor de Colmena y, de igual forma, Diego Mejía pagó, en varias transacciones, la suma de $60.500.000, provenientes de la venta de otro inmueble y de un crédito que solicitó para ese propósito. Para asegurar la devolución proporcional de esos recursos, el 18 de noviembre de 2004 se suscribió un contrato de promesa de compraventa entre Germán Alonso Escobar Posada y Beatriz Elena Escobar Restrepo, como promitentes vendedores, y Diego Alonso Mejía Gutiérrez, como promitente comprador, sobre el apartamento No. 202, aún sin desenglobar. En ese negocio se pactó que el bien se entregaría el 28 de febrero de 2006 o, de lo contrario, debía pagarse la suma de $35.000.000. Además, se convino el pago de la suma de $410.000 mensuales, por concepto de arrendamiento.

4 Acta de la audiencia de formulación de imputación. Folio 22. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

5 Escrito de acusación. Folios 96 al 107. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

6 Acta de la audiencia de formulación de acusación. Folios 135 y 136. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

7 Acta de la audiencia de segunda instancia. Folio 143. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

8 Acta de la continuación de la audiencia de acusación. Folios 171 y 172. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

9 Folios 175. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

10 Acta de la audiencia preparatoria. Folios 204 a 206. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

11 Acta de lectura de auto. Folio 212. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

12 Actas de las sesiones del juicio oral. Folios 239 a 241, 245 a 247, 248, 274, 275, 278 a 280, 292 y 293. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

13 Acta de la audiencia. Folio 307. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

14 Acta de la audiencia de lectura de decisión. Folio 315. Cuaderno de primera instancia No. 1. Expediente digital.

15 Actas de las sesiones del juicio oral. Folios 456, 457, 463, 464, 485 y 486. Cuaderno de primera instancia No. 2. Expediente digital.

16 Acta de la audiencia. Folio 550. Cuaderno de primera instancia No. 2. Expediente digital.

17 Acta de la audiencia. Folio 558. Cuaderno de primera instancia No. 2. Expediente digital.

18 Sentencia de primera instancia. Folios 570 a 591. Cuaderno de primera instancia No. 3. Expediente digital.

19 Folios 843 y 844. Cuaderno de casación. Expediente digital.

20 Sentencia de segunda instancia. Folios 618 a 651 . Cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.

21 Folio 663. Cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.

22 Folios 788 a 799. Cuaderno de casación. Expediente digital.

23 Folios 110 a 119. Cuaderno de primera instancia No. 4. Expediente digital.

24 Folio 184. Cuaderno de primera instancia No. 4. Expediente digital.

25 Sentencia de segunda instancia. Folios 201 al 228. Cuaderno de segunda instancia. Es importante indicar que, en relación con la pena de multa, en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia se tasó en 110 S.M.L.M.V, al alejarse de la proporción mínima, que partía de 99.9 S.M.L.M.V. Sin embargo, en la resolutiva se aludió, de manera errada, a 90 S.M.L.M.V.

26 Folios 137 a 144. Cuaderno de primera instancia No. 4.

27 Folios 145 a 151. Cuaderno de primera instancia No. 4.

28 Folios 153 a 170. Cuaderno de primera instancia No. 4.

29 Escritos de sustentación. Folios 176, 177, 179, 181 y 182. Cuaderno de primera instancia No. 4.

30 Nota original a pie de página. Cfr. CSJ SP, 2 sep. 2008, Rad. 22076.

31 Audiencia de formulación de imputación. Récord 00:21:20. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050014088040CSJdownloa_13_20100630_171300_V.wma. Expediente electrónico.

32 Récord 00:23:16. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050014088040CSJdownloa_13_20100630_171300_V.wma. Expediente electrónico.

33 Récord 00:54:40. Archivo digital 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_44_20101118_084900_V.wma. Expediente electrónico.

34 Según el avalúo, el apartamento No. 101 tenía un valor de $92.384.000; el apartamento No. 202 de $43.283.000 y el apartamento no. 301 de $92.690.000.

35 A partir del récord 00:09:40. Sesión de juicio oral de 13 de noviembre de 2012. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_73_20121113_090500_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

36 A partir del récord 00:11:50. Sesión de juicio oral de 13 de noviembre de 2012. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_73_20121113_090500_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

37 Cuaderno de primera instancia No. 2. Folios 386 a 388.

38 Con ocasión de la refinanciación de esta obligación se suscribió el 30 de mayo de 1999 el pagaré No. 264173, por la suma de $2.464.984.

39 A partir del récord 00:20:39. Sesión de juicio oral de 13 de noviembre de 2012. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_73_20121113_090500_V.wma. Expediente digital.

40 A partir del récord 00:11:22. Sesión de juicio oral de 13 de noviembre de 2012. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_59_20121113_143200_V.wma. Expediente digital.

41 Como objeto del contrato se indicó en la cláusula primera lo siguiente: “El(1os) promitente(s) vendedor(es) se obliga(n) a transferir a título de compraventa al (los) promitente(s) comprador(es), y este(os) se obliga(n) a adquirir el derecho de dominio y la posesión material que el(los) primero(s) tiene(n) y ejerce(n) sobre el(los) siguiente(s) bien(es) inmueble(s): Apartamento número 202 – de la Calle 64 B número 43-45, que hace parte de un edificio de cuatro (4) plantas (las dos últimas con dos apartamentos unifamiliares – tercer y cuarto pisos), construido sobre un lote de terreno marcado con el número ocho (8) de la manzana G, situado en la urbanización ‘La Esmeralda’ del municipio de Itagüí, lote que tiene un área de 128.00 metros cuadrados (…)”. Además, en la cláusula tercera, como precio de venta y forma de pago se señaló: “El precio de la venta es la suma de treinta y cinco millones de pesos m.l. ($35’000.000.00), suma ésta que el promitente comprador se reserva para cancelar durante el presente mes un crédito hipotecario que pesa sobre el lote de terreno antes descrito, hipoteca que fue constituida por Germán Alonso Escobar Posada a favor de ‘Colmena’ mediante escritura pública numero dos mil doscientos noventa y siete (2.297) de cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1.998), otorgada en la Notaría Dieciocho de Medellín, debidamente registrada”. De todas maneras se pactó, como cláusula undécima, que “Los promitentes vendedores tendrán un plazo máximo hasta el día veintiocho (28) de febrero de dos mil seis (2.006) para cancelar o devolver al promitente comprador la suma de treinta y cinco millones de pesos m.l. ($35’000.000.00), equivalente al precio de venta pactado en el presente contrato. Si efectivamente cancelaren dicho valor a más tardar en esa fecha límite, las partes pactan el compromiso de resciliar este contrato de promesa de compraventa inmediatamente el promitente comprador haya recibido dicha suma de dinero”.

43 Sesión de juicio oral de 13 de noviembre de 2012. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_59_20121113_143200_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

44 Sesión de juicio oral de 13 de noviembre de 2012. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_74_20121113_145100_V.mp3. Sistema de grabación de audiencias.

45 Así lo informó Diego Mejía en su testimonio rendido dentro del juicio oral: “(Récord 00:25:31) Preguntado: ¿Señor Diego Alonso, puede usted indicar si efectivamente ese contrato de promesa de compraventa se hizo efectivo en la forma en que usted manifestó en la notaría, que usted manifestó en esta audiencia? Contestó: No, no se hizo efectivo, doctora. Preguntado: ¿A raíz de qué? Contestó: A raíz de que el día que se hacía efectivo, o sea a los tres meses después de que se suscribió ese contrato, Beatriz Elena Escobar llamó a mi esposa Gloria en las horas de, como a la una de la tarde, y dijo que no nos presentáramos porque ella ya estaba trabajando en el municipio, que estaba haciendo un crédito para pagarnos esa promesa de compraventa, entonces que ya estaba solicitando un crédito. Nosotros le creímos, como éramos familia, y no, nunca me pagó nada, ni me dio nada. Preguntado: ¿A la fecha, la señora Beatriz Elena y el señor Carlos Alberto le han cancelado el dinero o le entregaron el apartamento que usted hace alusión? Contestó: No doctora, ni lo uno, ni lo otro y solo me pagaron los cánones de arrendamiento 10 meses. Preguntado: ¿Con base en ese contrato de compraventa, llegó usted a realizar algún acto escriturario con el señor Germán Alonso Escobar? Contestó: Sí, el señor Germán Alonso Escobar, pues yo le dije que como Beatriz y Carlos Alberto eran tan irresponsables, no me querían pagar, sabiendo que yo las había sacado de la cosa hipotecaria, que iban a rematar todo el edificio, nunca me cumplieron, él me dijo que sí, que era justo que yo recuperara mi plata y que íbamos a hacer una escritura (…) (Récord 00:30:21) Preguntado: ¿Para la elaboración de esa escritura 2477, es decir, la que ustedes pretendían recobrar ese bien,

usted realizó algún trámite? Contestó: Sí, hice trámites en curaduría, saqué paz y salvos de predial porque estaba, tenía otro embargo ese inmueble por no pago de predial, hice planos nuevos porque estaban vencidos desde el 2000, hice todos los protocolos para hacer una escritura y yo lo pagué todo”. Cfr. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_74_20121113_145100_V.mp3.

Así lo explicó la perito, Margarita María Cortés Gómez en su testimonio practicado el 22 de noviembre de 2012: “(Récord 00:17:46) Preguntado: Teniendo en cuenta esos estudios y la experiencia suya para emitir este peritazgo, ¿Puede indicar qué valor tenía el apartamento 101 de la calle 64B No. 43-41? Contestó: Construidos, el total del avalúo, contando los construidos y sin construir, el total del avalúo fue de $92.384.000”. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_19_20121122_083500_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

En su testimonio rendido el 13 de noviembre de 2012, la testigo Gloria Benilda Escobar Restrepo manifestó: “(Récord 01:31:02) Preguntado: Señora Gloria, ¿usted llegó a enterarse si su señor padre recibió algún dinero por la venta de este inmueble? Contestó: Estoy segura, señora fiscal, que no recibió ningún dinero, porque dadas las condiciones que mi papá presentaba, él no tenía movilidad para decir que se podía desplazar solo, o sea que fue que mi papá salió y que nosotros no nos dimos cuenta, no, mi papá no tenía esa libre voluntad de desplazamiento, mi papá era una persona dependiente totalmente de nosotros, entonces él para decir que salió y que no se dieron, que uno no se dio cuenta que la plata se la entregaron, no, mi papá no, para haber salido y haberse encontrado que le hubieran entregado dinero, no. Y mi papá no manejaba cuenta, la única cuenta que él tenía era la cuenta de su pensión y en esa cuenta no se puede mover porque eso no es de ahorro, hay dinero que se consignó que se queda, es dinero que retiene la entidad pensionadora, a él no se le puede consignar ningún dinero”. Sesión de juicio oral de 13 de noviembre de 2012. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_73_20121113_090500_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

Récord 00:12:54. Sesión de juicio oral de 15 de marzo de 2011. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_55_20110315_085500_V.mp3. Sistema de grabación de audiencias.

En sesión del juicio oral de 13 de noviembre de 2012, la testigo manifestó lo siguiente: “(Récord: 01:19:49) Preguntado: ¿Le llegó usted a observar a su esposo alguna suma de dinero? Contestó: No, no, no, aparte de su paguito, de su pensioncita, no, no, no. Preguntado: ¿Usted le llegó a preguntar en cuanto había vendido los bienes, dónde estaba el dinero? Contestó: Claro que yo le llegué a preguntar y me dijo, nena, pero como yo iba a vender mi casa, es que antes yo le estoy reclamando, yo estoy reclamando que me devuelvan mi casa. No, es que yo nunca tuve intenciones ni de venderla y mucho menos regalarla y que a él tampoco le habían dado plata, que no. Preguntado: ¿Usted y su esposo en alguna oportunidad llegaron a determinar que les iban a dar a ellos sus inmuebles como herencia? Contestó: No, nunca. Preguntado: ¿Está segura de eso? Contestó: Seguro. Preguntado: ¿Usted sabe si su esposo tenía cuenta de ahorros? Contestó: No, no, no. Simplemente tenía su cuenta donde le consignaban la pensión”. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_60_20121113_154700_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

Cuaderno de primera instancia No. 2. Folios 424 a 428.

Cuaderno de primera instancia No. 2. Folio 394.

Cuaderno de primera instancia No. 2. Folio 392.

A partir del récord 01:09:42. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_60_20121113_154700_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

Esta persona, que ayudaba con el cuidado de Germán Escobar Posada para momento de los hechos, en su testimonio rendido en sesión del juicio oral de 14 de noviembre de 2012 señaló: “(Récord 00:08:05

¿Recuerda si en el mes de julio de 2008 Carlos Alberto y Beatriz llegaron a visitar a su padre? Contestó: Sí, fue como a mediados de julio. Preguntado: ¿Recuerda en qué, en qué forma llegaron ellos? ¿En qué tipo de transporte recuerda? Contestó: En un carro que ellos tenían, un carro particular (…) Preguntado: ¿Quiénes fueron concretamente a esa visita? Contestó: Beatriz, Carlos Alberto y el hijo mayor de Beatriz, John Alejandro. Preguntado: ¿Sabe usted hacia dónde se dirigieron? Contestó: A una panadería que quedaba en la esquina, a la mitad de la cuadra de la casa de Envigado. Preguntado: ¿Sabe usted o recuerda en qué medio transportaron a don Germán allá esa panadería? Contestó: Sí, don Germán en la silla de ruedas y ellos caminando. Preguntado: ¿Recuerda usted si alguna persona distinta a las que usted mencionó acompañó a don Germán? Contestó: Doña Nena. Preguntado: ¿Quién es doña Nena? Contestó: Doña Elena, la esposa de don Germán. Preguntado: ¿Usted recuerda cómo estaba vestido ese día el señor Germán Alonso? Contestó: Sí, estaba de pijama. Preguntado Usted mencionó usted un vehículo, ¿Sabe dónde quedó ese vehículo el momento de esa visita? Contestó: En la puerta de la casa, cuadrado afuera la casa. Preguntado: ¿Usted recuerda si ese día el señor Germán Alonso portaba su cédula de ciudadanía? Contestó: Si, yo recuerdo que no la portaba porque inclusive yo fui la que lo bañé, lo vestí y él no llevaba la cédula. ¿Y para que iba a llevar la cédula? bueno, era tomar un café. Preguntado: ¿A usted por qué le consta todo esto que está manifestando? Contestó: Porque yo estaba presente en la casa cuando llegaron ellos por Don Germán. Preguntado: ¿Usted recuerda cuánto pudo haber durado esa esa salida con don Germán? Contestó: Por ahí 15 minutos, 15 o 20 minutos (…) (Récord 00:12:22) Preguntado: ¿Le conoció usted algún bien inmueble, una vivienda en el municipio de Itagüí en vida del señor Germán Alonso? ¿Sabe si el señor Germán Alonso realizó alguna negociación con ese inmueble? Contestó: Él nunca, nunca negoció. Toda la vida supe que era de él. Él nunca vendió su casa, nunca la regaló, nunca. No, toda la vida supe que era de él. Preguntado: La pregunta es si usted tuvo conocimiento que le haya hecho alguna negociación con Beatriz y Carlos sobre esa vivienda. Contestó: Yo supe que ellos le hicieron firmar unos papeles a don Germán y después les reclamaron a ellos. Y yo le preguntaba a don Germán, don Germán, es verdad que usted vendió la casa a Beatriz y Carlos Alberto, me decía no, pues cómo, nunca, ¿cómo voy a dejar yo a la nena desamparada?”. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_61_20121114_083800_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_60_20121113_154700_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

Cuaderno de primera instancia No. 2. Folios 451 y 452.

Frente a las preguntas formuladas por la Fiscalía, Beatriz Escobar Restrepo indicó lo siguiente: “(Récord 00:16:32) Preguntado: Manifestó usted igualmente que su padre tenía unas enfermedades de incontinencia urinaria y diabetes, aparte de esas enfermedades, ¿Usted se percató de otras que sufriera su Señor Padre? Contestó: Él también sufría hipertensión arterial y tenía un problema de cataratas (…) Preguntado: Usted puede indicar, aparte de esas enfermedades, ¿Se percató usted que su señor padre tuviera alguna relacionada con la visión? Contestó: Mi papá en alguna época sí tuvo dificultades para ver, para leer documentos, de pronto para ver la televisión, para leer la prensa”. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_24_20121127_140500_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

A partir del récord 01:36:23. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_61_20121114_083800_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

A partir del récord 01:27:37. Archivo de audio 05001600020320080309802_L050014088040CSJdownloa_13_20100630_171300_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

A partir del récord 00:17:03. Sesión de juicio oral de 27 de noviembre de 2012. 05001600020320080309802_L050013109025CSJdownloa_23_20121127_100000_V.wma. Sistema de grabación de audiencias.

Cuaderno de primera instancia No. 2. Folio 419.

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CP063-2026(69336)

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CUI 11001020400020250135400

Número interno 69336

Extradición

Jeffersson Alexander Muriel Caicedo

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente

CP063-2026

Radicación n°. 69336

Acta n°. 073

I. ASUNTO

1. La Corte Suprema de Justicia emite concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, presentada por el Gobierno del Reino de España.

II. ANTECEDENTES

2. Mediante Nota Verbal No. 180/2025 del 23 de abril de 2025, el Reino de España por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía n°. 1.125.278.663, requerido por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Navarra (España), con fundamento en el Procedimiento Sumario Ordinario 458/2023, por los delitos de “pertenencia a organización delictiva y asesinato en grado de tentativa”.

3. En virtud de dicha documentación y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, mediante Resolución del 24 de abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, quien fue retenido el 15 de abril de 2025, en la calle 10 n°. 4 -30, vía pública, barrio Los Fundadores de Calima El Darién, Valle del Cauca, por miembros del Grupo de Investigaciones Internacionales OCN INTERPOL de la Policía Nacional, con fundamento en notificación roja de INTERPOL con número de control A-4225/3-2025, publicada el 27 marzo de 2025, por solicitud del Reino de España.

4. A través de Nota Verbal No. 216/2025 del 21 de mayo de 2025, la representación diplomática del Estado solicitante formalizó la petición de extradición y allegó la documentación legalizada.

5. Protocolizada la solicitud de entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del oficio S-DIAJI-25-017197 del 23 de marzo de 2025, conceptuó:

«Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

“Convención de Extradición de Reos”, suscrita en Bogotá D.C., el 23 de julio de 1892.

“Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España”, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999.”»

6. Esa cartera remitió el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida formalización de la solicitud, lo envió el 10 de junio de 2025, a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo, por lo que, en auto del 11 del mismo mes y año, esta Corporación requirió a JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO para que designara defensor. Además, en dicho proveído se ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para solicitar pruebas. En el mismo sentido, se notificó a la Procuraduría General de la Nación.

7. El 18 de junio de 2025, JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO designó abogado de confianza para representarlo dentro del presente trámite de extradición.

8. Dentro del término concedido, el representante del Ministerio Público solicitó que se oficiara a la Fiscalía General de la Nación para que comunique si contra el requerido cursan o han cursado procesos penales y en caso positivo se indiquen los hechos, fecha de ocurrencia, delito y estado actual, debido a que dicha información se requiere para la emisión del concepto que dicta esta Corte, al momento de analizar si se lesiona o no el principio del non bis in ídem.

9. Por su parte, la defensa de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO no presentó solicitudes probatorias.

11. Por lo anterior, en la misma fecha, se ordenó requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (DIJIN), para que dentro del plazo de diez (10) días, informaran si en contra de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO existían investigaciones, acusaciones o sentencias.

12. En respuesta a los requerimientos, la Policía Nacional mediante oficio No. 20250382622/DIJIN -ARAIC – GRUCI 20.1, del 11 de agosto de 2025, informó que a nombre de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO figura la orden de detención con fines de extradición por este asunto y el proceso con radicado 7611160001652024000941, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, actuación dentro de la cual registró que el 31 de agosto de 2024, se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia.

13. Por su parte, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remitió el informe rendido por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, en el que indicó que, una vez consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUF, figura el siguiente registro de vinculación a procesos penales en calidad de indiciado y/o sindicado a nombre de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO:

Radicado No. 7611160001652024000941, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, donde el requerido tiene la condición de acusado, el cual se encuentra activo, en etapa de juicio.

14. Culminada la etapa probatoria, el 25 de agosto de 2025, se corrió traslado a los intervinientes para que presentaran sus alegaciones.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Del Ministerio Público

15. El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, luego de relacionar la actuación procesal, consideró cumplidas las condiciones para emitir concepto favorable, toda vez que se allegó la documentación exigida por la normativa procesal penal; la persona aprehendida por cuenta del trámite fue identificada plenamente; en su criterio las conductas por las que es pedido JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO se adecúan en nuestro país a los delitos de «concierto para delinquir y tentativa de homicidio con circunstancia de agravación», existe equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y se detallaron con suficiencia los actos que motivaron la solicitud.

16. Por lo tanto, solicitó a esta Corporación que emita concepto favorable a la petición de extradición elevada por el gobierno del Reino de España, siempre que se condicione su procedencia al cumplimiento de los condicionamientos sobre la protección de los derechos humanos del pretendido y lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de nuestra Constitución Política.

17. Durante el término concedido la defensa del requerido no presentó alegatos.

IV. CONSIDERACIONES

18. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en relación con el trámite de extradición, la Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el cual los tratados públicos se aplican de forma «principal y preferencial» y la ley rige de manera «subsidiaria o supletoria».

19. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está por tanto en el deber de verificar, en primer orden, el cumplimiento de lo previsto en la Constitución Política para enseguida realizar un análisis formal del pedido de extradición. No podrá por tanto emitir concepto favorable si constata que la solicitud puesta a su consideración desconoce la normativa superior.

20. Este entendimiento se basa en el mandato constitucional y el hecho de ser esta Corporación órgano límite de la jurisdicción ordinaria, que le impone la salvaguarda de los derechos y garantías fundamentales de todas las personas, de conformidad con los artículos 1º, 2º, 4º y 230 ibidem, sobre los fines esenciales del Estado social de derecho, la supremacía de la Constitución Política frente a cualquier otra norma jurídica y la autonomía de la función judicial.

Verificación de requisitos

21. Para emitir concepto sobre la extradición del ciudadano colombiano JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, la Sala debe examinar, en primer término: (i) la inexistencia de los impedimentos constitucionales previstos en el artículo 35 Superior; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y; (iii) la garantía de no extradición para exintegrantes de las FARC-EP. Luego, constatará que concurran los requisitos previstos en los tratados públicos aplicables.

Requisitos constitucionales

Impedimentos previstos en el artículo 35 de la Constitución Política

22. El artículo 35 de la Carta Política1 establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997.

23. En el presente evento, las conductas por las cuales es solicitado en extradición JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO configuran delitos comunes, pues este fue requerido por los punibles de “pertenencia a organización delictiva y asesinato en grado de tentativa”, lo que permite descartar su carácter político.

24. Además, de acuerdo con los documentos allegados por el Gobierno requirente, los hechos objeto de juzgamiento tuvieron lugar «el día 19 de julio, antes de las 14:00 horas, quedaron para ir juntos en el vehículo de éste último a Zaragoza, a la reunión concertada en dicho lugar, a la que asistió, entre otros, el acusado JEFFERSON MURIEL CAICEDO junto a otras personas no identificadas.»2. En ese orden, se tiene por satisfecho el principio de territorialidad de la ley penal. Sobre el particular dijo la Sala en el concepto CSJ CP137 – 2015, que:

(…) la conducta puede tener lugar en diversos lugares, de manera total o parcial y de tiempo atrás esta Corporación ha venido sosteniendo que el presupuesto del artículo 35 de la Constitución Nacional se agota cuando los hechos han ocurrido, así sea parcialmente en el exterior, ya que debe efectuarse una interpretación sistemática con el principio de territorialidad y la excepción de extraterritorialidad de la ley penal (artículo 15 y 16 del Código Penal), por funcionar ésta en doble sentido, es decir, que si bien legitima a las autoridades colombianas para aplicar el ordenamiento jurídico interno a hechos o situaciones ocurridas parcialmente en otro Estado, también permite a las autoridades extranjeras la persecución por los delitos ejecutados parcialmente en nuestro territorio. (Énfasis propio)

25. También se observa en el expediente que el comportamiento ocurrió los días 17, 18 y 23 de julio de 2021, de manera que los hechos que motivaron el pedido son evidentemente posteriores al 17 de diciembre de 1997.

26. Por lo expuesto, no se evidencia algún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, que, frente al requerido y en su condición de ciudadano colombiano, imponga la improcedencia de la extradición.

Prohibición de doble juzgamiento

27. La jurisprudencia de la Sala ha señalado de manera pacífica que para conceder la entrega de la persona requerida es necesario verificar que la República de Colombia no haya ejercido su jurisdicción por el mismo hecho que fundamenta el pedido internacional. En ese sentido, el principio de la cosa juzgada -o Non bis in ídem- como manifestación de la garantía constitucional del debido proceso es causal de improcedencia de la extradición3.

28. En el presente caso no se advierte motivo que impida conceptuar favorablemente a la solicitud, pues si bien es cierto la Dirección de Asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Consulta de Información en Bases de Datos de la DIJIN reportaron que en contra del requerido aparece un proceso que se encuentra en etapa de juicio, el delito referido (fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones) no guarda relación con los punibles por los cuales es solicitado en extradición. En ese sentido, es claro que la garantía constitucional que le asiste al reclamado no se ve afectada.

Garantía de no extradición

29. Por otro lado, tampoco se observa -ni así lo advirtieron los intervinientes- que los hechos materia de extradición sean objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no guardan relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto armado interno.

30. De ahí que no sea aplicable al caso la garantía constitucional de no extradición implementada en la Carta Política a partir del artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 para los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP, pues en el expediente no obra indicio alguno de que JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO haya pertenecido a dicho grupo armado.

Requisitos convencionales

31. El trámite de extradición entre la República de Colombia y el Reino de España se rige por las disposiciones contenidas en la «Convención de Extradición de Reos» suscrita en Bogotá D.C. el 23 de julio de 1892 y el «Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España» adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999.

32. En ese orden, la Sala debe verificar los requisitos contenidos en los referidos instrumentos internacionales; esto es: (i) el conducto diplomático y la validez formal de la documentación presentada; (ii) la demostración de la plena identidad del solicitado; (iii) la doble incriminación de la conducta; (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, por último; (v) que no concurre ninguna de las circunstancias convencionales que pueden frustrar la entrega.

Conducto diplomático y validez formal de la documentación

33. El artículo 8° de la Convención de Extradición de Reos establece que la solicitud deberá hacerse por la vía diplomática, acompañada de los siguientes documentos: (i) copia autorizada de la sentencia si la persona requerida se encuentra condenada; (ii) copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición que les sea aplicable, si se trata de un individuo acusado o perseguido y; (iii) las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible para facilitar su búsqueda y arresto.

34. A su vez, el artículo 2° del Protocolo Modificatorio del 16 de marzo de 1999 establece que «los documentos presentados con las solicitudes de extradición que por vía diplomática se tramiten, en virtud de la Convención de Extradición suscrita entre los dos países, estarán exentos del requisito de legalización», lo cual permite a los Estados parte agilizar el trámite de extradición.

(i) Auto del 22 de abril de 2025, por medio del cual la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra (España), propuso al Gobierno del Reino de España solicitar la extradición del ciudadano colombiano. Esta incluye una relación de los hechos, la calificación jurídica de los mismos, la penalidad solicitada por el Ministerio Fiscal, la normatividad que se reputa infringida y la aplicable.

(i) Notificación Roja de la INTERPOL, A-4225/3-2025, publicada el 27 de marzo de 2025, por solicitud del Gobierno español, en la que figuran fotografías del requerido, datos de identificación, huellas dactilares y breve resumen de los hechos.

(ii) Auto del 19 de agosto de 2024, proferido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra (España), en el que se dispone la búsqueda, captura e ingreso a prisión del requerido, se emite orden de detención europea e internacional, se relacionan los hechos por los que fue acusado y las disposiciones aplicables.

33. En virtud de lo anterior, se concluye que los documentos aportados se tornan aptos y suficientes para ser considerados por la Corte en el estudio que precede al concepto.

Plena identidad de la persona solicitada

34. Mediante Nota Verbal No. 216/2025 del 21 de mayo del mismo año4, el Gobierno de España -por conducto de su Embajada en Colombia- solicitó la detención preventiva con fines de extradición de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, ciudadano colombiano, nacido el 9 de diciembre de 1991 en Calima, El Darién, Valle del Cauca, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.125.278.663.

35. En su momento, el reclamado se identificó con los datos personales referidos anteriormente, los cuales aparecen en el acta de derechos del retenido, acta de notificación de captura con fines de extradición, la constancia de buen trato y la copia de la cédula de ciudadanía, anexa a la solicitud del trámite. Además, en informe de laboratorio FPJ-13 del 15 de abril de 2025, un perito en dactiloscopia concluyó que las impresiones dactilares de la persona capturada corresponden con las de aquella solicitada por el Gobierno del Reino de España y reseñada en la notificación roja de Interpol A-4225/3-2025, emitida el 1 de abril del mismo año.

Doble incriminación de la conducta

36. El artículo 1º del Protocolo Modificatorio de la Convención de Extradición de Reos establece que la extradición resulta procedente cuando la persona requerida es perseguida por algún delito o para la ejecución de una pena privativa de la libertad no inferior a un (1) año, a cuyo efecto «será indiferente el que las Leyes de las Partes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma terminología para designarlo».

37. Ahora, en lo que respecta a la condición bajo análisis, en providencia CP118-2021 del 21 de julio de 2021, radicado 58552, esta Corporación concluyó que al momento de examinar el requisito impuesto por el artículo 1º del Protocolo Modificativo de la Convención de Extradición de Reos, no puede entenderse que debe corresponder al mínimo de la sanción prevista para el delito en el país requirente, sino que debe verificarse en su conjunto, esto es, teniendo en cuenta también el máximo de la pena, de tal forma que, si éste no es inferior a un (1) año, debe tenerse por satisfecho el presupuesto.

38. En la documentación aportada por el Estado requirente, se indicó que JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO es solicitado dentro del Procedimiento Sumario Ordinario 458/2023, para su enjuiciamiento por los delitos de “pertenencia a organización delictiva y asesinato en grado de tentativa”.

39. Pues bien, sobre los hechos objeto de enjuiciamiento, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra (España), relató lo siguiente en el auto de búsqueda, captura e ingreso a prisión del 22 de abril de 2025:

«A) DÍAS 17 A 19 DE JULIO DE 2021.

El fin de semana de los días 17 y 18 de julio de 2021, JUAN ALCOVER GONZALEZ alias “Leo” y JHONSY DANIEL SANTOS DE LOS SANTOS protagonizaron un incidente violento contra Andrés Julio Ramírez Alberto, padre de los acusados ERICK BAND RAMIREZ DE LOS SANTOS y JUAN CARLOS RAMIREZ DE LOS SANTOS, en el que le agredieron y le causaron lesiones que no fueron denunciadas.

Esta agresión física indignó y enfadó a los anteriores acusados que decidieron vengarse de los responsables de dicha agresión física a su padre.

El día 19 de julio, el acusado ERICK BAND RAMIREZ DE LOS SANTOS telefoneó en varias ocasiones al también acusado JOSUÉ ARTURO FARIÑO TORRES, que tenía contactos con otras bandas hermanadas, y le manifestó su deseo de vengar la agresión de su padre y le pidió se pusiese en contacto con los líderes de la organización criminal “BLACK PANTHER” de Zaragoza, para que éstos enviasen a varios miembros de su banda para matar a JUAN ALCOVER GONZALEZ “Leo” y JHONSY DANIEL SANTOS DE LOS SANTOS.

A su vez, el acusado JUAN CARLOS RAMIREZ DE LOS SANTOS contactó con el Suprema de los BLACK PANTHER de Zaragoza, JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, que se encuentra en busca y captura, y le pidió que le enviase varios miembros de su banda para vengar a su padre.

Así, el acusado JOSUÉ ARTURO FARIÑO TORRES el día 19 de julio habló por teléfono asimismo con el Suprema del coro de Zaragoza de BP, JEFFERSON MURIEL CAICEDO, y concertó una cita con ellos en Zaragoza.

El acusado JEFFERSON MURIEL CAICEDO telefoneó a su lugarteniente, el también acusado JOSÉ DANIEL GONZALEZ NIÑO, alias “Fory”, segundo líder del coro de BP en Zaragoza, al que le comunicó el acuerdo alcanzado y la cita ya concertada para ese mismo día.

Así las cosas, los acusados JUAN CARLOS RAMIREZ DE LOS SANTOS, ERICK BAND RAMIREZ DE LOS SANTOS y JOSUÉ ARTURO FARIÑO TORRES, el día 19 de julio, antes de las 14:00 horas, quedaron para ir juntos en el vehículo de este último a Zaragoza, a la reunión concertada en dicho lugar, a la que asistió, entre otros, JEFFERSON MURIEL CAICEDO y el acusado JOSE DANIEL GONZALEZ NIÑO, alias “Fory”.

El acusado JOSUÉ ARTURO FARIÑO TORRES volvió a Pamplona ese mismo día, mientras que los hermanos RAMIREZ DE LOS SANTOS volvieron en autobús al día siguiente.

En dicha reunión, los acusados JOSUÉ ARTURO FARIÑO TORRES y los hermanos RAMÍREZ DE LOS SANTOS, encargaron a los líderes de los BLACK PANTHER de Zaragoza, que miembros de la banda de Zaragoza se trasladasen a Pamplona para ejecutar a Jhonsy y a “Leo”, a cambio de que los de Pamplona, como contraprestación, en un plazo máximo de 15 días, viniesen a Zaragoza a cometer un delito.

B) DÍA 23 DE JULIO DE 2021.

En cumplimiento con lo pactado, el día 23 de julio de 2023 [sic], los acusados JOSÉ DANIEL GONZALEZ NIÑO, alias “Fory”, LUIS DAVID REINO CHAPI, alias “Chapito”; IVAN ANTONIO LOPEZ SOLVALBARRO, alias “Palacios”, que se encuentra en busca y captura y CONSTANTIN GABRIEL FANDARAC, contra el que no se dirige el presente procedimiento por ser al tiempo de los hechos menor de edad, se trasladaron desde Zaragoza a Pamplona para cumplir con el encargo y matar a Jhonsy y a “Leo”, y sobre las 19:30-19:45 horas, llegaron a Pamplona, siendo recogidos por el acusado ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS y la también acusada RENARA ANACLETO SEVERINO, ex pareja de ERICK BAND y con el que tiene una niña, que les llevó al lugar de trabajo de JOSUÉ ARTURO FARIÑO TORRES, el bar FEEL THE MUSIC sito en la Plaza Rafael Alberti de Ansoain.

La acusada RENARA ANACLETO SEVERINO les esperó en un parking próximo, y con anterioridad a las 22:00 horas, ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS le telefoneó y le pidió que les fuese a recoger al bar, accediendo Renara a tal acción.

En el vehículo de RENARA ANACLETO SEVERINO se montaron ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS, JOSÉ DANIEL GONZALEZ NIÑO, “Fory”; LUIS DAVID REINO CHAPI “Chapito”, IVAN ANTONIO LOPEZ SOLVALBARRO “Palacios” que se encuentra en busca y captura y el menor de edad; se dirigieron hacia el domicilio de ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS sito en Paseo Sandua nº 44, del que bajó dos armas blancas de grandes dimensiones, tipo machete.

Del vehículo de RENARA ANACLETO SEVERINO se bajaron en un primer momento JOSÉ DANIEL GONZALEZ NIÑO “Fory” e IVAN ANTONIO LOPEZ SOVALBARRO “Palacios”; y en un segundo momento se apearon ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS, LUIS DAVID REINO CHAPI “Chapito” y el menor, pertrechados con las armas blancas de grandes dimensiones y encapuchados.

Sobre las 22:15 horas, el acusado ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS salió al encuentro de Johnsy y “Leo”, comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido con su padre el fin de semana anterior; ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS hizo un gesto, como una señal, y súbitamente, los acusados JOSÉ DANIEL GONZALEZ NIÑO, “Fory”; LUIS DAVID REINO CHAPI “Chapito”; IVAN ANTONIO LÓPEZ SOVALBARRO “Palacios” y el menor de edad, que se encontraban ocultos, al acecho, todos con capuchas y con la cara tapada y oculta y debidamente pertrechados con las armas blancas de grandes dimensiones, con ánimo de acabar con la vida de ambos, se abalanzaron sobre ellos y comenzaron a acometerles “a machetazos”, saliendo corriendo Johnsy y consiguiendo alcanzar a “Leo” que cayó al suelo, al que acometieron reiteradamente.

Los cinco acusados, todos puestos de común acuerdo y con idéntico ánimo letal y de acabar con su vida, juntos y a la vez, y con múltiples armas blancas de distintos tamaños y características, siendo varias de ellas de tipo machete o un cuchillo grande y pesado, propinaron y lanzaron hacia “Leo” múltiples lances y machetazos sobre distintas partes del cuerpo, que algunos llegaron a impactarle y otros no.

En concreto, el acusado ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS le clavó a “Leo” un cuchillo entre la parte baja de la espalda y la parte superior de las piernas en la parte trasera; asimismo los acusados le lanzaron machetazos a múltiples partes del cuerpo y en particular hacia el tórax, que “Leo” intentó parar con el brazo para evitar que le impactaran en la cabeza y en el torso, causándole heridas incisas en mano izquierda, brazo izquierdo, codo izquierdo, hombro izquierdo; le lanzaron el machete hacia la cabeza, que le alcanzó en zona parieto occipital izquierda con pérdida de sustancia y que le arrancó parte de la calota craneal; le lanzaron hacia la espalda, alcanzándole a nivel dorsal y escápula izquierda, y le lanzaron hacia el pie cuando intentaba gatear y huir.

Mientras los acusados encapuchados acometieron con brutalidad y violencia a “Leo”, el acusado ERICK BAND RAMÍREZ DE LOS SANTOS, les jaleaba diciéndoles “MÁTALO, MÁTALO”. Los acusados no pudieron alcanzar ni acometer a Johnsy porque este salió huyendo». (Énfasis propio)

40. De acuerdo con los soportes allegados con la solicitud de extradición, el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación según el cual el comportamiento descrito configuraría los siguientes delitos según el Código Penal español:

«TÍTULO I

Del homicidio y sus formas

Artículo 138.

El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.

Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos:

a. cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o

b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.

Artículo 139.

Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1. Con alevosía.

2. Por precio, recompensa o promesa.

3. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4. Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior.

Artículo 140.

El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que la víctima sea menor de dieciséis años, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2. Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3. Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo.

Artículo 16.

1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.

2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.

3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.

CAPÍTULO VI

De las organizaciones y grupos criminales

Artículo 570 bis

1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización:

a) esté formada por un elevado número de personas.

b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.

c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.

3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.

41. Paralelamente, los supuestos fácticos atribuidos por las autoridades foráneas a JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO también constituyen conductas punibles en Colombia. Aquellos, en principio, guardan correspondencia con lo descrito en los artículos 103, 104, 27 y 340 del Código Penal, que disponen:

«ARTÍCULO 27. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.

Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o participe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla.

ARTÍCULO 103. Homicidio. El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses.

ARTÍCULO 104. Circunstancias de agravación. La pena será de cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere:

(…)

Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

“ARTÍCULO 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

42. Además de que las conductas relacionadas constituyen delito en Colombia y España, la pena máxima prevista en ambas legislaciones es superior a un (1) año de prisión, por lo que en este aspecto es procedente la extradición.

Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero

43. El artículo 8° de la «Convención de Extradición de Reos», dispone que el país reclamante deberá aportar, cuando se trate de un procesado, copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder expedido contra él, o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza y precise los hechos denunciados y la disposición que les sea aplicable.

44. Recuérdese que el presente trámite tiene fundamento en el auto del 22 de abril de 2025 proferido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra (España), que dispuso la búsqueda, captura e ingreso a prisión y emitió la orden de detención europea, dentro del Procedimiento Sumario Ordinario 458/2023 que se sigue en contra de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, para su enjuiciamiento por los delitos de “pertenencia a organización delictiva y asesinato en grado de tentativa”.

45. Dicha decisión describe los hechos tal como fueron narrados por el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación; esto es, una indicación clara y precisa de las circunstancias de tiempo y lugar en las que se ejecutaron, la ubicación jurídica de los comportamientos y las disposiciones legales aplicables al caso.

46. Por lo anterior, la determinación expedida por la Audiencia Provincial de Navarra (España), cumple con los requisitos formales y sustanciales exigidos en el instrumento internacional.

Otras causas convencionales de improcedencia

47. Los artículos 4°, 5º y 6º de la Convención de Extradición de Reos disponen que:

«Artículo 4°. No habrá lugar a la extradición:

1°. Cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra parte contratante;

2°. Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado.

Artículo 5°. No se concederá la extradición por delitos políticos o por hechos que tengan conexión con ellos, y se estipula expresamente que el individuo cuya extradición se haya concedido no podrá ser perseguido en ningún caso, por delito político anterior a la extradición.

(…)

Artículo 6°. Tampoco procederá la extradición por crímenes o delitos perpetrados con anterioridad a las ratificaciones del presente Convenio…».

48. En virtud de ello, la Sala constató que no concurre ninguna de las precitadas causales de improcedencia en el presente caso, así:

Primero, como se expuso en páginas precedentes, no obra en la actuación ningún elemento de juicio que permita inferir que JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO esté siendo investigado o haya sido juzgado en Colombia por los mismos hechos que le atribuyen las autoridades del país reclamante. Tampoco que haya sido absuelto, amnistiado o indultado por dichas circunstancias fácticas. Además, como se concluyó en el apartado dedicado a la verificación de la garantía del non bis in ídem, si bien aparece un proceso en etapa de juicio, no guarda relación con los delitos por los que es requerido, lo que no impide su entrega.

Segundo, los punibles de “pertenencia a organización delictiva y asesinato en grado de tentativa” y sus equivalentes en Colombia no tienen la connotación de delitos políticos.

Cuarto y último, no ha prescrito la acción penal según las leyes colombianas. Véase.

49. Sobre esta temática el artículo 83 del Código Penal establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 83. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en los incisos siguientes de este artículo.

(…)

También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado».

50. Además, el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal colombiano dispone:

«ARTÍCULO 292. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años».

51. La exigencia convencional impone a la Corte examinar si se ha configurado o no ese fenómeno jurídico con sujeción a la legislación colombiana de cara a la acción penal y no a la pena, pues el requerimiento tiene como propósito obtener la entrega del solicitado para lograr su juzgamiento por las autoridades judiciales españolas.

52. En este caso, el auto que dispuso la búsqueda, captura e ingreso a prisión de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO fue proferido el 22 de abril de 2025, por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra (España).

53. Ahora bien, los hechos que motivan la solicitud de extradición se perpetraron el 17, 18 y 23 de julio de 2021, y la pena máxima respecto al delito de homicidio con circunstancias de agravación es de seiscientos (600) meses de prisión, por lo que de manera clara se observa que no se ha cumplido el término mínimo para que decaiga la potestad del estado para perseguir estas conductas.

54. Por los motivos expuestos en precedencia, la Corte concluye que no se configura ninguna de las causas convencionales que tornarían improcedente la entrega del requerido en extradición.

Condicionamientos que debe imponer el Gobierno de autorizar la extradición

55. Por tratarse de un ciudadano colombiano, de autorizarse, la entrega deberá ser sometida a estos condicionamientos:

(i) No podrá imponerse al requerido pena de muerte, prisión perpetua, ni será sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivan la reclamación o por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997.

(ii) Deberán respetarse las prerrogativas inherentes a su condición de procesado, en particular, a que se le garantice el acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare su defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona y pueda ser apelada ante un tribunal superior.

(iii) El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

(iv) El Estado requirente deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

(v) Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición, de llegar a ser condenado por los cargos que motivan la solicitud.

(vi) Remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

(vii) Informar de la entrega a la Fiscalía Sexta Unidad Seccional de Buga, con ocasión del proceso con radicado 761116000165202400941 seguido en contra de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, para los fines a que haya lugar.

56. De la misma manera, el Gobierno Nacional, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

V. EMITE CONCEPTO

Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al representante del Ministerio Público y a la Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.

En caso de concederse la extradición, el Gobierno Nacional deberá informar de la entrega a la Fiscalía Sexta Unidad Seccional de Buga, con ocasión del proceso con radicado 761116000165202400941 seguido en contra de JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, para los fines a que haya lugar.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites subsiguientes establecidos en la ley.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo No. 01 de 1997.

2 Expediente Digital. 11001020400020250253200. Archivo 0012 págs. 5 -13.

3 CSJ CP036-2024, 24 ene. 2024, radicado. 62119; CP041-2024, 24 ene. 2024, radicado. 62613; CP038-2024, 24 ene. 2024, radicado. 62965 y CSJ CP, 9 may. 2009, radicado. 30373, entre otros.

4 Ibidem. Archivo 0012 pág 1.

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CP060-2026(70566)

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:38 +0000

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado ponente

CP060-2026

Extradición n.o 70566

Acta n.o 073

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

La Sala procede a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano venezolano ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, también identificado como OSMAR ALEXANDER FERRER RAMÍREZ, formulada por el Gobierno de la República de Chile, por la comisión del delito de homicidio calificado.

II. ANTECEDENTES

Mediante la Nota Verbal n.o 179/2025 del 19 de agosto de 2025, el Gobierno de la República de Chile solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano venezolano ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, también identificado como OSMAR ALEXANDER FERRER RAMÍREZ1, requerido a comparecer ante el Octavo Juzgado de Garantías de Santiago por el delito de homicidio calificado. Esto en virtud de la orden de detención n.o 2511227002606-8, del 18 de julio de 2025, proferida en el proceso RUC 2500852513-k, RIT 5507-2025.

Con fundamento en lo anterior, y por solicitud del Estado requirente, el 19 de julio de 2025 fue publicada la Notificación Roja A-10632/7-2025 de la INTERPOL en contra del requerido.

En cumplimiento de la Notificación Roja antes mencionada, ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ fue retenido el 16 de agosto de 2025 por funcionarios del Grupo de Investigación Criminal OCN INTERPOL Colombia. Posteriormente, el día 25 del mismo mes, el Vicefiscal General de la Nación con Funciones del Despacho de la Fiscal General de la Nación, emitió orden de captura en contra del requerido.

La representación diplomática de la República de Chile formalizó la solicitud de extradición mediante la Nota Verbal n.o 184/2025 del 29 de agosto de 2025, remitiendo toda la documentación legalizada.

Tras la formalización de la solicitud, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia2 conceptuó que «Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República de Chile». En ese sentido, en el presente trámite se deberá aplicar el «Tratado de Extradición», suscrito en Bogotá D.C., el 16 de noviembre de 1914.

La Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho estimó completo el expediente, y lo remitió a esta Sala mediante oficio MJD-OFI25-0044669-GEX-10100.

Asumido el conocimiento del asunto, mediante auto del 23 de septiembre de 2025 se requirió a ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ para que designara un defensor que lo represente en la actuación, así como para que se surtiera el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004. El 10 de octubre siguiente, la Defensoría del Pueblo informó que designó a un apoderado para lo correspondiente.

El representante del Ministerio Público presentó sus solicitudes probatorias el 23 de octubre del 2025, y el defensor del requerido lo hizo el día 4 de noviembre, las cuales fueron decretadas a través del auto AP8662-2025 del 28 de noviembre del mismo año.

En respuesta a la solicitud elevada, la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, informó que al requerido no le aparecen registros de vinculación a procesos penales.

Por su parte, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Área Administración Información Criminal, informó que a ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ solo le figura la orden de captura librada con motivo de la solicitud de extradición, y contra OSMAR ALEXANDER FERRER RAMÍREZ no hay registro alguno.

Agotada la fase probatoria del trámite, a través de auto del 23 de enero de 2026 se corrió el traslado previsto en el inciso 3 del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que los intervinientes presentaran alegatos de conclusión.

El 26 de enero del 2026, se recibió el poder otorgado por ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ a una abogada de confianza para que lo represente en el trámite en curso. Dicha apoderada, al igual que el representante del Ministerio Público, presentó alegatos de conclusión.

III. ALEGATOS DE LOS INTERVINIENTES

1. Del representante del Ministerio Público:

El representante del Ministerio Público consideró satisfechos los presupuestos que la sala debe analizar al momento de emitir concepto de extradición. Es decir: (i) normativa aplicable; (ii) validez formal de la documentación aportada; (iii) plena identidad del requerido; (iv) principio de doble incriminación; y (v) equivalencia de la providencia dictada en la República de Chile.

En virtud de lo anterior, además de solicitar que la Sala conceptúe favorablemente la solicitud de extradición de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, pidió exhortar al Gobierno Nacional para que condicione la entrega del requerido a ser juzgado exclusivamente por la conducta que origina la extradición y a no ser sometido a pena de muerte, desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, en estricta observancia de los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.

2. De la apoderada del requerido:

La apoderada del requerido solicitó que la Sala emita concepto de extradición desfavorable por los siguientes motivos:

* Según la normativa nacional e internacional, el derecho a la vida es inviolable y esto debe ser tenido en cuenta en toda actuación del Estado, incluida la cooperación judicial. Además, la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes están prohibidos.

Al respecto, señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho a la vida y a la integridad personal. Asimismo, referenció diferentes decisiones de la Corte Constitucional en los que se abordó este asunto.

Finalizó señalando que incluso si el requerido hubiese participado en la comisión de un delito, no pierde su condición de sujeto de especial protección, ni sus derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana.

* La apoderada cuestiona diferentes asuntos relacionados directamente con el proceso penal adelantado en contra de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ en la República de Chile, como su autoría y la presunta coacción de la cual fue sujeto en el momento de los hechos.

* La Convención contra la Tortura consagra el principio de no devolución, el cual «prohíbe entregar a una persona a un Estado donde existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de sufrir tratos inhumanos, degradantes o atentatorios contra su vida».

En relación con lo anterior, se limitó señalar que la eventual entrega del requerido lo expondría a posibles represalias por parte de quienes ya cumplen condena, especialmente porque, la familia del requerido ha recibido amenazas, agravando su situación de vulnerabilidad.

* Finalmente, solicitó que, en caso de que exista decisión condenatoria, la pena sea cumplida en la República de Colombia, o subsidiariamente en la República Bolivariana de Venezuela, «garantizando así el respeto de sus derechos fundamentales sin desconocer los fines de la justicia».

1. Normativa aplicable

De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con lo que señalen los tratados públicos, o en su defecto con lo que establezca la ley.

Para el caso en estudio es pertinente mencionar que el 16 de noviembre de 1914 las Repúblicas de Colombia y Chile suscribieron el «Tratado de Extradición»3, el cual se encuentra vigente hasta la fecha, por cuanto ninguno ha invocado los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 para terminarlo o suspenderlo.

En consecuencia, frente a solicitudes de extradición formuladas por el Gobierno de la República de Chile, a la Sala le corresponde analizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en la materia y las incluidas en el «Tratado de Extradición». En todo caso, las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de la República de Colombia también pueden aplicarse en forma complementaria, siempre que no se opongan al mecanismo internacional.

Por lo anterior, en el presente caso, además de los presupuestos constitucionales aplicables, la Sala deberá constatar los siguientes aspectos: (i) conducto diplomático y validez formal de la documentación; (ii) plena identidad de la persona solicitada; (iii) principio de la doble incriminación; (iv) decisión que debe servir de fundamento para la petición internacional; (v) la configuración de posibles causales de improcedencia previstas en el mecanismo internacional aplicable al caso concreto; y (iv) el principio del non bis in ídem.

1. Verificación de los requisitos constitucionales en materia de extradición

El artículo 35 de la Constitución Política colombiana establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que (i) no ostenten el carácter de políticos, (ii) hayan sido cometidos en el exterior y (iii) su comisión sea posterior al 17 de diciembre de 1997. No obstante, cuando se trate de una persona que no sea ciudadana colombiana de nacimiento, como es el caso de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, solo se deberá analizar el primer requisito.

En el caso objeto de estudio, el requerido está siendo solicitado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, el cual carece de carácter político. Como consecuencia, la Sala concluye que no se configura la prohibición constitucional referida.

Por otro lado, en relación con lo previsto en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo n.º 01 de 2017, referente a la prohibición de extraditar a exintegrantes de las desmovilizadas FARC-EP, así como a personas acusadas de ostentar dicha calidad por hechos delictivos perpetrados con anterioridad a la firma del Acuerdo Final para la Paz, resulta necesario señalar que, a lo largo de este trámite, ni el requerido ni su defensa han alegado la aplicación de dicha disposición, ni se desprende de los elementos de juicio aportados a las diligencias que corresponda aplicarla.

Lo anterior, en tanto los exintegrantes de este grupo armado, o quienes se atribuyan esa condición, se encuentran sometidos al Sistema Integral para la Paz (SIP), en particular a su componente de justicia, siempre que los hechos o conductas objeto de investigación sean de competencia prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, cuando hayan ocurrido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado no internacional.

2. Verificación de los requisitos convencionales de la solicitud de extradición

1. Validez formal de los documentos aportados

El artículo 11 del «Tratado de Extradición» dispone que las solicitudes de extradición serán presentadas por medio de los agentes diplomáticos respectivos o, a falta de estos, directamente entre los Gobiernos. Además, deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

1.- Todos los datos y antecedentes necesarios para comprobar la identidad del individuo reclamado.

2.- Respecto de los sentenciados, copia legalizada de la sentencia condenatoria.

3.- Respecto de los presuntos delincuentes, copia legalizada de la ley penal aplicable a la infracción que motiva la demanda y del auto de prisión.

Estos documentos deberán explicar suficientemente el hecho de que se trata, a fin de habilitar al país requerido para apreciar que aquel constituye, según su legislación, un caso previsto en este Tratado.

[…]

En el caso en estudio, al analizar la documentación remitida, se evidencia que, entre otros, la solicitud de extradición fue acompañada de los siguientes documentos:

* Fotografía y copia de las huellas dactilares del requerido.

* Sentencia del 19 de agosto de 2025, en la que el Octavo Juzgado de Garantías de Santiago acogió la solicitud de extradición y detención del requerido por el delito de homicidio calificado.

* Orden de detención n.o 2511227002606-8, proferida por el Octavo Juzgado de Garantías de Santiago en contra del requerido por el delito de homicidio calificado.

* Copia de las leyes aplicables y prescripción de la acción penal.

* Hechos que fundamentan la solicitud de extradición.

Se debe precisar que la documentación remitida fue debidamente legalizada, debido a que se evidenció que se cumplió con lo dispuesto en la Convención de La Haya de 1961, la cual regula la apostilla de documentos oficiales.

En virtud de lo anterior, resulta claro que la República de Chile cumplió con la exigencia relativa a la documentación que sustenta el pedido internacional. Por lo tanto, los documentos aportados son aptos y suficientes para que la Sala los considere en el estudio previo a la emisión del concepto.

2. Plena identidad del requerido

Esta exigencia implica establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el Estado extranjero es la misma sometida al trámite de extradición. Por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.

En este caso, el Gobierno de la República De Chile, mediante Nota Verbal n.o 179/2025 del 19 de agosto de 2025, solicitó la detención provisional con fines de extradición de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía de identidad venezolana n.o V-No.31884221 y nacido el 8 de septiembre de 2006. Además, aclaró que el requerido también se hace llamar OSMAR ALEXANDER FERRER RAMÍREZ, por lo que se debe entender que se trata de la misma persona.

Al momento de la captura, además, el requerido se identificó como ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, como consta en el acta de derechos del capturado, acta de notificación de captura con fines de extradición y la constancia de buen trato. En estos documentos, consta su lugar de nacimiento y el número de identificación antes mencionado.

Finalmente, el 16 de agosto de 2025, un perito en dactiloscopia rindió un informe en el que concluyó que las huellas de la persona capturada corresponden con las que constan en Notificación Roja publicada en contra de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la identidad de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ se pudo establecer plenamente y, en esa medida, la exigencia convencional analizada no es óbice para acceder a la entrega del requerido.

3. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

El artículo XI del convenio señala que cuando el Estado reclamante solicite la extradición de una persona acusada, debe presentar una copia legalizada del auto de prisión. Si la solicitud se refiere a una persona condenada, debe aportar una copia legalizada de la sentencia condenatoria. Estos documentos deben precisar el hecho investigado y contener la información necesaria para comprobar la identidad de la persona reclamada.

La Sala evidencia que la República de Chile aportó la Orden de detención n.o 2511227002606-8, proferida por el Octavo Juzgado de Garantías de Santiago en contra del requerido, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado.

Los documentos que la sustentan describen de forma clara y precisa los hechos imputados a ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, las circunstancias de tiempo y lugar de la conducta punible, la calificación jurídica del comportamiento y las normas aplicables.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra satisfecho este requisito convencional.

4. Principio de doble incriminación.

De conformidad con el artículo II del «Tratado de Extradición», la Sala debe examinar si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en el Estado extranjero tienen igual connotación en la República de Colombia, es decir si son considerados delitos. Además, en ese caso, deben tener prevista una pena mínima de un año de prisión.

En el caso en estudio, los hechos que fundamentan la solicitud de extradición son los siguientes:

Que a partir de las 08:30 am. del día 19 de junio de 2025, los imputados Alberto Carlos Mejía Hernández, quien vestía una chaqueta negra, palera roja pantalón negro, zapatillas negra y jockey color rojo, YONDER EMILIO BLANCO VELIZ, quien vestía chaqueta negra, palera negra Puma pantalón negros, zapatillas negras con blanco y jockey color negro y NEOMAR ANDRÉS ARISMENDI DUARTE, quien vestía un polerón gris con el lago “champion” en el centro, polera negra nike [sic], pantalón negros y zapatillas blancas, debidamente concertados para dar muerte y robar a las víctimas de iniciales J.F.R.O y A.P.D.O, acordando dicha actividad a cambio de una importante suma de dinero con terceras personas aún no individualizadas, se trasladaron, desde sus domicilios ubicados en las comunas de Estación Central, en el vehículo marca Chevrolet, modelo Spark, P.P.U. CVZR-43, conducido por el imputado Neomar Arismedi hasta la comuna de Ñuñoa, específicamente hasta calle Quirihue a la altura del 295, que correspondía al domicilio particular de la victima de iniciales J.F.R.O, arribando a dicho sector alrededor de las 10 de la mañana, estacionándose en diversos lugares, a la espera de la llegada de las victimas una de ellas que venía viajando desde la V región donde se encontraba de vacaciones.

Fue así que alrededor de las 12.00 del día, arribaron al lugar las personas objeto de este ilícito, a bordo de la camioneta BMW X6, PPU. PTDB.93, de la cual descendieron para hacer ingreso al edificio ubicado en calle Quirihue 295, Ñuñoa. Posteriormente, siendo las 12:20 horas, en los momentos que las victimas hacían [sic] abandono del referido inmueble, son abordados por los imputados que se encontraban estacionados frente al edificio.

Para ello el imputado Alberto Carlos Mejía Hernández, desciende del vehículo, premunido de un arma de fuego, se dirige de inmediato en contra de la victima de iniciales A.P.D.O, a quien bajo amenazas de muerte, procede a sustraerle su teléfono celular, un bolso de mano y documentos, todo ello mientras la segunda víctima J.F.R.O, comienza a correr por calle Quirihue al sur por aproximadamente 20 metros, siendo alcanzado por el imputado YONDER EMILIO BLANCO VELIZ, quien luego de retenerlo, y amenazarlo con un arma de fuego, comienza a agredirlo con golpes en la cabeza con la referida arma, y arrastrándolo momentos en los cuales llegan a este lugar los imputados NEOMAR ARISMENDI y Alberto Carlos Mejía Hernández, en el vehículo que se trasladaban, desde el cual descendió Alberto Carlos Mejía Hernández, quien premunido con un arma de fuego, comienza también agredirlo, para luego intentar, junto YONDER VELIZ, subir a esta víctima al interior del vehículo, y al no cumplir su objetivo, conforme al plan acordado, proceden a dispararle en 3 oportunidades, para luego huir por calle Quirihue en dirección ar sur en el citado automóvil Chevrolet Spark.

A raíz de esta acción de los imputados la víctima J.F.R.O falleció en el lugar por un “Traumatismo torácico por proyectil balístico sin salida” según protocolo de autopsia N’ 1672-2025″.

Con fundamento en lo anterior, ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ es solicitado por el Gobierno de la República de Chile para que comparezca a responder por el delito de homicidio calificado, el cual está tipificado y sancionado en el artículo 391 del Código Penal chileno, el cual dispone:

Artículo 391. El que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 390 ter, será penado:

1.o Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si ejecutare el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes:

Segunda. Por premio o promesa remuneratoria, o por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero.

La conducta que motiva el pedido de extradición, conforme a los hechos atribuidos y las normas allegadas, encuentran adecuación en el siguiente artículo del Código Penal colombiano:

ARTÍCULO 103. HOMICIDIO. El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses.

ARTÍCULO 104. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere:

[…]

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

[…]

Finalmente, el artículo 2 del «Tratado de Extradición», establece un listado de delitos por los que se concederá la extradición, entre los cuales se encuentra el de homicidio. Como consecuencia, la Sala evidencia que también se satisface este requisito.

5. Otras causales de improcedencia.

Según de la normativa convencional aplicable, existen otras prohibiciones para conceder la extradición, las cuales están dispuestas en los siguientes artículos:

Artículo III. No podrá concederse la extradición por delitos políticos calificados de tales por la legislación del país requerido, o por hechos que tengan ese carácter, pero se concederá, aun cuando el culpable alegue un motivo o fin político, sin el hecho por el cual ha sido reclamado constituye principalmente un delito común.

Artículo V. No será procedente la extradición:

1. Cuando los delitos, aunque cometidos fuera del país de refugio hubieren sido perseguidos y juzgados definitivamente en él, o hubieren sido objeto de amnistía o indulto en dicho país.

2. Cuando, según las leyes del país requerido, la pena o la acción penal se encontrare prescrita.

3. Cuando el delincuente sea perseguido y juzgado por el mismo hecho en el país requerido.

En observancia de dichas disposiciones, la Sala procede a evaluar estos impedimentos:

Sobre la naturaleza jurídica de los hechos

El «Tratado de Extradición» proscribe la extradición de personas acusadas o sentenciadas por delitos políticos y conexos, prohibición que en el caso en estudio no se cumple, pues el requerido está siendo solicitado por el delito de homicidio calificado.

Sobre la prohibición de la doble incriminación.

Como se señaló anteriormente, de conformidad con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en la República de Colombia, en contra de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ no existe vinculación pasada o actual a procesos penales. De modo que no se configura esta prohibición para emitir concepto de extradición.

Sobre la prescripción de la acción penal.

Conforme lo establecido en el «Tratado de Extradición», a la Sala le corresponde analizar la prescripción de la pena o de la acción penal a la luz de la normativa del Estado requerido. Es decir, lo dispuesto en el Código Penal colombiano.

En el caso de la solicitud en contra de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, la Sala debe verificar la prescripción de la acción penal, debido a que es requerido para comparecer ante el Octavo Juzgado de Garantías de Santiago por el delito de homicidio calificado. Esto en virtud de la orden de detención n.o 2511227002606-8, del 18 de julio de 2025.

El artículo 80 del Código Penal, dispone que «La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad». Además, señala que «la prescripción no será mayor a veinte años».

En conclusión, debido a que el termino de prescripción no se ha cumplido, la Sala concluye que el fenómeno de la prescripción no se ha presentado.

3. . Respuesta a los alegatos de la apoderada

Sobre el derecho a la vida y a la integridad personal

La apoderada del requerido señaló que la normativa interna e internacional, así como diversas decisiones de autoridades judiciales nacionales, disponen que las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que se refieren a la vida y a la integridad personal, deben ser aplicadas en todo momento, incluso en trámites de cooperación internacional. No obstante, lo hizo de manera genérica y no expuso a profundidad las razones que la llevan a concluir que los derechos del requerido se verían afectados en caso de que la Sala emita concepto favorable.

En todo caso, se debe aclarar que al emitir concepto de extradición favorable, la Sala establece que, si el Gobierno Nacional accede a la petición de extradición, deberá someterla a una serie de condicionamientos que garanticen los derechos del requerido. Entre ellos están la vida, la integridad personal, el debido proceso, entre otros.

Como consecuencia, la Sala considera que este no es un motivo que impida emitir concepto de extradición favorable en el caso en concreto.

Sobre el proceso penal adelantado en la República de Chile en contra del requerido

La apoderada alega que requerido no actuó como autor principal ni con plena autonomía, sino bajo coacción de terceros, motivo por el que la Sala debe emitir concepto desfavorable.

Ante dichos argumentos, la Sala evidencia necesario reiterar cuál es el rol que desempeña en los trámites de extradición4:

[…] este trámite, caracterizado por ser de exclusiva cooperación internacional, está circunscrito a la verificación objetiva del cumplimiento de los presupuestos convencionales o legales que regulan el pedido de entrega del requerido, lo cual excluye cualquier discusión ajena a estas exigencias, como quiera que la extradición no corresponde a la noción de un proceso penal.

De ahí que en el trámite de extradición no tienen cabida debates en torno a la competencia del órgano judicial o la validez del trámite, la validez o mérito a la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del reclamado, la calificación jurídica, la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, toda vez que tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva de las autoridades judiciales del gobierno que eleva la solicitud y, su contradicción debe hacerse al interior del respectivo proceso acorde con la legislación del Estado requirente.

En ese orden de ideas, la Sala no es competente para analizar asuntos ajenos al trámite de extradición que debe adelantar esta Corporación o aquellos que son de competencia exclusiva del Estado requirente, como lo es el proceso penal adelantado por las autoridades judiciales chilenas. Debido a lo anterior, no existe fundamento alguno por el que no pueda conceptuar la solicitud de extradición en estudio.

Sobre la seguridad del requerido y de su familia

La apoderada del requerido manifestó que la eventual entrega del requerido lo expondría a posibles represalias por parte de quienes ya cumplen condena, especialmente porque, supuestamente, la familia del requerido ha recibido amenazas, agravando su situación de vulnerabilidad.

Al respecto, resulta necesario precisar que este asunto no fue debatido al momento de la solicitud de pruebas por parte de la defensa del requerido. Además, la Sala no tiene competencia para estudiar asuntos como este, debido a que se trata de un asunto ajeno a los requisitos constitucionales y convencionales que debe analizar al emitir un concepto de extradición.

En todo caso, como se mencionó en el punto anterior, el concepto de extradición estará sometido a una serie de condicionamientos que garanticen los derechos del requerido en el Estado requirente.

Sobre el cumplimiento de la sanción penal fuera de la República de Chile

La apoderada del requerido solicitó que, en caso de que exista decisión condenatoria, la pena sea cumplida en la República de Colombia, o subsidiariamente en la República Bolivariana de Venezuela, para sí garantizar sus derechos fundamentales sin desconocer los fines de la justicia.

Al respecto, la Sala debe recordar que ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ está siendo requerido para que comparezca ante el Octavo Juzgado de Garantías de Santiago con el propósito de que sea juzgado. En ese sentido, quien tiene competencia para realizar ese tipo de solicitudes es el Estado requirente, lo cual no ha hecho la República de Chile. Además, hasta el momento no se le ha impuesto sanción alguna, por lo que no resulta procedente realizar consideraciones al respecto.

4.4. Conclusión

4.5. Condicionamientos

El Gobierno Nacional está en la obligación de supeditar la entrega del ciudadano venezolano a las condiciones consideradas oportunas y exigir que éste no sea sometido a sanciones distintas de las impuestas en el proceso que cursa en su contra, ni juzgado eventualmente por otros hechos, a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante.

Así mismo, debe condicionar la entrega de ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ a que se le respeten todas sus garantías fundamentales. En particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, tenga un defensor designado por él o por el Estado, que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Visto que el requerido en extradición es un ciudadano venezolano, el Ejecutivo debe comunicar la resolución que acepta o niega la extradición, a la representación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela, para que tenga conocimiento del trámite que ha involucrado a un connacional suyo y, de considerarlo pertinente, vele por el respeto de las garantías y condicionamientos antes referidos frente a su nacional.

Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga.

CONCEPTÚA

FAVORABLEMENTE la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República de Chile, respecto del ciudadano venezolano ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ, por la presunta comisión de del delito de homicidio calificado.

Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensora, al representante del Ministerio Público, a la Fiscal General de la Nación y a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

1 Identificado con cedula de identificación venezolana V-No.31884221 y número de Registro de Extranjeros chileno n.o 28930796-6.

2 Oficio S-DIAJI-25-031992 del 01 de septiembre de 2025.

3 Aprobado mediante la Ley 8 de 1928.

4 CSJ AP2665-2025 del 30 de abril de 2025; CP229-2025 del 25 de septiembre de 205, etc.

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CP059-2026(68740)

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:38 +0000

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente

CP059-2026

Radicación Nº 68740

Acta No. 063

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

1. Procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

II. ANTECEDENTES

2. Mediante Nota Verbal No. 2315 del 19 de diciembre de 2024, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.383.611 de Cali (Valle del Cauca), comoquiera que el 27 de julio de 2007 se declaró culpable de los cargos dos y tres contenidos en la acusación en el Caso No. 2:05-cr-00785TS, también referido como Caso No. 2:05CR00785-001-TS y Caso No. 2:05 cr 785 TS, dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, y el 25 de octubre siguiente se emitió sentencia condenatoria, sin que a la fecha haya cumplido la pena de 37 meses de prisión a la que resultó condenado.

3. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación con resolución proferida el 13 de enero de 2025, dispuso su captura, la cual se hizo efectiva el 22 del mismo mes y año, en vía pública de la ciudad de Pasto.

4. Mediante Nota Verbal No. 0017 del 8 de enero siguiente, la representación diplomática formalizó la solicitud de extradición; para lo cual aportó los siguientes documentos autenticados, con la correspondiente traducción al español:

4.1. Orden de arresto emitida el 13 de diciembre de 2007 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Utah – División Central, dentro del caso número: 2:05CR00785-001-TS.

4.2. Copia de la acusación formal dictada el 26 de octubre de 2005 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Utah, División Central.

4.3. Traducción de la normativa sustancial aplicable al presente asunto, respecto de la acusación formulada.

4.4. Declaraciones en apoyo de la solicitud de extradición de Michael Thorpe, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Utah; quien suministró información acerca de la investigación, las actividades de la organización a la que pertenecía el requerido, su forma de operar, identidad y un resumen de las pruebas acopiadas.

4.5. Informe de consulta de la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la cédula de ciudadanía No. 94.383.611, expedida a nombre de JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA.

4.6. Certificación expedida por Pamela J. Bondi, Procuradora de los Estados Unidos de América, mediante la cual reconoce al funcionario Jesse E. Ormsby, como Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

4.7. Certificación de Jesse E. Ormsby, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la cual manifiesta que las declaraciones juramentadas de los mencionados funcionarios fueron proporcionadas en apoyo de la solicitud de extradición formal que presentó el Gobierno de los Estados Unidos de América a Colombia; y que copias fieles de aquéllas conservan en los archivos oficiales en Washington D.C.

4.8. Declaración del acusado con anticipación a una declaración de culpabilidad, firmada y fechada 25 de julio de 2007.

4.9. Copia certificada del fallo en el caso penal contra JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA, emitido el 25 de octubre de 2007 y firmado por el Honorable Ted Stewart, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el 29 de octubre del mismo año.

III. ACTUACIÓN CUMPLIDA ANTE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS:

5. El 22 de enero de 2025, en cumplimiento de la orden de captura de fecha 13 de enero del mismo año, proferida por la Fiscal General de la Nación, miembros de la Policía Nacional aprehendieron a JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA, en vía pública de la ciudad de Pasto.

6. Con oficio DIAJI-25-008101 del 19 de marzo de 2025, el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a su homóloga de Justicia y del Derecho copia de la Nota Verbal 0487 del 18 del mismo mes y año, junto con sus anexos, por medio de la cual se formalizó por vía diplomática la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA.

Se indicó, que es del caso proceder con sujeción a «La Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988» y «La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en New York el 15 de noviembre de 2000».

7. Perfeccionado el expediente, la actuación fue remitida a la Corte por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD-OFI25-0012628-DAI-10100 del 26 de marzo de 2025.

8. A través de auto del 28 de marzo siguiente, se dispuso requerir al solicitado para la designación de un defensor que representara sus intereses y se surtió el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para presentar solicitudes probatorias.

El 14 de mayo se reconoció personería para actuar a las abogadas principal y suplente.

9. En decisión AP4174-2025 del 25 de junio de 2025, se decretó por solicitud del Ministerio Público, la prueba relativa a que se oficiara a la Fiscalía General de la Nación para que informara si en contra del requerido existen investigaciones, acusaciones, o sentencias relacionadas con la comisión de conductas punibles; como prueba común, requerir a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (DIJIN), con el mismo propósito de la prueba anterior; y se negaron las demás solicitudes de la defensa.

Ese auto fue recurrido a través de reposición, sin embargo, el recurso se declaró desierto mediante AP5247-2025 del 6 de agosto siguiente.

10. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Peticiones de Información Sobre Procesos Penales Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones con oficio No. DAUITA-20310-15/07/2025, informó que, consultado el sistema misional SPOA y SIJUF, se encontró el siguiente registro con el nombre, apellidos y documento de identificación aportados en la solicitud:

Número de noticia

520016109135201801045

Ley de Aplicabilidad

Ley 906

Documento

CEDULA (sic) DE CIUDADANIA (sic) 94383611

Nombre

SOLARTE ARTEAGA JAIME ARTURO

Calidad

INDICIADO

Delito

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P.

Seccional Fiscalía

100181 – DIRECCIÓN SECCIONAL DE NARIÑO

Unidad Fiscalía

5200141016 – UNIDAD CAVIF – PASTO

Despacho

4 – FISCALIA 04

Estado del caso

INACTIVO

Etapa del caso

INDAGACIÓN

11. A su turno, la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal a Interpol Área Administración Información Criminal, con oficio Nro. 20250336690/ARAIC-GRUCI 1.9 del 15 de julio de 2025, informó que contra el requerido únicamente aparece registro de la solicitud de extradición.

12. Agotada la fase probatoria del trámite, se corrió el traslado previsto en el inciso 3 del artículo 500 de la ley 906 de 2004, para que los intervinientes presentaran alegatos de conclusión.

IV. ALEGACIONES DE LOS INTERVINIENTES

13. El Procurador Delegado de Intervención Primero para la Casación Penal consideró satisfechos los presupuestos alusivos a la validez formal de la documentación allegada y el cumplimiento del trámite diplomático para su presentación.

13.1. Precisó que el requerido es solicitado en extradición para cumplir una sentencia condenatoria por haber incurrido en concierto para delinquir y lavado de activos.

13.2. Igual criterio expresó acerca de las previsiones de los artículos 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal, relacionadas con la demostración plena de la identidad del requerido, el principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

13.3. En consecuencia, consideró cumplidos los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y el procedimiento penal para emitir el concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA.

13.4. Sin embargo, deprecó advertir al Gobierno Nacional que formule al país reclamante los condicionamientos necesarios para garantizar los derechos a no ser sometido a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles o degradantes, en atención a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política; y adicionalmente, que se verifique el fenómeno de la prescripción, en la medida en que los hechos datan desde 2001 a 2005 y el fallo condenatorio del año 2007.

14. La defensa del requerido realizó una síntesis de los hechos y explicó que la sentencia condenatoria se emitió el 25 de octubre de 2007, oportunidad en que se concedió a su defendido la posibilidad de entrega voluntaria antes del 10 de diciembre del mismo año; sin embargo, dado que no ocurrió, el 13 de diciembre siguiente se libró orden de captura. En su sentir, al haber otorgado la libertad por dos meses, y la facultad de presentación voluntaria, resulta evidente que SOLARTE ARTEAGA no implicaba riesgo para los fines del proceso penal.

14.1. Cuestionó la inactividad en la causa durante 18 años, pues durante ese lapso no hubo acciones tendientes a materializar la captura de su prohijado o activar canales diplomáticos; omisión que vulnera los principios de razonabilidad en el tiempo, buena fe en la cooperación judicial internacional y continuidad de la persecución penal.

14.2. Agregó que, al haber permanecido el expediente sellado, se impidió a JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA conocer la existencia de la orden de captura o la vigencia de la sentencia, lo cual contraviene el principio de publicidad procesal, siendo indispensable la publicidad de las actuaciones para garantizar la defensa material y técnica.

14.3. Finalmente, afirmó que en este caso concurren condiciones para la procedencia del exequátur, siendo una figura más garantista para ejecutar la condena extranjera en territorio colombiano.

14.4. En consecuencia, solicitó emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición o favorable condicionado al cumplimiento de la pena en Colombia, mediante el exequátur.

IV. CONSIDERACIONES

15. Normatividad aplicable

15.1. El 14 de septiembre de 1979, Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un «Tratado de Extradición», que se encuentra vigente, en cuanto las partes contratantes no lo han dado por terminado, denunciado, ni han celebrado uno nuevo, tampoco han acudido a ninguno de los mecanismos previstos en la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969» para finiquitarlo.

15.2. Actualmente, sin embargo, no es posible su aplicación en Colombia, por falta de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, al tenor de los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Constitución Política, toda vez que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, expedidas con ese propósito, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, por vicios de forma.

15.3. En consecuencia, frente a solicitudes de extradición formuladas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, corresponde acudir a las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan la materia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 35 de la Constitucional Nacional.

15.4. Para el caso, corresponde consultar el contenido de los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, que regulan el proceso interno de extradición y ordenan fundamentar el concepto en: (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) el principio de la doble incriminación y, (iv) la equivalencia dictada en el extranjero con la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal.

16. Validez Formal de los documentos aportados

16.1. Según se anotó, obra dentro de la actuación copia de la Acusación formal dictada el 26 de octubre de 2005 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Utah, División Central.

Adicionalmente, se aportó la declaración de culpabilidad firmada por SOLARTE ARTEAGA el 25 de julio de 2007.

También el fallo emitido en contra del requerido el 25 de octubre de ese mismo año, firmado por el Honorable Ted Stewart – Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el 29 del mismo mes y año, por los cargos 2 y 3 de la acusación en Caso 2:05-cr-00785-TS (también referido como Caso No. 2:05CR00785-001-TS y Caso No. 2:05 cr 785 TS), relacionados con «Lavado de activos y concierto para delinquir».

16.3. Esta documentación, junto con su traducción al español, fue certificada por Jesse E. Ormsby, Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la cual certificó que, la declaración jurada, con pruebas y traducción del Fiscal Auxiliar para el Distrito de Utah, Michael Torpe, juramentada ante Cecilia M. Romero, Jueza Magistrada del Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Utah el 26 de febrero de 2025, que se ofrece en apoyo de la solicitud formal para la extradición de Colombia de JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA, es copia fiel de estos documentos, y que tal correspondencia se mantiene en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en Washington, D.C.

16.4. Por su parte, la rúbrica y cargo de este funcionario la certificó Pamela J. Bondi, Procuradora de ese país, a través de la imposición del sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, documentación debidamente apostillada el 6 de marzo de 2025 por Fernesia T. Crawford, Funcionaria Auxiliar de Autenticaciones de la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los términos de la Ley 455 de 1998, declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-164 del 17 de marzo de 1999, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros.

16.5. Por tanto, toda vez que la expedición de los citados documentos reúne los requisitos legales, la Corte los declara aptos para servir de prueba en este asunto, cumpliéndose así la primera previsión legal.

16. La identificación plena del solicitado

17.1. No hay duda que, el ciudadano colombiano reclamado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América es el mismo que se halla privado de la libertad con ocasión de estas diligencias, en virtud del pedido de detención provisional formulado en la Nota Verbal 2315 del 19 de diciembre de 2024.

17.2. A esta conclusión se arriba tras constatar que el país requirente remitió copia del Informe de la Vista Detallada de la Consulta Web de la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a nombre de JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA, con número de documento (NUIP) 94.383.611, nacido el 10 de agosto de 1972 en Pasto (Nariño), generales de ley que coinciden con los que reportó Policía Judicial como de la persona a quien se le notificó de la orden de captura realizada con fines de extradición y cédula de ciudadanía aportada.

17.3. Esta información se complementa con la reseña fotográfica, decadactilar y confrontación dactiloscópica, experticia practicada por peritos del Laboratorio de Dactiloscopia y fotografía Forense de la Policía Nacional, tal como se documenta en los informes del 22 de enero de 2025, donde se concluyó que: “Se establece verificación de identidad de las impresiones dactilares obrantes en el registro decadáctilar (sic) FGN a nombre de JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA, identificado con C.C. 94.383.611 con las impresiones dactilares obrantes en el informe sobre consulta Web expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de: JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA (…)”.

17.4. Por tanto, no existe incertidumbre en cuanto a que el detenido es el ciudadano colombiano solicitado en extradición, tema que, además, no ha sido materia de discusión. En consecuencia, se satisface este presupuesto.

18. El principio de la doble incriminación

18.1 De acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.

La Corte ha reiterado que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan el pedido, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.

18.2. Al tenor del fallo emitido el 25 de octubre de 2007 en el Caso 2:05-cr-00785, firmado por el Honorable Ted Stewart, Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah -que a su vez atendió a la declaración anticipada de culpabilidad-, JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA es requerido para cumplimiento de la pena de 37 meses de prisión a la que resultó condenado, en virtud de los cargos 2 y 3, cuyos hechos fueron relacionados así:

HECHOS RELACIONADOS CON EL CARGO 2

a. Durante el período comprendido entre el 7 de abril de 2005 y el 26 de octubre de 2005, en el estado de Utah, concerté con Juan Gilberto López y Ana Toscano para lavar dinero, que me fue representado como ganancias de una actividad ilegal, es decir, la distribución de marihuana. Inicialmente, recibí $15,000.00 dólares estadounidenses y, posteriormente, otros $25,000.00 dólares estadounidenses del individuo que creía que era un distribuidor de marihuana. Más tarde me enteré de que este individuo era un agente encubierto. Deposité este dinero en mis cuentas personales y comerciales. Luego emití cheques a una cuenta de terceros bajo el nombre ficticio de “Kimberly Chang”. Anoté en los cheques que los pagos eran por comisiones inmobiliarias y cuotas de referencia. De los $40,00000 dólares estadounidenses originales, retuve $1,950.00 dólares estadounidenses como pago por el lavado de este dinero. [Iniciales]

Posteriormente, contraté a Juan Gilberto López, un ministro de la Iglesia Pentecostal de Dios y Happy Life Minister, para que lavara dinero que me fue representado como ganancias de la marihuana. Había recibido $95,000.00 dólares estadounidenses en dos pagos separados del individuo que luego descubrí que era un agente encubierto. Le pedí a Juan Gilberto López que depositara este dinero en las cuentas de su iglesia y que devuelva el dinero a la cuenta de un tercero bajo el nombre ficticio de Kimberly Chang. Específicamente, le di a Juan Gilberto López $82,517 .00 dólares estadounidenses para que los depositara en las cuentas de su iglesia. Juan Gilberto López depositó el dinero en las cuentas bancarias de su iglesia en Zion’s Bank y Granite Credit Union. Juan Gilberto López anotó que este dinero provenía de donaciones caritativas. Luego, el dinero se depositó en la cuenta bancaria de terceros en Key Bank a nombre ficticio de Kimberly Chang. Lavamos este dinero con la intención de que las transacciones ocultaran el origen, la titularidad y la naturaleza de las ganancias. [Iniciales]

Entre Juan Gilberto López y yo, nos quedamos con $12,483.00 dólares estadounidenses como nuestras cuotas.

Durante este mismo periodo de tiempo, también contraté a Ana Cecilia Toscano para abrir cuentas bancarias con un nombre falso con el objetivo de lavar el dinero que recibí del agente encubierto. Específicamente, el 1 de septiembre de 2005, me reuní con Ana Toscano y el agente encubierto. Le proporcionamos a Ana Toscano dos nombres diferentes y dos números de Seguro Social diferentes con el objetivo de abrir una cuenta corriente a cualquiera de los dos nombres. En ese momento no se abrió una cuenta porque Ana Toscano nos dijo que había problemas con los números de Seguro Social que se habían proporcionado. El problema era que los controles internos del banco no permitían que estos números se utilizaran con esos nombres, porque los números de Seguro Social eran demasiado nuevos para estar asociados con los nombres y fechas de nacimiento. El 14 de octubre de 2005, me reuní con el agente encubierto y Ana Toscano y abrimos una cuenta con el nombre ficticio de John Almeida. [Iniciales]

b. Admito que mi conducta constituyó una violación de la sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y de la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. [Iniciales]

HECHOS RELACIONADOS CON EL CARGO 3

(c) Durante el período de tiempo comprendido entre el 18 de octubre de 2001 y el 13 de agosto de 2003, en el estado de Utah, concerté y acordé con otros estructurar transacciones en una institución financiera nacional dividiendo cantidades de divisas superiores a $10,000.00 dólares estadounidenses en cantidades inferiores a $10,000.00 dólares estadounidenses, con el fin de eludir los requisitos de presentación de información de dichas instituciones financieras con respecto a cantidades superiores a $10,000.00 dólares estadounidenses. Específicamente, el 18 de octubre de 2001 o alrededor de esa fecha, y de forma continua al menos hasta el 13 de agosto de 2003, abrí mis propias cuentas bancarias y otros abrieron cuentas bancarias por un total de al menos doce cuentas bancarias en Zion’s National Bank. A partir de entonces, hicimos múltiples depósitos en efectivo de menos de $10,000.00 dólares estadounidenses, que en un solo día sumaron más de $10,000.00 dólares estadounidenses en depósitos; y, el 18 de octubre de 2001 o alrededor de esa fecha, y de forma continua hasta al menos el 13 de agosto de 2003, presté asistencia a otros para comprar y depositar múltiples giros postales con efectivo en cantidades inferiores a $10,000.00 dólares estadounidenses, y que en un solo día sumaron más de $10,000.00 dólares estadounidenses en giros postales, por un importe total de fondos estructurados de $365,450.00 dólares estadounidenses, dinero que finalmente se combinó y posteriormente se retiró a través de cajeros automáticos en Colombia. [Iniciales]

(d) Admito que mi conducta constituyó una violación de la sección 5324(a)(3) del Título 31 del Código de los Estados Unidos y de la sección 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. [Iniciales]

Soporta el pliego de cargos, la declaración jurada que rindió Michael Thorpe, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos Distrito de Utah, acerca de los hechos endilgados a SOLARTE ARTEAGA, los cuales refirió de la siguiente manera:

II. LOS CARGOS Y LA LEY APLICABLE

7. El 26 de octubre de 2005, un gran jurado federal convocado en el distrito de Utah emitió y presentó una acusación formal contra SOLARTE ARTEAGA, imputándole los siguientes delitos: en el Cargo dos, concierto para lavar instrumentos monetarios mediante la realización e intento de realización de una transacción financiera que afectaba al comercio interestatal o extranjero y que involucraba bienes representados como ganancias de una actividad ilegal específica, es decir, la fabricación, importación, recepción, ocultación, compra, venta y cualquier otro tipo de transacción ilegal con marihuana; y con la intención de que la transacción estuviera diseñada, en su totalidad y en parte, para ocultar y encubrir la naturaleza, ubicación, origen, titularidad y control de las ganancias de una actividad ilegal específica; y ayudar y apoyar ese delito, en violación de las secciones 2, 1956(a)(3)(B) y 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; en el Cargo tres, concierto para estructurar y asistir en la estructuración de transacciones con una institución financiera nacional mediante la división de cantidades de moneda que excedan los $10,000 dólares estadounidenses en cantidades inferiores a $10,000 dólares estadounidenses, con el objetivo de evadir los requisitos de presentación de información de la sección 5313(a) del Título 31 del Código de los Estados Unidos, en violación de la sección 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y la sección 5324(a)(3) del Título 31 del Código de los Estados Unidos. SOLARTE ARTEAGA también fue imputado en el cargo uno y en los cargos cuatro a diez de la acusación formal, sin embargo, no se trata de delitos por los que se solicita la extradición. La marihuana es una sustancia controlada de la categoría I, de conformidad con la sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

8. El 27 de julio de 2007, SOLARTE ARTEAGA se declaró culpable de los Cargos dos y tres de la acusación formal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, durante una audiencia celebrada ante el Honorable Ted Stewart, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

9. El 25 de octubre de 2007, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, SOLARTE ARTEAGA fue condenado por los cargos de lavado de dinero y concierto para estructurar operaciones financieras, tal como se describen en los Cargos dos y tres de la acusación formal, y el tribunal lo condenó a cumplir una pena de prisión de 37 meses y, al ser puesto en libertad de la cárcel, un término de libertad supervisada de 36 meses. El tribunal también ordenó a SOLARTE ARTEAGA que se entregara a la Dirección de Instituciones Penitenciarias de los Estados Unidos antes del 10 de diciembre de 2007 a las 2:00 p.m. para cumplir su condena. El 29 de octubre de 2007, se presentó un fallo en un caso penal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, que recordaba la condena, la sentencia y la orden de entregarse voluntariamente antes del 10 de diciembre de 2007 a las 2:00 p.m.

10. SOLARTE ARTEAGA no se entregó a las autoridades estadounidenses según lo ordenado por el tribunal. El 12 de diciembre de 2007, los Servicios Previos al Juicio de los Estados Unidos confirmaron que SOLARTE ARTEAGA no se había entregado según lo ordenado.

11. Con base en el fallo en un caso penal y en el hecho de que SOLARTE ARTEAGA no se presentó para cumplir su condena el 1 O de diciembre de 2007, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah libró una orden de detención contra SOLARTE ARTEAGA el 13 de diciembre de 2007. Esta orden de detención sigue siendo válida y ejecutable.

(…)

III. RESUMEN DE LOS HECHOS

18. El 27 de julio de 2007, SOLARTE ARTEAGA presentó una declaración firmada en anticipación a una declaración de culpabilidad, en la que estipulaba y aceptaba que, si el caso hubiera llegado a juicio, los Estados Unidos podrían probar ciertos hechos de los delitos por los que se declaró culpable más allá de toda duda razonable. Es la práctica del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah retener la declaración original en anticipación a una declaración de culpabilidad y archivarla en los registros del tribunal.

Por lo tanto, he obtenido una copia certificada de la declaración en anticipación a una declaración de culpabilidad, la cual proporciona información adicional sobre las actividades delictivas de SOLARTE ARTEAGA, y la he adjuntado a esta declaración jurada como la Prueba E.

Sección 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

Concierto para cometer un delito

Si dos o más personas conciertan para cometer cualquier delito contra los Estados Unidos, o para defraudar a los Estados Unidos, o a cualquiera de sus agencias de cualquier manera o con cualquier objetivo, y una o más de esas personas realizan cualquier acto para llevar a cabo el objetivo del concierto, cada una de ellas será multada de conformidad de este título o confinada en prisión por un máximo de cinco años, o ambas cosas.

Sección 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

Lavado de instrumentos monetarios

(a) …

(3) Todo aquel que, con la intención-

…

(B) de ocultar o encubrir la naturaleza, ubicación, origen, titularidad o control de bienes que se consideren ganancias de una actividad ilícita especificada … realice o intente realizar una transacción financiera que implique bienes representados como ganancias de una actividad ilícita especificada, o bienes utilizados para realizar o facilitar una actividad ilícita especificada, será multado de conformidad con este título o confinado en prisión por un máximo de 20 años, o ambas cosas. A los efectos de este párrafo y del párrafo (2), el término “representados” significa cualquier representación hecha por un agente del orden público u otra persona bajo la dirección o con la aprobación de un funcionario federal autorizado para investigar o procesar violaciones de esta sección.

…

(c)

(7) el término “actividad ilegal especificada” significa:

(A) cualquier acto o actividad que constituya un delito enumerado en la sección 1961(1) de este título …

(h) Todo aquel que concierte para cometer cualquier delito definido en esta sección … estará sujeto a las mismas penas que las prescritas para el delito cuya comisión fue el objeto del concierto.

Sección 1961 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

Definiciones

(1) … la fabricación, importación, recepción, ocultación, compra, venta o cualquier otro tipo de tráfico de una sustancia controlada o producto químico categorizado (según se define en la sección 102 de la Ley de Sustancias Controladas) en forma delictiva

Sección 3282 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

Delitos no capitales

(a) En general.– Salvo que la ley disponga expresamente lo contrario, ninguna persona será procesada, enjuiciada o castigada por ningún delito, que no sea punible con la pena de muerte, si no se ha instituido una acusación formal o una querella dentro de cinco años después a la comisión del presunto delito.

Sección 812 del título 21 del Código de los Estados Unidos

Categorías de sustancias controladas

(a) Establecimiento

Se han establecido cinco categorías de sustancias controladas, a conocerse como las categorías I, II, III, IV y V. Dichas categorías consistirán inicialmente en las sustancias detalladas en esta sección.

Las categorías I, II, III, IV y V … consistirán en las siguientes drogas u otras sustancias … ;

Categoría I

(c) A menos que esté específicamente excluido o figure en otra categoría, cualquier material, compuesto, mezcla o preparación que contenga cualquier cantidad de las siguientes sustancias alucinógenas, o que contenga cualquiera de sus sales, isómeros y sales de isómeros siempre que la existencia de tales sales, isómeros y sales de isómeros sea posible dentro de la designación química específica … :

(10) Marihuana.

Sección 5313 del Título 31 del Código de los Estados Unidos

Informes sobre transacciones nacionales de monedas y divisas

(a) Cuando una institución financiera nacional esté implicada en una transacción para el pago, recibo o transferencia de monedas o divisas de los Estados Unidos (u otros instrumentos monetarios que el secretario del Departamento del Tesoro prescriba), en una cantidad, denominación o cantidad y denominación, o bajo circunstancias que el secretario prescriba por regulación, la institución y cualquier otro participante en la transacción que el secretario pueda prescribir presentará un informe sobre la transacción en el momento y de la manera que el secretario prescriba. Un participante que actúe en nombre de otra persona presentará el informe como agente o depositario de la persona e identificará a la persona para la que se realiza la transacción.

Sección 5324 del Título 31 del Código de los Estados Unidos

Prohibición de estructurar transacciones para evadir el requisito de informar

( a) Transacciones nacionales de monedas y divisas que impliquen a instituciones financieras.-

Ninguna persona podrá, con el objetivo de evadir los requisitos de presentación de información de la sección 5313(a) del [Título 31 del Código de los Estados Unidos] …

(3) estructurar o ayudar a estructurar, o intentar estructurar o ayudar a estructurar, cualquier transacción con una o más instituciones financieras nacionales.

( d) Sanción penal…

(2) Todo aquel que viole esta sección mientras viola otra ley de los Estados Unidos … será … confinado en prisión por no más de 10 años.

18.5. Las conductas atribuidas a SOLARTE ARTEAGA tienen correspondencia en la legislación penal colombiana con los delitos de concierto para delinquir agravado (artículo 3401, inciso 2°) y lavado de activos (artículo 3232), de acuerdo con lo previsto en la Ley 599 de 2000, así:

Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) lavado de activos o testaferrato y conexos, (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.».

18.6. En esa medida, queda demostrado que los hechos contenidos en los cargos de la acusación, por los cuales aceptó su responsabilidad SOLARTE ARTEAGA, y en virtud de lo cual se emitió fallo el 25 de octubre de 2007 por el juez Ted Stewart, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, cumplen el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), relativo a la doble incriminación, por cuanto se trata de conductas que también son consideradas delictivas en Colombia, y tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años.

18.7 Por lo anterior, este presupuesto, como los analizados en precedencia, también se satisface.

19. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero

19.1. La Corte encuentra igualmente cumplido el requisito de equivalencia contemplado en el numeral 2º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, que demanda «que por lo menos se haya dictado en el exterior, resolución de acusación o su equivalente».

19.2. En el presente asunto se allegó copia del fallo emitido el 25 de octubre de 2007 por el juez Ted Stewart, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, mediante el cual JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA fue condenado a la pena de 37 meses de prisión. Adicionalmente, aquel documento fue acompañado de la declaratoria anticipada de culpabilidad suscrita por el requerido el 27 de julio de esa misma anualidad.

19.3. De esa manera, se reúnen las condiciones previstas en el artículo 162 de la Ley 906 de 2004, conforme al cual, las sentencias y los autos deberán contener mención de la autoridad judicial que los profiere; lugar, día y hora; identificación de la actuación; fundamentación fáctica, probatoria y jurídica; y, decisión adoptada.

19.4. Por lo anterior, esta exigencia se cumple a cabalidad.

20. Cumplimiento de presupuestos constitucionales

20.1 El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, prohíbe conceder la extradición cuando, (i) se proceda por delito político, (ii) haya sido cometido en territorio colombiano, y (iii) los hechos por los que se solicita hayan sucedido con anterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Ninguna de estas limitaciones se presenta en el caso estudiado.

-. En cuanto a la primera, es claro que los delitos por los que se procede no tienen la connotación de delito político.

-. En tercer lugar, se puede establecer que los hechos de la sentencia ocurrieron aproximadamente: i) desde octubre de 2001 hasta al menos octubre de 2003, y ii) entre abril de 2005 y octubre del mismo año; es decir, mucho después de la fecha límite prevista en la norma constitucional. Este, por tanto, será el marco temporal fáctico a tener en cuenta.

20.2. Finalmente, tampoco se ha puesto de presente por el solicitado o su defensa, ni se observa de los elementos de juicio aportados al trámite, que se esté frente a la circunstancia prevista en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo No. 01 de 2017, que consagra la garantía de no extradición para miembros de las FARC-EP por conductas punibles realizadas con anterioridad a la firma de acuerdo final, de someterse al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

21. Otros factores de improcedencia

21.1. En la actuación no existe información que acredite que JAIME ARTURO SOLARTE ARTEAGA ha sido procesado, juzgado o dejado en libertad por pena cumplida, con motivo de los hechos que sustentan la solicitud de extradición, según se desprende de los informes rendidos por la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.

21.2. En ese sentido, esta Sala advierte que, aunque se reportó un proceso en contra del requerido, se encuentra inactivo y el tipo penal investigado es violencia intrafamiliar, de modo que su entrega no afecta la garantía del non bis in ídem.

22. Conclusión

Del análisis realizado, se concluye que se satisfacen los presupuestos requeridos por la normatividad constitucional y legal para acceder al requerimiento realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de los acuerdos de cooperación internacional.

23. Respuesta a los alegatos de conclusión

23.1. En punto a los alegatos presentados por el delegado del Ministerio Público, donde pidió verificar el fenómeno de la prescripción en este asunto, en virtud a las fechas de los hechos y de la sentencia por la cual está siendo requerido SOLARTE ARTEAGA, es preciso recordar que dicho presupuesto no debe ser valorado por la Corte en los requerimientos de extradición realizados por el gobierno de los Estados Unidos de América, toda vez que el presente asunto se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004, dentro de las que no se contempla el análisis de tal aspecto. (Así lo ha establecido la Corte, entre otros, en CP077-2025, Rad. 67241.)

23.2. De otra parte, en lo que atañe a las postulaciones de la defensa, conforme a las cuales la inactividad en la causa -desde el momento en que se emitió la sentencia hasta el inicio del presente trámite- atentó contra los principios de razonabilidad, continuidad de la persecución penal y publicidad y, en consecuencia, el derecho a la defensa material y técnica, no están encaminados a establecer o desvirtuar alguno de los aspectos sobre los cuales debe versar el concepto de la Corte.

Aunado a ello, aunque peticionó el cumplimiento de la pena en Colombia o activar el trámite de exequatur, su pretensión será desestimada por la Sala, pues se escapa de la competencia de la Corte, quien, además, emite el concepto únicamente conforme al pedimento formulado por el país requirente.

24. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición

Por tratarse de un ciudadano colombiano, su entrega, de llegar a autorizarse, deberá ser sometida a estos condicionamientos:

24.1. No podrá imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1.997.

24.2. El extraditado solo podrá purgar la pena en el Estado requirente por los hechos mencionados en la solicitud de extradición. El extraditado deberá ser advertido de las consecuencias a lo que lo expondría su permanencia en el territorio de ese Estado.

24.3. De igual modo, habrá de demandar el respeto de todas las garantías procesales que le asisten en su condición de nacional colombiano, entre las cuales están: contar con un defensor designado por él o por el Estado; se le designe un intérprete; que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas; y, que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

24.4. El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega para que conforme con las políticas internas sobre la materia, el país extranjero le ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

24.5. Para preservar los derechos fundamentales del pedido en extradición, exigirá al Estado solicitante garantizar su permanencia en ese país y su retorno a Colombia en condiciones dignas.

24.6. Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición.

El Gobierno Nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo contemplado en el ordinal 2º del artículo 189 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

CONCEPTÚA

Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensora, al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la Nación.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo de su competencia.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

1 Modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004, 19 de la Ley 1121 de 2006 y el 5° de la Ley 1908 de 2018.

2 Modificado por el artículo 11 de la Ley 1762 de 2015.

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CP058-2026(67546)

salapenalcronologico — Fri, 10 Apr 2026 18:58:38 +0000

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente

CP058-2026

Radicación Nº 67546

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

1. Procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con la solicitud de extradición de DANIEL ALFONSO DE LA ROSA, ciudadano colombiano identificado con cédula de ciudadanía No. 84.040.135, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

II. ANTECEDENTES

2. Mediante Nota Verbal No. 1163 de 17 de julio de 20241, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano DANIEL ALFONSO DE LA ROSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.040.135, quien es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por los delitos de «concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas».

3. La Fiscal General de la Nación, con resolución proferida el 19 de julio de 2024, dispuso su captura, la cual se había materializado el 14 de agosto del mismo año en Maicao (La Guajira), con ocasión de la Nota Verbal 1163 de 17 de julio.

4. Con la Nota Verbal No. 1835 de 8 de octubre de 20242, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de DANIEL ALFONSO DE LA ROSA, requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por los delitos de «concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas», para lo cual allegó la siguiente documentación:

4.1. Orden de aprehensión emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida3, dentro de la causa No. 24-20086-CR-WILLIAMS/GOODMAN.

4.2. Copia de la acusación formal Caso No. 24-20086-CR-WILLIAMS/GOODMAN, dictada el 12 de marzo de 2024 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida4.

4.3. Traducción de la normativa sustancial aplicable al presente asunto5, respecto de la acusación formulada.

4.4. Testimonio jurado en apoyo de la solicitud, rendido por Marc S. Chattah, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida6, en el que menciona los cargos formulados contra DANIEL ALFONSO DE LA ROSA y la normatividad del Código Penal de los Estados Unidos que regirá el caso en ese país.

4.5. Declaración jurada en apoyo de la solicitud de extradición, rendida por Ernest Tolbert, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)7, en la que alude a las actividades delictivas del requerido.

4.6. Documentación que, junto con su traducción al español, fue certificada por Tracey S. Lankler, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en Washington, D.C.

III. ACTUACIÓN CUMPLIDA ANTE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS

5. El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI No. 3659 del 8 de octubre de 20248, remitió a su homólogo del Ministerio de Justicia y del Derecho los documentos antes mencionados junto con sus anexos, e indicó que en este caso «se encuentran vigentes para las [p]artes, las siguientes convenciones multilaterales en materia de cooperación judicial mutua:

– La “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 (…).

– La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en New York, el 15 de noviembre de 2000 (…)».

Además de lo anterior, adujo que los aspectos no regulados por las convenciones aludidas se regirán por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 491 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

6. Perfeccionado el expediente, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho lo remitió a esta Sala mediante oficio MJD-OFI24-0045211-DAI-10100 del 16 de octubre de 2024.

7. Asumido el conocimiento del asunto, con auto de 30 de octubre de 2024, se requirió a DANIEL ALFONSO DE LA ROSA para que designara un defensor que lo representara en la actuación, allí mismo se surtió el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

8. Vencido el término, el apoderado de confianza y el Ministerio Público presentaron sus solicitudes probatorias, la Corte dispuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN, para verificar que DANIEL ALFONSO DE LA ROSA no haya sido procesado por los mismos hechos por los cuales se requiere su entrega.

8.1. En respuesta al requerimiento efectuado, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN, indicó que, a nombre de DANIEL ALFONSO DE LA ROSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.040.135, además del reporte por el presente trámite de extradición, aparece la siguiente anotación:

8.2. A su turno, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación informó que consultado el sistema misional SPOA y SIJUF no evidenció registro de procesos penales contra el requerido.

9. A través de auto del 21 de noviembre de 2025, se dispuso correr el traslado previsto en el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), para que las partes presentaran alegatos.

10. Alegatos de conclusión

10.1. Del delegado del Ministerio Público

10.1.1. El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, realizó un recuento de las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para la emisión del concepto por parte de la Corte y resumió la actuación adelantada por el Gobierno requirente.

10.1.2. Abordó el estudio de la validez formal de la documentación allegada, expuso los requisitos para su expedición, especialmente, la traducción y autenticación por las autoridades correspondientes en el país requirente, y el cumplimiento del trámite diplomático para su presentación, todo lo cual le permitió concluir que esas exigencias se encontraban satisfechas.

10.1.3. Igual criterio expresó acerca de las previsiones del artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, relacionadas con la demostración plena de la identidad del requerido, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el principio de doble incriminación, en el cual especificó que las conductas punibles atribuidas por los Estados Unidos de América se encuadraban en los tipos penales descritos en la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, los cuales superan el límite mínimo de la pena de prisión establecida.

10.1.4. En consecuencia, consideró cumplidos los requisitos exigidos para emitir concepto favorable a la solicitud de DANIEL ALFONSO DE LA ROSA. Razón por la cual, pidió a la Corte exhortar al gobierno nacional para que formule al país reclamante los respectivos condicionamientos.

10.2. Del defensor del requerido

10.2.1. Afirmó que las piezas procesales allegadas por parte del país requirente no pueden considerarse pruebas incriminatorias en contra del solicitado.

10.2.2. Además, arguyó que hay deficiencias en la identidad del requerido porque no se ha probado que aquella persona sea la dueña de los cargamentos de cocaína.

10.2.3. Por lo anterior, al resultar jurídicamente inviable y contrario a los principios constitucionales, solicitó se emita concepto desfavorable

IV. CONSIDERACIONES

11. Normatividad aplicable

11.1. Según el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos, acorde con lo establecido en la normatividad interna.

El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.

11.2. A pesar de lo anterior, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas en nuestro país ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, como lo exigen los preceptos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política, pues, aunque en el pasado se expidieron con tal propósito las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de forma9.

Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son: (i) las condiciones constitucionales de improcedencia de la extradición; (ii) la prohibición de doble juzgamiento, (iii) la validez formal de la documentación presentada, (iv) la demostración plena de la identidad del solicitado, (v) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vi) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

12. Validez Formal de los documentos aportados

12.1. Según lo establece el artículo 49512 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso. Documentos anteriores que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.

12.2. El inciso 2º del artículo 251 del Código General del Proceso13 instituye que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deben presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, y que su firma debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.

12.3. En el asunto de estudio, esta Corporación observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano colombiano DANIEL ALFONSO DE LA ROSA; al efecto, anexó copia de la acusación formal Caso No. 24-20086-CR-WILLIAMS/GOODMAN, dictada el 12 de marzo de 2024, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de la orden de arresto expedida contra el reclamado por esa autoridad judicial extranjera.

12.4. De igual manera, allegó la declaración jurada de Marc S. Chattah, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en la que se refiere al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación; concreta los cargos formulados contra DE LA ROSA; indica los elementos integrantes de los delitos atribuidos; y, remite, para mayores detalles de los hechos, la declaración de apoyo de Ernest Tolbert, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de ese mismo país.

12.5. Se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto de la acusación se especifican los actos imputados y los lugares y época de ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 49514 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), como se explicará más adelante.

12.6. A su vez, dichos legajos están traducidos al castellano, certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia del Estado requirente, al punto que se encuentran refrendados por Tracey S. Lankler, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División Penal del Departamento de Justicia del mismo país, reconocido como tal por su Procurador Merrick B. Garland.

12.7. Igualmente, la documentación fue debidamente apostillada el 2 de octubre de 2024 por Patrick O. Hatchett, Asistente de Autenticaciones de la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en los términos de la Ley 455 de 1998, declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-164 del 17 de marzo de 1999, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros.

12.8. Por lo tanto, se cumplen a cabalidad los requisitos para su validez.

13. Demostración plena de la identidad del requerido en extradición

Esta exigencia se contrae a constatar si la persona requerida (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad. Por tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.

13.1. De conformidad con la Nota Verbal No. 1835 de 8 de octubre de 2024, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de DANIEL ALFONSO DE LA ROSA, nacido el 7 de febrero de 1962 en Colombia; titular de la cédula de ciudadanía No. 84.040.135, persona a la que se refiere la acusación formal Caso No. 24-20086-CR-WILLIAMS/GOODMAN.

Aspecto que coincide con el informe de consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil del implicado.

Por tanto, no existe incertidumbre en cuanto a que el detenido es el ciudadano colombiano solicitado en extradición, tema que, además, no ha sido materia de discusión. En consecuencia, se satisface este presupuesto.

14. Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero

Este requisito se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno, de acuerdo a lo previsto en el numeral segundo del artículo 49315 de la Ley 906 de 2004.

Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio; es decir, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, si expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables.

14.1. En esta oportunidad, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, profirió la acusación formal identificada como Caso No. 24-20086-CR-WILLIAMS/GOODMAN contra el requerido, para comparecer a juicio por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

14.2. Se evidencia que ese documento registra las siguientes similitudes con la acusación prevista en el artículo 33716 del Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004): a) se trata de un pliego concreto de cargos contra el implicado para que se defienda de ellos en el juicio, con especificación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar; b) tiene como fundamento las pruebas acopiadas durante la investigación; c) califica jurídicamente el comportamiento desplegado por aquél; d) invoca las disposiciones penales aplicables; y, e) como sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra.

14.3. Por lo anterior, este presupuesto también se cumple a cabalidad.

15. Principio de la doble incriminación

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.

15.1. La Corte ha reiterado que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.

15.2. Tal confrontación se hace con la norma que está en vigor al momento de dar inicio a la extradición, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entra en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.

15.3. En este sentido, la acusación antes mencionada, comporta los siguientes cargos:

«A partir de mayo de 2021 o alrededor de esa fecha, siendo desconocida la fecha exacta para el gran jurado, y hasta mayo de 2022 o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y la República Dominicana, y en otros lugares, los acusados,

DANIEL DE LA ROSA-ROBLES,

KEVIN SIMÓN LÓPEZ-BARROS,

PEDRO LUCAS ROBLES-IGUARÁN,

LUIS EMILIO IGUARÁN-MEJÍA,

JULIO CÉSAR DE LA ROSA-JIMÉNEZ,

MADUÍN JOSÉ QUINTERO-PINZÓN, y

JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA-BARRERRA [sic],

alias “Lucho”,

a sabiendas e intencionalmente se juntaron en una conspiración, en conjunto y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, a sabiendas y teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos en contravención de la sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en contravención de la sección 963 del Título 21 de los Estados Unidos.

Se alega además que la sustancia controlada involucrada en la conspiración atribuible a los acusados como resultado de la propia conducta de los acusados y la conducta de otros coconspiradores razonablemente previsibles para los acusados, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en contravención de la sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y de la sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.»

15.4. Soporta el pliego de cargos, la declaración jurada que rindió Ernest Tolbert, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), acerca de los hechos endilgados, así:

«[…] I. RESUMEN

7. Una investigación realizada por las autoridades del orden público identificó a una organización de narcotráfico (DTO, por sus siglas en inglés) basada en Colombia, que entre julio de 2021 y marzo de 2022 fue responsable de la adquisición y transporte de grandes cantidades de cocaína de Colombia a la República Dominicana. La DTO, que utilizaba buques marítimos para transportar la cocaína, tenía la intención de que estos cargamentos de cocaína fueran finalmente importados a los Estados Unidos para su distribución. En al menos tres operaciones separadas entre julio de 2021 y abril de 2022, las autoridades del orden público, en aguas de Colombia o de la República Dominicana o cerca de ellas, incautaron un total de aproximadamente 1,379 kilogramos de cocaína vinculada a la DTO. La investigación identificó a los acusados como coordinadores de transporte, logística y laboratorio de la DTO con sede en Colombia.

II. PRUEBAS

Incautación de 431 kilogramos de cocaína el 18 de julio de 2021

8. El 18 de julio de 2021, las autoridades del orden público incautaron aproximadamente 431 kilogramos de cocaína de una embarcación rápida (GFV, por sus siglas en inglés) aproximadamente a 50 millas náuticas de la costa colombiana y aprehendieron a los miembros de la tripulación de la GFV. Las comunicaciones interceptadas lícitamente revelaron que DE LA ROSA ROBLES, LÓPEZ BARROS, ROBLES IGUARÁN e IGUARÁN MEJÍA organizaron el transporte del cargamento de cocaína desde Colombia a la República Dominicana y luego a los Estados Unidos. Esas comunicaciones se describen a continuación.

9. El 2 de julio de 2021, ROBLES IGUARÁN habló sobre la compra de dos motores de barco (40 y 75 caballos de fuerza) con el dueño de un negocio.

10. El 12 de julio de 2021, DE LA ROSA ROBLES habló con ROBLES IGUARÁN. Durante la llamada, DE LA ROSA ROBLES le preguntó a ROBLES IGUARÁN si había una tripulación disponible para transportar el cargamento de cocaína a la República Dominicana. ROBLES IGUARÁN confirmó que había una tripulación disponible. DE LA ROSA ROBLES discutió luego la posibilidad de dos viajes con dos envíos separados a la República Dominicana. Durante la llamada, DE LA ROSA ROBLES dijo que podrían decidir enviar dos envíos separados de 500 kilogramos cada uno. DE LA ROSA ROBLE se refiere a los 500 kilogramos de cocaína. Más tarde, durante la misma llamada, DE LA ROSA ROBLES dijo que la tripulación necesitaba un “motor de 75” (75 caballos de fuerza) para hacer el viaje a la República Dominicana. DE LA ROSA ROBLES le preguntó a ROBLES IGUARÁN si ROBLES IGUARÁN podría obtener los dos motores que estaba negociando en los días previos al transporte de la cocaína. ROBLES IGUARÁN confirmó que obtendría los motores.

11. El 14 de julio de 2021, IGUARÁN MEJÍA habló con ROBLES IGUARÁN sobre un cargamento que estaba listo para transportar. Durante la conversación hablaron de los “ancianos”, refiriéndose a los miembros de la tripulación. IGUARÁN MEJÍA confirmó que tendría a los miembros de la tripulación listos para transportar el cargamento de cocaína.

12. El 17 de julio de 2021, IGUARÁN MEJÍA le dijo a ROBLES IGUARÁN que el punto de entrega del cargamento de cocaína estaba a “20 millas náuticas” de la República Dominicana. Más tarde ese mismo día, LÓPEZ BARROS habló con ROBLES IGUARÁN. Hablaron de que los destinatarios del cargamento de drogas estaban listos para transferir las drogas el “lunes por la noche” frente a la costa sur de Haití y la República Dominicana.

13. El 19 de julio de 2021, el día después de que las autoridades del orden público interceptaran e incautaran el cargamento, LÓPEZ BARROS habló con ROBLES IGUARÁN sobre la incautación.

14. El 20 de julio de 2021, ROBLES IGUARÁN y un hombre no identificado llamado “Lalo” hablaron sobre la incautación. Durante la conversación, Lalo preguntó dónde se había interceptado la GFV. ROBLES IGUARÁN respondió que la tripulación (“los viejos”) se estaban alejando de la playa cuando los capturaron.

15. El 21 de julio de 2021, LÓPEZ BARROS habló con ROBLES IGUARÁN y se refirió a las personas que fueron “capturadas”, es decir, las que fueron aprehendidas en el momento de la incautación del 18 de julio de 2021. Más tarde, ese mismo día, durante otra llamada, ROBLES IGUARÁN le dijo a LÓPEZ BARROS que el barco fue incautado a 40 o 50 millas náuticas de la costa.

Incautación de 248 kilogramos de cocaína el 18 de octubre de 2021

16. El 18 de octubre de 2021, las autoridades del orden público incautaron una GFV abandonada en la costa de la República Dominicana que contenía 248 kilogramos de cocaína. Antes y después de la incautación, las llamadas telefónicas interceptadas lícitamente revelaron que DE LA ROSA ROBLES, ROBLES IGUARÁN e IGUARÁN MEJÍA estaban coordinando el envío. Esas comunicaciones se describen a continuación.

17. El 29 de septiembre de 2021, ROBLES IGUARÁN habló con DE LA ROSA ROBLES y le ofreció 150 kilogramos de cocaína. ROBLES IGUARÁN le dijo a DE LA ROSA ROBLES que la cocaína se encontraba en el área de Uribia-Guajira, Colombia.

18. El 7 de octubre de 2021, IGUARÁN MEJÍA habló con ROBLES IGUARÁN y le dijo que un individuo había llegado a Colombia y pagaría para que el cargamento fuera transportado fuera de Colombia. Más tarde ese mismo día, ROBLES IGUARÁN habló con una persona llamada “Bladimir” y le dijo que todo estaba listo con respecto al envío de cocaína. ROBLES IGUARÁN preguntó cuándo partiría el barco.

19. El 18 de octubre de 2021, después de la incautación, DE LA ROSA ROBLES y ROBLES IGUARÁN hablaron sobre el envío durante una conversación interceptada lícitamente.

20. El 24 de octubre de 2021, ROBLES IGUARÁN habló con DE LA ROSA ROBLES y le dijo que el envío se perdió y no se pagó. DE LA ROSA ROBLES le dijo a ROBLES IGUARÁN que “los dominicanos” querían “mil” y querían poner su propio sello en los paquetes de cocaína.

Incautación de 700 kilogramos de cocaína el 29 de abril de 2022

21. El 29 de abril de 2022, las autoridades del orden público incautaron aproximadamente 700 kilogramos de cocaína de una GFV a 50 millas náuticas al sur de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Antes y después de la incautación, las autoridades del orden público interceptaron lícitamente varias conversaciones telefónicas entre DE LA ROSA ROBLES, QUINTERO PINZÓN y DE LA ROSA JIMÉNEZ. Esas comunicaciones se describen a continuación.

22. Durante una conversación del 8 de marzo de 2022, DE LA ROSA ROBLES y QUINTERO PINZÓN hablaron sobre los precios de la cocaína y sobre cómo prepararse para hacer “700”. También hablaron sobre el transporte de cocaína desde su laboratorio en Catatumbo, Colombia, hasta Maicao, Colombia.

23. El 11 de marzo de 2022, DE LA ROSA ROBLES habló con SEPÚLVEDA BARRERA sobre un próximo negocio de cocaína. Durante la llamada, DE LA ROSA ROBLES le dijo a SEPÚLVEDA BARRERA que otro coconspirador (CC-1, por sus siglas en inglés) Flórez Rodríguez había hecho “la carreta” y que se estaba haciendo “la comida”. También hubo una discusión sobre un intercambio de “verdes”. Según mi capacitación y experiencia, sé que la “carreta” se refiere a la GFV, la “comida” se refiere a la cocaína y los “verdes” se refieren a dólares estadounidenses.

25. El 26 de abril de 2022, DE LA ROSA ROBLES habló con SEPÚLVEDA BARRERA y le dijo que creía que la “familia” viajaría al día siguiente, el 27 de abril de 2022). Según mi capacitación y experiencia, sé que la “familia” se refiere a un envío marítimo de cocaína que se enviará el 27 de abril de 2022.

26. Al día siguiente de la incautación, el 30 de abril de 2022, las autoridades del orden público interceptaron lícitamente una conversación telefónica entre DE LA ROSA JIMÉNEZ y DE LA ROSA ROBLES. Durante la llamada, DE LA ROSA JIMÉNEZ le preguntó a DE LA ROSA ROBLES dónde “se enfermó”, a lo que DE LA ROSA ROBLES respondió: “en la República Dominicana”. Según mi capacitación y experiencia, sé que DE LA ROSA ROBLES y DE LA ROSA JIMÉNEZ estaban hablando del envío de cocaína que las autoridades del orden público incautaron el día anterior. Durante otra llamada, el mismo día, DE LA ROSA ROBLES le dijo a DE LA ROSA JIMÉNEZ que, de ahora en adelante, cualquier trato que se hiciera con “los dominicanos” debía pagarse por adelantado. DE LA ROSA JIMÉNEZ estuvo de acuerdo.

27. El 27 de mayo de 2022, DE LA ROSA JIMÉNEZ le dijo a DE LA ROSA ROBLES que le pidiera al “Sr. RD” que enviara dinero para la cocaína ahora, porque el tipo de cambio era favorable.»

15.5. Por otra parte, los cargos endilgados a DANIEL ALFONSO DE LA ROSA fueron adecuados típicamente por la autoridad judicial de los Estados Unidos de América, así:

«Sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos

Categorías de sustancias controladas

(a) Establecimiento

Se establecen cinco categorías de sustancias controladas, que se conocerán como categorías I, II, III, IV y V. Dichas categorías consistirán inicialmente en las sustancias categorizadas en esta sección…;

Las categorías I, II, III, IV y V… consistirán en las siguientes drogas u otras sustancias…;

Categoría II

(a) Salvo que se haga una excepción específica o se enumere en otra categoría, cualquiera de las siguientes sustancias, ya sea producida directa o indirectamente por extracción de sustancias de origen vegetal, o de manera independiente por síntesis química, o por medio de una combinación de extracción y síntesis química…;

(4) . . . cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de isómeros . . . o cualquier compuesto, mezcla o preparación que contenga cualquier cantidad de cualquiera de las sustancias a las que se hace referencia en este párrafo. . . .

Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos

Posesión, fabricación o distribución de una sustancia controlada

(a) Elaborar o distribuir con el propósito de importar ilícitamente

Será ilícito que toda persona elabore o distribuya una sustancia controlada de la Categoría I o II… con la intención, a sabiendas, o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia… será importada ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos…

Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos

Actos prohibidos A

(a) Actos ilícitos

Toda persona que… –

(3) en contravención de la sección 959 de este título, elabore una sustancia controlada, la posea con el objeto de su distribución o la distribuya,

será sancionada conforme a lo dispuesto en la sección (b) de esta sección.

(b) Sanciones

(1) En el caso de una contravención del inciso (a) de esta sección asociada con… –

(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de…—

(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales o isómeros…;

la persona que cometa tal contravención será condenada a un término de encarcelamiento no menor de 10 años ni mayor que cadena perpetua… una multa no mayor que aquella autorizada de conformidad con las disposiciones del título 18 de Código de los Estados Unidos, o $10.000.000… un término de libertad supervisada de al menos 5 años además de tal término de encarcelamiento…

Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos

Tentativa y conspiración

Toda persona que intente o que se conspire para cometer algún delito definido en este subcapítulo estará sujeta a las mismas penas que las prescritas para el delito, la comisión del cual era el objeto de la tentativa o de la conspiración.»

15.6. Las conductas anteriormente descritas tienen correspondencia en la legislación penal colombiana con lo estipulado en los artículos 340 inciso 2º (modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004, 19 de la Ley 1121 de 2006 y el 5° de la Ley 1908 de 2018), bajo la denominación de concierto para delinquir agravado; y el 376 (reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011), agravado por el inciso 3° del canon 384 del Código Penal (Ley 599 de 2000), establecido como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que disponen:

«Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).

Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos: (…)

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola».

15.7. En esa medida, queda demostrado que los hechos imputados en los cargos contenidos en la acusación formal No. 24-20086-CR-WILLIAMS/GOODMAN, dictada el 12 de marzo de 2024 por Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, cumple el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), relativo a la doble incriminación, por cuanto se trata de conductas que también son consideradas delictivas en Colombia, y tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años.

15.8. Por lo anterior, este presupuesto, como los analizados en precedencia, también se satisface.

15.9. Ahora bien, como la precitada acusación incluye la mención del decomiso o extinción del derecho de dominio de los bienes objeto de las conductas reprochadas, es preciso indicar que tal afirmación no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.

En efecto, como lo ha expresado esta Corporación respecto de situaciones semejantes, esa figura no involucra imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la eventual declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, por cuya comisión se exhorta al requerido . Por tanto, el tema es ajeno a la petición de extradición, motivo por el cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por la Sala17.

16. Cumplimiento de presupuestos constitucionales

16.1. El artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo N° 01 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento, cuando: (i) son reclamados por delitos cometidos en el exterior, (ii) las conductas que los originan son delictivas en Colombia, por hechos posteriores a la promulgación del citado Acto Legislativo, y (iii) no se trate de delitos políticos.

16.2. Ninguna de estas limitaciones se presenta en el caso estudiado. En primer lugar, es claro que los delitos por los que se procede no tienen la connotación de políticos, según los literales a) i), b) i) y c) iv) del artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

16.3. En cuanto a la segunda, de la información aportada por el Estado requirente se establece que la persona requerida hacía parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que enviaba grandes cantidades de estupefacientes para distribución final en los Estados Unidos de América, situación que determina que los delitos se entiendan también cometidos en ese país.

16.4. En tercer lugar, la investigación adelantada por el Estado requirente permite establecer que los hechos de la acusación ocurrieron entre el 2021 y 2022, es decir, mucho después de la fecha límite prevista en la norma constitucional.

17. Otros factores de improcedencia

17.1. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido reiterativa en indicar que, para que opere la extradición, es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción, respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso, es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP028-2019, CSJ CP165-2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).

17.2. Frente al punto en estudio, no se advierte motivo que impida conceptuar favorablemente a la solicitud. La Fiscalía General de la Nación informó que el implicado no registra investigaciones ni anotaciones relacionadas con estos mismos hechos.

17.3. Además, si bien la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional trajo a colación que aparece una anotación contra el requerido, se advierte que la misma es por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego; punible distinto por los cuales es solicitado en el presente trámite de extradición, asimismo no se avizora que exista una orden de captura vigente.

17.4. De otro lado, se verifica que los hechos materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no tienen relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto interno armado y tampoco opera la prohibición de conceder la extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón a que no obra en el expediente indicio alguno de que el requerido tenga tal condición. Además, el interesado no mencionó algo al respecto (CP117-2020, 29 jul. 2020, Radicación N° 56612).

17.5. Así las cosas, la Corte no advierte afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que asiste al reclamado.

18. Respuesta a los alegatos

18.1. El abogado del requerido afirmó que las piezas procesales allegadas por parte del país requirente no pueden considerarse pruebas incriminatorias en contra del solicitado y que no se ha probado que aquella persona sea la dueña de los cargamentos de cocaína.

18.2. En ese orden, debe indicarse desde ya, que tal debate no puede ser objeto de análisis ni de pronunciamiento en el marco del presente asunto, pues el mismo, tal como lo ha decantado pacíficamente esta Corporación, debe surtirse ante las autoridades extranjeras, al ser ese el escenario propicio para ello.

18.3. Lo anterior, por cuanto tratándose de los trámites de extradición con el Gobierno de los Estados Unidos de América, la actividad de la Corte se limita a verificar la concurrencia de los aspectos legales y constitucionales ya estudiados en los acápites anteriores, luego le está vedado a la Sala realizar valoraciones como las que pretende el defensor del ciudadano requerido.

18.4. En consecuencia, los argumentos alegados por la defensa no pueden ser de recibo para esta Sala, pues se trata de manifestaciones que escapan de la órbita de competencia atribuida a la Corte al momento de emitir el correspondiente concepto de extradición.

19. Concepto de la Sala

En razón a las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición de DANIEL ALFONSO DE LA ROSA, ciudadano colombiano identificado con cédula de ciudadanía No. 84.040.135, presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación con los hechos indicados en los cargos contenidos en la acusación formal Caso No. 24-20086-CR-WILLIAMS/GOODMAN, dictada el 12 de marzo de 2024 por Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

20. Condicionamientos al concepto

Por tratarse de un ciudadano colombiano, su entrega, de llegar a autorizarse, deberá ser sometida a estos condicionamientos:

20.1. No podrá imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997.

20.2. Deberán respetarse las prerrogativas inherentes a su condición de procesado, en particular, a que se le garantice el acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que preparé su defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, pueda ser apelada ante un tribunal superior y que esta tenga la finalidad esencial de readaptación social.

20.3. El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, como quiera que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

20.4. El estado requirente deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

20.5. Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición, de llegar a ser condenado por el cargo que motiva la solicitud.

20.6. Remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

Asimismo, debe informar de la entrega a las autoridades judiciales colombianas que tienen procesos activos en contra del requerido, para los fines a que haya lugar.

Comuníquese esta determinación al solicitado, a su defensor, a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

Comuníquese y cúmplase

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

HUGO QUINTERO BERNATE

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

1 Folio 16 al 17 del expediente.

2 Folio 24 al 28 ibidem.

3 Folio 60 ibidem.

4 Folios 56 a 58 ibidem.

5 Folios 111 a 120.

6 Folios 37 a 44.

7 Folios 74 a 86.

8 Folio 21.

9 Sentencias del 12 de diciembre de 1986 y 25 de junio de 1987, respectivamente.

10 Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla.

11 Artículo 502. Fundamentos de la resolución que concede o niega la extradición.

12 Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.

13 Ley 1564 de 2012.

14 Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.

15 Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla.

16 Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos.

17 CSJ CP, 3 May 2007, Rad. 26756; y CSJ CP, 30 Sep 2009, Rads. 32226 y 32228, entre otros.

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