DICIEMBRE – Sala Penal 1995 – 2026

STP17282-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:19 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17282-2022

Radicación 127662

Acta 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS:

Resuelve la Sala la impugnación presentada por ANDRE CORMINBOEUF, contra la sentencia de tutela proferida el 24 de octubre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que declaró improcedente el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los Juzgados 2º Penal del Circuito Especializado y 6º Penal Municipal con Función de Control de Garantías, las Fiscalías 1ª Local, 3ª y 20 Especializadas, todas autoridades de Cartagena, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Fiscal General de la Nación.

Al trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes que actúan dentro del proceso con radicado No. 1300160 01129201702923.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por el tribunal de primera instancia así:

Refiere el accionante, que fue capturado el día 5 de octubre de 2017, dicho acto fue declarado legal por el JUEZ GUIDO GUILLERMO GUEVARA HERRERA, JUEZ 6º PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS.

Informa que la FISCAL LOCAL 1ª MARLY RODRÍGUEZ CHÁVEZ, formuló imputación en su contra el 6 de octubre de 2017.

Luego expresa que LA FISCAL LILIANA GUARDO CASTAÑO presentó escrito de acusación en su contra en diciembre de 2017, pero que las actuaciones han sido continuadas por LA FISCAL CLAUDIA MARCELA MARTÍNEZ MURILLO.

Finalmente, pone de presente que el juicio lo conoce la JUEZ 2ª PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CARTAGENA MERCEDES ESTELA BUENO BUSTOS.

El actor hace alusión a que adquirió “el carácter de imputado desde el momento de su captura en flagrancia por parte de los policiales”.

En su opinión, la audiencia convocada para formular imputación luego de haberse legalizado la captura constituye una violación a los derechos fundamentales: non bis in ídem y debido proceso, lo que torna ilegal cualquier actuación posterior a dicho acto, al constituir, además, una demora injustificada.

Manifestó que toda persona capturada en flagrancia inmediatamente es culpable, pues no es necesario que el fiscal tenga que buscar otras pruebas, para quien es sorprendido en esta

condición.

Por lo tanto, solicita que se protejan sus derechos al debido proceso, garantías judiciales, defensor competente, dignidad, doble incriminación “por haber sido imputado dos veces por el mismo delito”.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:

Mediante auto del 13 de octubre de 2022, la Corporación a quo avocó el conocimiento de la demanda de tutela y corrió el traslado correspondiente a las autoridades accionadas.

1. El Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva para intervenir en este asunto; por tanto, reclamó su desvinculación del trámite.

2. Las Fiscalías 1ª y 5ª Local de Cartagena adujeron que, para la época de los hechos relatados en la demanda, la delegada encargada de la URI presentó ante un juez de garantías a ANDRE CORMINBOEUF, realizándose la legalización de la captura y la formulación de imputación por el delito de tráfico de estupefacientes, aunque declinó de la medida de aseguramiento.

3. La Fiscalía 3ª Especializada de Cartagena afirmó que actualmente tiene asignado el conocimiento del asunto con radicado No. 130016001129201702923, seguido contra el accionante y otras personas.

A la par, hizo un recuento de las actuaciones que se han adelantado a la fecha y negó tajantemente que se esté juzgando dos veces por el mismo hecho al promotor del amparo, pues por la situación fáctica acaecida el 6 de octubre de 2017 únicamente se adelanta el proceso en cita.

De igual manera, advirtió que el actor ha interpuesto diferentes acciones de tutela similares a la presente.

ANDRE CORMINBOEUF impugnó el fallo. Insistió en la lesión a sus garantías constitucionales al adelantarse un proceso penal con serias irregularidades, pues, en su sentir, las diligencias preliminares surtidas en el año 2017, cuando fue capturado en flagrancia, se trataron de un proceso independiente al que actualmente se sigue en la etapa de juzgamiento.

Por lo anterior, consideró necesario y urgente la intervención del juez constitucional ante la configuración de un perjuicio inminente e irremediable.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 2º del Decreto 333 de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación instaurada contra el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

2. Ahora bien, advierte la Sala que el objeto del disenso consiste en determinar si las autoridades judiciales demandadas violaron las prerrogativas superiores del actor con el proceso penal que en la etapa de juzgamiento se adelanta en su contra, por supuesta transgresión al principio del non bis in ídem.

3. A partir de ese problema jurídico, determina la Corte que los reclamos postulados no tienen vocación de prosperar, porque la demanda incumple el presupuesto de subsidiariedad como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela, como pasa a verse.

La doctrina de la Sala tiene dicho que este mecanismo constitucional no está instituido para interferir en las decisiones que se toman en procesos en curso, en virtud de los principios de autonomía e independencia que amparan la función jurisdiccional, y porque hacerlo implicaría autorizar el uso de acciones paralelas indebidas cada vez que se disiente de una decisión.

Esto solo es posible, de manera excepcional, cuando se acredita: (i) que la decisión o actuación judicial deriva de una cualquiera de las vías de hecho desarrolladas por la jurisprudencia (C-590 de 2005), y (ii) que la parte afectada no cuenta con medios de defensa dentro del proceso en curso, por no existir o haber sido debidamente agotados, condiciones de procedibilidad que el promotor no demuestra y que la Sala tampoco encuentra cumplidos.

4. Como punto de partida, advierte la Sala que razón le asistió al tribunal en declarar improcedente la acción de amparo, pues encuentra la Corte que la actuación penal que se sigue a ANDRE CORMINBOEUF está en curso, concretamente, está pendiente de realizarse la audiencia preparatoria, tal y como lo informó el despacho cognoscente.

Por tanto, encontrándose en trámite el proceso censurado en la demanda constitucional, el afectado, por intermedio de su defensor o él mismo, deberá elevar las solicitudes a que haya lugar al interior de las diligencias No. 130016001129201702923, entre ellas, las que guarden relación con la supuesta violación al non bis in ídem. En caso de resultar adverso a sus intereses el fallo del a quo, podrá promover la alzada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena y, de salir vencido en dicha instancia, contará con la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casación contra la decisión que emita el juez colegiado, con argumentos similares a los señalados en la presente acción de tutela.

Es en ese escenario procesal donde las partes deben presentar las postulaciones encaminadas a remediar cualquier situación que estimen desconocedora de sus prerrogativas superiores. Por tanto, la intervención del juez constitucional está vedada, pues, como se sabe, la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuación de esta naturaleza son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía del debido proceso.

Asumir una posición como la pretendida por la parte demandante implicaría desconocer las decisiones que, en ejercicio de sus funciones, emiten las autoridades competentes en el trámite de los procesos todavía en curso, adelantados conforme a la normativa aplicable en cada caso.

En ese orden de ideas, al existir un escenario natural de discusión sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna improcedente, en los términos previstos por el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991.

5. De otra parte, para la Sala las exigencias requeridas para la procedencia de la tutela por vía transitoria, en virtud de la inminente causación de un perjuicio irremediable, tampoco se cumplen, porque los requisitos de gravedad e impostergabilidad no concurren y el sometimiento al proceso penal no es una situación que de suyo pueda considerarse generadora de un daño, pues es la carga propia que el Estado impone al ciudadano tras hallar hechos que revistan las características de un delito (art. 250 de la C.N), por lo que no es dable adelantar los resultados del diligenciamiento, pretendiendo debatir los reparos contra la actuación de los jueces y fiscales que han intervenido hasta el momento, por este medio residual y subsidiario, sin haberlo hecho al interior de la actuación que se critica.

Se insiste, son asuntos que el aquí demandante deberá controvertir al interior del proceso, pues la parte actora no acreditó, ni lo advierte la Corte, las condiciones de «inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad» (Cfr. CC Sentencia T – 081 de 2013) que caracterizan el perjuicio irremediable y, por tanto, no le es posible soslayar el ejercicio de los mecanismos legales de defensa con que cuenta.

6. Finalmente, se dispone incorporar copia de la presente decisión al expediente con radicado No. 130016001129201702923, a cargo del Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cartagena.

Se confirmará, por tanto, el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2022, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena declaró improcedente el amparo reclamado por ANDRE CORMINBOEUF, de acuerdo con las razones señaladas en precedencia.

2. INCORPORAR copia de la presente decisión al expediente con radicado No. 130016001129201702923, a cargo del Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cartagena.

3. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

STP17283-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:19 +0000

Magistrado Ponente

STP17283-2022

Radicado 127766

Acta 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS

Resuelve la Sala la impugnación presentada por YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO, en contra de la sentencia del 26 de octubre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, por medio de la cual negó la acción de tutela interpuesta por el prenombrado, frente a la Fiscalía 1ª Seccional la Unidad de Seguridad Pública de la Dirección Seccional de Fiscalías de Norte de Santander y los Juzgados 2º Penal del Circuito y 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.

Además de las autoridades accionadas, al trámite fueron vinculados los Juzgado 7º Penal del Circuito y 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, la Seccional de Investigación Criminal, también de Cúcuta, el Grupo Siri de la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Seccional de Fiscalías del Norte de Santander.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial y los demás elementos que obran en el expediente, bajo el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO fue judicializado por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y violencia contra servidor público. El proceso fue conocido por la Fiscalía 1ª Seccional de la Unidad de Seguridad Pública de la Dirección Seccional de Fiscalías del Norte de Santander y por los Juzgados 2º Penal del Circuito y 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Cúcuta.

Después de haber sido condenado y de haber cumplido la totalidad de la pena, aquella fue declarada extinta por parte del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en auto fechado el 9 de junio de 2010, que le fue comunicado a la Fiscalía General de la Nación. Empero, las comunicaciones emitidas, el juzgado copió erróneamente el número de cédula del YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO, lo que explica que aquel no haya sido debidamente excluido de los sistemas de la Fiscalía y de la Rama Judicial, lo que le ha dificultado conseguir empleo. En particular, en el sistema SPOA del ente acusador, el proceso que se adelantó en contra del actor sigue apareciendo, aunque en el registro se indica que el mismo está en estado “inactivo” y no “archivado”.

Por considerar que esta situación afecta sus derechos fundamentales al habeas data y buen nombre, YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO solicitó que se le ordene a la Fiscalía General de la Nación que modifique su sistema, de manera que su proceso aparezca en estado “archivado” o “precluido” y no “inactivo”. También, pidió que se le ordene a esa entidad que expida un paz y salvo en donde conste que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. Por autos del 12 y 14 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta admitió la presente acción de tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades demandadas y demás sujetos vinculados.

2. El Juzgado 2º Penal del Circuito de Cúcuta adujo que, una vez revisados los archivos de ese estrado, no encontró registro alguno del accionante. Sin embargo, después de consultar con un funcionario del Juzgado 7º homólogo, fue informado que en contra del actor se adelantó un proceso por el rito de la Ley 600 de 2000, al interior del cual se produjo una sentencia condenatoria, lo que motivó que el expediente fuera remitido a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esa ciudad.

3. El Juzgado 7º Penal del Circuito con Funciones Mixtas de Cúcuta indicó que el proceso al que se hace referencia en la demanda inicial fue fallado por el antiguo Juzgado 2º homólogo de esa población en sentido condenatorio. Por ello, el expediente fue remitido a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, correspondiéndole al despacho número dos (2) de esa especialidad. Relató que la pena del actor fue declarada extinta mediante auto del 9 de junio de 2010.

4. El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta confirmó que, en auto de la fecha preindicada, extinguió la pena de veintidós (22) meses de prisión que pesaba sobre YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO, cosa que le fue informada a la SIJIN y a la Fiscalía General de la Nación. Agregó que el actor no ha realizado ninguna solicitud a ese despacho en lo atinente a ordenar el ocultamiento de los datos del proceso en el sistema de la Rama Judicial. Por lo anterior, solicitó ser desvinculado de este trámite constitucional.

5. El Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, por su parte, señaló que vigiló la pena que le fue impuesta YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO en sentencia del 19 de enero de 2015, por la comisión de un delito de concierto para delinquir agravado. Añadió que, en auto del 23 de julio de 2019, ese despacho declaró la extinción de la condena y, en auto del 22 de febrero de 2022, accedió a la solicitud del accionante respecto del ocultamiento de los datos relacionados con el proceso que fue conocido por ese estrado y, en consecuencia, ofició al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de esa población para lo pertinente. Precisó que el proceso referido en la demanda de tutela no es el mismo que cuya vigilancia le fue asignada a ese despacho.

6. A continuación, la Fiscalía 9ª de la Unidad de Fiscalías Especializadas de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cúcuta se limitó a hacer un muy breve recuento del trámite referido en la demanda constitucional y aportó un pantallazo del registro del proceso en el sistema SIJUF, en donde constan las actuaciones adelantadas bajo el sistema procesal dispuesto en la Ley 600 de 2000.

7. Seguidamente, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta indicó que tanto el Juzgado 2º como el 5º de esa especialidad han vigilado condenas proferidas en contra de YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO. Añadió que, actualmente, no encontró que en el sistema misional de esa dependencia hubiera registro de petición alguna de parte del actor que se encuentre pendiente de tramitar.

8. La Procuraduría General de la Nación agregó que, actualmente, al consultar el certificado ordinario de antecedentes que expide esa autoridad, se advierte que ya no refleja anotación de la sanción penal a la que se alude en el escrito de tutela, pues aquella fue eliminada después de haber sido notificada de la extinción de la pena que le fue impuesta al actor. Por lo anterior concluyó que no le ha afectado a YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO los derechos constitucionales que reclama y, por consiguiente, pidió que se declare la improcedencia de este mecanismo de protección constitucional en lo que compete a esa autoridad.

9. Por último, la SIJIN de la Policía Metropolitana de Cúcuta certificó que, de acuerdo con su sistema, YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO no reporta tener asuntos pendientes con las autoridades judiciales, lo que implica que aquella dependencia no está desconociendo las garantías constitucionales reclamadas por el extremo activo.

10. En sentencia del 26 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta resolvió negar el amparo invocado por YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO, con fundamento en que no encontró acreditado que el actor reportara una anotación negativa por antecedentes judiciales, tal y como lo reportaron tanto la SIJIN de Cúcuta como la Procuraduría General de la Nación. Frente al estado “inactivo” de la investigación que reporta el sistema de la Fiscalía General de la Nación, consideró que aquella circunstancia no representa un perjuicio para el accionante, pues en la tutela no se acreditó cómo es que ello afecta su derecho al trabajo.

11. Inconforme con el fallo de primera instancia, YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO lo impugnó, en escrito en el que alegó que el a quo no se pronunció sobre su petición de expedición de un paz y salvo que certifique la inexistencia de procesos judiciales en su contra. Por ello, solicitó que se le ordene a la autoridad judicial que corresponda la expedición del referido documento, con la finalidad de que él pueda presentarlo ante las personas y autoridades que lo requieran.

12. La impugnación se concedió mediante auto del 10 de noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Conforme con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para desatar la alzada, por cuanto la decisión sobre la que recae fue proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover la acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, si existe, cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3. Vistos los antecedentes que obran en el expediente, considera la Sala que le corresponde determinar si es posible acceder a la petición formulada por YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO en su escrito de impugnación, referente a la posibilidad de ordenar la expedición de un paz y salvo en el que conste que él no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

4. Descendiendo de una vez al caso concreto, desde ahora se advierte que la sentencia impugnada será confirmada, y las pretensiones del accionante negadas, en atención a los siguientes argumentos:

4.1. Lo primero que debe decirse es que, tal y como lo tiene pacíficamente determinado tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la de esta Corporación, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos constitucionales, lo que implica que su procedencia es excepcional y sólo puede declararse tras verificar que no existen otros medios ordinarios mediante los cuales el accionante pueda reclamara la satisfacción de los derechos que considera afectados. Este principio, conocido como de subsidiariedad, está previsto tanto en el propio artículo 86 de la Constitución Política, como en el 6º del decreto 2591 de 1991.

4.2. Ahora bien, aclarado lo anterior, es preciso hacer los siguientes comentarios de cara a la pretensión esgrimida por YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO, relacionada con la expedición de un paz y salvo en el que conste que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales:

4.2.1. En primer lugar, es necesario resaltar que la constancia de no tener asuntos pendientes con las autoridades judiciales es un documento que expide la Policía Nacional, a través de su página web, y, si la persona por la que se indaga no tiene antecedentes judiciales o ya se han extinguido las penas que le han sido impuestas, aquel debe contener la leyenda “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”, tal y como fue ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012.

4.2.2. Ahora bien, si lo que pretende el actor es que una autoridad distinta –que él no especifica– expida un documento distinto, que indique que sus penas se encuentran extintas, lo procedente es que él lo solicite directamente ante la autoridad judicial respectiva, quizá los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad que conocieron su caso. De hecho, los documentos jurídicos que realmente acreditan tales circunstancias son, precisamente, los autos por medio de los cuales se declaró la extinción de las respectivas condenadas. Tales documentos le debe ser solicitados de manera directa a los Juzgados 2º y 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, precisamente por el hecho de que ese es el camino ordinario y principal que puede seguir el actor para obtener la satisfacción de los derechos que considera afectados.

4.2.3. En otras palabras, visto que la acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional subsidiario, y en atención a que el documento que reclama YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO puede ser solicitado por él mismo ante las autoridades judiciales referidas, o descargado de la página web de la Policía Nacional, es claro que no es posible emitir la orden que él pretende, en el marco del presente proceso constitucional.

4.3. Por lo demás, la Corte no advierte que, en la impugnación presentada, el accionante hubiera reprochado los razonamientos contenidos en la sentencia de primera instancia, ni que hubiera manifestado desacuerdo alguno con la decisión contenida en ella, más allá del hecho de que tal providencia olvidó pronunciarse sobre la petición de emisión de un paz y salvo. Ante ello, y tras advertir que al accionante no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno de cara a la situación señalada en el escrito inicial, la Corte confirmará la providencia objeto de recurso y se abstendrá de emitir órdenes adicionales.

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 26 de octubre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, por medio de la cual negó la acción de tutela interpuesta por YIMIN ARMANDO SANTAFÉ CARRILLO, de acuerdo con los motivos consignados en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

STP17285-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:19 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17285-2022

Radicado 127802

Acta 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS

Resuelve la Sala la impugnación presentada por JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN, en contra de la sentencia del 2 de noviembre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, por medio de la cual denegó la acción de tutela interpuesta por el prenombrado, frente al Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial y los demás elementos que obran en el expediente, JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN se encuentra privado de su libertad en la Cárcel de Cómbita (Boyacá), tras haber sido condenado en, por lo menos, once (11) ocasiones distintas, por la comisión de varios delitos de homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Actualmente, sobre él pesa una pena acumulada de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, y su condena está siendo vigilada por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.

De acuerdo con la información obrante en el expediente, en autos del 12 de abril y 9 de junio de 2022, a JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN le acumularon jurídicamente varias penas y le concedieron el beneficio de la libertad condicional. Posteriormente, en providencia del 24 de agosto siguiente, volvieron a acumularle jurídicamente sus penas y lo declararon exento de prestar caución prendaria para acceder al subrogado preindicado, con fundamento en su insolvencia económica.

Por considerar que el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja está “dilatando” la concesión del beneficio de libertad condicional que él reclama –toda vez que volvió a solicitarle a la cárcel el envió de la documentación, a pesar de ella ha sido remitida en dos (2) ocasiones previas–, JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN solicitó que se le ordene al referido despacho que le conceda el subrogado solicitado y, en consecuencia, ordene su libertad inmediata.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. Por auto del 20 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja admitió la presente acción de tutela y corrió el respectivo traslado a la autoridad accionada.

2. Después de resumir el trámite que le ha impartido al caso de JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN, el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja indicó que el recurso de reposición que el actor presentó en contra del auto del 29 de septiembre de 2022 se resolverá cuando le llegue el turno correspondiente, toda vez que ese estrado tiene a su cargo la vigilancia de las condenas de otros reos; vigilancias que también requieren atención y que no pueden ser descuidadas so pretexto de priorizar el caso del extremo activo. Precisó que el traslado a los no recurrentes corrió entre el 20 y el 25 de octubre de 2022, lo que implica que el expediente apenas había regresado al despacho para proveer hacía pocos días. Concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales que reclama el accionante y, por consiguiente, solicitó que este mecanismo de amparo sea declarado improcedente.

3. En sentencia del 2 de noviembre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja resolvió negar el amparo invocado por JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN, con fundamento en que no se había excedido el plazo razonable para resolver el recurso presentado por el accionante, lo que implica que estaba configurado el fenómeno de la mora judicial injustificada. Corolario de lo anterior, agregó que no puede emitir una orden encaminada a disponer la priorización en la resolución del caso, pues ello afectaría e derecho a la igualdad de los demás reos que se encuentran a cargo del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad y que también tienen asuntos pendientes por resolver.

4. Inconforme con el fallo de primera instancia, en el acto de notificación personal, JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN lo impugnó, sin precisar cuáles eran los motivos de su inconformidad.

5. La impugnación se concedió mediante auto del 17 de noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

3. Vistos los antecedentes que obran al interior del presente proceso de tutela, considera la Sala que debe entrar a determinar si ha operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado de cara a las pretensiones esgrimidas por JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN en el marco del presente mecanismo de protección constitucional.

4. Como lo tiene ampliamente sentado la jurisprudencia de esta Corporación1, y de la Corte Constitucional, el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado se presenta cuando, entre el momento en que se interpone la acción de tutela y el fallo, ha sido satisfecha la pretensión contenida en la solicitud de amparo, como sucede en los casos en que se ha respondido el derecho de petición que dio lugar a la acción de tutela, cuando se ha practicado la cirugía cuya realización se negaba o se dispuso el reintegro de una persona que alegaba haber sido destituida sin justa causa.

La conducta que debe adoptar el juez frente al hecho superado depende del estado en el que se encuentre el trámite de tutela. Si ocurre, como en este caso, durante el trámite de las instancias, el juez deberá declarar improcedente el amparo y podrá pronunciarse sobre la violación de los derechos, en aplicación del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. En cualquier caso, se deberá demostrar con suficiencia la presencia del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

5. En el presente caso, se advierte que la pretensión contenida en el escrito de tutela consiste en ordenarle al Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja que resuelva el recurso de reposición presentado por JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN en contra del auto del 29 de septiembre de 2022, en el sentido de concederle el beneficio de la libertad condicional.

Pues bien, después de revisar el sistema de consulta de la página web de la Rama Judicial, correspondiente al proceso de ejecución de penas por el que el actor se encontraba privado de su libertad, esta Sala pudo advertir que la pretensión esgrimida en el escrito inicial se cumplió el 30 de diciembre de 2022, cuando el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja emitió el auto No. 0804 de esa fecha, por medio del cual se le concedió el beneficio de la libertad condicional y no se repuso el auto del 29 de septiembre de 2022.

En consecuencia, como se indicó, es claro que la petición señalada por el actor en la demanda de amparo fue satisfecha en el marco del trámite de la tutela; lo que implica que, en efecto, se materializó el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, de cara a las demandas formuladas por JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN.

Por todo lo anterior, se confirmará el fallo objeto de impugnación.

6. Sin embargo, antes de pasar a la parte resolutiva del presente proveído, la Corte no puede dejar pasar lo siguiente: de acuerdo con el sistema de búsqueda jurisprudencial de la página web de la Corte Suprema de Justicia, sólo en el año 2022, JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN ha presentado más de 21 acciones de tutela que han llegado al conocimiento de la Sala de Casación Penal de esta Corporación. Al revisar varios de esos fallos, y contrastarlos con los registros de los diferentes procesos de ejecución de penas que se llevan ante el Juzgado 4º de esa especialidad en la ciudad de Tunja, la Sala puede inferir con facilidad que, con cada solicitud o recurso que el actor le formula al estrado ejecutor, o con cada notificación de providencia, TIBADUIZA ADÁN presenta una acción de tutela complementaria; mecanismos de protección constitucional que, en su abrumadora mayoría, resultan ser denegados o declarados improcedentes.

Esta actitud resulta ser lesiva para la administración de justicia, pues congestiona enormemente el aparato judicial y entorpece la labor del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que no sólo debe atender el caso del extremo activo, sino los de los demás reos a cuyo cargo se encuentra la vigilancia de sus condenas. Del mismo modo, la Corte encontró que, en algunos casos, dicho comportamiento pudo haber sido sancionable, pues se identificaron ciertos eventos en los que se han provocado varios pronunciamientos sobre el mismo punto, lo que podría configurar el fenómeno de la temeridad.

Por lo anterior, la Sala exhortará a JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN para deje de interponer acciones de tutela sucesivas, insistentes y temerarias y, más bien, colabore con el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja en lo que tiene que ver con la resolución de su caso. Esta manera de proceder no hace otra cosa que entorpecer la labor judicial, y retrasar aún más la resolución de sus peticiones y recursos. En cualquier caso, no sobra advertirle que, en el futuro, de advertir la existencia de dos o más acciones de tutela que se refieran a los mismos hechos, la Sala considerará la aplicación de las sanciones correspondientes, aplicables a los casos de temeridad.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 2 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, por medio de la cual denegó la acción de tutela interpuesta por JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN, de acuerdo con los motivos consignados en precedencia.

3. EXHORTAR a JOSÉ ÁNGEL TIBADUIZA ADÁN para que, en lo sucesivo, deje de interponer acciones de tutela insistentes, sucesivas y temerarias en contra del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. Por el contrario, se lo invita a colaborar con esa autoridad en lo concerniente a la resolución de su caso, sin congestionarla ni entorpecer su trabajo.

4. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

1 Ver, por ejemplo, la sentencia STP2499-2020.

STP17286-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:19 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17286-2022

Radicado 125398

Acta 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

VISTOS

Una vez subsanada la irregularidad advertida en pretérita oportunidad, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN, en contra de la sentencia del 16 de noviembre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el prenombrado, frente a la ARL Seguros “La Equidad” y los Juzgados 15 Penal del Circuito y 19 Penal Municipal con Función de Conocimiento de esa ciudad.

Además de la autoridad accionada, al trámite fueron vinculados la EPS y la ARL Sura, con la finalidad de que se pronunciaran sobre los hechos, argumentos y pretensiones, señalados en la petición de amparo.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial y los demás elementos que obran en el expediente, el 9 de marzo de 2016, DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN sufrió un accidente laboral que propició que tuviera que ser operado del manguito rotador del hombro izquierdo, con cargo a la ARL Seguros “La Equidad”. Sin embargo, la cirugía quedó mal realizada y, después de acudir a consulta con especialista por sentir mucho dolor, le diagnosticaron fractura de clavícula y síndrome de manguito rotador, al tiempo que se emitió una orden para calificación de pérdida de capacidad laboral.

Posteriormente, el empleador del accionante realizó un cambio de ARL, de Seguros “La Equidad” a la ARL Sura, en donde actualmente se encuentra afiliado el actor. Ante ello, el 25 de abril de 2022, DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN le remitió a la segunda una petición en la que solicitó la prestación de los servicios de salud que requiere, por las lesiones de origen laboral que aún lo aquejan. Sin embargo, la ARL Sura le contestó que es la ARL Seguros “La Equidad” la que debe cubrir el costo del tratamiento, por ser la entidad que prestaba cobertura para el momento en que se requirió por primera vez el servicio médico.

Visto lo anterior, DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN ha acudido varias veces a la EPS Sura; entidad que reiteradamente lo ha remitido de nuevo a la ARL Seguros “La Equidad”, tras advertir que el síndrome de manguito rotador que padece tiene un origen laboral. Empero, dicha ARL se siguió negando a la prestación de los servicios de salud requeridos, incluso a pesar de que se le han presentado las remisiones de la EPS.

Ante la situación previamente descrita, el extremo activo presentó una acción de tutela, que fue conocida en primera instancia por el Juzgado 19 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín, y posteriormente fallada en sentencia del 24 de mayo de 2022, en el sentido de negar el amparo solicitado respecto de la realización de una cirugía prioritaria del manguito rotador del hombro izquierdo del actor. Sin embargo, le ordenó a la EPS Sura que realizara las gestiones administrativas pertinentes para conformar un grupo interdisciplinario de ortopedia y traumatología que le haga una valoración exhaustiva a DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN para determinar el origen de la patología que padece. Sólo en el evento de que se determine que aquella es de origen laboral, le corresponderá a la ARL asumir el tratamiento que corresponda.

Inconforme, DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN impugnó la decisión de tutela, y el asunto pasó a manos del Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín; autoridad que profirió sentencia de segunda instancia el 30 de junio de 2022, en el sentido de revocar la decisión de primer grado y, en su lugar, le ordenó a la EPS Sura que, de acuerdo con la última valoración de ortopedia, realice la cirugía prioritaria del manguito rotativo del hombro izquierdo del actor, pudiendo ella repetir en contra de la ARL Seguros “La Equidad”.

Tras considerar que el estrado de segundo grado no analizó adecuadamente las pruebas aportadas en sede constitucional, ni ordenó la realización de la cirugía “con alta prioridad”, DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN solicitó que se deje sin efectos el fallo del 30 de junio de 2022, proferido por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín y que, en su lugar, se le ordene a dicho estrado que profiera una nueva decisión, en la que se valoren adecuada y completamente las pruebas aportadas.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. Por auto del 5 de julio de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín admitió la presente acción de tutela y corrió el respectivo traslado a los estrados accionados y vinculados. A continuación, adelantó el trámite de primera instancia y, mediante sentencia del 19 de julio de 2022, el a quo resolvió declarar improcedente el presente amparo constitucional.

2. Sin embargo, por auto del 23 de agosto de 2022, esta Sala de Tutelas declaró la nulidad de lo actuado, por indebida integración del contradictorio. En consecuencia, en pronunciamiento del 8 de noviembre de 2022, el Tribunal de primer grado vinculó a la actuación al sujeto procesal faltante, de conformidad con las instrucciones emitidas previamente por esta Corporación.

3. El Juzgado 19 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín relató que conoció la primera instancia del proceso constitucional mencionado en la demanda de tutela y que, al interior del referido trámite, profirió sentencia el 24 de mayo de 2022, en el sentido de denegar las pretensiones formuladas en la demanda. Sin embargo, en aras de salvaguardar los derechos del accionante, le ordenó a la EPS Sura que conformara un grupo interdisciplinario que valorara de forma exhaustiva a DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN para determinar la patología existente, su origen, tratamiento y la responsabilidad en su atención.

Impugnada la decisión, el proceso le fue repartido al Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín; autoridad que, en fallo del 30 de junio de 2022, revocó la sentencia recurrida y le ordenó a la EPS Sura que realizara una cirugía prioritaria del manguito rotativo del hombro izquierdo del accionante. Igualmente, determinó que, de considerarlo pertinente, dicha EPS podría repetir administrativamente en contra de la ARL Seguros “La Equidad”.

Tras advertir que ese estrado adelantó el procedimiento con respeto a las garantías fundamentales de DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN, el Juzgado 19 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín consideró que esta tutela es improcedente y solicitó su correspondiente desvinculación.

4. La EPS Sura consideró que esta acción constitucional debe negarse por improcedente, comoquiera que no está demostrado que esa entidad hubiera desconocido los derechos fundamentales del extremo activo.

5. La ARL Sura indicó que sobre ella se configura el fenómeno de la falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que el amparo presentado no estaba dirigido en contra de esa dependencia sino frente a dos autoridades de naturaleza judicial.

6. Por último, la ARL Seguros “La Equidad” señaló que, de acuerdo con la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín, le corresponde a la EPS Sura realizar el tratamiento que reclama DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN, y sólo en el evento de que se determine que el accidente sí tiene un origen laboral, entonces aquella podrá repetir administrativamente en contra de la ARL. En cualquier caso, indicó que el Comité Interdisciplinario de Calificación de esa entidad había realizado dictaminado que varias de las patologías del accionante no tenían un origen laboral, sino común. Por ello, resaltó que no es competencia de esa ARL suministrar el tratamiento que requiere el extremo activo, pues ello le corresponde a la EPS en donde él se encuentra afiliado.

7. En sentencia del 16 de noviembre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín decidió declarar improcedente el amparo invocado por DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN, con fundamento en que no es posible cuestionar un pronunciamiento de tutela en el marco de otro procedimiento de la misma naturaleza, pues ello permitiría revivir una discusión constitucional más allá de las instancias legalmente previstas para ello, de manera que se mantendría abierto el debate de manera indefinida. Agregó que, en cualquier caso, no se evidencia que los estrados accionados hubieran cometido acciones fraudulentas u omisiones procesales graves, máxime cuando los motivos de disenso esgrimidos en la demanda de amparo se circunscriben a aspectos meramente valorativos.

8. Inconforme con el fallo, DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN lo impugnó, en breve escrito en el que reiteró que la sentencia de tutela del 30 de junio de 2022 afectó sus derechos fundamentales. Añadió que, en cualquier caso, en este proceso constitucional no se analizó el dictamen de origen del 30 de septiembre de 2022, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en donde se indica que todas su patologías son de origen laboral, por accidente de trabajo.

9. La impugnación fue concedida mediante proveído del 18 de noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

3. Vistos los antecedentes que obran al interior del presente proceso de tutela, considera la Sala que debe entrar a determinar, en primera medida, si es posible revisar el fondo de los argumentos planteados por DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN en contra de la sentencia de tutela emitida el 30 de junio de 2022 por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín.

4. Ahora bien, de cara al problema jurídico anteriormente planteado, lo primero que debe advertir la Sala es que la acción de tutela contra providencias judiciales es formalmente procedente cuando se cumplen los siguientes requisitos: (i) que el asunto discutido goce de relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que se identifiquen de manera clara tanto los hechos que generaron la presunta vulneración como los derechos fundamentales afectados y (vi) que las providencias cuestionadas no sean sentencias de tutela.

Este último requisito, sin embargo, admite una excepción, esto es, cuando se está en presencia de una sentencia de tutela que haya producido un fenómeno jurídico que se conoce como la “cosa juzgada fraudulenta”1. Sobre este punto, en providencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional fijó una serie de reglas que se deben observar cuando se pretende revocar un fallo de tutela mediante otra acción de la misma naturaleza:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.”2.

Sobre el requisito que exige la demostración de que la sentencia de tutela haya sido adoptada como consecuencia de una situación de fraude, en sentencia T-218 de 2012, la Corte Constitucional dijo lo siguiente:

“En el fraude puede actuar solo una de las partes, ambas o incluso el juez. También puede cometerse contra una de las partes o contra un tercero, contra el orden jurídico, caso en el cual se le denomina fraus legi o contra el interés público. Sin embargo, para que se configure el dolo y la actuación que de él se deriva deben tener la potencia de generar el efecto buscado. Por lo mismo, sin que de ello pueda desprenderse una comprensión indulgente, la cosa juzgada fraudulenta resulta más grave cuando es cometida directamente por el juez o mediante su anuencia, pues la autoridad judicial representa la confianza social en la administración de justicia y su actuación consciente permitiría de manera mucho más fácil que la situación fraudulenta –revestida de la calidad de cosa juzgada- fuera coercitivamente exigible.”3

En este sentido, la cosa juzgada fraudulenta se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad4.

5. Descendiendo al caso concreto, observa esta Sala que en el presente asunto no se advierte demostrada -ni siquiera debidamente argumentada- la presencia de una situación de fraude, a tal grado severa, que amerite revocar unos fallos de tutela que, por lo demás, se encuentran adecuadamente fundados y sustentados. No encuentra esta Corte al menos una denuncia de colusión que permita inferir que la providencia atacada fue producto de un actuar ilícito o desleal de los jueces o de alguna de las partes, o evidencia alguna que indique que aquella es manifiestamente errónea, caprichosa o arbitraria, por haber sido emitida de manera negligente y descuidada. Tampoco es evidente que se hayan valorado las pruebas de forma grosera o abiertamente defectuosa –contrario a lo que manifiesta el accionante–, o que se haya aplicado indebidamente el precedente constitucional.

Por el contrario, lo único que establece esta Sala es que el actor disiente de las valoraciones y conclusiones que están contenidas en la sentencia de tutela cuestionada, pues considera que tal pronunciamiento también desconoce sus derechos fundamentales. Al respecto, debe la Corte reiterar que la acción de amparo no está instituida para mantener abiertas las discusiones constitucionales ad infinitum, ni para abrir terceras o cuartas instancias al interior de trámites de la misma naturaleza.

En cualquier caso, en el proceso constitucional que ahora es puesto en cuestión por DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN se respetaron sus prerrogativas superiores, en tanto que él tuvo la oportunidad de explicar cuáles eran las razones por las que consideraba vulnerados sus derechos y por qué debían concederse sus pretensiones. Que sus argumentos no hayan sido de recibo, no es una circunstancia que, por sí misma, implique la presencia de una situación de fraude configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.

Para comprobar la existencia de tal evento, se reitera, es necesario traer al juez constitucional elementos de juicio que permitan siquiera inferir la presencia de una situación de colusión o de engaño que se haya concretado en el sentido de la decisión de tutela atacada, o que se evidencie un error a tal grado grosero, grave y evidente, que haga necesaria la anulación de los pronunciamientos constitucionales cuestionados. Sin embargo, ante la ausencia de tales circunstancias, es imposible para esta Sala acceder al amparo invocado o siquiera entrar a estudiar el fondo de la actuación cuestionada, mediante la valoración de las pruebas aportadas.

6. Adicionalmente, no sobra recordar, una vez más, que la jurisprudencia de esta Corporación también sostiene que, en cualquier caso, la tutela contra una sentencia de la misma naturaleza es improcedente cuando la parte actora aún cuenta con el mecanismo de revisión ante la Corte Constitucional5. Al respecto, esta Sala ha reconocido que, en los casos como los que ahora concita la atención de la Corte, no es posible emitir juicio alguno respecto del acierto o error de las autoridades judiciales accionadas al proferir las providencias reprochadas, pues ello desbordaría su competencia e invadiría la del órgano de cierre en la jurisdicción constitucional.

Sobre este punto, el máximo Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente:

“En este sentido, la Sala considera pertinente reiterar que el trámite de eventual revisión de todas las decisiones de tutela por parte de la Corte Constitucional se erige como ‘un control específico e idóneo de los fallos de instancia que violan de manera grosera la Constitución’6 y, por ello, la procedencia del recurso de amparo contra sentencias proferidas dentro de procesos de la misma naturaleza es de carácter excepcional y está restringida únicamente a casos en los cuales se pruebe ‘de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho’7. En consecuencia, la acción de tutela no puede utilizarse para reabrir el debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces constitucionales en un trámite de amparo anterior (…)”8.

En el asunto bajo estudio, debe indicarse que no se acreditó que la parte actora hubiera solicitado la eventual revisión de las sentencias que acusa, ante la Corte Constitucional, ni que hubiera interpuesto la insistencia ante una posible negativa de revisión. Esto implica que, en realidad, tampoco se ejercieron todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN y, en consecuencia, no se puede tener como satisfecho el requisito de subsidiariedad.

7. En cualquier caso, y sólo en gracia de discusión, es preciso indicarle a DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN que el dictamen de origen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia fue emitido con posterioridad a la sentencia de tutela cuestionada, lo que hacía imposible que el Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín lo tuviera en cuenta. Por ello, no puede reprochársele a ese estrado que no hubiera tenido por probado el origen laboral de sus patologías con base en tal documento, como es apenas obvio.

Al respecto, debe indicarse que, si lo que el extremo activo pretende es que se le ordene a la ARL Seguros “La Equidad” que asuma su tratamiento, con fundamento en tal dictamen de origen, lo procedente es que, en primera medida, aquel lo solicite de manera directa ante la referida ARL. En caso de que la negativa persista, él podría presentar una nueva acción de tutela, exclusivamente en contra de esa entidad –es decir, sin dirigirla en contra de la sentencia de tutela que ahora es cuestionada–, esgrimiendo el dictamen y alegando que aquel configura un nuevo hecho, que excluye la configuración del fenómeno de la temeridad.

Corolario de todo lo anterior, se impone para la Sala confirmar la sentencia objeto de impugnación.

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 16 de noviembre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por DARÍO ALBERTO FLÓREZ PULGARÍN, por las razones explicadas en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Siempre y cuando la sentencia de tutela atacada no sea de aquellas emitidas por la Corte Constitucional, como se verá a continuación.

2 Sentencia SU-627 de 2015. Citada en T-470 de 2018.

3 Sentencia T-218 de 2012. Citada en T-470 de 2018.

4 Ibidem.

5 Ver, por ejemplo, STP-12137-2020.

6 Sentencia SU-1219 de 2001.

7 Sentencia T-373 de 2014.

8 Sentencia T-093 de 2018.

STP17289-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:19 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17289-2022

Radicación no. 127741

(Aprobado Acta No. 294)

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

VISTOS:

Resuelve la Corte la impugnación presentada por Alejandro José Álvarez Bedoya en nombre propio y como apoderado de FREDY ELIÉCER COGOLLO PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN PÉREZ VIDAL, CARMEN CECILIA, ÁNGELA ROSA, CONSUELO DE JESÚS, ALJADIS MARÍA, EDELMIRA ELENA, EDWIN BAUTISTA y JUAN ERNESTO CANTERO PÉREZ, contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo promovido frente a la Sala de Casación Civil de la misma Corporación.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

1. Fueron resumidos por el A quo en los siguientes términos:

La parte accionante acudió a este mecanismo constitucional por estimar quebrantados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, junto con los principios de legalidad, buena fe, «imparcialidad objetiva y subjetiva en las decisiones judiciales», prevalencia del derecho sustancial, precedente jurisprudencial y confianza legítima, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

Del escrito inicial y de las pruebas aportadas, se extrae que Fredy Eliécer Cogollo Pérez, María del Carmen Pérez Vidal, Carmen Cecilia, Ángela Rosa, Consuelo de Jesús, Aljadis María, Edelmira Elena, Edwin Bautista y Juan Ernesto Cantero Pérez presentaron demanda contra Edwin Alberto Hoyos Usta, Emdisalud y Oncomédica S.A.S. con el fin de que se declararan civil y patrimonialmente responsables de los perjuicios morales y materiales, por una presunta mala praxis médica.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, después de agotadas las etapas procesales, desestimó las pretensiones y reconoció las excepciones de mérito denominadas ausencia de culpa y de nexo causal propuestas por la parte allí demandada; determinación que fue objeto de apelación y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en sentencia del 17 de enero de 2018, confirmó.

Los actores -allí demandantes- formularon recurso de casación y fue concedido por el tribunal mencionado el 15 de febrero de 2018; después de agotado el trámite de admisión y traslado, se sustentó, pero fue inadmitido mediante auto CSJ AC3313-2020 del 7 de diciembre de ese año, discutido y aprobado en reunión de Sala del 10 de octubre de 2018.

Contra la anterior providencia, el 15 de diciembre de 2020, los convocantes presentaron solicitud de nulidad con sustento en que estaba suscrito «por dos exmagistrados de esta Sala Margarita Cabello Blanco [y] Ariel Salazar Ramírez», quienes para la fecha de la decisión ya no eran miembros de la Corporación, lo que constituía «una violación flagrante al debido proceso», al punto que la decisión era «nula de pleno derecho e inexistente a la vida jurídica».

La anterior solicitud fue rechazada de plano, mediante proveído CSJ AC1248-2021 del 13 de abril de ese año, con fundamento en el artículo 135 del CGP, por fundarse «en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación», por lo que, el 19 de abril del 2021, presentaron recurso de súplica porque no era cierto que «ninguna de las causales de nulidad consagradas en la ley procesal ni aquella prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, guarda relación con que una providencia haya sido firmada por magistrados que no eran parte de la Corporación para cuando se publicó la misma», pues se sujetó en el numeral 1.° del artículo 133, esto era, la falta de competencia funcional; que se resolvió el 30 de junio de 2022, oportunidad en la que se confirmó lo anterior.

Los memorialistas se quejaron de la determinación de 7 de diciembre de 2020, por cuanto, a su juicio, existió un exceso ritual manifiesto, tras señalar que la misma se dictó después de dos años de la «sesión de diez de octubre de 2018»; además, de haber sido proferida con el «ex magistrado Ariel Salazar Ramírez quien desde febrero del año 2020 ya no era magistrado en ejercicio de la Corporación por vencimiento de su periodo institucional y personal», como ponente y, con intervención y apoyo en Sala de la «ex magistrada Margarita Cabello Blanco quien salió de esa Corporación en el mes de mayo de 2019, por renuncia a su cargo, (…) posesionándose luego como Ministra de Justicia (…) y luego, como Procuradora General de la Nación».

Que pasaron 25 meses y 27 días de la «incierta sesión de diez de octubre de 2018», hasta el auto de 7 de diciembre de 2020 en el que se inadmitió la demanda de casación presentada contra la providencia del tribunal en segunda instancia.

Los recurrentes enfatizaron que la decisión mencionada era nula de pleno derecho, teniendo en cuenta que los «doctores Ariel Salazar Ramírez -ponente- y la doctora Margarita Cabello Blanco como integrante de la Sala, cuando ninguno de los dos era ya miembros de la Corporación», pues pudo existir que aquellos nunca hubiesen firmado ni consentido tal situación, por lo que significaba que «alguien colocó ilícitamente “a sus espaldas” sus firmas en dicha providencia, siendo bastante extraño que la Sala Plena acolite tal situación (…), tratándose de juristas altamente calificados y reconocidos».

Por otra parte, los promotores mencionaron que «la presunta acta No.170 de fecha miércoles diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), cuyo número solo ahora conozco al ser respondido un derecho de petición, es ineficaz e inaplicable como soporte para proferir el auto AC3313 del siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020)». Y, añadieron que:

A través del auto AC3313 del 07 de diciembre 2.020, que llegó a mi correo electrónico enviado por alguien desconocido, aunque ya la había visto en la página de la Corte, enterándome que la decisión había sido tomada en sesión de fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018) que se menciona en dicha providencia, con asistencia de los doctores Margarita Cabello Blanco, Álvaro Fernando García Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Ariel Salazar Ramírez, Octavio Augusto Tejeiro Duque y el doctor Luis Armando Tolosa Villabona que “se retiró con permiso de la Sala”, quienes discutieron y aprobaron la Inadmisión de la demanda de casación “proceso No.23-2015-00203-01”.

Los actores expusieron que dicha situación afectaba el principio de confianza legítima y buena fe, como la prevalencia del derecho sustancial y violación de la Constitución y del precedente jurisprudencial.

Así las cosas, los libelistas solicitaron la protección de sus garantías invocadas y, en consecuencia, dejar sin valor ni efecto jurídico el auto CSJ AC3313-2020 mediante el cual se declaró inadmisible la demanda de casación presentada por los accionantes «y, consecuencialmente, el acta de la “sesión de diez de octubre de dos mil dieciocho”, y en su lugar, nuevamente se estudie la viabilidad de dar trámite al citado recurso extraordinario con sustracción de los argumentos tenidos en cuenta para su inadmisión».

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA:

Mediante auto del 4 de octubre de 2022, el a quo admitió la demanda y corrió el traslado respectivo a las autoridades mencionadas.

1. La Sala de Casación Civil informó que el expediente respectivo fue regresado al tribunal de origen el 3 de agosto de 2022.

2. La apoderada de la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. expresó que los hechos relatados por la parte accionante no cuentan con ningún soporte jurídico ni sustancial, con el que se pueda acreditar la violación de derechos fundamentales y en consecuencia la procedencia de este medio constitucional.

3. La representación legal de ONCOMÉDICA S.A.S. apuntó que el día 5 de octubre se le notificó auto de admite de la presente acción, sin que hubiere podido acceder a la información anexa toda vez que «los documentos que se remitieron en el correo electrónico no se podían abrir…».

Sostuvo que informó lo ocurrido a la Corporación sin que le hubiere sido enviada la información pertinente, por lo que no era dable dar una respuesta a la tutela, peticionando, ante ello, que se practicara la notificación «en debida forma».

4. El a quo, a través de fallo del 11 de octubre de 2022, resolvió declarar improcedente la acción de tutela frente a Alejandro José Álvarez y negar la misma en relación con FREDY ELIÉCER COGOLLO PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN PÉREZ VIDAL, CARMEN CECILIA, ÁNGELA ROSA, CONSUELO DE JESÚS, ALJADIS MARÍA, EDELMIRA ELENA, EDWIN BAUTISTA y JUAN ERNESTO CANTERO PÉREZ.

Para fundamento de las determinaciones adoptadas, expuso, en primer término, que Alejandro José Álvarez no tiene legitimación en la causa por activa para presentar el resguardo en nombre propio, «dado que no ocupó algún extremo procesal dentro del proceso civil mencionado, por cuanto, de las pruebas aportadas al plenario, se avizora que aquél es el apoderado de la parte allí demandante».

Por otra parte, en relación con las restantes personas enunciadas, anotó que, tras analizar la providencia del 30 de junio de 2022, «que confirmó el rechazo de la nulidad presentada frente al proveído de 7 de diciembre de 2020, la cual zanjó el asunto que aquí se debate», se pudo establecer que la autoridad judicial lejos estuvo de configurar una violación constitucional, dado que esa es producto de una interpretación jurídica respetable, con apego a las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideración.

5. Una vez notificada la decisión, el abogado ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ BEDOYA la impugnó, señalando, de cara a ello, que el juzgador de primer grado «NIEGA la tutela con fundamento casi exclusivamente en la providencia de 30 de junio de 2022 proferida por la Sala accionada, que confirmo el rechazo de la nulidad presentada frente al proveído de 7 de diciembre de 2020, la cual es transcrita en casi su totalidad, dejando por fuera del análisis, los demás fundamentos de la tutela, cuando el meollo del asunto es realmente otro u otros, claramente expuestos en el escrito de tutela».

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. Conforme con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 333 de 2021, en armonía con el artículo 44 del Acuerdo 006 de 2002, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por su homóloga Laboral.

2. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo preferente y sumario que tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la ley, y su eficacia se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a restablecer las garantías superiores que se estimaron quebrantadas.

3. De cara al disenso planteado por la parte actora, la Sala analizara, en comienzo, lo relacionado con la inconformidad expresada por el abogado ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ BEDOYA, quien, dentro de la argumentación impugnatoria, censura que la Corporación de primera instancia haya declarado que carece de legitimación en la causa por activa para promover la presente acción.

Para abordaje de esta inicial situación, necesario es evocar que el hecho generador del trámite ordinario, génesis de esta acción, lo fue el procedimiento quirúrgico al que se sometió la señora Carmen Cecilia Cantero Pérez, el cual, según se consignó en la respectiva demanda, le originó secuelas tales como pérdida de función total o parcial del colon y órganos interiores, pérdida de funciones fisiológicas, deformidad física de carácter permanente y perturbación funcional de órganos vitales. Por tal motivo, la mencionada señora, al igual que Fredy Eliecer Cogollo Pérez, María del Carmen Pérez Vidal, Juan Bautista Cantero Ramos, Ángela Rosa Cantero Pérez, Consuelo de Jesús Cantero Pérez, Aljadis María Cantero Pérez, Edelmira Elena Cantero Pérez, Edwin Bautista Cantero Pérez y Juan Ernesto Cantero Pérez, acudieron al profesional del derecho ÁLVAREZ BEDOYA asumiendo este su representación judicial.

Así las cosas, no es posible pregonar que los derechos «al debido proceso, acceso a la administración de justicia, junto con los principios de legalidad, buena fe, “imparcialidad objetiva y subjetiva en las decisiones judiciales”, prevalencia del derecho sustancial, precedente jurisprudencial y confianza legítima», invocados como vulnerados en la acción de tutela, le fueron conculcados al aludido abogado como consecuencia de la actuación desplegada por la Sala de Casación Civil, pues, simple y llanamente, quienes ostentan la titularidad de las aludidas garantías, por ser en quienes se radican los derechos litigiosos, lo son, única y exclusivamente, las personas que presuntamente sufrieron el daño y, con la «indebida» actuación de la Judicatura, no lograron su resarcimiento.

Y es que, imperativo es señalar, la función del abogado es la de servir como instrumento técnico del que se valen, como medio para la consecución de sus fines, quienes conciben transgredidas sus garantías constitucionales y legales. No obstante, su instrumentación y participación dentro del proceso, a través del apoderamiento, no conlleva la transmisión a ellos de los derechos que se radican en quienes los contrataron, pues, se insiste, son estos quienes, de forma exclusiva, ostentan la titularidad del ejercicio litigioso.

Ahora, si bien las actuaciones y/o decisiones de los administradores de justicia pueden generar en los litigantes repercusiones de índole material y/o moral1, con motivo de la no prosperidad de su gestión2, ello per se no los legitima para acudir directamente ante el juez constitucional y censurar el hecho generador mediante la interposición del mecanismo de amparo3.

En resumidas cuentas, resulta evidente que sobre el doctor ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ BEDOYA no se radica la afectación de las garantías procesales invocadas, pues no era quien reclamaba para si el reconocimiento de los derechos, por lo que resulta acertado pregonar que no se encuentra legitimado para acudir directamente a la acción de amparo, pues, tal y como lo dedujera el a quo, «es claro que la persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta específica vía es aquélla a la que se le violan o amenazan sus derechos principales.».

4. Pasando al estudio de la restante inconformidad expresada por el recurrente, a través de la cual reprocha que el sentenciador de primer grado analizó los aspectos consignados en el auto del 30 de junio de 2022, «dejando por fuera del análisis, los demás fundamentos de la tutela, cuando el meollo del asunto es realmente otro u otros, claramente expuestos en el escrito de tutela.», acotando que:

Claramente se señaló en el escrito de tutela desde su página 2., que la vulneración de los derechos fundamentales que se piden amparar, se dio como consecuencia de:

“A.- Por proferir, suscribir o resolver sobre la demanda de casación con radicado 23001310300120150020301 presentada por los señores Carmen Cecilia Cantero Pérez y otros, presuntamente discutida y “Aprobada en sesión de diez de octubre de dos mil dieciocho”, sin que se conozca el proyecto o ponencia del Honorable Magistrado doctor ARIEL SALAZAR RAMIREZ, a través de la cual, presuntamente, se inadmitía la demanda de casación. Dejo constancia que no conozco esta acta (de la “sesión de diez de octubre de dos mil dieciocho”, ni existe anotación de proyecto o ponencia en la información del Proceso que lleva la Corte; supe de ella al conocer la providencia del siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2.020); solo conozco la referencia que se hace de ella y una transcripción parcial que la Secretaria de esa Sala me remitió previo derecho de petición, respondido tardíamente.

B.- Por proferir la providencia de fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2.020), con exceso ritual manifiesto:

(i) Haber sido proferida esta providencia después de más de dos (2) años de la “sesión de diez de octubre de dos mil dieciocho”:

(ii) Haber proferido la providencia de fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2.020) con Ponencia del Honorable Ex – Magistrado doctor ARIEL SALAZAR RAMIREZ quien desde febrero del año 2.020 ya no era magistrado en ejercicio de la Corporación por vencimiento de su periodo institucional y personal, con intervención y apoyo en Sala por la Honorable Ex – magistrada doctora MARGARITA CABELLO BLANCO quien salió de esa Corporación en el mes mayo de 2019, por renuncia al cargo, donde fungía como Magistrada titular, posesionándose luego como Ministra de Justicia y del Derecho en el mes de junio de 2019 y luego ya electa – para la fecha 07 de diciembre de 2.020 -, como Procuradora General de la Nación.

C).- Por proferir el auto de fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020), pasados veinticinco (25) meses y veintisiete (27) días de la incierta “sesión de diez de octubre de dos mil dieciocho”, por la cual, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, decidió INADMITIR “la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Montería, proferida el 17 de enero de 2018, dentro del asunto referenciado”.

Estos aspectos pasaron desapercibidos por la Sala A-quo y, por tanto, PIDO que en instancia de IMPUGNACION sean analizados y se hagan los estudios y pronunciamientos de rigor respecto a ellos.

Pues bien, respecto a este pedido, se ha de señalar que remota es la posibilidad de que la Sala otorgue una respuesta positiva al mismo, toda vez que los condicionamientos que darían lugar a la realización del ejercicio pretendido a través de la alzada no se encuentran acreditados. Y lo anterior es así, si se tiene en cuenta que, según el demandante, la vulneración de las prerrogativas invocadas se dio como consecuencia de la emisión del auto CSJ AC3313-2020 del 7 de diciembre de 20204, a través del cual se dispuso la inadmisión de la demanda de casación presentada contra la providencia emitida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Montería.

Puestas así las cosas, advierte esta Colegiatura que lo pretendido, en esencia, es que el juez constitucional proceda a adelantar un nuevo estudio en aras de determinar si la suscripción de la providencia en cita, por parte de los hoy ex Magistrados Ariel Salazar Ramírez y Margarita Cabello Blanco, se traduce en un hecho transgresor de las garantías constitucionales y legales que les asisten a los promotores del resguardo, obviando que sobre ello la Corporación demandada, con ocasión de la solicitud de nulidad formulada por el apoderado, el 13 de abril de 2021, a través del proveído CSJ AC1248-2021, la rechazó de plano, manifestación ésta que confirmó mediante auto AC2421-2022 del 30 de junio de 2022 en el que fueron señaladas con suficiencia las razones por las cuales consideraba que la actividad censurada no se revestía de macula alguna.

Procedente resulta registrar en este aparte, que en el aludido proveído la Sala Civil, en comienzo, le enrostró al petente haber presentado de forma precaria la solicitud de nulidad, ya que este había omitido señalar el motivo de anulación, falencia que, anotó, fue clarificada y adicionada en el recurso de súplica, en el sentido de indicar que la causal esgrimida era la contenida en el numeral 1° del artículo 133 ídem, soportada en que se permitió la intervención de dos (2) particulares como magistrados, lo que afecta la competencia funcional, actividad que, concluyó el Órgano judicial, resulta contraria a la finalidad del recurso, ya que ese «no estaba dispuesto para arreglar las deficiencias que sirvieron de fundamento a su rechazo o negativa por parte del funcionario judicial, como si de una restitución de términos se tratara.»

Pese a la falencia advertida, el juzgador ahondó en la crítica formulada por el suplicante, señalando, entre otras cosas, que, «faltando al deber de especificar los hechos que sirven de soporte a la alegada falta de competencia funcional, olvidaron explicar los efectos que, sobre el auto AC3313 del 7 de diciembre de 2020, tiene el hecho de que el mismo se aprobara en sesión de 10 de octubre de 2018, momento para el cual los honorables exmagistrados Ariel Salazar Ramírez y Margarita Cabello Blanco estaban revestidos de la función jurisdiccional», adicionando que:

[Dicha] Tesis que encuentra apoyadura en el Código General del Proceso en los artículos 325 y 342, los que al unísono dan prevalencia a la sentencia como manifestación judicial de voluntad, frente a la formalidad del escrito y su suscripción, permitiendo que se otorguen efectos jurídicos al fallo siempre que pueda establecer su autoría, con independencia de su documentación, consideración que es aplicable al sub lite por fuerza del artículo 12 consagratorio de la analogía en materia procesal. (…)

De forma agregada el canon 342, para el recurso de casación, prevé la devolución de la sentencia cuando «no est[é] suscrita por el número de magistrados que la ley exige».

Trasluce del anterior recorrido normativo, jurisprudencial y doctrinal que, el aspecto más relevante de una determinación judicial, es la decisión adoptada por el juez competente, al margen del proceso de documentación o suscripción, los cuales devienen secundarios frente a aquella.

Por tanto, como para la fecha en que el auto inadmisorio fue discutido y aprobado todos los magistrados que intervinieron estaban revestidos de la calidad de jueces, huelga reiterarlo, el 10 de octubre de 2018, en principio, se está frente a un acto jurídico susceptible de producir efectos jurídicos, al margen de cuál fuera la fecha de suscripción o notificación.

La anterior consideración debió ser tenida en cuenta por los demandantes, con el fin de sustentar debidamente el pedimento de nulidad, por lo que su omisión atenta contra el artículo 135 del código procesal en vigor.

Una dilucidación equivalente cabe frente al inciso primero del artículo 54 de la LEAJ, el cual dispone que «[t]odas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección».

Frente a esta norma la Corte tiene dicho que «carece de competencia funcional el juzgador plural que delibera y decide sin la asistencia, ni el voto mayoritario favorable de los integrantes de la respectiva Sala (AC7719-2017)» (SC2759, 7 jul. 2021, rad. n.° 2010-00074-02).

Tratándose de la Sala de Casación Civil, el reglamento interno de funcionamiento tiene consagrado que «[s]e entiende que un magistrado ha participado cuando asistió al debate y votó la ponencia» (parágrafo del artículo 33 del Acuerdo 006 de 2002). Por tanto, advertido que en la Sala de Decisión en que se aprobó el auto AC3313-2020 intervinieron seis (6) magistrados, en satisfacción de las reglas sobre quorum deliberatorio y decisorio, haciendo que el acto jurisdiccional cobrara eficacia, era indispensable que en el pedimento de invalidez se explicara cómo, a pesar de lo expuesto, pudo materializarse la falta de competencia funcional.

Con todo, aun en el evento de que la Sala acogiera la argumentación expuesta en el recurso de súplica, lo cierto es que tampoco tendría vocación de prosperidad, esta vez porque la Sala de Casación Civil es la competente para conocer del recurso de casación a que se refiere el sub examine, lo cual desvirtúa el supuesto vicio de nulidad por falta de competencia funcional. (…)

Tal cual brota del anterior concepto, para esclarecer si ocurrió el vicio de nulidad por falta de competencia funcional basta con escudriñar si el funcionario conocedor de la impugnación es el asignado legalmente para desatarla, es decir, el instituido conforme al ordenamiento procesal para dictar el fallo de segunda instancia (CSJ, SC3918, 8 sep. 2021, rad. n.° 2008-00106-01).

Y en el caso, al margen de la ocurrencia o no de los hechos que erigen la petición de los demandantes, lo cierto es que esta Corporación, conforme a los numerales 1° del artículo 235 de la Constitución Política y del canon 30 del Código General del Proceso, es la competente para conocer del mecanismo extraordinario interpuesto y, por lo mismo, de proferir el auto inadmisorio, en descrédito de la nulidad reclamada.

Las omisiones advertidas no sólo ratifican, sino que adicionan, las razones para sirvieron para el rechazo de plano de la solicitud de nulidad realizada por los convocantes en el presente trámite.

En este orden de ideas, desacertado resulta que se pretenda, a través de la vía constitucional, que sea pasado por alto que en torno a los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que edifica la petición de amparo el juez de conocimiento profirió una decisión de fondo, misma contra la cual, valga dejar claro, ningún reparo fue formulado en el escrito contentivo de la acción.

Intenta, entonces, el apelante que el juez de tutela realice una valoración diferente de la efectuada por la autoridad accionada y en ese contexto se proceda a corregir la determinación emitida el 7 de diciembre de 2020, lo cual implicaría una nueva revisión de instancia, en la que el funcionario judicial se alejaría de su rol constitucional.

Bajo esa línea de pensamiento, es dado aseverar que la acción de tutela lejos está de poder ser aceptada cuando se edifica sobre vías de hecho inexistentes y cuando lo evidente es que la discrepancia del accionante tiene origen, única y exclusivamente, en la conclusión a la que se arribó por parte de la Corporación de conocimiento frente a su pretensión, lo cual en esta sede constitucional no tiene posibilidades de prosperar, ya que con ello, se insiste, no se cumple con los presupuestos establecidos para procedencia de este instrumento excepcional, máxime cuando en este trámite no es posible adentrarse a efectuar una nueva valoración sobre el asunto censurado, como si este mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer un criterio particular (Corte Constitucional -SU.132/02-).

En resumidas cuentas, en el presente caso se advierte que la parte actora lejos estuvo de demostrar la configuración de algún defecto que estructure la denominada vía de hecho, es decir, no acreditó que la providencia con la que se puso fin a la fase ordinaria (auto AC2421-2022 del 30 de junio de 2022) esté fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados.

Lo evidente aquí, ENTONCES, es que, como se dedujera en sede de primera instancia, el aludido proveído contiene argumentos razonables, pues para llegar a la conclusión, la Sala Civil estudió el acontecer fáctico presentado y el discurrir procesal surtido, así como las razones jurídicas que llevaron a rechazar de plano la nulidad propuesta a través de la cual se pretendía dejar sin efectos la providencia con la que se dispuso la inadmisión de la demanda de casación.

Entonces, al no aparecer acreditada una actuación arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada, no es posible acceder a la protección reclamada, habida cuenta que no se evidencia razón alguna que le permita actuar al mecanismo de protección escogido, como que lo resuelto por aquélla obedeció a una labor de hermenéutica y apreciación probatoria en la que, por regla general, no puede inmiscuirse el juez de tutela, dado que tiene raigambre constitucional (arts. 228 y 230 de la C.P.), salvo que se aprecie, como se acotó, la materialización de una inequívoca vía de hecho que, por sus connotaciones y consecuencias, es de suyo excepcional.

Por los motivos esbozados en precedencia, se confirma íntegramente el fallo impugnado.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del 11 de octubre de 2022 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la protección de los derechos invocados por el abogado Alejandro José Álvarez Bedoya y negó el amparo frente a FREDY ELIÉCER COGOLLO PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN PÉREZ VIDAL, CARMEN CECILIA, ÁNGELA ROSA, CONSUELO DE JESÚS, ALJADIS MARÍA, EDELMIRA ELENA, EDWIN BAUTISTA y JUAN ERNESTO CANTERO PÉREZ.

2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA 

Secretaria

1 Sentimientos de aflicción, furor, congoja, desazón, abatimiento etc.

2 Con ocasión de un fallo adverso.

3 El abogado ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ BEDOYA en el escrito impugnatorio, al respecto, registro lo siguiente: «Ahora, en cuanto a que no tengo legitimación para actuar en esta tutela como accionante, pregunto: ¿será que frente a todo esto no he sido lesionado en mis derechos fundamentales de igualdad, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional consagrados en nuestra constitución política por el máximo Tribunal Civil en Colombia, Órgano de Cierre por excelencia? Será que esa Corte que aprendí a querer y respetar desde mis años de estudiante y que mis maestros me enseñaron a querer y respetar como órgano prístino de virtud, rectitud, moralidad, lealtad y honestidad en todas sus actuaciones y formas y, en cuyos hombros descansa nuestra libertad e independencia nacional, ¿no vulnero mis derechos fundamentales al “engavetar” u ocultarme durante 25 meses y 27 días una decisión de esa naturaleza? ¿Con que objeto, causa o motivo se hizo esto? ¿Quien estuvo detrás de esto? ¿fue un error de algún funcionario? Esto no se soluciona tratando de minimizar u ocultar con postulados traídos de los cabellos, sino con la verdad y una solución en derecho y justicia… La verdad, me siendo burlado en mi derecho de postulación como abogado de provincia que llegó hasta esa alta Corporación en busca de una decisión en derecho y, ¡me salen con esto!…»

4 Discutido y aprobado en reunión de Sala del 10 de octubre de 2018

STP17290-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:19 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17290-2022

Radicación 127797

Acta 294

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS:

Al trámite fueron vinculados la Fiscalía 49 Local, el Juzgado 7º Penal Municipal con Función de Control de Garantías, todos de Pereira, la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda y la Fiscalía General de la Nación.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por el tribunal de primera instancia así:

Señala el accionante que la Fiscalía Local de Pereira inició un proceso en su contra con base en la denuncia realizada por la señora Jenny Romero Hernández por hechos sucedidos el 13 de diciembre del año 2015, actualmente en el Juzgado 2º Penal Municipal con Función de Conocimiento en la etapa de juicio conforme las disposiciones 1826 de 2017 con radicación 66 00 161 065 11 2015 00144, y este ha sido cuestionado en varias ocasiones y por varias razones.

Entre ellas, por la inaplicación del requisito de procedibilidad dictado por la Ley 640 de 2001 para esta clase de asuntos, las cuatro recusaciones elevadas contra la Fiscal Local de Pereira han sido desestimadas, dos de ellas con fundamentos incoherentes a la Ley y las causales invocadas, incluso citando jurisprudencias que no correspondían al caso en concreto.

Resalta que la Fiscal 49 ha sido recusada por varias razones, entre ellas, por vencimiento de términos, por haber actuado en el proceso N° 66 00 16 0000 37 2016 00090 como Fiscal 31 de adolescentes de Pereira, asunto que es entre las mismas partes y por los mismos hechos, por lo que debió declararse impedida y no lo hizo, y ello vulnera el debido proceso y los principios de imparcialidad y confianza legítima, pues ya tiene comprometido su criterio jurídico, generándose la Nulidad de Pleno Derecho sobre todas las actuaciones surtidas por la precitada fiscal en el asunto 2016-00090 e inclusive prevaricato.

El accionante pone de presente varias situaciones que a su parecer constituyen graves y flagrantes violaciones al debido proceso tales como que el Fiscal 31 de Adolescentes, en la audiencia de preclusión no relacionó EMP ni EF que incidan de manera directa en las resultas del proceso. Así mismo la Fiscal 49 Local de Pereira adelantó audiencia de contumacia sin el lleno de los requisitos legales, lo notificaron a un abonado telefónico que no es el de él y con eso lo declararon contumaz, no se remitió al juez de conocimiento los audios de las audiencias donde se presentaron las irregularidades.

(…)

Al llegar al juicio, se solicitó la nulidad de lo actuado por no agotarse el requisito de procedibilidad, además por que se agotó la audiencia de contumacia sin reunir los requisitos de ley y el traslado del escrito de acusación rompe con la estructura del proceso. Dicha nulidad fue desestimada por la Juez 2ª Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, ante lo cual se interpuso el recurso de apelación, mismo que resolvió el Juez 5º Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira conformando la decisión de la primera instancia.

Todo lo anterior constituye, según voces del actor, errores o vías de hecho, defecto orgánico, porque el Juez 7º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías que realizó la audiencia de traslado de escrito de acusación carece absolutamente de competencia. Defecto procedimental, por cuanto la Juez 7ª ya referida actuó al margen del procedimiento establecido en la Ley 1826 de 2017, ya que las actuaciones referidas las debe adelantar exclusivamente el fiscal de conocimiento. Igualmente resaltan que se presenta un defecto fáctico cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita aplicar el supuesto legal en el que sustenta su decisión, como aprobar la contumacia a pesar de la ausencia de sustento, además de una decisión sin motivación.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:

Mediante auto del 13 de octubre de 2022, la Corporación a quo avocó el conocimiento de la demanda de tutela y corrió el traslado correspondiente a las autoridades accionadas.

1. El Juzgado 7º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira dijo haber llevado a cabo en el radicado No. 660016106511201500144 audiencia de declaratoria de contumacia, que tuvo ocurrencia los días 28 de mayo, 23 de junio y 30 de julio de 2020 con el lleno de los requisitos legales, sin que haber lesionado los derechos del accionante con la decisión adoptada.

2. El Juzgado 7º Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira explicó que conoce del proceso que se sigue contra la parte actora por el delito de lesiones personales dolosas trámite que está pendiente por surtirse la audiencia de juzgamiento el 18 de octubre del presente año a partir de las 9:00 a.m.

En punto de los hechos y pretensiones de la demanda, adujo que ha agotado el procedimiento abreviado conforme lo regula la normatividad, remitió a la Dirección Seccional de Fiscalías la recusación propuesta por el acusado contra la Fiscal 49 Local, sin que separaran a la funcionaria del asunto y negó la petición de nulidad por ser inexistentes las irregularidades alegadas decisión que confirmó integralmente el Juzgado 5º Penal del Circuito.

3. El Juzgado 5º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira hizo un recuento de la actuación que le correspondió en 2ª instancia en el proceso que se tramita en contra del promotor del amparo, puntualmente, se refirió a la nulidad por él propuesta la cual carecía de fundamentación y permitió la confirmación del auto de primer grado.

El 28 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Pereira negó la protección impetrada, tras hallar que el promotor del amparo acudió a este mecanismo excepcional a pesar de contar con los medios ordinarios al interior del proceso para la defensa de sus prerrogativas, pues el proceso se encuentra en curso.

El apoderado del accionante impugnó el fallo. Insistió en la lesión a sus garantías constitucionales al adelantarse un proceso penal con serias irregularidades, pues en su sentir, los yerros cometidos en la declaratoria de contumacia, la recusación infructuosa y la negativa de anular el trámite surtido a la fecha, son muestra de la urgencia de la intervención del juez de tutela como único remedio para conjurar la lesión pregonada.

A su vez, reiteró que se está ante un perjuicio irremediable, de ahí la relevancia constitucional del asunto planteado. Además, la demanda reúne los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo y “la ausencia de las copias” de las piezas procesales no es óbice para evitar el estudio de fondo del tema.

Por lo anterior, consideró necesario revocar la providencia, en su lugar, proteger las prerrogativas invocadas.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación instaurada contra el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira.

2. Ahora bien, advierte la Sala que el objeto del disenso consiste en determinar si las autoridades judiciales demandadas violaron las prerrogativas superiores del actor con el proceso que en la etapa de juzgamiento se adelanta en su contra, pues con él, insiste, se viola el debido proceso.

Esto sólo es posible, de manera excepcional, cuando se acredita: (i) que la decisión o actuación judicial deriva de una cualquiera de las vías de hecho desarrolladas por la jurisprudencia (C-590 de 2005), y (ii) que la parte afectada no cuenta con medios de defensa dentro del proceso en curso, por no existir o haber sido debidamente agotados, condiciones de procedibilidad que el promotor no demuestra y que la Sala tampoco encuentra cumplidos.

4. Como punto de partida, advierte la Sala que razón le asistió al tribunal en declarar improcedente la acción de amparo, pues encuentra la Corte que la actuación penal que se sigue a GABRIEL ROMERO HERNÁNDEZ está en curso, concretamente, está pendiente de realizarse la audiencia de juzgamiento, tal y como lo informó el despacho cognoscente.

Por tanto, encontrándose en trámite el proceso censurado en la demanda constitucional, el afectado, por intermedio de su defensor o él mismo, deberá elevar las solicitudes a que haya lugar al interior de las diligencias No. 660016106511201500144; entre ellas, las que guarden relación con la supuesta violación al debido proceso en razón a las decisiones judiciales adoptadas al interior del mismo. En caso de resultar adversa a sus intereses el fallo del a quo, podrá promover la alzada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y, de salir vencido en dicha instancia, contará con la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casación contra la decisión que emita el juez colegiado, con argumentos similares a los señalados en la presente acción de tutela.

5. De otra parte, para la Sala las exigencias requeridas para la procedencia de la tutela por vía transitoria, en virtud de la inminente causación de un perjuicio irremediable, tampoco se cumplen, porque los requisitos de gravedad e impostergabilidad no concurren y el sometimiento al proceso penal no es una situación que de suyo pueda considerarse generadora de un daño, pues es la carga propia que el Estado impone al ciudadano tras hallar hechos que revistan las características de un delito (art. 250 de la C.N), sin que sea dable adelantar los resultados del diligenciamiento, pretendiendo debatir los reparos contra la actuación de los jueces y fiscales que han intervenido hasta el momento, por este medio residual y subsidiario, sin haberlo hecho al interior del proceso.

6. Finalmente, se dispone incorporar copia de la presente decisión al expediente con radicado No. 660016106511201500144, a cargo del Juzgado 7º Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira.

Se confirmará, por tanto, el fallo impugnado.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 28 de octubre de 2022, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira declaró improcedente el amparo reclamado por GABRIEL ROMERO HERNÁNDEZ, de acuerdo con las razones señaladas en precedencia.

2. INCORPORAR copia de la presente decisión al expediente con radicado No. 660016106511201500144, a cargo del Juzgado 7º Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira.

3. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

STP17255-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:18 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17255-2022

Radicación 127563

Acta No. 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS:

Resuelve la Corte la impugnación propuesta por la FUNDACIÓN UNIÓN COLOMBO ESPAÑOLA (FUNCOESP), contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022 por la Sala de Casación Laboral, que negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Al trámite fueron vinculados el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Medellín y las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral con radicación No. 05266310500120150040202.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por la Sala de primera instancia así:

El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado que, por sentencia de 25 de noviembre de 2019, condenó a la fundación accionante y, solidariamente, al ICBF a pagar a las demandantes los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones.

Inconforme con la decisión, el ICBF la apeló y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia de 30 de marzo de 2022 la revocó para, en su lugar, absolver al ICBF como solidario responsable del pago de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones.

La accionante formuló recurso extraordinario de casación, no obstante, el colegiado mediante auto del pasado 14 de junio, notificado en estado del 15 siguiente, no lo concedió.

La fundación accionante censuró la decisión del juez plural, con fundamento en que en el resuelve erróneamente indicó, «Revocar la sentencia proferida el día 15 de marzo de 2017 por el juzgado laboral del circuito de envigado […]», pues, esa fecha y ese juzgado no correspondía al a quo que emitió la decisión de instancia.

De igual manera, señaló que se estaba ante «un claro hecho del príncipe», por cuanto el ICBF no cumplió con las obligaciones contractuales para que, a su vez, FUNCOESP cumpliera la «intermediación laboral» con las demandantes, que se desconoció el art. 34 del CST.

Agregó que, de acuerdo con su objeto social y los objetivos específicos de los estatutos de constitución, la entidad desarrollaba programas y proyectos de interés público, contratados con entidades públicas que trasladen los recursos económicos de su presupuesto para el desarrollo de dichos programas, lo cual convierte sus recursos en de destinación específica.

Finalmente, señaló que no posee recursos «representados en bienes de dinero puesto que según el artículo 26 de los estatutos de la entidad “…En consideración a que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, cualquier superávit que se llegara a presentar, previa deducción correspondiente a los conceptos tributarios se empleara para reformar los planes y programas en ejecución o al fin que se estime conveniente, de conformidad con los objetivos de la Fundación».

Con fundamento en lo que precede, pidió que: «[…] se revoque la sentencia de 30 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Superior de Medellín […] revocar la sentencia del Juzgado Laboral Primero de Envigado y absolver a la Fundación […] y a su vez condenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF».

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:

Mediante auto del 5 de octubre de 2022, la Corporación a quo avocó el conocimiento de la demanda de tutela y corrió el traslado correspondiente a la autoridad accionada y demás vinculados.

1. El Coordinador del Grupo Jurídico del ICBF de la Regional Antioquia solicitó negar el amparo pedido, porque esa entidad no ha vulnerado los derechos de la fundación reclamante. Además, anotó que la tutela no es una vía supletoria al proceso ordinario.

2. La apoderada de los demandantes al interior del proceso ordinario laboral objeto de queja, se remitió a los hechos y aspectos controvertidos en el presente trámite coadyuvando las pretensiones de la parte actora.

Los demás vinculados a pesar de haber sido notificados del trámite, guardaron silencio.

Con fallo del 11 de octubre de 2022, la Sala de Casación Laboral encontró que la decisión atacada es razonable al contrastarla con la legislación y jurisprudencia aplicable al caso concreto.

Dentro del término establecido en el Decreto 2591 de 1991, la promotora del amparo impugnó el fallo. En sustento, reiteró los argumentos plasmados en el escrito inicial con los que persigue la condena solidaria al ICBF como responsable del pago de los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones a los demandantes.

Además, insistió que la providencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín contiene errores y vicios de fondo “cuando resuelve en su punto primero …revocar la sentencia proferida el 15 de marzo de 2017 por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado… toda vez que en esa fecha y en ese juzgado (laboral del circuito) descritos por el tribunal no se dictó ninguna sentencia del presente caso (…) la sentencia proferida por la primera instancia fue por el Juzgado 001 Laboral de Envigado y con fecha noviembre 25 de 2019, por tal razón es totalmente diferente y contraria a la realidad”.

En consecuencia, pidió que se revoque la sentencia confutada y se acceda a sus pretensiones.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Conforme con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069 de 2015, en armonía con el artículo 44 del Acuerdo 006 de 2002, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la impugnación propuesta contra el fallo proferido por la homóloga de Casación Laboral.

La decisión de primera instancia será confirmada. Las razones son las siguientes:

La parte demandante cuestiona que el Tribunal Superior de Medellín, al proferir la sentencia del 30 de marzo de 2022, erró al revocar la providencia de primera instancia que condenó al ICBF solidariamente al pago de los salarios y demás emolumentos a favor de los demandantes en el litigio con radicado 05266310500120150040202.

Explicó, que para el desarrollo del objeto convenido dicha fundación vinculó mediante contrato individual de trabajo a los demandantes del proceso ordinario quienes, en razón a la naturaleza de su empleador como entidad sin ánimo de lucro de beneficio social vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, adquirieron la calidad de trabajadoras particulares y no de servidores públicos, acorde con el art. 6º de la Ley 1607 de 2012 y art. 3º del Decreto 289 de 2014.

De ahí que, a los trabajadores de los contratistas, no le son aplicables las disposiciones contenidas en el art. 34 del CST, pues las obligaciones labores únicamente le corresponden al administrador del programa comunitario, que en el presente caso es la FUNDACIÓN UNIÓN COLOMBO ESPAÑOLA.

Destacó, además, que en ese tipo de pactos el contratista asume la prestación del servicio público directamente a la comunidad mediante recursos del Estado. Es decir, el objeto del contrato se trata de una actividad sui generis regulada por normas especiales de derecho público y «solo están sujetas a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo», como lo dispone el artículo 128 del Decreto 2388 de 1979. Actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, excluyendo la aplicación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Atendiendo lo anterior, el Tribunal demandado concluyó que no puede predicarse la solidaridad patronal de la FUNDACIÓN UNIÓN COLOMBO ESPAÑOLA con el ICBF, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pues reiteró que es un contrato muy particular que no está sometido a esa normativa, ya que “el ICBF no tiene frente a las madres comunitarias, la calidad de beneficiario o dueño de una obra dentro del contrato de aportes, puesto que se trata de un instrumento que el legislador dispuso con el fin de financiar a terceros que colaboran con la prestación del servicio de cuidado de la primera infancia”.

Finalmente, frente a la posibilidad de extender la responsabilidad solidaria al ICBF por la omisión de este en supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación contratada, explicó que para ello se debieron hacer efectivas las pólizas que aseguraban los derechos laborales de las madres comunitarias, también concluyó que la apoderada de la parte demandante guardó silencio no adelantó las acciones correspondientes para lograr que las prerrogativas laborales de aquellos fueran cancelados por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

Pese a las argumentaciones de la impugnante, para la Sala deviene clara la improcedencia de la acción de tutela en el asunto objeto de estudio, en atención a que, en efecto, no se evidencia que en la decisión censurada se configure alguno de los defectos específicos que hacen viable la intervención constitucional.

Esto, debido a que, al margen de si la decisión objeto de examen se amolda o no a las expectativas de la interesada, tópico que, por principio, es extraño a la acción de tutela, la misma contiene argumentos razonables, pues para llegar a la determinación acusada, el fallador de segundo grado estudió el acontecer fáctico y el discurrir procesal surtido en la primera instancia, la conclusión a la cual allí se arribó, para enseguida analizar el ordenamiento normativo regulador del asunto laboral.

Lo anterior denota que lo pretendido en la demanda de tutela es que se imponga el criterio de la accionante a toda costa, como si esta vía fuera una instancia adicional a las del proceso laboral en el que la autoridad censurada emitió una decisión motivada, razonable y ajustada a derecho, independientemente de que esta se comparta o no.

Esta Sala ha sido insistente en sostener que las divergencias interpretativas o de valoración probatoria que surjan en torno a una decisión judicial, no son violatorias, per se, de derechos fundamentales, y que la tutela no es, por tanto, el medio indicado para buscar su rescisión cuando esta clase de discrepancias se presenta.

Por último, ante el reclamo de la impugnante frente a las supuestas inconsistencias en la fecha del pronunciamiento apelado y la denominación del juzgado a quo que profirió la determinación confutada, consignadas en el numeral 1º del fallo de segunda instancia, habrá de decirse que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y residual que no reemplaza la actividad de parte en el proceso ordinario, por tanto le correspondía a la FUNDACIÓN UNIÓN COLOMBO ESPAÑOLA, solicitar la aclaración o corrección de la parte resolutiva en atención a los arts. 286 y 287 del Código General del Proceso, aplicable a los trámites labores por integración normativa del art. 145 del CPTSS, sin que así lo hiciera.

Se confirmará, por tanto, el fallo impugnado.

Por lo anterior, será confirmada la decisión objeto de impugnación.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 11 de octubre de 2022, mediante la cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo reclamado por la FUNDACIÓN UNIÓN COLOMBO ESPAÑOLA, de acuerdo con las razones señaladas en precedencia.

2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA 

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA 

Secretaria

STP17256-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:18 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17256-2022

Radicado 127579

Acta No. 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS

Resuelve la Sala la impugnación presentada por el apoderado de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO, en contra de la sentencia del 26 de octubre de 2022, emitida por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el prenombrado, frente a la Fiscalía 38 Especializada de Extinción de Dominio, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, la Sociedad de Activos Especiales –S.A.E.– y el señor Ariel Manuel Arteta.

Además de las autoridades y sujetos accionados, al trámite fue vinculada la Notaría 2ª del Círculo de Montería.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial y los demás elementos que obran en el expediente, mediante anotación realizada el 27 de abril de 2011, RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO adquirió la propiedad del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 140-88036, ubicado en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. El 7 de octubre de este año, el actor solicitó un certificado de libertad y tradición del referido inmueble y encontró lo siguiente: (i) que el bien había sido embargo por orden de la Fiscalía 18 Especializada de Extinción de Dominio; (ii) que la Sociedad de Activos Especiales había autorizado la enajenación temprana del inmueble; (iii) que la propiedad del inmueble le fue transferida al FRISCO y (iv) que, posteriormente, el inmueble fue adquirido por Ariel Manuel Arteta Rua.

Del mismo modo, dada la falta de vinculación al proceso de extinción de dominio, RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO no ha sido notificado de sentencia alguna que declare la extinción del derecho dominio sobre el inmueble, tampoco fue informado sobre la asunción de la administración de este por parte de la S.A.E. y, a estas alturas, el actor desconoce cuáles son los hechos que motivaron la iniciación del proceso judicial que afectó al referido bien. Actualmente, el trámite de extinción de dominio es conocido por la Fiscalía 38 Especializada de Extinción de Dominio.

Tras considerar que esta situación denota una clara afectación a sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, propiedad y defensa, el apoderado de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO solicitó que se le ordene a la Fiscalía 18 –hoy 38– Especializada de Extinción de Dominio que lo notifique y vincule al procedimiento extintivo para efectos de permitirle ejercer su derecho de defensa. Igualmente, pidió que se dejen sin efectos la Resolución del 10 de junio de 2021, dictada por la S.A.E. mediante la cual le transfirió al FRISCO la facultad de enajenar el inmueble afectado. Por último, solicitó que se anulen las anotaciones por medio de las cuales se le transfirió la propiedad del bien a Ariel Manuel Arteta Rúa.

De los informes presentes en el expediente de amparo, se pudo establecer que, si bien el proceso extintivo fue conocido inicialmente por la Fiscalía 18 Especializada de Extinción de Dominio, la primera instancia de este actualmente le corresponde a la Fiscalía 38 homóloga. También, obra información que indica que, de cara al bien que concierne a este mecanismo de protección, el ente acusador declaró la improcedencia de la acción de dominio en Resolución de primera instancia del 27 de enero de 2022. Sin embargo, esta decisión pasó a la Fiscalía 1ª Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, al haberse concedido un recurso de queja por la negativa a conceder la apelación presentada en contra de la calificación de la investigación.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. Por auto del 13 de octubre de 2022, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá admitió la presente acción de tutela, negó la medida provisional solicitada y corrió el respectivo traslado a las autoridades demandadas y demás sujetos vinculados.

2. La Fiscalía 38 Especializada de Extinción de Dominio relató que, en efecto, tramita el proceso extintivo mencionado en el escrito inicial, tras haber recibido el expediente en junio de 2020, por redistribución de la carga laboral de la Fiscalía 18 homónima. Precisó que el trámite se adelanta sobre los bienes que son o fueron de propiedad de Gonzalo Riaño Vargas y su grupo familiar, toda vez que él tuvo vínculos con el Bloque Sinú y San Jorge de las extintas AUC.

Precisó que el proceso se adelanta por el rito previsto en la Ley 793 de 2002 –y no por la 1708 de 2014, como parece entender el apoderado del actor– y que, en Resolución del 17 de junio de 2011, la autoridad judicial de aquel entonces impuso las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes afectados. La administración de estos fue entregada a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy la Sociedad de Activos Especiales –S.A.E.–. A continuación, adujo que la S.A.E. ejerce sus funciones de manera independiente de la Fiscalía, lo que implica que no requiere autorización de esa entidad para disponer la enajenación temprana de los inmuebles sometidos a su administración.

Por último, explicó que el proceso actualmente cuenta con Resolución Mixta de Calificación –proferida el 27 de enero de 2022–, en la que se declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre el inmueble en cuestión. Sin embargo, tal decisión aún no se encuentra ejecutoriada, toda vez que en su contra se presentó un recurso de apelación que, tras haber sido negado, fue objeto de recurso de queja, que actualmente está desatando la Fiscalía 1ª Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.

3. Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales consideró la presente acción constitucional debía negarse de cara a esa entidad, por las siguientes razones: (i) falta de legitimada en la causa por pasiva, toda vez que la tutela se dirige en contra de actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y (ii) no vulneración de los derechos fundamentales reclamados, toda vez que la actuación de la S.A.E. se enmarcó dentro de los parámetros legalmente establecidos. A continuación, procedió a explicar el procedimiento de enajenación temprana que se adelantó sobre el bien mencionado en el escrito de tutela y reiteró que el mismo se ajustó al ordenamiento jurídico y se ejerció dentro de las competencias de la S.A.E., que tiene el debe de velar por el aprovechamiento económico de los bienes sometidos a su administración.

4. La Superintendencia de Notariado y Registro manifestó que la dependencia llamada a contestar la presente acción constitucional, por referirse a un trámite de naturaleza registral, es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería. Por lo anterior, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y que se ordene su desvinculación en este trámite constitucional.

5. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, por su parte, consideró que las pretensiones del accionante respecto de esa dependencia deben ser desestimadas, toda vez que la actuación de esa autoridad se circunscribió a realizar las respectivas anotaciones de conformidad con los documentos remitidos por la autoridad competente, tal y como lo establece la ley.

6. Seguidamente, la Notaría 2ª del Círculo de Montería señaló que esa dependencia verificó el estado jurídico del inmueble en cuestión a la hora de protocolizar la compraventa realizada entre Ariel Manuel Arteta Rúa y e FRISCO. Determinó que el mismo no tenía afectaciones o limitaciones a su dominio y, tras comprobar la legalidad del contrato presentado desde un punto de vista formal, procedió a elevarlo a escritura pública.

7. Por último, en extenso escrito y a través de apoderado, Ariel Manuel Arteta Rúa afirmó que actualmente es el único propietario del bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 140-88036, el cual fue adquirido de buena fe y por medios lícitos a la Sociedad de Activos Especiales. Adujo que actualmente está tramitando el otorgamiento de una licencia de construcción ante las curadurías urbanas de la ciudad de Montería y señaló que ha venido pagando el impuesto predial ante las autoridades municipales. Precisó que, de acuerdo con la información que le ha entregado la S.A.E., sobre el bien inmueble no existe ninguna afectación a la propiedad ni medida cautelar, y aquel se encuentra completamente saneado.

8. En sentencia del 26 de octubre de 2022, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá resolvió declarar improcedente el amparo invocado por el apoderado de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO, con fundamento en las siguientes razones: (i) que no existe irregularidad alguna en lo atinente a las notificaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, comoquiera que los terceros con interés en el proceso fueron emplazados y posteriormente representados por un curador ad litem; (ii) que, en cualquier caso, sobre el bien en cuestión se declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio, en Resolución que actualmente está surtiendo el grado jurisdiccional de consulta ante una Fiscalía ad quem y (iii) lo anterior quiere decir que, en este caso, no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad, por estarse todavía frente a un procedimiento extintivo en curso, máxime cuando el extremo activo ni siquiera ha dirigido un escrito a la autoridad demandada para solicitar hacerse parte en el proceso.

En cuanto a la S.A.E., consideró que el proceso de enajenación temprana se realizó en legal forma y en el marco de las competencias que le corresponden a esa entidad como administradora de los bienes que hacen parte del FRISCO, máxime cuando esa entidad no tiene obligación legal de esperar a que exista una decisión judicial final sobre la suerte de los bienes sometidos a su administración para poder disponer de ellos, de manera que pueda sacarse provecho económico a favor del Estado. Sin embargo, indicó que, en caso de que la decisión de improcedencia quedara en firme y a favor de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO, a él se le reconocería una compensación económica, tal y como lo prevé el parágrafo 3º del artículo 93 de la Ley 1708 de 2014, tal y como fue adicionado por la Ley 2069 de 2020.

Por último, agregó que, si bien es posible pensar que el extremo activo tiene una expectativa razonable de devolución del bien, dado el hecho de que se declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio que se ejercía sobre el mismo, llamó la atención sobre el hecho de que la enajenación temprana se concretó con anterioridad a que se declarara la mencionada improcedencia, lo que implica que, al momento en que ella se materializó, todavía no se había concretado la referida expectativa razonable. Adicionalmente, subrayó que el bien ya se encuentra en manos de un tercero que lo adquirió lícitamente, tras la realización de un procedimiento ajustado a las normas legales e internas de la S.A.E., lo que implica que, de acceder a las pretensiones del actor, se podrían afectar los derechos de Ariel Manuel Arteta Rúa.

9. Inconforme con el fallo de primera instancia, el abogado de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO lo impugnó, en escrito en el que adujo lo siguiente: (i) que, en vista de que al momento de imponer las medidas cautelares sobre el bien afectado, era visible que el mismo ya no se encontraba en cabeza de Gonzalo Riaño Vargas, era imperativo que la Fiscalía General de la Nación notificara personalmente a la persona que figuraba como propietaria en aquel entonces; (ii) que, en cualquier caso, los derechos del demandante prevalecen sobre los intereses económicos de la S.A.E. o de Ariel Manuel Arteta Rúa; (iii) que, en esta oportunidad, se dejó de aplicar el artículo 13 de la Ley 793 de 2002, que se refiere a las notificaciones, y exige que ellas sean de naturaleza personal, frente a las personas que se puedan ver afectadas en sus derechos patrimoniales como consecuencia del procedimiento y (iv) que esta circunstancia afecta de manera transparente los derecho fundamentales de su cliente, pues aquel nunca tuvo conocimiento del proceso de extinción de dominio que hoy lo afecta en su patrimonio, por lo cual tampoco puede reprochársele su inactividad.

10. La impugnación se concedió mediante auto del 3 de noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

3. Vistos los antecedentes que obran al interior del presente proceso de tutela, considera la Sala que debe entrar a determinar, en primera medida, si están dados los presupuestos formales que permitirían entrar a realizar un estudio de fondo sobre la demanda de amparo presentada por RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO contra de la Fiscalía 38 Especializada de Extinción de Dominio.

4. Descendiendo de una vez al caso concreto, desde ahora advierte la Sala que la sentencia impugnada será confirmada, en atención a los siguientes argumentos:

4.1. Lo primero que debe indicarse es que, tal y como lo manifestó el Tribunal a quo, la procedencia formal de una acción de tutela está determinada por el cumplimiento de dos principios constitucionales fundamentales: inmediatez y subsidiariedad. Si bien en la presente acción constitucional es fácilmente evidenciable que se cumple con la primera de estas características –en tanto que se presentó dentro de un término razonable, contado a partir del momento en que RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO tuvo conocimiento del proceso de extinción de dominio que cuestiona–, la verdad es que es claro, evidente y transparente que no se cumple con la segunda ellas –es decir, el principio de subsidiariedad–. Lo anterior, principalmente, por el hecho de que el proceso de extintivo sobre el cual se reclama la nulidad todavía se encuentra en curso, pues la resolución que declara la improcedencia de la acción aún no se encuentra ejecutoriada.

4.2. Ante esta circunstancia, tal y como lo explicó la primera instancia, lo procedente es que, en primera medida, RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO solicite hacerse parte dentro del proceso extintivo que cursa ante la Fiscalía 38 Especializada de Extinción de Dominio, con la finalidad de que él pueda solicitar la nulidad por indebida notificación que reclama y demostrar su presunta condición de tercero afectado de buena fe exenta de culpa. Así, sus pretensiones podrían evaluarse a la luz de la Ley 793 de 2002 que, en últimas, son de naturaleza legal y no constitucional.

4.3. Frente a este panorama, y en atención a que la acción de tutela es subsidiaria respecto de los mecanismos de defensa judicial ordinarios, es evidente que la misma es improcedente para formular solicitudes que pueden y deben presentarse al interior del respectivo procedimiento judicial ordinario, pues, de lo contrario, se desnaturalizaría la finalidad de este mecanismo de protección excepcional, que no está pensado para sustituir los medios judiciales normales establecidos en la legislación nacional. En cualquier caso, es preciso señalar que las anteriores conclusiones también se fundan sobre el hecho de que el primer escenario de protección de los derechos fundamentales –particularmente el debido proceso en todas sus facetas, incluido el derecho de defensa– es, precisamente, el propio trámite judicial, que contiene mecanismos diseñados para enderezar actuaciones erróneas o irregulares.

4.4. Finalmente, no puede la Corte dejar de llamar la atención sobre el hecho de que, de todas formas, RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO y su apoderado no han intentado, siquiera, comunicarse con la Fiscalía General de la Nación para indagar por el estado del procedimiento atacado, ubicar la autoridad que actualmente lo conoce o solicitar hacerse parte dentro del mismo. Ante ello, debe decirse que no es posible acudir a la acción constitucional de tutela de manera directa, como si fuera el único remedio posible a la situación, si siquiera haber intentado un acercamiento previo a las autoridades que conocen del caso, con la finalidad de hacer averiguaciones previas básicas.

5. En cuanto a la pretensión relativa a retrotraer los efectos de la enajenación temprana que fue ordenada por la Sociedad de Activos Especiales, es preciso señalar lo siguiente:

5.1. En primer lugar, debe decirse que esa pretensión tampoco cumple con el principio de subsidiariedad, pues, al ser la actuación cuestionada una de naturaleza administrativa, aquella puede ser atacada en el marco de un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

5.2. Empero, incluso se obviara el argumento que viene de indicarse, es necesario tener presente que, por más que sea teóricamente posible reversar todo el proceso de enajenación temprana con la finalidad de que las cosas vuelvan a su estado anterior, lo cierto es aquello no puede ordenarse al interior de un proceso sumario como el que ahora se adelanta, pues, a primera vista, no es aparente de bulto que tal medida haya sido adoptada de manera arbitraria, caprichosa o ilegal. Lo anterior en vista de que, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014, que expresamente autoriza a la S.A.E. para enajenar tempranamente los bienes que se encuentran sometidos a su administración, incluso a pesar de que todavía no se hubiera declarado la extinción de dominio sobre ellos.

5.3. Del mismo modo, y como si lo anterior fuera poco, es preciso considerar que, al acceder a las pretensiones del accionante, se podrían afectar los derechos de Ariel Manuel Arteta Rúa, que adquirió el inmueble saneado y de manera lícita, que ha pagado los impuestos que le corresponden y que actualmente está gestionando los trámites pertinentes para obtener una licencia de construcción. Así, retrotraer las cosas a su estado anterior, implicaría la necesaria emisión de órdenes complejas, de restitución de frutos y de pagos en gastos; órdenes que deben incluir una liquidación de créditos y que, en suma, deberían estar contenidas en una sentencia de naturaleza civil o contencioso administrativa, y no en una constitucional, proferida al interior de un proceso sumario y subsidiario.

5.4. En cualquier caso, también es necesario tener presente que, incluso en el caso de que llegara a confirmarse la decisión de declarar improcedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble que fue de propiedad de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO, no se vería injustamente disminuido su patrimonio, pues la ley prevé la entrega del precio del bien, junto con sus frutos e intereses, al antiguo propietario. Así, de cumplirse con esas condiciones, tampoco podría concluirse que se hubiera afectado de manera necesaria el derecho a la propiedad del actor.

6. Por último, en lo que tiene que ver con la presunta configuración de un perjuicio irremediable, debe señalar la Corte que, en efecto, el mismo no se configura, en atención a las siguientes circunstancias: (i) no se observa una afectación o una amenaza de afectación iusfundamental que prometa generar un daño cierto, grave, inminente e irreparable, que requiera de la adopción de medidas urgentes e impostergables y (ii) lo anterior, en la medida en que la afectación denunciada por RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO no parece afectarlo gravemente en su dignidad, mínimo vital, trabajo o, incluso, debido proceso, dado el hecho de que el bien involucrado es un lote, en el que no habitaba el demandante y del cual no derivaba su sustento.

De todas formas, también debe llamarse la atención sobre el hecho de que, en efecto, el daño denunciado se encuentra consumado a la luz de las reglas jurisprudenciales que orientan este tipo de mecanismo de protección constitucional. De hecho, lleva consumado desde hace un tiempo y el actor, por haber descuidado su propio lote durante varios años, no se dio cuenta de ello sino hasta que el mismo ya había sido enajenado. De hecho, al observar las fechas de las anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria, es visible que la imposición de medidas cautelares se dio a poco más de un (1) mes después de la compra del lote, en mayo del 2011, y el accionante no se vino a enterar de ello sino hasta el mes de octubre de este año, es decir, más de once (11) años después; tiempo durante el cual el actor omitió revisar el estado jurídico de su propio inmueble y que contribuyó a la consumación del daño.

7. Así las cosas, tal y como viene de indicarse, en vista de este mecanismo de protección constitucional no cumple con el principio de subsidiariedad y que no está acreditada la configuración de un perjuicio irremediable, es transparente que la tutela es abiertamente improcedente, pues la misma no está instituida para suplir o suplantar los mecanismos judiciales ordinariamente establecidos para la defensa de los derechos de las personas afectadas por procedimientos judiciales que todavía se encuentran en curso, como es el caso de aquel que afectó el patrimonio de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO.

De esta manera, en vista de todo lo anterior, y atendiendo a las consideraciones consignadas por el a quo en la providencia recurrida, es evidente que aquella debe confirmarse, pues se encuentra adoptada conforme a derecho.

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 26 de octubre de 2022, emitida por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el apoderado de RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESCUDERO, de acuerdo con los motivos consignados en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA 

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA 

Secretaria

STP17257-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:18 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17257-2022

Radicado 127617

Acta No. 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS

Resuelve la Sala la impugnación presentada por LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA, en contra de la sentencia del 27 de octubre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se negó la acción de tutela interpuesta por el prenombrado, frente a la Fiscalía 86 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial y los demás elementos que obran en el expediente, el 27 de septiembre de 2022 LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA presentó una petición ante la Fiscalía 86 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con la finalidad de que le contestaran una serie de preguntas relacionadas con una indagación iniciada en el año 2010 y seguida en contra del antiguo juez del municipio de Corozal (Sucre). Sin embargo, a la fecha de iniciación de esta acción constitucional, habían transcurrido más de diez (10) días hábiles sin haber obtenido respuesta, lo que, a su juicio, configura una violación flagrante a su derecho fundamental de petición.

Dado lo anterior, LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA pidió que se le ordene a la Fiscalía 86 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción que, en el término ordenado por esta jurisdicción, emita y notifique una respuesta completa, coherente, pertinente y de fondo a la petición presentada.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. Por auto del 20 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá admitió la presente acción de tutela y corrió el respectivo traslado a la autoridad demandada.

2. La Fiscalía 86 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción indicó que la petición referida en el escrito inicial fue contestada el 28 de septiembre, en archivo digital que fue enviado al correo electrónico “lefaviac8@gmail.com”. Por lo anterior, solicitó que este amparo sea denegado, por haber operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

3. En sentencia del 27 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió negar el amparo invocado por LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA, tras advertir que, con anterioridad a la presentación de esta demanda constitucional, la Fiscalía accionada había contestado la petición de manera clara, congruente y completa, al tiempo que aquella le fue puesta en conocimiento mediante su envío al creo electrónico mencionado en la solicitud.

4. Inconforme con el fallo de primera instancia, LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA lo impugnó, en escrito en que adujo que la respuesta que había recibido era parcial y no completa, comoquiera que no le respondieron todas las preguntas de su cuestionario.

5. La impugnación se concedió mediante auto del 8 de noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

3. Vistos los antecedentes que obran al interior del presente proceso de tutela, considera la Sala que debe entrar a determinar si la respuesta ofrecida a LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA por la Fiscalía 86 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción es completa, de manera que se pueda concluir que con aquella se satisfizo el derecho fundamental de petición del accionante.

4. Descendiendo de una vez al caso concreto, desde ahora anuncia la Sala que la sentencia impugnada será revocada, en atención a los siguientes argumentos:

4.1. La petición originalmente presentada por LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA contiene 15 preguntas, de las cuales la Fiscalía todavía tiene el deber de contestar dos (2), por lo siguiente:

(i) No se indicó si el ente acusador ha solicitado el informe elaborado por la Contraloría de Sucre al que se refiere el extremo activo en la petición. Es preciso señalar que, de haberlo hecho, la Fiscalía no tiene obligación de presentarle los resultados al peticionario.

(ii) Tampoco se indicó si se había requerido a la Tesorería Municipal de Corozal, para indagar por la devolución dineraria de uno de los indiciados. Del mismo modo, se aclara que, de haberlo hecho, la Fiscalía no tiene la obligación de presentare los resultados al peticionario.

4.2. Sin embargo, es preciso señalar que las siguientes preguntas sí fueron contestadas, de manera que la Fiscalía accionada no tendrá que pronunciarse de nuevo sobre ellas. Las respuestas a dichas preguntas fueron las siguientes:

(i) La primera y la segunda pregunta fueron contestadas en el sentido de indicar que el caso todavía se encuentra en indagación, adelantado órdenes a policía judicial, lo que implica que no se ha formulado imputación.

(ii) Frente a la tercera pregunta, la respuesta es clara en indicar que el caso ha pasado por cinco (5) fiscalías, que pasaron a ser enlistadas.

(iii) La cuarta pregunta quedó contestada en el sentido de señalar que, por disposición del Fiscal General de la Nación, el caso fue trasladado en el año 2014 al Eje Temático de Corrupción en la Administración de Justicia de la antigua Dirección de Fiscalías Nacionales. Es preciso señalar que la asignación especial de casos por parte del Fiscal General de la Nación es una atribución que dicho funcionario ejerce de manera discrecional, de conformidad con la función contenida en el numeral 3º del artículo 251 de la Constitución.

(iv) La quinta pregunta quedó contestada mediante la referencia al parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal.

(v) La sexta pregunta quedó contestada en el sentido de indicar que la Fiscalía conoce del caso desde el año 2010, cuando fue instaurada la primera denuncia por Iván Prada Camaño.

(vi) La séptima pregunta quedó contestada en el sentido de indicar que una de las dificultades encontradas ha sido la dificultad de ubicar e inspeccionar todos los expedientes que se encontraban a cargo del Juzgado Promiscuo Municipal de Corozal. También, se señaló que a esa indagación se conexaron otros tres radicados distintos, que correspondían a indagaciones separadas pero referidas a los mismos hechos. Esto ha producido que el expediente del proceso actualmente cuenta con más de cuarenta y nueve (49) cuadernos.

(vii) La pregunta número once fue contestada de manera expresa, en el sentido de indicar que tal información debe ser solicitada de manera directa ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

(viii) La pregunta número doce fue contestada en el sentido de indicar que sí se han traslado investigadores al Juzgado Promiscuo de Corozal con la finalidad de inspeccionar las carpetas que se encontraban cursando en ese despacho para el momento de los hechos.

4.3. Por último, si bien hubo otras preguntas que no fueron contestadas, la Sala considera que, en este caso particular, la Fiscalía no tiene la obligación de responderlas de fondo, por las siguientes razones:

(i) No es obligación de la Fiscalía indicar los nombres de los investigadores que participaron en la indagación, pues tal información es reservada y podría afectar la integridad de los involucrados y el desarrollo normal de la investigación.

(ii) La pregunta nueve, que se refiere a las etapas que, conforme a la ley, debe agotar la Fiscalía para proceder a imputar cargos, corresponde a una solicitud de concepto jurídico, que el ente acusador no tiene la obligación ni la función de absolver. En cualquier caso, en la respuesta se indicó que la decisión relativa a la procedencia de la imputación será tomada conforme al contenido del material probatorio recopilado.

(iii) Por otro lado, tampoco es deber de la Fiscalía contestar la pregunta relacionada con el término de prescripción de los delitos investigados, pues tal cosa también exigiría una valoración jurídica previa, que podría comprometer el criterio del funcionario al cual se le formuló el cuestionario.

(iii) Lo propio ocurre frente a la pregunta número diez (relativa a la posibilidad de que la indagación prescriba prontamente), que pareciera tener la solapada intención de presionar a la Fiscalía para que formule imputación de cargos, a pesar de que tal decisión corresponde a una función que ejerce con autonomía y que debe soportarse en el material probatorio presente en el expediente.

(iv) Por último, la pregunta número quince tampoco tiene que ser contestada de fondo, por el hecho de que su respuesta corresponde a un resultado interno de la indagación que pasa por un análisis de los elementos materiales probatorios presentes en el expediente y su revelación podría afectar la integridad de la investigación, máxime cuando la indagación todavía está activa.

5. Visto lo anterior, la Sala revocará el fallo impugnado, pero sólo le ordenará a la Fiscalía 86 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción que conteste de fondo los dos puntos que fueron identificados previamente. Frente a los demás puntos identificados como no contestados, si bien no se ordenará su resolución de fondo, sí se le indicará a la Fiscalía accionada que, en caso de negarse a contestarlos, deberá brindar una explicación detallada y sustentada sobre las razones que la llevan a tomar esa determinación.

RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia del 27 de octubre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se negó la acción de tutela interpuesta por LEANDRO FAVIO VILLADIEGO ACOSTA, de acuerdo con los motivos consignados en precedencia. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental de petición del accionante.

3. ORDENAR a la Fiscalía 86 Delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación y esta sentencia, conteste de fondo las preguntas identificadas en el numeral 4.1. de esta providencia. Frente a aquellas señaladas en el numeral 4.3., si bien no se identificó una obligación de responderlas de fondo, sí deberá proporcionar una explicación coherente y detallada sobre las razones por las cuales no resolverá las cuestiones presentadas.

3. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA 

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA 

Secretaria

STP17258-2022

salapenalcronologico — Wed, 06 Mar 2024 15:55:18 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17258-2022

Radicado 127674

Acta No. 291

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

VISTOS

Resuelve la Sala la impugnación presentada por el apoderado de JEFERSON GARCÍA ROJAS, en contra de la sentencia del 28 de octubre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por medio de la cual negó la acción de tutela interpuesta por el prenombrado, frente al Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.

Además de la autoridad accionadas, al trámite fue vinculado el Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, con el fin de que se prenunciara sobre los hechos, argumentos y pretensiones señalados en la demanda de amparo.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial y los demás elementos que obran en el expediente, JEFERSON GARCÍA ROJAS se encuentra privado de su libertad en el Establecimiento Penitencio y Carcelario de Itagüí, cumpliendo una condena acumulada de 210 meses de prisión, tras haber sido hallado penalmente responsable por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada en concurso homogéneo y sucesivo, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La pena impuesta actualmente está siendo vigilada por el Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.

Al tenor de lo indicado en la demanda de tutela, JEFERSON GARCÍA ROJAS solicitó la concesión del beneficio de la libertad condicional, por considerar que cumplía con los requisitos objetivos y subjetivos previsto en el artículo 64 del Código Penal. Sin embargo, en auto del 18 de agosto de 2022, tras advertir que el accionante sí había redimido más de 3/5 partes de la condena, el juzgado ejecutor determinó no conceder el subrogado solicitado, bajo el argumento de que el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 prohíbe la concesión de subrogados y beneficios a las personas que hubieran sido condenadas por una serie de delitos, entra los que se encuentra la extorsión.

Inconforme, a través de abogado, JEFERSON GARCÍA ROJAS presentó el recurso de apelación y el asunto pasó a manos del Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín; instancia que confirmó la providencia recurrida, en auto del 27 de septiembre de 2022.

Tras concluir que estas dos decisiones adolecen de un defecto material o sustantivo por no tener en cuenta que el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 fue derogado tácitamente por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 –que modificó el artículo 68A del Código Penal– el apoderado de JEFERSON GARCÍA ROJAS solicitó que el auto del 16 de agosto de 2022 –proferido por el Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín– sea dejado sin efectos y que, en su lugar, se le conceda a su representado el beneficio de la libertad condicional.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. Por auto del 13 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín admitió la presente acción de tutela y corrió el respectivo traslado a la autoridad demandada y demás sujetos vinculados.

2. El Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín recordó haber conocido de la apelación presentada por JEFERSON GARCÍA ROJAS en contra del auto del 16 de agosto de 2022, por medio de la cual el Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad le negó al actor el beneficio de la libertad condicional. Adujo que, en decisión del 27 de septiembre siguiente, confirmó lo decidido por el a quo, tras considerar que el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 –que no ha sido derogado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014– prohíbe expresamente el reconocimiento de tal subrogado para las personas que, como el accionante, han sido condenadas por el delito de extorsión.

3. En sentencia del 28 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió negar el amparo invocado por el apoderado de JEFERSON GARCÍA ROJAS, con fundamento en que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene pacíficamente establecido que, a diferencia de o planteado por el extremo activo, el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 no derogó tácita ni expresamente el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, por lo que las prohibiciones allí contenidas continúan plenamente vigentes. Lo anterior, en la medida en que es patente que tales normas no se contradicen, sino que se complementan.

4. Inconforme con el fallo de primera instancia, el representante de JEFERSON GARCÍA ROJAS lo impugnó, en escrito en el que manifestó que no se le ha aplicado a su defendido la interpretación normativa más favorable, comoquiera que, al prohibir la concesión del beneficio de la libertad condicional a las personas que hubieran sido condenadas por el delito de extorsión, la Ley 1121 de 2006 afecta negativamente el caso de su poderdante, al tiempo que la Ley 1709 de 2014 no prohíbe expresamente el reconocimiento del tal subrogado a las personas que hubieran cometido el referido punible. Comoquiera que ambas normas coexisten en el tiempo, es preciso aplicar la segunda, por ser más favorable al caso del extremo activo.

5. La impugnación se concedió mediante auto del 10 de noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

3. Vistos los antecedentes que obran en el expediente, considera la Sala que le corresponde determinar si se ha afectado el derecho fundamental al debido proceso de JEFERSON GARCÍA ROJAS al habérsele negado el beneficio de la libertad condicional con fundamento en la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 36 de la Ley 1121 de 2006.

4. Descendiendo de una vez al caso concreto, desde ahora advierte la Corte que la sentencia impugnada será confirmada en atención a los siguientes argumentos:

4.1. Como lo tiene pacíficamente decantado la jurisprudencia de esta esta Sala de Casación Penal, tanto en sede ordinaria como en sede de tutela, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 no fue derogado, ni tácita ni expresamente, por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, sino que fue complementado. La anterior afirmación se explica de la siguiente manera:

4.1.1. La derogatoria tácita de una norma jurídica opera cuando, existiendo una norma que contiene una premisa y una consecuencia jurídica determinada, es contradicha por otra norma posterior, que regula la misma premisa, asignándoles una consecuencia jurídica distinta y opuesta, de modo que no sean compatibles entre sí. Por ejemplo, si existe una norma previa que le asigna una consecuencia “X” a una situación “A” y, posteriormente, entra al ordenamiento jurídico una nueva norma que, a la misma situación “X” le asigna una consecuencia “B”, que no es compatible con la consecuencia “A”, se podría concluir que la segunda norma derogó tácitamente a la primera.

4.1.2. En el caso de las normas que contienen listados de premisas a los que se les aplica una determinada consecuencia jurídica –como el artículo 68A del Código Penal–, estas pueden entenderse de la siguiente manera:

4.1.2.1. Los listados pueden ser taxativos, de manera que se entiende que sólo lo que contiene tal listado específico es válido, sin lugar a interpretar que otros elementos de la misma naturaleza pueden ser incluidos en el referido listado. Para que un listado sea taxativo, ello se debe indicar de manera expresa en la norma.

4.1.2.2. Por otro lado, los listados pueden ser enunciativos –que es la regla general–, lo que implica que es posible integrarlos con otros elementos que compartan las mismas características, ya se encuentren enunciados, o no, en otras normas. En el caso del derecho penal y penitenciario, por tratarse de normas que limitan derechos fundamentales, tradicionalmente se entiende que los listados enunciativos sólo pueden complementarse con elementos que, al menos, se encuentren previstos en otras normas jurídicas.

4.1.3. Ahora bien, de acuerdo con la interpretación dominante y pacífica de la Sala de Casación Penal, a falta de disposición expresa que indique que el listado contenido en el segundo inciso del artículo 68A del Código Penal –modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014– sea taxativo, es posible complementarlo con listados de otros delitos que se encuentren presentes en otras disposiciones vigentes, como es el caso del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

4.2. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el principio de favorabilidad, que es invocado por el extremo activo en el escrito de impugnación, debe decirse que aquel no es un criterio de interpretación normativa, sino una excepción al principio de la irretroactividad de la ley penal. Así, el mismo establece que, en el caso de normas que no coexistan o produzcan efectos al mismo tiempo, es posible aplicar aquella que sea posterior a situaciones consolidadas con anterioridad a su vigencia, sólo en el caso de que aquella resulte ser más favorable al reo. Dada la exigencia de que las normas a comparar no coexistan, ya sea por una derogatoria tácita o expresa, es imposible aplicarlo de cara a reglas jurídicas que producen efectos al mismo tiempo.

4.2.1. Ante ello, y en vista de que, al ser complementarias, tanto el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 y el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 coexisten –es decir, producen efectos jurídicos al mismo tiempo–, es claro que no es posible aplicar el principio de favorabilidad que, por lo demás, no es un criterio de interpretación normativa, como viene de indicarse.

4.2.2. Por esta razón, irrelevante resulta la discusión sobre si, en este caso, tal o cual norma resulta ser más favorable para el caso de JEFERSON GARCÍA ROJAS, pues lo cierto es que ambas se encuentran produciendo efectos de manera complementaria, lo que implica que ambas son igualmente aplicables a los presupuestos de hecho que regulan.

4.3. Como viene de indicarse, esta posición ha sido pacíficamente defendida por esta Corporación desde hace varios años. Para ilustrar este punto, conviene citar la sentencia STP15844-2022 que, si bien se refiere a la consecuencia normativa que trata de la posibilidad de conceder beneficios administrativos, recogió una breve línea jurisprudencial que relaciona la posición que viene de sentarse, en punto de la coexistencia del artículo 26 de la Ley 1126 de 2006 y el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014:

“Ahora bien, frente al planteamiento del actor relacionado con la pérdida de vigencia de la aludida prohibición, debe precisarse que las distintas Salas de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal, en pronunciamientos STP8287-2014, STP12911-2018, la STP7375-2021 y STP12029-2022, entre otras, han explicado que los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006 y 32 de la Ley 1709 de 2014 son normas válidas y jurídicamente conciliables. Por tanto, no es viable hablar de su derogatoria tácita, por las siguientes razones:

i) El artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 regula en qué casos no proceden los beneficios judiciales o administrativos, entre otros, el permiso de hasta 72 horas para salir del penal sin vigilancia, dejando incólumes restricciones expresamente impuestas por el legislador en otras disposiciones pasadas, como, por ejemplo, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

ii) Al ser manifiesto que ambas normas regulan aspectos disímiles, no procede la aplicación del principio de favorabilidad, pues, mientras el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 regula genéricamente la exclusión de beneficios para algunos delitos, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 consagra su exclusión para unos casos específicos: cuando la condena se haya producido, entre otros, por el delito de secuestro extorsivo.

En tales condiciones, según el criterio de aplicación preferente de la norma especial sobre la general, es claro que el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 es la llamada a regular la solicitud elevada por el demandante ante el funcionario de ejecución de penas, quien encontró que concurrían los presupuestos que prohíben la concesión del permiso administrativo pretendido, lo cual es plausible.” (negrillas fuera del texto original).

5. Así las cosas, en el caso de JEFERSON GARCÍA ROJAS es perfectamente aplicable la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, así ahora se encuentra vigente el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, pues tales normas no se contradicen sino que se complementan. Esta posición ha sido sistemáticamente reiterada por la Corte y fue amplia y suficientemente explicada en las decisiones objeto de ataque, lo que quiere decir que, en el fondo, este mecanismo de protección constitucional fue usado como si se trata de una tercera o cuarta instancia al interior de la cual se pretendía seguir discutiendo una situación que fue zanjada definitivamente al interior del procedimiento ordinario. En vista de que tal proceder resulta ser inadmisible en sede de tutela, por ser de naturaleza subsidiaria y excepcional, es claro que el amparo invocado debe ser negado, tal y como lo determinó el a quo.

Así, bajo las condiciones anotadas, se confirma la sentencia objeto de impugnación.

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 28 de octubre de 2022, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por medio de la cual negó la acción de tutela interpuesta por el representante judicial de JEFERSON GARCÍA ROJAS, de acuerdo con los motivos consignados en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA 

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA 

Secretaria