noviembre – Sala Penal 1995 – 2026

STP5786-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:21 +0000

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada ponente

Radicación No 120144

Acta

Bogotá, D. C., nueve (09) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS

Resuelve la Sala la impugnación instaurada por JOSÉ ORLANDO CAICEDO MONTAÑO, quien actúa a través de apoderado judicial, frente al fallo emitido el 5 de octubre de 2021, por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, mediante el cual negó el amparo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la FISCALÍAS 28 SECCIONAL Y 10ª ESPECIALIZADA DE TUMACO.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

1. Indicó el accionante que el 9 de diciembre de 2018, fue víctima del delito de secuestro extorsivo. Hecho que denunció el 28 de septiembre de 2020, ante la Fiscalía 10ª Especializada de Tumaco, quien adelanta la investigación bajo radicado 5200160990032202052228.

2. Manifestó que el 26 de julio de 2021, solicitó al ente investigador la expedición de la copia de la actuación y que se examinara si con los elementos de prueba allegados al proceso, era posible colegir la inferencia razonable de autoría o participación en contra de los denunciados Julián Andrés Rosero Díaz y Fernando Preciado Bismar, con la finalidad de imputarles cargos.

3. Refirió que, al día siguiente de radicar su petitorio, el Fiscal 28 Seccional de Tumaco, en calidad de Coordinador de la Unidad de Fiscalías de ese puerto, le informó que, debido al fallecimiento del fiscal titular, se estaba a la espera de la designación del nuevo servidor, para que éste le diera impulso a la investigación, no obstante, y debido a la reserva que tiene la actuación, no era posible entregarle las copias solicitadas.

4. Precisó que, a través de conversación telefónica sostenida el 14 de septiembre de este año con el Fiscal 10º Especializado designado, éste le comunicó que, por el momento y debido a la carga laboral que había asumido, no era posible para la fiscalía atender la solicitud de imputación de cargos.

Decisión que no comparte el accionante, pues a su juicio, es necesario que la fiscalía impute cargos en contra de los prenombrados, en tanto que existe la posibilidad de que se beneficien con la libertad por vencimiento de términos dentro de otros procesos, incrementando con ello el riesgo para las víctimas y testigos en ambos asuntos.

5. Concretó que sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia se están conculcando, comoquiera que no ha obtenido respuesta debidamente fundamentada, sobre la petición de evaluar la posibilidad de imputar cargos.

7. Así las cosas solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y en consecuencia que se ordene a la Fiscalía 10° Especializada de Tumaco que responda, de manera positiva o negativa, la petición de imputación de cargos y disponga la expedición de todos los elementos de prueba que conforman la carpeta de investigación, a fin de conocerlos y poder ejercer adecuadamente los derechos que le asisten como víctima.

EL FALLO IMPUGNADO

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, edificó su decisión de primera instancia en tres segmentos. En primer lugar, se refirió al tema relacionado con la expedición de copias de la investigación bajo radicado 5200160990032202052228, seguidamente se pronunció frente a la respuesta proporcionada sobre el estudio de la formulación de imputación, junto a la posible mora judicial en la etapa de indagación preliminar y, por último, la solicitud de conminación a la fiscalía para que por esta vía formule la imputación respectiva.

En el primer aspecto, esto es la solicitud de copias del expediente, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el 23 de septiembre del año que avanza, el nuevo titular de la fiscalía accionada, mediante oficio 20560-01-03-10-0498, remitió al correo electrónico registrado en la petición, ilberabogado@gmail.com, todos y cada uno de los elementos materiales probatorios que reposan hasta esa fecha en el expediente, los cuales se registraban en un total de 150 folios.

En segundo término y sobre el estudio de imputar a los procesados, consideró que las solicitudes que tienen que ver con el proceso no se rigen por las reglas generales del derecho de petición consagradas en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la Ley 1755 de 2015, sino por las normas del proceso penal, pues lo pretendido por el accionante es que la fiscalía adelante un trámite estrictamente judicial e impulse el proceso.

Así, advirtió que de acuerdo con las previsiones del artículo 11 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 20 superior, la fiscalía no vulneró los derechos fundamentales que se reclaman, como quiera que el 14 de septiembre de 2021, el fiscal delegado, sostuvo una conversación de apreciable duración telefónica, en la que le expuso al accionante, todas y cada una de las condiciones y determinaciones para considerar si se puede llevar el proceso a la jurisdiccionalidad o no, y que para ello, era necesario estudiar el caso y definir si se requieren otras actividades investigativas, labor que está sometida a la programación del trabajo del despacho y a su carga laboral, la que se reseñó como abundante.

Destacó que la fiscalía accionada escuchó los interrogantes y planteamientos de la víctima y le proporcionó la información relacionada con su caso, sin importar que ésto se hiciera de forma verbal y no escrita, pues lo que el procedimiento penal garantiza es que la víctima pueda acceder a la información de su proceso, lo que ocurrió en este caso.

Amén de lo anterior, indicó que la propia fiscalía expidió el 14 de septiembre hogaño, una constancia al apoderado del accionante en la que consignó que el asunto se encuentra en estado activo en etapa de investigación y que está recaudando elementos materiales probatorios para cumplir con los propósitos de verificar los hechos denunciados e identificar e individualizar a los autores y partícipes.

De otra parte, respecto de la presunta mora judicial en la que pudo incurrir la fiscalía, expuso el Tribunal que los términos para desarrollar la indagación no se han vencido, pues entre la presentación de la denuncia, esto es, el 28 de septiembre de 2020, hasta la fecha, no ha transcurrido siquiera 2 años, término mínimo que establece la normatividad para surtir la etapa de indagación. Además, advirtió que al procedimiento se la ha dado un impulso considerable, teniendo en cuenta que, se elaboró el plan metodológico, se emitieron órdenes a policía judicial, se llevaron a cabo entrevistas con el denunciante y su consorte, se adelantaron audiencias ante el Juez de Control de Garantías para solicitar búsquedas selectivas en bases de datos, se ampliaron entrevistas y elaboraron álbumes fotográficos y reconocimiento de personas.

De esa manera denegó el amparo reclamado, pues consideró que la indagación adelantada por la fiscalía ha sido acuciosa y proactiva en su gestión, sin que pueda achacarse desidia, mora, negligencia o desinterés en el asunto.

Por último, frente a la solicitud consistente en que por esta vía se ordene a la fiscalía que impute cargos, señaló que dicha pretensión era improcedente, como quiera que la persecución punitiva está a cargo de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 250 Constitucional, y no al juez de tutela, amén de señalar que la atribución de cargos no se ha descartado, pues la decisión que adopte el órgano persecutor está supeditada a la culminación de las pesquisas que se están adelantando.

LA IMPUGNACIÓN

El accionante, por medio de su apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia aclarando que, frente a la expedición de copias del expediente, el 23 de septiembre del presente año, recibió los elementos de prueba que conforman la carpeta de investigación por el delito de secuestro extorsivo bajo radicación 520016099032202052228, por lo que se le permitió el acceso a la justicia luego de admitida y notificada la acción de tutela.

Empero, centró su inconformismo, al considerar que no se le otorgó información sobre el proceso, en tanto que no recibió respuesta positiva o negativa sobre el estudio y viabilidad de imputarle cargos a los denunciados, pues, si bien la fiscalía indicó en la respuesta a la tutela que en el término de 6 meses realizaría dicho estudio, también lo es que la dirigió al juez constitucional y no al peticionario.

Informó que con los elementos de prueba obrantes en el proceso penal era suficiente para imputarle cargos a los denunciados y, a pesar de ello, se ha hecho caso omiso a las suplicas expuestas por su prohijado, desconociendo la entidad accionada que se encuentra de por medio su integridad pues es el único testigo de los hechos que se registran en los procesos y los investigados están ad portas de recuperar la libertad.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. De conformidad con lo establecido en el art. 32 del Decreto 2591 de 19911, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación formulado contra el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Pasto.

2. La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o de los particulares, en los casos que la ley regula y siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

3. Corresponde a la Sala determinar si la Fiscalía 10ª Especializada de Tumaco vulneró los derechos fundamentales del actor, al no pronunciarse de manera expresa sobre la procedencia de imputar cargos en contra de las personas denunciadas por el delito de secuestro extorsivo, dentro de la indagación identificada con radicado 520016099032202052228.

4. Previo a abordar el problema jurídico, debe la Corte precisar algunos aspectos referentes al derecho de petición que se alega vulnerado por JOSÉ ORLANDO CAICEDO MONTAÑO.

Tal como lo señaló el Tribunal de primera instancia, en reiterada jurisprudencia2 se ha sostenido que las peticiones en actuaciones judiciales se deben analizar, ya sea desde el derecho fundamental de petición o de postulación inmerso en el derecho fundamental al debido proceso, dependiendo de su contenido y finalidad. Lo que caracteriza en últimas a un evento del otro es si la solicitud hace o no parte del «contenido mismo de la Litis».

En cuanto al alcance del derecho al debido proceso, y aplica también para el derecho de petición, las autoridades cuentan con determinadas cargas en relación con la solicitud, a saber: «(i) debe ser concedida de manera pronta y oportuna dentro del término legal; (ii) su contenido debe dar una solución de fondo y acorde con las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia; y (iii) la decisión que se adopte debe ser puesta en conocimiento del interesado con prontitud3».

Atendiendo estas precisiones debe señalarse que, de acuerdo con la información obrante en el expediente de tutela, JOSÉ ORLANDO CAICEDO MONTAÑO, suscribió petición el 26 de julio de 2021, en la que solicitó que le fuera expedida copia de la actuación en la que funge como denunciante (lo que no es objeto de este pronunciamiento, en tanto que se superó el hecho generador de la violación) y que se estudiara la posibilidad de imputar cargos a los probables responsables de la conducta de secuestro extorsivo de la que fue víctima.

Así las cosas, es evidente que en el memorial presentado por el accionante y, que se cuestiona por esta vía constitucional, se concretan solicitudes relacionadas con la Litis (impulso procesal en la formulación de imputación), la que corresponde al derecho de postulación, el que está asociado a la garantía del debido proceso en su variante de acceso a la administración de justicia (Cfr. Sentencia T – 215 A de 2011 y T – 311 de 2013.

5. Efectuada esta diferenciación, conviene señalar que el actor se queja porque pese a que solicitó a la Fiscalía 10 Especializada de Tumaco se pronunciara de fondo sobre la posibilidad de imputar cargos a los presuntos responsables del delito de secuestro extorsivo del cual fue víctima, en tanto que consideró que existían suficientes elementos de prueba para ello, no lo ha hecho y no ha emitido un pronunciamiento de fondo que evidencie el estudio efectuado por el delegado del ente acusador.

Empero, de los elementos materiales arrimados al plenario y de las mismas afirmaciones del demandante, se evidencia que la fiscalía accionada, mediante comunicación telefónica sostenida con el demandante el 14 de septiembre de 2021, le detalló las actuaciones procesales realizadas y las razones por las cuales aún no se había formulado imputación, precisándole que se está a la espera de adelantar otras labores investigativas.

Y en la misma fecha, expidió a su apoderado judicial una constancia en la que consignó que el asunto se encuentra en estado activo y en etapa de investigación, motivo por el cual, se están recaudando los elementos materiales probatorios para cumplir con los propósitos de verificar los hechos denunciados e identificar e individualizar a los autores y partícipes.

Sumado a ello, en el escrito de contestación al trámite constitucional, la fiscalía indicó que en un plazo estimado de 6 meses, luego de recaudar suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, podrá determinar si es posible o no imputar cargos; circunstancia que esta Sala de Tutelas considera razonable, máxime si se tiene en cuenta que, el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que se interpuso la denuncia, esto es, 28 de septiembre de 2020, hasta la fecha, solo han trascurrido aproximadamente 13 meses, sin que se haya superado el tiempo contemplado por el legislador para completarse la etapa de indagación.

Valga resaltar que tal determinación fue plenamente conocida por la parte accionante, pues nótese que, desde la demanda puso de presente la información que se le otorgó vía telefónica, en la que, por demás, el titular de la fiscalía accionada le indicó la estrategia procesal adoptada y los términos de ejecución.

Ahora, el hecho de que el hoy accionante no se encuentre conforme con las respuestas otorgadas por la Fiscalía accionada no implica, per se, que se deba conceder el amparo invocado, pues como lo señaló el A quo, la Fiscalía accionada se pronunció en torno a sus peticiones, independientemente de que la respuesta fuera verbal o desfavorable a sus intereses.

Aunado a ello, contrario a lo estimado por el actor, no se evidencia que el actuar de la fiscalía ha sido negligente o moroso, por el contrario, lo aportado al trámite constitucional evidencia que en cumplimiento del plan metodológico, el delegado del ente acusador: i) escuchó la declaración de la víctima; ii) recibió entrevistas; iii) efectuó solicitudes a Jueces de Control de Garantías para búsquedas selectivas en base de datos; iv) consultó en bases de datos de entidades públicas; v) elaboró álbumes de reconocimiento fotográfico y, vi) llevó a cabo diligencias de reconocimiento de personas, entre otras.

Todo lo anterior denota, como bien lo expuso la primera instancia, que la fiscalía ha sido proactiva en su gestión y la ha ejercido de manera acuciosa, dentro del término previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, el que contempla máximo dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis, para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación, término que en este caso no se ha superado.

Aunado a ello, contrario al deseo del accionante, el juez de tutela no puede conminar a la Fiscalía para que adopte una determinada decisión, pues obligarla a actuar en determinado sentido desnaturalizaría la acción constitucional y conllevaría a invadir funciones constitucionalmente otorgadas en el artículo 250 Superior.

Los motivos precedentemente expuestos imponen confirmar integralmente la decisión emitida por el juez de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo impugnado.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.

2 Entre otras CSJ STP7699-2021

3 CC T-138/17 -entre otras.

STP7112-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:21 +0000

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada Ponente

STP7112-2021

Radicación Nº 120257

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

ASUNTO

Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por BEBYS OROZCO MUÑOZ, contra la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE- SAS, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

Al trámite fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, partes en el proceso de extinción de dominio identificado con radicado 0800131200012016-00002-00 y al Comité de Enajenación del Frisco, conformado por un representante de la Presidencia de la República, un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un representante del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

1. Señala la accionante que la Fiscalía 21 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá y la Sociedad de Activos Especiales- SAE- SAS, adelantan en su contra un proceso de extinción de dominio, el cual fue asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla, y se identifica con radicado 0800131200012016-00002-00.

2. Expone que el bien inmueble se encuentra ubicado en la calle 85 # 49 c – 36, apartamento 501, edificio Arrecife, de la ciudad de Barranquilla, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-285721 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad.

3. El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla emitió sentencia de primera instancia, declarando la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre el referido bien inmueble.

Decisión que fue remitida a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2020, a través del oficio No. 160, con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta, sin que a la fecha exista pronunciamiento alguno.

4. Cuestiona que el 21 de mayo de 2021, mediante resolución No. 1132, la Sociedad de Activos Especiales– SAE- SAS, ordenó el inicio del proceso de enajenación temprana sobre el inmueble objeto de controversia, acontecimiento que se encuentra registrado en la anotación No. 009 del certificado de libertad y tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-285721.

5. Considera la demandante que la Sociedad de Activos Especiales – SAE- SAS, con el inicio del proceso en cita, efectúa un uso desproporcionado de sus facultades administrativas, pues pese a que la providencia se encuentra en grado de consulta y se declaró improcedente la acción de extinción de dominio, adelanta los trámites sin tener en cuenta las decisiones judiciales

Por ello considera que es idóneo este mecanismo constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su contra, pues contra la actuación desplegada por la accionada, no procede ningún tipo de recurso, amén de indicar que su vivienda es el único bien con el que le garantiza a su familia un techo digno, por tanto, solicita que se suspenda provisionalmente el proceso de enajenación temprana, hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala de Extinción de Dominio, adopte las decisiones que considere pertinentes.

RESPUESTA DE LOS DEMANDADOS

1. La Fiscalía 21 adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, por intermedio de su titular, indica que adelantó el trámite de extinción del derecho de dominio radicado bajo el No.13340, dentro del cual se profirió el 8 de febrero de 2016, la fijación provisional de la pretensión y medida cautelar de suspensión del poder dispositivo de embargo y secuestro, sobre el bien inmueble distinguido con MI 040-285721, localizado en la Calle 85 #49C-36 Edificio Arrecife de la ciudad de Barranquilla, y de propiedad de la accionante.

Menciona que el referido bien inmueble fue puesto a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 y subsiguientes del Código de Extinción de Dominio.

Expone que, mediante sentencia mixta del 19 de noviembre de 2019, el Juzgado de Extinción de Dominio de Barranquilla decretó la procedencia e improcedencia de los bienes presentados en la fijación provisional de la pretensión. Sentencia que se encuentra en la actualidad surtiendo el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Señala que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., como administradora del FRISCO, tiene la facultad de llevar a cabo la enajenación temprana de los activos, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: i) sea necesario u obligatorio dada su naturaleza; ii) representen un peligro para el medio ambiente; iii) amenaza en ruina, pérdida o deterioro y iv) su administración o custodia ocasionen, de acuerdo con un análisis de costo beneficio, perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, Por lo que es dicha entidad quien debe manifestar las circunstancias por las cuales tomó la decisión de enajenación temprana sobre el bien (040-285721) objeto de esta tutela.

2. El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Director Jurídico, precisa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1708 de 2014 y el Decreto 1427 de 2017, su cartera interviene en los trámites de extinción de dominio, con el fin de defender el interés jurídico de la Nación y en representación y responsabilidad de la administración de los bienes afectados en el curso del procedimiento y, verificada la base de datos del Grupo de Extinción de Dominio, evidencia que interviene en el proceso distinguido con el radicado 0800131200012016-00002-00, proceso en el cual se encuentra afectada la señora BEBYS OROZCO MUÑOZ.

Precisa que La Ley 1708 de 2014, estableció en el artículo 90 que el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –FRISCO-, es una cuenta especial administrada por la Sociedad de Activos Especiales SAS, que actúa como secuestre o depositario de los bienes muebles e inmuebles, sobre los que en el pasado se hayan adoptado o se adopten medidas cautelares dentro de los procesos de extinción de dominio.

Indica que, a través de la Resolución 1132 de fecha 21 de mayo de 2021, su entidad, ordenó el inicio de proceso de enajenación temprana sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 040-285721, el cual fue dejado a su disposición por la Fiscalía 21 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá, generando como resultado el decreto y ejecución de las medidas cautelares de embargo y secuestro, sin que lo anterior de lugar a la existencia de acción u omisión que genere violación de derechos fundamentales por parte de la Sociedad.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, señala que, no puede la SAE S.A.S, disponer un fin deferente al legalmente establecido al bien objeto de la medida cautelar y de secuestro, como quiera que no está dentro de sus funciones.

Finaliza su intervención solicitando a esta sede constitucional, negar el amparo que se reclama, como quiera que no es competente para revocar el acto administrativo que dio inicio al proceso de enajenación temprana, ni puede decidir la destinación de inmueble afectado dentro del proceso de extinción de dominio.

3. La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá informa que, el proceso con número 08001312000120160000202, fue asignado el 5 de febrero de 2020, con el fin de resolver en segunda instancia los múltiples recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, como también el grado jurisdiccional de consulta respecto de los bienes que no fueron extinguidos en la decisión.

Indica que la gestión de los bienes vinculados al proceso constitucional de extinción del derecho de dominio corresponde a la sociedad de economía mixta, en su calidad de administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO); decisiones sobre las cuales la judicatura no ejerce ningún tipo de control, porque es dicha entidad, quien se encuentra revestida de funciones de policía administrativa.

Por lo anterior, solicita la desvinculación de la acción constitucional, teniendo en cuenta que la demandante no atribuye vulneración alguna a la Corporación que preside, por ende, existe la falta de legitimación en la causa por pasiva y se deben negar los derechos fundamentales que se reclaman.

4. la Sociedad de Activos Especiales S.A.S-SAE, a través de apoderado especial, manifiesta al caso en concreto que, una vez revisado el sistema de información e inventario de esa Sociedad, se evidencia que el folio de matrícula inmobiliaria No 040-285721 registra en estado “En Proceso 100%” en atención a las medidas cautelares decretadas por la Fiscalía, como se puede constatar en la tradición posesoria del bien en el Certificado de Libertad y Tradición y en atención a esto la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. conforme a los dispuesto en la Ley 1708 de 2014 ejerce la administración del citado inmueble.

Expone que, dando cumplimiento al deber legal, esa Sociedad, sometió a aprobación del mecanismo de enajenación temprana el inmueble objeto de esta acción, ante el Comité de Enajenaciones y en sesión No. 26 del 9 de abril de 2021, aprobó dar aplicación del citado mecanismo bajo la causal No. 4, decisión que se materializó mediante Resolución 1132 del 21 de mayo de 2021, sin que a la fecha registre ninguna causal de exclusión.

Resalta que, hasta el momento, no han sido notificados de decisiones por parte del ente judicial que impida la administración y aplicación de los mecanismos consagrados en la Ley 1708 de 2014 sobre el bien inmueble, así como tampoco es pertinente dar aplicabilidad a la expectativa razonable alegada por el accionante en el entendido que aún no se cuenta con un fallo de primera instancia que pueda inferir una decisión a su favor.

Por lo anterior, considera que las actuaciones adelantadas en el proceso de enajenación temprana sobre el FMI No 040-285721, se encuentran enmarcadas en las facultades legales y directrices entregadas por la norma, situación que en ningún caso configura una vulneración a los derechos fundamentales alegados por la accionante.

Para concluir señala que, no le asiste razón o fundamento alguno que permita que esta Corporación estime las pretensiones de la accionante, como quiera que no aparece demostrado que sus derechos fundamentales no han sido vulnerados por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.E S.A.S, pues siempre han obrado con apego a la ley. Por tanto, solicita se deniegue el amparo solicitado.

5. Los demás involucrados guardaron silencio en el término de traslado.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20151, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela promovida por BEBYS OROZCO MUÑOZ, pues se vincula a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, de quien es su superior funcional.

2. El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

3. La parte actora acude a la acción constitucional en procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera lesionado con la determinación de la Sociedad de Activos Especiales -S.A.E.- SAS, de enajenar tempranamente el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 040-285721 de Barranquilla, aun cuando no se ha decidido el grado jurisdiccional de consulta frente a sentencia proferida el 19 de noviembre de 2019, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla, a través de la cual declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre aquél bien.

4. Pues bien, ha sido reiterativa la línea jurisprudencial de esta Corporación2, al establecer que en los casos en que se niega la acción de extinción de dominio y la misma es recurrida o remitida a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá en grado jurisdiccional de consulta, existe una expectativa razonable en que se mantenga la decisión, por ello, es factible la intervención constitucional a efectos de evitar un perjuicio irremediable.

Al respecto, en un caso similar al hoy examinado, la Sala de Tutelas, en fallo STP16849-20183 consideró:

«Lo anterior significa que en distintas esferas procesales y por decisiones de autoridades judiciales se ha descartado la procedencia ilícita de las propiedades que se pretende enajenar anticipadamente, y que a pesar de que ello no se ha hecho de manera definitiva pues falta desatar el mecanismo consultivo reseñado, hay una expectativa razonable en que se mantenga la decisión y por ello, es factible que los bienes deban retornar a los propietarios inscritos.

3.4. En ese contexto, considera la Sala que despojarlos de su derecho de forma anticipada y cuando media providencia judicial que, por el momento, señala la legítima procedencia de su patrimonio y la imposibilidad de extinguir por las vías legales el dominio, puede desembocar en un perjuicio de carácter irremediable que debe ser impedido, ya que no de otra manera se puede garantizar la efectividad del resultado de la actuación judicial.

Además, las autoridades judiciales que conocieron del caso y la que actualmente lo detenta, no se encuentran habilitadas para intervenir en dicho procedimiento, ya que la decisión no depende de ellas y la obligación que impone la ley, es de simple comunicación a las mismas.

Y, si bien el artículo 93 de la Ley 1408 de 2004, modificado por el 24 de la Ley 1849 de 2017, señala que “Los dineros producto de la enajenación temprana y de los recursos que generen los bienes productivos en proceso de extinción de dominio, ingresarán al Frisco y se destinarán bajo los lineamientos del artículo 91 de la presente ley. Para efectos de la aplicación del presente artículo el administrador del Frisco constituirá una reserva técnica del treinta por ciento (30%) con los dineros producto de la enajenación temprana y los recursos que generan los bienes productivos en proceso de extinción de dominio, destinada a cumplir las órdenes judiciales de devolución de los bienes, tanto de los afectados actualmente como de los que se llegaren a afectar en procesos de extinción de dominio.”, es decir, consagra una medida tendiente a garantizar la devolución del bien, lo cierto es que la misma podría resultar incipiente en un caso tan particular como el estudiado, en el cual, se reitera, ya la judicatura ha emitido, sin hacer tránsito a cosa juzgada, decisión que favorece los intereses de los propietarios.

4. Sin embargo, como es claro que hasta cuando se defina el asunto por la vía ordinaria, no se puede sostener con contundencia la improcedencia de la acción extintiva (…)».

5. En el caso concreto, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla, declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio del bien de propiedad de la accionante. La actuación se remitió a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, a efectos de resolver el grado jurisdiccional de consulta, sin que, a la fecha, el mismo haya sido resuelto.

Ahora, si bien de acuerdo con lo normado en el numeral 1º del artículo 65 de la Ley 1708 de 2014; la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (S.A.E.), acorde con las facultades legales concedidas en la precitada ley y las causales contenidas en el artículo 93 ejusdem, modificado por la Ley 1849 de 2017, puede dar trámite al procedimiento de enajenación temprana, también es cierto que la decisión judicial emitida en el proceso de extinción de dominio, permite anunciar la procedencia del amparo a fin de precaver la consolidación de una afrenta a derechos fundamentales con perjuicio de los intereses de la parte actora, pues se itera, la primera instancia decidió no decretar la extinción de dominio respecto del bien objeto de debate.

En ese sentido, no puede pasar desapercibido que la judicatura a través de sentencia de 19 de noviembre de 2019, una vez evaluó los presupuestos para la procedencia de la medida extintiva, concluido el debate probatorio pertinente, no encontró presente elemento de convicción alguno que permitiera declarar la acción de extinción del derecho de dominio sobre el citado inmueble, así lo consideró:

«En síntesis con grado de certeza, se concluye que del patrimonio de la señora BEBYS OROZCO MUÑOZ no existe un incremento injustificado, obrando elementos de conocimiento aquí ya señalados que permiten establecer la fuente lícita de los ingresos para la consecución del inmueble; así como tampoco se establece un vínculo de procedencia entre el inmueble de la afectada y la actividad ilícita del artículo 312 del C.P., determinándose así como se explicó antes, que no se configuran los elementos objetivos y subjetivos de las causales predicadas por parte de la fiscalía en el escrito de requerimiento presentado, esto es las comprendidas en los numerales 1° y 4° del artículo 16 del CED, acogiéndose así los argumentos dados por el apoderado de la afectada.4»

Lo anterior significa que, por decisión de autoridad judicial, se ha descartado la procedencia ilícita del bien que se pretende enajenar anticipadamente, y que a pesar de que ello no se ha hecho de manera definitiva, pues falta desatar grado jurisdiccional de consulta reseñado, hay una expectativa razonable en que se mantenga la decisión y por ello, es factible que los bienes deban retornar a los propietarios inscritos, en los términos que lo ha considerado esta Sala, en el precedente atrás citado.

En ese contexto, considera la Sala que despojarlos de su derecho de forma anticipada y cuando media providencia judicial que, por el momento, señala la legítima procedencia de su patrimonio y la imposibilidad de extinguir por las vías legales el dominio, puede desembocar en un perjuicio de carácter irremediable que debe ser impedido, ya que no de otra manera se puede garantizar la efectividad del resultado de la actuación judicial.

Lo anterior en cuanto a que la quejosa no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial o administrativo en contra de la determinación de enajenación temprana, pues como lo indica la misma accionante, esa determinación no es susceptible de debate, ni recursos al tratarse de un acto de mera ejecución.

Y si bien el artículo 93 de la Ley 1408 de 2004, modificado por el 24 de la Ley 1849 de 2017, señala que “Los dineros producto de la enajenación temprana y de los recursos que generen los bienes productivos en proceso de extinción de dominio, ingresarán al Frisco y se destinarán bajo los lineamientos del artículo 91 de la presente ley. Para efectos de la aplicación del presente artículo el administrador del Frisco constituirá una reserva técnica del treinta por ciento (30%) con los dineros producto de la enajenación temprana y los recursos que generan los bienes productivos en proceso de extinción de dominio, destinada a cumplir las órdenes judiciales de devolución de los bienes, tanto de los afectados actualmente como de los que se llegaren a afectar en procesos de extinción de dominio.”, es decir, establece una medida tendiente a garantizar la devolución del bien, lo cierto es que la misma podría resultar incipiente en un caso tan particular como el estudiado, en el cual, se reitera, ya la judicatura ha emitido, sin hacer tránsito a cosa juzgada, decisión que favorece los intereses de los propietarios.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la autoridad judicial se encuentra resolviendo en este momento la solicitud de declaratoria de improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre los referidos bienes y ante la inminente decisión de la Sociedad de Activos Especiales SAE de utilizar los mecanismos que tiene a su alcance, en ese entendido la enajenación temprana de los bienes puestos a su disposición, el perjuicio a los derechos de la accionante es inminente por lo que resulta procedente brindar un amparo de manera transitoria, pues se acreditó la urgencia de la medida para remediar o prevenir la afectación de los derechos fundamentales de los demandantes.

Conforme a estos criterios, la Corte Constitucional ha conceptualizado sobre el perjuicio irremediable, así5:

«(…) De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica.

En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable».

En tal sentido, es necesario conceder el amparo transitorio y conjurar la eventual ocurrencia del perjuicio irremediable, pues en el estudio del caso concreto, la tutelante se encuentran frente a un daño cierto, inminente, grave y de urgente atención, teniendo presente que, en principio, la jurisdicción ordinaria es la competente para dirimir los asuntos que tiene que ver la acción de la extinción

Sin embargo, como es claro que hasta cuando se defina el asunto por la vía ordinaria, no se puede sostener con contundencia la improcedencia de la acción extintiva de los bienes, se ordenará la suspensión de los efectos de la Resolución No. 1132 del 21 de mayo de 2021, emitida por la Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.), exclusivamente respecto del bien identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-285721 de Barranquilla. En consecuencia, sólo hasta que se defina la procedencia o improcedencia de la extinción del dominio, según sea el caso, a través de una decisión debidamente ejecutoriada, podrá reactivar dicha entidad, de ser procedente, la determinación objetada.

Corolario de lo anterior, se ampara, de manera transitoria el derecho invocado por la accionante, en los términos ya expuestos.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA NO. 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. TUTELAR de manera transitoria el derecho fundamental al debido proceso de BEBYS OROZCO MUÑOZ, según lo expuesto en este fallo.

2. SUSPENDER los efectos de la Resolución No. 1132 del 21 de mayo de 2021, emitida por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (S.A.E.), exclusivamente respecto del bien identificado con matrícula inmobiliaria 040-285721 de Barranquilla. En consecuencia, sólo hasta que se defina la procedencia o improcedencia de la extinción del dominio, según sea el caso, a través de una decisión debidamente ejecutoriada, podrá reactivar dicha entidad, de ser procedente, la determinación objetada.

3. REMITIR copia de la presente decisión al proceso de extinción del derecho de dominio objeto de censura.

4. NOTIFICAR este fallo a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho.

2 CSJ. STP4927-2019, 23 abr. 2019, rad. 104019. STP4539-2019, 9 abr. 2019, rad. 103731. STP16849-2018, 10 dic. 2018, rad. 101118.

3 10 de diciembre de 2018.

4 Cfr, folio 118-119 Sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla.

5 T-318 de 2017.

STP17833-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP 17833 – 2021

Radicado 120580

Acta Extraordinaria No. 312

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Resuelve la Sala la acción de tutela interpuesta por JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

Además de las autoridades accionadas, al trámite fue vinculado el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, para que se pronunciara sobre los hechos, argumentos y pretensiones que se señalan en la petición de amparo.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial, JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ se encuentra privado de su libertad desde el 7 de marzo de 2018 y ha sido condenado, en varias ocasiones diferentes, por los delitos de falsedad material e ideológica en documento público, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y tráfico de migrantes. El 11 de noviembre de 2020, todas las sanciones fueron acumuladas por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas de Medellín, presuntamente sin consultar el principio de favorabilidad en materia penal y sin tener en cuenta que, frente a algunas de las condenas, él ya tiene la posibilidad de solicitar la concesión del subrogado de la prisión domiciliaria.

Por lo anterior, el accionante impetró al precitado despacho que “desacumulara” las penas correspondientes a los delitos de falsedad y que, a continuación, se le concediera el mencionado sustituto. Empero, en providencia del 3 de marzo de 2021, dicho estrado negó la petición presentada, lo que motivó al gestor del resguardo a presentar recurso de apelación en contra de esa determinación. Afirma el actor que, a pesar de que la alzada fue concedida mediante auto del 21 de abril de este año, aún no ha sido resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

Por considerar que toda esta situación denota una evidente afectación a su derecho fundamental al debido proceso, JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ solicitó que se le ordene al tribunal prenombrado que, en el término de 15 días contados a partir de la notificación de esta sentencia de tutela, resuelva de fondo el recurso presentado.

TRÁMITE PROCESAL

1. Por autos del 10 y del 25 de noviembre de 2021, la Sala admitió la demanda y corrió el traslado correspondiente a las partes accionadas.

2. La Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín adujo que no ha recibido el recurso de apelación que es mencionado en el escrito de tutela y que, en consecuencia, aún no lo ha sometido a reparto entre los magistrados que integran esa Corporación. Precisó que requirió al Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para que rindiera las explicaciones del caso y dicho estrado remitió un pantallazo de un correo enviado el 11 de mayo de 2021 a la dirección electrónica “tsm@cendoj.ramajudicial.gov.co”, que no pertenece a la Oficina de Apoyo Judicial del tribunal, ni a esa dependencia, desde donde hubiera sido direccionado adecuadamente. Concluyó alegando que el hecho de que aún no se hubiera resuelto la apelación que reclama el accionante obedece a que la misma fue indebidamente remitida, situación que puso en conocimiento del juez a quo.

3. El Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín manifestó que se encuentra a cargo de la vigilancia de la condena acumulada que pesa sobre JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ y que la desacumulación que solicitó el accionante le fue negada mediante auto del 3 de marzo de este año. Resaltó que la apelación le fue concedida con proveído del 21 de abril siguiente, asegurando que la Secretaría del Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de esa especialidad confirmó que dicho recurso fue remitido al Tribunal Superior de Medellín en correo electrónico del 11 de mayo de 2021. Agregó que aún no ha sido notificado del auto de segunda instancia y solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional, tras verificar que ese estrado no ha vulnerado los derechos fundamentales que reclama el actor.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021, la Sala es competente para resolver la demanda de amparo formulada por JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ, dirigida contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.

2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover la acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, si existe, cuando se utiliza como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3. Vistos los antecedentes que obran al interior del presente proceso de tutela, considera la Sala que le corresponde establecer si se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ, como consecuencia del trámite que se le imprimió a la apelación que interpuso frente al auto del 3 de marzo de 2021, emitido por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por medio del cual le negó una petición orientada a obtener la desacumulación de las sanciones impuestas en su contra.

4. Descendiendo de una vez al caso concreto, lo primero que debe indicar la Sala es que la afectación de la garantía constitucional invocada por el actor resulta evidente, en tanto la alzada incoada, junto con el respectivo expediente, fue mal direccionada por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, al momento de pretender remitir la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, en cumplimiento de lo ordenado en el auto del 21 de abril de este año.

Lo anterior, en la medida en que, tal y como lo manifestó la Secretaría de la Sala Penal de ese Cuerpo Colegiado, el correo electrónico “tsm@cendoj.ramajudicial.gov.co” no corresponde al de esa dependencia o al de la Oficina de Apoyo Judicial de esa Corporación, lo que explica por qué el recurso de apelación no ha sido resuelto a la fecha, a pesar de que han transcurrido más de 9 de meses desde que JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ lo interpuso.

En tal orden de ideas, emerge con nitidez el quebranto de la prerrogativa alegada por el aquí demandante, toda vez que la situación evidenciada, atribuible al Centro de Servicios Administrativos vinculado a estas diligencias, la cual ha generado una mora en la resolución de la alzada impetrada, se contrapone a la misión del juez de propugnar por el derecho a la resolución de los trámites judiciales «sin dilaciones injustificadas»1 y enmarcado por la «prevalencia del derecho sustancial»2.

En consecuencia, esta Corte tutelará el derecho fundamental al debido proceso del accionante y le ordenará al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín que proceda de nuevo a remitir el expediente digital con radicado 05001200020620132174800, contentivo de la aludida apelación, al correo electrónico que corresponde a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, para que el mismo sea sometido a reparto entre los magistrados de esa Corporación y, así, se le imparta el trámite debido y célere al recurso formulado por el interesado.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de JORGE ELIÉCER MENA SUÁREZ, por las razones explicadas en precedencia.

2. ORDENAR al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda de nuevo a remitir el expediente digital con radicado 05001200020620132174800, contentivo de la apelación interpuesta por el aquí accionante, contra el auto del 3 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, al correo electrónico que corresponde a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, para que el mismo sea sometido a reparto entre los magistrados de esa Corporación y, así, se le imparta el trámite debido y célere al recurso formulado por el interesado.

3. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. De no ser impugnada esta determinación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Artículo 29 de la Constitución.

2 Artículo 228 ejusdem.

STP17817-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 2

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17817-2021

Radicado 120349

Acta No. 293

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS:

Se pronuncia la Sala respecto de la impugnación interpuesta por DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA, a través de apoderado, contra la sentencia proferida el 13 de octubre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de esa ciudad.

Al trámite fueron vinculados las partes e intervinientes que participaron en el proceso penal seguido en contra del solicitante.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por el tribunal a quo de la siguiente manera:

“El señor DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA, recluido en el EPMSC de Salamina (Caldas), a través de apoderado, acudió a la acción de tutela contra los arriba mencionados1, con base en los hechos que la Sala sintetiza de la siguiente forma: 1. El Juzgado 26 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 21 de agosto de 2015, lo condenó a la pena principal de 13 años y 6 meses de prisión, como autor responsable del delito de hurto calificado agravado, por hechos ocurridos el 24 de abril de 2014.

2. No obstante, dice, el doctor JULIO EDUARDO GAITÁN RODRÍGUEZ, el defensor público que le fue asignado, nunca se contactó con él, como tampoco fue citado a las audiencias, pese a que, en ese momento, se encontraba privado de la libertad en el EPMSC de Medellín (Antioquia).

3. En tal virtud, pretende que, a través de esta acción, se deje sin efectos la sentencia proferida en su contra y se investiguen los presuntos hechos punibles cometidos por los funcionarios que participaron en el proceso penal.”.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN:

Por auto del 16 de junio de 2021, la Sala a quo admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades y partes previamente mencionadas.

1. El Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá hizo un recuento de la actuación procesal e indicó en el informe rendido que, el 21 de agosto de 2015, condenó a DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA a 162 meses de prisión, tras hallarlo responsable del delito de hurto calificado agravado. A la par, explicó que en el despacho no reposa copia del expediente, pues remitió la documentación al Juzgado 7º de Ejecución de Penas de Bogotá que, a su vez, trasladó la actuación al homólogo 2º de Manizales, autoridad que a la fecha vigila la sanción que registra el accionante.

Así mismo, (se repite) sostuvo que con la actuación penal no se vulneraron los derechos fundamentales del peticionario. En sustento de lo dicho, aportó copia de las actas de las audiencias y de la sentencia condenatoria.

2. A su turno, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales allegó al trámite constitucional el expediente digital a nombre de ROA CÓRDOBA.

3. Seguidamente, la Fiscalía 106 Seccional de Bogotá se limitó a manifestar que conoció del proceso únicamente a partir del 21 de julio de 2018, por tanto, desconoce lo acaecido en las etapas anteriores.

El Tribunal Superior de Bogotá, en decisión del 13 de octubre de 2021, negó el amparo impetrado. Señaló que el demandante no agotó los medios de defensa al interior de la actuación.

Inconforme con el fallo, el apoderado de DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA lo impugnó. En esencia, reiteró la existencia de los defectos presentes en la actuación seguida en contra de su prohijado, como lo es la ausencia de notificación de las diligencias al encontrarse privado de la libertad, sin que las autoridades judiciales conocieran dicho aspecto, ni la fiscalía cumpliera con su búsqueda y ubicación, lo cual impidió que aquél ejerciera una debida defensa en el proceso.

Por lo anterior, solicitó se revoque la providencia de primera instancia y, en su lugar, se “anule” la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación instaurada contra el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

2. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la temeridad de la conducta del actor se verifica cuando se presenta identidad procesal entre dos o más solicitudes de tutela, es decir, equivalencia en las partes, la causa petendi y el objeto (CC T – 919 de 2013 y T- 001 de 2016). No obstante, aún cumplidos los anteriores requisitos, no procede declarar la temeridad si existe una justificación razonable.

Así mismo, el juez de tutela deberá declarar improcedente petición de amparo, cuando encuentre que la situación bajo estudio es idéntica en su contenido mínimo a un asunto que ya ha sido fallado o cuyo fallo está pendiente, y deberá observar detenidamente la motivación de las acciones que se cotejan, ya que habrá temeridad cuando mediante estrategias argumentales se busque ocultar la identidad entre ellas (CC T – 1104 de 2008 y T – 001 de 2016).

3. La aplicación de dichos criterios al caso bajo estudio arroja como conclusión que existe equivalencia entre la presente solicitud y la formulada en pretérita oportunidad bajo el radicado 11001220400020210217600.

El trámite constitucional en cita fue resuelto en primera instancia el 27 de julio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, que declaró improcedente la acción al considerar que el amparo ejercitado no satisfacía los presupuestos de procedibilidad, denominados inmediatez y subsidiaridad, así como tampoco evidenció la vulneración de derechos alegada.

Bajo igual derrotero, el mismo tribunal (diferente ponente) en el caso que se somete ahora a estudio de la Corte, resaltó que ROA CÓRDOBA acudió al mecanismo de protección en razón a la supuesta indebida notificación de los actos procesales penales seguidos en su contra.

En ese orden, en aras de verificar si en el asunto objeto de examen se cumplen los presupuestos para la declaratoria de temeridad, se analizarán todas las actuaciones como se expone a continuación:

i) Las tutelas fueron promovidas por DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA, contra el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y otras autoridades judiciales, con la diferencia de que en el sub – lite, el magistrado cognoscente no consideró relevante vincular a los Juzgados 2º y 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales y Bogotá, respectivamente, pero, en la primigenia también fueron llamados la Fiscalía 106 Seccional de Bogotá y el abogado Julio Eduardo Gaitán Rodríguez.

ii) En las dos acciones la carga argumentativa recayó en el presunto defecto procedimental absoluto, por indebida citación a las audiencias de juzgamiento llevadas a cabo en el radicado 2014-04618, porque para la época del juicio el actor se encontraba privado de la libertad en un centro de reclusión. Así resumió los hechos el Tribunal Superior de Bogotá en el fallo del 27 de julio de 2021:

“1. La demanda. Dalton Steven instauró acción de tutela en contra de los Juzgados 7º de Ejecución de Penas y 26 Penal Municipal de Conocimiento, ambos de Bogotá, por la posible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. Pidió que se garanticen sus derechos y garantías por medio de la acción de tutela.

Expuso que, en el radicado 110016000015201404618, el 21 de agosto de 2015 el Juzgado 26 Penal Municipal de Conocimiento lo condenó a 13 años y 6 meses de prisión como autor penalmente responsable de un hurto. Sin embargo, no conoce los cargos ni las consideraciones del fallo condenatorio. Afirmó que fue juzgado como persona ausente, no confirió poder ni se comunicó con su defensor, Julio Eduardo Gaitán Rodríguez, y nunca fue citado al proceso, pese a que desde julio de 2014 está privado de su libertad en centro carcelario bajo la custodia del INPEC.”1.

iii) En las postulaciones constitucionales, las pretensiones persiguen el mismo fin. Esto es, que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, presuntamente vulnerados por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y el abogado Luis Eduardo Gaitán Rodríguez; en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia condenatoria proferida por el despacho accionado el 21 de agosto de 2015.

Ante tal panorama, por constatarse la triple identidad entre la presente demanda y la instaurada previamente por DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, resulta imperativo declarar improcedente el amparo solicitado por el accionante.

4. La Sala estima innecesario imponerle la sanción prevista para tales circunstancias (Art. 25 Decreto 2591 de 1991), en tanto no está suficientemente demostrada su intención de defraudar a la administración de justicia. Por el contrario, es posible presumir que obró de tal manera «por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe». (CC T -184 de 2005 y T – 1215 de 2003).

No obstante, se le exhortará para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en dicha conducta, de manera directa o a través de apoderado, que le puede significar la imposición de sanciones por el inicio de acciones constitucionales similares, si se demuestra que estas envuelven una actuación torticera; denotan un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa; deje al descubierto un abuso deliberado del derecho de acción; o asalte la buena fe de los administradores de justicia (C.C. Sentencia T- 721 de 2003).

Se confirmará, por las razones aquí consignadas, la sentencia de primera instancia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 13 de octubre de 2021, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró improcedente el amparo solicitado por DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA, por las razones anotadas en precedencia.

2. INSTAR a DALTON STIVEN ROA CÓRDOBA para que en el futuro se abstenga de incurrir en actitudes temerarias que le pueden significar la imposición de sanciones por el inicio de acciones constitucionales similares, si se demuestra que éstas envuelven una actuación torticera; denotan un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa; deje al descubierto un abuso deliberado del derecho de acción; o asalte la buena fe de los administradores de justicia.

3. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Folios 11 y 12 del cuaderno del Juzgado 2º de EPMS de Manizales.

STP17818-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 2

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP17818-2021

Radicado 120295

Acta No. 293

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS:

Se pronuncia la Sala respecto de la impugnación interpuesta por WILFRIDO ALBERTO GARCÍA POLO, contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que negó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los Juzgados 1º y 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y Valledupar -respectivamente-, y 3º Penal del Circuito de Santa Marta.

Al trámite fue vinculado el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de Valledupar.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por el tribunal a quo de la siguiente manera:

“Afirma el accionante que fue condenado en el año 2011, por el delito homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por uno de los despachos judiciales accionados y luego en el año 2013, aceptó cargos por el delito de extorsión agravada, en el cual fue sentenciado.

Indica que, debido a un mal asesoramiento, solicitó la acumulación jurídica de sus penas, petición que fue procedente para el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Cartagena, quien no debió proceder otorgar tal beneficio, ya que no le convenía a sus intereses.

Aduce que solicitó el beneficio de la libertad condicional de los delitos acumulados, el cual ha sido negado en doble instancia, ya que uno de los delitos acumulados es el de extorsión, el cual encuentra excluido de este beneficio por disposición de la ley 1121 de 2006; adiciona que los juzgados accionados que resolvieron su postulación solamente se basaron en la gravedad de la conducta del punible señalado, desechando sus pretensiones de manera automática, sin tener en cuenta lo dispuesto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en providencia de fecha 19 de septiembre de 2019, dentro del radicado N° 15693220800020190015500.

Agrega de manera reiterada que viene atendido al tratamiento penitenciario y que no debe negársele su petición de libertad condicional por el mero hecho de que el delito de extorsión se encuentra excluido de beneficios; además, sus decisiones han resultado desproporcionada a sus intereses.

Por último, manifiesta que es necesaria la intervención del juez de tutela, como quiera que nunca se le debió acumulárseles sus condenas, ya que con el tiempo que ha purgado hubiera extinguido completamente la condena del delito de extorsión, y estaría cumpliendo solamente la del punible de tentativa de homicidio y porte de armas, del cual si es procedente la concesión de este beneficio de libertad condicional.

Por los hechos anteriormente expuestos, el accionante Wilfrido Alberto García Polo, acude a la acción de tutela con la finalidad de que se ordene al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, declarar la nulidad de la providencia de fecha 13 de marzo de 2018, por medio de la cual le fueron acumuladas las condenas dictadas en su contra; por lo anterior, solicita que se ordene al Juzgado que vigila su condena proceder a otorgarle el subrogado de la libertad condicional.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN:

Por auto del 16 de junio de 2021, la Sala a quo admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades previamente mencionadas.

1. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar señaló que, revisado el sistema de consulta Siglo XXI, pudo determinar que el accionante no tiene ninguna solicitud pendiente de respuesta por parte del Juzgado 2º de dicha especialidad, el cual vigila la sanción de 164 meses que le fue impuesta.

Bajo el mismo hilo conductor, adujo que las pretensiones de la demanda están encaminadas a remediar supuestas irregularidades cometidas por los despachos judiciales y no atribuibles a esa dependencia.

2. A su turno, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas comenzó por indicar que el actor fue condenado por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Santa Marta, el 1º de agosto de 2012, tras declararlo responsable de los delitos de homicidio tentado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones, a 164 meses de prisión sin derecho a sustitutos y subrogados.

Así mismo, el 15 de mayo de 2013, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Santa Marta condenó a GARCÍA POLO a 48 meses de prisión por la conducta punible de extorsión agravada.

Tales sanciones el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, con auto del 13 de marzo de 2018, las acumuló, estableciendo un quantum punitivo definitivo de 164 meses de prisión, determinación que no recurrió el interesado. Posteriormente, ese despacho negó la libertad condicional el 30 de enero del año siguiente, al haber sido condenado por extorsión, conducta que se encuentra excluida de beneficios y subrogados, decisión que se sometió al control judicial del juez de conocimiento y éste confirmó integralmente la negativa.

Por tal razón, indicó que con la acción de tutela pretende la parte demandante crear una tercera instancia y revivir la oportunidad de impugnar el auto con el cual se acumularon sus penas, sin que ese sea el objetivo del mecanismo constitucional.

3. Seguidamente, el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Marta afirmó que, el 1º de agosto de 2012, condenó a WILFRIDO ALBERTO GARCÍA POLO como autor de los delitos de homicidio tentado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a 128 meses de prisión negándole la suspensión condicional y la prisión domiciliaria, fallo que la Sala Penal del Tribunal de esa ciudad ratificó el 7 de junio de 2013.

Agregó que, el 23 de febrero del año que avanza, le correspondió estudiar el disenso propuesto por el condenado contra el auto que le negó la libertad condicional, mismo que, el 5 de abril siguiente, confirmó por encontrar ajustado a derecho el pronunciamiento judicial.

El Tribunal Superior de Valledupar negó el amparo, en sentencia del 30 de junio de 2021. Señaló que el demandante no agotó los medios de defensa al interior de la actuación en el año 2018, cuando el vigía acumuló las penas (además, fue él quien reclamó la acumulación); tampoco encontró acreditado el presupuesto de inmediatez, pues el proveído data del año 2018, sin que hubiera justificado la demora para acudir al mecanismo constitucional. En cuanto a las providencias que le negaron la libertad condicional, las halló razonables.

Inconforme con el fallo, WILFRIDO ALBERTO GARCÍA POLO lo impugnó. Adujo que pidió la acumulación de las penas debido al desconocimiento de los asuntos de esa naturaleza, trasladando al funcionario la obligación de valorar la conveniencia o no de la aplicación de dicha figura.

De igual manera, intentó justificar la falta de inmediatez, asegurando que acudió a la tutela “solo hasta hoy cuando palpo las consecuencias negativas de esa acumulación, que me vulnera derechos fundamentales es que inmediatamente lo reclamo para su protección”; tampoco se pronunció el tribunal, dice, respecto al argumento de que en caso de dejar incólume la acumulación de las sanciones se estaría atentando contra la prohibición de “cadena perpetua”.

Finalmente, en lo tocante a la censura elevada contra la negativa del beneficio liberatorio, el actor expresó su inconformidad, porque el juez que vigila la sanción no tuvo en cuenta los factores favorables que permitían arribar a una decisión diferente; empero, él mismo reconoció que sería inane, pues es consciente de que debe purgar otra condena.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

2. En el caso bajo estudio, el propósito de la presente acción constitucional es determinar si las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales de WILFRIDO ALBERTO GARCÍA POLO, de un lado, al acumular las sanciones en el año 2018 a petición del censor y, de otra, al negarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena en esa fase del proceso, sin la valoración de los aspectos favorables que militan en su caso.

3. En primer lugar, encuentra la Sala que el demandante pudo controvertir, en su debida oportunidad, el proveído del 13 de marzo de 2018 en el que el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena atendió favorablemente la solicitud de acumulación jurídica de las condenas, a través del recurso de apelación, aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela, relacionados con los supuestos yerros en la providencia que ataca, por presunto detrimento de sus intereses, pero optó por no interponer la alzada dentro del término legal permitido, discusión que pretende revivir, sin que esto sea posible, dado que: «(i) el juez constitucional no puede amparar situaciones donde la supuesta vulneración de un derecho fundamental, no se deriva de la acción u omisión de cualquier autoridad sino de la negligencia imprudencia o descuido del particular; (ii) la incuria del accionante no puede subsanarse por medio de la acción de tutela; (iii) la imposibilidad de alegar la propia culpa o desidia para solicitar la protección de un derecho cuyo riesgo ha sido generado por el mismo accionante» (C.C.S.T-1231/2008).

Como el gestor de la acción no agotó ese medio de defensa, la solicitud de amparo se torna improcedente –numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional –Sentencia T – 1217 de 2003-.

A pesar de ello, la Corte advierte que las consideraciones plasmadas en los autos objeto de reproche son ajustadas a derecho.

En cuanto a la determinación que dispuso la acumulación en cuestión, la autoridad judicial abordó el análisis de cada uno de los requisitos enlistados en el art. 460 de la Ley 599 de 2000, esto es, (i) que se trate de penas de igual naturaleza, como en efecto lo son, pues ambas son privativas de la libertad; (ii) que los delitos por los que se emitió condena, no se hayan cometido con posterioridad al proferimiento de cualquiera de las sentencias, aspecto que salta a la vista al tratarse de hechos ocurridos el 15 de julio de 2010 (el delito de extorsión agravada) y el 15 de mayo de 2011 (el homicidio tentado agravado), resultando condenado el 1º de agosto de 2012 el atentado contra la vida y el 15 de mayo de 2013 en el otro proceso, sin que ninguna de las sanciones se hallara ejecutada.

Por tanto, el ejecutor no observó impeditivo alguno para acoger la proposición del condenado para dejar una sola pena de 164 meses, sin que exista irregularidad alguna en el auto, contrario a lo enunciado por el actor.

Ahora bien, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, en aplicación del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, negó el subrogado demandado, el 22 de abril de 2020, tras concluir que GARCÍA POLO fue condenado por extorsión agravada, delito excluido de beneficios y subrogados por expresa disposición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, conducta que, por demás, fue cometida en vigencia de tal normativa.

Contra esta última providencia, el condenado interpuso apelación; en razón a ello, el juez de conocimiento, el pasado 5 de abril, confirmó la negativa de la primera instancia, con base en la revisión de las circunstancias procesales y fácticas que rodean esta cuestión. Además, resaltó que no era procedente la aplicación del principio de favorabilidad, ya que de por medio había una prohibición legal.

Concluyó entonces, esa autoridad, que el accionante deberá soportar la carga de cumplir con la totalidad de la sanción impuesta en establecimiento carcelario, como resultado de la responsabilidad penal derivada de la comisión del delito de extorsión agravada.

Dichas decisiones en manera alguna se tornan arbitrarias o caprichosas, pues no le corresponde al juez que ejecuta la pena modificar la sentencia, salvo en los eventos de reformas legislativas favorables, lo cual no ocurrió en el sub-examine, a pesar de la afirmación del sentenciado de que debe aplicarse el principio de “favorabilidad”, sin que exista una ley posterior que habilite el estudio de la suspensión de la condena luego de haberse referido a ello el juez de conocimiento.

Tal raciocinio, aunque adverso a los intereses del hoy demandante, no implica la afectación de sus derechos, por cuanto se emitió en aplicación de los principios de autonomía e independencia judicial, consagrados en el artículo 228 de la Carta Política y en concordancia con la jurisprudencia que sobre el particular ha emitido el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia penal.

Se confirmará, por tanto, la sentencia de primera instancia impugnada.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2021, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, que negó el amparo solicitado por WILFRIDO ALBERTO GARCÍA POLO, por las razones anotadas en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

STP17822-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 2

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP 17822 – 2021

Radicado 120482

Acta No. 300

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS:

Se pronuncia la Sala respecto de la impugnación interpuesta por HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida el 13 de octubre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que otorgó parcialmente el amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la Comisaría de Familia Zona Norte de Cartagena, la Policía Nacional y el Juzgado 7º Penal del Circuito de esa ciudad.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por el tribunal a quo de la siguiente manera:

Manifiesta el actor que desde hace más de seis (6) años tiene a cargo a su madre la señora Carmen Fernández de Vergara, quien es una persona de 86 años de edad y padece de demencia senil.

Señala que el día 27 de julio hogaño, sin su permiso y en su ausencia, la señora Rosario Vergara Fernández (quien es su hermana) irrumpió en el inmueble en donde vive con su señora madre y el resto de su familia, la cual está integrada por su esposa y sus dos hijos, uno menor de edad y otro que padece de síndrome de Down, llevándose del hogar a la señora Fernández de Vergara junto con sus enseres.

Sostiene el convocante, que desde la citada fecha se han desplegado una serie de actuaciones judiciales en su contra, entre esas la que adelanta la Comisaria de Familia de la Zona Norte de Cartagena- Casa de Justicia de Canapote, a través del proceso de violencia intrafamiliar, identificado con el radicado No. 555-2021.

Indica el accionante, que a raíz del referenciado proceso, el 19 de agosto de 2021, la Comisaria de Familia Zona Norte de Cartagena emitió medida provisional a favor de su madre la señora Fernández de Vergara, en la cual ordenó su desalojo y el de su familia del bien inmueble donde reside, con fundamento al indicio leve producto del análisis de vulnerabilidad de la visita socio-familiar realizada por la comisaría mencionada.

Expone que, inconforme con la decisión reseñada procedió a presentar descargos en el mencionado proceso y solicitó la suspensión de la orden de desalojo y, asimismo, que se tuviera en cuenta la denuncia penal que cursa en contra de la señora Rosario Josefina Vergara por los delitos de fraude procesal, falsa denuncia y falsedad personal.

Seguidamente, comenta que la mencionada solicitud fue atendida mediante auto, a través del cual la Comisaría accionada confirmó las medidas ordenadas bajo el argumento que el derecho de propiedad en cabeza de la señora Fernández de Vergara sobrepasa los derechos fundamentales que invocaba.

Estima el actor, que el análisis realizado por la Comisaria accionada se llevó a cabo de forma inadecuada, ya que su madre presenta problemas de escucha y habla y, además, se tuvieron en cuenta únicamente los relatos de la señora Rosario Josefina Vergara, La cual considera que obstaculiza la obtención de la veracidad de los hechos y la real vulneración en la que se encuentra su progenitora.

De otra arista, pone de presente el actor, que su señora madre presentó acción de tutela, a través de la cual perseguía la materialización de las medidas provisionales decretadas por el Comisario de familia hoy cuestionado, señala que dicho trámite constitucional le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta ciudad, quien mediante fallo de tutela de fecha 15 de septiembre de 2021, ordenó a la Policía Nacional que en un término improrrogable de cinco (5) días hábiles ejecutará el desalojo; por lo cual señala, que el día 13 de septiembre del presente año, presentó solicitud al Juez accionado con la finalidad de que se decretara la nulidad de lo actuado, por cuanto, asegura que no se le notificó en debida forma y por consiguiente, no se le permitió manifestarse sobre los hechos constituidos en la mencionada tutela, no obstante, sostiene que a la fecha su solicitud no ha sido atendida, por lo tanto estima que se le están vulnerando sus derechos fundamentales.

Subsiguientemente, relata el actor que, en vista que no recibía respuesta, procedió nuevamente a presentar solicitud para que se le otorgue la oportunidad de ejercer su defensa en el trámite tutelar mencionado, pero a la fecha no ha obtenido respuesta.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN:

Por auto del 4 de octubre de 2021, la Sala a quo admitió la demanda de tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades y partes previamente mencionadas.

1. La Comisaría de Familia Zona Norte de Cartagena – Casa de Justicia de Canapote hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de violencia intrafamiliar donde aparece como ofendida la señora Carmen Fernández de Vergara y querellado su hijo (hoy accionante) HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ.

Adujo que la actuación inició por cuanto la quejosa fue agredida física, verbal y psicológicamente en su vivienda, en la cual también residen su hijo y nietos, inmueble del que fue desalojada; en virtud de ello, la señora Rosario Vergara Fernández decidió retirar los objetos personales de su progenitora para acogerla en su casa, circunstancias que llevaron a la autoridad administrativa a adoptar varias medidas provisionales con el fin de reestablecer los derechos de la adulta mayor, entre ellas, el desalojo de HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ y su núcleo familiar del bien de propiedad de la ofendida, con base en la Ley 2126 de 2021.

Así mismo, anotó que el actor, con el reclamo de las diligencias surtidas a la fecha, desconoce que se trata de un procedimiento especial en el cual se le han respetado sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción al haber presentado los descargos que estimó convenientes, restando únicamente la valoración psicológica para tomar una decisión de fondo.

2. A su turno, el Juzgado 7º Penal del Circuito de Cartagena explicó que conoció del trámite constitucional con radicado 2021-00067, promovido por la señora Carmen Fernández Martínez para que la Policía Metropolitana de esa ciudad diera cumplimiento a la medida de desalojo ordenada por la Comisaria de Familia Zona Norte de Cartagena, el cual que falló a favor de la accionante, pero que posteriormente anuló al percatarse de la ausencia de notificación a HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ.

Luego de rehacer la actuación y correrle traslado del escrito de tutela al hoy actor, éste aportó extemporáneamente el informe pedido, emitiéndose el 15 de septiembre de 2021 el pronunciamiento ahora censurado.

Agregó que, el 1º de octubre siguiente, por solicitud de “nulidad” de VERGARA FERNÁNDEZ, adicionó el fallo ampliando el plazo para la realización del desalojo en consideración a la presencia de un menor con discapacidad residente en el inmueble.

En razón a lo anterior, consideró que no ha vulnerado los derechos del reclamante.

3. Seguidamente, la Policía Metropolitana de Cartagena afirmó que suspendieron la diligencia de desalojo programada para el 1º de octubre de 2021, debido a la orden judicial que pospuso la actuación por veinte días, reprogramándose la misma para el 19 de octubre a las 8:00 a.m.

El Tribunal Superior de Cartagena, en decisión del 13 de octubre de 2021, amparó el derecho fundamental al debido proceso del gestor del resguardo y, en consecuencia, decretó “(…) la nulidad de lo actuado, para que se rehaga el trámite secretarial de notificación de la sentencia de tutela de primera instancia emitida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena, dentro de la acción constitucional identificada con el radicado N° 13-001-31-04-007-2021-00067-0 (…) y se ordenará al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena, que, una vez notificado de esta decisión, de manera inmediata proceda a notificar al ciudadano Vergara Fernández la sentencia de tutela de fecha 15 de septiembre del presente año.”. En cuanto al procedimiento administrativo surtido ante la Comisaría de Familia Zona Norte de Cartagena, no encontró irregularidad alguna en la imposición de las medidas provisionales y, por tanto, no protegió los derechos del solicitante en ese sentido.

Inconforme con el fallo, HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ lo impugnó. Se limitó a censurar la negativa del a quo frente a la protección de sus prerrogativas constitucionales en el curso del proceso que por violencia intrafamiliar se adelanta en su contra. En lo demás, insistió en la indebida aplicación de la normatividad que, en su sentir, regula el tema, esto es, la Resolución 5929 de 2010, y no como lo afirman la autoridad accionada y el juez de tutela la Ley 2126 de 2021, la cual no derogó la mencionada reglamentación.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

2. Del estudio de las diligencias motivo de queja se extracta que la señora Rosario Vergara Fernández denunció por violencia intrafamiliar a HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ, ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisaría de Familia de Cartagena, luego de conocer los ultrajes físicos infligidos a su progenitora por cuenta de su hermano, en la residencia de propiedad de la agredida.

En respuesta, la comisaria titular realizó una visita sociofamiliar en la que halló en la señora Carmen Fernández signos de violencia física, verbal y emocional a causa de las agresiones de palabra, la falta de suministro de alimentos y cuidado, así como la expulsión del apartamento que, de paso sea dicho, es de propiedad de la mujer de 86 años.

Derivado de lo anterior, el 19 de agosto de este año la mencionada funcionaria decretó la medida provisional para el restablecimiento de derechos de la adulta mayor, consistente en el desalojo de la vivienda de su hijo, hoy accionante. Sin embargo, ante la inejecución de la misma por parte de las autoridades encargadas, la afectada decidió acudir al mecanismo de amparo para conminar a la Policía Nacional al cumplimiento de la orden administrativa en comento.

El Juzgado 7º Penal del Circuito de Cartagena conoció la solicitud de amparo, que concluyó con sentencia favorable a los intereses de la tutelante; sin embargo, se vio forzado a anular la actuación por la indebida notificación de la demanda a HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ. Una vez se rehízo el trámite, el 15 de septiembre nuevamente protegió los derechos de la señora Carmen Fernández y “respaldó” la medida de protección decretada, en los siguientes términos: “de manera que se reforzará esta, ratificándola en la parte resolutiva del presente fallo”, puesto que “(…) si se coteja la medida adoptada por la Comisaría de Familia, con lo informado por la Policía, se aprecia que ésta no ha ejecutado la misma, dejando expuesta a la anciana madre del agresor, es decir, en la misma situación que antes de la medida (…) la situación de riesgo de la anciana accionante, ya advertida en la visita de trabajo social que dio lugar a la protección que se le dio (…)”1.

Con todo, la providencia acusada no se le notificó a VERGARA FERNÁNDEZ, defecto procedimental absoluto que purgó la primera instancia en este trámite, al dejarse sin efectos la ejecutoria de la sentencia y reviviendo la posibilidad del vinculado en ese trámite (hoy demandante) de impugnar la determinación, en la que, como se ve claramente, el juez “refrendó” la medida al encontrarla razonable, siendo el mismo tema que ahora propone el promotor en esta oportunidad. De ahí que el demandante cuenta con la posibilidad, por vía de impugnación, de reprochar la providencia en comento y exponer con idénticos argumentos la inconformidad con la medida provisional adoptada por la Comisaría de Familia Zona Norte de Cartagena, que dispuso su desalojo de la vivienda de propiedad de su progenitora.

Además, en caso de no resultar favorable a sus intereses el fallo de segunda instancia, el gestor del amparo tendrá la posibilidad de criticar el contenido de las providencias ante la Corte Constitucional, en sede de revisión.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción de tutela no puede ser ejercida como una instancia alternativa o sustitutiva de otros medios que establece el ordenamiento jurídico para reclamar la revisión de los fallos de tutela, no es posible al juez constitucional intervenir.

Se confirmará, por las razones aquí consignadas, la sentencia de primera instancia impugnada.

1. CONFIRMAR la sentencia del 13 de octubre de 2021, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que concedió parcialmente la protección solicitada por HERNÁN TORIBIO VERGARA FERNÁNDEZ, por las razones anotadas en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Folios 11 y 12 del fallo de tutela proferido el 15 de septiembre de 2021 por el Juzgado 7º Penal del Circuito de Cartagena en el radicado 2021-00067.

STP17824-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 2

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

Radicación No. 120254

Acta No. 300

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

V I S T O S

Resuelve la Sala la acción de tutela interpuesta por ALONSO ARTURO GÓMEZ DÁVILA, contra la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y seguridad social.

Al trámite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Juzgado 1º Laboral del Circuito de la misma ciudad y las empresas RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP S.A.) e INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. ESP (ISA S.A.), demandadas dentro del proceso con radicado 0500131050012013107701.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela y documentos aportados al plenario la Sala destaca los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

i. ALONSO ARTURO GÓMEZ DÁVILA promovió proceso ordinario laboral contra RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP S.A.) e INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. ESP (ISA S.A.), con el propósito de que se declarara que entre éstas hubo una unidad de empresa y, como consecuencia de ello, se ordenara a las prenombradas que reliquiden su pensión de jubilación, teniendo en cuenta los ingresos devengados durante el último año de servicios para la compañía Red de Energía del Perú S.A. Subsidiariamente solicitó que Interconexión Eléctrica S.A. le reajuste la pensión de jubilación, de acuerdo con la cláusula décima primera del pacto colectivo de trabajo.

ii. Mediante sentencia del 23 de mayo de 2016, el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Medellín resolvió: «PRIMERO: Se DECLARA que entre las demandadas EXISTE UNIDAD DE EMPRESA… SEGUNDO: Se DECLARA prospera la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN propuesta por las accionadas TERCERO: Se ABSUELVE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.ESP-ISA-, y RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A., de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra… CUARTO: Se CONDENA EN COSTAS a la parte demandante…»

iii. Habiendo sido objeto de apelación por las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, a través de providencia del 21 de agosto de 2018, revocó la providencia en lo concerniente a la declaratoria de la unidad de empresa y la confirmó en lo demás.

iv. El 6 de julio de 2021, la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al desatar el recurso extraordinario de casación promovido por el accionante, decidió no casar la sentencia de segundo grado.

v. A juicio del promotor del resguardo, la Corporación demandada incurrió en una vía de hecho, por cuanto, para negar la existencia de unidad de empresa, se amparó en la sentencia CSJ SL6228-2016 que no puede ser considerada como precedente. De igual modo, como segundo reparo, indicó que la Sala Laboral dejó de aplicar «el principio que inspira a la figura de la UNIDAD DE EMPRESA, que es precisamente el de la primacía de la realidad sobre la forma consagrado constitucionalmente en el artículo 53 como lo ha señalado la Corte Constitucional…»

Después de referir los hechos que en su criterio quedaron demostrados en el curso del proceso, expresó que de haber sido tenidas en cuenta estas realidades, la Corporación demandada hubiera llegado a una conclusión contraria, «es decir que el suscrito tenía derecho al reajuste de la pensión…»

2. Como consecuencia de lo anterior, el demandante acude al juez de tutela para que, en amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas, intervenga en el proceso ordinario laboral con radicado 0500131050012013107701, deje sin efecto «la sentencia… proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia…» y ordene «a la Corporación… que emita dentro del proceso referido un nuevo pronunciamiento, CASANDO la sentencia, y al obrar como tribunal de instancia revoque la decisión de primera instancia»

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante auto del 12 de noviembre de 2021 la Sala admitió la demanda y dispuso correr el respectivo traslado a las autoridades y partes mencionadas, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

La Sala de Descongestión No. 4 accionada advirtió que, en la decisión cuestionada, resolvió el recurso interpuesto ciñéndose a la acusación presentada por el censor, con sujeción a las reglas propias de este medio de impugnación extraordinario, y, en razón a ello, explicó que conforme a lo estipulado en el artículo 194, numeral 2, del CST, el elemento principal para determinar la existencia de la unidad de empresa es el predominio económico de la principal sobre las filiales o subsidiarias, criterio que ha sido pacífico y reiterado por esa Corporación, razón por la cual se citaron los proveídos CSJ SL, 16 dic. 2009, rad. 32212, SL, 31 ag. 2010, rad. 32060, SL6228-2016, y SL6313-2016.

Así, indicó que las actuaciones adelantadas por las instancias como por ese Cuerpo Colegiado, se realizaron con el fin de proteger los derechos del solicitante, pero de todo lo estudiado no se pudo colegir que efectivamente hubo unidad de empresa entre las llamadas a juicio y, en consecuencia, tampoco era viable la reliquidación pensional impetrada.

Por su parte, la representación legal y judicial de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. expuso, entre otras cosas, que en este caso no se existe ningún sustento fáctico ni jurídico que permita concluir que existe unidad de empresa entre las demandadas. Manifestó que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el tutelante, ya que no se evidencia por parte de las entidades demandadas y vinculadas ninguna violación a los derechos fundamentales alegados, «pues lo que claramente se presenta, es una inconformidad frente a un fallo que no le fue favorable, pero que claramente evidencia el agotamiento del proceso idóneo con todas las garantías procesales».

De igual modo, señaló que en este asunto se tramitó un proceso ordinario laboral con el cumplimiento de todos los requisitos y trámites establecidos en la ley, por lo que no pueden revivirse ni revisarse los supuestos de dichas actuaciones a través de esta acción.

En tal orden, solicitó que se declare improcedente el amparo pretendido «y se respete en su integridad el proceso ordinario laboral con radicado 05001310500120130107701, el cual se encuentra concluido según Sentencia SL2951-2021 del 06 de julio de 2021, que se encuentra en firme y ejecutoriada…».

A pesar de haber sido notificados, los demás vinculados al trámite no se pronunciaron dentro del término concedido para tal efecto.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

De conformidad con lo previsto en el art. 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 7 del canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art. 1º del Decreto 333 de 2021 y el art. 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia–, esta Sala es competente para tramitar y decidir la acción de tutela, por estar dirigida contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación.

Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En camino a resolver el asunto que concita la atención de la Corte, es preciso recordar que, en múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha hecho mención de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales, destacando que los segundos han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de la sentencia C-590/05. Estos son: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la Constitución.

Por manera que, a partir de la precitada decisión de constitucionalidad, la procedencia de la tutela contra una providencia emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando superado el filtro de verificación de los requisitos generales (relevancia constitucional, inmediatez, subsidiariedad y que no se trate de sentencias emitidas en trámites de igual naturaleza), se presente al menos uno de los defectos específicos antes mencionados.

Bajo ese derrotero, se impone recordarle a la parte accionante que, siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad” CC C-590/05 y T-332/06 que implican una carga para ella no solamente en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional, pues las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada gozan de la triple presunción de acierto, legalidad y constitucionalidad, que brindan seguridad jurídica a las decisiones judiciales, necesaria para la consolidación del Estado de Derecho. Sólo por vulneraciones constitucionales, relativas a los derechos fundamentales, mediante acciones reflejadas en los hechos, oportuna y claramente planteados y demostrados, se puede desvirtuar dicha presunción.

Descendiendo al caso concreto, una vez verificado el cumplimiento de los presupuestos generales de procedibilidad, advierte la Corte que ALONSO ARTURO GÓMEZ DÁVILA no demostró que se configure un defecto específico que estructure la denominada vía de hecho, es decir, no acreditó que la providencia reprobada, esto es, la emitida en sede extraordinaria de casación, esté fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados.

Y es que la homóloga Laboral claramente explicó en su sentencia que, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, tratándose de personas jurídicas, el elemento predominante para determinar la existencia de la unidad de empresa es el predominio económico de la principal sobre las filiales o subsidiarias, (CSJ SL, 16 dic. 2009, rad. 32212 y Sentencia de 21 de abril de 1994, rad. 6047), resaltando que para «poder predicarla respecto de varias personas jurídicas, es menester establecer la interrelación económica que se presenta entre las implicadas para los efectos vinculantes conforme a la ley»

En tal orden, expresó que no le asiste razón a la censura que indica que el tribunal introdujo la finalidad como un elemento ajeno a la determinación de la unidad de empresa, ya que, al tratarse de la existencia de varias personas jurídicas, como ocurre en el presente caso, para que se configure aquélla debe advertirse la presencia de una principal o matriz y otra subordinada que se denomina filial o subsidiaria, a lo cual adicionó:

«Ahora, esa dependencia se presenta solo cuando la primera de ellas ejerce un predominio económico sobre la segunda, por lo que, precisamente, es este elemento el que debe verificarse, a efectos de declarar la existencia de dicha figura, tal como lo ha sostenido esta Sala, entre otras, en las providencias CSJ SL6228-2016 y SL6313-2016.

En este punto, la crítica que la censura le formula a la sentencia impugnada es que a pesar de haber establecido que la empresa ISA tiene –sumadas la participación directa y la indirecta–, el 60% del capital accionario de la compañía Red de Energía del Perú S.A., no se evidencia el predominio económico, ya que la empresa de Interconexión Eléctrica en cuestión, ya que tan sólo tiene participación directa en el 30% de las acciones de aquella, por ende, no se verifica el predominio económico que se reclama.

En ese específico tema, la decisión recurrida coincide enteramente con la comprensión que esta Sala ha extractado del tenor literal del artículo 194-2 del CST «tratándose de personas jurídicas, existirá unidad de empresa entre la principal y las afiliadas y subsidiarias, en que aquella predomine económicamente». Es decirla principal o matriz debe predominar individualmente sobre las subordinadas (filial o Subsidiaria). Tal como lo interpretó el Tribunal, con lo que no incurrió en el error de juicio que le achaca la censura.

Es decir, el ordenamiento legal establece la posibilidad de que el control pueda ser ejercido individual y directamente por la matriz o, por intermedio o con el concurso de sus subordinadas (filiales o subsidiarias), esto es, por varias personas superior al 50% –es lo que se ha dado en llamar un predominio conjunto–; por el contrario, el artículo 194 del CST establece que la unidad de empresa, en el caso de las personas jurídicas, existe solo cuando hay una sola persona jurídica controlante, en otros términos, le apuesta exclusivamente al control individual. Esta última fue precisamente la línea argumentativa que sostuvo el Tribunal y en la que se fundamenta el disenso de la censura.

Así, la Colegiatura en cita apuntó que, estando acreditado que el capital accionario de la sociedad Red de Energía del Perú está conformado por un 30% perteneciente a ISA, otro 30% a Transelca y el 40% restante a EEBT, no hay lugar a declarar la unidad de empresa, pese a haberse demostrado que el 99,9% de las acciones de la sociedad Transelca pertenecen a ISA, toda vez que desde la óptica del artículo 194 del CST es inviable acceder a tal declaratoria, a partir de la sumatoria de los capitales de la matriz y de su filial, como lo pretende el recurrente,1.

De otro lado, registra la providencia que, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo del actor con la compañía Red de Energía del Perú S.A. se suscribió y ejecutó en aquel país, a través de uno distinto al celebrado en Colombia con ISA, «no hay lugar a la aplicación de la legislación colombiana», adicionando al respecto:

En efecto, en lo concerniente a las excepciones a la aplicación de la ley en el espacio ha considerado esta Sala que la regla que se ha dado en denominar lex loci solutionis, contenida en el artículo 2 del CST y que es fiel desarrollo del principio de territorialidad de la ley, no es absoluta y admite algunas excepciones a su aplicación, que permiten que, pese a que el contrato de trabajo no se ejecute en Colombia, se aplique la legislación laboral del país, se requiere que antes de que el trabajador comience a prestar sus servicios en el exterior haya estado trabajando en Colombia y que la subordinación laboral se ejerciera en el país; y, además, que luego de ser trasladado a laborar fuera del territorio patrio, la subordinación sobre el empleado se siga ejerciendo desde aquí. Situación última que permite inferir que, pese al traslado del trabajador, es intención de las partes que se siga desarrollando el contrato de trabajo en las mismas condiciones anteriores al cambio de sede laboral y, dentro de ellas, desde luego, la aplicación de la ley colombiana. (CSJ SL, 10 feb. 2001, rad.31301), criterio expuesto en la sentencia CSJ SL, 28 jun. 2001, rad. 15468.

Sin embargo, según afirma el recurrente, el contrato de trabajo realmente continuó ejecutándose desde Colombia, porque él estuvo subordinado al direccionamiento estratégico de ISA, lo cual se demuestra con la descripción de las labores contenida en el contrato de trabajo de migrante andino (f.°83 a 88), en tal virtud en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas subsistía el contrato de trabajo con ISA Claramente la cláusula mencionada no tiene la virtualidad de demostrar la existencia de la subordinación laboral propia del contrato de trabajo, entendida como la asignación por parte de un empleador de directrices generales e instrucciones específicas al empleado acerca de la realización de su labor, sino la derivada dela organización empresarial, conforme se advierte de su texto: (…)

Además, se expuso que el censor pierde de vista que, como presupuesto mínimo para la configuración del contrato de trabajo, se requiere que en la actuación procesal esté evidenciada la actividad personal del trabajador a favor de la parte demandada, sin que en este evento se haya demostrado el despliegue de aquélla a favor de ISA, en una fecha posterior a la suspensión del contrato de trabajo, «sino apenas la sujeción a los lineamientos, directrices y procedimientos definidos por el comité financiero de ese grupo empresarial, era menester que existiera la unidad de empresa para poder reconocer un nexo contractual de trabajo, lo que… no aconteció en el sub lite».

Para constancia de lo último, trajo a colación lo consignado en el memorando GA-73, del 6 de agosto de 2008, suscrito por la Gerente de Administración de Red de Energía del Perú S.A., impreso que, indicó, demuestra que el accionante estaba sometido a la política del grupo empresarial ISA, mas no que continuaba subordinado a ésta.

En resumidas cuentas, la línea de pensamiento, con fundamento en la cual se emitió la sentencia de casación, para este juez constitucional emerge razonable, ponderada y está debidamente sustentada en los preceptos que gobiernan el reconocimiento reclamado, por lo que no es posible considerar que sea producto de arbitrariedad o ajena al ordenamiento jurídico.

Bajo ese hilo conductor, la Sala reitera que este mecanismo no es una instancia adicional a las del proceso ordinario para continuar una discusión que feneció en los cauces correspondientes. Cuando en la demanda de tutela lo único que se hace es insistir en puntos que fueron resueltos de fondo por otros jueces en virtud de sus específicas competencias, la acción constitucional pierde su carácter autónomo procesal y se convierte en un recurso ordinario; en ese sentido, la doctrina ha expuesto los factores que permiten identificar cuándo una demanda de tutela camufla un recurso ordinario:

La pretensión y la resistencia interpuestas en la demanda y en la contestación son las mismas que continúan en el recurso; el actor que pidió la condena del demandado, la estimación de la pretensión, si es el que impugna la sentencia de instancia sigue pidiendo en el recurso lo mismo; el demandado, que pidió su absolución, sigue por medio del recurso pidiendo lo mismo. Los tres elementos de la pretensión (partes, hechos y petición) no cambian cuando se trata de los medios de impugnación en sentido estricto, es decir, de los recursos.2

En tal orden de ideas, es dado aseverar que la acción de tutela lejos está de poder ser aceptada cuando se edifica sobre vías de hecho inexistentes y cuando lo evidente es que la discrepancia de la parte demandante tiene origen, única y exclusivamente, en la conclusión a la que se arribó por parte de los funcionarios de conocimiento frente a su pretensión, lo cual en esta sede constitucional no tiene posibilidades de prosperar, ya que con ello, se insiste, no se cumple con los presupuestos establecidos para la procedencia de este instrumento excepcional, máxime cuando en este trámite no es posible adentrarse a efectuar una nueva valoración sobre el asunto censurado, como si este mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer un criterio particular.

Al respecto la Corte Constitucional -SU.132/02-, indicó:

Los jueces son autónomos e independientes para proferir sus decisiones. La jurisdicción constitucional establecida en sede de tutela no está llamada a sustituirlos ni a erigirse en última instancia de decisión, ni a resolver las cuestiones litigiosas en los procesos. En materia probatoria, la revisión que efectúa el juez de tutela es, entonces, muy limitada por la dificultad que éste encuentra para calificar de fondo el comportamiento del fallador al valorar los elementos probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada la falta de inmediatez del juez constitucional con respecto de la práctica de los mismos. Escapa de la órbita de la competencia del juez de tutela, no obstante la argumentación de la violación de derechos fundamentales de las personas, ejercer una valoración de los medios de prueba tal y como le correspondería efectuar al juez de la causa. El análisis que debe realizarse en la sede de tutela, no se compara con los alcances de las potestades de los jueces para la práctica y valoración de los medios de prueba dentro de un proceso en especial, ni para concluir sobre la conducencia de los mismos para la demostración de los hechos en discusión. El juez de tutela cumple con la función de verificar si en la decisión pertinente se evidencia una irregularidad protuberante con las características de una vía de hecho.

En resumidas cuentas, al no aparecer acreditada una actuación arbitraria por parte de la Corporación judicial accionada , no es posible acceder a la protección reclamada, habida cuenta que la decisión acusada no denota proceder ilegítimo que le permita actuar al mecanismo excepcional escogido, como que lo resuelto por la Sala de Descongestión No. 4 obedeció a una labor de hermenéutica y apreciación probatoria en la que, por regla general, no puede inmiscuirse el juez de tutela, dado que tiene raigambre constitucional (arts. 228 y 230 de la C.P.), salvo que se aprecie, como se acotó, la materialización de una inequívoca vía de hecho que, por sus connotaciones y consecuencias, es de suyo excepcional.

Corolario de lo anterior, se negará la protección invocada.

R E S U E L V E

1. NEGAR el amparo constitucional invocado por ALONSO ARTURO GÓMEZ DÁVILA, de conformidad con las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Esta tesis, adujo la Corte, compagina con lo delineado en la sentencia CSJ SL6228-2016, donde se estableció que: «no basta la existencia de una unidad de explotación económica, y la ejecución de actividades similares, conexas, o complementarias, sino que también se requiere contar con la prueba del predominio económico de la sociedad principal sobre las filiales o subsidiarias, para el caso a través de las personas jurídicas y no por medio de sus socios individualmente considerados…»

2 MONTERO AROCA, Juan, El sistema de tutela jurisdiccional de derechos fundamentales, En: Proceso (civil y penal) y garantía, el proceso como garantía de libertad y responsabilidad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 475.

STP17825-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP 17825 – 2021

Radicado 120207

Acta No. 306

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS

Resuelve la Sala la impugnación presentada por RÓMULO MURILLO RUBIANO, en contra de la sentencia del 29 de septiembre de 2021, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, por medio de la cual negó la acción de tutela interpuesta por el prenombrado, frente a los Juzgados Promiscuo Municipal de Puerto Nare y Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Puerto Berrío, ambas autoridades del departamento de Antioquia.

Además de las autoridades accionadas, al trámite fueron vinculadas las Fiscalías 42 Seccional y 24 Local de Puerto Berrío, la representación de víctimas y el abogado defensor, todos partes en la indagación con radicado 055856100197201580245.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con el escrito inicial, RÓMULO MURILLO RUBIANO está siendo investigado por la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Berrío, por la presunta comisión del delito de fraude procesal en concurso con falsedad material en documento público, obtención de documento público falso y uso de documento público falso. La indagación se inició a raíz de una denuncia presentada por Jaime Rodrigo Escobar López y también figuran como indiciados los señores Néstor Fabio Muñoz Arbeláez y Ernesto Lozano Gómez.

Ahora bien, el denunciante solicitó la celebración de una audiencia preliminar de suspensión del poder dispositivo de una finca denominada “El Porvenir”, de la cual RÓMULO MURILLO RUBIANO es dueño de un 50%. Inicialmente, el asunto fue conocido por el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Puerto Berrío; sin embargo, dicha autoridad remitió el caso por competencia al Juzgado homólogo de Puerto Nare, por ser ese el lugar en donde se encuentra ubicado el referido inmueble.

A pesar de que el apoderado del accionante alegó ante dicho estrado y ante la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Berrío que la controversia no es de interés de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal, por ser un asunto de carácter meramente civil, el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Nare, en audiencias celebradas el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020, decidió suspender el poder dispositivo que el actor tiene sobre la cuota parte que le corresponde del predio. Lo anterior, según el promotor del resguardo, sin darle aplicación a los artículos 54 y 341 de la Ley 906 de 2004, que indican que el caso debía remitirse al superior jerárquico para determinar si el mismo debía ser conocido por la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil o penal.

Apelada la decisión del Juzgado de Puerto Nare, el asunto pasó a manos del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío, autoridad que, en auto del 18 de mayo de 2021, confirmó lo decidido por el a quo, sin reparar en que supuestamente no era competente, por ser el asunto de naturaleza civil. Del mismo modo, el demandante adujo que este despacho tampoco observó lo dispuesto en los artículos precitados del Código de Procedimiento Penal. En aquella ocasión, en apoyo a la Fiscalía 42 Seccional, se presentó a la audiencia la Fiscalía 24 Local de Puerto Berrío.

En este punto, el actor precisó que la denuncia presentada dirige sus argumentos en contra del fallo del 11 de mayo de 2016, proferido por la Inspección de Policía y Tránsito de Puerto Nare, y la providencia del 17 de noviembre de 2017, emitida por el Juzgado Departamental de Policía de Antioquia, dentro de un proceso policivo civil de perturbación de la posesión.

TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. Por auto del 16 de septiembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia admitió la presente acción de tutela y corrió el respectivo traslado a los juzgados demandados y a las demás partes vinculadas.

2. El Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío señaló que conoció la segunda instancia de la decisión proferida el 10 de diciembre de 2020 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, al interior de la audiencia preliminar de suspensión del poder dispositivo que es mencionada en el escrito de amparo. Precisó que, en esa oportunidad, el a quo accedió a una sola de las tres (3) pretensiones presentadas por el denunciante, consistente en ordenar la suspensión del poder dispositivo del actor sobre su cuota parte de la Hacienda “El Porvenir”, al tiempo que negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la sentencia proferida por la Inspección de Policía y Tránsito de ese municipio, pues estimó que carecía de competencia para ello.

Agregó que, el 18 de mayo de 2021, ese despacho desató la alzada a partir de los argumentos expuestos por el defensor en la audiencia preliminar, en el sentido de confirmar la providencia impugnada. Aclaró que la competencia para emitir las decisiones cuestionadas se encuentra en el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal y en la sentencia C-839 de 2013. Igualmente, manifestó que, si bien el asunto hubiera podido haber sido en un principio de naturaleza exclusivamente civil, lo cierto es que ello no excluye que, en el marco de ese tipo de actuaciones, se puedan cometer delitos de interés del derecho penal.

Afirmó que, de todas formas, esa instancia no tuvo conocimiento de la existencia de solicitud alguna por parte de la defensa, que motivara la aplicación del trámite previsto en los artículos 54 y 341 de la Ley 906 de 2004. Por último, señaló que este mecanismo de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. En vista de lo anterior, solicitó que la protección constitucional invocada sea negada, por ser manifiestamente improcedente.

3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, por su parte, adujo que la defensa del promotor del amparo nunca impugnó la competencia de ese despacho para conocer la solicitud de suspensión del poder dispositivo presentada por el denunciante y que, por esa razón, en los audios no obra pronunciamiento de ese estrado al respecto. Agregó que, pese a que se accedió a la medida cautelar, negó la suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 11 de mayo de 2016, proferida por la Inspección de Policía y Tránsito de esa misma localidad, por considerar que carecía de competencia para ello.

Argumentó que este mecanismo constitucional desconoce el principio de inmediatez y que no existe causal de incompetencia que le impidiera conocer de la solicitud de suspensión del poder dispositivo que fue presentada por los afectados, en atención a que tal pretensión corresponde a una forma de restablecimiento del derecho y, al interior de una indagación penal, tal pedimento debe ser evacuado por un juez de control de garantías. Por estas razones, pidió que este mecanismo sea rechazado por improcedente.

4. A continuación, la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Berrío afirmó que adelanta la indagación identificada con el CUI 055856100197201580245, que se inició a raíz de la denuncia presentada por Jaime Rodrigo Escobar López en contra de RÓMULO MURILLO RUBIANO y Néstor Fabio Muñoz Arbeláez. Adujo que el asunto reviste de una naturaleza eminentemente penal y que dicha situación le fue comunicada a la defensa del actor, en oficio del 18 de septiembre de 2021, que se remitió como respuesta a la solicitud enviada el 12 de diciembre de 2020. Añadió que, en cualquier caso, en este memorial nunca se impugnó la competencia ni se pidió que se diera aplicación al trámite previsto en los artículos 54 y 341 de la Ley 906 de 2004, normas que, por lo demás, se refieren a los jueces y no a los fiscales, y que se aplican para los eventos en los que ya se haya presentado el escrito de acusación.

Concluyó que ese despacho no ha vulnerado ninguna de las garantías fundamentales que le asisten a RÓMULO MURILLO RUBIANO y, por lo mismo, solicitó que se declare impróspera la petición de amparo.

5. Acto seguido, la Fiscalía 24 Local de Puerto Berrío señaló que, en efecto, actuó como fiscal de apoyo de su homóloga seccional en la audiencia del 18 de mayo de 2021, en la que se leyó un auto de segunda instancia, proferido por el Juzgado Penal del Circuito de ese municipio. No emitió pronunciamiento adicional relativo a los hechos, argumentos y pretensiones esgrimidos en el escrito de tutela.

6. Por su parte, el doctor Alejandro Penilla Rodríguez, actuando en calidad de apoderado de los denunciantes, también alegó que este amparo es improcedente, en razón a que no es cierto que el defensor del accionante hubiera impugnado la competencia de los despachos que conocieron de la petición de suspensión del poder dispositivo y que, en cualquier caso, la facultad para adelantar ese tipo de diligencias está prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal. Resaltó que, si bien el fondo de la cuestión es un asunto de naturaleza civil, lo cierto es que en este caso se están investigando una serie de conductas que revisten una evidente trascendencia penal, pues implican la presunta ejecución de unos comportamientos típicos y objetivamente antijurídicos. Por lo anterior, impetró que la protección sea rechazada.

7. En sentencia del 29 de septiembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia resolvió negar por improcedente el amparo invocado por RÓMULO MURILLO RUBIANO, con fundamento en que la tutela, por su carácter residual y subsidiario, no es el mecanismo adecuado para ordenar la nulidad de las decisiones emitidas en sede de control de garantías y, mucho menos, para nulitar una orden de suspensión del poder dispositivo de un inmueble, válidamente dictado en el marco de un procedimiento penal. Lo anterior, en la medida en que, para ventilar esa pretensión, es del resorte del juzgado respectivo y de la parte interesada acudir a las normas que están establecidas para ello en el Código de Procedimiento Penal. Adicionalmente, adujo que tampoco encontró que se hubiera cumplido con el requisitos de inmediatez y que, en todo caso, al escuchar el audio de la audiencia celebrada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, pudo advertir que la supuesta impugnación de competencia nunca se presentó.

8. Inconforme con la decisión de primera instancia, RÓMULO MURILLO RUBIANO la impugnó, asegurando que esta acción constitucional cumple tanto con el principio de inmediatez como con el de subsidiariedad. Para soportar esa conclusión, argumentó que contra el pronunciamiento del 10 de diciembre de 2020 se ejerció el recurso de apelación, lo que implica que sí se agotaron los medios judiciales ordinarios, máxime cuando el ordenamiento no prevé instrumentos defensivos adicionales frente a la decisión adoptada por el ad quem. Del mismo modo, señaló que la demanda de tutela se promovió menos de 4 meses después de que se hubiera proferido el auto de segundo grado, por cuanto dicho término empezó a contarse a partir del 19 de mayo de este año y el escrito se presentó el 16 de septiembre.

Frente a la “solicitud de incompetencia”, precisó que ésta se presentó ante la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Berrío, en el mismo documento en el que se pidió que se archivara la indagación que allí cursa en su contra, y que dicha petición tan solo fue contestada hasta el 18 de septiembre de 2021, cuando esa autoridad fue notificada del auto admisorio de esta acción constitucional. Reiteró que, ante la presentación de su requerimiento, lo procedente era que la mencionada delegada y las autoridades judiciales accionadas remitieran el proceso ante el superior jerárquico, para que se decidiera de manera definitiva el asunto de la competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 341 del Código de Procedimiento Penal.

Resaltó que la decisión impugnada guardó silencio sobre la manera en que la Fiscalía 42 demandada contestó la “solicitud de incompetencia”, en tanto no emitió una providencia judicial sino un simple oficio. Por ello, consideró que su petición aún no ha sido contestada de fondo, pues un oficio no reemplaza ni produce los mismos efectos jurídicos que un pronunciamiento de carácter jurisdiccional.

9. Finalmente, el doctor Alejandro Penilla Rodríguez, en calidad de no recurrente, se pronunció en el sentido de oponerse a la revocatoria de la sentencia de primer grado, bajo el entendido de que el impugnante yerra al intentar someter una medida de restablecimiento del derecho a un examen de competencia, sin considerar que la función de los jueces de control de garantías es de naturaleza constitucional. En cualquier caso, afirmó que, en gracia de discusión, RÓMULO MURILLO RUBIANO olvida que las medidas de restablecimiento del derecho pueden ordenarse, independientemente de la suerte que corra el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, y que la nulidad de lo actuado no es el remedio procesal adecuado para resolver la problemática planteada, máxime cuando el actor no demostró la concurrencia de ninguno de los principios que la rigen, ni acreditó la incompetencia de las autoridades accionadas.

10. La impugnación fue concedida mediante auto del 13 de octubre de 2021.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Conforme con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para desatar la alzada, por cuanto la decisión sobre la que recae fue proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover la acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, si existe, cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4. Descendiendo de una vez al caso concreto, lo primero que debe indicarse es que esta Corte tiene pacíficamente establecido que las acciones de tutela cumplen con el principio de inmediatez cuando se interponen dentro de un término razonable, contado a partir de la acción o la omisión que es causa de la presunta vulneración de los derechos fundamentales. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación1, un plazo que usualmente puede ser considerado como razonable es el término de 6 meses.

En vista de que esta acción constitucional se interpuso a poco menos de que se cumplieran 4 meses, contados a partir de la emisión del auto de segunda instancia atacado, no es arriesgado aseverar que en este caso se cumplió con el presupuesto de inmediatez.

5. Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala encuentra que la demanda de amparo no cumple con éste, por el simple hecho de que la impugnación de competencia no se presentó en la audiencia que culminó con la emisión del auto cuestionado, sino por escrito ante la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Berrío. Al respecto, es importante precisar que no puede el accionante pretender que los juzgados demandados le den aplicación a un trámite específico, si él no ha solicitado tal cosa en la instancia pertinente, tal y como lo prescriben las reglas procesales establecidas en la Ley 906 de 2004. En tal sentido, emerge imperioso precisar que la definición de competencia es un mecanismo orientado a determinar, de manera ágil, perentoria y definitiva, el funcionario que ha de conocer la fase procesal preliminar o de juzgamiento, cuando el juez ante quien se haya presentado la acusación o solicitado la preclusión así lo considere o le sea impugnada la misma. Sin embargo, el gestor del amparo, en el caso concreto, no postuló su pretensión ante los jueces convocados a estas diligencias, sino ante el fiscal a cargo de la investigación, funcionario frente al cual no procede la impugnación de competencia pretendida.

Sobre este punto, conviene recordar que las dos autoridades judiciales vinculadas a este trámite indicaron que nunca conocieron de tal solicitud y que, en consecuencia, imposible resultaba para ellas pronunciarse al respecto o darle aplicación a los artículos que reclama el actor. Ante esa circunstancia, es inadmisible que RÓMULO MURILLO RUBIANO venga ahora a solicitar la nulidad de un procedimiento válidamente celebrado, con fundamento en que la judicatura no atendió una solicitud que él no expuso adecuadamente, en tanto no la sustentó debidamente ni anunció que la hiciera con sustento en los artículos 54 y 341 del CPP, y de la que no tenían por qué conocer los despachos accionados al no ser radicada ante ellos. Por consiguiente, no existe el presupuesto del cual se deduzca que los funcionarios demandados estaban en la obligación constitucional de pronunciarse a ese respecto.

Entonces, si como punto de partida es claro que cada parte o extremo tiene su carga probatoria necesaria para que el juez adopte la decisión adecuada, si ante la administración de justicia no ha sido debidamente soportada la presentación formal de la petición, mal puede, entonces, ser condenada la autoridad destinataria de la misma (Cfr. CC. T-010/98, reiterada entre muchas otras en la T-329/11).

En esas condiciones, es impresentable que ahora la parte actora pretenda subsanar tal proceder a través de esta vía excepcional de protección, pues como de manera reiterada lo ha sostenido la Corte Constitucional «una de las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela, consiste en que el accionante no sea responsable de los hechos que presuntamente vulneran los derechos invocados, pues su finalidad no es subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir…» (C.C.S.T- 1231/2008), lo cual es expresión del principio «Nemo auditur propriam turpitudinem allegans»2, que tratándose del ejercicio de la acción de tutela implica que: «(i) el juez constitucional no puede amparar situaciones donde la supuesta vulneración de un derecho fundamental, no se deriva de la acción u omisión de cualquier autoridad sino de la negligencia, imprudencia o descuido del particular; (ii) la incuria del accionante no puede subsanarse por medio de la acción de tutela; (iii) la imposibilidad de alegar la propia culpa o desidia para solicitar la protección de un derecho cuyo riesgo ha sido generado por el mismo accionante» (C.C.S.T-1231/2008).

7. En gracia de discusión, lo cierto es que la Corte tampoco encuentra que sobre las decisiones cuestionadas se configure un defecto orgánico por falta de competencia de las autoridades que actuaron en el respectivo procedimiento. Sobre este punto, es necesario resaltar que los juzgados accionados actuaron en sede de control de garantías, ante una solicitud de restablecimiento del derecho, en el marco de una indagación que se lleva en la Fiscalía General de la Nación para esclarecer la posible ocurrencia de una serie de conductas punibles, descritas en el Código Penal.

En ese hilo conductor, para la Sala las providencias objeto de reproche no contienen conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados. Lo anterior, porque los citados funcionarios judiciales tenían el deber de adoptar «las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal», como lo ordena el artículo 22 de la Ley 906 de 2004. De ahí que no pueda predicarse alguna vía de hecho en punto de lo decidido por las autoridades convocadas a este trámite.

8. Por último, de cara a la supuesta omisión del delegado del ente acusador de brindar respuesta a la “solicitud de incompetencia”, la Sala reitera que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, la impugnación de competencia se hace frente al juez “ante el cual se haya presentado la acusación”, y en ningún momento autoriza a formular este tipo de solicitudes ante el fiscal; adicionalmente, si bien este funcionario se demoró más de 10 meses en responder el referido memorial, esta Corporación establece que las solicitudes allí contenidas fueron contestadas de fondo, en el sentido de que la fiscalía no tiene intención de archivar la indagación y, por consiguiente, está facultada, como titular de la acción penal, a continuar con el curso del proceso.

Por esta razón, la Corte no encuentra que al accionante se le hubiera vulnerado su prerrogativa fundamental de postulación, máxime cuando una cosa es el derecho a obtener una respuesta frente a una petición respetuosa y otra, muy distinta, es tener derecho a aquello que fue pretendido en la solicitud. En este escenario, es conveniente indicarle al promotor del amparo que, si él todavía considera que existe mérito para archivar la indagación y frente al hecho de que la fiscalía ya le negó dicha pretensión, él puede acudir ante los jueces de control de garantías para controvertir dicha negativa, de conformidad con lo previsto en la sentencia C-1154 de 2005.

Bajo las condiciones anotadas, se confirma la sentencia objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 2 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2021, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, de acuerdo con los motivos consignados en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Ver, por ejemplo, STP8249-2021, entre muchas otras.

2 Nadie puede alegar en su favor su propia culpa.

STP17826-2021 (1)

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 2

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP 17826 -2021

Radicado 120598

Acta No. 306

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS:

Se pronuncia la Sala respecto de la impugnación interpuesta por JORGE ARMANDO MARTÍNEZ DÍAZ, contra la sentencia proferida el 25 de octubre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que declaró improcedente el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los Juzgados 16 Penal del Circuito – Ley 600 y 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ambas autoridades de esa ciudad.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por el tribunal a quo de la siguiente manera:

“El accionante acudió al presente mecanismo residual y subsidiario a fin de que se proteja su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por los Juzgados 16 Penal del Circuito Ley 600 y 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Bogotá, solicitud que sustentó indicando que el 12 de diciembre de 2007 fue condenado por el Juzgado 16 Penal del Circuito a la pena de 36 meses de prisión por el delito de falsedad material en documento público agravada por el uso y el 21 de marzo de 2013 dicha autoridad judicial decretó en su favor la extinción de la sanción penal por prescripción de la pena, lo que le certificó el 5 de mayo de 2014.

Agrega que el 18 de agosto del año que avanza solicitó al Juzgado 16 mediante derecho de petición que le genere el paz y salvo correspondiente, que indique que no tiene pendiente penal alguno con relación a esa autoridad, sin recibir respuesta a la fecha de interponer esta acción, motivo por el cual solicitó amparo a su derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución Política Nacional y la consecuente orden de pronunciamiento de fondo a las autoridades accionadas.”.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN:

Por auto del 15 de octubre de 2021, la Corporación de primera instancia admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades previamente mencionadas.

1. El Juzgado 16 Penal del Circuito – Ley 600 de Bogotá señaló que tramitó el proceso 2005-00097 en contra del promotor del amparo y lo condenó el 12 de diciembre de 2007 a 36 meses de prisión, tras hallarlo responsable del delito de falsedad en documento público agravado por el uso, determinación que cobró firmeza el día de su pronunciamiento, razón por la cual remitió las diligencias a los juzgados de ejecución de penas para la vigilancia de la sanción.

En todo caso, el despacho resaltó que no tiene bajo su custodia el proceso de marras, porque a partir del 16 de septiembre de 2013 únicamente conoce los procesos de Cajanal y Foncolpuertos, por tanto, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

2. A su turno, el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá explicó que el extinto homólogo 106 decretó la extinción de la sanción en el radicado 110013104016200500097, el 21 de marzo de 2013, con las respectivas comunicaciones a las autoridades correspondientes, y, una vez en firme la determinación, remitió las diligencias al fallador para el archivo.

Adujo que el 1º de marzo de 2018 remitió el documento de paz y salvo al actor, a la calle 12A No. 20-29 Bloque 2 Manzana 10 Apto 202 de Funza; además, ordenó el ocultamiento del proceso.

Con todo, en virtud de este trámite constitucional, el pasado 20 de octubre remitió una vez más el certificado reclamado al correo electrónico jorgearmandomartinez2511@hotmail.com.

En sustento de sus afirmaciones, acompañó el informe con la documentación ya referida.

3. El Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá brevemente dijo que no ha tramitado proceso alguno en contra del reclamante; tampoco recibió comunicación por parte de éste y agregó que el correo electrónico de su homólogo 16 de Ley 600 es pcto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

4. Por último, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá aseguró que dio cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado 25 de esa especialidad en lo referente al ocultamiento del proceso a que alude el gestor del resguardo, estado en el que se mantiene a la fecha.

El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción, con sentencia del 25 de octubre de 2021. Señaló que es inexistente la lesión pregonada por el tutelante al haber constatado que la autoridad judicial a cargo, mucho antes de promoverse este mecanismo excepcional, expidió el certificado de paz y salvo y dispuso el ocultamiento del proceso en el sistema de registro.

Inconforme con el fallo, JORGE ARMANDO MARTÍNEZ DÍAZ lo impugnó. Reafirmó que radicó la solicitud para la expedición del paz y salvo y el ocultamiento del proceso ante el Juzgado 16 Penal del Circuito, al correo electrónico ejcp16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin que entienda las razones plasmadas por el tribunal en la sentencia de primer grado, en la que dio plena credibilidad al juzgado que negó el recibido del documento “y por consiguiente a dar solución a la petición eliminando todo tipo de registro que pueda ser consultado, ya que en razón a estos registros se han negado oportunidades laborales”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

2. En el caso bajo estudio, el propósito de la presente acción constitucional es determinar si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de JORGE ARMANDO MARTÍNEZ DÍAZ, al guardar silencio frente a la solicitud elevada con la intención de obtener el respectivo documento de paz y salvo, que acredite la extinción de la sanción penal impuesta al interior de la actuación 110013104016200500097 y el ocultamiento del proceso.

3. Ahora bien, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela está instituida para que cualquier persona pueda reclamar la protección de sus derechos fundamentales «… cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública…» Por manera que la protección «… consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo…».

En ese orden de cosas, debe existir una relación de causalidad entre la acción o la omisión de la autoridad y la vulneración o la amenaza de los derechos fundamentales del demandante. Por consiguiente, si lo que se acusa es una omisión – como en el presente caso -, ha de ser claro que la autoridad tenía el deber jurídico de actuar en determinada forma y no lo hizo.

4. Revisadas las diligencias, se encuentra que el proceso penal que se tramitó en contra de JORGE ARMANDO MARTÍNEZ DÍAZ, por el delito de falsedad en documento público agravada por el uso, ante el Juzgado 16 Penal del Circuito Ley 600 de Bogotá, culminó con sentencia condenatoria el 12 de diciembre de 2007, decisión que quedó ejecutoriada tras su pronunciamiento, motivo por el cual la autoridad encausada remitió las diligencias a los juzgados de ejecución de penas para la vigilancia de la sanción de 36 meses impuesta.

El extinto Juzgado 106 de dicha especialidad, con auto del 21 de marzo de 2013, extinguió la pena por prescripción y ofició a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, el actor reclamó el documento de paz y salvo y pidió el ocultamiento del trámite penal, petición que asumió el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y resolvió mediante proveído del 1º de marzo de 2018,de manera favorable a la pretensión del petente; en dicho documento señaló que “MARTINEZ DÍAZ no es requerido dentro del presente radicado y se encuentra a paz y salvo” y dispuso el ocultamiento del proceso, como así lo cumplió el personal administrativo del centro de servicios desde el año 2018.

Lo anterior, fue comunicado en debida forma al interesado a quien se le remitió la decisión y el certificado requerido, a la dirección que reportaba en el expediente judicial.

No obstante, ahora el demandante predica la vulneración de sus derechos ante la supuesta omisión de las autoridades que conocieron del expediente en las diferentes fases del proceso, pero, como acaba de explicarse, y así lo concluyó el a quo, la violación de las prerrogativas constitucionales es inexistente, pues desde años atrás se evidencia la gestión de los funcionarios demandados, acorde con la situación jurídica del hoy accionante y, con ocasión de esta tutela, de hecho, el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad remitió nuevamente el documento en comento al correo electrónico suministrado en la demanda.

Fíjese que el asunto se concentra en la contestación o no del escrito radicado por MARTÍNEZ DÍAZ, reiterando la expedición del paz y salvo y el ocultamiento del proceso, ante el Juzgado 16 Penal del Circuito – Ley 600; sin embargo, en la vinculación que se hiciera también al homólogo 16 con función de conocimiento del sistema acusatorio, éste explicó que allí no reposa petición alguna y anotó que el correo del despacho accionado es pcto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y no como lo sostiene el impugnante que remitió a la dirección electrónica ejcp16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De ahí que razón le asistió al juzgado en expresar el desconocimiento del documento, pues resulta lógico que al haber errado el peticionario en lo relativo al e-mail al cual dirigió el escrito, no obtuviera la respuesta requerida del funcionario encausado.

En esas condiciones, de las intervenciones de las precitadas no se colige la lesión del derecho de postulación como parte integrante del debido proceso del gestor, acorde con las reglas previstas por la jurisprudencia constitucional que imponen la carga mínima de acreditar la radicación del documento ante la autoridad de la que reclama respuesta, obligación que no cumplió en este caso el actor.

Con todo, a pesar del descuido puesto de presente, el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad llamado a estas diligencias, se reitera, remitió la documentación pedida a través de este mecanismo de protección y ratificó que desde el año 2018 se ocultó a la vista pública el proceso por el cual resultó condenado MARTÍNEZ DÍAZ en el año 2007.

Así las cosas, se confirmará, por tanto, la sentencia de primera instancia impugnada.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 25 de octubre de 2021, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que negó por improcedente la acción propuesta por JORGE ARMANDO MARTÍNEZ DÍAZ, por las razones anotadas en precedencia.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

STP17826-2021

salapenalcronologico — Fri, 22 Dec 2023 21:40:20 +0000

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS 2

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente

STP 17826 -2021

Radicado 120598

Acta No. 306

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS:

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Los hechos fueron resumidos por el tribunal a quo de la siguiente manera:

TRÁMITE DE LA ACCIÓN:

Por auto del 15 de octubre de 2021, la Corporación de primera instancia admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades previamente mencionadas.

En punto al objeto de la acción, refirió que, contrario a lo sostenido por la parte actora, no recibió petición alguna orientada a la cancelación del registro del antecedente que se generó en virtud de la condena antes referida; “no obstante se aprecia que el accionante formuló una petición a una dependencia diferente a este Estrado, porque no ha elevado solicitud actual a este Juzgado en el sentido que ahora se analiza dentro de esta acción superior”.

Adujo que el 1º de marzo de 2018 remitió el documento de paz y salvo al actor, a la calle 12A No. 20-29 Bloque 2 Manzana 10 Apto 202 de Funza; además, ordenó el ocultamiento del proceso.

Con todo, en virtud de este trámite constitucional, el pasado 20 de octubre remitió una vez más el certificado reclamado al correo electrónico jorgearmandomartinez2511@hotmail.com.

En sustento de sus afirmaciones, acompañó el informe con la documentación ya referida.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

El extinto Juzgado 106 de dicha especialidad, con auto del 21 de marzo de 2013, extinguió la pena por prescripción y ofició a las autoridades correspondientes.

Lo anterior, fue comunicado en debida forma al interesado a quien se le remitió la decisión y el certificado requerido, a la dirección que reportaba en el expediente judicial.

Así las cosas, se confirmará, por tanto, la sentencia de primera instancia impugnada.

RESUELVE:

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria