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GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
STP9059-2023
Radicación No. 132372
Acta No 161
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por la accionante Adelaida del Carmen Maurno Cisneros, a través de apoderada, contra el fallo de 24 de julio de 2023 de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual negó la acción de tutela promovida en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, dignidad, vivienda digna y debido proceso.
LA DEMANDA
Los fundamentos de la petición de amparo los compendió la Sala a quo en los siguientes términos:
Se extracta de la demanda y sus anexos que, la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio adelantó un proceso de Extinción de Dominio (Rad. 110013107001-2017-016-1) sobre múltiples bienes, entre ellos, [los identificados con] las matrículas inmobiliarias núm. 410 – 30960 y 410 – 24922, propiedades de la señora Adelaida del Carmen Maurno.
Indicó la apoderada de la actora que, el 24 de febrero de 2006, la referida Fiscalía profirió Resolución de Inicio y decretó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la totalidad de bienes investigados.
Señaló que, las diligencias fueron enviadas ante los Juzgados de Extinción de Dominio de Bogotá, correspondiéndole por reparto al Primero de esa especialidad, quien, el 26 de enero de 2018, entre otras cosas, declaró la no extinción de dominio de los inmuebles de la accionante; igualmente que, dicho proveído que fue objeto de apelación por el apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, siendo conocido por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, la cual, el 24 de junio de 2021, confirmó la referida decisión1.
Mencionó que, [el] 12 de noviembre de 2021, el citado Juzgado expidió constancia de ejecutoria, por lo cual, el 22 de noviembre siguiente, la demandante radicó múltiples derechos de petición ante la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. para que diera cumplimiento a las órdenes judiciales proferidas dentro del proceso de Extinción de Dominio, emitiera el acto administrativo para la devolución de los bienes, realizara el análisis detallado sobre la productividad de los mismos y llevara a cabo la entrega de esos dineros a favor de la tutelante, saneando en debida forma los predios respecto del pago de servicios públicos de agua, luz, gas y administración, impuestos y demás.
Aclaró que, mediante Resolución núm. 289 del 8 de marzo de 2022, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. dio cumplimiento parcialmente a la sentencia judicial y ordenó el saneamiento del predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 410 – 24922; sin embargo, no mencionó la matrícula núm. 410 – 30960.
Manifestó que, el 7 de abril y 6 de septiembre de 2022, presentó derechos de petición ante la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. solicitándole que iniciara el trámite de devolución del último bien en mención, pagara la productividad del mismo y emitiera el respetivo acto administrativo, para acatar totalmente la decisión del proceso.
Adujo que, el 26 de abril de 2022, la multicitada sociedad le puso de presente a la actora que había incluido el aludido inmueble en la base de bienes objeto de devolución, para que se gestionara lo correspondiente, pero en contestación del 21 de septiembre de 2022, incurrió en una contradicción, pues indicó que estaba validando el estado jurídico de la propiedad, mediante la solicitud del expediente ante los Juzgados, sin que hasta la fecha hubiera efectuado la entrega de la matrícula inmobiliaria núm. 410 – 30960, dilatándola de manera injustificada.
Finalmente resaltó que, la casa se encontraba en un estado lamentable de deterioro y ruinas por la falta de mantenimiento e intervención, poniendo en riesgo la integridad de la estructura y de las personas que transitaban cerca; así mismo que, no contaba con otro mecanismo de defensa ante las inconsistencias presentadas.
Por lo anterior, considera que existe una vulneración de sus derechos fundamentales de petición, dignidad, vivienda digna y debido proceso y solicita que se le ordene a: 1) la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. que: (i) entregue el multicitado predio, debidamente saneado y con el respectivo análisis de devolución de productividad y (ii) brinde respuesta de fondo sobre todas las peticiones efectuadas; 2) al Juzgado Primero de Extinción de Dominio de Bogotá que, remita el expediente o las piezas procesales que requiera la citada sociedad.
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo con fundamento en que la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., se encontraba en revisión y aprobación del acto administrativo correspondiente al procedimiento de devolución del inmueble de matrícula No. 410-30960, luego de lo cual, indicó dicha autoridad, que se efectuaría su numeración y comunicación a la interesada.
Bajo tales razones, valoró el A quo que la entidad demandada, adelanta actualmente las gestiones para acatar la orden impuesta sobre la propiedad de la tutelante, por lo cual, no se evidencia una vulneración de sus derechos fundamentales, en razón de que el trámite de devolución y entrega de los bienes bajo su administración implica que se agoten diversas fases para la comprobación, estudio y verificación del estado de los mismos, tanto físico como financieramente.
Sin embargo, requirió a la SAE con el objeto de que le imprima celeridad al trámite de devolución y entrega del referido predio, en el menor tiempo posible.
De igual manera consideró que la SAE no ha omitido emitir respuesta a cada una de las solicitudes de la demandante.
LA IMPUGNACIÓN
Fue interpuesta y sustentada por la abogada de la promotora, argumentando que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá impone a la accionante cargas que no debe soportar, en tiempo y obstáculos administrativos.
Sobre ello, destacó que el 26 de julio de 2021 cobró ejecutoria la sentencia mediante la cual se decretó la improcedencia de la extinción del dominio en favor de su representada, y a pesar de que han transcurrido seis años desde el inicio del proceso y más de dos desde que se culminó este limitándose la disposición sobre el inmueble, no se ha hecho entrega del inmueble No 410-30960.
Insistió en que ha reiterado su solicitud de entrega del inmueble de matrícula No, 410-30960 junto con el correspondiente análisis de productividad2, a la que adjuntó los fallos de primera y segunda instancia y la constancia de ejecutoria, documentación necesaria para pronunciarse de fondo sobre la entrega del inmueble; no obstante, la demandada siempre responde que se encuentra «adelantando las gestiones pertinentes para darle cumplimiento a la orden impuesta sobre la titularidad de la tutelante».
En ese contexto, solicita la revocatoria del fallo de primer grado para que se acceda a la dispensa protectora, de forma similar a lo resuelto en CSJ STP14552-2022, Rad. 126484, 13 oct. 2022, y que se acceda a su petición de amparo, para ordenarle a la SAE que proceda a realizar la devolución del inmueble de matrícula 410-30960, debidamente saneado respecto de los servicios públicos domiciliarios, administración e impuestos.
De forma subsidiaria, insiste, en que se le ordene al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Domino de Bogotá remita el expediente a la SAE, para que de forma coordinada se ordene la entrega del inmueble.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
2. Es en esencia la acción de tutela un mecanismo residual y subsidiario que sólo procede ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en la ley.
3. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, de acuerdo con la impugnación presentada por la abogada de la accionante, el problema jurídico consiste en determinar si el A quo acertó en negar la acción de tutela presentada por Adelaida del Carmen Maurno Cisneros, en contra de la Sociedad de Activos Especiales- SAE S.A.S, a través de la que se reclama la entrega definitiva del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 410-30960.
Asimismo, determinar si resulta procedente, en ese propósito, impartirle alguna orden al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Domino de Bogotá, para que envíe el expediente del proceso rad. 110013107001-2017-016-1 a la SAE.
3.1. Lo anterior, dado que el A quo negó la solicitud de amparo, por considerar que la SAE no ha vulnerado los derechos de la accionante, al responder todas sus peticiones y efectuar las gestiones necesarias para proceder a la devolución del inmueble cuya reintegración se dispuso en decisión judicial.
Consideración que no comparte la impugnante, en tanto reclama que debe procederse con la entrega inmediata del mismo, en la medida que desde 26 de julio de 2021 cobró ejecutoria la determinación que declaró improcedente la acción de extinción de dominio que lo afectó; por lo que pretende que la SAE i. emita el acto administrativo que decida sus solicitudes de entrega de aquel, al igual que, ii. efectúe un análisis detallado de su productividad (por concepto de arriendos) y realice su devolución a favor de la propietaria, y que iii. proceda a sanear el inmueble, en relación con el pago de servicios públicos, administración e impuestos.
O en su defecto, se disponga al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Domino de Bogotá, remitir las copias de la actuación que resulten necesarias para culminar el trámite.
4. De los antecedentes del asunto y lo probado en este trámite.
4.1. De acuerdo con los informes y documentos allegados a este proceso preferente, se conoce que la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio adelantó un proceso de esa especialidad, bajo el régimen procesal de la Ley 793 de 2002 (Rad. 2017-016-1), contra los inmuebles de matrículas No. 410 -30960 y No. 410- 24922, de los que es propietaria Adelaida del Carmen Maurno Cisneros, los cuales fueron afectados con las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, conforme con la Resolución del 24 de febrero de 2006.
4.2. Mediante Resolución de 28 de octubre de 2016, la delegada fiscal declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio respecto de la totalidad de bienes perseguidos. En ese estado de cosas, se remitió el asunto al Juzgado Primero de Extinción de Dominio de Bogotá para dictar sentencia, proceso que asumió el 28 de marzo de 2017.
4.3. En fallo de 26 de enero de 2018, el Juzgado citado declaró la no extinción de dominio de la mayoría de los inmuebles perseguidos, incluidos los de la aquí actora, al encontrar que conforme lo expuso la Fiscalía, no se acreditó el origen ilícito de estos, ni que tuvieran relación con actividades del Ejército de Liberación Nacional – ELN.
Particularmente, en relación con los bienes de la accionante, encontró que «fue prescrita a su favor la acción penal que dio lugar a iniciar el presente trámite en contra de sus bienes, de los informes rendidos dentro de las presentes diligencias se determinó la titularidad sobre los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria Nº 410-30960 y Nº 410-24922 [fueron] adquiridos mediante compraventa en los años 1995 y 1997 respectivamente» a través de medios lícitos, como la adquisición de créditos y sus actividades comerciales en la venta de productos farmacéuticos, medicinales y de odontología, «por lo que inicialmente se puede afirmar que la compra se realizó mucho antes de verse vinculada con participación en actividades ilícitas y su colaboración con los miembros ilegales en el año 2003.»
4.4. Apelada esa determinación por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del 24 de junio de 2021 la confirmó, pero, aclarando, que «el sentido de la providencia materia de estudio consistió en resolver la improcedencia de la acción y no la declaratoria de no extinción del derecho dominio».
4.5. Retornado el expediente al juzgado de primera instancia, éste emitió constancia de ejecutoria del fallo a partir de 26 de julio de 2021.
4.6. El 22 de noviembre de 2021, la accionante solicitó a la SAE, expidiera el acto administrativo que ordena la devolución de los bienes y efectuara el análisis detallado sobre la productividad, llevara a cabo la entrega de esos dineros a su favor y saneara los predios respecto del pago de servicios públicos de agua, luz, gas, administración, e impuestos.
4.7. Mediante Resolución de 8 de marzo de 2022, la SAE dio cumplimiento parcial a la sentencia y ordenó el saneamiento del predio identificado con matrícula No. 410 -24922, pero dejó a un lado al de matrícula No. 410-30960.
4.8. Por tal omisión, la accionante insistió ante la SAE en su solicitud de devolución, ahora respecto del inmueble de matrícula No. 410-30960, mediante escritos de 7 de abril y 6 de septiembre de 2022.
4.9. Al momento de presentarse la demanda de tutela, se tenía conocimiento de que mediante respuesta de 26 de abril de 2022, la SAE informó a la accionante de que incluyó el inmueble en la base de bienes objeto de devolución para gestionar ese trámite. Asimismo, en nueva respuesta de 21 de septiembre posterior, agregó que se encontraba validando el estado jurídico de la propiedad, para lo cual solicitó el expediente al juzgado de conocimiento, razón en la cual justificó que para esa época no efectuara aún la entrega.
4.10. Con fundamento en los descritos pormenores, el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de amparo en este trámite, al considerar ausente la vulneración de los derechos de la quejosa.
4.11. Ahora, con el objeto de actualizar el estado del procedimiento administrativo adelantado por la SAE, respecto del inmueble No 410- 30960, la Sala requirió a dicha autoridad, en correo de 14 de los corrientes.
En respuesta del mismo día -recibida por correo electrónico-, la SAE informó a la Corte lo siguiente:
«Respetados magistrados (…) Mediante Resolución No. 338 del 12 de julio de 2023, “Por medio de la cual se da cumplimiento a una orden judicial de devolución de unos activos”, se ordenó la devolución de los folios con matrícula inmobiliaria (sic) No 410-30960 y 410-38258 de propiedad de Adelaida del Carmen Maurno Cisneros y Albeiro Vanegas Osorio, respectivamente.
Ahora bien, dicha Resolución se encuentra surtiendo las etapas de comunicación y notificación de conformidad con lo dispuesto en la misma, para lo cual se adjunta copia de las comunicaciones y citaciones efectuadas en cumplimiento del citado acto administrativo.» (Énfasis de la Corte)
Adjuntos al mensaje de datos, la SAE allegó a esta actuación sumaria, los siguientes documentos:
i. Copia de la Resolución No. 338 de 12 de julio de 2023, en la cual la SAE resolvió:
«ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO A LA DECISIÓN impartida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá el veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018) dentro del radicado 110013120001-2017-00016-01 ED, mediante la cual resolvió la no extinción (sic) del derecho de dominio respecto de los bienes inmuebles identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 410-30960 y 410-38258 de propiedad de Adelaida del Carmen Maurno Cisneros y Albeiro Vanegas Osorio, respectivamente; decisión confirmada por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio, a través de pronunciamiento del veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021).
ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a la Gerencia Regional Centro Oriente realizar la entrega de los bienes inmuebles objeto del presente acto administrativo, para lo cual deberá efectuar las actividades tendientes a la materialización de la entrega y el efectivo cumplimiento de la orden judicial de devolución en favor de sus propietarios de conformidad con lo ordenado por la autoridad judicial, y/o de quien acredite la calidad de propietario respecto a los citados activos: (410-30960 de propiedad de Adelaida del Carmen Maurno Cisneros).
(…)
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Gerencia Financiera de esta Sociedad, que proceda con la expedición del estado de cuenta del bien identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 410-30960 y No 410-38258, con el fin de que se determine su productividad.
En el caso de que existan recursos generados por la productividad de los bienes inmuebles objeto de devolución, estos deberán ser entregados en favor de sus propietarios de conformidad con lo ordenado por la autoridad judicial, y/o de quien acredite la calidad de propietario respecto a los citados activos: • 410-30960 de propiedad de Adelaida del Carmen Maurno Cisneros (…)
ARTÍCULO CUARTO: SOLICITAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Arauca para efectos de cancelar la medida de administración en el siguiente registro: (…)
(…)
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR al Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial el contenido del presente acto administrativo, a fin de que en el evento de existir proceso judicial relacionado con el bien objeto del presente acto, en el cual la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., sea parte, se proceda con la cesión de los derechos litigiosos en favor del beneficiario de la orden judicial de devolución y la notificación de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR por parte de la Vicepresidencia Jurídica el presente acto administrativo así: (…)
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo por intermedio de la Gerencia Regional Centro Oriente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, así: • A la beneficiaria de la orden de devolución, señora Adelaida del Carmen Maurno Cisneros (…)
PARÁGRAFO 1: Para efectos de lo anterior, el área de comunicaciones citará a las personas identificadas en el presente artículo, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la citación concurran a notificarse personalmente; así • A la beneficiaria de la orden de devolución, señora Adelaida del Carmen Maurno Cisneros, a través de su apoderada judicial Edna del Carmen Benítez Casanova en la dirección Carrera 7ª #24-89 Piso 37 Oficina 3704 en la Ciudad de Bogotá D.C., y al correo electrónico derechoyjusticiainfo@gmail.com (…).
PARÁGRAFO 2: En caso de desconocer la dirección, número de fax o correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, de cualquiera de los anteriores, se citará para la notificación personal a través de la página web de la Entidad www.saesas.gov.co; por un término de cinco (05) días de conformidad con el artículo 68 de Ley 1437 del 2011. (…)» (Negrillas originales, subrayado de la Corte)
ii. Siete memorandos de 25 de julio de 2023 (20233010065873, 20233010064733, 20233010065913, 20233010065903, 20233010065893, 20233010065863 y 20233010065853) mediante los cuales la Coordinadora GIT de Asignación y Recuperación de Activos y Cumplimiento de Órdenes Judiciales de la SAE, ordena comunicar la Resolución No. 338 de 12 de julio de 2023; e informa de esta a la Gerencias Comercial, Financiera, de Bienes Inmuebles Rurales y de Bienes Inmuebles Urbanos, y a la Gerencia Regional Centro Oriente, todas de la SAE.
iii. Los oficios de 25 de julio de 2023, dirigidos a la Fiscalía, a la accionante Maurno Cisneros, al Juzgado de conocimiento y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Arauca, mediante los cuales se remite copia de esa Resolución y solicita, a la última, que inscriba el acto administrativo en el registro inmobiliario del inmueble.
iv. El oficio de 25 de julio de 2023, mediante el cual la referida Coordinadora requiere a la accionante para que comparezca dentro de los cinco días siguientes, a las oficinas de la SAE en Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla, a diligencia de notificación personal de la Resolución No. 338 de 24 de julio de 2023, advirtiéndole que, de no presentarse, se procederá a su notificación mediante aviso (conforme con los Arts. 68 de la Ley 1437 de 2011 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
4.12. Vistos los referidos anexos y ante la ausencia de respuesta de la accionante, la Sala procedió el 15 de agosto de 2023, una vez más, a solicitar información complementaria a la SAE con relación a dos aspectos puntuales: i. sobre la acreditación de las comunicaciones tanto a la demandante como a las múltiples autoridades y gerencias, a quienes, indicó, fueron dirigidos sendos oficios y memorandos de 25 de julio de 2023, con el propósito de comunicar la Resolución No. 338 de 24 de julio de 2023; y ii. acerca del acatamiento de las órdenes de los numerales segundo y tercero de dicho acto, por parte de la Gerencia Regional Centro Oriente y la Gerencia Financiera de la SAE (Cfr. Acápite 4.11-i).
En respuesta de ello, la SAE, mediante correo electrónico de 17 de agosto de 2023, informó:
i. Que mediante comunicación del 25 de julio de 2023 con radicado ORFEO No. 20233010294871, envío citación a la apoderada de Adelaida del Carmen Maurno Cisneros, para notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. 338 del 24 de julio de 2023, respecto de lo cual, adjuntó copia de esa comunicación.
Esa citación, indica, fue enviada por correo certificado a través de la empresa de mensajería Servicios Postales Nacionales 4-72, a la dirección de la apoderada, registrada en el oficio de citación, no obstante, esta fue devuelta por la causal “Cerrado” en dos intentos de entrega, de fechas 31 de julio y 1º de agosto de 2023, de lo cual aportó copia.
Explicó que, de igual forma, el 28 de julio de 2023 envió citación al correo electrónico registrado en la actuación (derechoyjusticiainfo@gmail.com) desde el correo saesas@saesas.gov.co saesassacitación que fue efectivamente recibido y revisado por el destinatario el mismo día, lo que acreditó con imagen tanto de la recepción del mensaje de datos como de su apertura.
Sin embargo, agregó, la apoderada de la beneficiaria de la Resolución No. 338 del 2023 no ha comparecido para surtir la notificación. De cualquier forma, indicó que, mediante el correo de atención al ciudadano se recibió un correo el 27 de julio de 2023, por el cual se dio por notificada la apoderada.
Por tales motivos solicitó a través de correo electrónico a la profesional, que: «para poder llevar a cabo el trámite correspondiente de la notificación del Acto Administrativo, le solicitamos nos adjuntó (sic) el poder especial donde [Adelaida del Carmen Maurno Cisneros] la faculte para efectos de notificación de los actos emitidos por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.»
En conclusión, indica que «en vista [de] que la apoderada no compareció a la diligencia de notificación, ni ha aportado el poder [especial] para surtir la notificación personal, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011» se procedió con la notificación por aviso, el 16 de agosto de 2023, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ii. Dicho acto, observa la Sala, se encuentra surtiendo su correspondiente trámite en la página institucional de la SAE, el cual corre por diez días, es decir hasta el 30 de agosto de 2023, como se observa en la constancia de la comunicación por aviso3:
iii. Asimismo se refirió en el mencionado informe que, respecto a la gestión de la Gerencia Regional Centro Oriente, dicha autoridad no ha podido realizar el trámite de devolución del inmueble, por cuanto, «como se indicó anteriormente el beneficiario y/o apoderado de la decisión no se ha notificado del acto administrativo, lo que es necesario para dar cumplimiento a los términos establecidos (…) para proceder con la respectiva devolución. Acorde con lo anterior, la Gerencia Financiera, conforme al procedimiento P-GF2-241 Procedimiento Generación Estados de Cuenta y Productividad la solicitud no cumpliría con los requisitos mínimos para la generación del estado de cuenta dado que, no se ha realizado la entrega real y material del bien inmueble con matrícula inmobiliaria 410-30960 a la propietaria Adelaida del Carmen Maurno Cisneros. Sin la entrega real y material la gerencia financiera no puede dar cumplimiento de las órdenes impartidas en la Resolución 338 de 24 de julio de 2023, en cuanto la parte (sic) de emitir el estado de cuenta». (Negrillas del escrito)
iv. Por lo expuesto, la SAE considera que ha realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la orden devolución del inmueble de matrícula No 410 – 30960.
5. De la ausencia de vulneración de las garantías fundamentales de Adelaida del Carmen Maurno Cisneros, en el trámite de devolución del inmueble de matrícula No 410 – 30960.
5.1. De conformidad con la anterior reseña, la Corte advierte que la SAE ya definió de fondo la solicitud de devolución del bien que por alrededor de dos años persiguió la accionante, lo que de entrada da cuenta de la no necesidad de intervención del juez constitucional sobre este tópico, por cuanto ya expidió la Resolución 338 del 12 de julio de 2023 que resuelve la postulación inicial de la promotora, a diferencia de lo ocurrido en el caso desarrollado en el precedente de esta Sala, CSJ STP14552-2022, Rad. 126484, 13 oct. 2022, en el que se protegió el derecho fundamental de petición ante la no existencia de decisión administrativa de fondo.
Asimismo que, en aras de lograr la debida notificación del acto administrativo, a quien se anuncia como apoderada, la Sociedad de Activos Especiales, envió las correspondientes citaciones para que se notificara de manera personal e, incluso, se cuenta con comunicación en la que la profesional afirma darse por notificada de la Resolución No. 338 del 2023, que ordena la devolución del inmueble.
Quedando solo pendiente que esta aporte el correspondiente poder que la faculte para recibir el bien objeto de reclamo, sin que se tenga información del acatamiento de dicho requerimiento.
A lo que se suma que, de manera paralela, se está cumpliendo con el trámite de notificación por aviso dispuesto en la Ley 1708 de 2014, frente a la titular directa del bien y acá accionante, ello para igualmente proceder con la entrega del inmueble a quien resultó favorecida con el fallo por el cual se liberó este de la acción de extinción de dominio.
Lo que permite sostener que, en el estado actual de cosas, la Corte no observa transgresión alguna a los derechos fundamentales de Adelaida del Carmen Maurno Cisneros, en la medida que se está culminando con las gestiones finales para materializar la orden judicial.
Ya que, si bien a la fecha no se ha logrado esa entrega del inmueble a la accionante por parte de la SAE -pretensión por la que acude en últimas a la tutela-, ello se explica en las vicisitudes que han surgido en el trámite de la notificación de la Resolución No. 338, tanto frente a apoderada como a la directa beneficiaria, y la falta de poder de la primera que le permite agenciar los derechos en lo que resta del trámite, en particular, para la entrega material.
Luego se espera que, una vez finalicen los referidos trámites, en particular, la notificación por aviso de la Resolución 338 de 24 de julio de 2023, con fecha 16 de agosto de 2023 que se publicó por el término de diez días en la página de la entidad, proceda la SAE a la entrega del inmueble a la beneficiaria, conforme lo dispuesto en las sentencias de 26 de enero de 2018 y 24 de junio de 2021.
De igual forma, tampoco se advierte que los derechos de la accionante se encuentren comprometidos en relación con la emisión de su estado de cuenta, por parte de las Gerencias Regional Centro Oriente y Gerencia Financiera de la SAE, a favor de la promotora, en tanto, que, como lo advierte la demandada, esas diligencias dependen de que se haya realizado la notificación personal de la propietaria del predio (Procedimiento Generación Estados de Cuenta y Productividad – P-GF2-241).
Por las anteriores razones no se dispensará el amparo constitucional deprecado, sin embargo, la Sala no puede desconocer que la actuación que se relacionó de manera previa se dio luego de que la interesada elevara varias peticiones y que trascurriera más de dos años desde la ejecutoria de la sentencia, tiempo que se considera excesivo si en cuenta se tiene las respuestas que entregaba la SAE a la peticionaria, esto es, la necesidad de obtener unas copias y la necesidad de realizar algunos estudios de tipo jurídico y contable, de los cuales no entregó detalles.
Por ello, aun cuando no se desconoce que la SAE debe acatar su procedimiento interno, éste no puede mostrarse injustificado máxime cuando ya una autoridad judicial definió la situación jurídica del bien, en sentencia debidamente ejecutoria y de obligatorio cumplimiento por parte de la demandada, pues la dilación en ese trámite puede ocasionar perjuicios sobre el legítimo propietario del bien que reclama la entrega del mismo una vez se determinó, como en este caso, su legal adquisición.
Razón por la cual, la Corte exhortará a la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. para que, por intermedio de sus Gerencias Regional Centro Oriente y Gerencia Financiera, una vez se surta el acto de comunicación mediante aviso de la Resolución No. 338 del 12 de julio de 2023, en el menor tiempo proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias de 26 de enero de 2018 y 24 de junio de 2021, del Juzgado Primero del Circuito Especializado de Extinción de Dominio y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, y los numerales segundo y tercero del mentado acto administrativo.
5.2. Ahora, frente a las pretensiones de la impugnante en punto de que se le ordene a la SAE que efectúe el análisis detallado de su productividad (por concepto de arriendos), realice su devolución a favor de la propietaria y que proceda a sanear el inmueble, en relación con el pago de servicios públicos, administración e impuestos, considera la Sala que tales aspectos se encuentran atados al trámite que actualmente adelanta la SAE, respecto de la Resolución No. 338 del 12 de julio de 2023, cuya comunicación se encuentra en curso.
Aunado a que consiste en una postulación respecto de la cual la acción de tutela es improcedente, en la medida que este no es el medio idóneo para zanjar litigios de índole patrimonial, ni para desconocer los escenarios procesales en los que la parte actora puede exponer y validar sus pretensiones (Cfr. CSJ STP8615-2021, rad. 117263, 24 jun. 2021).
6. Finalmente, en relación con la pretensión dirigida a que se le ordene al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá que remita las piezas procesales del radicado 110013107001-2017-016-1, expuesta tanto en la demanda como en la impugnación, a partir del análisis que precede, se observa innecesario emitir cualquier pronunciamiento.
7. Con fundamento en los considerandos desarrollados en esta providencia, la Sala confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: CONFIRMAR el fallo impugnado.
Segundo: EXHORTAR a la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. para que, por intermedio de sus Gerencias Regional Centro Oriente y Gerencia Financiera, una vez se surta el acto de comunicación mediante aviso de la Resolución No. 338 del 12 de julio de 2023, en el menor tiempo proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias de 26 de enero de 2018 y 24 de junio de 2021, del Juzgado Primero del Circuito Especializado de Extinción de Dominio y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, y los numerales segundo y tercero del mentado acto administrativo.
Tercero: NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
GERSON CHAVERRA CASTRO
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Anota la Corte que, en la sentencia de segunda instancia, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la providencia impugnada, el 26 de enero de 2018, en el sentido de aclarar que la decisión correspondía, no a negar la extinción, sino a declarar la improcedencia de la acción de extinción de dominio.
2 En peticiones de 22 de noviembre de 2021, 7 de abril, 2 de junio y 6 de septiembre de 2022.
3Cfr.https://www.saesas.gov.co/atencion_servicios_ciudadania/informacion_ciudadano/comunicacion_resoluciones/publicacion_resolucion_no_338_de_12/constancia_publicacion_resolucion_124233