LEY 1 DE 1974

(Junio 3)

Orgánica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y por la cual se dictan otras disposiciones relacionadas con el Servicio Exterior.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 2. Para ser miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se requiere haber desempeñado alguno de los siguientes cargos: Presidente de la República, Ministro de Relaciones Exteriores, Secretario General de la Chancillería, Director del Instituto de Estudios Internacionales, Jefe de una Misión Diplomática de carácter permanente, o ser o haber sido profesor de Derecho Internacional, o poseer un título universitario con especialización de Derecho Internacional otorgado por una Universidad reconocida por el Estado.

Artículo 3. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional y en ese carácter estudiará los asuntos del Ramo de Relaciones Exteriores que el Gobierno someta a su consideración, y emitirá concepto sobre ellos.

El dictamen de la Comisión no será obligatorio para el Gobierno.

Artículo 4. El Concepto de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores versará principalmente sobre los siguientes asuntos:

a) Negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos;

b) Programas de las Conferencias Internacionales e instrucciones que deban darse a los representantes del país en tales Conferencias;

c) Proyectos de ley sobre las materias relacionadas con el Ramo de Relaciones Exteriores;

d) Límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial y zona contigua y plataforma continental, y

e) Declaración de guerra, medidas para la seguridad exterior de la República y Tratados de Paz.

Parágrafo 1. La Comisión Asesora actuará como Comisión Permanente para la Codificación del Derecho Internacional y , así mismo, preparará proyectos de ley sobre materias internacionales y servicio exterior, a solicitud del Gobierno.

Parágrafo 2. Para el estudio y consideración de los puntos a que se refieren los ordinales d) y e) de este artículo, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores deberá oír al Ministro de la Defensa Nacional o a otro miembro de la Fuerzas Armadas en servicio activo que éste designe.

Artículo 5. Además de sus funciones como entidad consultiva del Gobierno, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de la Carrera Diplomática y Consular. El Ministro de Relaciones Exteriores cooperará en esa tarea y pondrá a disposición de la Comisión los elementos que pueda necesitar para desempeñarla.

Artículo 6. El ejercicio del cargo de miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es incompatible con la representación, agencia o asesoría de entidades de Derecho Público, de entidades internacionales y extranjeras, de personas de cualquier nacionalidad, cuando tales entidades o personas tengan intereses que se relaciones con asuntos que sean de la competencia de la Comisión.

Artículo 7. El período de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es el mismo de los miembros de las Cámaras que los hayan elegido, pero continuarán en el ejercicio de su funciones mientras no sean reemplazados.

Artículo 8. El Gobierno señalará los honorarios de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que no sean miembros del Congreso y creará los cargos, con sus respectivos emolumentos, que sean necesarios para su funcionamiento.

Artículo 10. Los Auditores y Subauditores de la Contraloría General de la República de carácter permanente en el Exterior que desempeñen estas funciones por más de dos años, tendrán los derechos y prerrogativas que la legislación colombiana reconoce a los funcionarios del Servicio Consular de la República.

Artículo 11. Esta Ley rige desde su sanción y deroga todas las disposiciones sobre la materia y las que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.E., a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

El Presidente del honorable Senado, HUGO ESCOBAR SIERRA.-El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, DAVID ALJURE RAMIREZ.-El Secretario General del honorable Senado, Amaury Guerrero.-El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Néstor Eduardo Niño Cruz.

Cámara de Representantes.-Secretaría General.

Congreso Nacional.-Secretaría.

Bogotá, D.E., mayo 27 de 1974.

Recibido que ha sido en la fecha el expediente contentivo de la Ley “Orgánica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y por la cual se dictan otras disposiciones relacionadas con el Servicio Exterior”, enviado por el ejecutivo mediante Oficio 6993, de 12 de mayo del año en curso, lo paso al Despacho del señor Presidente del Congreso a fin de que se proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución Nacional.

Senado de la República.-Secretaría General.

El Secretario del Congreso, Amaury Guerrero.

República de Colombia.-Congreso Nacional.

Bogotá, D.E., junio 3 de 1974.

Publíquese y ejecútese.

Senado de la República.-Presidencia.

El Presidente del Congreso, HUGO ESCOBAR SIERRA.

Senado de la República.-Secretaría General.

El Secretario del Congreso, Amaury Guerrero.

República de Colombia.-Presidencia.

6993

Bogotá, D.E., mayo 17 de 1974.

Señor doctor

HUGO ESCOBAR SIERRA

Presidente del honorable Senado de la República.

E.S.D.

Con oficio número 015, de febrero 26 de 1974, fue remitido por esta alta corporación para la sanción ejecutiva el proyecto de Ley “Orgánica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y por la cual se dictan otras disposiciones relacionadas con el Servicio Exterior”, proyecto este al que el Gobierno Nacional en Oficio 25682 de diciembre 28 de 1971 objetó por razones de inconveniencia sus artículos 1 y 10, con la seguridad de que esas honorables Cámaras tendrían en cuenta las consideraciones planteadas con buen juicio por el Ejecutivo. Pero nos encontramos frente a otra realidad. El Congreso en sesiones de los días 20 de septiembre de 1972, 7 y 28 de noviembre y 9 de diciembre de 1973, decidió declarar infundadas las justas razones expuestas por el Ejecutivo, dejándolo así sin ninguna representación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

El Gobierno sigue sosteniendo que siendo el Jefe del Estado el director de las relaciones internacionales del país, como lo establece el artículo 120, numeral 20 de la Constitución, resulta incongruente la existencia de un cuerpo asesor sin ninguna representación suya, inclusive impracticable, ya que tratándose de asuntos internacionales no podría actuar la mencionada Comisión con desconocimiento de la informaciones de que dispongan el Jefe de Estado y su Ministro de Relaciones Exteriores en los diferentes asuntos.

De otra parte, y tal como se anota en el mensaje de objeciones, resulta apenas lógico que el Gobierno para el cumplimiento de una función constitucional reclame su presencia en un organismo que tienen carácter de cuerpo consultivo justamente en materias que se relacionan con la política exterior de la República.

Por la razones anteriores, sumadas a que en el caso del proyecto que se analiza la oportunidad de formular objeciones se halla agotado y a que las disposiciones de la Reforma Constitucional de 1968, a más de obligarnos jurídicamente, comprometen nuestra responsabilidad personal y política de manera especial, el Gobierno se ve en la obligación de abstenerse de sancionar el proyecto de ley “Orgánica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y por la cual se dictan otras disposiciones relacionadas con el Servicio Exterior”, y devolvérselo a su Señoría para que tome las providencias señaladas en el artículo 89 de la Constitución.

Del Señor Presidente del Honorable Senado, atentamente,

MISAEL PASTRANA BORRERO

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa

Senado de la República.-Presidencia.

Bogotá, D.E., junio 3 de 1974.

Señor doctor

MISAEL PASTRANA BORRERO

Presidente de la República

Casa de Bolívar

Señor Presidente:

Respetuosamente me refiero a su Oficio número 6993 de mayo 17 de 1974, que culmina en los siguientes términos: el Gobierno se ve en la obligación de abstenerse de sancionar el proyecto de ley “Orgánica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y por la cual se dictan otras disposiciones relacionadas con el Servicio Exterior”, y devolvérselo a su Señoría para que tome las providencias señaladas en el artículo 89 de la Constitución.

En Verdad, como bien lo recuerda el señor Presidente, dicho proyecto de ley fue objetado en sus artículos primero y décimo por razones de inconveniencia. Ambas Cámaras así en sesiones plenarias como en las Comisiones Constitucionales respectivas, estimaron infundadas las objeciones del Gobierno y precisamente por ello, en su oportunidad, fue enviado para la sanción ejecutiva.

El Congreso ha respetado siempre las actitudes del señor Presidente de la República y lo propio hace ahora respecto de las atribuciones que al Jefe del Estado corresponden en su carácter de director de las relaciones internacionales del país, de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 20 del artículo 120 de la Constitución Nacional. Para el Ejecutivo “resulta incongruente la existencia de un cuerpo asesor sin ninguna representación suya, inclusive impracticable, ya que tratándose de asuntos internaciones no podría actuar la mencionada Comisión con desconocimiento de la informaciones de que dispongan el Jefe de Estado y su Ministro de Relaciones Exteriores en los diferentes asuntos”. El Gobierno reclama, además, “su presencia en un organismo que tiene carácter de cuerpo consultivo justamente en materias que se relacionan con la política exterior de la República”.

Para el Congreso habría sido más grato y satisfactorio que el Gobierno, en desarrollo de sus cordiales y armónicas relaciones con la Rama Legislativa y en concordancia con la tradición en éstas materias, con el ejercicio democrático del poder y con las normas constitucionales, hubiera sancionado la Ley Orgánica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Afortunadamente podemos suplir, en este caso concreto, la omisión de la sanción presidencial.

En virtud de las anteriores consideraciones y en cumplimiento del artículo 89 de la Constitución, comunico al señor Presidente que en la fecha he sancionado, en mi calidad de Presidente del Congreso, la ley “Orgánica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y por la cual se dictan otras disposiciones relacionadas con el Servicio Exterior”.

Antes de disponer el archivo del respectivo expediente, lo devuelvo al señor Presidente para que se numere la ley, respetando el normal orden cronológico y para que se hagan las anotaciones de trámite que sean de rigor.

Del señor Presidente de la República, atentamente,

HUGO ESCOBAR SIERRA, Presidente del Congreso Nacional.

LEY 3 DE 1974

(Septiembre 30)

por la cual se aprueba un contrato sobre administración de la “Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1. De conformidad con el numeral 16 del artículo 76 de la Constitución Nacional, apruébase el contrato celebrado entre el señor Presidente de la República y su Ministro de Educación Nacional en representación del Gobierno Nacional y la Fundación “Colegio Mayor de San Bartolomé” de fecha dos de abril de mil novecientos setenta y tres (1973) y su otrosí del dos de agosto del mismo año.

Artículo 2. Autorízase al Gobierno Nacional para prorrogar el mencionado contrato hasta por un término de cinco años.

Artículo 3. Esta Ley rige desde la fecha de expedición.

Dada en Bogotá, D.E., el día primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro.

El Presidente del honorable Senado, JULIO CESAR TURBAY AYALA.-El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, LUIS VILLAR BORDA.-El Secretario General del honorable Senado, Amaury Guerrero.-El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Ignacio Laguado Moncada.

República de Colombia.-Gobierno Nacional.

Bogota, D.E., 30 de septiembre de 1974.

Publíquese y ejecútese.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Educación Nacional, Hernando Durán Dussán.

LEY 14 DE 1974

(Diciembre 6)

por la cual se autoriza la emisión de unos Títulos de Deuda Pública Interna denominados “Bonos de Desarrollo Económico”.

El Congreso de Colombia

DECRETA

Artículo 1. Autorízase al Gobierno Nacional para emitir Títulos de Deuda Pública Interna, denominados “Bonos de Desarrollo Económico” hasta por la suma de un mil millones de pesos (1.000.000.000) moneda corriente, destinados a financiar las apropiaciones de inversión contempladas en el proyecto de presupuesto adicional sometido por el Gobierno a la consideración del Congreso para la Vigencia Fiscal de 1975.

Artículo 2. Autorízase al Gobierno Nacional para celebrar con el Instituto de Fomento Industrial-IFI-, o con cualquier otra entidad nacional, facultada para ello, los contratos de fideicomiso que requiera el servicio de estos Bonos; con el Banco de la República los de garantía que permitan el servicio normal y adecuado de amortización e intereses de los Títulos y para celebrar el respectivo contrato de impresión a que hubiere lugar.

Artículo 3. Los contratos de fideicomiso, impresión y garantía a que se refiere el artículo segundo, sólo requerirán para su validez la aprobación del Presidente de la República, previo concepto del Consejo de Ministros.

Artículo 4. El Gobierno Nacional fijará, previo concepto de la Junta Monetaria el interés, plazo de amortización y demás características de los “Bonos de Desarrollo Económico” autorizados por esta Ley.

Artículo 5. Autorizase al Gobierno Nacional para dictar las providencias que fueren necesarias a fin de asegurar la colocación de los empréstitos representados en Bonos de Desarrollo Económico y para atender adecuadamente su servicio de amortización, intereses, liquidez y demás gastos.

Artículo 6. Autorizase al Gobierno Nacional para incorporar en los Presupuestos Nacionales los ingresos de las operaciones financieras determinadas por esta Ley y para abrir las apropiaciones correspondientes dentro del Presupuesto de Gastos.

Artículo 7. Esta Ley rige desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., noviembre de 1974.

República de Colombia.-Gobierno Nacional.

Bogotá, D.E., 6 de diciembre de 1974.

Publíquese y ejecútese.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Rodrigo Botero Montoya.

LEY 4 DE 1974

(Septiembre 30)

por medio de la cual se aprueba “el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil”, hecho en Montreal el día 23 de septiembre de 1971

DECRETA:

Artículo 1. Apruébase “el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil”, hecho en Montreal el día 23 de septiembre de 1971, cuyo texto oficial es el siguiente:

CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL

Los Estados Partes en el presente Convenio,

Considerando Que los actos ilícitos contra la seguridad de la Aviación Civil ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes, afectan gravemente a la explotación de los servicios aéreos y socavan la confianza de los pueblos del mundo en la seguridad de la Aviación Civil,

Considerando Que la realización de tales actos les preocupa gravemente; y

Considerando Que a fin de prevenir tales actos, es urgente prever las medidas adecuadas para sancionar a sus autores,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1.

1. Comete un delito toda persona que ilícita e intencionadamente:

a) Realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia que por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave;

b) Destruya un aeronave en servicio o le cause daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo;

c) Coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo;

d) Destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbe su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo.

e) Comunique, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo.

2. Igualmente comete un delito toda persona que:

a) Intente cometer cualquiera de los delitos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo;

b) Sea cómplice de la persona que los cometa o intente cometerlos.

Artículo 2. A los fines del presente Convenio:

a) Se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento en que se cierren todas las puertas externas después del embarque hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque; en caso de aterrizaje forzoso, se considerará que el vuelo continúa hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave y de las personas y bienes a bordo;

b) Se considerará que una aeronave se encuentra en servicio desde que el personal de tierra o la tripulación comienza las operaciones previas a un determinado vuelo hasta veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje; el período de servicio se prolongará en cualquier caso por todo el tiempo que la aeronave se encuentra en vuelo conforme al párrafo a) del presente artículo.

Artículo 3. Los Estados Contratantes se obligan a establecer penas severas para los delitos mencionados en el artículo 1.

Artículo 4.

1. El presente Convenio no se aplicará a las aeronaves utilizadas en servicios militares, de aduanas o de policía;

2. En los casos previstos en los incisos a), d), c) y e), del párrafo 1 del artículo 1, el presente Convenio solamente se aplicará, ya se trate de una aeronave en vuelo internacional, ya en vuelo interno, si:

a) El lugar, real o previsto, de despegue o de aterrizaje de la aeronave está situado fuera del Estado de matrícula; o

b) El delito se comete en el territorio de un Estado distinto del de matrícula de la aeronave.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, en los casos previstos en los incisos a), b), c) y e) del párrafo 1 del artículo 1, el presente Convenio se aplicará asimismo si el delincuente o el presunto delincuente es hallado en el territorio de un Estado distinto del de matrícula de la aeronave.

4. Por lo que se refiere a los Estados mencionados en el artículo 9, no se aplicará el presente Convenio en los casos previstos en los incisos a), b), c) y e) del párrafo 1 del artículo 1, si los lugares mencionados en el inciso a) del párrafo 2 del presente artículo están situados en el territorio de uno solo de los Estados referidos en el artículo 9, a menos que le delito se haya cometido o el delincuente o el presunto delincuente sea hallado en el territorio de un Estado distinto a dicho Estado.

5. En los casos previstos en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 1, el presente Convenio se aplicará solamente si las instalaciones y servicios de navegación aérea se utilizan para la navegación aérea internacional.

Artículo 5.

1. Cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos en los casos siguientes:

a) Si el delito se comete en el territorio de tal Estado;

b) Si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave matriculada en tal Estado;

c) Si la aeronave, a bordo de la cual se comete el delito, aterriza en su territorio con el presunto delincuente todavía a bordo;

d) Si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave dada en arrendamiento sin tripulación a una persona que en tal Estado tenga su oficina principal o, de no tener tal oficina, su residencia permanente.

2. Asimismo, cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1 del artículo 1, así como en el párrafo 2 del mismo artículo, en cuanto este último párrafo se refiere a los delitos previstos en dichos incisos, en el caso de que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición, conforme al artículo 8 de los Estados, previsto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo con las leyes nacionales.

Artículo 6.

1. Todo Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifiquen, procederá a la detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.

3. La persona detenida de acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo.

4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifiquen, a los Estados mencionados en le párrafo 1 del artículo 5, al Estado del que sea nacional el detenido y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados interesados. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo, comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Artículo 7. El Estado contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado.

Artículo 8.

1. Los delitos se considerarán incluidos entre los delitos que den lugar a extradición entre los Estados contratantes. Los Estados contratantes se comprometen a incluir los delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

2. Si un Estado contratante, que subordine la extradición a la existencia de un tratado, recibe de otro Estado contratante, con el que no tiene tratado, una solicitud de extradición, podrá discrecionalmente considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la extradición referente a los delitos. L a extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

3. Los Estado contratantes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos como caso de extradición entre ellos, sujeto a las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

5. A los fines de la extradición entre Estados contratantes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en le lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con los incisos b), c) y d) del párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 9. Los estados contratantes que constituyan organizaciones de explotación en común del transporte aéreo u organismos internacionales de explotación que utilicen aeronaves que sean objeto de una matrícula común o internacional, designarán, con respecto a cada aeronave, según las circunstancias del caso, el Estado de entre ellos que ejercerá la jurisdicción y tendrá las atribuciones del Estado de matrícula de acuerdo con el presente Convenio y lo comunicará a la Organización de Aviación Civil Internacional, que lo notificará a todos los Estados Partes en el presente Convenio.

Artículo 10.

1. Los Estados contratantes procurarán tomar, de acuerdo con el derecho internacional y sus propias leyes, todas las medidas que sean factibles para impedir la comisión de los delitos previstos en el artículo 1.

2. Cuando con motivo de haberse cometido un delito previsto en el artículo 1, se produzca retraso o interrupción del vuelo, cada Estado contratante en cuyo territorio se encuentre la aeronave, los pasajeros o la tripulación, facilitarán a los pasajeros y a la tripulación la continuación del viaje lo antes posible y devolverá sin demora la aeronave y su carga a sus legítimos poseedores.

Artículo 11.

1. Los Estados Contratantes se prestarán la mayor ayuda posible por lo que respecta a todo proceso penal relativo a los delitos. En todos los casos, la ley aplicable para la ejecución de una petición de ayuda será la ley del Estado requerido.

3. Sin embargo, lo dispuesto en le párrafo precedente no afectará a las obligaciones derivadas de cualquier tratado bilateral o multilateral que regule, en todo o en parte, lo relativo a la ayuda en materia penal.

Artículo 12. Todo Estado contratante que tenga razones para creer que se vaya a cometer un delito previsto en el artículo 1, suministrará, de acuerdo con su ley nacional, toda información pertinente de que disponga, a los demás Estados que, en su opinión, sean los mencionados en el párrafo 1, del artículo 5.

Artículo 13. Cada Estado contratante notificará lo antes posible al Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, de conformidad con su ley nacional, cualquier información pertinente que tenga en su poder referente a:

a) Las circunstancias del delito;

b) Las medidas tomadas en aplicación del párrafo 2 del artículo 10;

c) Las medidas tomadas en relación con el delincuente o el presunto delincuente y, especialmente, el resultado de todo procedimiento de extradición u otro procedimiento judicial.

Artículo 14.

1. Las contravenciones que surjan entre dos o más Estados contratantes con respecto a la interpretación o aplicación de este Convenio, que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de la Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de este Convenio o de su adhesión al mismo, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo anterior.

Los demás Estados contratantes no estarán obligados por párrafo ante ningún Estado que haya formulado dicha reserva.

3. Todo Estado contratante que haya formulado la reserva prevista en el párrafo anterior podrá retirar en cualquier momento la notificación a los Gobiernos depositarios.

Artículo 15.

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados participantes en la Conferencia Internacional de Derecho Aéreo, celebrada en Montreal del 8 al 23 de septiembre de 1971 (llamada en adelante “Conferencia de Montreal”); después del 10 de octubre de 1971, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en Washington, Londres y Moscú. Todo Estado que no firmare el presente Convenio antes de su entrada en vigor, de conformidad con el párrafo 3 de este artículo, podrá adherirse a él en cualquier momento.

2. El presente Convenio estará sujeto a ratificación por los Estados signatarios. Los Instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión se depositarán en los archivos de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a los que por el presente se designa como Gobiernos depositarios.

3. El Presente Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha en que diez Estados signatarios de este Convenio, participantes de la Conferencia de Montreal, hayan depositado sus instrumentos de ratificación.

4. Para los demás Estados, el presente Convenio entrará en vigor en la fecha que resulte de la aplicación del párrafo 3 de este artículo, o treinta días después de la fecha de deposito de sus instrumentos de ratificación o adhesión, si esta última fecha fuere posterior a la primera.

5. Los Gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se hayan adherido a este Convenio de la fecha de cada firma, de la fecha de deposito de cada instrumento de ratificación o adhesión, de la fecha de su entrad en vigor y de cualquier otra notificación.

6. Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, los Gobiernos depositarios lo registrarán de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con el artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944).

Artículo 16.

1. Todo Estado contratante podrá denunciar al presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida a los Gobiernos depositarios.

2. La denuncia surtirá efectos seis meses después de la fecha en que los Gobiernos depositarios reciban la notificación.

En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus Gobiernos para hacerlo, firman el presente Convenio.

Hecho en Montreal el día veintitrés de septiembre del año 1971, en tres originales, cada uno de ellos integrado por cuatro textos auténticos en los idiomas español, francés, inglés y ruso.

Carlos Borda Mendoza, Secretario General

Bogotá, D.E., octubre 18 de 1973

Rama Ejecutiva del Poder Público.-Presidencia de la República.

Bogotá, D.E., octubre de 1973

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso Nacional, para los efectos constitucionales.

(Fdo.), MISAEL PASTRANA BORRERO

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.), Alfredo Vázquez Carrizosa

Artículo 2. Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., a 21 de agosto de 1974.

El Presidente del Senado, JULIO CESAR TURBAY AYALA.-El Presidente de la Cámara de Representantes, LUIS VILLAR BORDA.-El Secretario General del Senado, Amaury Guerrero.-El Secretario General de la Cámara de Representantes, Ignacio Laguado Moncada.

República de Colombia.-Gobierno Nacional.

Bogota, D.E., 30 de septiembre de 1974.

Publíquese y ejecútese.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

El Ministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero.-El Ministro de Defensa Nacional, Abraham Varón Valencia.-El Jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, Alfonso Caicedo Herrera.