LEY 0638 DE 2001

LEY 638 DE 2001

 

LEY 638 DE 2001

(enero 4)

Diario Oficial No 44.281, de 4 de  enero 2001

Por medio de la cual se aprueban el "Protocolo adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a, modificando el Convenio de Nacionalidad del veintisiete (27) de junio de mil novecientos setenta y nueve (1979)", firmado en Santa Fe de Bogot�, D.C., el catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) y el "Canje de notas entre los dos Gobiernos que corrige el t�tulo y el primer p�rrafo del pre�mbulo del Protocolo", del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

+Resumen de Notas de Vigencia*

NOTAS DE VIGENCIA:
2. Promulgada mediante el Decreto 2762 de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 45.014 de 29 de noviembre de 2002, "Por el cual se promulga el �Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a, modificando el convenio de nacionalidad del veintisiete (27) de junio de mil novecientos setenta y nueve (1979)�, firmado en Santa Fe de Bogot�, D. C., el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) y el �Canje de notas entre los dos Gobiernos que corrige el t�tulo y el primer p�rrafo del pre�mbulo del Protocolo�, del veintisiete (27) de septiembre"
1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-915-01 de 29 de agosto de 2001, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto del "Protocolo adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a modificando el Convenio de Nacionalidad del veintisiete (27) de junio de mil novecientos setenta y nueve (1979)", firmado en Santa Fe de Bogot�, D. C., el catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), y el "Canje de notas entre los dos Gobiernos que corrige el t�tulo y el primer p�rrafo del pre�mbulo del Protocolo" del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
 
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto �ntegro del Instrumento Internacional y del canje de notas mencionados).
 
"PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPA�A MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DEL VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (1979) " La Rep�blica de Colombia y El Reino de Espa�a
 
Guiados por el deseo de revisar determinadas disposiciones del Convenio de Doble Nacionalidad entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a del 27 de junio de 1979.
 
Considerando que es necesario adaptarlo a las nuevas situaciones que se han producido y teniendo en cuenta que la Constituci�n Pol�tica de Colombia y el C�digo Civil espa�ol, admiten que los colombianos en Espa�a y los espa�oles en Colombia puedan adquirir la nacionalidad colombiana y espa�ola sin estar obligados a renunciar a la nacionalidad de origen.
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art�culo 8o. del Convenio, han acordado lo siguiente:
 
ARTICULO 1o. DERECHOS Y GARANTIAS. Ning�n colombiano por nacimiento o espa�ol de origen por el hecho de adquirir la nacionalidad de la otra Parte y domiciliarse en el territorio de la misma, perder� la facultad de ejercer en el territorio del Estado adoptante, los derechos que provengan del ejercicio de su nacionalidad de origen.
 
Los ciudadanos colombianos por nacimiento y los espa�oles de origen, que hayan obtenido la nacionalidad de la otra Parte, antes de la vigencia del presente Protocolo, de conformidad con lo dispuesto por el Convenio de Nacionalidad firmado el 27 de junio de 1979, podr�n recobrar sus derechos civiles y pol�ticos, previa manifestaci�n escrita ante el C�nsul o la autoridad competente designada para el efecto. Esta situaci�n se dar� a conocer por v�a diplom�tica a la otra Parte.
 
ARTICULO 2o. FORMALIDADES. La persona que posea la nacionalidad colombiana y espa�ola, no podr� manifestar ante las autoridades del Estado adoptante, su nacionalidad de origen. Igualmente, no podr� manifestar ante las autoridades del Estado del cual es nacional por nacimiento su nacionalidad adoptiva.
 
ARTICULO 3o. RELACION CON EL CONVENIO DE NACIONALIDAD. Se entender�n derogados los principios contenidos en el Convenio de Nacionalidad que sean contrarios a la voluntad del presente Protocolo Modificatorio. En lo dem�s se considerar� vigente.
 
ARTICULO 4o. VIGENCIA. El presente Protocolo entrar� en vigor el primer d�a del segundo mes siguiente a aquel en el que ambas Partes se comuniquen que se han cumplido los tr�mites internos previstos en la Legislaci�n de ambos pa�ses y tendr� la misma vigencia que el Convenio del que forma parte.
 
Firmado en Santa Fe de Bogot�, D. C., a los catorce (14) d�as del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), en dos ejemplares id�nticos, siendo ambos textos igualmente aut�nticos.
 
Por la Rep�blica de Colombia
 

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO

El Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Reino de Espa�a "a.r"

FERNANDO VILLALONGA

El Secretario de Estado para la Cooperaci�n Internacional

y para Iberoam�rica,

DM/OJ. 019868

 

Santa Fe de Bogot�, D. C., 26 de julio de 1999

 

Excelent�simo Se�or Ministro:

 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con referencia al "Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a, modificando el Convenio de Doble Nacionalidad" del 27 de junio 1979, firmado en Santa Fe de Bogot�, D.C., el 14 le septiembre de 1998.

 

Al respecto, se ha observado que el t�tulo oficial del Convenio de 1979 es "Convenio de Nacionalidad" y no "Convenio de Doble Nacionalidad", como aparece en la versi�n aut�ntica del Protocolo citado. Por lo tanto, se impone efectuar una correcci�n al texto aut�ntico del Protocolo, mediante el procedimiento previsto en el art�culo 79, numeral 1o., literal b) de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

 

A Su Excelencia el Se�or

 

D. Abel Matutes Juan,

Ministro de Asuntos Exteriores

 

del Reino de Espa�a

 

Madrid.

 

Para tal efecto, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia corregir el t�tulo del mencionado instrumento internacional para que diga "Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a, modificando el Convenio de Nacionalidad". As� mismo, propongo que se corrija el primer p�rrafo del pre�mbulo, para que diga "Guiados por el deseo de revisar determinadas disposiciones del Convenio de Nacionalidad entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a del 27 de junio de 1979".

 

Agradecer� a Vuestra Excelencia me haga conocer la conformidad del Gobierno del Reino de Espa�a con la anterior proposici�n, en cuyo caso, la presente nota y la de respuesta que se digne enviarme constituir�n un acuerdo formal sobre la materia, que entrar� en vigencia de conformidad con lo establecido en el art�culo 4o del citado Protocolo.

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi m�s alta y distinguida consideraci�n.

 

La Viceministra de Relaciones Exteriores, Encargada de las Funciones del Despacho del se�or Ministro,

 

Mar�a Fernanda Campo Saavedra.

 

Madrid, 27 de septiembre de 1999

 

Excelent�sima se�ora:

 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con referencia al Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a, modificando el Convenio de Doble Nacionalidad del 27 de junio de 1979 y de acusar recibo de su carta de fecha 26 de julio de 1999, que dice lo siguiente:

 

"A Su Excelencia el se�or

 

D. ABEL MATUTES JUAN

 

Ministro de Asuntos Exteriores

 

del Reino de Espa�a

 

Madrid

 

Excelent�simo se�or Ministro:

 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con referencia al "Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a, modificando el Convenio de Doble Nacionalidad" del 27 de junio de 1979, firmado en Santa Fe de Bogot�, D.C., el 14 de septiembre de 1998.

 

Al respecto, se ha observado que el t�tulo oficial del Convenio de 1979 es "Convenio de Nacionalidad" y no "Convenio de Doble Nacionalidad", como aparece en la versi�n aut�ntica del Protocolo citado. Por lo tanto, se impone efectuar una correcci�n al texto aut�ntico del Protocolo, mediante el procedimiento previsto en el art�culo 79, numeral 1o., literal b), de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.Para tal efecto, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia corregir el t�tulo del mencionado instrumento internacional para que diga "Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a, modificando el Convenio de Nacionalidad". As� mismo, propongo que se corrija el primer p�rrafo del pre�mbulo, para que diga "Guiados por el deseo de revisar determinadas disposiciones del Convenio de Nacionalidad entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a del 27 de junio de 1979".

 

Agradecer� a Vuestra Excelencia me haga conocer la conformidad del Gobierno del Reino de Espa�a con la anterior proposici�n, en cuyo caso, la presente nota y la de respuesta que se digne enviarme constituir�n un acuerdo formal sobre la materia, que entrar� en vigencia de conformidad con lo establecido en el art�culo 4o del citado Protocolo.

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi m�s alta y distinguida consideraci�n.

 

Mar�a Fernanda Campo Saavedra,

 

Viceministra de Relaciones Exteriores,

 

Encargada de las Funciones del Despacho del se�or Ministro".

 

Tengo el honor de comunicarle que Espa�a est� conforme con lo que antecede y, por consiguiente, su nota de 26 de julio de 1999 y la presente nota de respuesta, constituyen un acuerdo formal sobre la materia, que entrar� en vigor de conformidad con lo establecido en el art�culo 4o del citado Protocolo.

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi m�s alta y distinguida consideraci�n.

 

ABEL MATUTES JUAN

Ministro de Asuntos Exteriores

A la Excelent�sima se�ora

Doctora MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

Viceministra de Relaciones Exteriores,

Encargada de las Funciones del Despacho del Se�or Ministro.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Santa Fe de Bogot�, D. C., 9 de julio de 1999

Aprobado. Som�tase a la consideraci�n del honorable Congreso Nacional, para los efectos constitucionales.

 

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

(Fdo.) GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO

El Ministro de Relaciones Exteriores

DECRETA:

ARTICULO 1o. Apru�base el "Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a modificando el Convenio de Nacionalidad del veintisiete (27) de junio de mil novecientos setenta y nueve (1979)", firmado en Santa Fe de Bogot�, D.C., el catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), y el "Canje de notas entre los dos Gobiernos que corrige el t�tulo y el primer p�rrafo del pre�mbulo del Protocolo", del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

 

ARTICULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1o. de la Ley 7a.  de 1944, el "Protocolo Adicional entre la Rep�blica de Colombia y el Reino de Espa�a modificando el Convenio de Nacionalidad del veintisiete (27) de junio de mil novecientos setenta y nueve (1979)", firmado en Santa Fe de Bogot�, D.  C., el catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) y el "Canje de notas entre los dos Gobiernos que corrige el t�tulo y el primer p�rrafo del pre�mbulo del Protocolo", del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el art�culo 1o. de esta ley se aprueba, obligar� al pa�s a partir de la fecha en que se perfeccione el v�nculo internacional respecto del mismo.

 

ARTICULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicacion.

 

MARIO URIBE ESCOBAR

El Presidente del honorable Senado de la Rep�blica

MANUEL ENRIQUEZ ROSERO

El Secretario General del honorable Senado de la Rep�blica

BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO

El Presidente de la honorable C�mara de Representantes

ANGELINO LIZCANO RIVERA

El Secretario General de la honorable C�mara de Representantes

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ejec�tese, previa revisi�n de la Corte Constitucional, conforme al art�culo 241-10 de la Constituci�n Pol�tica.

 

Dada en Bogot�, D. C., a 4 de enero de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO

El Ministro de Relaciones Exteriores




LEY 0637 DE 2001

LEY 637 DE 2001

 

LEY 637 DE 2001

(enero 4)

Diario Oficial No 44.281, de 4 de enero de 2001

Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo relativo al Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, CLAD, y sus Estatutos", firmado en Caracas, el 30 de junio de 1972.

*Resumen de Notas de Vigencia*

NOTAS DE VIGENCIA:
1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-914-01 de 29 de agosto de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto del "Acuerdo relativo al Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, CLAD, y sus Estatutos", firmado en Caracas, el 30 de junio de 1972. (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto �ntegro del Instrumento Internacional mencionado, debidamente autenticada por el Jefe de la Oficina Jur�dica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
 

ACUERDO RELATIVO AL CENTRO LATINOAMERICANO DE  ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO, CLAD

Los Gobiernos de M�xico, Per� y Venezuela,

 

CONSIDERANDO:

 

Que varios pa�ses latinoamericanos han emprendido en los �ltimos a�os esfuerzos tendientes a reformar sus administraciones p�blicas, seg�n criterios rigurosos de revisi�n de sus estructuras y funciones a partir de modelos integrales de orientaci�n normativa y de diagn�sticos globales o especiales de la administraci�n p�blica en su conjunto o de algunos de sus componentes m�s estrat�gicos que permitan derivar propuestas coherentes de reforma;

 

Que este esfuerzo de replantamiento radical de las estructuras y funciones p�blicas exige la utilizaci�n creciente de teor�as, doctrinas y t�cnicas interdisciplinarias en los campos de las ciencias pol�ticas, econ�micas y jur�dicas, de la sociolog�a general y de la evoluci�n hist�rica de la regi�n;

 

Que sin perjuicio de las particularidades propias de cada pa�s latinoamericano y de cada una de sus formas de gobierno, existe un amplio denominador com�n, en cuanto a la problem�tica administrativa de la Regi�n, reflejado en la similitud de los enfoques que cada gobierno viene dando a sus planteamientos de reforma;

 

Que resulta oportuno aunar esfuerzos y aprovechar en com�n los todav�a escasos recursos humanos y materiales conque cuentan los pa�ses, evitando en lo posible emprender separadamente programas similares;

 

Que un esfuerzo de integraci�n de esta naturaleza debe dise�arse y operarse de manera sumamente flexible a fin de dar preeminencia a los productos individualizados de esa cooperaci�n, en lugar de crear instituciones cuyos productos no son siempre los m�s deseables por las administraciones p�blicas interesadas;

 

Que es preciso, sin embargo institucionalizar un centro intergubernamental que ostente la representaci�n de esos programas y supervise la elaboraci�n de esos productos, para lo cual el Gobierno de Venezuela ha sometido a consulta de todos los pa�ses latinoamericanos un proyecto de un Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, habi�ndose recibido la opini�n favorable de un considerable n�mero de pa�ses;

 

Que cada uno de esos programas debe cumplir sus propios objetivos y producir sus resultados finales bajo una direcci�n responsable e independiente, en los plazos que le fuesen fijados y con sus propios recursos humanos y financieros,

 

 

 

ACUERDAN:

 

Constituir el Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, CLAD, y abrir a los restantes Estados Latinoamericanos la posibilidad de adherirse como miembros de dicho Centro, en base a las siguientes estipulaciones:

 

Primera. El Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, CLAD, tendr� a su cargo la realizaci�n de los programas de cooperaci�n internacional en las materias de reforma de la administraci�n p�blica que su Consejo Directivo defina como tales.

 

Segunda. El Centro tendr� su sede, por un per�odo no menor de tres a�os, en la ciudad latinoamericana que determine el Consejo Directivo.

 

Tercera. El Centro estar� dirigido por un Consejo Directivo integrado por las autoridades superiores que, en cada pa�s, tengan a su cargo los programas de reforma administrativa o por los representantes que los gobiernos de los Estados Miembros designen.

 

El Consejo Directivo tendr� un Presidente y un Vicepresidente. El Consejo Directivo elegir� dentro de su seno, por mayor�a absoluta, el Presidente quien durar� tres a�os en el ejercicio de su cargo y actuar� en la sede del Centro. El Vicepresidente durar� un a�o en el ejercicio de su cargo y el mismo ser� desempe�ado, sucesivamente y en orden alfab�tico por los representantes de los Estados Miembros en el Consejo Directivo, despu�s de la primera elecci�n. El Consejo Directivo elaborar� su Reglamento Interno en el cual se establecer� adem�s las funciones del Presidente y Vicepresidente.

 

Cuarta. Los gastos de funcionamiento de Consejo Directivo, ser�n cubiertos por el pa�s donde est� la sede del Centro.

 

Quinta. El Centro realizar� sus actividades mediante programas que ser�n determinados por el Consejo Directivo. Cada programa estar� dirigido por un Director cuya designaci�n y remoci�n corresponder� al Consejo Directivo. Cada Director nombrar� y remover� libremente al personal del programa a su cargo.

 

Sexta. Cualquier miembro del Consejo Directivo puede proponer a �ste la creaci�n de los programas del Centro, se�alando y justificando sus nbjetivos, productos finales, duraci�n, organizaci�n, coordinaci�n, requerimientos humanos y materiales, localizaci�n y estimaci�n de costos. Aprobada la iniciativa por mayor�a del Consejo Directivo todos sus miembros se comprometen a iniciar gestiones conjuntas para asegurar su operaci�n y, lograda �sta, designar al Director responsable del programa.

 

Cada programa se regir� por los t�rminos de referencia que el Consejo Directivo determine al tiempo de su iniciaci�n.

 

S�ptima. Cada programa del Centro se administrar� como una unidad identificada, bajo la responsabilidad inmediata de su Director y en base a sus propios objetivos, recursos, organizaci�n y localizaci�n. En consecuencia, el Centro podr� emprender simult�neamente programas distintos en los diversos pa�ses y �reas de su especializaci�n o inter�s. Los Directores de los diversos programas que el Centro desarrolle ser�n supervisados por el Consejo Directivo o por delegaci�n de �ste, por cualquiera de sus miembros y rendir�n cuenta de su labor al Consejo Directivo, con la periodicidad y en los t�rminos, lugares y fechas que el Consejo establezca. Los Estados Miembros podr�n designar el n�mero de funcionarios nacionales que estimen conveniente para participar en las actividades de los diversos programas del Centro.

 

Octava. Los Estados Latinoamericanos podr�n hacerse parte de este Acuerdo, mediante notificaci�n por escrito dirigida al Gobierno de Venezuela, el cual la comunicar� a los restantes miembros del Acuerdo. A este fin, el Gobierno del pa�s sede, invitar� a los dem�s Estados Latinoamericanos a adherir al Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo.

 

Novena. El presente acuerdo entrar� en vigor a partir de la fecha de su firma y los Estados Miembros podr�n retirarse del mismo previa notificaci�n por escrito, con seis meses de anticipaci�n, al Gobierno de Venezuela, que la pondr� en conocimiento de los dem�s Estados Miembros.

 

En fe de lo cual los infrascritos debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos firman el presente acuerdo en tres ejemplares en la ciudad de Caracas, a los treinta d�as del mes de junio de mil novecientos setenta y dos.

 

Por Venezuela:

 

Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,

 

RODOLFO JOSE CARDENAS.

 

Por M�xico:

 

El Director General de Estudios Administrativos de la Presidencia,

 

ALEJANDRO CARRILLO CASTRO.

 

Por Per�:

 

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,

 

LUIS BARRIOS LLONA.

 

Estatutos del Centro Latinoamericano de Administraci�n

 

para el Desarrollo, CLAD

 

 

 

CAPITULO I.

 

DE LOS OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL CLAD

 

 

ARTICULO 1o. El Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, CLAD es un organismo internacional de car�cter gubernamental, creado en virtud del acuerdo suscrito por los gobiernos de M�xico, Per� y Venezuela, el 30 de junio de 1972, que opera mediante programas de cooperaci�n internacional.

 

 

ARTICULO 2o. El CLAD tiene como objetivo promover el debate y el intercambio de experiencias sobre la reforma del Estado y, particularmente, la reforma de la administraci�n p�blica entre sus pa�ses miembros.

 

 

ARTICULO 3o. Para lograr los objetivos se�alados en el art�culo anterior el CLAD adoptar� prioritariamente las siguientes modalidades:

 

I. Servir de foro de intercambio de conocimientos y experiencias sobre los procesos de reforma, modernizaci�n y mejoramiento del Estado y de las administraciones p�blicas en los pa�ses miembros.

 

II. Promover la realizaci�n de conferencias, congresos, seminarios y cursos sobre dichas materias.

 

III. Realizar y estimular la transferencia horizontal de tecnolog�as administrativas y, en particular, impulsar el intercambio de experiencias entre los pa�ses miembros.

 

IV. Intercambiar informaci�n, editar y difundir publicaciones de car�cter cient�fico y t�cnico en materia de administraci�n p�blica y reforma del Estado.

 

V. Promover y llevar a cabo investigaciones aplicadas en aspectos prioritarios de la reforma del Estado y de la Administraci�n P�blica.

 

VI. Proveer informaciones a trav�s de redes de informaci�n electr�nicas.

 

VII. Articular las relaciones con los cursos de postgrado relacionados con la reforma del Estado y la administraci�n p�blica.

 

 

ARTICULO 4o. La estructura org�nica del Centro est� constituida por:

 

I. El Consejo Directivo.

 

II. La Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n.

 

III. La Mesa Directiva.

 

IV. La Secretar�a General.

 

 

CAPITULO II.

 

DE LOS MIEMBROS DEL CLAD

 

 

ARTICULO 5o. Son miembros del CLAD aquellos pa�ses latinoamericanos, del Caribe y de la Pen�nsula Ib�rica que hayan suscrito los correspondientes acuerdos de ingreso, siguiendo los procedimientos establecidos en la estipulaci�n Octava del Acuerdo Constitutivo del Centro y en este Estatuto.

 

P�rrafo I. Los derechos y obligaciones de los pa�ses miembros se inician a partir de la firma del Convenio Constitutivo. Por razones especiales y por consentimiento de las partes podr� diferirse este ejercicio para una fecha posterior, que deber� estipularse expresamente.

 

P�rrafo II. Para el caso de que un pa�s miembro del CLAD decida retirarse de este organismo, deber� comunicarlo formalmente al Presidente del Centro. El retiro del pa�s miembro comenzar� a surtir efecto una vez transcurrido un a�o a partir de la fecha de entrega de la comunicaci�n indicada anteriormente.

 

 

ARTICULO 6o. Son miembros observadores los pa�ses de fuera de la Regi�n que invitados por el CLAD, acepten formalmente integrarse al mismo, a trav�s de notificaci�n escrita dirigida al Presidente del Consejo Directivo.

 

Los pa�ses miembros observadores tendr�n derecho a participar de los programas de actividades de la Instituci�n y en las reuniones del Consejo Directivo. Sus representantes tendr�n las atribuciones y deberes establecidos en el art�culo 19 de estos Estatutos y en el caso de las reuniones del Consejo Directivo participar�n con derecho a voz pero no a voto. Son adherentes al CLAD los pa�ses que participan en la ejecuci�n de los programas del Centro como organismo de cooperaci�n t�cnica internacional, bilateral o institucional, pero que no han formalizado, a trav�s de sus respectivas Canciller�as, su ingreso como pa�s miembro.

 

Son organismos asociados las organizaciones de cooperaci�n internacional que participen regularmente con el CLAD en programas y actividades conjuntas.

 

P�rrafo �nico. Los pa�ses adherentes al CLAD y los organismos asociados podr�n ser invitados a participar en las reuniones del Consejo Directivo sin derecho a voto.

 

 

CAPITULO III.

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO

 

 

ARTICULO 7o. El Consejo Directivo es el �rgano supremo del Centro, con car�cter colegiado y con funciones generales normativas, de dictado de pol�ticas y de direcci�n y evaluaci�n de las actividades del CLAD. Dichas funciones son indelegables.

 

 

ARTICULO 8o. El Consejo Directivo est� compuesto por los Representantes de los Gobiernos que los respectivos pa�ses miembros designen. Preferiblemente, las autoridades superiores que en cada pa�s miembro tengan a su cargo los programas de modernizaci�n y reforma del Estado o personalidades de gran prestigio en ese campo.

 

P�rrafo �nico. Cada pa�s miembro del Consejo Directivo tendr� un Representante Titular y un Alterno, quien lo reemplazar� en caso de ausencia de aqu�l, con iguales funciones, derechos y obligaciones que el Titular. Tanto los Representantes Titulares como los Alternos se acreditar�n ante el Presidente del Consejo Directivo, mediante la documentaci�n correspondiente, emitida por sus gobiernos.

 

 

ARTICULO 9o. Durante la reuni�n ordinaria que se celebrar� usualmente en el mes de octubre de cada a�o, el Consejo Directivo, cuando corresponda, elegir� de su seno a un Presidente, quien asumir� de inmediato el cargo.

 

P�rrafo I. El Presidente del Consejo Directivo ser� el Presidente del CLAD y ejercer� su cargo durante dos a�os, sin reelecci�n personal ni inmediata para el pa�s.

 

P�rrafo II. El Presidente se elegir� en votaci�n secreta mediante el voto aprobatorio de por lo menos las dos terceras partes del total de Estados miembros presentes, en primera instancia, o por mayor�a absoluta de dichos Estados, en segunda vuelta, en cuyo caso participar�n s�lo las dos primeras mayor�as. Si a�n no se produjese mayor�a absoluta, se elegir� en tercera vuelta por mayor�a absoluta de votos que marquen preferencia.

 

P�rrafo III. Se establecen tres Vicepresidencias que ser�n denominadas primera, segunda y tercera. La primera Vicepresidencia la ocupar� el Representante del pa�s sede del Centro. Acreditada la representaci�n del pa�s sede, la asunci�n del cargo se har� autom�ticamente.

 

P�rrafo IV. Las otras dos Vicepresidencias ser�n designadas por el Consejo Directivo mediante voto secreto siguiendo los mismos procedimientos de elecci�n que en el caso del Presidente. Estos Vicepresidentes elegidos ejercer�n su cargo por el per�odo de un a�o sin reelecci�n inmediata ni personal ni del pa�s que representan.

 

P�rrafo V. En caso que un nacional del pa�s donde radica la sede del Centro ocupe la Presidencia o la Secretar�a General, la primera Vicepresidencia que en principio le corresponde deber� ser ocupada por el Representante de otro pa�s, aplic�ndose en su designaci�n todas las normas generales sobre Vicepresidencias.

 

P�rrafo VI. En caso de p�rdida de la calidad de representantes de su pa�s, ya sea el Presidente o uno de los Vicepresidentes, ser� autom�ticamente sustituido por el nuevo Representante, quien finalizar� el per�odo para el cual hubiese sido electo su antecesor.

 

En caso de existir un per�odo intermedio entre la p�rdida de la calidad de Representante del Presidente o Vicepresidente y la designaci�n de un nuevo Representante Titular, actuar� como Presidente o Vicepresidente interino el Representante Alterno del respectivo pa�s.

 

P�rrafo VII. Los pa�ses que hayan resultado elegidos para los cargos de Presidente y Vicepresidentes no podr�n renunciar a dichos cargos.

 

 

ARTICULO 10. El Consejo Directivo efectuar� dos tipos de reuniones:

 

a) Reuniones Ordinarias anuales, usualmente en octubre de cada a�o;

 

b) Reuniones Extraordinarias, cuando sean necesarias, las cuales ser�n convocadas por el Presidente del CLAD, a petici�n de un tercio de los miembros o del Secretario General. La convocatoria para una reuni�n extraordinaria se har� dentro de los veinte d�as siguientes al recibo de la petici�n, expresar� la finalidad de la reuni�n y fijar� una fecha para la misma.

 

P�rrafo I. Una reuni�n ordinaria s�lo podr� ser aplazada mediante solicitud escrita de un tercio de los pa�ses miembros, enviada al Presidente del Consejo Directivo con 30 d�as de antelaci�n a la fecha fijada para la misma, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

 

P�rrafo II. Las sesiones ordinarias y extraordinarias se llevar�n a cabo en la ciudad sede del Centro; sin embargo, a petici�n de uno de los pa�ses miembros, el Presidente del Consejo Directivo podr� convocar sesiones ordinarias en cualquier otra ciudad de aquellos.

 

P�rrafo III. Corresponder� al Secretario General del CLAD elaborar la propuesta de agenda provisional de las reuniones, en consulta y con la aprobaci�n del Presidente quien la remitir� a los Representantes de los pa�ses miembros a m�s tardar 40 d�as antes del inicio de cada reuni�n.

 

P�rrafo IV. El Secretario General participar� con voz pero sin derecho a voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias, salvo en los casos previstos en el ordinal g) del art�culo 35.

 

 

ARTICULO 11. El Consejo Directivo sesionar� v�lidamente con la presencia de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros en primera convocatoria, y con la mayor�a absoluta de ellos en el caso de segunda convocatoria.

 

 

ARTICULO 12. Las decisiones del Consejo Directivo se adoptar�n por simple mayor�a de votos aprobatorios de los miembros presentes en cada sesi�n, una vez comprobado el qu�rum requerido, salvo en los casos en que el presente Estatuto establezca otros procedimientos.

 

 

 

CAPITULO IV.

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DIRECTIVO

 

 

ARTICULO 13. Corresponde al Consejo Directivo del CLAD:

 

a) Dictar las normas generales y establecer las pol�ticas que ser�n desarrolladas por el CLAD;

 

b) Conocer y decidir sobre el proyecto de informe de resultados del ejercicio program�tico presupuestario vigente que, elaborando de conformidad con lo previsto en el art�culo 37 de este Estatuto, se le someta para su aprobaci�n;

 

c) Estudiar y aprobar en sus reuniones los programas y presupuestos que, elaborados por el Secretario General y una vez dictaminados por la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n, hayan recibo el visto bueno del Presidente, o aquellos que recomienden los pa�ses miembros;

 

d) Fijar la sede del CLAD;

 

e) Aprobar las contribuciones de los Estados Miembros para el financiamiento de sus operaciones. Las contribuciones ordinarias se fijar�n a partir de una pauta com�n que establecer� el propio Consejo. El ejercicio anual comprender� del 1o. de enero al 31 de diciembre;

 

f) Aprobar sus reglamentos y los de la Secretar�a General, as� como otros instrumentos y modificaciones que sean necesarios;

 

g) Estudiar y aprobar las modificaciones al Acuerdo Constitutivo del Centro, por su propia iniciativa o a instancia de un tercio de sus miembros, mediante voto aprobatorio de por lo menos las dos terceras partes del total de miembros presentes;

 

h) Designar el Secretario General, mediante el voto aprobatorio de por lo menos las dos terceras partes del total de Estados Miembros presentes, en primera instancia, o por mayor�a absoluta de dichos Estados en segunda vuelta, en cuyo caso s�lo participar�n las dos primeras mayor�as. Si a�n no se produjese mayor�a absoluta, se elegir�a en tercera vuelta por mayor�a absoluta de votos que marquen preferencia;

 

i) Remover al Secretario General en caso de falta grave o cuando su actuaci�n atente contra los objetivos fijados al Centro por el propio Consejo Directivo, mediante el voto aprobatorio de por lo menos las dos terceras partes del total de Estados miembros presentes;

 

j) Decidir acerca de cualquier materia sometida a su consideraci�n;

 

k) Acordar en el caso de reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones derivadas del art�culo 41 las medidas precisas para subsanar la situaci�n, pudi�ndose llegar incluso a declarar la p�rdida de la condici�n de miembro de pleno derecho, quedando entonces como miembro observador. Estas decisiones se tramitar�n con el acuerdo de por lo menos las dos terceras partes de los pa�ses miembros presentes;

 

l) Interpretar en �ltima instancia y complementar las estipulaciones del Acuerdo Constitutivo y acuerdos que regulan el funcionamiento del CLAD;

 

m) Aprobar las negociaciones que se hayan promovido con gobiernos o con otras entidades nacionales o internacionales, estableciendo las normas y modalidades que deban observarse al respecto y autorizar al Presidente para que proceda a su formalizaci�n;

 

n) Solicitar al Secretario General informes ad hoc cuando as� lo determine la mayor�a de sus miembros presentes en las reuniones;

 

�) Hacer cumplir los acuerdos y reglamentaciones debidamente emitidos;

 

o) Asignar al Presidente del Consejo Directivo funciones no previstas en el presente Estatuto, para formalizar el ejercicio de sus atribuciones, mediante el voto aprobatorio de por lo menos los dos tercios del total de los miembros presentes;

 

p) Designar a los Representantes de los pa�ses en la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n, as� como establecer aquellas otras comisiones y grupos de trabajo que se considere necesario;

 

q) Aprobar la planta de personal administrativo que le someta a su consideraci�n el Presidente a propuesta del Secretario General.

 

 

 

CAPITULO V.

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE

 

 

El Presidente tiene la funci�n de direcci�n estrat�gica, supervisi�n y control de las actividades del Centro, seg�n las pautas program�ticas y presupuestarias que apruebe el Consejo Directivo. Tendr� a su cargo las siguientes atribuciones y deberes:

 

a) Representar al Consejo Directivo en todos los asuntos legales, contractuales, t�cnicos, administrativos y de otra �ndole que a �ste le corresponden;

 

b) Cumplir y hacer cumplir las pol�ticas, reglamentos, acuerdos y decisiones adoptadas por el Consejo Directivo;

 

c) Garantizar que el Consejo Directivo conozca, discuta y apruebe con la debida oportunidad los proyectos de programas, presupuestos e informes de resultados presentados por la Secretar�a General, una vez que hayan sido estudiados y evaluados por la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n y sancionados con la firma del Presidente;

 

d) Formalizar, en su caso, con los Gobiernos y con otras entidades nacionales o internacionales los contratos y convenios que sean necesarios para la prestaci�n de los servicios del Centro, de acuerdo con las pol�ticas establecidas por el Consejo, seg�n lo estipulado en el ordinal l) del art�culo 13;

 

e) Solicitar, cuando sea el caso, a los pa�ses miembros el cumplimiento de las obligaciones derivadas del art�culo 41;

 

f) Aprobar y presentar ante el Consejo los proyectos de programas, presupuestos, agendas, informes y dem�s documentos elaborados por el Secretario General y que hayan sido revisados por la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n;

 

g) Recibir las propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Secretario General y hacerlos del conocimiento inmediato de los pa�ses miembros y de sus Canciller�as;

 

h) Convocar al Consejo Directivo a sesiones ordinarias y extraordinarias, de conformidad con lo estipulado en el art�culo 10 de estos estatutos;

 

i) Formular invitaciones a los asesores y observadores de los Estados miembros en nombre del Consejo Directivo, previa consulta con los dem�s miembros de dicho Consejo;

 

j) Recibir las credenciales que acrediten a los Representantes Titulares y Alternos de los Estados miembros del CLAD;

 

k) Recibir las documentaciones mediante las cuales los Estados Miembros acrediten a sus asesores y observadores para asistir a cada reuni�n del Consejo Directivo;

 

l) Someter el temario de cada reuni�n a la aprobaci�n del Consejo Directivo;

 

m) Someter la agenda u orden del d�a a consideraci�n del Consejo Directivo;

 

n) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias, dirigir los debates, llamar a votaciones y anunciar los resultados de las mismas de acuerdo con las disposiciones contenidas en el respectivo reglamento de sesiones;

 

�) Organizar comisiones o grupos de trabajo que estime conveniente para el mejor cumplimiento de las atribuciones del Consejo y el desempe�o de sus propias funciones;

 

o) Instalar las comisiones de trabajo creadas por el Consejo Directivo;

 

p) Delegar en los Vicepresidente el ejercicio y cumplimiento de aquellas atribuciones y actividades que contribuyan a agilizar el mejor desempe�o de las mismas;

 

q) Cumplir y hacer cumplir las dem�s funciones y albores que le encomiende el Consejo Directivo.

 

 

 

CAPITULO VI.

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS VICEPRESIDENTES

 

 

ARTICULO 15. Son atribuciones y deberes de los Vicepresidentes del Consejo Directivo, los siguientes:

 

a) Apoyar los programas y proyectos en ejecuci�n que de acuerdo con el Presidente le sean asignados;

 

b) Colaborar con el Presidente en ejercicio en el cumplimiento de todas las atribuciones y deberes que a aqu�l correspondan;

 

c) Asumir los encargos que le delegue el Presidente, ejecutarlos o hacer que ejecuten, y rendir cuentas de los resultados ante aqu�l;

 

d) Reemplazar al Presidente, en su ausencia accidental o a solicitud de �ste, y en consecuencia, asumir todos los derechos, atribuciones y deberes que corresponden a aqu�l. En este caso el reemplazo le corresponder� al primer Vicepresidente. De no serle posible a �ste, lo reemplazar� el Vicepresidente segundo y as� sucesivamente;

 

e) Cumplir las dem�s actividades que le encomiende el Consejo Directivo, relacionadas con el campo de acci�n del CLAD.

 

 

 

CAPITULO VII.

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES

 

 

ARTICULO 16. Son atribuciones y deberes de los Representantes de los pa�ses miembros, los siguientes:

 

a) Asistir a todas las reuniones debidamente convocadas para conocer y decidir acerca de los asuntos que competen al CLAD;

 

b) Participar en todos los debates, reuniones y sesiones especiales de trabajo que se realicen con ocasi�n de los eventos ordinarios y extraordinarios;

 

c) Promover todas las acciones que puedan conducir a la mejor realizaci�n de las actividades del CLAD, as� como a la obtenci�n de los apoyos necesarios por parte de cada pa�s, para el fortalecimiento y mejor cumplimiento de los objetivos encomendados a dicho Centro;

 

d) Presentar oportunamente al Consejo Directivo los instrumentos mediante los cuales sus respectivos pa�ses expresen su apoyo y acuerden sus contribuciones al CLAD seg�n las pautas fijadas por el Consejo Directivo;

 

e) Velar por que en sus respectivos pa�ses se d� cumplimiento a los acuerdos, previsiones, programas, proyectos, actividades y reglamentaciones sancionados por el Consejo Directivo del Centro;

 

f) Proponer al Centro la creaci�n de programas y proyectos y sugerir su contenido;

 

g) Designar el n�mero de funcionarios nacionales que estimen conveniente para participar en la ejecuci�n de los programas y los proyectos;

 

h) Realizar todas las gestiones necesarias para que su gobierno pague oportunamente su contribuci�n al CLAD;

 

i) Informar en las distintas instancias de su pa�s que sea necesario, y recabar el apoyo correspondiente para las diversas acciones del CLAD;

 

j) Realizar las actividades que sean puestas bajo su responsabilidad por los organismos competentes del CLAD;

 

k) Cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones y los acuerdos debidamente sancionados por el Consejo Directivo.

 

 

 

 

CAPITULO VIII.

 

DE LA DESIGNACI�N DE ASESORES Y OBSERVADORES POR PARTE DE LOS PA�SES

 

 

ARTICULO 17. Los pa�ses miembros del CLAD podr�n designar ante las reuniones de �ste a los asesores que estimen conveniente, los cuales ser�n acreditados ante el Presidente del Consejo Directivo del mismo, previo al inicio de cada reuni�n ordinaria y extraordinaria.

 

 

ARTICULO 18. El Consejo Directivo del CLAD podr� invitar a organismos internacionales, as� como a gobiernos de pa�ses no miembros del Centro, a que designen representantes ante sus reuniones ordinarias y extraordinarias, en calidad de observadores. As� mismo podr� invitar a dichos organismos y gobiernos a que designen asesores especiales cuando la medida se estime pertinente.

 

 

ARTICULO 19. Tanto los asesores como los observadores podr�n participar con voz pero sin voto en las sesiones de trabajo del Consejo Directivo o de las comisiones que �ste designe, en relaci�n con asuntos especiales, cuando sean invitados a ello.

 

 

ARTICULO 20. El Presidente del Consejo Directivo podr� invitar a las reuniones del CLAD a personas cuya presencia se juzgue conveniente de acuerdo con los temas que se traten, para que participen con voz en las mismas.

 

 

 

CAPITULO IX.

 

DE LAS ACTAS Y DOCUMENTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

 

 

ARTICULO 21. Los idiomas oficiales para la elaboraci�n de actas, correspondencia y principales documentos de trabajo del CLAD, ser�n el espa�ol y el ingl�s.

 

 

ARTICULO 22. La agenda u orden del d�a, as� como los dem�s documentos que sirvan de base a los asuntos para ser considerados en las reuniones del Consejo Directivo, ser�n remitidos con la firma del Presidente a los participantes, por lo menos con treinta d�as de antelaci�n a la sesi�n correspondiente, salvo que el Consejo acuerde un plazo menor en casos especiales.

 

 

ARTICULO 23. De cada una de las sesiones del Consejo Directivo se levantar�n las actas correspondientes, en las cuales se consignar�n de modo resumido los aspectos fundamentales de los debates, intervenciones y acuerdos, y se agregar�n a las mismas los documentos anexos a las proposiciones de la Secretar�a General y de los Representantes miembros, as� como los informes y minutas importantes que se emitan en torno a las materias tratadas.

 

 

ARTICULO 24. Las actas ser�n elaboradas por la Secretar�a General, y se presentar�n al t�rmino de la reuni�n a los Representantes para su consideraci�n, enmienda, aprobaci�n y firma.

 

 

 

CAPITULO X.

 

DE LA MESA DIRECTIVA

 

 

ARTICULO 25. El Presidente y los Vicepresidentes constituyen la Mesa Directiva del Centro. El Presidente de propia iniciativa o a petici�n del Secretario General, someter� a la decisi�n de la Mesa Directiva aquellos asuntos cuya importancia obliga a que sean resueltos antes de la reuni�n del Consejo Directivo. La Mesa Directiva tambi�n podr� iniciar propuestas gen�ricas o espec�ficas de reforma de los Estatutos, de acuerdo a las normas estipuladas en el Cap�tulo XIX, art�culo 56.

 
 

CAPITULO XI.

 

DE LA COMISI�N DE PROGRAMACI�N Y EVALUACI�N

 

 

ARTICULO 26. La Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n es un �rgano asesor y delegado del Consejo Directivo, integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, tres Representantes de pa�ses miembros y el Secretario General. Los Representantes de pa�ses ejercer�n este cargo por dos a�os y el Presidente, Vicepresidente y Secretario General por el tiempo que dure su mandato. Los gastos de traslado y vi�ticos de los miembros correr�n a cargo del CLAD.

 

P�rrafo I. En el caso de que el pa�s sede del CLAD no ocupe la Presidencia ni la Vicepresidencia primera, le corresponder� uno de los tres cargos de representantes de pa�ses miembros.

 

P�rrafo II. Adem�s de los anteriores, cualquier otro pa�s miembro interesado podr� designar a un Representante para integrarse a la Comisi�n, en cuyo caso los gastos de dicho Representante ser�n financiados por el pa�s interesado.

 

P�rrafo III. Los expertos asignados al Centro participar�n como asesores en las reuniones de la Comisi�n y colaborar�n con la misma en el cumplimiento de sus funciones.

 

P�rrafo IV. La Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n se reunir� por lo menos dos meses antes de la fecha fijada para la pr�xima reuni�n del Consejo Directivo.

 

Disposici�n Transitoria. En el caso de los Representantes de los pa�ses cuando sean elegidos por primera vez, uno de ellos seleccionado por el Consejo Directivo, ejercer� el cargo s�lo por un a�o.

 

 

ARTICULO 27. La Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n tendr� como funciones:

 

a) Analizar y evaluar los informes semestrales y el anual dictaminado por audito independiente, del programa presupuesto (ingresos y egresos), de los estados financieros y el programa de trabajo del CLAD;

 

b) Estudiar y evaluar las propuestas de programa y presupuesto para el ejercicio siguiente, tomando en cuenta las pol�ticas del CLAD y una equitativa distribuci�n de los recursos conforme a la problem�tica o aspiraciones subregionales.

 

c) Preparar el dictamen que sobre los puntos anteriores habr� de someterse al Consejo Directivo en su reuni�n anual ordinaria. Este documento ser� enviado por el Secretario General al Presidente para su distribuci�n a los pa�ses miembros, por lo menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha establecida para la reuni�n.

 

 

 

CAPITULO XII.

 

DE LA SECRETARIA GENERAL

 

 

ARTICULO 28. La Secretar�a General, que radica en la Sede del Centro, es el �rgano de car�cter t�cnico del CLAD encargado de la ejecuci�n y gerencia de los planes, programas y proyectos del Centro.

 

 

ARTICULO 29. El Secretario General, que deber� ser nacional de un pa�s miembro, tendr� a su cargo la direcci�n y gerencia de la Secretar�a General de acuerdo con las estipulaciones del presente Estatuto y con las condiciones y normas que establezca el Consejo Directivo. El Secretario General no representa a pa�s alguno, sino a la Secretar�a General en su conjunto.

 

 

ARTICULO 30. Las candidaturas para ocupar el cargo de Secretario General deber�n ser enviadas junto con los curricula correspondientes al Presidente del Consejo, por lo menos con cuarenta y cinco d�a de antelaci�n a la fecha fijada para la elecci�n, a los Representantes y a las Canciller�as de los pa�ses miembros.

 

P�rrafo Unico. Los candidatos a la Secretar�a General podr�n ser postulados por cualquier pa�s miembro.

 

 

ARTICULO 31. El Secretario General, designado por el Consejo Directivo en la forma dispuesta en el ordinal h) del art�culo 13, desempe�ar� su cargo durante tres a�os y asumir� sus funciones dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha de su elecci�n. Podr� ser reelegido por una sola vez.

 

 

ARTICULO 32. El Secretario General es responsable de su gesti�n ante el Consejo Directivo y el Presidente, a quienes rendir� cuentas e informes que se consideren pertinentes en las �pocas y formas que al efecto se estipulen.

 

P�rrafo Unico. Dicho funcionario deber� abstenerse de disponer o ejecutar medidas que sean incompatibles con los fines del Centro y con el car�cter de sus atribuciones.

 

 

ARTICULO 33. El Secretario General, as� como los dem�s funcionarios que sirvan de tiempo completo al CLAD, no podr�n desempe�ar otras actividades, profesionales distintas a las del Centro, sean �stas remuneradas o no, salvo en el caso excepcional de autorizaci�n previa del Consejo Directivo o del Presidente. Tampoco podr�n solicitar ni aceptar instrucciones o pautas de ning�n Gobierno ni de ninguna entidad, p�blica o privada, nacional o internacional.

 

 

ARTICULO 34. En caso de renuncia, fallecimiento, remoci�n o impedimento para ejercer el cargo por parte del Titular de la Secretar�a General, la designaci�n de un Secretario General sustituto se realizar� a la brevedad posible conforme a lo establecido en los art�culos 29, 30 y 31 de este Estatuto, convoc�ndose para ello a reuni�n ordinaria o extraordinaria. Mientras tanto uno de los Vecepresidentes, de acuerdo a su orden de prelaci�n, asumir� provisionalmente las funciones del Secretario.

 

 

 

CAPITULO XIII. 

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO GENERAL

 

 

ARTICULO 35. Corresponde al Secretario General:

 

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y los mandatos que se deriven del cumplimiento de los Estatutos;

 

b) Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos del Centro;

 

c) A trav�s del Presidente, presentar para la aprobaci�n del Consejo Directivo los estados financieros, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento del programa de trabajo al 31 de diciembre del a�o anterior, dictaminados por auditor independiente, as� como un informe de avance de la ejecuci�n del programa y del presupuesto del ejercicio del a�o en curso, los que deber�n estar analizados por la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n;

 

d) Elaborar el Programa presupuesto (ingresos y egresos) y el Programa de trabajo del a�o siguiente para su aprobaci�n, desagregado por semestres y previamente analizado por la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n. Presentarlo a consideraci�n del Consejo Directivo por conducto del Presidente;

 

e) Remitir al Presidente, la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n y a cualquier pa�s miembro que expresamente lo solicite, informes semestrales sobre el ejercicio presupuestal y avance del programa de trabajo, explicando en su caso las variaciones. As� mismo, informar al Presidente el estado de recaudaci�n de las cuotas de los pa�ses miembros;

 

f) Elevar Propuestas al Presidente sobre la designaci�n o remoci�n de los encargados de programas, para que una vez evaluadas por aqu�l, sean transmitidas al Consejo Directivo;

 

g) Participar en las reuniones del Consejo, salvo cuando �ste considere conveniente realizar reuniones privadas sin la presencia de aqu�l. La Secretar�a tendr� derecho a participar en las reuniones donde se consideren sus propuestas;

 

h) Ejercer las atribuciones que le encomiende el Presidente;

 

i) Elaborar proyectos de los Reglamentos Internos de la Secretar�a General y someterlos al Presidente, quien decidir� sobre su presentaci�n ante el Consejo Directivo; presentar ante el Presidente las modificaciones que estime conveniente sobre la organizaci�n del Centro y la Secretar�a General, quien en su caso las presentar� ante el Consejo para su aprobaci�n definitiva;

 

j) Proponer al Presidente la contrataci�n del personal t�cnico internacional de largo y mediano plazo, entendi�ndose por tales los de m�s de un a�o y entre 6 y 12 meses respectivamente, y designar al personal t�cnico de corto plazo y al administrativo, todo de acuerdo con las pol�ticas que al efecto establezca el Centro. En su elecci�n procurar� obtener la mayor diversificaci�n en cuanto a pa�ses de origen;

 

k) Promover ante el Presidente y ejecutar, una vez aprobados por el Consejo Directivo o la Mesa Directiva en caso de urgencia, los contratos y convenios con los gobiernos y con otras entidades nacionales o internacionales para la prestaci�n de los servicios del Centro, de acuerdo con las pol�ticas y procedimientos dictados por el Consejo Directivo;

 

l) Promover la aceptaci�n formal de contribuciones de gobiernos, internacionales, fundaciones e instituciones privadas, con el fin de financiar actividades del Centro, de acuerdo con las pol�ticas y procedimientos dictados por el Consejo Directivo;

 

m) Fomentar con organismos an�logos y especializados acuerdos de colaboraci�n con el Centro en los respectivos campos de su competencia, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Directivo y someter dichos acuerdos al Presidente, quien los trasladar� en su caso, al Consejo Directivo para su ratificaci�n;

 

n) Ejecutas las instrucciones de Presidente en cuanto a la coordinaci�n de las labores del Centro con las de otros programas internacionales, regionales, continentales y bilaterales, en campos afines que hayan sido aprobados por el Consejo y procurar la optimizaci�n de los recursos y de la capacidad instalada existente;

 

�) Recaudar las contribuciones de los pa�ses miembros y mantener y administrar el patrimonio del Centro, de acuerdo con las pol�ticas y normas establecidas por el Consejo Directivo;

 

o) Solicitar al Presidente del Consejo la convocatoria de las reuniones ordinarias y de las extraordinarias que estimen deben realizarse;

 

p) Organizar los servicios de secretar�a que requieran el Consejo, las comisiones, los grupos de expertos gubernamentales, los grupos de trabajo y de asesores, internacionales y otras reuniones convocadas por el Consejo Directivo o por la propia Secretar�a General de acuerdo con las pol�ticas del Consejo;

 

q) Rendir oportunamente al Consejo Directivo o al Presidente los informes, cuentas y datos que cualquiera de ellos le requiera o que est�n formalmente previstos;

 

r) Elaborar la convocatoria y el temario provisional de las reuniones y con la firma del Presidente del Consejo, remitirlos a los Representantes de los pa�ses miembros, a m�s tardar cuarenta d�as antes del inicio de cada reuni�n;

 

s) Presentar a la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n, en su primera reuni�n anual, el informe semestral correspondiente a la �ltima fase del ejercicio anterior, as� como el informe financiero relativo al a�o anterior debidamente auditado;

 

t) Presentar a la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n, el informe de avance del ejercicio en curso y la propuesta de programa y presupuesto para per�odo siguiente, seg�n lo establecido en el art�culo 37 de este Estatuto;

 

u) Presentar al Consejo Directivo una lista de firmas, auditoras para que �ste seleccione la que practicar� la auditoria del Centro;

 

v) Facilitar al auditor externo toda la informaci�n que requiera para que realice su trabajo.

 

 

ARTICULO 36. Los programas estar�n bajo la direcci�n del Secretario General, quien tendr� a su cargo la conducci�n t�cnica y administrativa de sus respectivas �reas competencia. El Secretario General encomendar� cada programa a un responsable ejecutivo.

 

 

CAPITULO XIV.

 

DE LA FORMULACI�N, PRESENTACI�N Y APROBACI�N DE PROGRAMAS,

PRESUPUESTOS E INFORMES DE RESULTADOS

 

 

ARTICULO 37. Por lo menos dos meses antes de la reuni�n anual ordinaria del Consejo Directivo, el Secretario General presentar� a la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n el informe de avance del ejercicio en curso en sus partes program�ticas y presupuestarias y la propuesta de programa y presupuestos para el per�odo siguiente, que ser� estructurado por programas y proyectos calendarizados por semestre, para ser presentados, con sus dict�menes y observaciones al Consejo Directivo en su sesi�n ordinaria.

 

 

ARTICULO 38. Con base en el informe del Secretario General, la Comisi�n evaluar� y dictaminar� sobre el informe del programa vigente. Con dichos elementos el Secretario General elaborar� el informe de resultados que elevar� al Presidente para ser sometido al Consejo.

 

 

ARTICULO 39. Sobre la base del proyecto del programa para el a�o calendario siguiente, estudiado y dictaminado por la Comisi�n de Programaci�n y Evaluaci�n, el Secretario General elaborar� los proyectos de desarrollo que elevar� al Presidente para ser sometido al Consejo.

 

P�rrafo Unico. Los Estados miembros podr�n designar, remunerados por ellos, el n�mero de funcionarios que estimen conveniente para participar en los diversos programas del Centro. Dichos funcionarios ser�n evaluados e incorporados a un programa por el Secretario General, previo informe de los responsables de los respectivos programas siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios para el cargo, de acuerdo con las normas dictadas por el Consejo Directivo. Una vez incorporados tendr�n durante el per�odo de su gesti�n el mismo car�cter que los dem�s funcionarios del Centro.

 

 

CAPITULO XV.

 

DEL FINANCIAMIENTO DEL CLAD

 

 

ARTICULO 40. El financiamiento del CLAD se har� con recursos de las siguientes fuentes:

 

a) Aportaciones ordinarias que hagan los pa�ses miembros de acuerdo con la tabla correspondiente que fije el Consejo Directivo, seg�n lo establece el ordinal e) del art�culo 13;

 

b) Aportaciones extraordinarias de pa�ses que el propio Consejo acuerde;

 

c) Aportaciones especiales de gobiernos para los programas que ellos indiquen;

 

d) Aportaciones de organismos nacionales, internacionales u otras entidades;

 

e) Donaciones;

 

f) Ingresos derivados de la propia actividad del organismo.

 

 

ARTICULO 41. Los aportes anuales ordinarios deber�n estar cubiertos dentro del primer trimestre de cada a�o.

 

 

ARTICULO 42. Correr� a cuenta del pa�s anfitri�n del Consejo Directivo los gastos de funcionamiento operativo ocasionados por �ste durante las sesiones.

 

 

ARTICULO 43. Una partida no mayor del 5% del total del presupuesto ser�, utilizado por la Secretar�a General para afrontar los gastos preliminares correspondientes al desarrollo y negociaci�n de futuros proyectos, justificando en los informes semestrales el ejercicio de esta partida.

 

CAPITULO XVI.

 

DE LA ADHESI�N DE PA�SES AL CLAD

 

 

ARTICULO 44. Todos los pa�ses latinoamericanos, del Caribe y de la Pen�nsula Ib�rica tienen derecho a solicitar su ingreso como miembros del CLAD o como adherentes a programas espec�ficos de dicho organismo. Otros pa�ses no pertenecientes a estas �reas geogr�ficas podr�n participar como observadores de conformidad con lo que establece el art�culo 18.

 

 

ARTICULO 45. La solicitud deber� hacerse por escrito, firmada por un representante autorizado del pa�s que hace la solicitud y canalizada a trav�s del Ministerio de Relaciones Exteriores del pa�s sede, de acuerdo con la estipulaci�n Octava el Acuerdo Constitutivo.

 

 

ARTICULO 46. En la solicitud de adhesi�n al Acuerdo Constitutivo deber� estipularse el monto de la cuota en efectivo que el pa�s aspirante se compromete a aportar anualmente al CLAD a partir del m�nimo establecido y de acuerdo con los procedimientos seguidos para el c�lculo de aportaciones.

 

P�rrafo I. El Consejo determinar� la aportaci�n m�nima que deber� actualizarse peri�dicamente.

 

P�rrafo II. Una vez cumplidos los requisitos establecidos para la adhesi�n se enviar� al pa�s solicitante la comunicaci�n que lo acredite como miembro.

 

 

ARTICULO 47. En el caso de las adhesiones a programas espec�ficos los pa�ses no miembros interesados deber�n comunicarlas a trav�s de notificaci�n escrita dirigida al Presidente del CLAD.

 

 

CAPITULO XVII.

 

DEL PERSONAL

 

 

ARTICULO 48. El Consejo Directivo, a propuesta de la Secretar�a General, establecer� una pol�tica de personal de la instituci�n que incluya los procedimientos de selecci�n, escala salarial, evaluaci�n y desarrollo del personal, basada en principios t�cnicos avanzados dentro de las posibilidades presupuestarias de la instituci�n.

 

 

ARTICULO 49. Los cargos del personal internacional de la Secretar�a General quedar�n vacantes por cualquiera de las siguientes causas:

 

a) Por renuncia debidamente formulada y aceptada;

 

b) Por fallecimiento del Titular;

 

c) Por imposibilidad para su desempe�o por parte del Titular, m�s all� del t�rmino de sesenta d�as, salvo lo que en contrario pueda establecer el Consejo Directivo al respecto;

 

d) Por remoci�n del Titular, regularmente dispuesta por el Consejo Directivo conforme a lo previsto en este Estatuto;

 

e) Por incapacidad f�sica o mental definitiva, entendi�ndose por tal aquella que a juicio de facultativos designados por el Secretario General, tenga dicho car�cter y pueda prolongarse por m�s de seis meses;

 

f) Cuando la persona designada no asuma sus funciones dentro del plazo establecido en cada caso, salvo fuerza mayor o situaci�n fortuita;

 

g) Por rescisi�n del contrato, a causa de evidente incumplimiento del mismo y dentro del marco de la legislaci�n laboral del pa�s donde radique la sede del CLAD o la que sea aplicable a los funcionarios de organismos internacionales.

 
 

ARTICULO 50. Las ausencias temporales que excedan de sesenta d�as por ejercicio presupuestario tendr�n car�cter excepcional, salvo en caso de maternidad o de enfermedad prolongada debidamente acreditada. En todo caso, las ausencias temporales por m�s del plazo indicado deber�n ser autorizadas por el Presidente a propuesta del Secretario General, d�ndose cuenta de ello al Consejo Directivo.

 

 

CAPITULO VIII.

DE LAS PUBLICACIONES

 

 

ARTICULO 51. Se considerar�n publicaciones del CLAD las producidas directamente por el Centro, empleando para ello sus propios recursos financieros y humanos.

 

P�rrafo Unico. La participaci�n de entidades nacionales o internacionales en la elaboraci�n de trabajos para publicaciones por parte del CLAD, se considera una contribuci�n en especie y en servicio y, por lo tanto, como un esfuerzo gubernamental en apoyo a los programas del mismo.

 

 

ARTICULO 52. Tambi�n se considerar�n publicaciones del CLAD, aquellas que utilicen el material elaborado por otras instituciones o personas bajo contrato con el Centro, financiados directamente con recursos propios del mismo o provenientes de la cooperaci�n internacional, bilateral o institucional para financiar contrataciones. El material producido por estas instituciones o personas es, por lo tanto, propiedad del Centro.

 

 

ARTICULO 53. Los derechos de autor de los trabajos mencionados en los art�culos 51 y 52 ser�n propiedad del Centro, �nica persona jur�dica competente para autorizar la reproducci�n parcial o total del material.

 

P�rrafo �nico. Tambi�n ser�n propiedad del CLAD los derechos de autor del material que adquiera de otras personas o instituciones por compra o cesi�n de esos derechos, aunque haya sido producido sin apoyo financiero directo o indirecto del Centro.

 

 

ARTICULO 54. El Centro podr� financiar los costos de publicaci�n de trabaos producidos por personas o instituciones ajenas al Centro cuando su contenido sea de inter�s para los gobiernos miembros. En este caso, el Centro no ser� propietario de ese material y los editores o autores estar�n en libertad de realizar nuevas publicaciones o reelaborar las mismas.

 

 

ARTICULO 55. Todo contrato o convenio con terceras personas o instituciones deber� basarse estrictamente en los lineamientos anteriores.

 

 

CAPITULO XIX.

DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO

 

 

 

ARTICULO 56. Este Estatuto s�lo podr� ser modificado o sustituido en la reuni�n siguiente a aquella que propuso su modificaci�n o sustituci�n. El procedimiento se inicia con una propuesta gen�rica o espec�fica a iniciativa de a lo menos un tercio de los Estados presentes en esa reuni�n.

 

Tambi�n podr� iniciar una propuesta de reforma estatutaria la Mesa Directiva siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

 

a) Que la correspondiente reuni�n de la Mesa Directiva sea convocada con el prop�sito expreso de proponer una reforma estatutaria;

 

b) Que a la referida reuni�n de la Mesa Directiva hayan sido convocados todos los representantes de los pa�ses miembros, con una anticipaci�n m�nima de un mes, y

 

c) Que la propuesta de modificaci�n sea aceptada por unanimidad.

 

Las propuestas espec�ficas ser�n presentadas a la siguiente reuni�n del Consejo Directivo que en ning�n caso podr� celebrarse antes de los 60 d�as de la reuni�n que propuso las reformas y se considerar�n aprobadas si re�nen a lo menos los votos de los dos tercios de los Estados presentes.

 

 

 

CAPITULO FINAL

 

 

ARTICULO 57. Las materias no tratadas en el presente Estatuto ser�n resueltas seg�n el caso por el Organismo del Centro a quien le corresponda.

 

 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 

Santa Fe de Bogot�, D. C., a 16 de febrero de 2000.

 

Aprobado. Som�tase a la consideraci�n del honorable Congreso Nacional, para los efectos constitucionales.

 

(Fdo.) ANDR�S PASTRANA ARANGO

 

(Fdo.) GUILLERMO FERN�NDEZ DE SOTO

El Ministro de Relaciones Exteriores

 

 

DECRETA:

 

 

ARTICULO 1o. Apru�base el "Acuerdo Relativo al Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, CLAD, y sus Estatutos", firmado en Caracas, el 30 de junio de 1972.

 

 

ARTICULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 1o. de la Ley 7a.  de 1944, el "Acuerdo Relativo al Centro Latinoamericano de Administraci�n para el Desarrollo, CLAD, y sus Estatutos", firmado en Caracas, el 30 de junio de 1972, que por el art�culo 1o de esta ley se aprueba, obligar� al pa�s a partir de la fecha en que se perfeccione el v�nculo internacional respecto del mismo.

 

 

ARTICULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci�n.

 

MARIO URIBE ESCOBAR

El Presidente del honorable Senado de la Rep�blica

 

MANUEL ENR�QUEZ ROSERO

El Secretario General del honorable Senado de la Rep�blica

 

BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO

El Presidente de la honorable C�mara de Representantes

 

ANGELINO LIZCANO RIVERA

El Secretario General de la honorable C�mara de Representantes

 

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

 

COMUN�QUESE Y C�MPLASE

Ejec�tese, previa revisi�n de la Corte Constitucional, conforme al art�culo 241-10 de la Constituci�n Pol�tica.

 

Dada en Bogot�, D. C., a 4 de enero de 2001

 

ANDR�S PASTRANA ARANGO

 

GUILLERMO FERN�NDEZ DE SOTO

El Ministro de Relaciones Exteriores




LEY 0636 DE 2001

LEY 636 DE 2001

 

LEY 636 DE 2001

(enero 4)

Diario Oficial No 44.281, de 4 de enero de 2001

Por medio de la cual se aprueban la "Convenci�n Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal", suscrita en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo Facultativo relativo a la Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).

*Resumen de Notas de Vigencia*

NOTAS DE VIGENCIA:
2. Promulgada por el Decreto 2124 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.265, de 31 de julio de 2003, "Por el cual se promulga la "Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", suscrita en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo facultativo relativo a la Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de mil novecientos noventa y tres (1993)"
1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-974-01 de 12 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA

Visto el texto de la "Convenci�n Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal", suscrita en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo Facultativo relativo a la Convenci�n Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal", adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), que a la letra dicen:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto �ntegro de cada uno de los Instrumentos Internacionales mencionados).

 

� CONVENCI�N INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

Adoptada en el vig�simo Segundo Per�odo Ordinario

de Sesiones de la Asamblea General

Nassau, Bahamas 23 de mayo de 1992

 

CONVENCI�N INTERAMERICANA SOBRE  ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

 
PRE�MBULO

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACI�N  DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

 
Considerando: Que la Carta de la organizaci�n de los Estados Americanos en su art�culo 2o, literal e), establece como prop�sito esencial de los Estados americanos "procurar la soluci�n de los problemas pol�ticos, jur�dicos y econ�micos que se susciten entre ellos", y Que la adopci�n de reglas comunes en el campo de la asistencia mutua en materia penal contribuir� a ese prop�sito, Adoptan la siguiente Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal:
 

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 1o. OBJETO DE LA CONVENCION. Los Estados Partes se comprometen a brindarse asistencia mutua en materia penal, de acuerdo con las disposiciones de la presente convenci�n.

 
ARTICULO 2o. APLICACION Y ALCANCE DE LA CONVENCION. Los Estados Partes se prestar�n asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requiriente al momento de solicitarse la asistencia. Esta Convenci�n no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicci�n ni el desempe�o de funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislaci�n interna. Esta Convenci�n se aplica �nicamente a la prestaci�n de asistencia mutua entre los Estados Partes; sus disposiciones no otorgan derecho a los particulares para obtener o excluir pruebas, o para impedir la ejecuci�n de cualquier solicitud de asistencia.
 
ARTICULO 3o. AUTORIDAD CENTRAL. Cada Estado designar� una Autoridad Central en el momento de la firma, ratificaci�n o adhesi�n a la presente Convenci�n. Las Autoridades Centrales estar�n encargadas de enviar y recibir las solicitudes de asistencia. Las Autoridades Centrales se comunicar�n mutuamente en forma directa para todos los efectos de la presente Convenci�n.
 
ARTICULO 4o. La asistencia a que se refiere la presente Convenci�n, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas jur�dicos de los Estados Partes, se basar� en solicitudes de cooperaci�n de las autoridades encargadas de la investigaci�n o enjuiciamiento de delitos en el Estado requiriente.
 
ARTICULO 5o. DOBLE INCRIMINACI�N. La asistencia se prestar� aunque el hecho que la origine no sea punible seg�n la legislaci�n del Estado requerido. Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas: a) Embargo y secuestro de bienes; y b) Inspecciones e incautaciones, incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido podr� no prestar la asistencia si el hecho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley.
 
ARTICULO 6o. Para los efectos de esta Convenci�n, el hecho debe ser punible con pena de un a�o o m�s de prisi�n en el Estado requiriente.
 
ARTICULO 7o. �MBITO DE APLICACI�N. La asistencia prevista en esta Convenci�n comprender�, entre otros, los siguientes actos: a) Notificaci�n de resoluciones y sentencias; b) Recepci�n de testimonios y declaraciones de personas; c) Notificaci�n de testigos y peritos a fin de que rindan testimonio; d) Pr�ctica de embargo y secuestro de bienes, inmovilizaci�n de activos y asistencia en procedimientos relativos a la incautaci�n; e) Efectuar inspecciones o incautaciones; f) Examinar objetos y lugares; g) Exhibir documentos judiciales; h) Remisi�n de documentos, informes, informaci�n y elementos de prueba; i) El traslado de personas detenidas, a los efectos de la presente Convenci�n, y j) Cualquier otro acto siempre que hubiere acuerdo entre el Estado requiriente y el Estado requerido.
 
ARTICULO 8o. DELITOS MILITARES. Esta Convenci�n no se aplicar� a los delitos sujetos exclusivamente a la legislaci�n militar.
 
ARTICULO 9o. DENEGACI�N DE ASISTENCIA. El Estado requerido podr� denegar la asistencia cuando a juicio: a) La solicitud de asistencia fuere usada con el objeto de juzgar a una persona por un cargo por el cual dicha persona ya fue previamente condenada o absuelta en un juicio en el Estado requiriente o requerido; b) La investigaci�n ha sido iniciada con el objeto de procesar, castigar o discriminar en cualquier forma contra persona o grupo de personas por razones de sexo, raza, condici�n social, nacionalidad, religi�n o ideolog�a; c) La solicitud se refiere a un delito pol�tico o conexo con un delito pol�tico, o delito com�n perseguido por una raz�n pol�tica; d) Se trata de una solicitud originada a petici�n de un tribunal de excepci�n o de un tribunal ad hoc; e) Se afecta el orden p�blico, la soberan�a, la seguridad o los intereses p�blicos fundamentales, y f) La solicitud se refiere a un delito tributario. No obstante, se prestar� la asistencia si el delito se comete por una declaraci�n intencionalmente falsa efectuada en forma oral o por escrito, o por una omisi�n intencional de declaraci�n, con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito comprendido en la presente Convenci�n.
 

 

CAPITULO II.

SOLICITUD, TRAMITE Y EJECUCI�N DE LA ASISTENCIA

 

ARTICULO 10. SOLICITUD DE ASISTENCIA: REGULACI�N. Las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requiriente se har�n por escrito y se ejecutar�n de conformidad con el derecho interno del Estado requerido. En la medida en que no se contravenga la legislaci�n del Estado requerido, se cumplir�n los tr�mites mencionados en la solicitud de asistencia en la forma expresada por el Estado requiriente.

 
ARTICULO 11. El Estado requerido podr�, con explicaci�n de causa, postergar la ejecuci�n de cualquier solicitud que le haya sido formulada en caso de que sea necesario continuar una investigaci�n o procedimiento en el Estado requerido.
 
ARTICULO 12. Los documentos y objetos enviados en cumplimiento de un pedido de asistencia ser�n devueltos al Estado requerido dentro del menor plazo posible, a menos que este lo decida de otra manera.
 

ARTICULO 13. REGISTRO, EMBARGO, SECUESTRO Y ENTREGA DE OBJETOS. El Estado requerido cumplir� la solicitud relativa a registro, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, si la autoridad competente determina que la solicitud contiene la informaci�n que justifique la medida propuesta. Dicha medida se someter� a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido.

Conforme a lo previsto en la presente Convenci�n, el Estado requerido determinar� seg�n su ley cualquier requerimiento necesario para proteger los intereses de terceros sobre los objetos que hayan de ser trasladados.

 

ARTICULO 14. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES. La Autoridad Central de una de las Partes podr� comunicar a la Autoridad Central de la otra Parte la informaci�n que posea sobre la existencia en el territorio de esta �ltima, de los ingresos, frutos o instrumentos de un delito.

 
ARTICULO 15. Las Partes se prestar�n asistencia mutua, en la medida permitida por sus leyes, para promover los procedimientos precautorios y las medidas de aseguramiento de los ingresos, frutos o Instrumentos del delito.
 
ARTICULO 16. Fecha, lugar y modalidad de la ejecuci�n de la solicitud de asistencia. El Estado requerido fijar� la fecha y sede de la ejecuci�n del pedido de asistencia y podr� comunicarlas al Estado requiriente. Las autoridades y las partes interesadas, o sus representantes, del Estado requiriente, podr�n, previo conocimiento de la Autoridad Central del Estado requerido, estar presentes y participar en la ejecuci�n de la solicitud de asistencia en la medida en que no lo proh�ba la legislaci�n del Estado requerido y haya expreso consentimiento de sus autoridades al respecto.
 

 

CAPITULO III.

NOTIFICACI�N DE RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS  Y COMPARECENCIA DE TESTIGOS Y PERITOS.

 

ARTICULO 17. A solicitud del Estado requiriente, el Estado requerido efectuar� la notificaci�n de las resoluciones, sentencias u otros documentos provenientes de las autoridades competentes del Estado requiriente.

 

ARTICULO 18. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUERIDO. A solicitud del Estado requiriente cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido ser� citada a comparecer conforme a la legislaci�n del Estado requerido ante autoridad competente para prestar testimonio o aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba.

 

ARTICULO 19. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUIRIENTE. Cuando el Estado requiriente solicite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir informe, el Estado requerido invitar� al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente del Estado requiriente y sin utilizar medidas conminatorias o coercitivas. Si se considera necesario, la Autoridad Central del Estado requerido podr� registrar por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado requiriente. La Autoridad Central del Estado requerido informar� con prontitud a la Autoridad Central del Estado requiriente de dicha respuesta.

 

ARTICULO 20. TRASLADO DE DETENIDOS. La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requerido cuya comparecencia en el Estado requiriente sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en la presente Convenci�n ser� trasladada temporalmente con ese fin al Estado requiriente, siempre que esa persona y el Estado requerido consientan dicho traslado.

La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requiriente cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en la presente Convenci�n, ser� trasladada temporalmente al Estado requerido, siempre que lo consienta esa persona y ambos Estados est�n de acuerdo.

Lo establecido anteriormente podr� ser denegado, entre otros, en los siguientes casos:

a) Si la persona detenida o que se encuentre cumpliendo una pena negare su consentimiento a tal traslado;

b) Mientras su presencia fuera necesaria en una investigaci�n o juicio penal pendiente en la jurisdicci�n a la que se encuentra sujeta la persona;

c) Si existen otras consideraciones de orden legal o de otra �ndole, determinadas por la autoridad competente del Estado requerido o requiriente.

A los efectos del presente art�culo:

a) El Estado receptor tendr� potestad y la obligaci�n de mantener bajo custodia f�sica a la persona trasladada, a menos que el Estado remitente indique lo contrario;

b) El Estado receptor devolver� a la persona trasladada al Estado que la envi� tan pronto como las circunstancias lo permitan o con sujeci�n a lo acordado entre las autoridades centrales de ambos Estados;

c) Respecto a la devoluci�n de la persona trasladada, no ser� necesario que el Estado remitente promueva un procedimiento de extradici�n;

d) El tiempo transcurrido en el Estado receptor ser� computado, a los efectos del cumplimiento de la sentencia que le hubiera sido impuesta en el Estado remitente, y

e) La permanencia de esa persona en el Estado receptor en ning�n caso podr� exceder del per�odo que le reste para el cumplimiento de la condena o de sesenta d�as, seg�n el plazo que se cumpla primero, a menos que la persona y ambos Estados consientan prorrogarlo.

 

ARTICULO 21. TRANSITO. Los Estados Partes prestar�n su colaboraci�n, en la medida de lo posible, para el tr�nsito por su territorio de las personas mencionadas en el art�culo anterior, siempre que haya sido notificada con la debida antelaci�n la Autoridad Central, respectiva y que estas personas viajen bajo la custodia de agentes del Estado requiriente.

El mencionado aviso previo no ser� necesario cuando se haga uso de los medios de transporte a�reo y no se haya previsto ning�n aterrizaje regular en el territorio del o de los Estados Partes que se vaya a sobrevolar.

 

ARTICULO 22. SALVOCONDUCTO. La comparecencia o traslado de la persona que consienta declarar o dar testimonio seg�n lo dispuesto en la presente Convenci�n estar� condicionado, si la persona o el Estado remitente lo solicitan con anterioridad a dicha comparecencia o traslado, a que el Estado requerido conceda un salvoconducto bajo el cual, mientras se encuentre en ese Estado, no podr�:

a) Ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del territorio del Estado remitente;

b) Ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud, y

c) Ser detenida o enjuiciada con base en la declaraci�n que preste, salvo en caso de desacato o falso testimonio.

El salvoconducto previsto en el p�rrafo anterior cesar� cuando la persona prolongue voluntariamente su estad�a en el territorio del Estado receptor por m�s de diez d�as a partir del momento en que su presencia ya no fuere necesaria en ese Estado, conforme a lo comunicado al Estado remitente.

 

ARTICULO 23. Trat�ndose de testigos o peritos se acompa�ar�n, en la medida necesaria y posible, los pliegos de preguntas, interrogatorios o cuestionarios correspondientes.

 

CAPITULO IV.

REMISI�N DE INFORMACIONES Y ANTECEDENTES

ARTICULO 24. En los casos en que la asistencia proceda seg�n esta Convenci�n, previa solicitud, y de acuerdo con su procedimiento interno, el Estado requerido facilitar� al Estado requiriente copia de los documentos, antecedentes o informaciones de car�cter p�blico que obran en los organismos y dependencias gubernamentales del Estado requerido.

El Estado requerido podr� facilitar copias de cualquier documento, antecedentes o informaciones que obren en un organismo o dependencia gubernamental de dicho Estado pero que no sean de car�cter p�blico, en igual medida y con sujeci�n a las mismas condiciones en que se facilitar�an a sus propias autoridades judiciales, u otras encargadas de la aplicaci�n de la ley. El Estado requerido podr�, a su juicio, denegar total o parcialmente una solicitud formulada al amparo de este p�rrafo.

 

ARTICULO 25. LIMITACI�N AL USO DE INFORMACI�N O PRUEBAS. El Estado requiriente no podr� divulgar o utilizar ninguna informaci�n o prueba obtenida en aplicaci�n de la presente Convenci�n para prop�sitos diferentes a aquellos especificados en la solicitud de asistencia, sin previo consentimiento de la Autoridad Central del Estado requerido.

En casos excepcionales, si el Estado requiriente necesitare divulgar y utilizar, total o parcialmente, la informaci�n o prueba para prop�sitos diferentes a los especificados, solicitar� la autorizaci�n correspondiente del Estado requerido, el que, a su juicio, podr� acceder o negar, total o parcialmente, lo solicitado.

La informaci�n o prueba que deba ser divulgada y utilizada, en la medida necesaria para el apropiado cumplimiento del procedimiento o diligencias especificadas en la solicitud, no estar�n sujetas al requerimiento de autorizaci�n a que se refiere este art�culo.

Cuando resulte necesario, el Estado requerido podr� solicitar que la informaci�n o las pruebas suministradas se conserven en confidencialidad de conformidad con las condiciones que especifique la Autoridad Central. Si la Parte requiriente no puede cumplir con tal solicitud, las autoridades centrales se consultar�n para determinar las condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes.

 

CAPITULO V.

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 26. LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA DEBER�N CONTENER LAS SIGUIENTES INDICACIONES.

a) Delito a que se refiere el procedimiento y descripci�n sumaria de los hechos constitutivos del mismo, investigaci�n o juicio penal de que se trate y descripci�n de los hechos a que se refiere la solicitud;

b) Acto que origina la solicitud de asistencia con una descripci�n precisa del mismo;

c) Cuando sea pertinente, la descripci�n de cualquier procedimiento u otros requisitos especiales del Estado requiriente;

d) Descripci�n precisa de la asistencia que se solicita y toda la informaci�n necesaria para el cumplimiento de la solicitud.

Cuando una solicitud de asistencia no pueda ser cumplida por el Estado requerido, este la devolver� al Estado requiriente con explicaci�n de la causa.

El Estado requerido podr� pedir informaci�n adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

Cuando resulte necesario, el Estado requiriente proceder�, en su caso, conforme a lo previsto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 24 de la presente convenci�n.

 

ARTICULO 27. Los documentos que se tramiten de acuerdo con esta Convenci�n a trav�s de las Autoridades Centrales estar�n dispensados de legalizaci�n o autenticaci�n.

 

ARTICULO 28. Las solicitudes de asistencia y la documentaci�n anexa deber�n ser traducidas a un idioma oficial del estado requerido.

 

ARTICULO 29. El Estado requerido se har� cargo de todos los gastos ordinarios de ejecuci�n de una solicitud dentro de su territorio, con excepci�n de los siguientes, que ser�n sufragados por el Estado requiriente:

a) Honorarios de peritos, y

b) Gastos de viaje y conexos provenientes del transporte de personas del territorio de un Estado al del otro.

Si aparece que la tramitaci�n de la solicitud pudiere ocasionar costos extraordinarios, los Estados Partes se consultar�n para determinar los t�rminos y condiciones bajo los cuales la asistencia podr�a ser prestada.

 

ARTICULO 30. En la medida en que lo estimen �til y necesario para el mejor cumplimiento de la presente Convenci�n, los Estados Partes podr�n intercambiar informaci�n sobre asuntos relacionados con la aplicaci�n de la misma.

 

ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD. La ley interna de cada Parte regula la responsabilidad por da�os que pudieran emerger de los actos de sus autoridades en la ejecuci�n de esta convenci�n.

Ninguna de las Partes ser� responsable por los da�os que puedan surgir de actos de las autoridades de la otra Parte en la formulaci�n o ejecuci�n de una solicitud conforme a esta Convenci�n.

 

CAPITULO VI.

CL�USULAS FINALES

ARTICULO 32. La presente convenci�n estar� abierta a la firma de los Estados miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos.

 

ARTICULO 33. LA PRESENTE CONVENCI�N ESTAR� SUJETA A RATIFICACI�N. Los instrumentos de ratificaci�n se depositar�n en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos.

 

ARTICULO 34. LA PRESENTE CONVENCI�N QUEDARA ABIERTA A LA ADHESI�N DE CUALQUIER OTRO ESTADO. Los instrumentos de adhesi�n se depositar�n en la Secretar�a General de la organizaci�n de los Estados Americanos.

 

ARTICULO 35. Cada Estado podr� formular reservas a la presente convenci�n al momento de firmarla, aprobarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que la reserva verse sobre una o m�s disposiciones espec�ficas y no sea incompatible con el objeto y fin de la convenci�n.

 

ARTICULO 36. La presente convenci�n no se interpretar� en el sentido de afectar o restringir las obligaciones en vigencia, seg�n los t�rminos de cualquier otra convenci�n internacional, bilateral o multilateral que contenga o pueda contener cl�usulas que rijan aspectos espec�ficos de asistencia mutua en materia penal, en forma parcial o total, ni las pr�cticas m�s favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.

 

ARTICULO 37. La presente Convenci�n entrar� en vigor el trig�simo d�a a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificaci�n.

Para cada Estado que ratifique la Convenci�n o adhiera a ella despu�s de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificaci�n, la Convenci�n entrar� en vigor el trig�simo d�a a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificaci�n o adhesi�n.

 

ARTICULO 38. Los Estados Partes que tengan dos o m�s unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jur�dicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente convenci�n deber�n declarar, en el momento de la firma, ratificaci�n o adhesi�n, que la convenci�n se aplicar� a todas sus unidades territoriales o solamente a una o m�s de ellas.

Tales declaraciones podr�n ser notificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificar�n expresamente la unidad o las unidades territoriales a las que se aplicar� la presente convenci�n. Dichas declaraciones ulteriores se transmitir�n a la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos y surtir�n efectos treinta d�as despu�s de recibidas.

 

ARTICULO 39. La presente Convenci�n regir� indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podr� denunciarla. El instrumento de denuncia ser� depositado en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos. Transcurrido un a�o, contado a partir de la fecha de dep�sito del instrumento de denuncia, la convenci�n cesar� en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los dem�s Estados Partes.

 

ARTICULO 40. El instrumento original de la presente convenci�n, cuyos textos en espa�ol, franc�s, ingl�s y portugu�s son igualmente aut�nticos, ser� depositado en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, la que enviar� copias aut�nticas de su texto para su registro y publicaci�n a la Secretar�a General de las Naciones Unidas, de conformidad con el art�culo 102 de su Carta constitutiva. La Secretar�a General de la organizaci�n de los Estados Americanos notificar� a los Estados miembros de esta Organizaci�n y a los Estados que hayan adherido a la Convenci�n acerca de las firmas y los dep�sitos de instrumentos de ratificaci�n, adhesi�n y denuncia, as� como de las reservas que se formularen. Tambi�n le transmitir� las declaraciones previstas en el art�culo 38.

 

PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA CONVENCI�N INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA  MUTUA EN MATERIA PENAL

 
Adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de 1993, en el vigesimotercer per�odo ordinario de sesiones de la Asamblea General OPTIONAL PROTOCOL RELATED TO THE INTER-AMERICAN

CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE

IN CRIMINAL MATTERS

 
Adopted at Managua, Nicaragua, on june 11, 1993,
 
at the Twenty-third Regular Session
 
of the General Assembly
 
PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A CONVENC�O
 
INTERAMERICANA SOBRE ASSIST�NCIA
 
MUTUA EM MATERIA PENAL
 
Adoptada em Man�gua, Nicar�gua, em 11 de junho de 1993,
 
no Vig�simo Terceiro Per�odo Ordin�rio de
 
Sess�es da Assembleia Geral
 
PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION

INTERAMERICAINE SUR L’ENTRAIDE EN

MATI�RE PENALE

 
Adopt� � Managua, Nicaragua, le 11 juin 1993,
 
lors de la vingt-troisi�me Session ordinaire
 
de l’Assembl�e G�n�rale
 
SECRETARIA GENERAL

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

WASHINGTON, D. C.

1995

 
PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

 
Adoptado en Managua, Nicaragua,
 
el 11 de junio de 1993, en el
 
vigesimotercer per�odo ordinario de sesiones
 
de la Asamblea General
 
PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA CONVENCION INTERAMERICANA

SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

Los Estados miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos,

 
Teniendo presente la Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (en adelante,hrefx="La Convenci�n", aprobada en Nassau el 23 de mayo de 1992,
 
Han acordado adoptar el siguiente Protocolo Facultativo relativo a la Convenci�n Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal:
 
ARTICULO 1o. En todo caso en que la solicitud proceda de otro Estado Parte en el presente Protocolo, los Estados Partes de �ste no ejercer�n el derecho estipulado en el p�rrafo f) del art�culo 9o. de la Convenci�n a denegar solicitudes de asistencia fundando la denegaci�n exclusivamente en el car�cter tributario del delito.
 
ARTICULO 2o. Cuando un Estado Parte en el presente Protocolo act�e como Estado requerido conforme a la Convenci�n, no denegar� la asistencia que requiera la adopci�n de las medidas a las que se refiero el art�culo 5o. de la convenci�n, en el caso de que el acto especificado en la solicitud corresponda a un delito tributario de igual �ndole tipificado en la legislaci�n del Estado requerido.
 
Cl�usulas finales
 
ARTICULO 3o. 1. El presente Protocolo estar� abierto a la firma de los Estados miembros de la OEA en la Secretar�a General de la OEA a partir del 1o. de enero de 1994 inclusive, y estar� sujeto a la ratificaci�n o adhesi�n de los Estados Partes de la Convenci�n, exclusivamente.
 
2. El presente Protocolo quedar� abierto a la adhesi�n de cualquier otro Estado que se adhiera o se haya adherido a la Convenci�n conforme a las condiciones consignadas en el presente art�culo.
 
3. Los instrumentos de ratificaci�n y adhesi�n se depositar�n en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos.
 
4. Cada Estado podr� formular reservas al presente Protocolo en el momento de la firma, ratificaci�n o adhesi�n, siempre que la reserva no sea incompatible con el objeto y la finalidad del Protocolo.
 
5. El presente Protocolo no se interpretar� en el sentido de que modifique o restrinja las obligaciones vigentes conforme a otros convenios internacionales, bilaterales o multilaterales, que rijan total o parcialmente cualquier aspecto concreto de la asistencia internacional en materia penal o las pr�cticas m�s favorables que esos Estados observen.
 
6. El presente Protocolo entrar� en vigor el trig�simo d�a a partir de la fecha en que los dos Estados Partes hayan depositado sus instrumentos de ratificaci�n o adhesi�n, siempre que haya entrado en vigor la Convenci�n.
 
7. Para cada Estado que ratifique el Protocolo o se adhiera a �l despu�s del dep�sito del segundo instrumento de ratificaci�n o adhesi�n, el presente Protocolo entrar� en vigor el trig�simo d�a a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificaci�n o adhesi�n, siempre que dicho Estado sea Parte en la Convenci�n.
 
8. Los Estados Partes que tengan dos o m�s unidades territoriales en las que rijan diferentes sistemas jur�dicos relacionados con cuestiones tratadas en el presente Protocolo deber�n declarar, en el momento de la firma, ratificaci�n o adhesi�n, si el presente Protocolo se aplicar� a todas sus unidades territoriales o solamente a una o m�s de ellas.
 
9. Las declaraciones a que se refiere el p�rrafo 8 del presente el art�culo podr�n ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificar�n expresamente la unidad o las unidades territoriales a las que se aplicar� el presente Protocolo. Dichas declaraciones ulteriores se transmitir�n a la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos y surtir�n efecto treinta d�as despu�s de recibidas.
 
ARTICULO 4o. El presente Protocolo permanecer� en vigor durante la vigencia de la Convenci�n, pero cualquiera de los Estados Partes podr� denunciarlo. El instrumento de denuncia se depositar� en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos. Transcurrido un a�o a partir de la fecha de dep�sito del instrumento de denuncia, el presente Protocolo cesar� en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los dem�s Estados Partes.
 
ARTICULO 5o. El instrumento original del presente Protocolo, cuyos textos en espa�ol, franc�s, ingl�s y portugu�s son igualmente aut�nticos, se depositar� en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, la que enviar� copia aut�ntica de su texto a la Secretar�a de las Naciones Unidas para su registro.
 
La Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos notificar� a los Estados miembros de la Organizaci�n y a los Estados que se hayan adherido a la Convenci�n y al Protocolo las firmas y los dep�sitos de instrumentos de ratificaci�n, adhesi�n y denuncia, as� como las reservas que hubiere. Tambi�n les transmitir� las declaraciones previstas en el art�culo 3o. del presente Protocolo.
 
Hecho en la ciudad de Managua, Nicaragua, el d�a once de junio de mil novecientos noventa y tres.
 
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Santa Fe de Bogot�, D. C., 21 de julio de 1999.

 
Aprobado. Som�tase a la consideraci�n del honorable Congreso Nacional, para los efectos constitucionales
 
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO (Fdo.) MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA�

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada

de las funciones del despacho del Ministro. DECRETA: ARTICULO 1o. Apru�banse la "Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia penal" suscrita en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo Facultativo relativo a la Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua, en Materia Penal", adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de mil novecientos noventa y tres (1993),

 
ARTICULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 1o. de la Ley 7a.  de 1944, la "Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", suscrita en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo facultativo relativo a la Convenci�n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), que por el art�culo 1o. de esta ley se aprueba, obligar� al pa�s a partir de la fecha en que se perfeccione el v�nculo internacional respecto de los mismos.
 
ARTICULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci�n.
 

MARIO URIBE ESCOBAR

El Presidente del honorable Senado de la Rep�blica

MANUEL ENRIQUEZ ROSERO

El Secretario General del honorable Senado de la Rep�blica

BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO

El Presidente de la honorable C�mara de Representantes

ANGELINO LIZCANO RIVERA

El Secretario General de la honorable C�mara de Representantes

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ejec�tese, previa revisi�n de la Corte Constitucional, conforme al art�culo 241-10 de la Constituci�n Pol�tica.

 

Dada en Bogot�, D. C., a 4 de enero de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO




LEY 635 DE 2000

LEY 635 DE 2000

 

LEY 635 DE 2000

(diciembre 29)

Diario Oficial No 44.276, de 30 de diciembre de 2000

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Por la cual se fijan el sistema y métodos para que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, fije las tarifas por concepto de los servicios que presta y se dictan otras disposiciones.

 

DECRETA:

ARTICULO 1o. Autorízase al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes o quien haga sus veces, para definir y recaudar las tarifas correspondientes a los costos de los servicios prestados por él.

 

ARTICULO 2o. El Icfes o quien haga sus veces podrá cobrar por la prestación de los siguientes servicios:

a) La realización de exámenes para la mediación y evaluación educativa, así como el procesamiento y la producción de los resultados, expedición de diplomas, certificados y duplicados de resultados;

b) Los estudios conducentes a la creación de instituciones de educación superior oficiales, reconocimiento de personería jurídica de las instituciones privadas de educación superior, la autorización de creación de seccionales, el reconocimiento institucional como universidad y la modificación del carácter académico;

c) La expedición y modificación de los registros para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de pregrado y postgrado, salvo aquellos presentados dentro del trámite de reconocimiento de personería jurídica de instituciones privadas de educación superior, y de la creación de instituciones de educación superior oficiales.

Las instituciones de educación superior estatales u oficiales a las que se descuente el dos por ciento (2%) de los aportes que por cualquier concepto reciban del presupuesto nacional, quedaran exoneradas de los pagos contemplados en este literal, hasta el monto de los recursos aportados por este concepto.

d) La expedición de certificados relacionados con los registros;

e) La expedición de copias en medio impreso o magnético de la información contenida en los archivos y bases documentales del instituto o en los consultados remotamente desde el mismo;

f) Las consultas documentales, bibliográficas o interbibliotecarias que se realicen a través de la Hemeroteca Nacional Universitaria, por intermedio de redes nacionales o internacionales;

g) La asignación del Internacional Serial System Number, ISSN.

h) La legalización de documentos expedidos por instituciones de educación superior colombianas, para ser acreditados en el exterior, la homologación de estudios y la convalidación de títulos cursados u obtenidos en el exterior.

 

ARTICULO 3o. La base para la liquidación de las tarifas será el costo de los servicios definidos en el artículo anterior.

 

ARTICULO 4o. Las tarifas se fijarán en salarios mínimos legales diarios o mensuales vigentes.

En el caso de los servicios de que trata el inciso c) del artículo 2o. de la presente ley, dichas tarifas serán concertadas con las asociaciones de educación superior legalmente autorizadas. De no llegarse a un acuerdo conjunto en el primer mes de la respectiva vigencia, el Icfes o quien haga sus veces se verá forzado a fijarlas de acuerdo a lo contemplado en el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política.

Con ellas se buscará la recuperación total o parcial de los costos de los servicios prestados por el Icfes o quien haga sus veces, para lo cual se utilizarán las siguientes pautas técnicas, teniendo en cuenta los costos de las operaciones y los costos de los programas de tecnificación:

a) Elaboración y normalización de flujogramas para los diferentes procesos con el propósito de determinar sus rutinas;

b) Cuantificación de los materiales, suministros y los demás insumos tecnológicos y de recurso humano, utilizados, anualmente, en cada uno de los procesos y procedimientos definidos en el literal anterior. Estos insumos deben incluir unos porcentajes de los gastos de administración general del Icfes o quien haga sus veces cuantificados siguiendo las normas y principios aceptados de contabilidad de costos;

c) Valoración a precios de mercado de los insumos descritos en el literal anterior para cada uno de los procesos y procedimientos. Cuando uno de los procedimientos deba contratarse con terceros, se tomará el valor del servicio contratado;

d) Valoración del recurso humano utilizado directamente en la prestación de servicio, tomando como base los salarios y prestaciones de la planta de personal del Icfes o quien haga sus veces así como el valor de los contratos que se celebren para el efecto;

e) Cuantificación de los costos y programas de tecnificación y modernización de la operación de los servicios;

f) Estimación de las frecuencias de utilización de los servicios. La frecuencia se entiende como el número de operaciones o ejecuciones de cada uno de los servicios prestados por el Icfes o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO 1o. Tanto la definición de procedimientos, como la cuantificación de los costos deberá hacerse bajo parámetros de máxima eficiencia, teniendo en cuenta los principios establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública.

PARÁGRAFO 2o. El Icfes o quien haga sus veces para fomentar la democratización en el acceso a la educación superior, fijara las tarifas del examen de estado para el ingreso a la educación superior con base en rangos que respondan a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de grado 11 según el valor mensual de la pensión escolar informada por cada plantel educativo.

 

ARTICULO 5o. El sistema para definir las tarifas es un sistema de costos estandarizables, en el que la valoración y ponderación de los factores que intervienen en su definición, se realizarán por medio de procedimientos técnicamente aceptados de costeo.

La tarifa para cada uno de los servicios prestados enumerados en el artículo 2o. de la presente ley, será la resultante de sumar el valor de los insumos y de los recursos humanos utilizados, de conformidad con los literales c), d) y e) del artículo 4o., dividido por la frecuencia de utilización de que trata el literal f) del mismo artículo.

 

ARTICULO 6o. El pago de las tarifas estará a cargo de la persona natural o jurídica que solicite la prestación de los servicios ofrecidos por el Icfes o quien haga sus veces.

 

ARTICULO 7o. El recaudo correspondiente a las tarifas autorizadas por la presente ley, estará a cargo del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes o quien haga sus veces. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio de los demás recursos que le hayan sido asignados.

 

ARTICULO 8o. El usuario acreditará el pago de la tarifa establecida al momento de radicar su solicitud ante el Icfes o quien haga sus veces.

 

ARTICULO 9o. El incumplimiento de los plazos fijados por la ley, de los trámites de los servicios que el usuario solicita al Icfes o quien haga sus veces, será causal de mala conducta para el responsable o responsables de dicho incumplimiento.

 

ARTICULO 10. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

 

MARIO URIBE ESCOBAR

El Presidente del honorable Senado de la República

 

MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO

El Secretario General del honorable Senado de la República

 

BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes

 

ANGELINO LIZCANO RIVERA

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes

 

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2000

 

ANDRÉS PASTRANA ARANGO

 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público

 

FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

El Ministro de Educación Nacional