LEY 59 DE 1989

(noviembre 16)

por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz y la Carta de la Universidad para la Paz, adoptadas el 5 de diciembre de l980.

El Congreso de Colombia,

Visto el texto del Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz y la Carta de la Universidad para la Paz, adoptadas el 5 de Diciembre de 1980, que a la letra dice:

CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ Y CARTA DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ

Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz.

Los Estados partes en el presente Convenio, Recordando que en virtud de su resolución 34/111 del 14 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas creó una comisión internacional a la que se pidió que, en colaboración con el Gobierno de Costa Rica, preparará la estructura, la organización y la puesta en marcha de la Universidad para la Paz, Deseosos de llevar a efecto las recomendaciones de la Comisión de la Universidad para la Paz que la Asamblea General hizo suyas en su trigésimo quinto período de sesiones, Han convenido, de conformidad con la resolución 35/55 de 5 de diciembre de 1980 de la Asamblea General, en lo siguiente:

Artículo 1o. Establecimiento de la Universidad para la Paz. Queda establecida la Universidad para la Paz (llamada en adelante “La Universidad”), la cual funcionará de conformidad con la Carta de la Universidad para la Paz, cuyo texto se reproduce en el anexo del presente Convenio.

Artículo 2o. Sede de la Universidad.

1. La sede de la Universidad se establecerá en Costa Rica, en terrenos donados al efecto por el Gobierno de Costa Rica.

2. La Universidad celebrará un acuerdo relativo a la sede con el Gobierno del país huésped.

Artículo 3o. Personería jurídica, privilegios e inmunidades. La Universidad tendrá en el país huésped la personería jurídica, las facilidades y los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño de sus funciones y la consecución de sus objetivos.

Artículo 4o. Financiación de la Universidad.

1. Los gastos de la Universidad se sufragarán con contribuciones voluntarias de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las fundaciones y otras fuentes no gubernamentales, así como con los ingresos percibidos por concepto de derechos de matrícula y otros derechos conexos.

2. La financiación de la Universidad no entrañará consecuencias financieras de ninguna índole para el presupuesto de las Naciones Unidas ni para el de la Universidad de las Naciones Unidas. Para financiar el presupuesto de la Universidad no se impondrán cuotas obligatorias a los Estados partes en el presente Convenio, a menos que convengan en lo contrario.

Artículo 5o. Enmiendas.

1. Los Estados partes en el presente Convenio podrán proponer enmiendas. Las propuestas se transmitirán al Depositario para su comunicación a los demás Estados partes. El Depositario consultará con los Estados partes en relación con el procedimiento para el examen de toda propuesta de enmienda.

2. La Carta de la Universidad para la Paz, cuyo texto figura en el anexo del presente Convenio, podrá ser enmendada por el Consejo de la Universidad según el procedimiento establecido en el artículo 19 de la misma Carta.

Artículo 6o. Firma definitiva o adhesión. El presente Convenio estará abierto a todos los Estados para la firma definitiva hasta el 3l de diciembre de 1981 o para la adhesión. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario.

Artículo 7o. Entrada en vigor. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que diez Estados de más de un continente lo hayan firmado o se hayan adherido a él. Para los Estados que firmen el Convenio o se adhieran a él después de su entrada en vigor, la fecha de entrada en vigor del Convenio será la fecha en que lo firmen o se adhieran a él.

Artículo 8o. Depositario. El presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien desempeñará las funciones de Depositario.

ANEXO

del Convenio Carta de la Universidad para la Paz.

Artículo 1o. Establecimiento. La Universidad para la Paz (llamada en adelante “La Universidad”) será una institución internacional de enseñanza superior para la paz, establecida según lo dispuesto en el Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz, del cual la presente Carta es parte integrante, y a la luz de los principios generales contenidos en el apéndice del presente documento.

Artículo 2o. Objetivos y propósitos. Se establece la Universidad con el decidido propósito de brindar a la humanidad una institución internacional de enseñanza superior para la paz y con el objetivo de promover el espíritu de comprensión, tolerancia y coexistencia pacífica entre los seres humanos, estimular la cooperación entre los pueblos y ayudar a superar los obstáculos y conjurar las amenazas a la paz y el progreso mundiales, de conformidad con las nobles aspiraciones proclamadas en la Carta de las Naciones Unidas. Con tal fin, la Universidad contribuirá a la ingente tarea universal de educar para la paz por medio de la enseñanza, la investigación, los estudios post-universitarios y la divulgación de conocimientos fundamentales para el desarrollo integral del ser humano y de las sociedades mediante el estudio interdisciplinario de todas las cuestiones vinculadas con la paz.

Artículo 4o. Relaciones con gobiernos, organizaciones e instituciones.

1. La Universidad podrá asociarse o suscribir convenios con gobiernos, organizaciones intergubernamentales y otras instituciones y organizaciones en la esfera de la educación.

2. En particular, la Universidad procurará establecer una estrecha relación con la Universidad de las Naciones Unidas. El tipo de asociación que vincularía a la Universidad con la Universidad de las Naciones Unidas deberá ser determinado de común acuerdo por ambas instituciones.

3. La Universidad mantendrá vínculos estrechos con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura dadas sus funciones especiales en la esfera de la educación.

Artículo 5o. Organización. La estructura orgánica de la Universidad estará constituida por:

a) El Consejo de la Universidad para la Paz, que será el órgano rector de la Universidad;

b) El Rector de la Universidad para la Paz, que será el principal funcionario administrativo de la Universidad;

c) La Fundación Internacional, como órgano de apoyo financiero, que funcionará independientemente;

d) El Centro Internacional de Documentación e Información para la Paz;

e) La Junta Consultiva Internacional de la Universidad para la Paz.

Artículo 6o. Composición del Consejo.

1. El Consejo de la Universidad para la Paz será la máxima autoridad de la Universidad. Estará integrado por:

a) Los siguientes miembros natos:

i) El Rector;

ii) Los directores de área académica;

iii) Cuatro representantes designados, respectivamente, por el Secretario General de las Naciones Unidas, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Rector de la Universidad de las Naciones Unidas y el Director Ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones;

iv) Dos representantes designados por el Gobierno del país huésped;

b) Los siguientes miembros adicionales;

i) Diez representantes de la comunidad académica, nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas en consulta con el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

ii) Tres estudiantes en representación de ese sector.

2. Para el nombramiento de los representantes de la comunidad académica, que serán personalidades destacadas en el campo académico, deberá tenerse en cuenta una amplia distribución académica, geográfica y cultural.

3. El mandato de los representantes de la comunidad académica internacional como miembros del Consejo durará cuatro años. Esos miembros podrán volver a ser designados.

4. El mandato de las personas que representen al sector estudiantil en el Consejo durará un año. Esos representantes podrán volver a ser designados.

Artículo 7o. Funciones y facultades del Consejo. El Consejo tendrá las siguientes facultades:

a) Formular las políticas generales que regirán las actividades y el funcionamiento de la Universidad;

b) Aprobar, revisar o derogar los reglamentos y normas que sean necesarios para la aplicación de la presente Carta y la buena marcha de la Universidad;

c) Aprobar su propio reglamento;

d) Elegir al Presidente y al Vicepresidente del Consejo por períodos de dos años, que podrán prorrogarse;

e) Elegir al Rector por un período de cinco años, que podrá prorrogarse;

f) Aprobar, a propuesta del Rector, el programa y presupuesto anuales de la Universidad y prestar asistencia para su ejecución;

h) Crear los órganos y dependencias que sean necesarios para la consecución de los propósitos de la Universidad, en el marco de la presente Carta;

i) Enmendar la presente Carta de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19 infra y con sujeción a las disposiciones del Convenio Internacional para el Establecimiento de la Universidad para la Paz;

j) Ejercer todas las demás facultades que le hayan sido conferidas en virtud de la presente Carta.

Artículo 8o. Períodos de sesiones del Consejo. El Consejo se reunirá en períodos ordinarios de sesiones dos veces al año. Se celebrarán períodos extraordinarios de sesiones en los casos previstos en los artículos pertinentes del reglamento del Consejo. El Rector convocará los períodos de sesiones del Consejo.

Artículo 9o. Mayoría necesaria para la adopción de decisiones. Salvo en el caso de las enmiendas a la presente Carta, en el que se aplicarán otras disposiciones, el Consejo adoptará sus decisiones por mayoría de miembros presentes y votantes.

Artículo 10. El Rector. El Rector de la Universidad para la Paz será el principal funcionario académico y administrativo de la Universidad. Como tal, asumirá la responsabilidad general de la organización, la dirección y la administración de la Universidad de conformidad con la política general formulada por el Consejo.

Artículo 11. Funciones y facultades del Rector. Entre otras cosas, el Rector:

a) Aplicará las políticas establecidas por el Consejo;

b) Administrará la Universidad;

c) Preparará el programa, los planes de trabajo y el proyecto de presupuesto anual de la Universidad para someterlos a la aprobación del Consejo;

d) Ejecutará los programas de trabajo y efectuará los gastos previstos en el presupuesto aprobado por el Consejo;

e) Propondrá al Consejo los nombres de personas idóneas para ser miembros de la Junta Consultiva Internacional;

f) Actuará como representante legal de la Universidad;

g) Nombrará al personal y designará a los funcionarios que sean necesarios para la buena marcha de la Universidad.

El Rector tendrá las demás funciones y facultades que se prescriban en virtud de las disposiciones de la presente Carta o que se le confíen de conformidad con las decisiones, normas y reglamentos aprobados por el Consejo.

Artículo 12. Centro Internacional de Documentación e Información para la Paz. El Centro Internacional de Documentación e Información para la Paz será parte integrante de la estructura orgánica de la Universidad. Tendrá por finalidad asegurar el debido funcionamiento de la Universidad identificando, reuniendo y difundiendo datos e información relacionados con la paz.

Artículo 13. Junta Consultiva Internacional. La Junta Consultiva Internacional de la Universidad para la Paz estará integrada por especialistas destacados en las distintas disciplinas de que se ocupe la Universidad. La Junta asesorará a la Universidad acerca de sus programas académicos. La Junta funcionará sobre la de los reglamentos que formule el Consejo de la Universidad.

Artículo 14. Fundación Internacional. Se adscribirá a la Universidad una Fundación Internacional establecida de conformidad con las disposiciones que adopte el Consejo en consulta con el Gobierno del país huésped. La Fundación estará integrada por personalidades de reconocido prestigio, tendrá sus propios bienes y funcionará independientemente como órgano de apoyo financiero de la Universidad.

Artículo 15. Personal docente y administrativo.

1. Todos los miembros del personal docente serán nombrados sobre la de su destacado historial académico y de su dedicación al propósito y los objetivos de la Universidad, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de establecer una representación adecuada desde el punto de vista de la geografía, los sistemas sociales, las tradiciones culturales, la edad y el sexo. En el desempeño de sus funciones, el personal docente deberá dar muestras del más alto grado de eficiencia, competencia e integridad.

2. El personal docente de la Universidad se compondrá del Rector, el personal académico, los profesores visitantes, los becarios, los consultores académicos y los investigadores en la Universidad y en los demás centros o programas que determine el Consejo fuera de la sede de la Universidad.

3. El Rector nombrará al personal administrativo y demás personal en las condiciones que establezca el Consejo para esos nombramientos y de conformidad con la presente Carta. En dichos nombramientos se tendrán debidamente en cuenta los propósitos y objetivos de la Universidad.

4. El Rector tendrá facultad discrecional para nombrar a personal docente y administrativo supernumerario con carácter especial de conformidad con la presente Carta.

Artículo 16. Estudiantes. Los estudiantes ingresarán en la Universidad de conformidad con los requisitos que establezca el Consejo. A ese respecto, el Consejo tendrá en cuenta la necesidad de asegurar una representación mundial, prestando especial atención a la participación de las minorías. Se procurará establecer una paridad entre los estudiantes de uno y otro sexo en la Universidad.

Artículo 17. Programas y títulos que concederá la Universidad.

1. La irenología, que comprenderá el estudio de la paz, la educación para la paz y los derechos humanos, constituirá el tema principal de la Universidad. Los estudios que se cursen en la Universidad girarán en torno a la cuestión de la paz internacional. Para obtener cualquiera de los títulos que conceda la Universidad será preciso cursar un programa completo de estudios en el que la irenología será una materia obligatoria.

2. En particular, la Universidad concederá títulos de licenciado y de doctor en las condiciones que establezca el Consejo.

Artículo 18. Patrimonio, financiación y utilización de recursos financieros.

1. El patrimonio de la Universidad estará integrado por los terrenos que done el Gobierno de Costa Rica para la sede de la Universidad, las instalaciones situadas en dichos terrenos y las dotaciones que se le asignen.

2. La Universidad obtendrá sus ingresos de contribuciones voluntarias de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, y las fundaciones y otras fuentes no gubernamentales así como de los derechos de matrícula y otros derechos conexos.

3. La Universidad podrá decidir libremente la utilización de los recursos financieros de que disponga para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el reglamento financiero que formule y apruebe el Consejo.

Artículo 19. Enmiendas.

1. Las enmiendas a la presente Carta que sean compatibles con los objetivos y propósitos fundamentales de la Universidad y con el Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz podrán ser propuestas al Consejo por:

a) Un Estado parte en el Convenio;

b) El Rector;

c) Cualquier otro miembro del Consejo.

2. Para la aprobación de enmiendas se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo.

3. Cualquier enmienda a la Carta que apruebe el Consejo se notificará sin demora a los Estados partes en el Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz.

APENDICE DE LA CARTA

Principios generales formulados por la Comisión de la Universidad para la Paz, establecida por la Asamblea General de conformidad con su Resolución 34/111 de 14 de diciembre de 1979.

1. La persistencia de la guerra en la historia de la humanidad y las amenazas crecientes contra la paz en los últimos decenios ponen en peligro la existencia misma de la especie humana y obligan a concebir la paz no ya como un concepto negativo, como finalización de un conflicto, o como simple compromiso diplomático, sino como algo que debe conquistarse y asegurarse mediante el recurso más valioso y eficaz que posee la humanidad: la educación.

2. La paz es la obligación primaria e irrenunciable de cada nación y el objetivo fundamental de las Naciones Unidas, la razón de ser de su existencia. No se ha utilizado, sin embargo, para la consecución de ese bien supremo de la humanidad su instrumento más idóneo: la educación.

3. Muchas naciones y organizaciones internacionales se han empeñado en lograr la paz por medio del desarme. Es preciso proseguir en esa vía; más los hechos demuestran que no deben forjarse al respecto muchas ilusiones mientras la idea de paz no se haya posesionado de las conciencias humanas desde una edad temprana. Es preciso romper el círculo vicioso de un esfuerzo por la paz sin fundamento educativo.

4. Esta es la tarea ingente que se les presenta a todas las naciones y a la humanidad entera en vísperas del inicio del siglo XXI. Se ha de tomar la decisión de salvar a la especie humana, amenazada por la guerra, mediante la educación para la paz. Si la educación ha sido el vehículo de la ciencia y la tecnología, ha de serlo con mayor razón para lograr éste que es el primer derecho del ser humano.

La suscrita Jefe de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Hace Constar:

Que la presente reproducción fotostática es copia fiel e íntegra del Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz y la Carta para la Universidad de la Paz, adoptadas el 5 de diciembre de 1980, cuyo texto certificado reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

Dada en Bogotá, D. E., a los quince (15) días del mes de junio de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

Carmelita Ossa Henao, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos.

Presidencia de la República.

Bogotá, D. E., 26 de julio de 1988.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) VIRGILIO BARCO VARGAS

El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Julio Londoño Paredes.

DECRETA:

Artículo 1o. Aprué el Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz y la Carta de la Universidad para la Paz, adoptadas el 5 de diciembre de l980.

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el Convenio Internacional para el establecimiento de la Universidad para la Paz y la Carta de la Universidad para la Paz, adoptadas el 5 de diciembre de 1980, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional.

Artículo 3o. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá a los…

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

NORBERTO MORALES BALLESTEROS

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese. Bogotá, D. E., noviembre 16 de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,

Germán Montoya Vélez.

LEY 57 DE 1989

(noviembre 14 de 1989)

por la cual se autoriza la creación de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, y se dictan otras disposiciones.

*Notas de Vigencia*

Reglamentado parcialmente por el Decreto 3411 de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 47468 de 10 de septiembre de 2009: “Por el cual se reglamenta el artículo 10 y el parágrafo del articulo 50 de la Ley 57 de 1989”

Modificado por el Decreto 1164 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43626 de 29 de junio de 1999: “Por el cual se dispone la fusión del Instituto de Fomento Industrial, IFI, la Financiera Energética Nacional, FEN, El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter en el Fondo Financiero Nacional S. A.”. El Decreto 1164 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-969-99 del 1 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

Modificada por el Decreto 663 de 1993, publicado en el Diario Oficial No. 40820 de 5 de abril de 1993: “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”.

Modificada por el Decreto 2132 de 1992, publicado en el Diario Oficial No. 30148 de 3 de febrero de 1992: “Por el cual se reestructuran y fusionan entidades y dependencias de la administración nacional”.

Modificada por el Decreto 1733 de 1991, publicada en el Diario Oficial No. 39889 de 4 de julio de 1991: “Por el cual se señala la composición de la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1° Autorizase la constitución de una sociedad por acciones denominada Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, cuyo objeto social sea la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las siguientes actividades:

a) Construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente al sector de agua potable y saneamiento básico;

b) Construcción, pavimentación y remodelación de vías urbanas y rurales;

c) Construcción, pavimentación y conservación de carreteras departamentales, veredales, caminos vecinales, puentes y puertos fluviales;

d) Construcción, dotación y mantenimiento de la planta física de los planteles educativos oficiales de primaria y secundaria;

e) Construcción y conservación de centrales de transporte;

g) Construcción, remodelación y dotación de centros de acopio, plazas de mercado y plazas de ferias;

h) Recolección, tratamiento y disposición final de basuras;

i) Construcción y remodelación de campos e instalaciones deportivas y parques;

j) Construcción, remodelación y dotación de mataderos;

k) Ampliación de redes de telefonía urbana y rural;

l) Otros rubros que sean calificados por la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, como parte o complemento de las actividades señaladas en el presente artículo;

m) Asistencia técnica a las entidades beneficiarias de financiación, requerida para adelantar adecuadamente las actividades enumeradas;

n) Financiación de contrapartidas para programas y proyectos relativos a las actividades de que tratan los numerales precedentes, que hayan sido financiados conjuntamente por otras entidades públicas o privadas;

o) Adquisición de equipos y realización de operaciones de mantenimiento, relacionadas con las actividades enumeradas en este artículo.

Artículo 2° Podrán ser socios de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, la Nación, el Banco de la República, las entidades públicas del orden nacional, el Distrito Especial de Bogotá, los departamentos, intendencias y comisarías o, en lugar de cada una de estas entidades territoriales, una entidad descentralizada perteneciente a cada una de ellas.

Artículo 3° La Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, estará vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se organizará de conformidad con el artículo 4° del Decreto extraordinario 130 de 1976. La sociedad, lo mismo que las entidades públicas de desarrollo regional, no estará sometida al régimen de encajes ni a inversiones forzosas, y no distribuirá utilidades entre sus socios. La Junta Monetaria determinará la relación pasivos a capital de la Financiera y podrá disponer que organice un fondo de liquidez.

Artículo 4° La Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, será una entidad financiera de descuento, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, que, en desarrollo de su objeto social, podrá realizar las siguientes actividades:

a) Descontar créditos a los entes territoriales, a sus entidades descentralizadas, a las áreas metropolitanas, a las asociaciones de municipios o las entidades a que se refiere el artículo 22 de la Ley 11 de 1986, para la realización de los programas o proyectos de que trata el artículo 1° de la presente Ley;

b) Captar ahorro interno mediante la emisión de títulos y la suscripción de otros documentos, así como celebrar contratos de crédito interno, los cuales sólo requerirán para su celebración y validez la autorización de la Junta Directiva de la Financiera, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14;

c) Recibir depósitos de las entidades públicas, a término fijo o de disponibilidad inmediata, y reconocer por ellos rendimientos o contraprestaciones especiales;

d) Celebrar operaciones de crédito externo, con sujeción a los requisitos y procedimientos establecidos por la legislación vigente para el endeudamiento externo de las entidades descentralizadas del orden nacional;

e) Administrar directamente las emisiones de títulos y celebrar los contratos de fideicomiso, garantía, agencia o pago a que hubiere lugar;

f) Celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que lo transfieran otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades de que trata el artículo 1° de la presente Ley.

Parágrafo. La Superintendencia Bancaria ejercerá las funciones de vigilancia y control de las operaciones que realice esta entidad, con iguales facultades a las concedidas y que en el futuro le conceda la ley en relación con las entidades del sistema financiero. Durante los primeros tres meses de cada año, la Contraloría General de la República examinará, mediante auditor especial, el ejercicio y los estados financieros de la vigencia de cada año inmediatamente anterior.

*Notas de Vigencia*

Los recursos de este Fondo se destinarán a cofinanciar la ejecución de programas y proyectos de inversión presentados por las entidades territoriales, relativos a construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías departamentales y veredales, así como programas y proyectos en las áreas urbanas, en materias tales como acueductos, plazas de mercado, mataderos, aseo, tratamiento de basuras, calles, malla vial urbana, parques, escenarios deportivos, zonas públicas de turismo y obras de prevención de desastres.

Para el desarrollo de lo dispuesto en este Decreto será necesaria la adopción de las correspondientes reformas estatutarias por parte de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial ., FINDETER, las cuales requerirán de aprobación por parte del Gobierno Nacional. En dichas reformas se determinará el funcionario a quien le corresponde ejercer las funciones propias de dirección del Fondo de Cofinanciación para la lnfraestructura Vial y Urbana.”.

Artículo 5° Todas las operaciones de crédito de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, se efectuarán a través del sistema de redescuento por intermedio de establecimientos de crédito, o de las entidades descentralizadas de los entes territoriales, cuyo objeto sea la financiación de las actividades de que trata el artículo 1° de esta Ley (que para el efecto específicamente autorice la misma Financiera). En estos casos la Superintendencia Bancaria establecerá un régimen especial de control y vigilancia que garantice un adecuado manejo de los riesgos asumidos por tales entidades y sin costo alguno para las entidades vigiladas.

La Financiera podrá aceptar el redescuento de créditos otorgados antes de la fecha de su organización y que aún no hayan sido cancelados, siempre y cuando se refieran a cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 1°.

Parágrafo. En todas las operaciones de redescuento de que trata este artículo la entidad que actúe como intermediaria deberá asegurar por sí misma o mediante los sistemas y mecanismos que se determinen en los reglamentos de crédito, la función técnica de asesoría, apoyo y supervisión de los usuarios del crédito. Para este efecto, la Financiera deberá apoyar y asesorar a las entidades intermediarias para que puedan cumplir con la función mencionada.

Artículo 6° El Banco Central Hipotecario transferirá a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, dentro de los seis meses siguientes a su constitución:

a) Los activos y pasivos correspondientes a las operaciones del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano hasta la concurrencia de los pasivos generados en la operación del Fondo;

b) Los contratos de empréstitos celebrados para las actividades de financiación del mismo Fondo.

El Gobierno Nacional definirá los mecanismos y procedimientos para la realización de esta cesión, de tal manera que se garantice la continuidad de las actividades de financiación.

Parágrafo 1° La cesión de los contratos de empréstitos se hará con el consentimiento del acreedor. Si esto no fuere posible, el Banco Central Hipotecario confiará su manejo a la administración fiduciaria de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter.

Parágrafo 2° A partir de la fecha de constitución de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, suprímase la Subgerencia de Desarrollo Regional y Urbano del Banco Central Hipotecario, entidad que procederá a modificar su estructura administrativa y su planta de personal para adecuarse a lo dispuesto en este parágrafo. El personal vinculado a la Subgerencia de Desarrollo Regional y Urbano tendrá derecho preferencial a ser incorporado a la planta de personal de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, en las condiciones que determine el decreto reglamentario.

*Nota de Vigencia*

Artículo reglamentada por el Decreto 978 de 1990

Artículo 7° Autorizase al Gobierno Nacional para aportar al patrimonio de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, el valor de los títulos de que tratan las Resoluciones 38 y 66 de 1983 de la Junta Monetaria, sin que el monto total de las obligaciones cedidas exceda el saldo vigente a la sanción de la presente Ley, que el Banco de la República cederá a la Nación en las condiciones establecidas en el artículo 58 de la Ley 55 de 1985.

Artículo 8° Autorizase al Gobierno Nacional para destinar recursos de crédito externo hasta por la cantidad en pesos equivalente a ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 150.000.000 ), con el objeto de financiar aportes al capital de la Financiera de Desarrollo Territorial ., Findeter, en la siguiente forma:

a) Aportes de la Nación hasta la cantidad en pesos equivalente a ciento diecisiete millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 117.000.000 );

b) Aportes del Distrito Especial de Bogotá, los departamentos, intendencias y comisarías, o de la entidad descentralizada perteneciente a cada uno de ellos que sea socia en su lugar, hasta la cantidad en pesos equivalente a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1.000.000), para cada uno de ellos. Estos aportes serán donados por la Nación a las entidades de que trata el presente literal.

Artículo 9° Los Consejos Regionales de planificación podrán disponer, con cargo a los recursos de los Fondos de Inversión para el Desarrollo Regional, aportes al capital de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, los cuales se contabilizarán por partes iguales a nombre de los departamentos, Distrito Especial de Bogotá, intendencias o comisarías que conformen cada región, o de las entidades descentralizadas que sean socias en su lugar.

Artículo 10. Serán órganos de dirección y administración de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter:

a) La Asamblea de Accionistas;

b) La Junta Directiva;

c) El Presidente, quien será su representante legal, designado por el Presidente de la República.

*Nota de Vigencia*

Artículo reglamentado por el Decreto 3411 de 2009

Artículo 11. Es función de la Asamblea de Accionistas adoptar los estatutos de la Financiera, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, así como las reformas que a ellos se introduzcan, todo lo cual requerirá la aprobación por parte del Gobierno Nacional.

Artículo 12. *Ver Decreto 1733 de 1991* La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá;

b) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación;

c) El Gerente General del Banco de la República;

d) Cinco (5) representantes de los accionistas minoritarios que serán los coordinadores de los cinco consejos de las regiones de planificación.

Parágrafo. El Distrito Especial de Bogotá se considerará, para los efectos del presente artículo como parte integrante de la región de planificación del Centro-Oriente colombiano.

*Notas de Vigencia*

ver el artículo 2º del Decreto 1733 de 1991.

Artículo 13. Además de las funciones que consagren los estatutos, serán funciones de la Junta Directiva las siguientes:

a) Fijar las políticas generales para el manejo de la entidad;

b) Aprobar el presupuesto anual de la Financiera;

c) Presentar, para aprobación de la Asamblea los estatutos de la Financiera o cualquier reforma de los mismos;

d) Dictar los reglamentos de crédito;

e) Autorizar el otorgamiento de los préstamos que la Financiera haga a las entidades a que se refiere el literal a) del artículo 4° de la presente Ley;

f) Adoptar políticas que garanticen el equilibrio regional cuando se trate de los programas regulados por el artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 14. La Junta Monetaria deberá aprobar previamente las características financieras de los títulos que la Financiera emita y de las operaciones de que trata la letra c) del artículo 4°

Artículo 15. Las condiciones financieras de las operaciones de redescuento correspondientes a los créditos con destino a las obras y actividades señaladas en el artículo 1°, serán las que determine la Junta Monetaria, de conformidad con las normas legales vigentes. Las tasas de interés que se fijen no podrán ser inferiores al costo de los recursos.

Artículo 16. La Junta Monetaria podrá aprobar condiciones financieras más favorables a las previstas en el artículo precedente para la ejecución de programas especiales que deba atender la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, cuando previamente se hayan incluido en el presupuesto nacional partidas equivalentes al monto del subsidio.

Corresponderá a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, celebrar los contratos de administración fiduciaria para el manejo de los recursos de los Fondos de Inversiones para el Desarrollo Regional, o asumir directamente la administración fiduciaria de los mismos previo contrato con la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos previstos en la Ley 76 de 1985 y en los Decretos números 3083, 3084, 3085 y 3086 de 1986.

Artículo 18. Las entidades encargadas de la administración fiduciaria de los recursos de todos los Fondos de Inversiones para el Desarrollo Regional, o la propia Financiera si ha asumido su administración, podrán colocar dinero en préstamo para la ejecución de los programas y proyectos y contratar empréstitos internos y externos con el fin de proveer recursos para los Fondos de Inversiones, en los términos que establezcan los respectivos Consejos Regionales de Planificación.

Los contratos de empréstito que se celebren conforme al inciso anterior requerirán, además de la autorización de los respectivos Consejos Regionales de Planificación, el cumplimiento de los requisitos previstos para los contratos de empréstito de la Nación en el Decreto 222 de 1983 o en las normas que lo sustituyan o reformen.

Artículo 19. Previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, DNP, los equipos y maquinaria de obras públicas que no se produzcan en el país, importados por los usuarios de crédito de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, con financiación otorgada por la misma de acuerdo con lo establecido en el literal o) del artículo 1°, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos.

Parágrafo. Estos equipos no podrán ser enajenados en un lapso de cinco (5) años, a partir de la fecha de su nacionalización.

Artículo 20. La presente Ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.

Dada en Bogotá, D. E., a los …

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUÍS GUILLERMO GIRALDO HURTADO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

NORBERTO MORALES BALLESTEROS

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Luís Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese. Bogotá, D.E., 14 de noviembre de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno,

Carlos Lemos Simmonds.

El Jefe del Departamento Nacional de Planeación encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luís Bernardo Flórez Enciso.

LEY 56 DE 1989

(noviembre 9)

por la cual la Nación se asocia a la celebración del cuadragésimo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Colombia Seccional Manizales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1o. La Nación se asocia a la celebración del cuadragésimo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Colombia Seccional Manizales, destaca su extraordinaria labor cultural y académica realizada y rinde tributo de admiración a la memoria de sus fundadores.

Artículo 2o. Una placa conmemorativa de esta efemérides será colocada en un sitio de la Universidad Nacional de Colombia Seccional Manizales, con la siguiente leyenda:

“El Congreso de Colombia a la Universidad Nacional de Colombia Seccional Manizales y a la memoria de sus fundadores en sus 40 años, 1948-1988”.

Artículo 3o. Como contribución del Estado Colombiano en el cuadragésimo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Colombia Seccional Manizales, destinase la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) durante la vigencia fiscal de 1989, con destino a la terminación del edificio para la biblioteca de arquitectura y a la dotación de los laboratorios de ingeniería.

Artículo 4o. El Gobierno Nacional queda expresamente facultado para realizar los traslados presupuestales y elaborar los créditos y contracréditos necesarios para el cabal cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 5o. Esta Ley rige desde la fecha de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

NORBERTO MORALES BALLESTEROS

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese. Bogotá, D. E., noviembre 9 de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla.

El Ministro de Educación Nacional,

Manuel Francisco Becerra Barney.

LEY 55 DE 1989

(noviembre 7)

por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976.

El Congreso de Colombia,

Visto el texto del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976, que a la letra dice:

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMIANCION DE LAS AGUAS DEL MAR POR HIDROCARBUROS

Los Estados Partes del presente Convenio,

Conscientes de los peligros de contaminación creados por el transporte marítimo internacional de hidrocarburos a granel,

Deseosos de adoptar a escala internacional reglas y procedimientos uniformes para dirimir toda cuestión de responsabilidad y prever una indemnización equitativa en tales casos,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

Para los efectos de este Convenio:

1. “Barco” significa toda nave apta para la navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar que esté transportando hidrocarburos a granel.

2. “Persona” significa todo individuo o sociedad, o entidad de derecho público o privado, ya esté o no constituida en compañía, inclusive un Estado o cualquiera de sus subdivisiones políticas.

3. “Propietario” significa la persona o personas matriculadas como dueñas del barco o, si el barco no está matriculado, la persona o personas propietarias del mismo. No obstante, cuando un Estado tenga la propiedad de un barco explotado por una compañía que esté matriculada en ese Estado como empresario del barco, se entenderá que el “propietario” es dicha compañía.

4. “Estado de matrícula del barco” significa, con relación a los barcos matriculados, el Estado en que el barco está matriculado y, con relación a los barcos no matriculados, el Estado cuyo pabellón enarbola el barco.

5. “Hidrocarburos” significa todo hidrocarburo persistente, como crudos de petróleo, fuel-oil, aceite diesel pesado, aceite lubricante y aceite de ballena, ya sean éstos transportados a bordo de un barco como cargamento o en los depósitos de combustible de ese barco.

6. “Daños por contaminación” significa pérdidas o daños causados fuera del barco que transporte los hidrocarburos por la contaminación resultante de derrames o descargas procedentes del barco, dondequiera que ocurran tales derrames o descargas, e incluye el costo de las medidas preventivas y las pérdidas o daños causados por tales medidas preventivas.

7. “Medidas preventivas” significa todas las medidas razonables tomadas por cualquier persona después de ocurrir un siniestro con objeto de prevenir o minimizar los daños por contaminación.

8. “Siniestro” significa todo acontecimiento o serie de acontecimientos, cuyo origen sea el mismo, que cause daños por contaminación.

9. “Organización” significa la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.

ARTICULO II

Este Convenio se aplicará exclusivamente a los daños por contaminación causados en el territorio, inclusive el mar territorial, de un Estado contratante y a las medidas preventivas tomadas para prevenir o minimizar esos daños.

ARTICULO III

1. Salvo cuando se den las circunstancias previstas en los párrafos 2 y 3 de este artículo, el propietario de un barco al ocurrir un siniestro o al ocurrir el primer acontecimiento si el siniestro consistiera en una serie de acontecimientos, será responsable de todos los daños por contaminación causados por los hidrocarburos derramados o descargados desde el barco a resultas del siniestro.

2. No podrá imputarse responsabilidad alguna al propietario si prueba que los daños por contaminación:

a) Resultaron de un acto de guerra, hostilidades, guerra civil e insurrección o de un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible, o

b) Fue totalmente causado por una acción u omisión intencionada de un tercero para causar daños, o

c) Fue totalmente causada por la negligencia u otro acto lesivo de cualquier Gobierno u otra autoridad responsable del mantenimiento de luces u otras ayudas a la navegación en el ejercicio de esa función.

3. Si el propietario prueba que los daños por contaminación resultaron total o parcialmente de una acción u omisión intencionada para causar daños por parte de la persona que sufrió los daños, o de la negligencia de esa persona, el propietario podrá ser exonerado total o parcialmente de su responsabilidad frente a esa persona.

4. No podrá elevarse contra el propietario ninguna reclamación de indemnización para resarcimiento de daños por contaminación que no se atenga a las disposiciones de este Convenio. No podrá elevarse ninguna reclamación basada en daños por contaminación, en virtud de este Convenio o de otro modo, contra los dependientes o agentes del propietario.

ARTICULO IV

Cuando se produzcan derrames o descargas de hidrocarburos procedentes de dos o más barcos y de los mismos resulten daños por contaminación, los propietarios de los barcos encausados que no estén exonerados en virtud de lo establecido en el artículo III incurrirán en responsabilidad mancomunada y solidaria por todos los daños que no sea posible prorratear razonablemente.

ARTICULO V

1. El propietario de un barco tendrá derecho a limitar su responsabilidad en virtud de este Convenio, con respecto a cada siniestro, a una cuantía total de 2000 francos por tonelada de arqueo del barco. Esa cuantía no excederá en ningún caso de 210 millones de francos.

2. Si el siniestro ha sido causado por una falta concreta o culpa del propietario, éste no podrá valerse del derecho a la limitación prevista en el párrafo 1 de este artículo.

3. Para poder beneficiarse de la limitación prevista en el párrafo 1 de este artículo, el propietario tendrá que constituir ante el Tribunal u otra autoridad competente de cualquiera de los Estados contratantes en los que se interponga la acción en virtud del artículo IX, un fondo cuya cuantía ascienda al límite de su responsabilidad. El fondo podrá constituirse consignando la suma o depositando una garantía bancaria o de otra clase reconocida por la legislación del Estado contratante en el que se constituya el fondo y considerada suficiente por el Tribunal u otra autoridad competente.

4. El fondo será distribuido entre los acreedores a prorrata del importe de sus respectivas reclamaciones previamente aceptadas.

5. Si antes de hacerse efectiva la distribución del fondo el propietario o cualquiera de sus dependientes o agentes, o cualquier persona que le provea el seguro u otra garantía financiera a resultas del siniestro, hubiera pagado indemnización basada en daños por contaminación, esa persona se subrogará, hasta la totalidad del importe pagado, a los derechos que la persona indemnizada hubiera recibido en virtud de este Convenio.

6. El derecho de subrogación previsto en el párrafo 5 de este artículo puede también ser ejercitado por una persona distinta de las mencionadas en el mismo respecto de cualquier cuantía de indemnización basada en daños por contaminación que esa persona haya pagado, a condición de que tal subrogación esté permitida por la ley nacional aplicable al caso.

7. Cuando el propietario o cualquier otra persona demuestre que puede verse obligado a pagar posteriormente, en todo o en parte, una suma respecto de la cual se hubiera beneficiado del derecho de subrogación previsto en los párrafos 5 o 6 de este artículo si la indemnización hubiera sido pagada antes de distribuirse el fondo, el Tribunal u otra autoridad competente del Estado en que haya sido constituido el fondo podrá ordenar que sea consignada provisionalmente una suma suficiente para permitir que esa persona pueda resarcirse de sus derechos imputables al fondo.

8. Cuando el propietario incurra en gastos razonables o haga voluntariamente sacrificios razonables para prevenir o minimizar los daños por contaminación, su derecho a resarcimiento respecto de los mismos gozará de la misma preferencia que las demás reclamaciones imputables al fondo.

9. El franco mencionado en este artículo será una unidad constituida por sesenta y cinco miligramos y medio de oro fino de novecientas milésimas. La cuantía mencionada en el párrafo 1 de este artículo será convertida en la moneda nacional del Estado en donde se constituya el fondo efectuándose la conversión, según el valor oficial de esa moneda con relación a la unidad definida más arriba, el día de la constitución del fondo.

10. Para los efectos de este artículo se entenderá que el arqueo del barco es el arqueo neto más el volumen que para determinar el arqueo neto se haya deducido del arqueo bruto por concepto de espacio reservado a la sala de máquinas. Cuando se trate de un barco cuyo arqueo no pueda medirse aplicando las reglas corrientes para el cálculo del arqueo, se supondrá que el arqueo del barco es el 40 por ciento del peso en toneladas (de 2.240 libras) de los hidrocarburos que pueda transportar el barco.

11. El asegurador u otra persona que provea la garantía financiera podrá constituir un fondo con arreglo a este artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que si lo constituyera el propietario. Puede constituirse ese fondo incluso si hubo falta concreta o culpa del propietario, pero dicha constitución no limitará los derechos de resarcimiento de cualquier acreedor frente al propietario.

ARTICULO VI

1. Cuando, después de un siniestro, el propietario haya constituido un fondo con arreglo al artículo V y tenga derecho a limitar su responsabilidad:

a) No habrá lugar a resarcimiento alguno de daños por contaminación derivados de ese siniestro sobre los otros bienes del propietario;

b) El Tribunal u otra autoridad competente de cualquier Estado contratante ordenará la liberación de cualquier barco u otros bienes pertenecientes al propietario que hayan sido embargados como garantía de un resarcimiento de daños por contaminación derivados de ese siniestro, y liberará igualmente toda fianza u otra caución consignada para evitar el embargo.

2. No obstante, las disposiciones precedentes sólo se aplicarán si el acreedor tiene acceso al Tribunal que administre el fondo y se puede efectivamente disponer de ese fondo para indemnizarle.

ARTICULO VII

1. El propietario de un barco que esté matriculado en un Estado contratante y transporte más de 2000 toneladas de hidrocarburos a granel como cargamento tendrá que suscribir un seguro u otra garantía financiera, como la garantía de un banco o un certificado expedido por un fondo internacional de indemnizaciones, por el importe a que asciendan los límites de responsabilidad previstos en el artículo V, párrafo 1, para cubrir su responsabilidad por daños causados por la contaminación con arreglo a este Convenio.

2. A cada barco se le expedirá un certificado que haga fe de que existe un seguro u otra garantía financiera vigente con arreglo a las disposiciones de este Convenio. Este documento será expedido o certificado por la autoridad competente del Estado de matrícula del barco después de comprobar que se han cumplido los requisitos del párrafo 1o. de este artículo. El certificado será formalizado según el modelo que figura en el adjunto anexo y contendrá los siguientes particulares:

a) Nombre y puerto de matrícula del barco;

b) Nombre y lugar del establecimiento principal del propietario;

c) Tipo de garantía;

d) Nombre y lugar del establecimiento principal del asegurador u otra persona que provea la garantía y, cuando proceda, lugar del establecimiento donde se haya suscrito el seguro o la garantía;

e) Plazo de validez del certificado que no deberá exceder la vigencia del seguro u otra garantía.

3. El certificado será redactado en el idioma o idiomas oficiales del Estado que lo expida. Si el idioma usado no es ni francés ni inglés, el texto incluirá una traducción a uno de esos idiomas.

4. El certificado deberá ser llevado a bordo del barco y quedará una copia del mismo en poder de las autoridades que mantengan el registro de matrícula del barco.

5. Un seguro u otra garantía financiera no satisfará los requisitos de este artículo si pueden cesar sus efectos, por razones distintas del plazo de validez del seguro o garantía especificado con arreglo al párrafo 2 de este artículo, antes de haber transcurrido tres meses desde la fecha en que se notifique su término a las autoridades referidas en el párrafo 4 de este artículo, a menos que el certificado haya sido devuelto a esas autoridades o un nuevo certificado haya sido expedido dentro de ese plazo. Las disposiciones precedentes se aplicarán igualmente a toda modificación que tenga por efecto alterar el seguro o garantía de modo que ya no satisfaga los requisitos de este artículo.

6. A reserva de lo dispuesto en este artículo, el Estado de matrícula fijará las condiciones de expedición y validez del certificado.

7. Los certificados expedidos o visados bajo la responsabilidad de un Estado contratante serán aceptados por otros Estados contratantes para los efectos de este Convenio y serán considerados por otros Estados como documentos con el mismo valor que los certificados expedidos o visados por ellos. Un Estado contratante puede en cualquier momento pedir al Estado de matrícula de un barco la celebración de consultas si estima que el asegurador o el fiador nombrado en el certificado no tiene solvencia suficiente para cumplir las obligaciones impuestas por este Convenio.

8. Podrá interponerse cualquier acción para el resarcimiento de daños por contaminación directamente contra el asegurador o contra toda persona que provea la garantía financiera para cubrir la responsabilidad del propietario respecto de daños por contaminación. En tal caso el demandado podrá ampararse en los límites de responsabilidad previstos en el artículo V, párrafo 1, ya mediara o no, falta concreta o culpa del propietario. Podrá valerse también de los medios de defensa (que no sean los de quiebra o liquidación de bienes del propietario) que pudiera invocar el mismo propietario. Además el demandado podrá invocar la defensa de que los daños por contaminación resultaron de un acto doloso del mismo propietario, pero el demandado no podrá ampararse en ningún otro de los medios de defensa que le hubiera sido posible invocar en un proceso entablado por el propietario contra él. El demandado tendrá en todo caso el derecho de exigir al propietario que concurra con él en el procedimiento.

9. Los depósitos constituidos por un seguro u otra garantía financiera consignados con arreglo al párrafo 1 de este artículo quedarán exclusivamente reservados a satisfacer las indemnizaciones exigibles en virtud de este Convenio.

10. Un Estado contratante no dará permiso de comerciar a ningún barco sometido a lo dispuesto en este artículo y que enarbole su pabellón si dicho barco no tiene un certificado expedido con arreglo a las disposiciones del párrafo 2 o 12 de este artículo.

11. A reserva de lo dispuesto en este artículo, cada Estado contratante hará lo oportuno para garantizar en virtud de su legislación nacional que todos los barcos, donde quiera que estén matriculados, que entren o salgan de un puerto cualquiera de su territorio, o que arriben o zarpen de un fondeadero o estación terminal en su mar territorial, estén cubiertos por un seguro u otra garantía en la cuantía especificada según el párrafo 1 de este artículo, cuando se trate de barcos que transporten efectivamente más de 2000 toneladas de hidrocarburos a granel como carga.

12. Las disposiciones pertinentes de este artículo no se aplicarán a los barcos que sean propiedad de un Estado contratante y no estén cubiertos por un seguro u otra garantía financiera. No obstante, el barco deberá llevar un certificado expedido por las autoridades competentes de su Estado de matrícula en el que se haga constar que el barco es propiedad del Estado y que la responsabilidad del barco está cubierta hasta los límites previstos por el artículo V, párrafo 1. Este certificado estará formulado siguiendo tan de cerca como sea posible el modelo prescrito en el párrafo 2 de este artículo.

ARTICULO VIII

Los derechos a indemnización previstos en este Convenio prescribirán si la acción intentada en virtud del mismo no es interpuesta dentro de los tres años a partir de la fecha en que ocurrió el daño. Sin embargo, no podrá interponerse ninguna acción después de transcurridos seis años desde la fecha del siniestro que causó el daño. Cuando este siniestro consista en una serie de acontecimientos el plazo de seis años se contará desde la fecha del primer acontecimiento.

ARTICULO IX

2. Cada Estado contratante hará lo oportuno para garantizar que sus tribunales gocen de la necesaria jurisdicción para entender de tales acciones en demanda de indemnización.

3. Constituido que haya sido el fondo de conformidad con el artículo V, los tribunales del Estado en que esté consignado el fondo serán los únicos competentes para pronunciar sobre toda cuestión relativa al prorrateo o distribución del fondo.

ARTICULO X

1. Todo fallo pronunciado por un tribunal con jurisdicción en virtud del artículo IX que sea ejecutorio en el Estado de origen en el cual ya no pueda ser objeto de recurso ordinario será reconocido en cualquier otro Estado contratante, excepto:

a) Si el juicio se obtuvo fraudulentamente, o

b) Si el demandado no fue notificado en un plazo razonable dándosele oportunidad bastante para presentar su defensa.

2. Los fallos reconocidos en virtud del párrafo 1 de este artículo serán ejecutorios en todos los Estados contratantes tan pronto como se hayan cumplido las formalidades requeridas en esos Estados. Esas formalidades no permitirán ninguna revisión del fondo de la controversia.

ARTICULO XI

1. Las disposiciones de este Convenio no se aplicarán a buques de guerra u otros barcos cuya propiedad o explotación corresponda a un Estado y destinados exclusivamente, en el momento considerado, a servicios no comerciales del Gobierno.

2. Con respecto a barcos cuya propiedad corresponda a un Estado contratante y afectados a servicios comerciales, cada Estado podrá ser perseguido ante las jurisdicciones señaladas en el artículo IX y deberá renunciar a todas las defensas en que pudiera ampararse por su condición de Estado soberano.

ARTICULO XII

Este Convenio derogará cualesquiera otros convenios internacionales que, en la fecha en que se abre a la firma, estén en vigor o abiertos a la firma, ratificación o adhesión; no obstante, esta derogación se aplicará únicamente a las disposiciones de esos convenios que contravengan lo previsto en el presente. En todo caso, lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno las obligaciones contraídas por los Estados contratantes ante los Estados no contratantes en virtud de esos otros convenios internacionales.

ARTICULO XIII

1. El presente Convenio quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1970 y seguirá posteriormente abierto a la adhesión.

2. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus Organismos Especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o Partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia podrán adquirir la calidad de Partes de este Convenio mediante:

a) Firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación b) Firma con reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o

c) Adhesión.

ARTICULO XIV

1. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuará depositando ante el Secretario General de la Organización un instrumento expedido a dicho efecto en la debida forma.

2. Cuando se deposite el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de entrar en vigor una enmienda al presente Convenio que sea aplicable a todos los Estados contratantes existentes o después de cumplidas todas las medidas requeridas para la entrada en vigor de la enmienda respecto de esos Estados contratantes, se entenderá que dicho instrumento se aplica al Convenio modificado por esa enmienda.

ARTICULO XV

1. El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha en que los Gobiernos de ocho Estados, incluidos cinco Estados cuyas flotas de buques cisternas representen un mínimo de un millón de toneladas brutas, hayan o bien firmado el Convenio sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación, o bien depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Secretario General de la Organización.

2. Para cada uno de los Estados que posteriormente ratifiquen, acepten o aprueben el Convenio, o se adhieran al mismo, el presente Convenio entrará en vigor a los noventa días de ser depositado por ese Estado el instrumento pertinente.

ARTICULO XVI

2. La denuncia se efectuará depositando un instrumento ante el Secretario General de la Organización.

3. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de depósito del instrumento de denuncia ante el Secretario General de la Organización, o al expirar el plazo estipulado en el mismo si éste es más largo.

ARTICULO XVII

1. Las Naciones Unidas, cuando sean la autoridad administradora de un territorio, o todo Estado contratante responsable de las relaciones internacionales de un territorio, deberán consultar lo antes posible con las autoridades competentes de dicho territorio o tomar las medidas que parezcan oportunas para extender el presente Convenio a ese territorio y podrán declarar en cualquier momento que el Convenio se extenderá al citado territorio, notificándolo por escrito al Secretario General de la Organización.

2. El presente Convenio se extenderá al territorio mencionado en la notificación a partir de la fecha de recepción de la misma o de cualquier otra fecha que en ella se estipule.

3. En cualquier momento después de la fecha en que el Convenio haya quedado así extendido a un territorio, las Naciones Unidas o cualquiera de los Estados contratantes que hayan hecho una declaración en ese sentido de conformidad con el párrafo 1 de este artículo podrán declarar, notificándolo por escrito al Secretario General de la Organización, que el presente Convenio dejará de aplicarse al territorio mencionado en la notificación.

4. El presente Convenio dejará de aplicarse en el territorio mencionado en dicha notificación un año después de la fecha en que el Secretario General de la Organización haya recibido la notificación, o al expirar el plazo que en ella se estipule si éste es más largo.

ARTICULO XVIII

1. La Organización puede convocar una Conferencia con objeto de revisar o enmendar el presente Convenio.

2. La Organización convocará una Conferencia de los Estados contratantes para revisar o enmendar el presente Convenio a petición de por lo menos un tercio de los Estados contratantes.

ARTICULO XIX

1. El presente Convenio será depositado ante el Secretario General de la Organización.

2. El Secretario General de la Organización:

a) Informará a todos los Estados que hayan firmado el Convenio o se hayan adherido al mismo de:

i) Cada nueva firma o depósito de instrumento indicando la fecha del acto;

ii) Todo depósito de instrumento de denuncia de este Convenio, indicando la fecha del depósito;

iii) La extensión del presente Convenio a cualquier territorio de conformidad con el párrafo 1 del artículo XVII y del término de esa extensión según lo dispuesto en el párrafo 4 de ese artículo, indicando en cada caso la fecha en que el presente Convenio quedó extendido o dejó de estarlo;

b) Transmitirá copias autenticadas del presente Convenio a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se adhieran al presente Convenio.

ARTICULO XX

El Secretario General de la Organización transmitirá el texto del presente Convenio a la Secretaría de las Naciones Unidas tan pronto como entre en vigor con objeto de que sea registrado y publicado de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las

Naciones Unidas.

ARTICULO XXI

El presente Convenio queda redactado en un solo ejemplar en los idiomas francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. Con el original rubricado serán depositadas traducciones oficiales en los idiomas español y ruso.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Bruselas el veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

———–

Nota del editor: No se han incluido las firmas.

ANEXO

Certificado de seguro u otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.

Expedido de conformidad con las disposiciones del artículo III del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969.

Nombre del distintivo

Letras o número matrícula

Puerto de

Nombre y dirección del propietario

El infrascrito certifica que el barco aquí nombrado está cubierto por una póliza de seguro u otra garantía financiera que satisface los requisitos del artículo III del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969.

Tipo de garantía………………….

Duración de la garantía……………………….

Nombre…………………………………

Dirección………………………………

Este certificado es válido hasta………………………

Expedido o visado por el Gobierno de……….(nombre completo del Estado)

En…………………a……………………….

(Lugar) (Fecha)

Firma y título del funcionario que expide o visa el certificado

Notas explicativas:

1. A discreción, al designar el Estado se puede mencionar la autoridad pública competente del país en que el certificado es expedido.

2. Si el importe total de la garantía procede de varias fuentes, deberá indicarse la cuantía consignada por cada una de ellas.

3. Si la garantía es consignada bajo diversas formas, deberán enumerarse.

4. Bajo el encabezamiento “Duración de la garantía” debe estipularse la fecha en que empieza a surtir efectos la garantía.

Copia certificada conforme de la traducción oficial en la lengua española.

Por el Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.

London, 20 de mayo de 1982.

La suscrita Jefe de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción fotostática es copia fiel e íntegra de copia certificada por el Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

Dada en Bogotá, D. E., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Carmelita Ossa Henao,

Jefe División Asuntos Jurídicos.

PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACION

DE LAS AGUAS DEL MAR POR HIDROCARBUROS, 1969.

Las Partes en el presente Protocolo,

Que son Partes en el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, dado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969,

Convienen:

ARTICULO I

A los efectos del presente Protocolo:

1. Por “Convenio” se entenderá el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969.

2. El término “Organización” tendrá el sentido que se le da en el Convenio.

3. Por “Secretario General” se entenderá el Secretario General de la Organización.

ARTICULO II

El artículo V del Convenio queda enmendado tal como a continuación se expone:

1. Se sustituye el párrafo 1 por el siguiente texto:

En virtud del presente Convenio el propietario de un barco tendrá derecho a limitar su responsabilidad, con respecto a cada siniestro, a una cuantía total de 133 unidades de cuenta por tonelada de arqueo del barco. Esa cuantía no excederá en ningún caso de 14 millones de unidades de cuenta.

2. Se sustituye el párrafo 9 por el siguiente texto:

9 (a) La unidad de cuenta a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo es el Derecho Especial de Giro, tal como éste ha sido definido por el Fondo Monetario Internacional. Las cuantías a que se hace referencia en el párrafo 1 se convertirán en moneda nacional del Estado en que se constituya el fondo, utilizando como el valor que tenga esa moneda en relación con el Derecho Especial de Giro en la fecha de constitución del fondo. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda nacional de un Estado Contratante que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará por el método de evaluación efectivamente aplicado en la fecha de que se trate por el Fondo Monetario Internacional a sus operaciones y transacciones. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda nacional de un Estado Contratante que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará del modo que determine dicho Estado.

9 (b) No obstante, un Estado Contratante que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional y cuya ley no permita aplicar las disposiciones del párrafo 9 (a) del presente artículo podrá, cuando se produzcan la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier momento posterior, declarar que los límites de responsabilidad estipulados en el párrafo 1 aplicables en su territorio ascenderán respecto de cada siniestro, a un total de 2000 unidades monetarias por tonelada de arqueo del barco, a condición de que esta cuantía total no exceda en ningún caso de 210 millones de unidades monetarias. La unidad monetaria a que se hace referencia en el presente párrafo corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de oro de novecientas milésimas. La conversión de estas cuantías a la moneda nacional se efectuará de acuerdo con la legislación del Estado interesado.

ARTICULO III

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma, para todo Estado signatario del Convenio o que se haya adherido al mismo, y para todo Estado invitado a asistir a la Conferencia para la revisión de lo dispuesto acerca de la unidad de cuenta en el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969, celebrada en Londres del 17 al 19 de noviembre de 1976. El Protocolo estará abierto a la firma en la sede de la Organización del 1o. de febrero de 1977 al 31 de diciembre de 1977.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 de este artículo, el presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por parte de los Estados que lo hayan firmado.

3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 de este artículo, el presente Protocolo estará abierto a la adhesión de los Estados que no lo hayan firmado.

4. El presente Protocolo podrá ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por parte de los Estados Partes en el Convenio.

ARTICULO IV

1. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando el oportuno instrumento oficial ante el Secretario General.

2. Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado después de la entrada en vigor de una enmienda al presente Protocolo respecto de todas las Partes que lo sean en ese momento, o de que se hayan cumplido todos los requisitos necesarios para la entrada en vigor de la enmienda respecto de dichas Partes, se considerará aplicable al Protocolo modificado por esa enmienda.

ARTICULO V

1. El presente Protocolo entrará en vigor para los Estados que lo hayan ratificado, aceptado o aprobado, o que se hayan adherido a él, el nonagésimo día siguiente a la fecha en que ocho Estados, entre los cuales figuren cinco Estados que respectivamente cuenten con no menos de 1.000.000 de toneladas brutas de arqueo de buques tanque, hayan depositado ante el Secretario General los oportunos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Para todo Estado que posteriormente lo ratifique, acepte o apruebe, o que se adhiera a él, el presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Estado de que se trate haya depositado el oportuno instrumento.

ARTICULO VI

1. El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor del Protocolo para la Parte de que se trate.

2. La denuncia se efectuará depositando un instrumento al efecto ante el Secretario General.

3. La denuncia surtirá efecto un año después de que el instrumento de denuncia haya sido depositado ante el Secretario General, o transcurrido cualquier otro plazo más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.

ARTICULO VII

1. La Organización podrá convocar la oportuna conferencia para revisar o enmendar el presente Protocolo.

2. A petición de un tercio cuando menos de las Partes en el Protocolo, la Organización convocará una conferencia de las Partes a fines de revisión o enmienda del Protocolo.

ARTICULO VIII

1. El presente Protocolo será depositado ante el Secretario General.

2. El Secretario General:

a) Informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido al mismo, de:

i) cada nueva firma y cada depósito de instrumento que se vayan produciendo, y de la fecha o depósito;

ii) la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;

iii) todo depósito de un instrumento de denuncia del presente Protocolo y de la fecha en que tal denuncia surta efecto;

iv) toda enmienda al presente Protocolo;

b) remitirá ejemplares auténticos del presente Protocolo, debidamente certificados, a todos los Estados que lo hayan firmado y a los que se hayan adherido al mismo.

ARTICULO IX

ARTICULO X

El presente Protocolo está redactado en un solo original en los idiomas francés e inglés, y ambos textos tendrán la misma autenticidad.

Se prepararán traducciones oficiales a los idiomas español y ruso, que serán depositadas junto con el original firmado.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo.

Hecho en Londres el día diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis.

La suscrita Jefe de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción fotostática es copia fiel e íntegra de copia certificada por el Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, del Protocolo correspondiente al Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

Bogotá, D. E., 28 de octubre de 1987.

Carmelita Ossa Henao

Jefe División Asuntos Jurídicos.

Rama Ejecutiva del Poder Público.

Presidencia de la República.

Bogotá, D. E., 23 de octubre de 1987

Aprobado. Sométase a la consideración y aprobación del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) VIRGILIO BARCO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Julio Londoño Paredes.

DECRETA:

Artículo 1o. Aprué el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976.

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969 y su Protocolo de 1976, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional.

Artículo 3o. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. E., a los…

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

NORBERTO MORALES BALLESTEROS

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia-Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese.

Bogotá, D. E., noviembre 7 de 1989.

VIRGILIO BARCO

Julio Londoño Paredes.