LEY 41 DE 1993

 

LEY 41 DE 1993

(enero 25)

Diario Oficial No. 40.731., de 25 de enero de 1993.

Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones.

*Resumen de Notas de Vigencia*

NOTAS DE VIGENCIA:

1. Modificado por el Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003, "Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura".

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción de obras de adecuación de tierras, con el fin de mejorar y hacer más productivas las actividades agropecuarias, velando por la defensa y conservación de las cuencas hidrográficas.

ARTÍCULO 2o. CONCESIONES DE AGUA. La autoridad administradora de las obras de adecuación de tierras, será la encargada de obtener las concesiones de aguas superficiales y subterráneas correspondientes para el aprovechamiento de éstas en beneficio colectivo o individual dentro de un área específica. Corresponderá a la entidad administradora de cada distrito de riego la función de conceder el derecho de uso de aguas superficiales y subterráneas en el área de los distritos de adecuación de tierras. ARTÍCULO 3o. ADECUACIÓN DE TIERRAS-CONCEPTO. Para los fines de la presente Ley se entiende por adecuación de tierras, la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario. La adecuación de tierras es un servicio público. ARTÍCULO 4o. DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS-CONCEPTO. La delimitación del área de influencia de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones; para los fines de gestión y manejo, se organizará en unidades de explotación agropecuaria bajo el nombre de Distritos de Adecuación de Tierras. ARTÍCULO 5o. USUARIOS DEL DISTRITO. Es usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras toda persona natural o jurídica que explote en calidad de dueño, tenedor o poseedor, acreditado con justo título, un predio en el área de dicho Distrito. En tal virtud, debe someterse a las normas legales o reglamentarias que regulen la utilización de los servicios, el manejo y conservación de las obras y la protección y defensa de los recursos naturales. PARÁGRAFO. El usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras, será solidariamente responsable con el propietario del predio, de las obligaciones contraídas por servicios con el Distrito en el respectivo inmueble. ARTÍCULO 6o. EXPROPIACIÓN POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL. Declárese de utilidad pública e interés social la adquisición de franjas de terrenos, mejoras de propiedad particular o de entidades públicas, la de predios destinados a la construcción de embalses, o de las obras de adecuación de tierras como riego, avenamiento, drenaje y control de inundaciones. Si los propietarios de tales predios, franjas y mejoras que se considere necesario adquirir no los negociarán voluntariamente, el HIMAT y demás organismos públicos ejecutores podrán expropiarlos conforme lo establecen las leyes vigentes. ARTÍCULO 7o. SERVIDUMBRES. Se considera de utilidad pública el establecimiento de servidumbres de tránsito, desagüe, drenaje, y acueducto, que sean necesarias para la ejecución de obras de adecuación de tierras, conforme a las disposiciones del Código Civil.

CAPÍTULO II.

SUBSECTOR DE ADECUACIÓN DE TIERRAS

ARTÍCULO 8o. SUBSECTOR DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. El Subsector de Adecuación de Tierras estará constituido por el Ministerio de Agricultura, como organismo rector de las políticas en adecuación de tierras, por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, como organismo consultivo y coordinador de dichas políticas por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras -HIMAT- junto con las entidades públicas y privadas, como organismos ejecutores, y por el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, como unidad administrativa de financiamiento de los proyectos de riego, drenaje y defensa contra las inundaciones.

ARTÍCULO 9o. CONSEJO SUPERIOR DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. <Artículo derogado por el artículo 26 del Decreto 1300 de 2003>

*Notas de Vigencia*

– Artículo derogado por el artículo 26 del Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003.

*Texto original de la Ley 160 de 1994*

ARTÍCULO 9. Créase el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, como organismo consultivo y coordinador del Ministerio de Agricultura, encargado de asesorar y recomendar la aplicación de las políticas del Subsector de Adecuación de Tierras, el cual estará integrado de la siguiente forma:

– El Ministro de Agricultura, o su delegado, quien lo presidirá.

– El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o el Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrario, quien será su delegado.

– El Director General del ente que ejerza a nivel nacional la autoridad superior en materia Ambiental y de Recursos Naturales Renovables o su delegado.

– El Presidente del Fondo, para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro..

– El Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC.

– Un representante de las comunidad de Indígenas, escogido por el Ministro de Gobierno de terna enviada por las comunidades indígenas en cuyo territorio se ejecuten obras de adecuación de tierras.

– El Presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos -SAC.-

– El Presidente de la Federación Nacional de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras.

– Un representante de la Asociación de Usuarios Campesinos, escogido por el Ministro de Agricultura de la lista que le suministren tales agremiaciones, en la forma que se establezca por el reglamento que expida el mismo Ministerio mediante resolución.

PARÁGRAFO. El Consejo Superior de Adecuación de Tierras tendrá una Secretaría Técnica ejercida por el HIMAT, a través de su Director.

ARTÍCULO 10. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. <Artículo derogado por el artículo 26 del Decreto 1300 de 2003>

*Notas de Vigencia*

– Artículo derogado por el artículo 26 del Decreto 1300 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.196, de 23 de mayo de 2003.

 

*Texto original de la Ley 160 de 1994*

ARTÍCULO 10. Corresponde al Consejo Superior de Adecuación de Tierras:

1. Seleccionar los proyectos de inversión pública en adecuación de tierras de largo, mediano y corto plazo, para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.

2. Calificar y establecer los requisitos que deben acreditar los organismos para la ejecución de obras de adecuación de tierras.

3. Sugerir las pautas para que los organismos públicos ejecutores establezcan el rango de prioridad en los proyectos.

4. Establecer los parámetros y criterios sobre forma de pago, plazos, financiación de construcción o ampliación de los Distritos de Adecuación de Tierras, para la recuperación de inversiones.

5. Señalar los parámetros y criterios técnicos, económicos y financieros que deben tomar en cuenta el HIMAT, los organismos ejecutores y empresas administradoras de los Distritos de Adecuación de Tierras para fijar las tarifas por los servicios que garanticen el cubrimiento de los costos de operación y mantenimiento.

6. Fijar las tarifas básicas y las de aprovechamiento de los servicios, que le sean propuestas por los organismos ejecutores a través de su Secretaría Técnica.

7. Determinar las condiciones socioeconómicas que deban reunir los usuarios sujetos de los subsidios en la recuperación de inversiones, tomando como base los criterios que defina el Ministerio de Agricultura para el pequeño productor.

8. Proponer a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario las condiciones financieras de los créditos para la realización de estudios y la ejecución de proyectos de adecuación de tierras de iniciativa pública o privada.

9. Establecer los mecanismos de ejecución de la política de adecuación de tierras en materia de investigación, transferencia de tecnología agrícola, de riego y drenaje.

10. Fijar los criterios generales que deberán aplicarse en la expedición de los reglamentos para la administración de los distritos de adecuación de tierras. Tales reglamentos deberán contemplar, por lo menos, el desarrollo de los distintos factores que integran una gestión empresarial y, de manera especial, precisar los mecanismos de dirección, administración financiera, vigilancia y control de los recaudos e inversiones, y del mantenimiento de los bienes y equipos de cada Distrito, como también el régimen sancionatorio aplicable, tanto a los administradores como demás asociados, por violación de sus deberes o por incurrir en prohibiciones previamente establecidas.

11. Aprobar el Manual de Normas Técnicas Básicas que, para la realización de proyectos de adecuación de tierras será adoptado por los organismos públicos ejecutores y por los particulares.

12. Aprobar la ejecución de proyectos de adecuación de tierras por razones de conveniencia, de carácter técnico y financiero por parte de otras entidades públicas o privadas.

13. Llevar un registro de las obras de adecuación de tierras, a través de su Secretaría Técnica.

14. Decidir y ordenar que un Distrito de Adecuación de Tierras, vuelva a ser administrado por el organismo ejecutor si se llegare a presentar cualquiera de los siguientes eventos:

a. La incapacidad jurídica, económica o de gestión de la asociación para realizar la administración del respectivo Distrito, y.

b. La mora grave e injustificada para recaudar y entregar al organismo ejecutor las cuotas correspondientes a las inversiones cuando se hubiere asignado esta responsabilidad a tal asociación.

15. Determinar el porcentaje de recuperación de las inversiones que deba reintegrar cada Distrito, y fijar las escalas de beneficiarios para la amortización de las cuotas por usuario.

16. Fijar los factores de costo y precios para las obras de adecuación de tierras que se aplicará para efectuar el cálculo y liquidación de dichas inversiones.

17. Darse su propio reglamento para cumplir con las funciones a él encomendadas.

ARTÍCULO 11. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS. Es competencia del HIMAT evaluar, la situación de los proyectos adelantados por los organismos ejecutores de los Distritos, con el fin de que el Consejo Superior de Adecuación de Tierras adopte las acciones pertinentes para corregir las deficiencias que pudieran presentarse y lograr las metas y realizaciones previstas para el Subsector.

CAPÍTULO III.

DE LA INICIATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

ARTÍCULO 12. PROMOCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE TIERRAS. El HIMAT y demás organismos designados por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras como organismos ejecutores, tienen la función especial de promover y encauzar a nivel nacional la iniciativa de las comunidades rurales, cuando demanden la ejecución de proyectos de adecuación de tierras. De igual manera, tienen el compromiso de impulsar la organización de asociaciones de usuarios, así como su vinculación a la federación de dichas asociaciones.

PARÁGRAFO. Para la selección de los proyectos prioritarios para su ejecución se utilizarán, entre otros, los siguientes criterios: 1. Grado de interés de las comunidades en la ejecución del proyecto. 2. Rentabilidad social del proyecto. 3. Localización estratégica de los proyectos respecto a los puertos de exportación, medianos y grandes centros de consumo. 4. Indice de concentración de pequeños y medianos propietarios. ARTÍCULO 13. APOYO A LA PREINVERSIÓN. Es responsabilidad del HIMAT y demás Organismos Ejecutores, prestar servicios de asistencia técnica y asesoría en la identificación de los proyectos y en la contratación de los estudios, diseños, construcción e interventorías promovidos por el sector privado, así como en la administración de los Distritos. Estos servicios igualmente pueden suministrarse por personas o empresas particulares especializadas, inscritas en los registros que para tal fin lleve el HIMAT o el FONADE.

CAPÍTULO IV.

ORGANISMOS EJECUTORES

ARTÍCULO 14. CONCEPTO. Son organismos ejecutores de los Distritos de Adecuación de Tierras, el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras -HIMAT- y, aquellas entidades públicas y privadas que autorice el Consejo Superior de Adecuación de Tierras.

ARTÍCULO 15. FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES. Con el fin de lograr los objetivos señalados en la presente Ley, les corresponde a los organismos ejecutores, como atribuciones especiales, además de las señaladas en otras disposiciones legales: 1. Participar en la elaboración de los planes y programas de adecuación de tierras que serán sometidos al Consejo Superior de Adecuación de Tierras para su aprobación. 2. Realizar estudios de identificación en cuencas hidrográficas para determinar perfiles de nuevos proyectos. 3. Preparar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de proyectos de adecuación de tierras, realizar las acciones necesarias para obtener la financiación de las obras y llevar a cabo su construcción, todo ello de acuerdo con las políticas y directrices trazadas por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras. 4. Promover la participación activa de las comunidades beneficiarias durante el desarrollo de sus proyectos. 5. Coofinanciar proyectos con otros organismos nacionales o extranjeros, o con particulares. 6. Promover la organización de las asociaciones de usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras y proporcionarles asesoría jurídica y asistencia técnica para su constitución y la tramitación de las concesiones de agua. 7. Capacitar las asociaciones de usuarios para que asuman directamente la responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras en sus respectivos Distritos. 8. Vigilar y controlar las asociaciones de usuarios para que adecuen sus acciones y comportamientos a las directrices y normas que para tal fin expida el Consejo Superior de Adecuación de Tierras mediante reglamentos. Tratándose de entidades ejecutoras de carácter privado, la vigilancia en tal sentido será ejercida por el HIMAT. 9. Expedir, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, los reglamentos de dirección, manejo y aprovechamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, a los cuales deben someterse las asociaciones de usuarios en la administración de los mismos. 10. Aplicar el manual de normas técnicas básicas expedido por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras cuando realicen obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones. 11. Tramitar ante la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Adecuación de Tierras, las propuestas que sobre tarifas básicas y de aprovechamiento de servicios formulen las asociaciones de usuarios. Estas últimas tendrán en cuenta las políticas establecidas por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras con tal fin y obedecimiento, como criterio general el principio de que las tasas o tarifas cubran los costos reales de administración, operación y mantenimiento, así como los gastos de reposición de los equipos en cada Distrito y los de protección y conservación de las respectivas cuencas. 12. Expedir los presupuestos ordinarios de administración, operación, conservación y mejoramiento de los Distritos de Adecuación de Tierras y los extraordinarios que se necesiten para el financiamiento de obras o equipos de emergencia no previstos en los presupuestos ordinarios, y aprobar estos presupuestos cuando sean expedidos por las Asociaciones de Usuarios como administradoras de los Distritos. 13. Establecer el monto de las inversiones públicas en la construcción o ampliación de los Distritos de Adecuación de Tierras y señalar las cuotas de recuperación de tales inversiones a cargo de los beneficiarios, como la cuota de subsidio; teniendo en cuenta, las directrices establecidas por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras sobre forma de pago, plazos y financiación de tales obligaciones. 14. Adquirir mediante negociación directa o expropiación, predios, franjas de terreno o mejoras de propiedad de particulares o de entidades públicas, que se requieran para la ejecución y desarrollo de las obras de adecuación de tierras de conformidad con el artículo 6o. de la presente ley. Tratándose de entidades privadas la expropiación la adelantará el HIMAT. 15. Tramitar la constitución de servidumbres por motivos de utilidad pública cuando se requieran para que los usuarios o el Distrito de Adecuación de Tierras puedan lograr plenamente los beneficios de las obras respectivas. Cuando se trate de organismos ejecutores privados la solicitud de servidumbres la adelantará el HIMAT. 16. Recuperar la cartera por las inversiones realizadas en obras de adecuación de tierras. 17. Recaudar los derechos por los servicios que preste y las tarifas por las aguas que administre, mientras que la asociación de usuarios no tenga la calidad de administradora del Distrito. 18. Imponer, en ejercicio del poder de policía, las medidas coercitivas que requiera la administración de las obras y servicios y sancionar, de acuerdo con el reglamento, a quienes infrinjan las normas de operación y manejo de los Distritos de Adecuación de Tierras. Tratándose de entidades privadas, dicha potestad la ejercerá el HIMAT.

CAPÍTULO V.

ORGANISMOS DE FINANCIACIÓN

ARTÍCULO 16. FONDO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. Créase el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras -FONAT- como una unidad administrativa de financiamiento del Subsector de Adecuación de Tierras, cuyo objetivo es financiar los estudios, diseños y construcción de las obras de riego, avenamiento, y defensa contra las inundaciones, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras.

El fondo funcionará como una cuenta separada en el presupuesto del HIMAT, quien lo manejará y su representante legal será el Director General de dicho instituto.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-205-95 de 11 de mayo de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

ARTÍCULO 17. PATRIMONIO. El patrimonio del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras estará integrado de la siguiente manera:

1. Por los recursos provenientes de recuperación de las inversiones realizadas por los organismos públicos ejecutores.

2. Por los recursos que se le asignen en el Presupuesto Nacional.

3. Por los créditos internos o externos que se contraten con destino al fondo.

4. Por los recursos que aporten las entidades territoriales.

5. Por los recursos de cooperación técnica que se otorguen para el cumplimiento de su objeto.

6. Por el producto de los rendimientos financieros de sus inversiones.

7. Por las donaciones, aportes, y contrapartidas que le otorguen organismos internacionales o nacionales privados o públicos y los provenientes de otros países.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-205-95 del 11 de mayo de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

ARTÍCULO 18. FINAGRO. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO- otorgará créditos para la inversión en adecuación de tierras que sea de iniciativa privada, para la construcción, rehabilitación, complementación y ampliación.

 

PARÁGRAFO. En aquellos casos donde el Consejo Superior de Adecuación de Tierras entregue a FINAGRO, en administración fiduciaria recursos destinados a la ejecución de proyectos de adecuación de tierras, se creará dentro de FINAGRO un Comité Técnico Asesor; su función será la de evaluar y aprobar la conveniencia técnica, económica, ambiental y social del proyecto.

 

Este Comité Técnico Asesor estará integrado en la forma que determine el Consejo Superior de Adecuación de Tierras.

 

ARTÍCULO 19. CONTROL TÉCNICO DE LOS PROYECTOS. Ninguna entidad de financiación otorgará préstamos para adecuación de tierras, ni la autoridad administrativa aprobará una concesión de aguas, cuando el respectivo proyecto no reúna las exigencias técnicas dispuestas en el Manual de Normas Técnicas Básicas, expedido por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras.

 

CAPÍTULO VI.

DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS

ARTÍCULO 20. ASOCIACIÓN DE USUARIOS. Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para efectos de la representación, manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de asociación de usuarios.

 

Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a sus miembros.

 

ARTÍCULO 21. APOYO A LAS ASOCIACIONES. Con el fin de vincular las comunidades a los procesos de adecuación de tierras y obtener su asentamiento en la formulación, ejecución, financiación y amortización de las inversiones en proyectos de adecuación de tierras, los organismos ejecutores tendrán la obligación de consultar a los posibles beneficiarios y obtener su compromiso con la realización de tales actividades.

 

Concluidos los estudios de prefactibilidad o factibilidad, según el caso, y establecida la conveniencia técnica, económica, ambiental y social de realizar el respectivo proyecto, el organismo ejecutor promoverá la creación de la asociación de usuarios con carácter provisional, la cual será el interlocutor válido frente a la gestión oficial, en todas las instancias de ejecución del proyecto. El organismo ejecutor deberá proporcionar a la asociación asesoría técnica y jurídica, hasta lograr su reconocimiento e inscripción en el Ministerio de Agricultura.

 

ARTÍCULO 22. FUNCIONES DE LAS ASOCIACIONES. Las asociaciones de usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras tendrán, además de las que les asignen otras normas, las siguientes funciones:

 

1. Promover la ejecución de los proyectos de Adecuación de Tierras dentro de su comunidad.

 

2. Velar por la correcta ejecución de las obras y la utilización de los recursos financieros y técnicos provistos para el proyecto.

 

3. Participar en los proyectos de adecuación de tierras, presentando recomendaciones al organismo ejecutor sobre los diseños y el presupuesto de inversión y participando en la escogencia de las propuestas para la realización de las obras por intermedio del Comité Técnico de la Asociación de Usuarios del respectivo Distrito.

 

4.  Administrar, operar y mantener los Distritos de Adecuación de Tierras una vez terminados o antes, cuando entre en funcionamiento una parte del proyecto de manera que permita el aprovechamiento de las obras.

 

Pueden igualmente las asociaciones subcontratar la administración de los Distritos con empresas especializadas y previa autorización otorgada al efecto por el organismo ejecutor.

 

5. Presentar para el estudio y aprobación de los organismos ejecutores, los presupuestos de administración, operación y conservación del Distrito, autorizados por la junta directiva de la respectiva asociación, cuando tenga la condición de administradora de un distrito.

 

6. Proponer, por conducto de los organismos ejecutores, ante la Secretaría Técnica, para la aprobación del Consejo Superior de Adecuación de Tierras, cuando tenga la calidad de administradora de un distrito; las tasas, tarifas y derechos por los servicios que se presten a los usuarios, con sus respectivos sustentos, teniendo en cuenta las directrices establecidas por dicho Consejo.

 

7. Ejercer, como delagataria de los organismos ejecutores, las funciones que el titular tiene en materia de manejo del Distrito, para efectos de reglamentar el uso y operación de las obras y equipos; aplicar sanciones a quienes violen las normas expedidas por el organismo ejecutor o por la propia asociación en materia de utilización de las obras del Distrito, y asumir a nombre de éste las obligaciones que se requieran dentro del giro ordinario de su gestión.

 

PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, el Consejo Superior de Adecuación de Tierras podrá ordenar que los Distritos vuelvan a ser administrados por los organismos ejecutores en los términos previstos en el numeral 17 del artículo 10 de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 23. PATRIMONIO. Una vez recuperado el valor de las inversiones públicas, las obras y demás bienes al servicio del Distrito ingresarán al patrimonio de la respectiva asociación de usuarios.

 

CAPÍTULO VII.

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES

ARTÍCULO 24. DERECHO AL REINTEGRO DE LAS INVERSIONES. Todo organismo ejecutor de un distrito de adecuación de tierras o de su rehabilitación, ampliación, o complementación, tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente las inversiones realizadas en la ejecución de tales obras, de conformidad a lo establecido en las respectivas Actas de Compromiso con la asociación de usuarios. Con tal fin, podrá adelantar las acciones judiciales y extrajudiciales a que hubiese lugar.

 

Cada inmueble dentro del área de un distrito deberá responder por una cuota parte de las inversiones realizadas en proporción a los beneficios recibidos, cuyos componentes básicos se desagregan teniendo en cuenta su origen en obras de riego, drenaje, o protección contra inundaciones.

 

ARTÍCULO 25. SUBSIDIOS. Créase un subsidio del 50% en las cuotas de recuperación de inversiones de los proyectos, con destino a los pequeños productores, usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras que reúnan las condiciones socioeconómicas que determine el Consejo Superior de Adecuación de Tierras. Este subsidio puede ser complementado con aportes de otros organismos públicos o privados en cuantía no menor al 5% ni mayor al 20% del costo en cuyo caso, el subsidio se incrementará en dicho porcentaje.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-205-95 del 11 de mayo de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

ARTÍCULO 26. LIQUIDACIÓN DE LAS INVERSIONES. El cálculo y liquidación de las inversiones en obras de adecuación de tierras se hará por su valor real incluidos los costos financieros, teniendo en cuenta las áreas directamente beneficiadas por los diferentes componentes de las obras, aplicando el índice de precios que determine el Consejo Superior de Adecuación de Tierras conforme lo establece el numeral 19 del artículo 10 de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 27. FACTORES DE LIQUIDACIÓN. Las inversiones en adecuación de tierras, sujeta a recuperación estarán constituidas, entre otros, por el valor de los siguientes conceptos: los estudios de factibilidad, los terrenos utilizados en la ejecución del Distrito; las servidumbres de beneficio colectivo; las obras civiles realizadas adicionando al aporte comunitario de manos de obra; los equipos electromecánicos instalados; los costos financieros de los recursos invertidos; la maquinaria y los equipos iniciales para la operación y conservación del Distrito y la porción de los costos de protección y recuperación de las cuencas respectivas.

 

ARTÍCULO 28. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN. Para la liquidación del costo proporcional de las inversiones se utilizará el siguiente procedimiento: Se delimitará el área del Distrito que se beneficia con cada componente de adecuación de tierras, riego, drenaje y control de inundaciones; luego se cuantificará el valor de la inversión en cada componente y después se dividirá este valor por su respectiva área beneficiada.

 

El factor resultante de las operaciones anteriores se multiplicará por la superficie estimada a beneficiar en cada predio con los componentes de obras a que se hace referencia en este artículo. La suma de los resultados anteriores, constituirá la cuota parte con que deben contribuir a la recuperación de las inversiones públicas los propietarios dentro del Distrito; teniendo en cuenta, la afectación que sufra por el subsidio a que hace referencia el artículo 25 de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD DE LA LIQUIDACIÓN. Para la asignación definitiva del costo proporcional por las obras de adecuación de tierras ejecutadas por un organismo público se requiere, en primer lugar, que los organismos ejecutores o sus delegatarios pongan en consideración de los obligados durante el término de un mes, por intermedio de la respectiva asociación de usuarios, el anteproyecto de liquidación junto con el dato, discriminado por los componentes, de la inversión a que se refiere el artículo 24o., para que dentro de tal oportunidad formulen las observaciones que se consideren procedentes.

 

Vencido el plazo anterior, el organismo ejecutor establecerá, mediante resolución motivada, la cuota proporcional a cargo de cada predio, contra la cual sólo procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal o por edicto, en los términos previstos por los artículos 43 y 44 del Código Contencioso Administrativo.

 

ARTÍCULO 30. REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN. En firme la resolución de que trata el artículo anterior, se comunicará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente para que se inscriba la liquidación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

 

La inscripción se cancelará una vez se cubra el valor total de la obligación, según comunicación que es (sic) efecto le envíe el organismo ejecutor o quien haga sus veces.

 

ARTÍCULO 31. COBRO DE CARTERA. Los organismos ejecutores podrán adelantar el cobro de la cartera por recuperación de las inversiones, utilizando uno cualquiera de los siguientes mecanismos: 1. Directamente por el organismo ejecutor. 2. Mediante convenio con los municipios para que se recaude junto con el impuesto predial. En este caso, el cobro de las cuotas de recuperación de las inversiones se realizará en el mismo recibo de liquidación del impuesto predial, como cuenta separada. Para ello la Tesorería Municipal y el organismo ejecutor establecerán un convenio en el que se estipule los términos, el cobro de dicha cartera, y se establezca la información y demás apoyos que debe ofrecer la entidad ejecutora en cuanto a número y monto de las cuotas a pagar por cada beneficiario así como los mecanismos para que la Tesorería le efectúe los giros correspondientes.

 

Presta mérito ejecutivo la resolución mediante la cual el organismo público ejecutor y el HIMAT en aquellos casos donde el organismo ejecutor sea no gubernamental o privado, asignen a cargo de los propietarios de predios dentro de un Distrito de Adecuación de Tierras, la cuota proporcional por las inversiones en las obras respectivas.

 

3. Mediante contrato con las asociaciones de usuarios, cuando estos organismos administren los Distritos de Adecuación de Tierras.

 

4. Acudiendo a la jurisdicción coactiva.

 

ARTÍCULO 32. PÉRDIDA DE LA ADMINISTRACIÓN. El Consejo Superior de Adecuación de Tierras, a solicitud del organismo ejecutor, determinará la pérdida de la administración del Distrito por parte de la Asociación, si ésta no cumple con las condiciones exigidas para el pago de la cuota de recuperación, y autorizará al organismo ejecutor a contratar la administración del Distrito con una entidad privada, o en su defecto para entregarla en delegación a una entidad pública.

 

ARTÍCULO 33. PAGO DE LAS INVERSIONES. El pago de las cuotas proporcionales por las obras deberá realizarse dentro de los plazos señalados por la resolución de asignación. Si los organismos ejecutores lo consideran conveniente, podrán igualmente recibir del obligado tierras dentro del Distrito en dación de pago, para cubrir toda o parte de su respectiva cuota, previo su avalúo comercial por dos peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

 

ARTÍCULO 34. EXENCIÓN DE VALORIZACIÓN. El valor presente de las obras de adecuación de tierras que sean construidas con el fin de mejorar y hacer más productivas las actividades agropecuarias, debe ser desagregado del avalúo catastral del predio beneficiado para los efectos tributarios y fiscales. Sobre este valor, no podrá recaer ninguna clase de impuestos o contribuciones de valorización y demás gravámenes durante el término de amortización del costo de las obras.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-205-95 de 11 de mayo de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

CAPÍTULO VIII.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 35. PLANES COLECTIVOS DE RETIRO COMPENSADO. Los organismos públicos ejecutores podrán estructurar, adoptar y ejecutar planes colectivos de retiro compensado para los trabajadores que presten sus servicios en actividades de construcción, operación y mantenimiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, existentes al momento de la expedición de la presente Ley como también para los que en un futuro se construyan.

 

ARTÍCULO 36. CONTROL DE LOS DISTRITOS. El HIMAT adelantará a nombre del Estado, una labor de vigilancia sobre los Distritos administrados por las asociaciones de usuarios, exclusivamente para supervisar el manejo racional de las aguas como bienes de dominio público y para garantizar los derechos de los usuarios en los bienes comunitarios.

 

ARTÍCULO 37. TRASPASO DE LOS DISTRITOS DEL INCORA. Los Distritos de Adecuación de Tierras construidos o adquiridos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, o recibidos por este instituto de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero CAJA AGRARIA o del Instituto de Fomento Eléctrico y de Aguas ELECTRAGUAS pasarán a ser patrimonio del HIMAT y su administración podrá ser entregada a las respectivas asociaciones de usuarios. Igualmente, se trasladarán al HIMAT los saldos por concepto de cartera pendiente de recaudar por inversiones realizadas en dichos Distritos.

 

ARTÍCULO 38. APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Autorizase al Gobierno Nacional para efectuar las apropiaciones y demás movimientos presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley y las disposiciones que para su efectividad se dicten.

 

ARTÍCULO 39. VIGENCIA. La presente Ley rige desde su promulgación, En ejercicio de las facultades de regulación otorgadas en esta Ley, el Gobierno Nacional no podrá modificar las normas relativas a la estructura del sistema financiero, la constitución, objeto principal, formas societaria, y causales y condiciones de disolución, toma de posesión y liquidación de las entidades autorizadas para desarrollar las actividades financiera, inclusive la desarrollada por entidades financieras cooperativas, aseguradora, bursátil y de las demás entidades cuya actividad se relacione con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.

 

 

El Presidente del Honorable Senado de la República,

TITO EDMUNDO RUEDA.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,

PEDRO PUMAREJO VEGA.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

CÉSAR PÉREZ GARCÍA.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,

DIEGO VIVAS TAFUR.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Publíquese y Ejecútese.

Dada en Santa fe de Bogotá, D.C., a 25 de enero de 1993

CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

RUDOLF HOMMES RODRÍGUEZ.

El Ministro de Agricultura,

ALFONSO LÓPEZ CABALLERO.

     

LEY 40 DE 1993

 

LEY 40 DE 1993 

(enero 19)

Diario Oficial No. 40726, de 20 de enero de 1993

Por la cual se adopta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones.

*Resumen de Notas de Vigencia*

NOTAS DE VIGENCIA:

3. Modificada por la Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal", publicada en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000.

Establecen los Artículos 474 y 476 de la Ley 599 de 2000:

"ARTICULO 474. DEROGATORIA. Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales".

"ARTICULO 476. VIGENCIA. Este Código entrará a regir un (1) año después de su promulgación".

Este documento no incorpora tales derogatorias en los artículos correspondientes.

2. Ley modificada  por la Ley 365 de 1997, publicada en el Diario Oficial  No. 42.987 de 21 de febrero de 1997, "Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones".

1. El editor sugiere tener en cuenta la Ley 282 de 1996, "Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 42.804 de 11 de junio de 1996.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

ARTÍCULO 1o. EL SECUESTRO EXTORSIVO. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40), años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales.

En la misma pena incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una personalidad de reconocida notoriedad o influencia pública.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía,  la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-565-93 de7 de diciembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

ARTÍCULO 2o. SECUESTRO SIMPLE. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo anterior, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de seis (6) a veinticinco (25) años y en multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales. Si el propósito del agente es contraer matrimonio u obtener una finalidad erótico sexual, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. Para proceder en este caso se requiere querella de parte.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-599-97 de  20 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

ARTÍCULO 3o. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. La pena señalada en el artículo1o., se aumentará entre ocho (8) y veinte (20) años más, si concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

1. Si el delito se comete en persona inválida o enferma, o de menos de dieciocho (18) años, o que no tenga la plena capacidad de autodeterminación o que sea mujer embarazada. 2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. 3. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de quince (15) días. 4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los copartícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 5. Cuando el delito se comete por persona que sea empleado oficial o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. 6. Si se comete en persona que sea o hubiere sido empleado oficial, periodista o candidato a cargo de elección popular y por razón de sus funciones. 7. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido, con amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública. 8. Cuando se cometa con fines terroristas. 9. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los autores o copartícipes. 10. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. 11. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. 12. Si se comete en persona que sea o haya sido dirigente comunitario, sindical, político o religioso. 13. Si el hecho se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla. PARÁGRAFO. La pena señalada en el artículo 2o. de la presente Ley, se aumentará hasta en la mitad cuando concurriere alguna de las circunstancias anteriores. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-213-94 de 28 de abril de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

ARTÍCULO 4o. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA. Si dentro de los quince (15) días siguientes al secuestro, se dejare voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos en el artículo 1o. de esta Ley, la pena se disminuirá hasta la mitad.

 

En los eventos del artículo2o., habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado, dentro del mismo término fuere dejado voluntariamente en libertad.

 

No habrá lugar a la atenuación si concurriere una de las circunstancias señaladas en los numerales 2., 5., 6., 7., 10., y 11. del artículo anterior. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-213-94 de 28 de abril de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

ARTÍCULO 5o. CONCIERTO PARA SECUESTRAR.  <Artículo subrogado por la Ley 365 de 1997

*Notas de Vigencia*

– Artículo subrogado por la Ley 365 de 1997, según lo dispuesto en el artículo 26 de la misma, publicada en el Diario Oficial  No. 42.987 de 21 de febrero de 1997.

 

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

ARTÍCULO 5o. CONCIERTO PARA SECUESTRAR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer un delito de secuestro, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de cinco (5) a diez (10) años. La pena se aumentará hasta en una cuarta parte para quienes promuevan, encabecen o dirijan el concierto.

 

ARTÍCULO 6o. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DERIVADO DEL SECUESTRO. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, y siempre que el hecho no constituya otro delito, incurrirá por ese solo hecho, en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y en multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 34 de la Constitución.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

ARTÍCULO 7o. FAVORECIMIENTO. El que teniendo conocimiento de un delito de secuestro y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Inciso 2o. declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

<Inciso 2o.> En la misma pena incurrirá quien, a sabiendas de que el dinero resultante de una transacción va a destinarse al pago de la liberación de un secuestrado, participe en dicha transacción.

 

ARTÍCULO 8o. RECEPTACIÓN. El que fuera de los casos de concurso de delito, oculte o ayude a ocultar o a asegurar, o quien utilice, el producto de un delito de secuestro incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.

 

ARTÍCULO 9o. OMISIÓN DE INFORMES. El que conociendo de los planes o actividades encaminadas a la ejecución de un delito de secuestro no diere aviso oportuno a las autoridades, o no denunciare un secuestro de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el artículo anterior.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-213-94 de 28 de abril de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

ARTÍCULO 10. OMISIÓN DE AVISO. El que no diere aviso a las autoridades de un secuestro o desaparición de cuya ocurrencia tenga conocimiento directo, incurrirá en prisión de seis (6) meses a un (1) año.

 

El Fiscal General de la Nación dispondrá lo pertinente para que quede en secreto la identidad de quien dé el aviso de que trata este artículo. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

ARTÍCULO 11. OBLIGACIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN. Los jueces y las autoridades competentes deberán, de oficio, adelantar las investigaciones correspondientes, cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de que se ha cometido un posible delito de secuestro o de que ha ocurrido una desaparición.

 

Las investigaciones preliminares tenderán a averiguar el hecho del secuestro, y una vez existan indicios de que tal delito se ha cometido, procederán en concordancia con la Fiscalía General de la Nación, a tratar de que se provea lo dispuesto en la presente Ley, en relación con los bienes del secuestrado y de las personas a que se refiere el artículo 18 de la presente Ley.

 

La Procuraduría General de la Nación dispondrá de sistemas especiales de vigilancia y seguimiento en los casos de investigación y juzgamiento de los delitos de secuestro y de la desaparición de personas.

 

ARTÍCULO 12. CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS DE SEGURO. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Quien intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE "salvo cuando el agente actúe en alguna de las circunstancias de justificación del hecho previstas en la ley penal, caso en el cual son INEXEQUIBLES", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

CAPÍTULO II.

ASUNTO PROCESALES

ARTÍCULO 13. DECOMISO DE BIENES. Los bienes muebles o inmuebles que sean empleados para arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga o se omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político o con cualquier propósito distinto, serán decomisados y puestos inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o a entidades de beneficio común instituidas legalmente.

 

Quien tuviere un derecho demostrado legalmente sobre el respectivo bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier título no traslaticio de dominio. La autoridad competente que decrete el decomiso, dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de sus derechos.

 

Si el propietario fuese condenado como autor, partícipe o cómplice, los beneficios obtenidos producto de dichos bienes, se aplicarán a la prevención y represión del secuestro.

 

Podrá ordenarse en cualquier tiempo por la misma autoridad la devolución de los bienes o el valor de su remate, más los beneficios obtenidos como producto de dichos bienes, si fuere el caso, a terceras personas, si se llegare a probar plenamente dentro del proceso que ellas no tuvieron ninguna participación en el destino ilícito dado a esos bienes. En todo caso, les corresponderá a dichas personas demostrar que los bienes decomisados, o no fueron utilizados, o lo fueron sin autorización ni siquiera tácita en la comisión del secuestro.

 

La providencia que ordene la devolución a que se refiere este artículo deberá ser consultada y sólo surtirá efectos una vez confirmada por el superior.

 

PARÁGRAFO. Cuando se trate de bienes que estén sujetos a registro de propiedad, deberá la misma autoridad notificar el decomiso a las personas inscritas en el registro.

 

ARTÍCULO 14. AMNISTÍA E INDULTO. En ningún caso el autor o los copartícipes del delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos o sus consecuentes de cesación de procedimiento o auto inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como delito conexo con el delito político, dada su condición de atroz. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

ARTÍCULO 15. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Salvo lo dispuesto en el artículo 17 de este Estatuto, en el artículo 37 y la rebaja por confesión previstos en el Código de Procedimiento Penal, los sindicados o condenados por los delitos de que trata esta ley no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional, libertad condicional ni a subrogados administrativos.  En los casos del delito de secuestro, no podrán otorgarse la suspensión de la detención preventiva ni de la condena. La libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-213-94.

– Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

ARTÍCULO 16. SANCIONES IMPONIBLES AL SERVIDOR PÚBLICO. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El servidor público, cualquiera que sea su cargo o función, que facilite, promueva o de cualquier manera colabore en el pago de rescate por la liberación de una persona secuestrada, incurrirá en causal de mala conducta que dará lugar a la destitución de su cargo o a la pérdida de su investidura, e inhabilidad para el ejercicio de sus funciones públicas por diez (10) años, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE "salvo cuando el agente actúe en alguna de las circunstancias de justificación del hecho previstas en la ley penal, caso en el cual son INEXEQUIBLES", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

ARTÍCULO 17. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Por razones de conveniencia evaluadas por el Fiscal General de la Nación, o por el funcionario que éste designe, las penas previstas para los hechos punibles consagrados en esta Ley se rebajarán en la mitad, cuando el procesado o condenado colabore eficazmente en el esclarecimiento de los hechos, o en la captura de autores o partícipes o en el establecimiento de responsabilidad penal por los delitos consagrados en este estatuto.

 

En casos excepcionales, y por razón de la eficacia de la colaboración, podrá reconocerse la condena de ejecución condicional, prescindirse de la imposición de penas o de la ejecución de aquella que se hubiere impuesto, por requerimiento del Fiscal General de la Nación o del Vicefiscal, previo concepto del Procurador General de la Nación.

 

Cuando la colaboración permita capturar y deducir responsabilidad penal para quienes conforman organizaciones delincuenciales, podrá ordenarse o solicitarse la preclusión o la cesación de procedimiento por parte del Fiscal General de la Nación.

 

Si la colaboración a que se refiere este artículo se realizare durante la etapa de instrucción, el Fiscal, al formular la acusación, acompañará dicha resolución del acta en que haya acordado con el procesado la disminución punitiva para que el juez al dosificar la pena reconozca dicho beneficio. Si se realiza en la etapa de juzgamiento, el Fiscal suscribirá un acta que contenga el acuerdo a que se ha llegado con el procesado para la concesión de los beneficios a que se refiere este artículo, la cual aportará al proceso para que el juez reconozca dichos beneficios en la sentencia. Si la colaboración proviene de persona sentenciada, realizado el acuerdo entre el procesado y el Fiscal que intervino en el proceso, el acta correspondiente se enviará al juez que esté ejecutando la sentencia para que disminuya la pena o exonere al sentenciado de su ejecución.

 

En el procedimiento establecido en este artículo intervendrá obligatoriamente el Ministerio Público.

 

PARÁGRAFO. La disminución punitiva a que se refiere este artículo será solicitada por el procesado al Fiscal que esté conociendo de la instrucción o que esté actuando o haya actuado en la etapa de juzgamiento, quien se reunirá con el peticionario y si llegaren a cualquier acuerdo se sentará el acta respectiva.

 

Si se considera que es procedente la exclusión de pena, la preclusión o cesación de procedimiento, la solicitud será enviada al Fiscal General de la Nación o al Vice-fiscal, para que determine la procedencia de dichos beneficios y en caso de ser viables se sentará un acta que se enviará al funcionario respectivo para las determinaciones a que se refieren los incisos anteriores

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-069-94.

– Artículo declarado EXEQUIBLE, excepto las expresiones tachadas que se declaran INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional medianteSentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

CAPÍTULO III.

FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 18. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE BIENES. <Artículo  INEXEQUIBLE> *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr.Jorge Arango Mejía.

 

*Texto original de la Ley  40 de 1993*

ARTÍCULO 18. Al tener noticias ciertas de que se ha cometido un delito de secuestro o de que ha ocurrido una desaparición, el Fiscal General de la Nación o su delegado, procederá de inmediato a elaborar el inventario de los bienes de la persona secuestrada, lo mismo que de los bienes de su cónyuge, compañera o compañero permanente, y de los de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con base en sus respectivas declaraciones de renta.  Estas personas anteriormente citadas, deberán hacer, bajo juramento denuncia de sus bienes y de los del secuestrado.

Para los efectos de este artículo sobre bienes denunciados, y sobre aquellos de que tenga noticia, el Fiscal General de la Nación o su delgado, decretará para los efectos de este artículo sobre bienes denunciados, y sobre aquellos de que tenga noticia, el Fiscal General de la Nación o su delegado, decretará la vigilancia administrativa de los mismos. Se formará cuaderno separado para toda esta actuación, a la cual tendrán acceso solamente el Fiscal, su delegado, el agente del Ministerio Público v los afectados o sus apoderados.

De oficio o a petición de parte y previa audiencia con el posible afectado, el Fiscal General de la Nación o su delegado, podrá decretar la vigilancia administrativa de los bienes de otras personas, cuando existan fundadas razones para considerar que tales bienes podrían ser utilizados, directa o indirectamente, para el pago por la liberación de una persona secuestrada.

Dicha vigilancia administrativa podrá extenderse a las sociedades de las cuales sean socias las personas antes mencionadas, cuando existan fundadas razones para considerar que a través de tales sociedades se pudieren obtener recursos destinados a pagar liberaciones de personas secuestradas.

La vigilancia administrativa de bienes no priva a sus propietarios o poseedores de la tenencia, uso y goce de los mismos, ni de su explotación económica, pero prohíbe a éstos la disposición y el gravamen sobre dichos bienes, sin la previa autorización del Fiscal General de la Nación o su delegado, cuando no corresponda al giro ordinario de los negocios de las personas o sociedades señaladas en este artículo.

Tratándose de bienes sujetos a registros, las medidas serán comunicadas a las autoridades y funcionarios pertinentes para lo de su cargo.

Las transacciones que se hagan sin el lleno de los requisitos anteriores serán inexistentes.

La vigilancia administrativa de bienes obliga a sus titulares o administradores, a rendir cuentas periódicas de su gestión, en los términos que el Fiscal General de la Nación o su delegado señalen. El incumplimiento de esta obligación o su retardo injustificado darán lugar a su remoción.

La vigilancia administrativa de bienes se efectuará durante el término que dure el secuestro más el término adicional que considere la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley.

El que, con el propósito de beneficiarse con lo dispuesto por este artículo, simule un secuestro incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años.

PARÁGRAFO.1o. Para facilitar el seguimiento del autor o de los autores, del copartícipe o de los copartícipes de un delito de secuestro, el Fiscal General de la Nación o su delegado, podrá suspender o aplazar la vigencia de las medidas de vigilancia administrativa de bienes de que trata este artículo.

PARÁGRAFO.2o. No obstante lo dispuesto en este artículo, cuando alguna de las personas antes señaladas pusiere en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el hecho del secuestro, y colabore con este organismo, el Fiscal o su delegado, podrá acordar con dichas personas procedimientos que no impliquen la vigilancia administrativa de bienes.

PARÁGRAFO.3o. Quienes ejerzan el cargo de delegados del Fiscal General de la Nación sobre los bienes sometidos a vigilancia administrativa, tendrán las funciones propias de un auditor de control interno.

 

ARTÍCULO 19. ACCIONES Y EXCEPCIONES. <Artículo  INEXEQUIBLE>

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio  de 1994, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

ARTÍCULO 19.Carecerá del derecho de alegar cualquier acción o excepción, quien a cualquier título entregue dineros destinados a pagar liberaciones de secuestros.

 

ARTÍCULO 20. SANCIONES. <Artículo  INEXEQUIBLE>

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

ARTÍCULO 20. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 18 y 19 de esta Ley, las instituciones financieras, y, en general todas aquellas personas cuyo objeto sea la captación de dineros del público, que conociendo el que entre sus usuarios se encuentra una de las personas señaladas en dicho artículo 18 de esta Ley, autoricen la entrega, continua o discontinua de sumas de dineros superiores a dieciséis (16) salarios mínimos mensuales, o sumas que no correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas personas, incurrirán en multa no mayor de dos mil (2000) salarios mínimos y no menor de quinientos (500) salarios mínimos mensuales, imponible por la Superintendencia Bancaria, previa investigación administrativa.

Para efectos de las entregas de recursos que correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas personas, el Fiscal General de la Nación o su delegado, podrá acordar con las instituciones a que se refiere este artículo, procedimientos que, al mismo tiempo que garanticen el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, traten de evitarles perjuicios a las personas cuyos bienes se sometan a la vigilancia administrativa.

 

ARTÍCULO 21. INFORMES Y AUTORIZACIONES. <Artículo  INEXEQUIBLE>

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

ARTÍCULO 21.Salvo lo dispuesto en el artículo anterior y para los efectos del mismo, las instituciones financieras y todas aquellas personas cuyo objeto social sea la captación de dineros del público, deberán informar inmediatamente las solicitudes de retiros excepcionales de fondos o las presentaciones para el cobro de cheques girados contra las cuentas de las personas referidas en el citado artículo 18, de esta Ley, a la Fiscalía General de la Nación, la cual contará con un plazo de diez (10) días, como máximo, para autorizar el pago.

Vencido éste término sin que la entidad financiera hubiese recibido respuesta de la Fiscalía General de la Nación, se podrá efectuar la entrega.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda recaer sobre el funcionario que no se pronunció a tiempo sobre el respectivo desembolso.

 

ARTÍCULO 22. FISCALIA DELEGADA PARA EL SECUESTRO. Autorizase al Fiscal General de la Nación para crear la fiscalía delegada para el secuestro o las unidades de Fiscalía para el mismo fin, cuyas funciones serán entre otras, la investigación y acusación ante los juzgados y tribunales competentes, de los delitos contenidos en la presente Ley, la vigilancia administrativa de bienes a que se refiere el artículo 18. además de la aplicación efectiva de la presente Ley.

 

La Fiscalía tendrá también facultades para ofrecer y pagar recompensas, así como para proteger a testigos y sindicados que colaboren con la Fiscalía.

 

PARÁGRAFO. La Fiscalía delegada para el secuestro o las unidades de fiscalía para el mismo fin, tendrán a su disposición un equipo especializado de miembros del cuerpo técnico de investigación de fiscalía, quienes contarán con todos los medios y recursos suficientes para el cumplimiento de sus labores, y de todo lo necesario para asegurar su protección personal.

 

ARTÍCULO 23. FACULTADES DEL FISCAL PARA SOLICITAR INFORMACIÓN. El funcionario instructor, con la colaboración de los organismos de seguridad del Estado, controlará la adquisición de bienes muebles e inmuebles, en especial de vehículos automotores, consignaciones bancarias y demás transacciones que se realicen en forma desacostumbrada en la respectiva localidad.

 

Para tal efecto, las notarías, las oficinas de registro de instrumentos públicos, las entidades financieras y bancarias, las oficinas de tránsito, y en general las empresas comerciales, suministrarán la información sobre el particular, cuando sean requeridas o cuando consideren que se ha presentado una situación que permite presumir la posibilidad de transacciones tendientes a realizar un secuestro o a cancelar el valor de una liberación.

 

CAPÍTULO IV.

PROHIBICIONES

ARTÍCULO 24. OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, FIANZAS Y AVALES. <Artículo  INEXEQUIBLE>

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

ARTÍCULO 24. Incurrirán en multa no mayor de dos mil (2000) salarios mínimos ni menor de quinientos (500) salarios mínimos mensuales, imponible por la Superintendencia Bancaria, previa investigación Administrativa, las personas citadas en el artículo 20 de esta Ley, cuando otorguen créditos, afiancen, avalen o en cualquier forma autoricen o faciliten dineros destinados al pago por la liberación de un secuestrado.

Las operaciones y transacciones que verifiquen en violación de este artículo, serán ineficaces de pleno derecho, y en el caso de entregadas de dinero no se podrá exigir la devolución de las sumas entregadas.

 

ARTÍCULO 25. SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.  <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país. 1Los subcontratistas nacionales serán objeto de las sanciones previstas en esta Ley.

 

PARÁGRAFO.1o. El contratista nacional o extranjero que pague sumas de dinero a extorsionistas se hará acreedor a las sanciones previstas en este artículo.

 

PARÁGRAFO.2o. Los contratos que celebren las entidades estatales colombianas con compañías extranjeras y nacionales llevarán una cláusula en la cual se incluya lo preceptuado en este artículo.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE "salvo cuando el agente actúe en alguna de las circunstancias de justificación del hecho previstas en la ley penal, caso en el cual son INEXEQUIBLES", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

ARTÍCULO 26. CONTRATOS DE SEGUROS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, los contratos de seguro que bajo cualquier modalidad se otorguen para cubrir el riesgo del pago para lograr la liberación de un secuestrado, serán ineficaces de pleno derecho, y las compañías de seguros y los corredores o intermediarios que intervengan en su realización, serán sancionados por la Superintendencia Bancaria, previa investigación administrativa, con multa no inferior a doscientos (200) salarios mínimos y no superior a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la presente Ley. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio e 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-542-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado, el cual se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-93 de 24 de febrero, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

 

CAPÍTULO V.

LABORES DE INTELIGENCIA Y GRUPOS ÚNASE

ARTÍCULO 27. COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE INTELIGENCIA CONTRA SECUESTRO Y EXTORSIÓN. El Ministro de Defensa Nacional conformará un comité integrado por los organismos de seguridad del Estado a fin de coordinar la recolección, análisis, evaluación y difusión de la información requerida por la Fiscalía General de la Nación y demás organismos encargados de investigar y reprimir los delitos de extorsión y secuestro.

 

CAPÍTULO VI.

AUMENTO DE PENAS

ARTÍCULO 28. MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO PENAL. El Artículo 44 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, quedará así:

 

Duración de la pena: La duración máxima de la pena es la siguiente:

 

-Prisión, hasta sesenta (60) años.

 

-Arresto, hasta cinco (5) años.

 

-Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años.

 

-Interdicción de derechos y funciones públicas, hasta diez (10) años.

 

-Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, hasta cinco (5) años.

 

-Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía,  la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-026-95 de 2 de febrero de 1995, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-565-93 de 7 de diciembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

 

ARTÍCULO 29. SOBRE EL HOMICIDIO. El artículo 323 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal quedará así:

 

HOMICIDIO. El que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía,  la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-565-93 de 7 de diciembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

 

ARTÍCULO 30. MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 324 DEL CÓDIGO PENAL. El artículo 324 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, quedará así:

 

ARTÍCULO 324. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. La pena será de cuarenta (40) a sesenta (60) años de prisión, si el hecho descrito en el artículo anterior se cometiere:

 

1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, hermano adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad.

 

2. Para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible; para ocultarlo, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los partícipes.

 

3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en los capítulos II y III del titulo V, del Libro Segundo de este Código.

 

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

 

5. Valiéndose de la actividad de inimputable.

 

6. Con sevicia.

 

7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación.

 

8. Con fines terroristas, en desarrollo de actividades terroristas o en persona que sea o hubiere sido servidor público, periodista, candidato a cargo de elección popular, dirigente comunitario, sindical, político o religioso; miembro de la fuerza pública; profesor universitario, agente diplomático o consular al servicio de la Nación o acreditada ante ella, por causa o por motivo de sus cargos o dignidades o por razón del ejercicio de sus funciones, o en cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias u opiniones políticas; o en sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-213-94 de28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía,  la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-565-93 de 7 de diciembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO PENAL. <Artículo derogado por el artículo26 de la Ley 365 de 1997.

*Nota Jurisprudencia*

– Artículo derogado por el artículo 26 de la Ley 365 de 1997, publicada en el Diario Oficial  No. 42.987 de 21 de febrero de 1997.

 

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Mediante Sentencia C-273-94 de 9 de junio de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía,  la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994 , Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-565-93.

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-565-93 de 7 de diciembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

 

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 28 DE CÓDIGO PENAL. salvo en los casos contemplados en esta Ley, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de treinta (30) años.

 

ARTÍCULO 32. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 355 DE CÓDIGO PENAL. El artículo 355 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, quedará así:

 

ARTÍCULO 355. EXTORSIÓN. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de cuatro (4) a veinte (20) años.

 

La pena se aumentará de la tercera parte a la mitad, si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.

 

Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa, la sanción será de veinte (20) a treinta (30) años de prisión, multa de mil (1000) a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales.

 

*Inciso 4o. subrogado por la Ley 365 de 1997*.

*Notas de Vigencia*

– Inciso 4o. subrogado por la Ley 365 de 1997, según lo dispuesto en el artículo 26 de la misma, publicada en el Diario Oficial  No. 42.987 de 21 de febrero de 1997.

 

*Texto original de la Ley 40 de 1993*

<Inciso 4o.> Quien forme parte de organización o grupo de personas que tenga como uno de sus fines o propósitos la comisión de hecho punible de los descritos en los incisos anteriores, o ayude a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, o a ocultar o asegurar el producto del delito, o lo adquiera o enajene, incurrirá por ese sólo hecho en la sanción prevista en el inciso primero disminuida en una tercera parte.

 

Del mismo modo, quien conociendo de los planes y actividades de uno de los mencionados grupos u organizaciones de personas en relación al delito de extorsión, omitiere informar oportunamente sobre aquellos a la autoridad, o no denuncie una extorsión de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el inciso primero disminuida en la mitad.

*Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-213-94 de 28 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

ARTÍCULO 33. EMPLEADOS OFICIALES. El empleado oficial que omita, rehusé, retarde o deniegue un acto propio de sus funciones en relación con la prevención, investigación o juzgamiento de una extorsión o un secuestro, incurrirá en prisión de dos (2) a diez (10) años e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-284-96 de 27 de junio de 1996, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

 

CAPÍTULO VII.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 34. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.  <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Créase una comisión compuesta por tres (3) Senadores y tres (3) Representantes, miembros de las Comisiones Primeras de cada Cámara y designados por dichas Comisiones, para que se encargue de supervisar las políticas gubernamentales y judiciales contra el secuestro, así como el comportamiento de autoridades y jueces, en relación con sus obligaciones frente a este delito. Esta Comisión podrá solicitar informes y sugerir acciones y políticas en relación con este tema.  Igualmente, esta Comisión estará encargada de recibir, evaluar y dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional, los casos de violación de los derechos humanos de los secuestrados. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE excepto los apartes tachados, los cuales fueron declarados  INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

ARTÍCULO 35. PROGRAMAS DE ASISTENCIA. El Gobierno Nacional con sujeción al plan de desarrollo, llevará a cabo programas de asistencia integral al secuestrado y a sus familiares, diseñados y puestos en funcionamiento por entidades estatales o con el concurso de instituciones privadas que estén en capacidad de adelantar estas tareas. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

ARTÍCULO 36. CAMPAÑAS PÚBLICAS. El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, institucionalizará campañas publicitarias y de toda índole, tendientes a prevenir y combatir el delito del secuestro, así como a difundir el contenido, los objetivos y el cumplimiento de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 37. TRASLADOS Y ADICIONES PRESUPUESTALES. Autorizase al Gobierno Nacional, para verificar los traslados y las adiciones presupuestales necesarios para el cumplimiento de la presente Ley. *Nota Jurisprudencia*

Corte Constitucional:

– Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-069-94 de 23 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

 

ARTÍCULO 38. El que preste eficaz colaboración a los investigadores y autoridades judiciales que permitan la captura de los secuestradores, podrá obtener los beneficios otorgados por el programa especial de protección a los colaboradores de la justicia y recibirá del erario a título de gratificación el equivalente a lo que el Estado considere exento de todo impuesto en el respectivo año gravable.

 

ARTÍCULO 39. Derogase el inciso 3. del artículo 28 del Decreto Ley 180 de 1988 adoptado como legislación permanente por el artículo 4. del Decreto Extraordinario 2266 de 1991 que dice: "Si se produce la muerte de una o varias personas, la pena será de veinte (20) a treinta (30) años y la multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales".

 

ARTÍCULO 40. VIGENCIA Y ALCANCE. La presente Ley rige a partir de su promulgación, modifica y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

 

 

El Presidente del Honorable Senado de la República,

TITO E. RUEDA GUARÍN,

El Secretario General del Honorable Senado de la República.

Pedro Pumarejo Vega,

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

CÉSAR PÉREZ GARCÍA,

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Publíquese y Ejecútese.

Dada en Santa fe de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) 

días del mes de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Justicia, 

Andrés González Díaz