LEY 177 DE 1994

NOTAS DE VIGENCIA:

1. Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional."

– Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.

El texto original de la Ley 177 de 1994:

ARTÍCULO 1o. Modifícase el numeral 3o. del artículo 8o.  de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:

"3. Que el municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos ordinarios anuales equivalentes a la suma resultante de multiplicar por quinientos (500) el valor del salario mínimo legal mensual vigente. En ese cálculo no se incluirá la participación en los ingresos corrientes de la Nación."

– El artículo 9 de la Ley 136 de 1994 fue modificado por el artículo 16 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.

– Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.

Corte Constitucional

– Mediante Sentencia C-232-95 de 25 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-194-95.

– Mediante Sentencia C-231-95 de 25 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr.Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-194-95.

– El numeral 1o. del artículo 45 original de la Ley 136 de 1994, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-194-95 del 4 de mayo de 1995. La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del texto original de la Ley 136 de 1994, con posterioridad a la modificatoria expresa establecida por este artículo de la Ley 177 de 1994; la Corte expuso: "… el juicio de constitucionalidad puede tener lugar sobre disposiciones derogadas o modificadas cuando éstas todavía están produciendo efectos".

El texto original de la Ley 177 de 1994:

El numeral 1o. del artículo 45  de la Ley 136 de 1994, quedará así:

"1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública ni vincularse como trabajador oficial, so pena de perder la investidura.

Tampoco podrán contratar con el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas."

– Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.

Corte Constitucional

– Mediante Sentencia C-200-01 de 21 de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-007-98.

– La expresión "a cualquier cargo de elección popular", en cursiva que se encuntra en el texto original, fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-007-98, del 22 de enero de 1998. Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

– Mediante Sentencia  C-107-97 de 6 de marzo de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en las Sentencias C-494-96 y C-010-97.

– El  aparte subrayado del texto original declarado EXEQUIBLE mediante sentencia C-010-97 del 23 de enero de 1997, "por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo". La Corte menciona: "En concepto de la Corte, en materia de inhabilidades e incompatibilidades, el término 'período', debe ser interpretado en su sentido subjetivo. Lo contrario implicaría la restricción de un sinnúmero de derechos fundamentales del funcionario que, a pesar de haber dejado su cargo antes del vencimiento del término establecido por la Constitución o la ley, se vería sometido a una restricción para ocupar cargos de elección popular, aun mayor que la que tienen quienes permanecen en su empleo durante el lapso establecido para ello.

En consecuencia, entiende esta Corporación que cuando una norma, cuyo objeto es establecer inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de determinado cargo, se vale de la voz 'período', ésta debe entenderse como el lapso en que el funcionario efectivamente ocupa el cargo, y no el tiempo que la Constitución o la ley han fijado para su permanencia.

En consecuencia, el término de la inhabilidad que subsiste, una vez se produce la dejación del cargo, debe contarse desde ese día, y no desde el vencimiento del término que se ha fijado como límite para ocuparlo. Al respecto, esta Corporación precisó:

Por otra parte, es necesario definir, por razones de seguridad jurídica, si los períodos, para los efectos de inhabilidades y prohibiciones en cuanto a las candidaturas relativas a los distintos empleos, deben considerarse en sentido subjetivo u objetivo, pues de ello depende la certidumbre respecto del tiempo que debe mediar entre el retiro de un cargo o la culminación de una actividad y la formalización de aspiraciones electorales para futuros desempeños.

La Corte Constitucional, como ya lo había señalado en Sentencia C-093-94 del 4 de marzo de 1994 (M.P.: Drs. José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara), entiende el período como el lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública, 'pero tal concepto no puede ser tenido en cuenta para efectos de inhabilidades sino cuando en realidad un individuo específicamente desarrolla, dentro del tiempo respectivo, las actividades propias de la función'.

Esto significa, según lo sostuvo entonces la Corporación, 'que los períodos no tienen entidad jurídica propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones'.

Se convierten entonces -ha añadido la Corte- 'en límites temporales de éstas'.

'Se concluye, por lo tanto, que una persona puede haber iniciado su período y haberlo interrumpido mediante renuncia formalmente aceptada sin que su situación pueda equipararse a la del funcionario que ejerció de manera concreta y real el cargo o destino público correspondiente hasta el final del período objetivamente considerado.

Puede el legislador señalar prohibiciones al dimitente, por un tiempo razonable, pero no imponerle inhabilidades con cargo a todo el período, cual si lo hubiera agotado en la realidad, pues ello distorsiona el fundamento mismo de aquéllas y lesiona los derechos fundamentales del afectado, en especial los previstos en los artículos 25 y 40 de la Constitución, como ya se dijo.' (Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-194-95 de 1995. Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo.)".

Con respecto al aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la C-494-96, este fallo fue reiterado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-010-97 del 23 de enero de 1997.

– Aparte  tachado del texto original declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-494-96 de 26 de septiembre de 1996,  Magistrado Ponente Dr.José Gregorio Hernández Galindo. 

– El numeral 7o. del artículo 96 original de la Ley 136 de 1994, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-194-95 del 4 de mayo de 1995, salvo la expresión "así medie renuncia previa de su empleo", la cual fue declarada INEXEQUIBLE. La Corte menciona que la exequibilidad se declara en los términos de la Sentencia y establece: "Respecto del mismo numeral 7 debe dejarse en claro que la voz 'período' es constitucional tan solo en su alcance subjetivo, lo cual implica que quien renuncie previamente queda incurso en la prohibición de inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular, pero solamente durante los seis meses siguientes a la aceptación de la renuncia.  No tendrá que esperar, entonces, a que finalice el periodo en sentido objetivo para formalizar nuevas aspiraciones electorales".

Continúa la Corte: "Y, desde luego, al igual que en el caso de los concejales, el término de seis meses resulta aplicable tan solo en la medida en que el tiempo que falte para la finalización del período en sentido objetivo sea superior".

La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del texto original de la Ley 136 de 1994, con posterioridad a la modificatoria expresa establecida por este artículo de la Ley 177 de 1994

El texto original de la Ley 177 de 1994:

Los numerales 6o., 7o. y 8o. del artículo 96 de la Ley 136 de 1994, quedarán así:

"6. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.

7. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido, y durante el año siguiente al mismo, así medie renuncia previa de su empleo.

8. Durante el año siguiente a la separación definitiva del cargo no podrán celebrar en su interés particular, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con el municipio del cual fue Alcalde ni con personas privadas o públicas que manejen o administren recursos públicos de ese municipio, ni tampoco ocupar cargos del orden municipal en la misma entidad territorial. Lo anterior no deroga las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en otras disposiciones."

Derógase el parágrafo segundo del artículo 96, en consecuencia el tercero (3o.) pasa a ser segundo (2o.).

– Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.

El texto original de la Ley 177 de 1994:

Adiciónase el numeral 12 del artículo 165  de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:

"12. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al Alcalde, dentro de los términos establecidos en la ley, para ser incorporadas al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos. El Alcalde no podrá modificarlo; sólo podrá hacerlo el Concejo por iniciativa propia. Una vez aprobado el presupuesto, no podrá ser objeto de traslados por decisión del Alcalde."

– Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.

El texto original de la Ley 177 de 1994:

El artículo 168  de la Ley 136 de 1994, quedará así:

"ARTÍCULO 168. PERSONERIAS. Las personerías del distrito capital, distritales y municipales, cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. En consecuencia, los Personeros elaborarán los proyectos de presupuesto de su dependencia, los cuales serán presentados al Alcalde dentro del término legal, e incorporados respectivamente al proyecto de presupuesto general del municipio o distrito, el cual sólo podrá ser modificado por el Concejo y por su propia iniciativa. Una vez aprobado, el presupuesto no podrá ser objeto de traslados por decisión del Alcalde.

Las personerías ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confieren la Constitución Política y la ley, así como las que reciba por delegación de la Procuraduría General de la Nación.

Las personerías contarán con una planta de personal, conformada, al menos, por el Personero y un Secretario."

Corte Constitucional

– Mediante Sentencia C-457-98 del 2 de septiembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional  declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-367-96

– Literal c) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-367-96 de 14 de agosto de 1996,  Magistrado Ponente Dr. Julio César Ortíz Gutiérrez.

– Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.

Corte Constitucional

– Numeral 3 del texto correspondiente a la Ley 136 de 1994 fue  declarado EXEQUIBLE, salvo la expresión "de Educación Superior" que fue declarada INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-231-95 del 25 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara. Este fallo se efectuó sobre el texto original, no tuvo en cuenta la  modificatoria expresa establecida por el artículo 11o. de la Ley 177 de 1994.

El texto original de la Ley 177 de 1994:

Modifícanse los numerales 2o. y 3o. del artículo 43  de la Ley 136 de 1994, los cuales quedarán así:

Numeral 2o. Quien como empleado público hubiere ejercido jurisdicción o autoridad civil, administrativa o militar, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.

Numeral 3o. Quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la elección haya sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones docentes de educación superior.