LEY 1794 DE 2016

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del año 1969, define el Tratado en siguientes términos:

"[…] Artículo 1.

a) Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular […]

Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre estado y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, adoptada en 1986, dispone en su Artículo 2, numeral 1, literal a):

" […]

Para los efectos de la presente Convención:

Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito:

i. entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o

ii. entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular […]"

De acuerdo con las normas invocadas, los tratados solo pueden ser celebrados por sujetos de derecho internacional, a saber: entre Estados; Organizaciones Internacionales; o entre Estados y Organizaciones Internacionales, compuestos de un conjunto de cláusulas vinculantes para las partes, mediante las cuales se asumen nuevas obligaciones internacionales, se amplían o se modifican las obligaciones ya adquiridas por parte del Estado.

De conformidad con la Constitución Política, los tratados celebrados por el Estado Colombiano con otros Estados o con organismos internacionales precisan, para el perfeccionamiento del vínculo internacional, de la correspondiente ley aprobatoria expedida por el Congreso de la República y del respectivo examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

Cumplido satisfactoriamente el trámite anterior, el Presidente de la República dispone de la potestad de perfeccionar, en cualquier tiempo, el vínculo internacional.

Al respecto, la Constitución Política dispone lo siguiente:

"Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

[…]

16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros  estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y transferir parcialmente determinadas atribuciones a convergencia nacional organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.

[…]

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.

[…]

Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

[…]

10. Decidir definitivamente sobre la exequibílidad de los tratados internacionales y de los leyes que los aprueben. Con tal fin, e/ Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalídad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.

En consecuencia, el instrumento deberá ser aprobado por el Congreso mediante Ley de la República y ser declarado exequible por la Corte Constitucional, con miras a que el tratado pueda entrar en vigor del tratado y surtir efectos para la República de Colombia.

5. ALCANCE DEL "ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA RELATIVO A LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ", suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.

El "ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ, suscrito en la ciudad Nueva York el 26 de enero de 2015, establece un marco normativo amplío y suficiente que permitirá el despliegue efectivo de personal de la Fuerza Pública, cobijado por un régimen de privilegios e inmunidades suficiente para garantizar su protección durante el despliegue, así como un marco flexible que permite al Gobierno Nacional identificar, establecer y ejecutar los tipos de contribución vía arreglos de implementación derivados del Acuerdo Marco.

Este Acuerdo Marco es necesario para permitir de manera formal el envío de contribuciones a Operaciones de Paz de la ONU, dado que el artículo 43 del capítulo VII de la Carta de la ONU establece que los Estados miembros aportarán fuerzas armadas, solo en el marco de convenios especiales que den desarrollo a solicitudes elevadas por el Consejo de Seguridad en esta materia Dichos convenios especiales, según el propio artículo, están sujetos a ratificación interna por parte de cada Estado miembro de acuerdo a sus respectivos procedimientos constitucionales. Acordemente, y sumado a lo dicho previamente, se evidencia que este Acuerdo debe entenderse como un Tratado Internacional que debe ser sometido al trámite constitucional previsto para los tratados Internacionales solemnes.

Así las cosas en el instrumento sub examine se plasman disposiciones relativas al despliegue de personal de la Fuerza Pública para servir en las diferentes misiones que se autorizan bajo la egida de un mandato del Consejo de seguridad. Sumado a lo anterior, se regulan aspectos tales como la descripción de los recursos a desplegar, las condiciones del suministro y el estatus del personal y el equipo. A saber el Acuerdo consta de 5 artículos, los cuales consagran lo siguiente:

El artículo 1 prevé el objeto del Acuerdo, en donde se establece que su fin primordial es la creación de un marco jurídico para la contribución de personal y equipo colombiano a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Se explicita así mismo que, mediante el instrumento se busca identificar cuáles serían las posibles contribuciones de Colombia y además se supedita la contribución a que la misma se haga en virtud del cumplimiento de un mandato del Consejo de Seguridad.

El artículo 2 consagra la identificación a la que se hace referencia en el párrafo precedente. Dicha descripción consiste en una lista taxativa del tipo de recursos que podrán ser desplegados por el Gobierno de la República de Colombia. Así pues, se establece que estos recursos será. i) Unidades del Ejército, ii) Unidades Navales, iii) Unidades de la Fuerza Aérea y IV) Unidades de Policía.

Por su parte, el artículo 3 establece las condiciones del suministro, dejando en claro que la decisión final respecto a cualquier despliegue efectivo de recursos colombianos será del Gobierno Nacional. Así mismo, este artículo crea el marco específico del despliegue mediante la consagración del mecanismo de acuerdos de implementación posteriores. Dichos acuerdos de implementación resultan imperativos para dar efectos a los objetivos y aplicar los preceptos consagrados en el Acuerdo.

Estos arreglos o acuerdos de implementación se deberán establecer para cada operación particular y deberán contener, inter alía, una descripción detallada de la contribución a hacerse, los regímenes disciplinarios y estándares de conducta del personal que serán aplicables en la Operación específica, las condiciones para el rembolso a Colombia por parte de la ONU por las contribuciones aportadas y disposiciones relativas a solución de controversias y reclamos de terceros.

Es preciso resaltar que estos acuerdos de implementación a los que se hace mención, son instrumentos que buscan implementar y desarrollar las cláusulas del Acuerdo sub examine. En este sentido, no estarían llamados a modificar las obligaciones previstas en el presente Acuerdo o a establecer nuevas obligaciones para las Partes.

El articulo 4° por su parte, regula manera de integral el estatus del que gozarán las contribuciones colombianas. Así pues, el artículo 4 consagra que el estatus del personal y del equipo aportado será aquel contenido en el respectivo Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas o la Misión (SOFA o SOMA por sus siglas en ingles) que la ONU ha negociado o negociará para cada Operación en particular con el país receptor de la Operación. Cabe señalar que estos denominados acuerdos SOFA o SOMA son forzosamente consecuentes con lo establecido por la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, lo cual implica que el régimen de privilegios e inmunidades mínimo para el personal desplegado siempre será acorde a los requerimientos mínimos del ordenamiento jurídico colombiano.

Finalmente, el artículo 5 regula las disposiciones atinentes a la entrada en vigor del instrumento. Así, se establece que el acuerdo en cuestión entrará en vigor internacional en la fecha de recepción de la notificación en la cual Colombia informe a la ONU que el instrumento ha surtido el trámite interno requerido para su entrada en vigor. De la misma manera, regula su terminación indicando que el acuerdo quedará sin efectos tres meses después de la fecha en la que cualquiera de las partes indique por escrito su intención de dar por terminado el acuerdo.

Así las cosas, el Acuerdo regula aspecto importantes de las posibles contribuciones de la siguiente manera:

1. Colombia podrá decidir el tipo de participación en cada operación de mantenimiento de la Paz que sea autorizada por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, después de recibir las respectivas invitaciones de esa Organización.

2. La decisión de participar en cada operación, con personal o equipos de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, será una decisión autónoma y absolutamente discrecional del Gobierno de Colombia, sin estar obligada a participar si no lo considera necesario.

3. El despliegue efectivo de unidades o contribuciones de Colombia en operaciones de mantenimiento de la Paz serán acordadas mediante arreglos posteriores de implementación, que constituyen acuerdos simplificados que el Gobierno podrá suscribir para garantizar la implementación del Acuerdo marco.

4. Estos arreglos abordarán aspectos para cada operación respecto de tipo y número de personal, regímenes disciplinarios y estándares de conducta, condiciones de rembolso y apoyo de la ONU a Colombia por las contribuciones realizadas, aspectos logísticos y disposiciones sobre solución de controversias.

5. El personal desplegado en cada operación gozará de los mismos privilegios e inmunidades establecidos para el resto del personal contribuyente de otras naciones en cada operación especifica, las cuales serán acordes con la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, de la cual Colombia es parte desde 1974.

Este Acuerdo permitirá contar con el marco normativo necesario para realizar las gestiones propias que conlleva la relación de cooperación con esta prestigiosa Organización Internacional. Esta relación está enfocada en fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante el establecimiento de estándares que permiten la interoperabilidad, en diversos frentes, entre las Fuerzas Armadas de los países que hacen parte de este Organismo.

Resta indicar que, con la adopción de estos elevados estándares, que abarcan aspectos logísticos, técnicos, y operativos, se está dando cumplimiento al desafío de definir una hoja de ruta que determine el futuro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Lo anterior, dentro de  un modelo de planeación de mediano y largo plazo, que busca definir una estructura de fuerza que evolucione de manera concordante con los retos operacionales futuros y que garantice la coherencia entre el marco presupuestal existente, los principios de política, las misiones y las capacidades de la Fuerza Pública.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional, solicita al Honorable Congreso de la República, aprobar el Proyecto de Ley "Por medio de la cual se aprueba el "ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA RELATIVO A LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVAS  DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ", suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.

De os Honorables Congresistas,

Ministerio de Relaciones Exteriores

María Ángela Holguín Cuellar

Ministerio de Defensa Nacional

Juan Carlos Pinzón Bueno

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA LA REPÚBLICA

Bogotá, D.C. 18 marzo de 2015

AUTORIZADO SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE

CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES

 JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO lA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
PATTI LONDOÑO JARAMILLO

DECRETA

Artículo 1. Apruébase el «Acuerdo marco entre las Nacionales Unidas y el gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema acuerdos de las FUERZAS de reserva de las naciones unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz, suscrito en la ciudad de de Nueva York el 26 de enero de 2015.

Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7 de 1994, el «ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA RELATIVO A LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ», suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la Republica de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.