LEY 1680 DE 2013

la Corte Constitucional decició ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035-15, la cual declaro EXEQUIBLE la Ley 1680, mediante Sentencia C-090-15, Marzo 4 de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

la Corte Constitucional decició ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035-15, la cual declaro EXEQUIBLE la Ley 1680, mediante Sentencia C-090-15, comunicado de Prensa No. 08 Marzo 4 de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Ley Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-15, publicada el enero 28 de 2015, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. Fundamentos de la decisión. Después de descartar dos de los cargos propuestos por los demandantes, por el incumplimiento de los requisitos argumentativos mínimos para provocar un fallo de fondo, la Corte se ocupó de dos problemas jurídicos, contenidos en los otros dos cargos de la demanda: (i) establecer si la Ley 1680 de 2013 en su integridad, se hallaba sujeta al trámite especialmente exigente que siguen las leyes estatutarias en el Congreso de la República, por desarrollar el principio de igualdad material a favor de las personas ciegas, y (ii) si la restricción impuesta al derecho patrimonial de autor, en cuanto a la exención de pago para la reproducción, distribución, comunicación, traducción, adaptación, arreglo o transformación en braille o en otros formatos accesibles para personas ciegas o de baja visión de obras literarias, científicas, artísticas o audiovisuales, prevista en el artículo 12 de la misma Ley 1680 de 2013, resultaba razonable y proporcionada; es decir, válida desde el punto de vista constitucional. En relación con el primer problema jurídico, la Sala consideró que la Ley 1680 de 2013 no se hallaba sujeta a reserva de ley, básicamente, porque (i) no constituye un desarrollo integral del derecho a la igualdad material, mandato de especial amplitud en un orden normativo definido como Estado social de derecho; (ii) tampoco es una normativa destinada a definir aspectos estructurales de los derechos de las personas con discapacidad, sino que (iii) se trata de una ley que establece medidas concretas para alcanzar fines asociados a la eliminación de una barrera para el acceso al conocimiento y la información de las personas ciegas y de baja visión, a partir de un conjunto de principios establecidos en un marco más amplio, que comprende los artículos constitucionales que prevén la obligación estatal de adoptar medidas para asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad (Arts. 2º, 5º, 13.2 y 13.3, 47 y 54), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que hace parte del bloque de constitucionalidad, y la Ley 1618 de 2013 ( Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad), norma de rango estatutario que define de forma amplia e integral las obligaciones que el Estado debe adelantar para avanzar en la inclusión social y en el respeto, protección y garantía de los derechos de esta población. En cuanto al segundo problema, la Sala efectuó una ponderación entre las posiciones de derecho fundamental en conflicto: De un lado, los derechos de las personas ciegas o de baja visión, para acceder a un amplio conjunto de obras literarias, científicas o artísticas que, actualmente, no se hallan disponibles en Braille o en cualquier otro formato accesible. De otra parte, el derecho del autor a autorizar la reproducción de la obra y a percibir una suma de dinero por ello. La Corte concluyó que la imposibilidad que actualmente enfrentan los beneficiarios de la norma de conocer un inmenso número de obras editadas en formatos tradicionales genera una afectación particularmente intensa y empíricamente comprobada de su derecho fundamental a la existencia de un entorno inclusivo para el acceso a la información y el conocimiento, que se proyecta, además, en dificultades para el ejercicio de otros derechos como la educación o la cultura, situación plenamente documentada por los organismos internacionales especializados en la materia (como la Unión Mundial de Ciegos o la Organización Mundial de Propiedad Intelectual), así como por las intervenciones ciudadanas recibidas por la Corte, en las que se da cuenta de la inmensa desproporción entre los libros editados en formato impreso tradicional y aquellos adaptados o traducidos a modos accesibles. Por el contrario, la afectación a los derechos patrimoniales de los autores que impone la norma es apenas leve, dadas las garantías que el propio artículo demandado establece a su favor (que solo sea viable la reproducción cuando se efectúe sin ánimo de lucro y se trate de obras que no hayan sido previamente editadas en formatos accesibles con fines comerciales).

La Corte Constitucional decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035-15, que declaró exequible el artículo 12, por los cargos allí analizados, mediante Sentencia C-228-15, 29 de Abril; Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

La Corte Constitucional decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035-15, mediante Sentencia C-228-15, abril 29 de 2015 segun comunicado de prensa No. 16, Magistrada Ponente Dra.  Gloria Stella Ortiz Delgado."La Corte encontró que en reciente decisión se resolvió ya sobre la constitucionalidad de la misma norma ahora demandada, declarándola exequible frente al mismo cargo que en este caso se plantea, por lo que en relación con ella no existía opción diferente a la de reconocer el efecto de cosa juzgada derivado de dicha decisión".

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035-15, según Comunicado de Prensa No. 2 de enero 28 de 2015, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. Fundamentos de la decisión. Después de descartar dos de los cargos propuestos por los demandantes, por el incumplimiento de los requisitos argumentativos mínimos para provocar un fallo de fondo, la Corte se ocupó de dos problemas jurídicos, contenidos en los otros dos cargos de la demanda: (i) establecer si la Ley 1680 de 2013 en su integridad, se hallaba sujeta al trámite especialmente exigente que siguen las leyes estatutarias en el Congreso de la República, por desarrollar el principio de igualdad material a favor de las personas ciegas, y (ii) si la restricción impuesta al derecho patrimonial de autor, en cuanto a la exención de pago para la reproducción, distribución, comunicación, traducción, adaptación, arreglo o transformación en braille o en otros formatos accesibles para personas ciegas o de baja visión de obras literarias, científicas, artísticas o audiovisuales, prevista en el artículo 12 de la misma Ley 1680 de 2013, resultaba razonable y proporcionada; es decir, válida desde el punto de vista constitucional. En relación con el primer problema jurídico, la Sala consideró que la Ley 1680 de 2013 no se hallaba sujeta a reserva de ley, básicamente, porque (i) no constituye un desarrollo integral del derecho a la igualdad material, mandato de especial amplitud en un orden normativo definido como Estado social de derecho; (ii) tampoco es una normativa destinada a definir aspectos estructurales de los derechos de las personas con discapacidad, sino que (iii) se trata de una ley que establece medidas concretas para alcanzar fines asociados a la eliminación de una barrera para el acceso al conocimiento y la información de las personas ciegas y de baja visión, a partir de un conjunto de principios establecidos en un marco más amplio, que comprende los artículos constitucionales que prevén la obligación estatal de adoptar medidas para asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad (Arts. 2º, 5º, 13.2 y 13.3, 47 y 54), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que hace parte del bloque de constitucionalidad, y la Ley 1618 de 2013 ( Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad), norma de rango estatutario que define de forma amplia e integral las obligaciones que el Estado debe adelantar para avanzar en la inclusión social y en el respeto, protección y garantía de los derechos de esta población. En cuanto al segundo problema, la Sala efectuó una ponderación entre las posiciones de derecho fundamental en conflicto: De un lado, los derechos de las personas ciegas o de baja visión, para acceder a un amplio conjunto de obras literarias, científicas o artísticas que, actualmente, no se hallan disponibles en Braille o en cualquier otro formato accesible. De otra parte, el derecho del autor a autorizar la reproducción de la obra y a percibir una suma de dinero por ello. La Corte concluyó que la imposibilidad que actualmente enfrentan los beneficiarios de la norma de conocer un inmenso número de obras editadas en formatos tradicionales genera una afectación particularmente intensa y empíricamente comprobada de su derecho fundamental a la existencia de un entorno inclusivo para el acceso a la información y el conocimiento, que se proyecta, además, en dificultades para el ejercicio de otros derechos como la educación o la cultura, situación plenamente documentada por los organismos internacionales especializados en la materia (como la Unión Mundial de Ciegos o la Organización Mundial de Propiedad Intelectual), así como por las intervenciones ciudadanas recibidas por la Corte, en las que se da cuenta de la inmensa desproporción entre los libros editados en formato impreso tradicional y aquellos adaptados o traducidos a modos accesibles. Por el contrario, la afectación a los derechos patrimoniales de los autores que impone la norma es apenas leve, dadas las garantías que el propio artículo demandado establece a su favor (que solo sea viable la reproducción cuando se efectúe sin ánimo de lucro y se trate de obras que no hayan sido previamente editadas en formatos accesibles con fines comerciales).