DECRETO 830 DE 2021

Decretos 2021

DECRETO 830 DE 2021     

(julio 26)    

D.O. 51.747, julio 26 de 2021    

por el cual se modifican y  adicionan algunos artículos al Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).    

El Presidente de la República  de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en  especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,  en desarrollo del artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la  Corrupción, aprobada por la Ley 970 de 2005, y    

CONSIDERANDO:    

Que Colombia está llamada a  cumplir con diferentes obligaciones internacionales derivadas de los  instrumentos de los que hace parte, dentro de los que se encuentran: (i) la  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por la Ley 970 de 2005 y en  vigor desde el 27 de octubre de 2007), (ii) las  recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (aprobadas por  la Ley 1186 de 2009), (iii) las recomendaciones de la Organización para la  Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (aprobadas por la Ley 1950  del 8 de enero de 2019), (iv) la Convención  Interamericana de Lucha contra la Corrupción (aprobada por la Ley 412 de 1997 y en  vigor desde el 18 de febrero de 1999), (v) la Convención Internacional para la  Represión de la Financiación del Terrorismo (aprobada por la Ley 808 de 2003 y en  vigor desde el 14 de diciembre de 2004) y (vi) la Convención para Combatir el  Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales  Internacionales (aprobada por la Ley 1573 de 2012 y en  vigor desde el 19 de enero 2013).    

Que es necesario ampliar el  ámbito de aplicación del concepto “Personas Expuestas Políticamente” señalado  en el Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República  para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Convención de  Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporada a la legislación nacional  mediante la Ley 970 de 2005, y  atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La  ampliación atiende a una visión inclusiva de la función pública prominente,  incluyendo en esta a quienes desde el ejecutivo tengan capacidad de influenciar  inmediata y directamente los procesos de toma de decisión, o que desde el poder  judicial se tenga un cargo de autoridad, u ocupar cargos importantes dentro de  la rama legislativa e incluso cargos directivos en partidos políticos, por lo  cual, se debe incorporar a los directivos de las organizaciones  internacionales, a los ordenadores de gasto de las universidades públicas, a  los curadores y notarios, a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas  o Policía Nacional que estén facultados para comprometer recursos de las  instituciones públicas y a las personas jurídicas cuyo beneficiario final  corresponda a una Persona Expuesta Políticamente.    

Que, de otra parte, el Grupo de  Acción Financiera Internacional (GAFI) en su recomendación 12 señaló las  medidas que deben adoptar los países respecto de las personas políticamente  expuestas. En particular, según la traducción que hace el Grupo de Acción  Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) de las recomendaciones, a los países se  les solicita que:    

“Debe exigirse a las  instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas políticamente  (PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final), además de ejecutar  medidas normales de debida diligencia del cliente, que:    

(a) cuenten con sistemas  apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario  final es una persona expuesta políticamente;    

(b) obtengan la aprobación de  la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes  existentes) dichas relaciones comerciales;    

(c) tomen medidas razonables  para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos; y    

(d) lleven a cabo un monitoreo  continuo, intensificado, de la relación comercial.    

Debe exigirse a las  instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un  cliente o beneficiario final es una PEP local o una persona que tiene o a quien  se le ha confiado una función prominente en una organización internacional. En los  casos de una relación comercial de mayor riesgo con dichas personas, debe  exigirse a las instituciones financieras que apliquen las medidas a las que se  hace referencia en los párrafos (b), (c) y (d).    

Los requisitos para todos los  tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados  cercanos de dichas PEP”.    

Que en el marco de la anterior  recomendación, se busca la ampliación de las obligaciones de las Personas  Expuestas Políticamente señaladas en el artículo 2.1.4.2.4 del Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  adicionando en las declaraciones la identificación de sus familiares cercanos,  la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero y los nombres e  identificación de las personas jurídicas o naturales, patrimonios autónomos o  fiducias.    

Que, con el fin de garantizar  el principio de transparencia y acceso a la información pública, las entidades  deberán identificar en el Sistema de Gestión de Empleo Público (SIGEP), los  servidores y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas  Políticamente.    

Que se dio cumplimiento a la  publicación del proyecto de decreto y de sus documentos soporte, de acuerdo con  lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011,  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el  artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, a  efectos de garantizar la participación del público frente a la integridad de  los aspectos abordados en la normativa.    

En mérito de lo expuesto,    

DECRETA:    

Artículo 1°. Modifíquese el  artículo 2.1.4.2.2 del Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, el  cual quedará así:    

“Artículo 2.1.4.2.2. Ámbito  de aplicación. El presente capitulo aplicará a las Personas Expuestas  Políticamente (PEP), a los sujetos obligados a implementar medidas y sistemas  de administración de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación  del terrorismo, y a los sujetos de reporte de la Unidad de Información y  Análisis Financiero (UIAF); quienes deberán aplicar las medidas de debida  diligencia del cliente de acuerdo con la normatividad vigente y las adicionales  que se definen en el presente Capítulo, en desarrollo de los procesos de  vinculación y monitoreo de la relación comercial con las Personas Expuestas  Políticamente (PEP)”.    

Artículo 2°. Modifíquese el  artículo 2.1.4.2.3 del Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  el cual quedará así:    

“Artículo 2.1.4.2.3.  Personas Expuestas Políticamente. Se considerarán como Personas Expuestas  Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de  nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y  territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: Expedición de  normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas  institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de  bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades  administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la  dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.    

Estas funciones podrán ser  ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de  proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles  e inmuebles. Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP), de manera  enunciativa, las siguientes:    

1. Presidente de la República,  Vicepresidente de la República, consejeros, directores y subdirectores de  departamento administrativo, Ministros y Viceministros.    

2. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de  (i) los Ministerios, (ii) los Departamentos  Administrativos, y (iii) las Superintendencias o  quien haga sus veces.    

3. Presidentes, Directores,  Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de: (i) los  Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades  Administrativas Especiales, (iii) las Empresas  Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (iv)  las Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas Industriales y Comerciales  del Estado y (vi) las Sociedades de Economía Mixta.    

4. Superintendentes y  Superintendentes Delegados.    

5. Generales de las Fuerzas  Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la Policía Nacional. Así  como los Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o  comprometer recursos de las instituciones públicas.    

6. Gobernadores. Alcaldes,  Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios  Generales de: (i) gobernaciones, (ii) alcaldías, (iii) concejos municipales y distritales, y (iv) asambleas departamentales.    

7. Senadores, Representantes a  la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de las comisiones  constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores  Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.    

8. Gerente y Codirectores del  Banco de la República.    

9. Directores y ordenadores del  gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.    

10. Comisionados Nacionales del  Servicio Civil, Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de  la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y, de la  Comisión de Regulación de Comunicaciones.    

11. Magistrados, Magistrados  Auxiliares de altas Cortes y Tribunales, jueces de la República, Fiscal General  de la Nación, Vicefiscal General de la Nación, Delegados y directores de la  Fiscalía General de la Nación.    

12. Contralor General de la  República, Vicecontralor General de la República,  Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador General de la  Nación, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación,  Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vicedefensor  del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República.    

13. Tesoreros y ordenadores del  gasto de la altas Cortes y Tribunales, Fiscalía General de la Nación,  Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación,  Defensoría del Pueblo, Contaduría General de la Nación y Auditoría General de  la República.    

14. Magistrados del Consejo  Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores  Delegados.    

15. Notarios y Curadores  Urbanos.    

16. Ordenadores del gasto de  universidades públicas.    

17. Representantes legales,  Presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de  otras formas de asociación política reconocidas por la ley.    

18. Los fideicomitentes de  patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.    

Parágrafo. La calidad de  Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el  ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido  o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de  desvinculación, o terminación del contrato”.    

Artículo 3°. Modifíquese el  artículo 2.1.4.2.4. del Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  el cual quedará así:    

“Artículo 2.1.4.2.4. Obligación  de las Personas Expuestas Políticamente y de las entidades. Personas  consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) informarán su cargo,  fecha de vinculación y fecha de desvinculación durante la debida diligencia  realizada en los procesos de vinculación, monitoreo y actualización de los  datos del cliente, a los sujetos obligados del artículo 2.1.4.2.2.    

Las Personas Expuestas Políticamente  deberán, además, declarar: (i) los nombres e identificación de las personas con  las que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho; (ii)  los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de  consanguinidad, primero afinidad y primero civil; (iii)  la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero en caso de que  tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna; y (iv) los nombres e identificación de las personas jurídicas  o naturales, patrimonios autónomos o fiducias conforme lo dispuesto en el  artículo 2.1.4.2.3. del presente decreto.    

La declaración respecto de los  numerales (i) y (ii) deberá efectuarse a las  entidades financieras en donde se tenga un vínculo contractual o legal para el  suministro de un producto o la prestación de un servicio financiero en Colombia  a efectos de que la entidad financiera realice una revisión más detallada. La  imposibilidad para entregar cualquier información por desconocimiento también  quedará incluida en la declaración.    

La declaración mencionada en el  numeral (iii) deberá efectuarse ante: (a) el  intermediario del mercado cambiario; (b) las entidades financieras en donde  posea producto o servicios financiero en Colombia, y (c) a los sujetos  obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de  activos y financiación del terrorismo.    

Para el caso de los servidores  públicos relacionados de los numerales 1 al 14 del artículo 2.1.4.2.3, la  información requerida también deberá ser consignada en el formato de  declaración de bienes y rentas del Sistema de Información y Gestión del Empleo  Público (SIGEP) o en el aplicativo que el Departamento Administrativo de la  Función Pública disponga, y actualizada máximo sesenta (60) días calendario  siguientes al cambio de alguna de las condiciones o requerimientos de  información señalados”.    

Artículo 4°. Adiciónese un  artículo al Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  en los siguientes términos:    

“Artículo 2.1.4.2.9. Personas  Expuestas Políticamente Extranjeras. También se considerarán como Personas  Expuestas Políticamente (PEP) aquellas personas que desempeñen funciones  prominentes en otro país, las cuales se denominarán Personas Expuestas  Políticamente Extranjeras.    

Se entienden como Personas  Expuestas Políticamente Extranjeras: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno,  Ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii)  congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de  tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias  judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en  circunstancias excepcionales; (iv) miembros de  tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales: (v) embajadores,  encargados de negocios altos funcionarios de las fuerzas armadas, (vi) miembros  de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de  propiedad estatal y (vii) representantes legales,  directores, subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de  organizaciones internacionales.    

En ningún caso, dichas  categorías comprenden funcionarios de niveles intermedios o inferiores respecto  a los mencionados en el inciso anterior.    

Parágrafo. La calidad de  Personas Expuestas Políticamente Extranjeras se mantendrá en el tiempo, durante  el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia,  despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra  forma de desvinculación, o terminación del contrato”.    

Artículo 5°. Adiciónese un  artículo al Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  en los siguientes términos:    

“Artículo 2.1.4.2.10. Asociados  cercanos. Se entenderá por asociados cercanos a las personas jurídicas que  tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores alguno de los  PEP enlistados en el artículo 2.1.4.2.3., o que hayan constituido patrimonios  autónomos o fiducias en beneficio de estos, o con quienes se mantengan  relaciones comerciales, a quienes se les aplicará la debida diligencia de  acuerdo con la normatividad vigente”.    

Artículo 6°. Adiciónese un  artículo al Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  en los siguientes términos:    

“Artículo 2.1.4.2.11. Lista  de Personas Expuestas Políticamente (PEP). El Departamento Administrativo  de la Función Pública dispondrá de un plazo de tres (3) meses para señalar en  el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) los servidores  públicos considerados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).    

A la lista de las Personas  Expuestas Políticamente (PEP) se le aplicará lo dispuesto en los artículos  2.2.17.5 y 2.2.17.7 del Decreto número  1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública.    

Parágrafo. Los sujetos obligados  a implementar medidas de prevención de riesgo de lavado de activos y  financiación del terrorismo y sistemas de administración de riesgos y los  sujetos de reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),  tendrán un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la  lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) para implementar lo dispuesto  en el presente decreto”.    

Artículo 7°. Adiciónese un  artículo al Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  en los siguientes términos:    

“Artículo 2.1.4.2.12. Acceso  a la información de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). El  Departamento Administrativo de la Función Pública deberá crear, actualizar y  permitir la consulta pública de la lista de las Personas Expuestas  Políticamente (PEP) que se encuentren registradas en el Sistema de Información  y Gestión del Empleo Público (SIGEP) o en el aplicativo que se disponga para  tales efectos, asegurando lo dispuesto en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y demás  normas relacionadas con la protección de datos personales.    

Para dar cumplimiento a lo  establecido en el artículo 2.1.4.2.11 del presente decreto, las entidades  públicas deberán gestionar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo  Público (SIGEP) el registro de los servidores públicos y/o contratistas que  cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente, de tal forma que  los ciudadanos puedan conocer las hojas de vida de los servidores públicos que  cumplen con esta condición en cada entidad, así como la información relacionada  con el artículo 2.1.4.2.4. de este Decreto y las declaraciones de bienes y  rentas y conflictos de interés, en los casos que aplique.”    

Artículo 8°. Vigencia. El  presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica y  adiciona en lo pertinente el Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República.    

Publíquese y cúmplase.    

Dado en Bogotá D. C., a 26 de  julio de 2021.    

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ    

El Director del Departamento  Administrativo de la Presidencia de la República,    

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.    

El Director del Departamento  Administrativo de la Función Pública,    

Nerio José Alvis Barranco.    

               

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