DECRETO 801 DE 2022

Decretos 2022

DECRETO 801 DE 2022     

(mayo 16)    

D.O.  52.036, mayo 16 de 2022    

por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 9 de la Parte 2 del  Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo número 1072 de 2015, y se  adopta la Política Pública de los Vendedores Informales.    

El Presidente de la República  de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en  particular las contenidas en e l numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y  el artículo 5° de la Ley 1988 de 2019, y    

CONSIDERANDO:    

Que, el artículo 2° de la Constitución Política  establece que son fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad,  promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,  derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación  de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,  administrativa y cultural de la Nación (.. .)”;    

Que, de conformidad con el  artículo 25  constitucional, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en  todas sus modalidades, de la especial protección del Estado;    

Que, conforme lo establece el  artículo 26 de la Constitución Política, “(…)  toda persona es libre de escoger profesión u oficio. (…) Las ocupaciones,  artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo  aquellas que impliquen un riesgo social (…)”;    

Que el artículo 82 de la  Carta Política, señala que es deber del Estado velar por la protección de la  integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual  prevalece sobre el interés particular. Así mismo, precisa que las entidades  públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y  regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del  interés común;    

Que el Estado tiene el deber  constitucional de velar tanto por los derechos a la dignidad humana, al trabajo  y mínimo vital de los vendedores informales, así como, por el interés general,  que se concreta en el deber de conservar y preservar el espacio público, pues  como lo ha dicho la Corte Constitucional en la Sentencia T-243 de 2019, “la  resolución de la anterior controversia constitucional no se resuelve a partir  de jerarquización de principios, sino, por el contrario, a partir de un  ejercicio de armonización y ponderación entre estos dos principios  constitucionales”;    

Que, como lo precisa la  Sentencia T-510 de 2016, el  derecho al mínimo vital o subsistencia, se desprende de la aplicación de  tratados internacionales y los derechos a la vida, la dignidad, la igualdad, el  trabajo y la seguridad social. Este derecho, busca las garantías de unas  condiciones materiales mínimas, sin las cuales las personas no pueden asegurar  autónomamente su subsistencia;    

Que, como lo indica la  Sentencia T-607 de 2017, para  el caso de los vendedores informales, la jurisprudencia constitucional protege  el derecho al mínimo vital de esta población, lo que supone que las autoridades  deberán crear una política de recuperación del espacio público proporcional y  razonable, que integre alternativas de reubicación adecuadas;    

Que según la Sentencia T-243 de 2019 para el  caso de los vendedores informales, la jurisprudencia constitucional ha  reconocido que se trata de un grupo de especial protección, por cuanto se  encuentran en especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de  pobreza o precariedad económica;    

Que, en virtud de lo anterior,  se expidió la Ley 1988 de 2019 “Por  la cual se establecen los lineamientos, para la formulación, implementación y evaluación  de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras  disposiciones”, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana,  al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público;    

Que en cumplimiento de lo dispuesto  en el artículo 5° de la Ley 1988 de 2019, el  Ministerio de Trabajo expidió la Resolución número 1213 de 2020, la cual  reglamenta los plazos y la metodología para la elaboración de la política  pública de vendedores informales de que trata la Ley 1988 de 2019;    

Que, en atención a lo dispuesto  en los artículos 2° y 3° de la Resolución número 1213 de 2020, se aplicó la  metodología definida en el Anexo 1 de la precitada norma, agotando las Fases 1  – alistamiento institucional; 2 – elaboración de la agenda pública y con la  expedición del presente decreto se concluiría la fase 3 – formulación y  reglamentación;    

Que durante las fases 1, 2 y 3 se generaron diferentes modelos  de análisis de información secundaria, instrumentos y estrategias de  participación conducentes a recibir y analizar los aportes de: a) las entidades  de nivel nacional, departamental, distrital y municipal; b) las organizaciones  de vendedores informales; c) los entes de control y, d) la academia. Estos  insumos fueron la base para la construcción de la Política Pública de los  Vendedores Informales objeto de adopción en el presente decreto;    

Que dentro de las estrategias  trazadas para cada uno de los ejes de política, en el marco de los objetivos  planteados, se identifica el liderazgo de las distintas entidades del orden nacional,  departamental y municipal, como actores indispensables para reducir la  informalidad laboral en la población dedicada a las ventas informales en  espacio público, disminuir la incidencia de conflictividad por el uso y la  convivencia en el espacio público y aumentar el impacto de programas dirigidos  a los vendedores informales;    

Que en cumplimiento de lo  previsto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de  lo dispuesto en el artículo 2.1.2.3.1 del Decreto Único Reglamentario del  Sector de la Presidencia de la República número 1081 de 2015, el  proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio del Trabajo;    

Que el presente decreto se  expide con fundamento en la potestad reglamentaria del Presidente de la  República, razón por la cual, deberá quedar compilada en el Decreto número  1072 de 2015, en los términos que a continuación se señalan;    

En mérito de lo expuesto,    

DECRETA:    

Artículo 1°. Adición de un  Capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo número 1072 de 2015.  Adiciónese el Capítulo 6 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto  Único Reglamentario del Sector Trabajo número 1072 de 2015, el cual  quedará así:    

“CAPÍTULO 6    

POLÍTICA PÚBLICA DE LOS  VENDEDORES INFORMALES    

Artículo 2.2.9.6.1. Objeto. El presente  Capitulo tiene por objeto adoptar la Política Publica de Vendedores Informales,  con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al  trabajo y a la convivencia en el espacio público.    

La política pública para los  vendedores informales tiene como finalidad esencial, ser una herramienta para  el desarrollo de soluciones a la situación de precariedad de este sector y  apunta a ampliar las capacidades y oportunidades de las personas hacia  condiciones de igualdad y equidad, disminuyendo los niveles de pobreza y  desigualdad. Mejorar las condiciones para la inclusión de la población  trabajadora informal en el aprovechamiento del espacio público, y reconociendo  la necesidad de conciliar dos derechos fundamentales en constante conflicto,  por un lado, el derecho al trabajo y al mínimo vital, y por otro, el derecho al  gozo del espacio público.    

Artículo 2.2.9.6.2. Ámbito  de aplicación. La Política Pública que aquí se adopta está dirigida a todos los  vendedores informales, organizaciones de vendedores informales del territorio  nacional, a las entidades del orden nacional y territorial, y los demás actores  interesados en garantizar los derechos de los vendedores informales a la  dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio  público.    

Artículo 2.2.9.6.3. Política  Pública de los Vendedores Informales. Adáptese la Política Pública de  los Vendedores Informales, contenida en el Anexo Técnico número 4 del Decreto número  1072 de 2015”.    

Artículo 2°. Vigencia. El  presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, adiciona el  Capítulo 6 al Título 9 de la Parte 2 del del Libro 2 del Decreto Único  Reglamentario del Sector Trabajo número 1072 de 2015.    

Publíquese y cúmplase.    

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de  mayo de 2022.    

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ    

El Ministro del Interior,    

Daniel Andrés Palacios  Martínez.    

El Ministro del Trabajo,    

Ángel Custodio Cabrera Báez    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

               

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