DECRETO 681 DE 2022

DECRETO 681 DE 2022     

(mayo 2)    

D.O. 52.022, mayo 2 de 2022    

por medio del cual se adiciona  el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto número  780 de 2016 relativo a la Política Pública Nacional de Envejecimiento y  Vejez 2022–2031.    

El Presidente de la República  de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en  especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,  el artículo 7° de la Ley 1251 de 2008 y en  desarrollo de la Ley 2055 de 2020, y    

CONSIDERANDO:    

Que en desarrollo de lo  previsto en el artículo 46 de la Constitución Política, es  obligación del Estado concurrir para la protección y la asistencia de las  personas mayores y promover su integración a la vida activa y comunitaria, en  el marco de la solidaridad, la igualdad, la diversidad y la dignidad como  pilares del ordenamiento colombiano, tal como lo prevén los artículos 1°, 13 y 16 ibídem, incluso mediante el desarrollo de  acciones afirmativas en favor de sujetos de especial protección atendiendo a  sus especiales condiciones.    

Que, en 2007, el hoy Ministerio  de Salud y Protección Social formuló la “Política Nacional de envejecimiento  y vejez” en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1151 de 2007,  Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, actualizada a través de la “Política  Colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015 – 2024”.    

Que, el Congreso de la  República, mediante la Ley 1251 de 2008  dictó normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los  derechos de los adultos mayores, estableciendo en su Título II los lineamientos  generales para la formulación de la Política Pública Nacional de Envejecimiento  y Vejez, definiéndola, en el artículo 3°, como  un instrumento del Estado “que permite asegurar una gestión coordinada de  los agentes del Estado en el sector público y privado, en el cumplimiento de  los fines del Estado para satisfacer las necesidades del adulto mayor, así como  la observación y conocimiento de las características propias del proceso de  envejecimiento”.    

Que el 15 de junio de 2015 es  adoptada en Washington, la “Convención Interamericana sobre la protección de  los derechos humanos de las personas mayores” de la Organización de los  Estados Americanos (OEA), como un instrumento que tiene el objeto de promover,  proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en  condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades  fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión,  integración y participación en la sociedad, ratificada por Colombia mediante la  Ley 2055 de 2020,  declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-395/21.    

Que, en septiembre de 2015, 193  países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptaron la Agenda  2030 para el desarrollo sostenible, la cual constituye una de las principales  guías de política pública dirigida a la prosperidad, la paz universal y la  erradicación de la pobreza. Dicha agenda establece 17 Objetivos de Desarrollo  Sostenible (ODS), en las dimensiones económica, social y ambiental.    

Que en el año 2020 es  proclamado por la ONU el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable  2020-2030, el cual se adhiere a los lineamientos rectores de la referida Agenda  2030 y está establecido sobre un enfoque en derechos humanos, reconociendo la universalidad,  inalienabilidad e indivisibilidad de estos y centra sus directrices en cuatro  ámbitos de actuación dirigidos a cambiar la forma de pensar, sentir y actuar  con respecto a la edad y el envejecimiento, asegurar que las comunidades  fomenten las capacidades de las personas mayores, ofrecer una atención  integrada y centrada en ellas, servicios de salud primarios que respondan a sus  necesidades y proporcionar acceso a la atención a largo plazo.    

Que los avances técnicos y  normativos internacionales en el marco del Derecho Internacional de los  Derechos Humanos, han establecido consensos para proteger los derechos humanos  y las libertades fundamentales de las personas mayores, trascendiendo de la  conceptualización tradicional demográfica y fisiológica, para dar paso al  abordaje del envejecimiento activo y saludable, comprendido como un proceso  evolutivo a lo largo del curso de vida, desde el momento de la concepción y  hasta la muerte -con unos contornos diferenciales desde la construcción  sociocultural- para reconocer los factores que, junto con la atención en salud,  inciden en el modo en que envejecen los individuos y las poblaciones.    

Que Colombia ha generado  múltiples desarrollos normativos, dentro de los que se destacan la Ley 1850 de 2017 que  penaliza el maltrato intrafamiliar, negligencia y abandono de las personas  mayores, el artículo 217 de la Ley 1955 de 2019 que  modifica la Ley 687 de 2001 en  relación a la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor y la Ley 2040 de 2020 que  impulsa el empleo de las personas mayores sin pensión.    

Que, en el año 2021 con el fin  de encarar la transformación social más significativa del siglo XXI: el  envejecimiento de la población y sus consecuencias económicas, sociales y  políticas para el desarrollo sostenible -en términos de las Naciones Unidas-,  el Ministerio de Salud y Protección Social llevó a cabo un amplio proceso  participativo para la actualización de la “Política Colombiana de  envejecimiento humano y vejez 2015 – 2024”, mediante 67 jornadas  territoriales de reflexión, análisis y construcción de consensos con la  sociedad civil, con 1637 participantes provenientes de las administraciones y  autoridades de las entidades territoriales, los entes de control, y de  representantes personas mayores, operadores y prestadores de servicios  dirigidos a personas mayores públicos y privados, sector productivo y de  infraestructura, asuntos eclesiásticos, mujer y género, cabildos indígenas,  personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, academia, sociedades  científicas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Igualmente, se  adelantaron jornadas de trabajo con entidades del orden nacional y con el  Consejo Nacional de Personas Mayores.    

Que por lo anterior, se hace  necesario adoptar la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022 –  2031, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo  del envejecimiento activo y saludable y de una vejez digna, autónoma e  independiente en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación, en el marco  de la protección de los derechos humanos y bajo el principio de  corresponsabilidad individual, familiar, social y estatal, y disponer la  formulación del Plan Nacional de Acción intersectorial de la Política Nacional  de Envejecimiento y Vejez, y la creación del Observatorio Nacional de  Envejecimiento y Vejez, como herramientas para la implementación, el monitoreo,  seguimiento y evaluación de la Política.    

Que en cumplimiento de lo  previsto por los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y  2.1.2.1.14 del Decreto número  1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República,  modificado por el artículo 2° del Decreto número  1273 de 2020, las disposiciones contenidas en el presente proyecto fueron  publicadas en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social para  comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, entre el 15 y el 29 de  marzo de 2022.    

En mérito de lo expuesto,    

DECRETA:    

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 9 del Libro 2  del Decreto número  780 de 2016, el cual quedará así:    

“Capítulo 7    

Política Pública Nacional de  Envejecimiento y Vejez 2022 – 2031    

Artículo 2.9.2.7.1. Objeto. El presente capítulo  tiene como objeto adoptar la Política Pública Nacional de Envejecimiento y  Vejez 2022 – 2031 contenida en el Anexo Técnico 3 que hace parte integral del  presente acto administrativo, disponer la formulación del Plan Nacional de  Acción Intersectorial de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, y la  creación del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez.    

Artículo 2.9.2.7.2. Plan  Nacional de Acción Intersectorial para la Implementación de la Política  Nacional de Envejecimiento y Vejez. A través del Plan Nacional de  Acción Intersectorial para la Implementación de la Política Nacional de  Envejecimiento y Vejez se definirán las metas, acciones, responsables, recursos  e indicadores de gestión, resultado e impacto, de corto, mediano y largo plazo,  de cada una de las líneas de acción establecidas en la Política Nacional de Envejecimiento  y Vejez que se adopta a través del presente decreto, coherentes con las áreas  de intervención establecidas en el artículo 17 de la Ley 1251 de 2008.    

Dicho plan definirá la línea  técnica a las entidades territoriales para la formulación y actualización de  sus políticas de envejecimiento y vejez, las cuales incluirán los planes,  programas y proyectos de promoción1 prevención y atención, con fundamento en la  Política que aquí se adopta. Igualmente, determinará la línea técnica para la  formulación de sus planes de acción territoriales, los cuales deberán incluir  metas, acciones responsables, recursos e indicadores.    

Las entidades aquí firmantes,  dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto1  formularán el plan, en articulación con el Consejo Nacional de Personas  Mayores1 el cual será expedido mediante acto administrativo por el Ministerio  de Salud y Protección Social.    

Artículo 2.9.2.7.3.  Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez. Créase  el Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, a cargo del Ministerio de  Salud y Protección Social el cual tendrá como objetivo recopilar, sistematizar1  analizar, documentar y hacer pública la información relacionada con el  envejecimiento y la vejez, para hacer monitoreo y seguimiento a la  implementación de la Política de Envejecimiento y Vejez, y a la ejecución del  Plan Nacional de Acción intersectorial de la Política Nacional de  Envejecimiento y Vejez y de los planes de acción territoriales; constituir el  soporte para la evaluación de la Política y generar recomendaciones sobre  diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos dirigidos  a las personas mayores y frente al proceso de envejecimiento en el territorio  nacional.    

Para la recopilación y sistematización  de la información se integrará al Sistema Integrado de Información de la  Protección Social- SISPRO, el Sistema Unificado de Información de Vejez (SUIV),  en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1251 de 2008, que  se estructurará con los registros administrativos generados por las entidades  del Gobierno nacional y territorial responsables de la implementación de la  política; aquellas que desarrollen planes, programas y proyectos dirigidos a  las personas mayores y al proceso de envejecimiento, y por todos aquellos que  tengan información que incida en los derechos de las personas mayores.    

Parágrafo 1°. Las  entidades del Gobierno nacional y territorial brindarán en el marco de sus  competencias, la información al Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez  que les sea requerida por el Ministerio de Salud y Protección Social.    

Parágrafo 2°. Toda  información que repose en el Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, suministrada  por las entidades públicas, privadas o el sector académico cumplirá con los  principios de protección de datos en caso de que recopile, reciba, utilice,  transfiera o almacene cualquier dato personal, de acuerdo con la Ley 1581 del  año 2012, y demás normas que la complementen.”    

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su  publicación.    

Publíquese y cúmplase    

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de  mayo de 2022.    

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ    

El Ministro del Interior,    

Daniel Palacios Martínez.    

El Ministro de Justicia y del  Derecho,    

Wilson Ruiz Orejuela.    

El Ministro de Agricultura y  Desarrollo Rural,    

Rodolfo Zea Navarro.    

El Ministro de Salud y  Protección Social,    

Fernando Ruiz Gómez.    

El Ministro del Trabajo,    

Ángel Custodio Cabrera.    

La Ministra de Comercio,  Industria y Turismo,    

María Ximena Lombana Villalba.    

La Ministra de Educación  Nacional,    

María Victoria Angulo González.    

La Ministra de Vivienda, Ciudad  y Territorio,    

Susana Correa Borrero.    

La Ministra de Tecnologías de  la Información y las Comunicaciones,    

Carmen Ligia Valderrama Rojas.    

La Ministra de Transporte,    

Ángela María Orozco Gómez.    

La Ministra de Cultura,    

Angélica María Mayolo Obregón.    

El Ministro del Deporte,    

Guillermo Herrera Castaño.    

El Ministro de Ciencia,  Tecnología e Innovación,    

Tito José Crissien Borrero.    

La Directora General  Departamento Nacional de Planeación,    

Alejandra Botero Barco.    

El Director Departamento  Administrativo Nacional de Estadística,    

Juan Daniel Oviedo Arango.    

El Director General  Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (E),    

Pierre Eugenio García Jacquier.    

ANEXO TÉCNICO    

Política Pública Nacional de  Envejecimiento y Vejez 2022 – 2031    

Contenido    

1. Introducción    

2. Justificación    

3. Fundamentos para la  Protección del Envejecimiento y la Vejez    

3.1 Garantías Constitucionales  y Jurisprudenciales    

3.2 Derechos Humanos de las  Personas Mayores en el Marco Jurídico Internacional    

3.3 Evolución Normativa y de  Política en el Ámbito Nacional    

4. Marco Conceptual del  Envejecimiento y la Vejez    

4.1. Derechos Humanos,  Envejecimiento y Vejez    

4.2. Determinantes del  Envejecimiento y la Vejez    

4.3. Envejecimiento Saludable    

5. Diagnóstico Sobre el  Envejecimiento y las Condiciones de las Personas Mayores en Colombia    

5.1 Aspectos Demográficos de  las Personas Mayores y del Envejecimiento    

5.2 Situación Socioeconómica de  las Personas Mayores    

5.3. Problemas Relacionados con  la Inclusión y la Participación Social y Política de las Personas Mayores    

5.4. Discriminación por Edad y  Violencias Contra las Personas Mayores.    

5.5. Problemas Relacionados con  la Salud, la Dependencia y el Cuidado de las Personas Mayores    

5.6. Factores Personales y  Conductuales que Obstaculizan El Envejecimiento Saludable    

5.7. Problemas Asociados con la  Educación de las Personas Mayores, el Uso de Tecnologías de la Información Y La  Comunicación y la Formación de Profesionales    

6. Política Pública Nacional de  Envejecimiento y Vejez    

6.1. Objetivo General    

6.2. Objetivos Específicos    

6.3. Principios y Enfoques de  la Política Pública    

6.3.1. Principios que Rigen la  Política    

6.3.2. Enfoques que Rigen la  Política    

6.4. Ejes Estratégicos y Líneas  De Acción De La Política    

6.4.1. Eje Estratégico 1.  Superación de la Dependencia Económica de las Personas Mayores    

6.4.2. Eje estratégico 2.  Inclusión y Participación Social y Política de las Personas Mayores    

6.4.3. Eje Estratégico 3. Vida  Libre de Violencias para las Personas Mayores    

6.4.4. Eje estratégico 4.  Atención Integral en Salud, Atención a la Dependencia y Organización del  Servicio de Cuidado    

6.4.5. Eje estratégico 5.  Envejecimiento Saludable parar Una Vida Independiente, Autónoma y Productiva en  la Vejez    

6.4.6. Eje estratégico 6.  Educación, Formación e Investigación para Enfrentar el Desafío del  Envejecimiento y la Vejez    

7. Implementación de la  Política    

7.1. Difusión de la Política    

7.2. Financiación de la  Política    

8. Monitoreo, Seguimiento y  Evaluación de la Política    

Referencias Bibliográficas    

1. Introducción    

El envejecimiento de la  población y el desarrollo humano de la vejez se convirtieron en un asunto de  política pública desde la “Asamblea mundial sobre envejecimiento” que se  desarrolló en Viena, Austria, en 1982. Las conclusiones de esta cumbre  abordaron los primeros análisis de las consecuencias – para las sociedades y,  fundamentalmente, para los Estados – sobre la creciente proporción de las  personas mayores, con miras a lograr la plena realización de su potencial como  individuos, a fin de que, espiritual y físicamente, disfruten plena y  libremente de sus años avanzados en paz, salud y seguridad (Plan de Acción  Viena: 1984). En adelante, no han cesado los llamados internacionales, para  establecer una agenda en cada país, destinada a dar respuesta a los retos de  las denominadas “transición demográfica” y “transición epidemiológica”, que  alcanzarán su máxima expresión en el presente siglo, con la configuración de  sociedades predominantemente longevas.    

Colombia ha adoptado y hace  parte de tratados y escenarios de articulación internacional, que han  desarrollado los postulados de Viena. De la lista de compromisos hacen parte,  entre otros, el “Protocolo de San Salvador” (1988), la Resolución de las  Naciones Unidas sobre los principios a favor de las personas de edad (1991), la  Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de Madrid, España (2002), la  “Declaración de Brasilia” (2007), la “Carta de San José sobre los Derechos de  las Personas Mayores de América Latina y el Caribe” (2012), el “Consenso de  Montevideo sobre Población y Desarrollo” (2013), la Agenda 2030 para el  desarrollo sostenible (2015), la “Convención Interamericana sobre la protección  de los derechos humanos de las personas mayores” de la Organización de los  Estados Americanos (OEA) (2015), la “Declaración de Asunción” (2017), la  Conferencia Mundial sobre Atención Primaria en salud de Astaná, Kazajistán  (2018) y, finalmente, el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable  2020-2030 de la (OMS) (2020).    

Desde estos instrumentos e  instancias internacionales -un listado, en todo caso no exhaustivo- se han  establecido consensos para proteger los derechos humanos y las libertades  fundamentales de las personas mayores, bien a título de recomendaciones o con  efectos vinculantes para el Estado Colombiano. Grosso modo se pueden citar: i)  asegurar el acceso integral en salud; ii) garantizar la cobertura universal del  sistema de pensiones; iii) desarrollar entornos físicos y sociales, humanos,  seguros y accesibles; iv) favorecer su participación en las decisiones de  política pública que los afecten; v) eliminar la discriminación por razón de la  edad, el maltrato y la violencia; vi) brindar oportunidades para que puedan  contribuir al desarrollo productivo y económico, desde su inclusión en los  mercados laboral y educativo y, por ende, reducir su dependencia económica;  vii) satisfacer sus necesidades básicas en términos de alimentación, vivienda,  medio ambiente sano y calidad de vida; viii) recomponer el tejido social, la  solidaridad y la cohesión intergeneracional, para promover su permanencia en el  seno de las familias y el acompañamiento de sus redes de apoyo; y, ix)  desarrollar y fortalecer la oferta de servicios sociosanitarios para el cuidado  directo y el indirecto y, particularmente, para el cuidado de largo plazo en  atención a la dependencia física.    

A su turno, desde la visión del  envejecimiento, las posturas internacionales trascendieron de la  conceptualización tradicional demográfica y biológica, para dar paso al  abordaje del envejecimiento saludable. Desde este reconocimiento se busca  incidir para incrementar la calidad de vida de las personas en su vejez, con  llamados específicos para: i) revisar la tendencia de los determinantes del  envejecimiento y la vejez y las acciones relacionadas con los hábitos y estilos  de vida saludable; ii) el cuidado y el autocuidado y la seguridad alimentaria y  nutricional; iii) la vigilancia en salud pública sobre los factores predictores  de discapacidad y el fomento a la independencia, la autonomía, la  autorrealización y la dignidad; y, iv) la atención primaria en salud (APS) con  énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, desde un  enfoque diferencial e intersectorial de las acciones individuales y colectivas  de la gestión integral del riesgo en salud.    

En Colombia los desarrollos,  legislativos y jurisprudenciales, para dar respuesta a estas construcciones del  Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no se hicieron esperar. Han sido  el fruto de un mayor conocimiento en la materia, de la toma de conciencia sobre  los derechos humanos y la dignidad inherente a la condición humana de las  personas mayores. Hoy, la estructura programática desde el ordenamiento legal y  jurídico y su materialización en las políticas públicas las hace tributarias de  una atención con enfoque diferencial positivo, con mayores progresos en algunos  campos como en salud, alimentación y educación. No obstante, pese a estos  esfuerzos estatales, se sabe que el país está a medio camino para responder a  las demandas y los desafíos identificados en el ámbito internacional, de cara a  los cambios ocasionados por los patrones demográficos y epidemiológicos de  morbimortalidad y fertilidad, que han venido alterando la composición de la  población, menguando el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y, en  contraposición, generando un aumento de adultos y personas mayores, con tasas  de longevidad cada vez más altas, comparativamente con los registros de la  región (Jaspers: 2009; BID: 2019).    

A partir de estos antecedentes,  el Ministerio de Salud y Protección Social inició en 2021 la actualización de  la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez como base estructural  para encarar la transformación social más significativa del siglo XXI: el  envejecimiento de la población y sus consecuencias económicas, sociales y  políticas para el desarrollo sostenible -en términos de las Naciones Unidas-.  Una realidad que pasa por resolver un triple desafío: i) configurar nuevos  estándares para reconocer y garantizar el goce y ejercicio pleno de los  derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, de acuerdo con los  axiomas del entramado internacional, que se condensaron en la “Convención  Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas  mayores” y en las exigencias del plan para la Década del Envejecimiento  Saludable 2020- 2030; ii) asegurar las capacidades institucionales y los recursos,  para atender de manera integral las demandas; presentes y futuras, de la  dinámica progresiva del envejecimiento y de la vejez de 2022 a 2031 y, iii)  construir un plan de acción para ordenar el activismo intersectorial, bajo la  premisa de la urgencia de una acción articulada, complementaria y  multidimensional, para materializar la ejecución efectiva de las intervenciones  de la política y una respuesta institucional específica y diferenciada, acorde  con las particularidades del proceso de envejecimiento y de la vejez en el  país.    

En respuesta a estos desafíos,  la “Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031” recoge las  recomendaciones y las cláusulas mandatorias de los acuerdos internacionales aún  pendientes por resolver y los vacíos del marco normativo que, desde 1975  -cuando se produce la primera ley de protección para la “ancianidad”: Ley 29-  han acompasado fa gestión de las entidades en estas materias. Adicionalmente,  incorpora los resultados de un amplio proceso participativo para la  actualización de la “Política Colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015  – 2024”, mediante 67 jornadas territoriales de reflexión, análisis y  construcción de consensos con la sociedad civil, con 1637 participantes  provenientes de las administraciones y autoridades de las entidades  territoriales, los entes de control, y de representantes personas mayores,  correspondientes al 25% de la participación, operadores y prestadores de  servicios dirigidos a personas mayores públicos y privados, sector productivo y  de infraestructura, asuntos eclesiásticos, mujer y género, cabildos indígenas,  personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, academia, sociedades  científicas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Igualmente, y en el  marco del principio de coordinación, se llevaron a cabo jornadas de trabajo con  entidades del Gobierno nacional y con el Consejo Nacional de Personas Mayores.    

El objetivo no es otro que el  de corregir, de manera progresiva, las inequidades y exclusiones,·garantizando  las condiciones necesarias para el desarrollo del envejecimiento saludable y de  una vejez digna, autónoma e independiente en igualdad de condiciones para  todos. Un desafío que debe abocar la protección, promoción, defensa y  restablecimiento de los derechos humanos, bajo el principio de la  corresponsabilidad individual y familiar, del sector privado, la comunidad y el  Estado, desde el abordaje de los factores de riesgo y los factores protectores  en los diferentes ámbitos en los que tiene lugar el desarrollo humano.    

La “Política Pública Nacional  de Envejecimiento y Vejez 2022-2031” se compone de siete apartados, además de  esta introducción así: ii) la justificación del cambio anticipado de la  política; iii) los fundamentos para la protección del envejecimiento y la  vejez, que recoge los referentes constitucionales, jurisprudenciales, el  contexto internacional y la normativa nacional que subyacen a su formulación;  iv) el marco conceptual que presenta las principales categorías que obran como  hilo conductor para el desarrollo de la política; v) el diagnóstico situacional  sobre el envejecimiento y las personas mayores, mediante el cual se definen las  principales problemáticas que afrontan las personas mayores; vi) la definición  de la política desde una estructura de seis ejes estratégicos y sus respectivas  líneas de acción; vii) su implementación y gestión y viii) el monitoreo,  seguimiento y evaluación. Desde este último acápite se vislumbran las  competencias institucionales que serán objeto del segundo abordaje, desde la  construcción del Plan Nacional de Acción que articule de manera integral las  intervenciones, el trabajo interinstitucional y la identificación de las  fuentes de su financiación.    

2. Justificación    

La acelerada transición  demográfica, que augura la emergencia de una sociedad envejecida para este  siglo, ha puesto a las personas mayores en el centro de las preocupaciones de  la agenda pública nacional y como una prioridad en el gasto público. Su  magnitud ha sido descrita desde diversas fuentes (Flórez, 2000 y 2016; Dulcey  Ruiz, Arrubla y Sanabria, 2013; Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha,  2015, Banco Interamericano de Desarrollo, 2019), que advierten sobre el inicio  del fenómeno desde mediados del siglo XX a expensas, por una parte, de los  logros socioeconómicos que redundaron en una mejor calidad de vida y, por otro,  al comportamiento de las principales variables demográficas que viraron hacia  un escenario de bajas tasas de fecundidad y mortalidad. Las cifras no sólo  advierten sobre el cambio en el tamaño, la composición y la distribución etaria  de la población nacional -una de las más avanzadas de la región- sino, además,  sobre la persistencia de las inequidades que rondan a la vejez y los desafíos  que demanda el envejecimiento saludable que se postuló desde el ámbito del  Derecho Internacional de los Derechos Humanos.    

Esta política propone dar  respuesta al problema del envejecimiento y la desprotección en la vejez, en el  ámbito económico, social y político. Aumentar la cobertura en pensiones, mejorar  la oportunidad y calidad de los servicios de salud, disponer de una oferta de  servicios para el cuidado, fomentar la inclusión y el buen trato, permitirán  incrementar las posibilidades de llevar una vida digna en esta etapa de la  vida.    

Un buen número de personas mayores en la actualidad se ven  expuestos a una mayor vulnerabilidad como consecuencia de las desigualdades que  han predominado en el país. La pobreza, la exclusión, la desigualdad y la falta  de oportunidades en educación y trabajo por citar solo algunos aspectos han  incidido de forma directa en el alto grado de dependencia de las personas  mayores.    

Se sabe que un porcentaje importante de las personas mayores,  pese a haber alcanzado la edad para su jubilación no logran pensionarse, por lo  tanto, se ven obligados a permanecer en el mercado laboral, en el informal  mayoritariamente, debido a que carecen de una fuente de ingresos fija para su  manutención. Otro tanto, no tienen seguridad jurídica sobre la tenencia de la  vivienda o no han podido comprar una propia: en ambos casos se observa un  riesgo latente que vulnera su derecho a una vivienda digna. A nivel regional,  estos fenómenos se perciben heterogéneos entre los departamentos de mayor y  menor desarrollo económico, configurando un escenario variopinto, con  inequidades, brechas y barreras de acceso a los derechos, mediadas por dobles y  triples vulnerabilidades, asociadas con las violencias, la revictimización, la  desigualdad de género, la discriminación por edad, la discapacidad, el origen  étnico, la orientación y la identidad de género y no binario, el tránsito a la  reincorporación a la vida civil, la privación de la libertad, su habitanza en  calle o en la zona rural o su procedencia transfronteriza.    

Especial atención requieren además  las mujeres mayores de 60 años debido al fenómeno de “feminización del  envejecimiento”, el cual consiste en que las mujeres viven más años que los  hombres, pero no siempre en las mejores condiciones, debido a la desigualdad  que prevalece a lo largo de su vida. Sumado a ello, recientemente, la mayor  afectación por contagios y tasas de defunción que afrontaron las personas  mayores a causa del virus SARS-CoV-2 dejó en evidencia su alto grado de  vulnerabilidad y la necesidad de aumentar la capacidad institucional de  respuesta, en aras de garantizar la inclusión y la adaptación a un entorno en  el que ganan terreno el uso de las tecnologías de la información y las  comunicaciones para el acceso a diversos servicios.    

Es evidente, por lo tanto, la  presión sobre los sistemas de salud, los servicios sociosanitarios y en general  sobre las entidades de gobierno para dar respuesta en el corto y mediano plazo  a las crecientes demandas sobre cuidado y atención a la dependencia física, e  inclusión de las personas mayores. Como resultado de estas realidades, se  desprende para el país la obligación de profundizar las acciones para acelerar  el cumplimiento de las metas internacionales y las nacionales, como un deber  ético frente a “sujetos de especial protección” y, por ende, destinatarios de  un “amparo especial”. La revisión anticipada de la “Política Colombiana de  envejecimiento humano y vejez 2015 – 2024” hace parte del propósito para  desarrollar, en primer lugar, los compromisos globales pendientes, en  particular, los derivados de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento  de Madrid, España – y de las declaraciones que han soportado sus postulados-,  así como de los señalados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible  (2015), la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria en salud de Astaná,  Kazajistán y, finalmente, el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable  2020-2030.    

En segundo lugar, incorporará  una visión autocrítica sobre los alcances de la “Política Colombiana de  envejecimiento humano y vejez 2015 – 2024” que, si bien representó un esfuerzo  para dar salida a las principales disyuntivas de la transición demográfica y  epidemiológica, no contó con un instrumento para sistematizar su seguimiento y  medición, como tampoco de mecanismos de coordinación y complementariedad entre  las distintas instancias de la administración pública, circunstancias que  derivaron en esfuerzos aislados, que no lograron corregir de manera integral  las fallas de exclusión.    

En esta misma línea, se busca  dar cumplimiento a los mandatos legislativos y jurisprudenciales nacionales, en  especial de los establecidos en la Ley 1251 de 2008, así  como de los que surgieron con la promulgación de la Ley 2055 de 2020,  mediante la cual se adopta la “Convención Interamericana sobre la Protección de  los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, el principal tratado para  proteger, respetar y promover la condición de las personas mayores, tras  reafirmar la defensa de 27 derechos y libertades fundamentales, que hoy  demandan un desarrollo normativo mayor. Y, finalmente, abordar la problemática  que reconoce esta política en su diagnóstico sobre el envejecimiento y la  vejez, en línea con las recomendaciones formuladas desde el Observatorio de  Envejecimiento y Cuidados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  instancia que junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (Cepal), coinciden en las responsabilidades de los gobiernos para estructurar,  regular y proveer bienes y servicios acordes con el proceso de envejecimiento y  la vejez del país.    

Para cumplir estos objetivos es  preciso abordar los diferenciales que distinguen a la nación colombiana,  amparados desde la garantía constitucional a la diversidad. Un paradigma  destinado a poner fin a la discriminación en todas sus dimensiones y,  especialmente, al “edadismo”, como criterios para negar derechos y libertades  fundamentales. Desde las perspectivas de los enfoques diferencial y de  interseccionalidad -que soportan esta política- el Estado y la sociedad  colombiana tendrán que garantizar el derecho a la igualdad, en sus facetas  material y formal, para los hombres, las mujeres y los ciudadanos de los  sectores LGBTI. Pero, además, desde sus distintas identidades culturales, de  curso de vida y de su desarrollo humano, que comprende a las víctimas, las  personas con discapacidad y aquellas en proceso de reincorporación a la vida  civil, las privadas de la libertad, migrantes, habitantes de calle y residentes  en la zona rural, personas mayores privadas de la libertad y, en general, a  todas aquellas que, por sus fragilidades socioeconómicas, demandan una  respuesta diferenciada. Para ellas deberá estar presente la institucionalidad,  pública y la privada, los sectores sociales, los medios de comunicación y el  ordenamiento jurídico, con miras a una sociedad más justa y equitativa para  afrontar el envejecimiento y para las personas mayores del país.    

3. Fundamentos para la  protección del envejecimiento y la vejez    

3.1 Garantías  constitucionales y jurisprudenciales    

La protección y el  reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas mayores subyacen  tras dos de los principios fundantes del Estado Social de Derecho que instituyó  la Constitución Política de 1991 en su artículo 1°: la  “solidaridad social” y la “dignidad humana”. Desde esta postura se coligen una  serie de “deberes fundamentales” y de “compromisos morales”, que invocan la  obligación de protección, asistencia e inclusión, como un efecto de la conciencia  social y la mutua colaboración entre las personas, las generaciones, los  sectores económicos, las regiones y las comunidades. Su finalidad: coadyuvar  con sus congéneres más débiles, como un deber, impuesto a toda persona por el  solo hecho de pertenecer al conglomerado social (Corte Constitucional: 2005,  2013, 2014, 2016).    

Así, como fenómeno moral, la  protección de las personas mayores y su reconocimiento como sujetos políticos y  sujetos de derechos, está en la base del respeto por los derechos humanos y del  proceso de humanización, vinculado al interés en el “bien-estar” propio y del  “otro”, como una responsabilidad para el individuo, la familia y la comunidad  en general. No sólo como un compromiso del ejercicio institucionalizado de la  ciudadanía -consignado en el sistema de derechos y deberes constitucionales de  la persona y del ciudadano- sino, además, como un resultado de los valores  asentados en el imaginario colectivo, que mueven a la cooperación. Es un  fenómeno análogo a la cohesión social, que activa el apoyo mutuo, considerando  la interdependencia que caracteriza la convivencia civilizada y la  responsabilidad intergeneracional (Corte Constitucional: 2017; Stiefken: 2014).    

A su turno, para el Estado  Social de Derecho, implica concurrir en el reconocimiento y protección de los  ciudadanos, honrando los tres lineamientos que materializan la dignidad humana:  i) la autonomía para diseñar un plan vital y determinarse según sus  características -vivir como se quiera-; ii) las condiciones materiales de la  existencia -vivir bien-; y, iii) la intangibilidad de los bienes no  patrimoniales: la integridad física y la integridad moral -vivir sin  humillaciones- (Corte Constitucional: 2002). La intervención está llamada a  privilegiar el gasto público social en el bienestar individual y colectivo y,  por esta vía, favorecer el desarrollo humano a través de medidas de acción  afirmativas. Así, a pesar de existir un especial deber de solidaridad en cabeza  de la familia, el Estado no sólo puede, sino que debe contar con una política  pública de cuidado, protección e integración, para garantizar el goce y  ejercicio de sus derechos fundamentales (Corte Constitucional: 2014).    

Se materializan así los fines  sociales del Estado y el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política en  sus dos facetas: formal y material. La primera contempla el deber de tratar a  todos los individuos con la misma consideración y reconocimiento y, en  consecuencia, abstenerse de concebir normas, políticas o programas, que  conduzcan a agravar o perpetuar la exclusión. En sentido material, apunta a  superar las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran en  situación de debilidad manifiesta, mediante acciones dirigidas a favorecer a  determinadas personas o segmentos poblacionales -como las personas mayores-,  para que alcancen mayor representación y mejores condiciones de igualdad en  dignidad y derechos (Corte Constitucional: 2012).    

3.2 Derechos humanos de las  personas mayores en el marco jurídico internacional    

El Derecho Internacional de los  Derechos Humanos reafirma para el Estado colombiano, el deber de ampliar la  eficacia en la cobertura de las garantías constitucionales para las personas  mayores.    

Prescribe, por un lado, la  urgencia de avanzar gradualmente en su reivindicación y, por otro, en la  prohibición de generar un detrimento en lo alcanzado (Corte Constitucional:  2008, 2014, 2015). Así, desde los tratados internacionales, aprobados o  ratificados por Colombia, se deben proteger, respetar y promover los derechos  civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, desde un enfoque de  derechos humanos, que parte de la existencia de “sujetos titulares de  derechos”, que obliga al Estado y a la sociedad a su reconocimiento, más allá  de una atención asistencialista y con especial consideración por los colectivos  históricamente excluidos (Abramovich y Courtis, 2006; OACDH, 2004; Cepal,  2006).    

En la actualidad, el principal instrumento del Derecho  Internacional de los Derechos Humanos que puede ser invocado para la protección  de los derechos de las personas mayores y el respeto a su condición, es la  “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las  Personas Mayores”, aprobada por Colombia mediante la Ley 2055 de 2021 y  declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-395/21. Esta  convención sintetiza el activismo en favor de este segmento poblacional desde  1969, por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) y  desarrolla 15 principios centrados en los derechos humanos, el curso de vida  con equidad e igualdad de género, la protección integral y la atención  preferencial. Reconoce, además, 27 derechos humanos: 1) igualdad y no  discriminación por razones de edad. 2) a la vida y a la dignidad en la vejez.  3) a la independencia y a la autonomía. 4) a la participación e integración  comunitaria. 5) a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. 6) a  no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  7) a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. 8) a  recibir servicios de cuidado a largo plazo. 9) a la libertad personal. 10) a la  libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información. 11) a la  nacionalidad y a la libertad de circulación. 12) a la privacidad y a la  intimidad. 13) a la seguridad social. 14) al trabajo. 15) a la salud. 16) a la  educación.    

17) a la cultura. 18) a la  recreación, al esparcimiento y al deporte. 19) a la propiedad. 20) a la  vivienda. 21) a un medio ambiente sano. 22) a la accesibilidad y a la movilidad  personal. 23) a los derechos políticos. 24) a la reunión y asociación. 25) a  protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. 26) a igual  reconocimiento como persona ante la ley, y, 27) al acceso a la justicia.    

Los pasos previos para la  adopción de esta Convención, comprenden un engranaje de escenarios e instancias  de concertación a nivel mundial, cuyos principales hitos se condensan en la  “Asamblea mundial sobre envejecimiento” de Viena, Austria, en 1982, en la cual  se adoptó el primer Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y, por  otra parte, la “Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de Madrid, España  (2002)”, cuyo plan de acción centró su objetivo en “garantizar que en todas  partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas  de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como  ciudadanos con plenos derechos” (Plan de Acción Segunda Asamblea Mundial sobre  Envejecimiento de Madrid: 2002).    

Por otro lado, en el lapso  comprendido entre 2011-2020, la OEA y la ONU articularon distintos escenarios  de construcción de consensos que han comprometido el bienestar y las mejoras en  la calidad de vida para las personas mayores, dentro de los que se destacan la  Agenda 2030, la cual constituye una de las principales gulas de política  pública para 15 años -contados a partir de 2016- dirigidas a la prosperidad, la  paz universal y la erradicación de la pobreza, como requisito indispensable  para el desarrollo sostenible. Establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS), desagregados en 169 metas, en tres dimensiones: económica, social y  ambiental, recogidos por Colombia mediante el Conpes 3918 de 2018.    

Desde estas estrategias se  generaron las orientaciones extensivas a las personas mayores y al  envejecimiento, en términos de protección de los derechos humanos, la igualdad  y la no discriminación, erradicación de la pobreza y seguridad alimentaria y  fin a la malnutrición (Huenchuan y Rovira, 2016; Cepal: 2017).    

Finalmente, se desarrolla el  Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2020- 2030, proclamado en 2020  por la ONU y liderado por la Organización Panamericana de la Salud, que tiene  como base el Plan de Acción Internacional de Madrid y se adhiere a los  lineamientos rectores de la Agenda 2030, establecido sobre un enfoque en  derechos humanos, reconociendo la universalidad, inalienabilidad e  indivisibilidad de estos y centra sus directrices en cuatro ámbitos de  actuación: i) Cambiar la forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la  edad y el envejecimiento; ii) Asegurar que las comunidades fomenten las  capacidades de las personas mayores; iii) Ofrecer una atención integrada y  centrada en las personas, y servicios de salud primarios que respondan a las  necesidades de las personas mayores; y, iv) Proporcionar acceso a la atención a  largo plazo para las personas mayores.    

3.3 Evolución normativa y de  política en el ámbito nacional    

En desarrollo de estos  mandatos, el país ha transitado por un camino dinámico de procesos políticos,  dirigidos a las personas mayores, en al menos cinco frentes, de acuerdo con los  desarrollos normativos más recientes que grosso modo, comprenden:    

• Proteger y respetar la  condición de las personas mayores, reducir las brechas y asegurar el acceso  efectivo a la justicia y su participación social. Desde esta primera categoría  se han promulgado las Leyes 1171 de 2007, 1251 de 2008, 1850 de 2017, 1857 de 2017, 1996 de 2019, 2055 de 2020 y los  Decretos 460 de 2020 y 163 de 2021, entre  otras normas destinadas a desarrollar un marco de protección especial, en  virtud de la condición de debilidad y vulnerabilidad manifiesta de este  segmento poblacional. Comprende: garantías para los derechos a la educación, la  recreación, el desarrollo integral de la familia, potenciar los recursos  afectivos, económicos, culturales y de solidaridad, fortalecer el marco  sancionatorio y de restablecimiento de derechos, que incluye la prohibición de  la discriminación y la violencia, reconocer la capacidad legal para todas las  personas mayores con discapacidad y la creación del Consejo Nacional de  Personas Mayores.    

• Garantizar la atención en  salud, los servicios sociosanitarios y su financiación. La producción  legislativa que recoge directrices en estos aspectos incluye las Leyes 100 de 1993, 1251 de 2008, 687 de 2001, 1315 de 2009, 1438 de 2011, 1751 de 2015, 1850 de 2017, 1276 de 2009 y 1955 de 2019. Desde  esta normatividad se identifica a las personas mayores como “sujetos de  especial protección”, se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de las  Rutas Integrales de Atención en Salud en el marco de la Política de Atención  Integral en Salud para las personas, las familias y las comunidades, con  intervenciones poblacionales, colectivas e individuales según su finalidad –  valoración integral para la promoción y mantenimiento de la salud, detección  temprana, protección específica y educación para la salud-. Así mismo, se  regula el funcionamiento de las instituciones de protección que ofrecen  servicios de hospedaje, bienestar social y cuidado integral de manera  permanente o temporal a las personas mayores, las condiciones mínimas para  dignificar su estadía en dichos centros (programas y servicios sociales), los  estándares y criterios para acreditar su funcionamiento, la destinación y  distribución de los recursos de la “Estampilla para el Bienestar del adulto  mayor” y las modalidades de atención.    

• Generar un mercado laboral  inclusivo y seguridad de los ingresos. Desde este ámbito se promulgaron las  Leyes 797 de 2003, el Acto  Legislativo 01 de 2005, las leyes 1328 de 2009, 1151 de 2007, 2010 de 2019, y 2040  de 2020. Estas normas han estimulado el empleo formal para las personas mayores  que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica,  crean los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), como esquema flexible de  protección para la vejez y señalan al Fondo de Solidaridad Pensiona! como  fuente principal de su financiamiento, establecen porcentajes diferenciales de  cotización para la población pensionada según el valor de su mesada de  jubilación, actualizan el “Manual Operativo del Programa de Protección Social  al Adulto Mayor” -hoy “Colombia Mayor” – y desarrollan la metodología Sisbén IV como instrumento de focalización para las personas mayores  que se encuentran en situación de pobreza extrema.    

• Promover el envejecimiento  saludable. Se pueden mencionar la Ley 1355 de 2009 y  2120 de 2021 y el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Estas normas han  desarrollado un conjunto de políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales  y comunitarias, que buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en los  diferentes momentos del curso de vida, promoviendo modos, condiciones, hábitos  y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas,  familias y comunidades, así como el acceso a la atención de enfermedades no  transmisibles con enfoque diferencial. De su mano han desplegado acciones en  torno a la obesidad como una enfermedad crónica de Salud Pública, el requisito  de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados  para consumo humano y los productos comestibles o bebibles, clasificados de  acuerdo con cantidad excesiva de nutrientes “críticos”, donde se incorpore el sello  de advertencia para los consumidores.    

Mención aparte merecen las  políticas públicas de envejecimiento y vejez en sus dos versiones: vigencias  2008-2013 y 2015-2024. El desarrollo de sus postulados ha permitido progresos  en la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en especial  en áreas como la salud, la educación, la alimentación, la participación social  y productiva y el reconocimiento del envejecimiento saludable. Así mismo, han  estimulado la formación de capital humano en salud, con la creciente formación  de gerontólogos y geriatras y la investigación en materia de envejecimiento y  vejez. Igualmente, se posicionó en la agenda pública el servicio de cuidado, la  seguridad de los ingresos, la vivienda para las personas de edad y, por otro  lado, se visibilizó la violencia y la discriminación contra las personas  mayores.    

4. Marco conceptual del  envejecimiento y la vejez    

4.1 Derechos humanos,  envejecimiento y vejez    

Distintas teorías y modelos  analíticos avanzaron en la construcción del concepto de envejecimiento como un  proceso que dura toda la vida y de la vejez como la construcción social de la  última etapa del curso de vida, en el marco de diferentes enfoques, entre  ellos, el biologicista, psicológico en sus diferentes acepciones y social,  ancladas en explicaciones psicológicas, sociales, biomédicas y marcos  sociológicos fragmentados, que resultaron insuficientes para comprender la vida  personal y social de las personas mayores. Desde estas aproximaciones se  abordaron de manera aislada factores como: las carencias económicas, los  marcadores cronológicos y las deficiencias cognitivas y orgánicas que, a la  postre, justificaron la exclusión y la discriminación en el ejercicio pleno de  la ciudadanía por razón de la edad. Por esta vía, los enfoques de las políticas públicas establecieron las soluciones en el plano  individual o de una minoría y no como una responsabilidad social, con profundas  consecuencias en el desarrollo socioeconómico de todos. (Huenchuan, 1999;  Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 2010).    

El cambio de paradigma sobre la  comprensión integral del envejecimiento y la vejez, derivó de los instrumentos  del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde principios de la década  de los ochenta del siglo pasado, cuando se incorporó el enfoque de derechos  humanos para orientar y desarrollar las políticas públicas, en respuesta a la  emergencia de las transiciones demográfica y epidemiológica que advertían la  creciente participación de las personas mayores en el total de la población. Su  reconocimiento como sujetos titulares de derechos -de goce y ejercicio plenos-  se tradujeron en la emergencia de un actor social, que reclamaba la  materialización de sus garantías constitucionales (Huenchuan y  Rodríguez-Piñero: 2010).    

Desde la nueva mirada del  enfoque de derechos, el envejecimiento se entiende como un proceso continuo,  multifacético e irreversible de múltiples transformaciones biopsicosociales a  lo largo del curso vital, que no son lineales ni uniformes y sólo se asocian  vagamente con la edad de una persona en años. Estos cambios están influenciados  por factores epigenéticos y por la toma de decisiones acumuladas del individuo,  pero, además, por las condiciones sociales, económicas, ambientales y políticas  del entorno en que tiene lugar el desarrollo humano y que, en conjunto,  permiten predecir bienestar y un buen funcionamiento físico y mental o pérdidas  y enfermedad. En consecuencia, el envejecimiento no sólo comprende los inevitables  efectos biológicos y fisiológicos ocasionados por los daños moleculares y  celulares, sino la adaptación paulatina a nuevos roles y posiciones sociales,  transiciones vitales y del propio crecimiento psicológico, con manifestaciones  heterogéneas de una persona a otra (Huenchuan: 2004 en Cepal 2004; Alvarado,  Salazar: 2014, OMS: 2015; OMS: 2021).    

Así, se describen tres tipos de  envejecimiento: el primero es el usual o normal que transcurre sin la  existencia de ninguna enfermedad, el segundo, el patológico o secundario, como  consecuencia de enfermedades y, el tercero, es el óptimo, derivado de las  mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales posibles, que suponen  minimizar el riesgo de enfermedad y discapacidad, mantener la función física y  mental y un compromiso continuo con la vida -modelo clásico de Rowe y Kahn  (Rowe y Kahn: 1998)-. Este último es el llamado envejecimiento saludable que  comprende -según las nuevas conceptualizaciones interdisciplinarias-  condiciones determinantes del curso de vida del individuo y los factores de  riesgo médico y de estilo de vida, como predictores para que la persona pueda  seguir desarrollando sus habilidades a nivel laboral y social en la vejez,  siendo autónomo el máximo tiempo posible, aunque con un ritmo de vida más  pausado (Strawbridge, Wallhagen y Cohen: 2002 y Winkelman & Josephine.:  2004; Falque-Madrid: 2014).    

Como derivación del proceso de  envejecimiento, se entiende la vejez como una construcción social y biográfica  del último momento del curso vital y comprende las últimas décadas de la vida  de un individuo, con un punto final marcado por la muerte, cuyo avance se  produce en función de las identidades de género, las experiencias vitales, los  eventos cruciales y las transiciones afrontadas durante la trayectoria de vida.  Está correlacionado con el avance del paso de los años y configura las  transformaciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales del individuo que,  inexorablemente, se relacionan con la pérdida de las capacidades corporales y  funcionales graduales y de disminución de la densidad ósea, el tono muscular y  la fuerza (OMS:2015). Su severidad será relativa, en función de las decisiones  y acciones que se hayan tomado paulatinamente durante el transcurso de la vida,  es decir en el trayecto del envejecimiento y que, en buena medida, están bajo  el control de la persona, en términos de excesos o moderación y, por otra  parte, de sus patrones genéticos, de crecimiento y nutrición (Papalia, Wendkos,  Duskin: 2010).    

La concepción de la vejez está  atada a factores antropológicos, sociológicos, etnoculturales correlacionados  con la forma en que los individuos y las culturas construyen y perciben la  vejez y el mismo proceso de envejecimiento (Aguirre y Scavino: 2018). La edad  fisiológica de inicio para el caso colombiano fue definida en la legislación a  partir de los 60 años (Ley 1251/2008: artículo 3°) y,  excepcionalmente, desde los 50 años para las comunidades indígenas y las  personas con discapacidad (Ley 100/1993: artículo 257) o mayores a 55 años por  sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico (Ley 1276/2009: artículo 7°). Son marcadores cronológicos  que, en todo caso, no constituyen un indicador del momento exacto en que  inician los cambios que acompañan la vejez (Edwards, Peggy: 2002) y sólo operan  como fronteras para la comprensión, interpretación y abordaje de sus  particularidades.    

4.2 Determinantes del  envejecimiento y la vejez    

Desde estas premisas se ha  avanzado en la construcción de los determinantes del envejecimiento y la vejez,  como factores que condicionan o explican la calidad de vida en el proceso de  envejecimiento de las personas, las familias y las sociedades (Rubio: 2015;  OMS: 2002). Constituyen un esfuerzo para derribar los estereotipos y procesos  discriminatorios, impuestos por cada sociedad “desde la cultura dominante, que  invisibilizan los desequilibrios entre los distintos grupos de edad y  determinan un ejercicio limitado de los derechos y la ciudadanía, bajo el  prurito del déficit de capacidades y la edad. Es decir, contra las visiones  reduccionista sobre la vejez y el envejecimiento, que desconocen la diversidad  de los seres humanos a edades avanzadas, bajo un modelo generalizado según el  cual las personas mayores son dependientes o representan una carga” (Huenchuan  y Rodríguez-Piñero: 2010).    

Desde la Organización Mundial  de la Salud, por ejemplo, se identificaron ocho determinantes: dos  transversales cultura y género; y seis relacionados con: los sistemas de salud  y los servicios sociales, los factores personales, el entorno físico y social,  los factores conductuales y los factores económicos, cuya intervención y  reconocimiento se constituyen en una prioridad de la agenda política actual, en  respuesta a la nueva composición de la población. Los dos primeros -la cultura  y el génerorepresentan prácticas, valores, creencias, simbolismos,  cosmovisiones y fundamentos ancestrales de identidad individual y colectiva  frente al proceso de envejecimiento, desde una perspectiva comprensiva sobre la  vida de hombres y mujeres en toda su diversidad, desde su nacimiento hasta la  vejez y que refleja desventajas comparativas para las mujeres mayores, con  diferencias en la morbilidad, hábitos de vida, mayor impacto en las  enfermedades en especial en trastornos mentales, menor nivel educativo, de  ingresos y de autonomía y desde su mayor rol de cuidadoras (Muñoz y Espinosa:  2007). A su turno, los conductuales y los factores personales comprenden los  hábitos y estilos de vida saludables, factores hereditarios y la capacidad de  las personas para controlar de manera consciente sus vidas y vincularlas a  decisiones y acciones para anticipar y planear su propia vejez (OMS: 2002).    

Desde los determinantes  relacionados con el entorno físico, social y económico, se definen procesos  como la ubicación de la vivienda, la interacción social positiva, los entornos  físicos amigables de movilidad y accesibilidad, las trayectorias de vida, la  formación de aptitudes, habilidades y oportunidades de aprendizaje a lo largo  de la vida, la protección social y el reconocimiento social en su entorno  social y productivo. Y, finalmente, los determinantes relacionados con los  sistemas de salud y los servicios sociales, que conllevan la integración de  tres pilares básicos: seguridad de ingresos, atención integral en salud desde  la perspectiva de curso de vida y la organización de los servicios de cuidado  (OMS: 2002).    

Desde la Organización Mundial  de la Salud se definen los determinantes sociales de la salud de forma amplia  como las circunstancias en que una persona nace, crece, vive, trabaja y  envejece, incluido el sistema de salud y el conjunto más amplio de fuerzas y  sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Esas  circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los  recursos a nivel mundial, nacional y local y dependen, a su vez, de las  políticas adoptadas. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas  económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas  políticos que pueden ser altamente inequitativas y dar lugar a diferencias en  los resultados en materia de salud. Es posible que esas diferencias sean  inevitables, en cuyo caso se consideran “desigualdades” o que, de hecho, estas  diferencias puedan ser innecesarias y evitables, caso en el cual se consideran  “inequidades”. Hoy los determinantes sociales de la salud explican la mayor  parte de las “inequidades” en salud, esto es, de las diferencias injustas y  evitables en lo que respecta a la situación sanitaria y, por consiguiente,  configuran metas de política destinadas a aumentar la equidad (OMS: 2008).    

4.3 Envejecimiento saludable    

El “envejecimiento saludable”,  ofrece una visión más integral que la estrictamente abordada desde el  “envejecimiento”. Abarca factores que, junto con la atención en salud, afectan  el modo en que envejecen los individuos y las poblaciones. Impone la urgencia  de “planear” conscientemente el bienestar físico, mental y social, con acciones  de promoción y prevención tempranas, para transformar los hábitos y estilos de  vida y los factores de riesgos modificables en el transcurso de la vida, con el  fin de disminuir la carga de enfermedad y la discapacidad evitables. Sus  efectos se manifiestan en el bienestar físico, social y mental a lo largo del  curso vital, asegurando la participación en el desarrollo de la sociedad de  acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras se les proporciona  protección, seguridad y cuidados adecuados, cuando se necesita asistencia (OMS:  2002).    

El “Informe mundial sobre el  envejecimiento y la salud” define el envejecimiento saludable como “el proceso  de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la  vejez”. El término “bienestar” se considera en el sentido más amplio y abarca  cuestiones como la felicidad, la satisfacción y la plena realización. La  “capacidad funcional”, por su parte, comprende los atributos relacionados con  la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella.  Esta “capacidad funcional” se compone de: i) la capacidad intrínseca de la  persona; ii) las características del entorno que afectan esa capacidad; y, iii)  las interacciones entre la persona y esas características. En consecuencia, el  envejecimiento saludable se encuentra permeado por las capacidades físicas y  mentales con las que cuenta una persona, los elementos del mundo exterior que  forman su contexto de vida y los factores presentes en el mismo: personas y  relaciones, actitudes y valores, políticas de salud y sociales, los sistemas  que las sustentan y los servicios que prestan que, en todo caso, se espera sean  protectores (OMS: 2015).    

La construcción del  envejecimiento saludable está destinada a generar mayores estándares de calidad  de vida y, por ende, ampliar la esperanza de vida en condiciones saludables  para todas las personas a medida que envejecen. Su desarrollo implica la  necesidad de fomentar y equilibrar la responsabilidad personal -el cuidado de  la propia salud-, los entornos adecuados para las personas de edad y la  solidaridad intergeneracional. Las personas y las familias necesitan planificar  su vejez y prepararse para ella, y llevar a cabo esfuerzos personales para  adoptar prácticas de salud positivas y personales en el continuum vital. Al  mismo tiempo, se requieren entornos favorables para conservar la independencia  y la autonomía que hagan que las decisiones saludables sean decisiones.    

5. Diagnóstico sobre el  envejecimiento y las condiciones de las personas mayores en Colombia    

En contexto, es importante  destacar que, en las últimas dos décadas, la población colombiana ha  experimentado una variación del 29% en la que se han sumado 11,5 millones de  habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,3% desde 2001.  Respecto a su ubicación, se estima que el 76,2% de la población nacional se  encuentra en el área urbana, en tanto que, el 23,8% habita en los centros  poblados y en el área rural dispersa. Por sexo, el 48,8% de los colombianos son  hombres y el 51,2% mujeres. Así, de acuerdo con las proyecciones poblacionales  para los siguientes 30 años, se estima un aumento de 5 millones de habitantes  más a 2031 y que la curva de crecimiento poblacional se aplane a partir de  2050-2051, cuando se alcanzarían los 62 millones de habitantes. (ONU Mujeres y  DANE, 2020).    

Por otro lado, durante los  últimos 30 años la población colombiana ha envejecido a un ritmo acelerado en  comparación con las estructuras demográficas presentes a comienzos y mediados  del siglo XX. Esta situación, ha incidido de manera directa en el bienestar de  la población colombiana, especialmente en la población mayor de 60 años,  estableciendo una serie de retos que requieren un abordaje integral.    

5.1. Aspectos demográficos de  las personas mayores y del envejecimiento    

El cambio en la demografía colombiana de las últimas décadas ha  traído consigo profundas transformaciones en los distintos grupos  poblacionales. Así, las personas mayores de 60 años sumaban 2,3 millones en  1990 y 3,2 millones al inicio del siglo, el 8.1% de la población para entonces;  en 2021 representan el 13,5% de la población nacional y se espera que al  término de 2050 represente el 21,0% de la población total (ONU Mujeres y DANE,  2020). Es el segundo grupo -después de los adultos- que más habitantes  concentra y su tamaño está por encima de los cuatro cursos de vida restantes. En  total, de acuerdo con las proyecciones poblacionales del Censo Nacional de  Población y Vivienda hay 7.107.914 personas mayores en Colombia, de las cuales  el 77.2% se ubica en las cabeceras municipales, correspondiente a 5.491.964,  mientras que el restante 22,7% -1.615.950 personas- se alberga en el sector  rural, con una particularidad: en las ciudades ellas son más de la mitad (57%),  mientras que en el rural disperso son ellos la mayoría (52%).    

Por sexo, las personas mayores  de 60 años se distribuyen en 2021, entre 44,8% de hombres y 55,1% mujeres.  Desde 1985 ellas son más de la mitad de la población mayor de 60 años, lo que  está asociado a la mayor longevidad que se presenta entre las mujeres. De  hecho, la representación de las mujeres mayores de 60 años en el total de la  población femenina del país pasó de 8% en 2000 a 15% en 2021, frente a la  proporción para el caso de los hombres de 7,9% a 12,5% en el mismo período. Más  aún, en el país existen 237.155 nonagenarios  y centenarios, 60% de los cuales son mujeres.    

La composición por  departamentos no es homogénea a lo largo del territorio nacional. Se perciben  menores tasas de población adulta entre los departamentos de formación reciente  y en los que, además, se presenta mayor índice  de Necesidades Básicas Insatisfechas. Así, el 60% de la población adulta mayor  del país se concentra en Bogotá (16% del total nacional) y en 6 departamentos:  Antioquia (14,3%), Valle del Cauca (10,5%), Cundinamarca (6,5%), Atlántico  (5%), Santander (5%) y Bolívar (4%). No obstante, considerando la densidad  poblacional por departamento, se posicionan por encima del promedio nacional 11  departamentos. De ellos 7 registran entre un 15% y un 20% de su población en  vejez: Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima, Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia.    

Desde este panorama, el  envejecimiento de la población, no sólo es posible advertir los cambios en el  tamaño, la composición y la distribución de la población nacional, con un  creciente peso de las personas mayores de 60 años sino, además, su proceso de  envejecimiento. Entre 2011 y 2021 las personas mayores duplicaron su  participación en el total nacional con un crecimiento de 51,5%. En comparación  con los otros momentos del curso de vida, la variación estuvo 47,2 puntos  porcentuales por encima de la primera infancia, 39,5 frente a la juventud y  31,7 puntos más que los adultos. Con un atenuante, en este último decenio la  infancia y la adolescencia decrecieron 2,6 y 4,2, respectivamente. En 2031  serán casi 3 millones de personas mayores más, para un total de 10.012.815, una  variación de 41% frente a 2021.    

Ante una sociedad cada vez más  longeva se puede advertir la dinámica regresiva de las pirámides poblacionales  a nivel de los diferentes grupos etarios. La estructura demográfica refleja  paulatinamente el incremento de la población de 30 años y más, pero, también,  la tendencia creciente de las personas mayores. Mientras que la población en  general aumentó a un ritmo de 1,3% promedio anual entre 2001 y 2021, la  población mayor de 60 años se incrementó a una tasa promedio anual de 3,93% en  el mismo periodo. En el próximo decenio aumentará 3,6%. en promedio anual, en  tanto la población general lo hará al 1,0%.    

El índice de Envejecimiento  resume el comportamiento demográfico en Colombia, a lo largo de los últimos 40  años. Se observa un mayor ritmo de crecimiento durante los últimos 20 años: A  partir del año 2000 hay un acelerado crecimiento de la población mayor respecto  a los niños, niñas y adolescentes, situación que se prevé se acentuará en los  próximos 10 años. De igual forma, el número de personas mayores por cada 100  personas menores de 15 años se triplicó entre 1985 y 2020, pasando de 19 a 60.  De mantenerse la tendencia en el año 2030, en Colombia habrá aproximadamente 8  personas mayores por cada diez niños, niñas y adolescentes.    

En términos generales el  incremento de la población mayor de 60 años se explica principalmente por el  comportamiento de las principales variables epidemiológicas de morbimortalidad  y fertilidad, así como los logros socioeconómicos, jalonados desde el ámbito  internacional. Su efecto en el contexto nacional ha redundado en una mejor calidad  de vida y, con ella, un aumento importante en el número de personas que llegan  al pleno de su edad reproductiva y productiva y logra sobrevivir más allá de  los 60 años, con tasas de longevidad cada vez más altas, medidas en términos de  la esperanza de vida al nacer. El salto en la esperanza de vida al nacer ha  sido de 9 años desde el lustro 1985-1990, cuando era de 68 años, frente a los  76,8 que se estiman en 2021. Comparativamente entre los dos sexos, los cálculos  son más elevados para la población femenina.    

Respecto al aumento de la  relación de dependencia demográfica, es importante referir que el crecimiento  paulatino de la población adulta mayor ha traído consigo una mayor dependencia  demográfica. En 1985 la tasa de dependencia era del 73% (73 personas  dependientes por cada 100 económicamente activas). Sin embargo, durante los  siguientes 30 años este índice se redujo en más de 10 puntos porcentuales,  ubicándose en 2015 en el 58%. Así mismo, a partir de 2015 se ha invertido la  tendencia y se observa un incremento leve durante los últimos 5 años.    

De acuerdo con las proyecciones  del Censo Nacional de Población y Vivienda, para 2020, alrededor de 60 personas  eran dependientes por cada 100 personas económicamente activas. De continuar  con la tendencia actual, para 2050 la población económicamente dependiente será  del 70% y para 2070 este indicador será de 77%. Con respecto a la población  económicamente activa, se evidencia que 12 de cada 100 personas mayores eran  dependientes en 1985, una proporción que pasó a 21 por cada 100 para 2020 y se  estima que en 2058 será de 28 por cada 100. Es decir, que la contribución de la  población mayor a la población económicamente dependiente será superior al 50%.    

5.2. Situación socioeconómica  de las personas mayores    

Frente a la situación  socioeconómica de las personas mayores y su vulnerabilidad económica, asociada  a condiciones de pobreza, bajos ingresos, la carencia de una pensión o de  ahorros suficientes, acceso a vivienda, entre otros, han derivado en un riesgo  latente para la garantía de los derechos de las personas mayores. Esta  situación tiene implicaciones importantes en la vinculación de personas mayores  al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mayoritariamente en el Régimen  Subsidiado o como beneficiario de una persona cotizante del Régimen  Contributivo. En el mismo sentido, al llegar a este momento del curso de vida  con bajos niveles educativos y de ingresos y escasa promoción en actividades  orientadas al fomento de actividades de desarrollo empresarial y emprendimiento  las personas mayores, estas no encuentran garantías suficientes para alcanzar  una calidad de vida que permita el goce de una vejez de manera digna. Dicha  vulnerabilidad se acentúa bajo la perspectiva de género; en ella se comprueba  que las mujeres enfrentan una mayor exposición, debido a las brechas  salariales, pensionales, educativas y de participación en el mercado.    

Respecto a la pobreza en  adultos mayores, se identifica que uno de los aspectos más relevantes sobre su  vulnerabilidad económica son los persistentes niveles de pobreza que enfrentan  con condiciones adversas en el bienestar y goce efectivo de sus derechos. Así,  al observar la pobreza monetaria en hogares en los que el jefe de hogar es una  persona mayor, entendida como la capacidad de los hogares para acceder a un  mínimo conjunto de bienes de una canasta básica definida, su incidencia ha  crecido con el transcurso de los años, al pasar de 27,0% en 2019 a 30,3% en  2020, siendo más relevante la incidencia en zonas rurales y rurales dispersas,  donde se ha presentado una variación negativa de – 6,5 puntos porcentuales, al  pasar de 42,7% en 2019 a 36,2% en 2020 (DANE, 2021).    

De igual forma, de acuerdo con  las cifras reportadas por el DANE, existe una alta concentración de pobreza en  hogares en los que la ocupación laboral es de máximo una persona. Se encuentra  que el 33,2% de los hogares son pobres cuando el jefe de hogar es un adulto  mayor y existe una persona ocupada en el hogar. Sin embargo, esta situación se  torna más crítica cuando el jefe de hogar no es una persona mayor, aumentando  el porcentaje de hogares pobres a 48,4%. Así mismo, la incidencia de pobreza  monetaria es del 47,0% en hogares sin personas pensionadas con un ingreso per  cápita promedio de $525.525, siendo el ingreso promedio nacional de $837.265  para 2020.    

En relación con la pobreza  monetaria extrema, entendida como la incapacidad de un hogar para cubrir una  canasta de alimentos que permita la ingesta de 2.100 calorías diarias por  persona, la situación de las personas mayores ha empeorado en los últimos años,  principalmente en zonas rurales. Con base en las cifras del DANE, entre 2019 y  2020 se presentó una variación del 22,8% en la incidencia de pobreza extrema en  hogares con personas mayores como jefe de hogar, pasando de 7% en 2019 a 8,9%  en 2020. Así mismo, en la ruralidad se presentó una variación del 22,6%  respecto a 2019 en la que la incidencia de pobreza extrema pasó de 12,8% a  15,7% en 2020, más del doble reportado para el total nacional y tres veces  mayor en comparación con las cabeceras municipales.    

Este contexto pone de  manifiesto la alta vulnerabilidad en materia de ingresos, seguridad alimentaria  y otros aspectos vitales para la supervivencia de estos hogares, en el que  existe una brecha importante y por ende un mayor riesgo – en las zonas rurales  respecto a la ciudad o cabeceras municipales.    

Frente a las restricciones en  la participación laboral y el acceso a pensiones, se identifica que las  pensiones, el ahorro y la participación en el mercado laboral constituyen los  tres mecanismos existentes para la generación de ingresos en la vejez. En  consecuencia, la protección económica de las personas mayores está determinada  por dichos mecanismos. Al no contar con una pensión como mecanismo de  protección, las personas mayores deben permanecer en el mercado laboral pese a  haber cumplido la edad de jubilación. Incluso, aquellas que han logrado acceder  a una pensión o que han acumulado un patrimonio también se ven obligadas a  trabajar debido a que sus ingresos pueden resultar insuficientes (Villar,  Flórez, Valencia-López, Álzate Meza & Forero, 2016).    

Para el trimestre  octubre-diciembre de 2020, se estimaba que el 27% del total de personas mayores  estaba ocupada en alguna actividad, mientras que el 2,6% se encontraba  desocupada y el 70% correspondía a población inactiva. De esta manera, para  finales de 2020 la población mayor de 60 años representaba, aproximadamente, el  10% de la población ocupada a nivel nacional; de esta, el 3,9% era mujer y el  6,3% hombre. Pese a que no se observa un cambio significativo en el nivel de  ocupación de esta población entre 2019 y 2020, en el caso de las mujeres  personas mayores se evidencia una leve disminución, manteniendo así la  tendencia de periodos anteriores. Según datos publicados por el DANE (2021) en  el trimestre inmediatamente anterior (agosto-octubre) hubo una disminución de  185 mil personas mayores ocupadas con respecto a 2019, de las cuales el 69%  eran mujeres.    

La pérdida del empleo ocurrida  entre el 2019 y el 2020 advierte una situación de mayor dependencia económica y  vulnerabilidad a la cual se enfrentan las personas mayores. Según posición  ocupacional, el porcentaje de personas mayores que se encontraban ocupadas como  obreras o empleadas de una empresa se redujo del 44% al 13% en apenas un año.  En contraste, para el mismo periodo, se presentó un incremento entre las  personas mayores dedicadas a un trabajo por cuenta propia y el empleo  doméstico, afectando principalmente a las mujeres.    

Aunado a lo anterior, se  encuentra que el bajo nivel de los ingresos percibidos por la población mayor  reduce las posibilidades de ahorro. Según el DANE (2020), el 66 % de las  personas mayores ocupadas devenga hasta un (1) salario mínimo mensual legal  vigente – SMMLV o menos, mientras que el 18% gana entre 1 y 2 SMMLV, el 4,9 %  devenga entre 2 y 3 SMMLV, y sólo un 7 % de la población ocupada indicó que sus  ingresos son superiores a 3 SMMLV.    

El 31% de la población inactiva en Colombia corresponde a  personas mayores, de las cuales aproximadamente un 20% son mujeres. Las razones  principales por las cuales estas personas han dejado de buscar trabajo son: por  la edad (20%), por jubilación o retiro (20%), por enfermedad (19%) y por asumir  responsabilidades familiares (15%). En lo referente a la cotización en  pensiones, aproximadamente el 70% del total de las personas mayores ocupadas no  cotizaba a un fondo de pensiones (GEIH, 2020). Actualmente sólo el 18% de las  personas mayores que se encuentran trabajando están cotizando a un fondo de  pensiones, y pese al leve incremento que se observa con respecto a 2019, la  cotización a los fondos sigue siendo muy baja, dejando entrever que la  situación de dependencia y pobreza de las personas mayores probablemente se  acentuará en los próximos 10 años.    

Con respecto al acceso de las  personas mayores al Sistema General de Seguridad Social en Salud se evidencian  asimetrías importantes en los diferentes regímenes de aseguramiento. Se  encuentra que el 47,5% de la población corresponde al Régimen Subsidiado,  mientras que el 46,7% está en el Régimen Contributivo y el 5,8 % en los  regímenes Especial y de Excepción. Así mismo, por tipo de afiliación se  encuentra que en el Régimen Contributivo el 61,1% de mujeres es cotizante,  mientras que el 38,6% es beneficiaria y el 0,2% como adicional. En el caso de  los hombres, se observa que el 78,0% se encuentra como cotizante, el 38,6% es  beneficiario y el 0,1% adicional.    

En lo referente a pensiones, se  encuentra que cerca del 26% de las personas mayores en Colombia están  pensionadas, esto es, 1.680.022 de personas mayores (DANE, 2021). De acuerdo  con la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y FESCOL, en 2020, del total  de mujeres en edad de pensionarse, solo el 19% lo hizo, en comparación con 29%  de hombres, a lo que se suma el hecho de que el 81,5 % de las mujeres  pensionadas recibe menos de dos salarios mínimos, mientras que entre los  hombres el porcentaje de quienes reciben menos de dos salarios mínimos es de  73,1 % (MIEC y FESCOL, 2021). Además, los resultados del estudio “Evaluación de  políticas pensionales para reducir la brecha de género en la etapa de retiro en  Colombia” evidencian que en Colombia la probabilidad de pensionarse es del  15,12 % para las mujeres, mientras que la de los hombres es del 26,56 % en área  urbana. En área rural para las mujeres es del 4,18 % y del 9,07 % para los  hombres (López, 2021).    

De otro lado, se encuentra que  la cobertura de programas de transferencias condicionadas tales como Colombia  Mayor, Beneficios Económicos Periódicos –BEPS– y Programa de Subsidio de Aporte  a Pensión –PSAP– no es suficiente para atender a la población adulta mayor. De  acuerdo con la cobertura actual de estos programas (cobertura de programas:  Colombia Mayor, 1.6 millones de personas; BEPS, 578 mil personas y PSAP, 155  mil personas. MinTrabajo, 2020), cerca del 40% de la población mayor en  Colombia se encuentra en un riesgo latente, al no pertenecer ni estar amparados  por ninguno de los programas de transferencia o asistencia social, lo cual les puede  apalancar gastos asociados con sus actividades cotidianas, incluso en los  aspectos más básicos como alimentación o el acceso a una vivienda digna.    

Respecto a la insuficiente  cobertura en vivienda y acceso a servicios públicos, la vivienda desempeña una  función determinante en las condiciones de salud de la población, en especial,  para la “protección contra enfermedades transmisibles; protección contra  traumatismos, intoxicaciones y enfermedades crónicas; reducción de factores de  estrés psicológicos y sociales; mejora del entorno habitacional y protección de  personas potencialmente expuestas” (Ministerio de Salud y Protección Social,  2015). La vivienda se configura como el activo más importante para la población  adulta mayor (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha: 2015).    

De acuerdo con las cifras de la  Encuesta Nacional de Calidad de Vida para el año 2019, cerca del 35% de los  hogares con población mayor presentaba algún riesgo en relación con la tenencia  de la vivienda. De igual forma el 15,1% de los adultos mayores habita la  vivienda con permiso del propietario sin usufructo alguno, el 12,1% paga  arriendo o subarriendo y el 8,4% restante manifestó ser un ocupante de hecho, o  tener vivienda propia y aún estar pagándola, o estar ubicado en una propiedad  colectiva.    

En relación con la cobertura y  acceso de servicios públicos, los datos provenientes de la encuesta muestran  que el 47% de la población mayor no cuenta con acceso al servicio de  alcantarillado, el 35% no cuenta con el servicio de aseo y el 25% no tenía  acceso al servicio de acueducto. Así la alta proporción de población mayor que  aún no cuenta con vivienda propia, aunada a las dificultades para acceder a  créditos de vivienda, evidencian la existencia de condiciones adversas que  vulneran el derecho de esta población a contar con una vivienda adecuada. A  estas dificultades se suma la baja seguridad de la tenencia, que deriva de la  precariedad económica que afrontan.    

5.3. Problemas relacionados con  la inclusión y la participación social y política de las personas mayores    

De acuerdo con los datos de la  Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE 2015, la mayoría  de las personas mayores recibe compañía y afecto de sus hijas e hijos (85,6%),  siendo mayor el porcentaje de mujeres. Además, las personas mayores reciben  afecto de otras personas con las que conviven (94%). Al indagar por situaciones  en las que las personas mayores perciben que se las trata de manera injusta,  solo el 1,5% de los hombres y el 1% de las mujeres mencionó a la familia. En  este sentido, las familias y las relaciones que se sostienen con las personas  con las que comparten su hogar son fuente de soporte emocional para las  personas mayores. Según el DANE, mientras en 2005 el 11 % de la población en  Colombia tenía un hogar unipersonal, 15 años después, el número de personas que  viven solas es de 18%, es decir, un aumento porcentual de 7 puntos (DANE, CNPV-  2018). A ello se suma el paulatino aumento que tendrán los hogares compuestos  solamente por personas mayores, cuyo porcentaje fue de 12,1% en 2019, en  comparación con el 11,3% de 2018.    

De acuerdo con la información  estadística del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante 2021 ingresaron al  país 1,5 millones de personas de las cuales 135 mil son adultos mayores.  (Migración Colombia, 2021). De este total, 45 mil corresponden a personas  mayores cobijadas mediante el Estatuto Temporal de protección al migrante  venezolano.    

De acuerdo con la Encuesta  Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE, más de la mitad de las  personas mayores participa en actividades grupales (55%), principalmente en  grupos religiosos. Las personas menores de 85 años participan un 30%, sin  diferencias significativas entre grupos de edad (60-64 años: 30,5%; 65-69 años:  30,1%; 70-74 años: 30,5%; 75-79 años: 28,5%; y 80-84 años: 30,5%. Las personas  mayores de 85 años reportaron una menor participación en estos grupos, con el  20% (IC95% 15,9-23,5). Según el sexo, las mujeres tienen una mayor  participación en grupos religiosos, ya que más de la tercera parte lo hace  (35,4%). En contraste, solo una cuarta parte de los hombres participa en estos  grupos (23,4%).    

El siguiente escenario con el  mayor porcentaje de participación lo constituyen los grupos de personas  mayores, en los que participan 12% de las mujeres y 7% de los hombres. A este  le siguen los grupos comunitarios, con 5% de mujeres y 7% de hombres  participantes; y los grupos de actividad física, con 7% de mujeres y 4,5% de  hombres. La participación en otros escenarios o grupos, como los deportivos (M:  3,5% – H: 6,5%), los políticos (M: 1,5% – H: 3,9%), los de salud (M: 2,5% – H:  2,1%), los ecológicos (M: 1% – H: 2%), los gremiales (M: 0% – H: 1,5%) y los  étnicos (M: 0,5% – H: 0,5%) es muy baja.    

Frente a las dificultades de  accesibilidad, movilidad, adaptabilidad en el entorno físico, de acuerdo con la  encuesta SABE, se identificó que, en general, la percepción de las personas  mayores respecto de la infraestructura física de su vecindario es negativa. Más  de una cuarta parte de las personas (26,8%) mencionó que en su vecindario hay  muchas aceras y andenes irregulares y que no tienen transporte público cerca de  la vivienda (28,4%). El 43,6% consideró que no hay parques o áreas para caminar  y el 48,5% dijo que no hay centros deportivos o de recreación. La mayoría  consideró que no hay sitios para sentarse o descansar en las paradas del bus o  en parques (67,9%) y que para las personas con discapacidad no hay transporte  público (79,0%) ni parqueaderos adecuados (86,2%).    

Con respecto a la adecuación de  espacios en zonas rurales versus zona urbana se encuentra que, en la primera,  el reporte de muchos andenes y aceras irregulares fue 11,7%, mientras que en la  zona urbana fue de 31%. Se observó, además, que en zonas rurales se reporta en  mayor proporción la ausencia de parques, centros deportivos, sitios para  sentarse y transporte público cercano a la vivienda, en comparación con el área  urbana. Lo anterior da cuenta de la baja adaptabilidad de espacios públicos y  el escaso fomento de espacios incluyentes para toda la población, en donde se  hace necesario mayor esfuerzo en la planeación y diseño de lugares que aborde  una visión más allá del orden utilitarista en la disposición y uso del suelo  (BID, 2021).    

Frente al consumo cultural,  teniendo presente la vulnerabilidad económica, en la que se encuentra la  mayoría de la población persona mayor, se evidencia un impacto directo en sus  decisiones de consumo. Los gastos más frecuentes a partir de la Encuesta  Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2016-2017, así, los hogares con  personas mayores el gasto más frecuente es en alimentos y bebidas no  alcohólicas (53,3%) y bienes y servicios diversos (14,3%) en el área urbana y,  de manera similar, en alimentos y bebidas no alcohólicas (36,8%) y transporte  (23,2%) en el área rural. Igualmente, las categorías en las que presentan  gastos más frecuentes con el menor porcentaje en el área urbana son transporte  (0,8%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,8%) en el área urbana, y prendas de  vestir y calzado (3,4%) y bebidas alcohólicas y tabaco (2,5%) en el área rural,  dejando apenas un 6,9% y 3,5% al consumo en bienes y servicios de recreación y  cultura en las áreas urbana y rural, respectivamente.    

Los gastos de consumo menos  frecuentes se encuentran en educación (19,1%) y recreación y cultura (17,8%) en  el área urbana y restaurantes y hoteles (21,8%) y educación (20,2%) en el área  rural. Adicionalmente, se encuentran nuevas categorías de artículos consumidos  que no fueron reportados entre los gastos más frecuentes entre las que destacan  salud (10,1%) y transporte (6,0%) para el área urbana, y bienes y servicios  diversos (5,0%) e información y comunicación (1,4%) para el área rural. De esta  manera, se observa que el consumo de bienes y servicios de estos hogares se  concentra principalmente en alimentos, muebles y artículos para el hogar, y  vivienda y acceso a servicios públicos.    

Por otra parte, al analizar las  prácticas de consumo cultural de las personas mayores se encuentra que, en  general, menos del 40,5% de esta población realizó alguna actividad de este  tipo en los últimos 12 meses. En particular, la práctica más destacada es la  lectura de libros con el 40,5%, lectura de revistas con el 32,8% y asistencia a  ferias o exposiciones artesanales con el 14%. En contraste, las prácticas que  tuvieron una participación inferior a 9% se relacionan con asistencia a  espacios culturales como bibliotecas, monumentos históricos, sitios  arqueológicos, monumentos nacionales y centros históricos, entre otros.    

5.4. Discriminación por edad y  violencias contra las personas mayores    

Frente a la discriminación  contra las personas mayores, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de  Salud Mental – 2015, en la población de 60 años y más, 16% de las mujeres y  12,9% de los hombres han sentido discriminación o rechazo. Respecto al lugar o  ámbito en el que se han sentido de este modo, solo se obtuvo información  precisa respecto al trabajo, porcentaje que fue del 19,8% del total de las  mujeres que dijeron sentir discriminación o rechazo y del 44,3% entre los  hombres que dijeron lo mismo.    

Por su parte, el Observatorio  de la Edad de la consultora Serperennial desarrolló una encuesta online,  con el objetivo de conocer la exclusión por edad en entornos corporativos entre  el 20 de junio al 20 de septiembre del 2020. Según el Observatorio, los mayores  de 45 y más años son discriminados por la falta de conocimiento tecnológico y  los mayores de 46 años son los más discriminados por edad en las empresas y,  además, las mujeres sienten doble discriminación, por sexo y por edad. En este  estudio se muestra que, en el rango de edades de 56 a 65 años, el 63% de los  encuestados en Colombia y países de Iberoamérica se han sentido discriminados  por su edad a la hora de encontrar un empleo. Además, al 80% de los encuestados  se les pregunta la edad, como una de la categoría para validar su ingreso al  mercado laboral.    

La prevalencia de casos de  violencia contra las personas mayores implica un nivel de riesgo alto para la  salud física y mental, y pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas  de prevención y mitigación. De acuerdo con los datos de la Encuesta SABE, para  2016 el 12,3% de las personas mayores reportó haber sufrido algún tipo de  maltrato. Específicamente las personas entre los 60 y 69 años (26,3%  psicológico, 7% físico, 0,6% sexual, 3% financiero y 18% negligencia). Respecto  a los casos de maltrato físico y sexual la mayoría fueron reportados por mujeres.  (57% y 80% respectivamente). Estos reportes de violencias se dieron  principalmente en zonas urbanas (12,5%), y en particular en personas que  reportan ingresos económicos “muy insuficientes” (20,6%).    

De acuerdo con los registros de  lesiones de causa externa no letales del Instituto Nacional de Medicina Legal y  Ciencias Forenses, en el periodo 2015-2020 se hicieron 45.516 valoraciones por  razón de violencia interpersonal, violencia intrafamiliar contra las personas  mayores, presunto delito sexual y violencia de pareja, en las que la persona  afectada es una persona mayor. En promedio, los hombres reciben 54% más  valoraciones por estas violencias que las mujeres; es decir, en promedio los  hombres reciben 167 valoraciones por cada cien mil habitantes, mientras que las  mujeres reciben 90 valoraciones por cada cien mil habitantes.    

Los casos de violencia  intrafamiliar contra las personas mayores representaron cerca del 25,2% de las  valoraciones anuales entre 2015 y 2020. Se observa que en promedio el 53,3% de  las valoraciones anuales se realizan a mujeres mientras que el 46,7% de las  valoraciones se realiza a hombres. Sin embargo, esta proporción no se ve  reflejada en la tasa ajustada por la población, en donde a los hombres se les  realizan en promedio 32 valoraciones al año por cada cien mil habitantes,  mientras que a las mujeres se les realizan 30 valoraciones al año por cada cien  mil habitantes. En 2017, en Colombia, el Centro de Referencia Nacional sobre  Violencia, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  destacó un ascenso de las lesiones no fatales contra la persona mayor, en un  17,6%. En el mismo año se realizaron 27.538 exámenes médico-legales por  violencia intrafamiliar y, de estos, el 7,06% correspondía a violencia contra  la persona mayor.    

En relación con los tipos de  maltrato, se encuentra que el psicológico es el más frecuente en personas  mayores teniendo su origen en una relación potencialmente dañina entre la  persona mayor y el cuidador, pues le genera al primero sentimientos de  inseguridad, angustia y baja autoestima; además, transgrede la dignidad y el  respeto a la autonomía. En un estudio realizado para el departamento de  Antioquia, el tipo de maltrato más frecuente fue el psicológico (5%), y en otro  estudio en Pasto (5,4%), también fue el más encontrado; en todo caso se  reconoce su existencia en todos los escenarios.    

Con base en la información del  Instituto Nacional de Medicina Legal se encontró que el 9% de las personas  mayores sufren maltrato por negligencia, sobre todo en las zonas rurales  distantes. En este grupo surge la autonegligencia, como un tipo de maltrato que  se manifiesta con la negación para obtener una adecuada alimentación,  vestuario, vivienda, seguridad, higiene personal y medicación, que incluso  puede llegar a un suicidio pasivo en una persona mayor, mental y físicamente  competente. (Forero Borda, 2019).    

Frente a la violencia de pareja  contra las personas mayores, el periodo 2015 – 2020 representó en promedio el  8,5% de las valoraciones anuales; se observa que en promedio el 65,8% de las  valoraciones anuales se realizan a mujeres mientras que el 34,2% se realiza a  hombres. Respecto al presunto delito sexual contra las personas mayores, el  periodo 2015 – 2020 representó en promedio el 1% de las valoraciones anuales,  del cual el 90,4% se realizan a mujeres mientras que el 9,6% en hombres.    

En lo que respecta a las  violencias en el marco del conflicto armado, de acuerdo con el Registro Único  de Víctimas, para 2021, del total de personas vivas plenamente identificadas,  1.124.766 son mayores de 60 años, lo que equivale al 14% del total de población  víctima.    

5.5. Problemas relacionados con  la salud, la dependencia y el cuidado de las personas mayores    

A la par de la transición  demográfica, Colombia atraviesa por una transición epidemiológica caracterizada  por la prevalencia de enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas,  las cuales son producto de la confluencia de factores genéticos, fisiológicos,  ambientales y del comportamiento que son de larga duración y pueden conducir a  muertes prematuras.    

De acuerdo con el más reciente  informe de la Defensoría del Pueblo, para el año 2019, cerca de 4,5 millones de  personas mayores manifestaron tener algún problema de salud en los últimos 30  días en los que la solución dada fue acudir a la entidad de salud a la cual es  afiliado (74,7%); acudir al médico particular y usar remedios caseros (6,9% en  cada ítem), autorrecetarse (4,2%), acudir a un boticario o droguista (3,6%) o  no hacer algo (2,7%) (Informe Defensorial, 2019).    

Respecto a la prevalencia de  enfermedades crónicas o no transmisibles, se identifica que las condiciones  crónicas de salud se presentan de forma recurrente entre las personas mayores  ya que afectan a más del 40% de esta población. De acuerdo con el análisis  realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la dependencia  y el envejecimiento en Colombia, el 21,2% de la población de 60 años o más  sufre de algún grado de dependencia, lo cual equivale a alrededor de 1,1  millones de personas. Si la tendencia de la-incidencia de enfermedades crónicas  continúa al alza como hasta ahora, esta cifra puede llegar a sobrepasar los 2,1  millones en los próximos diez años, representando más de la cuarta parte  (26,4%) de la población de 60 años o más (BID: 2019).    

Entre las otras prevalencias  que más aquejan a la población mayor se encuentran la audición (27,2%),  artritis-artrosis (25,8%), diabetes mellitus (18,5%), síndrome de fragilidad  (síndrome geriátrico caracterizado por la disminución de la capacidad del  organismo para responder a los factores estresantes externos) (15,2),  enfermedad isquémica cardiaca (14,5%), osteoporosis (11,8%) y Enfermedad  Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC – (11,4%). En relación con el síndrome de  fragilidad, se encuentra que las mujeres de mayor edad que viven en zona rural  son más afectadas que las de menor edad, de estrato socioeconómico alto y que  viven en zona urbana. Una de las mediciones sobre fragilidad tiene que ver con  las caídas que representan un 31,9% y en las que son las mujeres las mayormente  afectadas.    

Al desagregar los datos en  cuanto a sexo, se puede observar que la prevalencia de hipertensión arterial es  mayor en mujeres que en hombres (66,3% y 54,6% respectivamente), así como  también lo es la prevalencia de artritis – artrosis (36,4% y 14,8%  respectivamente), la prevalencia de osteoporosis (18,7% y 4,7%  respectivamente), y la prevalencia de demencia con un 11% entre las mujeres  frente a un 7,9% entre los hombres. Adicionalmente, se observa que, entre las personas  mayores, sólo el 15% dicen no presentar alguna o presentar sólo una condición  crónica de salud (19,1% en hombres y 11,6% en mujeres), mientras que el 50,6%  refiere presentar entre dos y tres (51,3% en hombres y 49,9 en mujeres), y 6,4%  dicen presentar seis condiciones crónicas o más de manera simultánea, por lo  que en este caso resulta mayor la proporción de mujeres que la de hombres con  un 7,8% y 4,8% respectivamente (Ministerio de Salud y Protección Social;  Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias;  Universidad del Valle; Universidad de Caldas, 2016).    

Respecto a la morbilidad  atendida, a partir de los Registros Individuales de Prestación de Salud – RIPS,  se puede observar que entre 2009 y 2020 se han atendido anualmente en promedio  3.553.960 personas de 60 años o más y se prestaron en promedio 72.669.296, es  decir que, en promedio, una persona de 60 años o más ha recibido 20 atenciones.  El mínimo de personas atendidas se registró en 2009 (1.718.797) coincidiendo con  el año de menos atenciones (27.742.878), mientras que el mayor número de  personas atendidas se presentó en 2019 (5.497.315) y el mayor número de  atenciones se presentó en 2020 (125.650.498).    

Para el periodo 2009 -2020 las  atenciones que se encuentran en primer lugar corresponden a las enfermedades no  transmisibles y aportan en promedio el 76,1% (30.415.906) de las atenciones  realizadas a 3.026.780 personas en promedio anualmente, es decir, un promedio  de 10 atenciones anuales por esta causa. Le siguen las condiciones  transmisibles y nutricionales con el 5% de las atenciones realizadas y 3,4  atenciones en promedio al año, luego las lesiones con el 3,9% de las atenciones  realizadas y 4,1 atenciones en promedio al año, y finalmente las condiciones  maternas perinatales con un 0,02% del promedio de las atenciones realizadas y  2,9 atenciones en promedio al año.    

Durante el mismo periodo de  análisis, la proporción según el sexo del total agregado de personas de 60 años  o más atendidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud es de 59,2%  de mujeres y 40,8% de hombres. El acumulado de las atenciones en los servicios  de salud a población de 60 años o más en el periodo 2009 – 2020 muestra que el  95% de las atenciones fueron en modalidad de consulta con un promedio anual de  23.189.514, seguido de las atenciones por urgencias con un 2,9% con un promedio  anual de 702.583, y, finalmente, las atenciones por hospitalización con un 2,1%  y un promedio anual de 520.400 atenciones.    

Por otro lado, se encuentra un  significativo aumento de las personas atendidas por enfermedades  neuropsiquiátricas, pasando de 52.886 en el 2009 a 302.690 en el 2020, es  decir, un incremento del 572%, así como un notorio aumento (918%) del número de  atenciones en el mismo período, pasando de 160.719 atenciones en el año 2009 a  1.475.930 en el 2020. En el período 2015 – 2020, la mayoría de los diagnósticos  en trastornos mentales y del comportamiento a personas mayores corresponden a  trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos  somatomorfos (28,9%), seguidos de los trastornos mentales orgánicos, incluidos  los trastornos sintomáticos (25,3%) y los trastornos del humor (21,4%).    

Otro aspecto para considerar es  lo concerniente a salud sexual y reproductiva en personas mayores. De acuerdo  con la encuesta nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE, el 73,3%  de los hombres y el 27% de las mujeres consideran la sexualidad como algo  importante o muy importante. Esta diferencia considerable entre hombres y  mujeres puede tener relación con las desigualdades de género, aunado al impacto  positivo a lo largo del curso de vida en relación con la tolerancia al dolor,  depresión, incidencia de enfermedades crónicas e incluso mayor exposición a la  mortalidad: (Lagana et al, 2010; Ravanipour, 2013; Profamilia, 2021).    

Frente a la mortalidad y pese a  los esfuerzos de las prevalencias evitables, en la población mayor sigue siendo  elevada. Así, por ejemplo, entre 2015 y 2020 la mayor cantidad de defunciones  por enfermedades isquémicas del corazón ocurre entre personas de 65 y más años.  Sólo en 2020 el 89% de las muertes por esta causa ocurrieron entre este grupo  etario. En el periodo 2010 – 2020, en Colombia, se produjeron en promedio  151.164 defunciones al año de personas mayores de 60 años. En general la  tendencia fue relativamente constante entre los años 2010 – 2019, con un pico  importante en el año 2020, incrementando las defunciones en un 25% con respecto  al año anterior.    

Entre 2010 y 2020 la principal  causa de muerte de la población mayor de 60 años estuvo asociada las  enfermedades del sistema circulatorio con un 39%, causando en promedio 10,6  muertes al año por cada mil habitantes. Para 2020, las muertes a causa de  enfermedades transmisibles llegaron a su máximo durante el período de análisis  representando un 26,6% de las muertes de la población mayor durante el año  causando 8,4 muertes por cada mil habitantes, en buena medida asociada con la  pandemia por Covid-19. El grupo de las demás causas que se conforma como una  agrupación de diagnósticos residuales cuenta con 14 subgrupos, en donde la  mayor causa de defunciones se encuentra relacionada con enfermedades crónicas  de las vías respiratorias inferiores, seguida por diabetes mellitus.    

Respecto a la dependencia  funcional en personas mayores, la mayor preocupación se relaciona con la  pérdida de movilidad, a pesar de la alta prevalencia de condiciones crónicas,  la conservación de la movilidad permite a la persona mayor saberse en la vejez,  pero no sentirse viejo, mientras que la pérdida de movilidad los lleva a la  dependencia física, la pérdida de independencia y de autonomía (Ministerio de  Salud y Protección Social; Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e  Innovación, Colciencias; Universidad del Valle; Universidad de Caldas: 2016).    

Del total de personas que se  encuentran incluidas en el Registro de Localización y Caracterización de  Personas con Discapacidad – RLCPD, identificadas como vivas en el Registro Único  de Afiliados RUAF-Módulo de Nacimientos y Defunciones (1.319.049 personas), la  población de 60 años o más corresponde al 38,8% (512.103) del total de la  población con discapacidad que se encuentra en el registro. De este total de la  población mayor, se observa que el 55,8% (285.645) son mujeres mientras que el  44,2% (226.449) son hombres; además de que para ambos sexos la mayor proporción  se encuentra en población de 80 años o más.    

De acuerdo con los resultados  de la encuesta nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, en relación con  la dependencia funcional, el 89,4% de las personas entre 60 y 64 años es  independiente, el 10,5% presenta algún grado de dependencia: escasa, moderada o  severa y el 0,1 % presenta dependencia total; en el quinquenio de 65 a 69 años  el 86,4% es independiente, el 13,5% presenta algún nivel de dependencia y el  0,2% es totalmente dependiente; y en los siguientes quinquenios se observa una  distribución similar. Con respecto a la dependencia funcional para la  realización de actividades instrumentales de la vida diaria el 76,2% de las  personas entre 60 y 64 años es independiente y el 23,8% es dependiente; el  73,1% en el quinquenio de 65 a 69 años es independiente y el 26,9% no; y el  60,5% de las personas entre 70 y 74 años es independiente y el 39,5% tiene  algún grado de dependencia. Por su parte, en los siguientes quinquenios la  distribución cambia, la proporción de personas dependientes es mayor en los  rangos de edad entre 75 y 79 años y 80 años o más con un porcentaje equivalente  a 54,3% y 79,6%, respectivamente. La desagregación por sexo evidencia que el  64,1% de los hombres son independientes y el 35,9% son dependientes. En  contraste, la brecha se reduce ligeramente para el caso de las mujeres, el  59,5% son independientes y el 40,5% restantes son dependientes para la  realización de actividades instrumentales.    

Respecto al aumento de la  población mayor potencialmente demandante de servicios de cuidado y atención  integral de calidad, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, la  tipología generacional de los hogares colombianos en 2019 muestra que el 67,8%  de los hogares en Colombia no tiene personas mayores y el 32,2% restante está  compuesto por personas de 60 años o más. De los hogares en los que se  encuentran personas mayores el 12,1% está conformado únicamente por esta  generación, el 11,8% por dos generaciones: personas mayores y adultos con  edades que oscilan entre 18 y 59 años (10,8%) o personas mayores, niños y  adolescentes (1%); y el 8,3% de los hogares se caracteriza por ser  multigeneracionales, es decir, están compuestos por las tres generaciones. Así  mismo, con respecto al año anterior, hubo un ligero incremento de hogares  compuestos solamente por personas mayores y una leve reducción de hogares  multigeneracionales y con dos generaciones.    

La composición de los hogares  evidencia la demanda potencial de cuidado de las personas mayores. Las personas  de 60 años y más que cohabitan con otros miembros de su familia cuentan con  apoyo y cuidado en caso de que así lo requieran. Por el contrario, las personas  de 60 años y más que viven solas (hogares unipersonales) o conviven solamente  con otras personas de su misma edad (hogares generacionales) requieren de  especial atención al no contar con el apoyo de otras personas o no proveer  recursos suficientes para solicitar servicios de cuidado privados y por ende  van a demandar estos servicios por fuera del hogar. (Fedesarrollo y Fundación  Saldarriaga Concha, 2015; BID: 2019).    

Frente a la prevalencia del  cuidado informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de  2019, el 74,6% de las personas mayores no requiere cuidado; el 16,8% recibe  cuidado de una persona del hogar, el 3,3% por una persona de otro hogar no  remunerada, el 1,3 por una persona de otro hogar remunerada y el 4,1% permanece  sólo. Al analizar las características de las personas de otros hogares que  proveen asistencia y cuidado a personas mayores, se encuentra que en el año  2019 que el 86,5% son mujeres y el 13,5% son hombres.    

Según los resultados de la encuesta  nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, el 91,9% de las personas  cuidadoras familiares brindan apoyo en la realización de otras actividades  cotidianas como salir a la calle, hacer compras o ir al médico, el 71,9%  realiza las labores domésticas, el 36,5% brinda cuidados personales, y el 12%  cuidados especializados de ayuda. El orden de los tipos de cuidado se mantiene  entre hombre y mujeres, particularmente con una participación más alta de las  mujeres en cuidados especializados, personales y tareas domésticas, mientras  que los hombres son mayoría por una leve diferencia en el desarrollo de otras  actividades de cuidado, con el 93,5%.    

5.6. Factores personales y  conductuales que obstaculizan el envejecimiento saludable    

Los factores personales y  conductas en personas mayores se encuentran altamente influenciados por su  entorno, en el que elementos sociales, económicos y su estilo de vida  precedentes los que determinan sus condiciones en la vejez  (Fernández-Ballesteros, 2011; Jiménez-Aguilera, BailletEsquivel, Avalos-Pérez,  & Campos-Aragón, 2016; Segura Cardona & Segura Cardona & Cano  Sierra & Garzón Duque & Cardona Arango, 2016; Vega, 2018). De esta  manera, la población mayor en Colombia enfrenta serios retos ligados a su entorno,  vinculados a carencias y bajos niveles de ingresos, a los que se suman los  hábitos de vida poco saludables. Estos hábitos de vida se expresan en una  alimentación no balanceada, así como en alcoholismo, tabaquismo y una escasa  actividad física y deportiva, todo lo cual influye en la probabilidad de sufrir  comorbilidades graves y en la propensión a la dependencia funcional, llevando a  esta población hacia una mayor incidencia y gravedad en las alteraciones  permanentes sufridas, deteriorando así su calidad de vida (Segura Cardona &  Segura Cardona & Cano Sierra & Garzón Duque & Cardona Arango 2016).    

Así, frente a la prevalencia de  hábitos de vida poco saludables, de acuerdo con los datos de la Encuesta  Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, el consumo de tabaco tiene una  prevalencia del 12% en las personas mayores, mientras el 42% refieren ser  exfumadores y el 46% refiere nunca haber fumado; se observa además que el grupo  de fumadores disminuye a medida que aumenta la edad, pasando de 15,5% de  personas mayores de 60 años, a 5,5% en los mayores de 85 años (Ministerio de  Salud y Protección Social; Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e  Innovación, Colciencias; Universidad del Valle; Universidad de Caldas, 2016).  En lo referente al consumo de alcohol, de acuerdo con los resultados de dicha  encuesta, el 13,8% de personas mayores refirió haber consumido alcohol en el  mes previo a la aplicación de la encuesta, presentando una relación inversa  entre la edad de la persona y el consumo de alcohol pasando de un 18,5% entre  las personas de 60 a 64 años a un 6% entre las personas de 85 años o más, sin  embargo, la cantidad reportada fue menor a las cantidades de riesgo  establecidas por la OMS.    

Según los datos de la referida  encuesta, el 20% de las personas mayores refiere participar al menos tres veces  por semana en actividades deportivas o ejercicios de carácter vigoroso,  encontrándose con mayor frecuencia entre los hombres (26,4%) que entre las  mujeres (14,5%); la actividad física además disminuye a medida que la persona  es mayor, pasando de 25,4% entre las personas de 60 a 64 años a un 7,3% entre  las personas de 85 años o más. Además, se encuentra una relación inversa entre  la actividad física y los ingresos de fa persona mayor, pues entre quienes  reportan tener ingresos menores a 1 SMMLV el 15,7% reporta realizar este tipo  de actividades, mientras que entre quienes reportan ingresos mayores a 4 SMMLV  el 36,2% participa de actividades físicas; situación similar a la presentada en  el grado de escolaridad, donde entre quienes no cuentan con ningún nivel  educativo el 9% realiza actividades físicas, mientras el 36,4% de quienes  cuentan con estudios universitarios o de posgrado realizan este tipo de  actividades (Ministerio de Salud y Protección Social; Departamento Administrativo  de Ciencia Tecnología e Innovación, Colciencias; Universidad del Valle;  Universidad de Caldas, 2016).    

5.7. Problemas asociados con la  educación de las personas mayores, el uso de tecnologías de la información y la  comunicación y la formación de profesionales.    

Existe una extensa bibliografía  que resalta la importancia del nivel educativo y su asociación con  comportamientos más saludables, mayor uso de tecnologías en salud y menores  tasas de mortalidad (OMS, 2015; De la Cruz y otros, 2013; Peláez y otros,  2011). Un análisis de Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha (2015),  evidencia que un aumento de 10% en los años de educación en la población, está  correlacionado con la disminución de la probabilidad de presentar  complicaciones crónicas entre 1 y 2 puntos porcentuales y, en particular, en  las personas mayores el efecto es de hasta 4 puntos porcentuales adicionales.  De esta manera se puede inferir que, un bajo nivel educativo en personas  mayores puede verse reflejado en condiciones que exponen su vulnerabilidad  desde diferentes aspectos: ingresos, salud, aspectos relacionados con el  cuidado, entre otros, que inciden en su calidad de vida y el su bienestar.    

Respecto al nivel educativo  entre las personas mayores, los resultados del Censo Nacional de Población y  Vivienda indicaron que para el año 2018 el porcentaje que no sabía leer y  escribir era del 14,5%, el 59,3% accedió a educación básica, el 11,6% a  educación media y el 13,5% a educación superior. Los mayores niveles educativos  alcanzados por esta población son básica primaria que corresponde al 49,3% de  las personas mayores, seguido por superior, esto es universitaria, técnica y  tecnológica, que equivale al 12,9% media, es decir, 11º grado, académico y  técnico que representa el 11,5%, básica secundaria (9º grado) con el 10%. El  16% restante solo estudio preescolar o no tiene ningún nivel educativo.    

Respecto al alfabetismo y  brecha digital, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de  Vida, durante 2018 y 2019 cerca del 70% de las personas de 60 años o más no  utilizan internet, mientras que, aproximadamente el 20%, lo utilizan todos los  días de la semana, el 6,25% lo usa al menos una vez a la semana, el 0,84% lo  usa al menos una vez al mes y el 0,23% lo usa al menos una vez al año. En tal  sentido, el acceso y adaptación en el uso de tecnología y nuevas comunicaciones  representan una barrera importante para las personas mayores. La irrupción de  la tecnología en la vida cotidiana de las personas, y las transformaciones que  ha generado en las dinámicas de interacción social, ha sido una transformación  que la población mayor no ve de la mejor forma, pues entiende la virtualización  y la distancia geográfica como una tendencia a la soledad (Ministerio de Salud  y Protección Social; Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e  Innovación, Colciencias; Universidad del Valle; Universidad de Caldas, 2016).    

Con respecto a las personas  mayores que usan internet, la información revela que para 2019, el 75,64% lo  utilizaba al menos una vez en el año y accedían desde su hogar, mientras el  18,3% lo hacía desde su lugar de trabajo, el 3,8% desde centros públicos  gratuitos y el 2,26% desde centros de acceso públicos con costo (café  internet).    

Entre las principales razones  para no usar el internet, el 84,8% de las personas mayores manifestó no  utilizar computadores de escritorio, computadores portátiles o tabletas.  Además, entre quienes manifestaron no acceder a internet, en la Encuesta  Nacional de Calidad de Vida de 2019, el 64,61% de las personas manifestó como  razón no saber utilizarlo, mientras el 34,82% manifestó no considerarlo  necesario, el 8,25% manifestó que es muy costoso, el 1,37% manifestó no tener  cobertura del servicio en la zona, el 0,16% manifestó razones de privacidad, el  0,10% manifestó que no se lo permitían y el 1,11% manifestó alguna otra razón.    

Frente a la formación  profesional para atender a la población mayor, de acuerdo con el Sistema de  Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), en el año 2019 se  reportan tres programas de posgrado en el nivel de especialización (Geriatría,  Medicina Interna – Geriatría, y Psicogerontología) y un programa de pregrado  (Gerontología) que se relacionan directamente con la atención integral de las  personas mayores. Por su parte, al consultar el Registro de Talento Humano en  Salud (ReTHUS), se encuentran en total 1.073 profesionales registrados, 1.004  en la profesión de Gerontología (848 hombres y 156 mujeres) y 67 profesionales  especializados en Geriatría (35 hombres y 34 mujeres). Al analizar la tendencia  de la oferta de profesionales de la salud en estas dos áreas, desde el año  2011, que se encuentran activos por los aportes generados a seguridad social en  salud, se observa que el comportamiento ha sido muy similar. El número de  profesionales en gerontología ha presentado un leve incremento con el pico más  alto en 2016 (663), año a partir del cual empiezan a descender y, de igual  forma, los profesionales especializados en geriatría presentan un leve aumento,  siendo el año 2017 el pico más alto (68), seguido por un menor número de  personas en los últimos años.    

Por otra parte, según el  Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano  (SIET), el país cuenta con 1.269 programas de formación para la obtención de  certificación de tipo Técnico Laboral en atención, asistencia y cuidado  integral de las personas mayores; auxiliar de hogar geriátrico; y geriatría y  gerontología. Los programas se ofrecen en 95 instituciones de todo el  territorio nacional, distribuidas en 20 departamentos y el distrito capital.  Así mismo, al consultar los cursos especiales impartidos por los centros de  formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se encuentra un curso en  modalidad presencial relacionado con la atención integral de personas mayores  denominado “Aplicación de programas de actividad física en personas mayores”.    

Por último, aunque se han  iniciado procesos de formación para personas cuidadoras formales e informales  es probable que, entre las barreras para acceder a los programas ofertados se  encuentren el costo o la falta de tiempo disponible, aunado a la oferta  limitada de programas o de entidades territoriales con instituciones o centros  de formación que abordan temas referentes a la atención integral de personas  mayores (Flórez et al., 2015).    

6. Política Pública Nacional de  Envejecimiento y Vejez    

6.1 Objetivo general    

Garantizar las condiciones  necesarias para el envejecimiento saludable y la vivencia de una vejez digna,  autónoma e independiente en igualdad, equidad y no discriminación, en el marco  de la protección, promoción, defensa y restablecimiento de los derechos humanos  y bajo el principio de corresponsabilidad individual, familiar, social y  estatal.    

6.2 Objetivos específicos    

• Reducir las desigualdades e  inequidades económicas que enfrentan las personas mayores en el territorio  nacional.    

• Fomentar la inclusión social  y el ejercicio de la participación ciudadana de las personas mayores en los  espacios de incidencia nacional y territorial.    

• Garantizar la protección  legal, el buen trato, la eliminación de la discriminación y las violencias  contra las personas mayores.    

• Garantizar el derecho  fundamental a la salud y los servicios sociosanitarios y/o de cuidados de largo  plazo.    

• Fomentar el envejecimiento  saludable para lograr una vida independiente, autónoma y productiva en la  vejez.    

• Garantizar el derecho a la  educación de las personas mayores y fomentar la formación y la investigación  para el abordaje del envejecimiento y la vejez.    

6.3 Principios y enfoques de la  política pública    

Esta política se basa en seis  principios y ocho enfoques, que guardan coherencia con las garantías  constitucionales y legales que mantiene el Estado Social de Derecho para la  población en general y para las personas mayores en particular. De ellos se  predican los derechos inalienables de la persona, así como los políticos,  económicos y colectivos. Del mismo modo, el respeto por la dignidad humana, la  igualdad ante la ley sin discriminación, el reconocimiento por la diversidad y  la concurrencia solidaria del Estado, la sociedad y la familia en la protección  de las personas mayores, en su integración a la vida productiva y comunitaria y  en la provisión de los servicios de la seguridad social integral.    

6.3.1 Principios que rigen la  política    

Dignidad: Las  personas mayores deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de  explotaciones y malos tratos físicos y psicológicos. Recibirán un trato digno  independientemente de la edad, sexo, género u orientación sexual, procedencia  étnica, discapacidad u otras condiciones y han de ser valoradas  independientemente de su contribución económica.    

Independencia: Las  personas mayores tienen derecho de habitar en su propio domicilio por tanto  tiempo como sea posible, a vivir en entornos seguros, al acceso a programas  educativos y de formación adecuados, a participar en la determinación de cuándo  y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales, a tener ingresos y  al apoyo de sus familias o del Estado, si se encuentran en condición de alta  vulnerabilidad.    

Autorrealización: Las  personas mayores deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar  plenamente su potencial y tener acceso a los recursos económicos, familiares,  sociales, educativos, laborales, culturales, recreativos para poder desarrollar  su propio proyecto de vida.    

Participación: Las  personas mayores deberán permanecer integradas a la sociedad, participar  activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten su  bienestar y compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más  jóvenes, buscar y aprovechar oportunidades para prestar servicios a la  comunidad y realizar acciones de voluntariado apropiadas a sus intereses y  capacidades y a formar movimientos de personas mayores.    

Cuidados: Las  personas mayores deberán disponer de los cuidados y la protección de la  familia, la comunidad y el Estado, estos cuidados deben ser ofrecidos,  prioritariamente, en su vivienda, pero cuando residan en instituciones estos se  deben garantizar en términos de calidad, respeto a su dignidad, creencias,  necesidades e intimidad. Las personas mayores tienen derecho a la atención  integral en salud para mantener o recuperar su bienestar físico, mental y  emocional y para prevenir o atender la aparición de la enfermedad y la  discapacidad. Así mismo, tienen derecho a servicios sociales y jurídicos y  asegurar mejores niveles de autonomía y protección.    

Corresponsabilidad: En la  atención, protección y respeto de las garantías constitucionales de las  personas mayores, deberán concurrir las acciones de la propia persona, las  familias, la sociedad, la comunidad, el sector privado y el Estado, quienes son  corresponsables de su integración activa, plena y productiva dentro de la  sociedad, así como de su cuidado y atención.    

6.3.2 Enfoques que rigen la  política    

Enfoque de derechos. Comprende  un conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa,  monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación  y participación social efectiva, con el objetivo de proteger, promover,  respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y  colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no  discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas,  transparencia, transversalidad e intersectorialidad (Comisión interamericana de  Derechos Humanos – CIDH: 2018).    

Enfoque diferencial. Es una  construcción cultural e histórica en la que confluyen la necesidad de reconocer  y tener en cuenta la identidad, la diversidad y las diferencias individuales y  de los colectivos como titulares de derechos, con el fin de adoptar medidas que  hagan real y efectiva la igualdad. Es una perspectiva estratégica e  imprescindible en las acciones de política pública, orientado a generar las  condiciones para la igualdad de oportunidades y el desarrollo social integral,  considerando las diferencias poblacionales, regionales y características  específicas de los colectivos humanos, para garantizar la atención oportuna,  eficiente y pertinente y el ejercicio de sus derechos. Se articula con el  enfoque de derechos, apelando a los principios de dignidad humana,  universalidad, igualdad, no discriminación e inclusión social, de donde se  derivan acciones preferenciales y diferenciales hacia los grupos vulnerables o  excluidos de la sociedad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021).    

Enfoque de género. Es una  perspectiva de análisis y acción que permite visibilizar las desigualdades,  discriminaciones y violencias en razón del sexo, la identidad o expresión de  género y orientación sexual, así como el ejercicio del poder y los roles que  ejercen mujeres y hombres. Así mismo, detecta los factores de desigualdad que  afectan a hombres y mujeres en la vida familiar, la sociedad, en el trabajo, la  política y demás ámbitos de interacción humana (Resolución 1841 de 2013. Plan  Decenal de Salud Pública – PDSP 2012-2021 MSPS, 2013).    

Enfoque de curso de vida. Hace  referencia al conjunto de trayectorias o roles del desarrollo humano, moldeadas  por las interacciones y la interdependencia de los aspectos biológicos,  culturales, sociales e históricos, así como por los sucesos vitales y las  transiciones individuales, familiares o comunitarias (Resolución 3202 de 2016).  La inclusión de este enfoque permite incorporar acciones para cada momento de  la trayectoria vital, en búsqueda del máximo nivel de desarrollo y calidad de vida,  manteniendo capacidades y habilidades, la autonomía, independencia y  participación.    

Enfoque territorial. Determina un abordaje integral  que reconoce la complejidad y diversidad de los territorios y de sus  estructuras productivas, a través de la identificación del capital natural,  humano, social, físico y financiero como soportes básicos de la economía de los  territorios, con lo cual se favorece una visión multidimensional del manejo de los  recursos naturales, donde lo medioambiental, lo económico, lo social y lo  político-institucional interactúan en el territorio. Este enfoque abre espacios  para la articulación y distribución de responsabilidades, según las  competencias de cada actor y sector en el territorio (Calvo y Carvallo, 2015;  Calvo, Guillen; Pérez-Hoyos, Romero-Amaya, 2020). Permite que las directrices  de la política sean implementadas acorde con la realidad social, política y  económica de los territorios, es decir, que sean flexibles e integrales,  incluyendo activamente a sus pobladores, de manera que se superen las  intervenciones sectoriales y poblacionales (Política Pública Social para  Habitantes de la Calle 2021-2031 MSPS, 2021).    

Enfoque intersectorial. Es la  acción conjunta y coordinada de los diferentes sectores y organizaciones que,  de manera directa o indirecta, en forma integrada y continua, afectan los  determinantes y el estado de salud de la población (Ley 1438 de 2021).  Responde a un requisito indispensable para hacer efectiva la gestión pública  desde una mirada integral del desarrollo, el seguimiento y la evaluación de los  logros planteados en las políticas. Implica la construcción de agendas locales  o territoriales que incluyan la definición y desarrollo de objetivos comunes  para articular las acciones al interior de cada sector, entre sectores y entre  lo institucional y social, incluida la comunidad y, por otro lado, generar  mecanismos de coordinación, alianzas estratégicas, de cooperación e integración  y potenciar los recursos de las distintas entidades y niveles del Estado  (Resolución 1841 de 2013. Plan Decenal de Salud Pública – PDSP 2012-2021 MSPS,  2013).    

Enfoque de interseccionalidad. Perspectiva  bajo la cual el sexo, la identidad o expresión de género y orientación sexual,  al conjugarse con otras características, como la etnia, el ingreso económico,  la edad, la discapacidad, entre otras, pueden generar situaciones de mayor  ventaja o desventaja social. Este enfoque permite visibilizar que las  desigualdades se articulan, generando necesidades y vulnerabilidades  específicas, para cuya atención se requiere, a su vez, de acciones que  reconozcan esta especificidad. La inclusión en la política permite analizar,  diseñar o ajustar acciones adecuadas a las diversas condiciones o situaciones  de las personas mayores en toda su diversidad (Ministerio de Salud y Protección  Social, 2022).    

Enfoque humanista: Este  enfoque aborda la comprensión del ser humano desde una visión multidimensional  que promueve el acto de reconocimiento del sujeto como sujeto, más allá de sus  propios condicionantes y estímulos externos, incluso más allá de lo que él  mismo considera como sus propias posibilidades. Desde esta perspectiva, cada  persona es capaz de orientarse hacia un propósito y, por tanto, contar con el  derecho de asignarle un significado a la vida, situado en una circunstancia, un  entorno, un territorio existencial. Es, de igual manera, capaz de trascenderse  a sí mismo y de orientar su vida al servicio de los demás, el mundo, el medio  ambiente, la pura admiración del acto creador y de toda la creación, a través  de momentos, experiencias y circunstancias que evocan lo más genuino y singular  de cada persona (Ministerio de Salud y Protección Social: 2020).    

6.4 Ejes estratégicos y líneas  de acción de la política    

Teniendo en cuenta las condiciones  del envejecimiento y de experiencia de vida de las personas mayores en  Colombia, junto con los avances y desafíos normativos, programáticos,  culturales, sectoriales e intersectoriales, la Política Pública Nacional de  Envejecimiento y Vejez 2022-2031, se organiza y estructura a partir de seis  ejes estratégicos, los cuales se desarrollan, a su vez, mediante las líneas de  acción que se describen a continuación:    

Eje estratégico 1. Superación  de la dependencia económica de las personas mayores.    

Eje estratégico 2. Inclusión  social y participación ciudadana de las personas mayores.    

Eje estratégico 3. Vida libre  de violencias para las personas mayores.    

Eje estratégico 4. Atención  integral en salud, atención a la dependencia y organización del servicio de  cuidado.    

Eje estratégico 5.  Envejecimiento saludable para una vida independiente, autónoma y productiva en  la vejez.    

Eje estratégico 6. Educación,  formación e investigación para enfrentar el desafío del envejecimiento y la  vejez.    

6.4.1. Eje estratégico 1.  Superación de la dependencia económica de las personas mayores    

Este eje estratégico integra  las líneas de acción orientadas a superar la pobreza y la vulnerabilidad de las  personas mayores, mejorar sus condiciones materiales de existencia y garantizar  los derechos establecidos en la Convención interamericana sobre la Protección  de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, específicamente a la  independencia y la autonomía, la seguridad social, el trabajo, la propiedad y  la vivienda.    

Metas:    

• Aumentar el número de  personas mayores con algún tipo de protección a los ingresos en la vejez.    

• Aumentar el número de  emprendimientos acompañados o liderados por personas mayores.    

• Reducir el déficit  habitacional en hogares con presencia de personas mayores.    

• Aumentar el número de hogares  con personas mayores con acceso a una vivienda digna.    

Líneas de acción:    

Línea de acción 1. Fomentar la  cultura previsional y de seguridad social y aumentar la cobertura de afiliación  al Sistema General de Pensiones y de Riesgos Laborales    

Esta línea promueve el  desarrollo de acciones intersectoriales de protección social para las personas  mayores que no disponen de fuentes de ingresos fijos tales como salarios,  ahorros, rentas, o pensiones, que están en situación de pobreza, especialmente  para aquellas en condiciones de alta vulnerabilidad, como las mujeres mayores,  las personas con discapacidad, aquellas que viven en zonas rurales y dispersas,  las víctimas del conflicto armado en proceso de reincorporación y las  pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos, entre otros.    

Como parte de esta línea de  acción, se contempla aumentar la cobertura de afiliación a los fondos de  pensiones, por lo cual, se propende por una formalización del empleo y  desarrollar estrategias para avanzar en esquemas de protección social en el  mercado laboral rural con el fin de garantizar las prestaciones de seguridad social  a las personas mayores trabajadoras en esta zona; se requiere hacer énfasis en  las brechas de género que se presentan a lo largo del curso de vida y que  tienen impacto en la vejez, donde se profundizan o surgen desigualdades en  otros ámbitos. Se prevé caracterizar a la población adulta mayor trabajadora  del sector informal de la economía, con el propósito de mejorar las condiciones  de salud, trabajo y ambiente laboral en el que se encuentra y promover su  afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y de seguridad social.  Adicionalmente, en el marco de la Comisión intersectorial de Seguimiento a la  Cultura de la Seguridad Social, se espera articular los esfuerzos  institucionales para desarrollar campañas de sensibilización informativas y  pedagógicas para generar una cultura previsional y la apropiación de los  deberes, derechos y responsabilidades en el ámbito de la protección social en  materia laboral, pensional y de servicios sociales.    

En lo que respecta a los  programas para la protección para la vejez, es necesario reglamentar la  asesoría y asistencia técnica en el evento en que los afiliados al Sistema  General de Pensiones obtengan como prestación sustituta, una devolución de  saldos o indemnización sustitutiva de vejez, para el traslado de los mismos al  mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), como reconocimiento  de una anualidad vitalicia en las condiciones legalmente establecidas y, por  otra parte, permitir que los usuarios de este sistema puedan ahorrar hasta el  85% de un salario mínimo legal mensual vigente, con el objeto de que al final  de la vida laboral logren una reserva mayor. Así mismo, gestionar la ampliación  de la cobertura del Programa de Piso de Protección Social y del Programa  Colombia Mayor de acuerdo con las tendencias poblacionales de envejecimiento, y  de manera análoga evaluar el ajuste de los criterios de focalización y el valor  del incentivo de las transferencias condicionadas y no condicionadas, de  acuerdo con estándares diferenciales territoriales, y de vulnerabilidad. Frente  a una reforma de protección para la vejez, se promoverán acciones que permitan  aumentar la cobertura de las personas mayores a través de los Servicios  Sociales Complementarios y disminuir las desigualdades que existen en el  Sistema General de Pensiones. Esto implica un análisis intersectorial de esta  problemática y fortalecer los canales de información entre los diferentes  sectores.    

Línea de acción 2. Promover el  empleo digno y decente para las personas mayores    

Esta línea está encaminada a  favorecer la independencia y la autonomía económica de las personas mayores  mediante el trabajo, como un medio para mejorar su calidad de vida y para  cumplir los requisitos de acceso a una pensión de jubilación o a los esquemas  flexibles de protección para la vejez. En este sentido, se contemplan acciones  para implementar, difundir y hacer seguimiento a las estrategias para generar  empleo formal para las personas mayores, incorporando el enfoque de género.  Particularmente relevante será el desarrollo de la estrategia del “Sello  amigable Persona Mayor”, el cual identificará y estimulará a las empresas que  incorporen dentro de su planta laboral a personas mayores, bajo condiciones de  norma técnica colombiana.    

En coherencia con este  propósito se fortalecerán los entornos laborales saludables, dignos y decentes  para las personas mayores, que, junto con la modalidad de teletrabajo o trabajo  remoto, contribuirán a promover la salud, el bienestar, el desarrollo de  prácticas y condiciones seguras, la satisfacción y la motivación personal en el  trabajo. Asimismo, incluye la creación y mantenimiento de los canales para  difundir información exclusiva sobre las ofertas de empleo dirigidas a este  segmento poblacional, con mejoras en las plataformas destinadas a favorecer la  accesibilidad a la información dispuesta para tal fin.    

Línea de acción 3. Impulsar la  empleabilidad entre las personas mayores, actualizando sus capacidades y  competencias y reconociendo sus conocimientos y habilidades    

Mediante esta línea de acción  se impulsará en las personas mayores el desarrollo de sus capacidades y  talentos para facilitar la consecución o el mantenimiento de un trabajo,  incentivando su vinculación en la oferta de programas de formación y  capacitación para el trabajo y el desarrollo humano, garantizando la  participación femenina, para asegurar su permanencia en el mercado laboral o el  desarrollo de emprendimiento sostenibles y, por otra parte, promover una oferta  de evaluación y certificación de competencias laborales para el reconocimiento  de aprendizajes previos de personas mayores, a través de estrategia como la  “certificatón” o el desarrollo de política que la modifique.    

Línea de acción 4. Fomentar el  emprendimiento entre las personas mayores y/o sus familias, como alternativa  para la generación de ingresos y seguridad económica en la vejez    

Esta línea de acción pretende  alentar el emprendimiento de las personas mayores como alternativa para la  generación de ingresos, en el marco de los procesos impulsados por la economía  plateada, garantizando condiciones favorables para su puesta en marcha y su  sostenibilidad en el tiempo. En este sentido, se espera incluir dentro de los  sistemas de información y registros administrativos de generación de ingresos y  emprendimiento, las variables que permitan identificar a la población adulta  mayor, con enfoque de género y étnico, con el fin de caracterizarlas e  identificar a potenciales beneficiarios de la oferta institucional en materia  de crédito en condiciones blandas, para impulsar emprendimientos liderados o  conformados por personas mayores y sus familias. Del mismo modo, permitirá  adoptar criterios de discriminación positiva, para favorecer el desarrollo de  iniciativas y cadenas productivas, mediante esquemas asociativos de hogares y/o  comunitarios, que favorezcan economías de escala. Parte de este empeño pasará  por diseñar, socializar e implementar la “Ruta del emprendimiento para la  persona mayor”, para fomentar micronegocios, fami y microempresas sostenibles,  en las cuales se reconozcan los saberes de las personas mayores a través de  mentorías y se garantice el acompañamiento y la asesoría técnica institucional.  De manera complementaria, se deberán desarrollar estrategias de preparación del  retiro laboral y adaptación para la jubilación.    

Línea de acción 5. Garantizar  el derecho a vivienda digna, con el fin de asegurar una mejor calidad de vida  para las personas mayores    

A partir de esta línea de  acción, se busca promover para los hogares con personas mayores una solución  habitacional, el mantenimiento o la mejora de la que posean, considerando que  la vivienda representa una garantía para vivir dignamente durante la vejez y un  medio para generar bienestar en el núcleo familiar. Adicionalmente, es  necesario promover el acceso a viviendas con sistemas de saneamiento básico  apropiados. Para ello se plantea incorporar los enfoques diferenciales de grupo  etario, víctimas del conflicto y sexo en las estadísticas e indicadores del  sector vivienda, así como aquellas variables relacionadas con el acceso a  subsidios otorgados a hogares con personas mayores, información que será  relevante para consolidar, centralizar y acceder a cifras actualizadas,  oportunas, fidedignas y desagregadas para la formulación de políticas públicas  en la materia y desarrollar criterios diferenciales para el acceso al subsidio  familiar de vivienda rural –incluyendo nueva y mejoramiento– para hogares con  personas mayores, promover el acceso a la propiedad de la tierra o la  restitución de los predios despojados a los hogares de personas mayores  víctimas del conflicto armado y estrategias para apoyar a las familias con  personas mayores que tienen dificultad para conservar sus viviendas.    

6.4.2. Eje estratégico 2.  Inclusión social y participación ciudadana de las personas mayores    

Este eje integra las líneas de  acción orientadas a promover la participación e integración comunitaria de las  personas mayores, reconociendo los derechos establecidos en la Convención  Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas  Mayores, específicamente los derechos políticos, de reunión y de asociación,  así como sus derechos a la cultura, a la accesibilidad y a la movilidad  personal, a la nacionalidad y a la libertad de circulación.    

Metas:    

• Aumentar la participación de  personas mayores en procesos de participación ciudadana.    

• Aumentar el número de  personas mayores que asisten a actividades culturales y de esparcimiento.    

Líneas de acción:    

Línea de acción 1. Promover la  inclusión de las personas mayores y fortalecer los vínculos familiares, desde  el respeto a la diversidad individual, social y etnocultural    

Esta línea de acción se orienta  hacia la construcción de una estrategia para la inclusión social y el  entrenamiento cognitivo y emocional, así como a la realización de asistencias  técnicas para la implementación territorial de esta estrategia. Además, incluye  la formulación de acciones para fortalecer o restablecer los vínculos  familiares, encaminados al reconocimiento del rol de las personas mayores en la  vida familiar, la importancia de la familia en sus vidas, de la necesidad de  apoyo de las familias en los procesos de acompañamiento en la vejez para la  prevención de su abandono. En tal sentido, se contempla el desarrollo de  encuentros intergeneracionales que favorezcan el intercambio de experiencias,  la inclusión y la resignificación de las personas mayores en la sociedad.    

Adicionalmente, se busca  incentivar la creación de redes de apoyo familiares, social-comunitarias e  institucionales, como estrategia para combatir el aislamiento de las personas  mayores y la percepción de soledad y abandono; haciendo énfasis en personas que  se encuentran enfermas o están privadas de la libertad o en condición de calle  a través de procesos como voluntariados.    

Línea de acción 2. Fortalecer  la participación ciudadana de las personas mayores en los escenarios e  instancias de concertación    

Esta línea de acción busca  fortalecer la participación ciudadana de las personas mayores, teniendo  presente que dicha población y sus organizaciones son quienes más conocen sus  necesidades y pueden proponer de manera más acertada acciones concretas basadas  en sus realidades, en espacios de decisión como los consejos de política social  y similares; así mismo aportar en la toma de decisiones y fortalecer  estrategias de control social al uso de recursos destinados a la atención de  este grupo poblacional, a través de procesos como veedurías ciudadanas o  espacios de seguimiento a los proyectos de inversión liderados por autoridades  locales o entes de control.    

Se propone entonces incluir el  diferencial de persona mayor en la política pública de participación ciudadana,  afianzar los procesos de capacitación y formación que redundará en la creación  y el fortalecimiento de organizaciones y asociaciones de y para personas  mayores, fortalecer el Consejo Nacional de Personas Mayores y los Consejos  Territoriales de Personas Mayores y promover su empoderamiento para la  participación social activa en la gestión local, en la definición de los problemas  que afectan su calidad de vida y en la construcción colectiva de las respuestas  institucionales y sociales.    

Estos escenarios tienden a  favorecer la participación y el control social de las personas mayores sobre la  ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos, y seguimiento a los  recursos con destinación a los mismos y su incidencia efectiva en las  decisiones que afecten sus derechos y libertades fundamentales y las de sus  familias. Estas instancias serán visibilizadas con la creación del Directorio  Nacional de Consejos, Cabildos, Asociaciones y Organizaciones de Personas  Mayores que son los nombres más comunes como se conocen estos espacios en los  territorios; además de las empresas u organizaciones interesadas en temas de envejecimiento  y vejez.    

Línea de acción 3. Fomentar la  accesibilidad, movilidad, adaptabilidad y la seguridad en el entorno físico    

Esta línea contempla la  implementación de acciones para fortalecer la adaptabilidad y la accesibilidad  a los escenarios del espacio público, como son los elementos constitutivos  naturales y artificiales, tanto en zonas urbanas como rurales, para generar un  entorno seguro, equitativo, incluyente y sostenible, en el marco de una ciudad  o comunidad amigable con las personas mayores entendido como un lugar que  adapta los servicios y estructuras físicas para ser más inclusivo y se ajusta  activamente a las necesidades de su población, con énfasis en aquellas con  discapacidad y con especial atención en la adaptabilidad y accesibilidad universal,  así como los apoyos y ajustes razonables de acuerdo con las necesidades de los  espacios de la cultura tales como: museos, casas de la cultura, academias  artísticas, bibliotecas, archivos, salas de lectura, y el patrimonio material.    

Así mismo, se espera fortalecer  la adaptabilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en los medios de  transporte: terrestre, aéreo, fluvial y alternativo, de acuerdo con las  particularidades de las personas mayores; analizar las condiciones de  movilidad, en el aspecto origen-destino para proponer una oferta de inclusión  intermodal y de movilidad activa en el transporte para esta población y  acompañar a las diferentes entidades departamentales, distritales y municipales  para la aplicación de tarifas diferenciales para las personas mayores en el  transporte público de pasajeros, con especial énfasis en la zona rural y rural  dispersa.    

Líneas de acción 4. Promover la  cultura, el turismo, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre, respetando  usos, costumbres y prácticas ancestrales    

Esta línea pretende la puesta  en marcha de acciones para aplicar y difundir la información relacionada con  las tarifas diferenciales para el acceso a espectáculos públicos, culturales,  deportivos, artísticos y recreacionales y desarrollar una oferta cultural  específica para este segmento poblacional, mejorando el concepto y  diversificando los modelos sociales existentes sobre la vejez, mediante  estrategias y acciones de encuentro e intercambio intergeneracional dirigidas  al reconocimiento e incorporación de las personas mayores como portadores y  transmisoras de conocimientos ancestrales y esenciales para las nuevas  generaciones.    

Además, en el marco de esta  línea de acción se contempla el desarrollo de acciones que faciliten el acceso  y la inclusión de la población mayor en actividades de turismo social. Hace  parte del desarrollo de la “economía plateada” que, desde la industria del  turismo busca fortalecer la articulación, cooperación y diálogo entre los  prestadores de servicios, con el fin de promover una oferta para el segmento de  las personas mayores en sus diferentes características socioeconómicas y  culturales, de manera que se faciliten las intervenciones de los agentes  vinculados y se maximicen los resultados esperados para los beneficiarios, en  términos del disfrute de esta actividad, atada a la calidad y la planificación  del tiempo libre, el ocio, el esparcimiento y la generación de vínculos  sociales y culturales, así como de la vida saludable, el enriquecimiento  cognitivo y vivencial y la dinámica participativa y de ruptura del aislamiento.    

6.4.3. Eje estratégico 3. Vida  libre de violencias para las personas mayores    

Integra las líneas de acción  orientadas a garantizar a las personas mayores una vida libre de violencias y  discriminación, así como a reafirmar su capacidad jurídica.    

Metas:    

• Implementar rutas de atención  intersectoriales para personas mayores víctimas de diferentes tipologías de  violencias.    

• Fortalecer la identificación,  el reporte y la atención de personas mayores víctimas de violencias.    

Líneas de acción:    

Línea de acción 1. Eliminar la  discriminación contra personas mayores    

Se orienta a desarrollar las  acciones intersectoriales que fomenten prácticas inclusivas de las personas  mayores y garanticen el compromiso de eliminar cualquier forma de  discriminación por la edad y de contribuir al cambio cultural que reconozca en  la vejez una condición que genera ganancias para la sociedad, como evidencia  del logro que representa el incremento de la longevidad y de la esperanza de  vida, y que permita a toda la población, desde la primera infancia,  familiarizarse con el proceso de envejecimiento. Para ello, se consideran  acciones como fomentar la apropiación social del conocimiento en torno a la  vejez y el envejecimiento en diferentes ámbitos y contextos y desarrollar campañas  a nivel nacional para visibilizar a las personas mayores y sensibilizar sobre  las formas de discriminación por edad.    

Línea de acción 2. Prevenir y  atender las violencias y el maltrato contra las personas mayores, garantizando  el restablecimiento de sus derechos    

Esta línea busca prevenir las  violencias y el maltrato contra las personas mayores, a partir de la  apropiación del marco de los derechos humanos y de los mecanismos de  exigibilidad para el ejercicio de estos, por parte de las personas mayores, sus  familias y cuidadores. En consecuencia, se desarrollarán rutas de atención  intersectorial, que permitan identificar los casos de maltrato y violencias  -con énfasis en mujeres mayores, principales víctimas-, advirtiendo sobre las  diferentes formas y modalidades en que pueden materializarse estos delitos en  los diversos entornos, incluido el hogar, los centros de atención, las  instituciones de salud, los centros penitenciarios, entre otros, así como los  lineamientos para la identificación, atención, la denuncia y el seguimiento de  los mismos articulados a procesos ya existentes como el Mecanismo Articulador  para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de  las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes como Estrategia de Gestión en Salud  Pública de que trata el Decreto 1710 de 2020,  con un enfoque diferencial hacia las necesidades de las personas mayores.    

Parte de este trabajo comprende  el fortalecimiento del sistema unificado sobre violencia en el país, desde el  cual se puedan derivar análisis para los distintos diferenciales poblacionales,  geográficos y por categoría de violencia, con la confluencia de nuevas fuentes  de información, que permitan visibilizar el fenómeno, el Sistema Integrado de  Violencias de Género (Sivige), como los demás avances que tiene el país,  reforzando los sistemas de información y registros administrativos, como las  funciones que desarrollan las comisarías de familia y en las cuales se incluyan  nuevas variables para detectar los casos y favorecer la caracterización etaria  de la violencia intrafamiliar y de personas mayores en abandono institucional y  su articulación con el Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, y con  las cifras que son reportadas por el Observatorio de Violencias del Instituto  Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.    

Estas iniciativas también  estarán acompañadas por el desarrollo de campañas a nivel nacional para  sensibilizar sobre las formas de violencia y maltrato de las cuales son  víctimas las personas mayores, con énfasis en mujer mayor y personas privadas  de la libertad, migrantes, entre otros, con el fin de asegurar el  restablecimiento de sus derechos, el fortalecimiento de habilidades  socio-labores, familiares y la prevención del riesgo de reincidencia. En el  ámbito del restablecimiento de derechos se espera, además, el acceso a las  distintas medidas de reparación integral para las personas mayores víctimas del  conflicto armado y los hogares desplazados con personas mayores, que  voluntariamente deseen acceder a las mismas.    

Línea de acción 3. Fortalecer  la capacidad jurídica y el acceso a la justicia para las personas mayores    

Mediante esta línea de acción  se busca fortalecer los mecanismos para garantizar el ejercicio pleno de la  ciudadanía de esta población, a partir del diseño y difusión de rutas que la  orienten sobre las herramientas y recursos legales disponibles para la  protección de sus derechos, y los mecanismos alternativos de solución de  conflictos. Así, por ejemplo, es indispensable su conocimiento sobre los  efectos de la eliminación de la interdicción judicial y sobre el acceso a los  apoyos formales y ajustes razonables para desarrollar actos jurídicos y tomar  decisiones para el disfrute y ejercicio de todos los derechos de tipo personal,  familiar o patrimonial, incluidos los relacionados con el ámbito de la salud.    

En esta misma línea se  requieren desarrollar estrategias para orientar a las personas mayores en el  desarrollo de trámites, procesos o servicios relacionados con el ámbito  justicia. Para ello será de particular pertinencia el conocimiento sobre el uso  y contenido de las rutas de justicia de LegalApp, una herramienta  electrónica que acerca el sistema a los ciudadanos con temáticas específicas de  interés particular para las personas mayores, una alternativa que hoy se  complementa con la atención preferencial en los consultorios jurídicos de las  instituciones de educación superior públicas que dispongan de facultad de  derecho.    

6.4.4. Eje estratégico 4.  Atención integral en salud, atención a la dependencia y organización del  servicio de cuidado    

Este eje estratégico integra  las líneas de acción orientadas a lograr una atención integral en salud  centrada en las necesidades de las personas mayores, así como la prestación  sostenible de cuidado a largo plazo, reconociendo los derechos establecidos en  la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las  Personas Mayores a la Salud, a la Vida y a la Dignidad en la Vejez, a brindar  consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud y al goce efectivo de  sus derechos en los servicios de cuidado a largo plazo.    

Metas:    

• Implementar un registro de  instituciones prestadoras de servicios sociales y sociosanitarios dirigidos a  personas mayores.    

• Implementar estándares de  calidad en los centros de atención para personas mayores en las diferentes  modalidades.    

Líneas de acción:    

Línea de acción 1. Ajustar la  respuesta institucional del sistema de salud a las necesidades de la población  mayor    

Esta línea busca que el Sistema  General de Seguridad Social en Salud genere una respuesta diferencial que  responda a las necesidades de las personas mayores, mediante el desarrollo de  instrumentos, guías y documentos técnicos para la intervención de la  dependencia funcional y las enfermedades prevalentes entre este segmento  poblacional. De manera específica, se plantea el desarrollo, adaptación y  actualización de guías de práctica clínica para prevenir, tratar y rehabilitar  la morbilidad prevalente, los grandes síndromes geriátricos y la epilepsia, los  cuales tendrán enfoque de género. Así mismo, adaptar la Ruta Integral de  Atención de personas mayores con trastornos mentales y neuro transmisibles  ocasionados, entre otros, por el abuso de sustancias psicoactivas y demás rutas  de atención para atender la salud de las personas mayores, incorporando el  enfoque de curso de vida y de género. Así también, se considera necesario el  desarrollo de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad en salud  mental con enfoque de curso de vida, a través de grupos de apoyo y grupos de  ayuda mutua y la asistencia técnica para su implementación territorial.    

Adicionalmente se debe formular  y adoptar y difundir orientaciones o lineamientos para la atención en salud  sexual y derechos sexuales dirigidos a las personas mayores, con enfoque  diferencial, e implementar procesos pedagógicos para profundizar contenidos y  significados sobre el ejercicio de la libertad sexual, como fuente de  bienestar, goce, realización y calidad de vida con enfoque de género.    

Línea de acción 2. Garantizar  el acceso y la atención en salud de manera integrada, integral, humanizada, con  calidad y oportunidad    

Esta línea busca garantizar el  derecho a la salud para las personas mayores, aumentando la cobertura actual en  la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y mejorando la  disponibilidad, la calidad y el acceso a la atención integral en los servicios  en todo el territorio nacional, particularmente en la zona rural. Conlleva el  fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud para desarrollar un modelo más  equitativo y costo-efectivo. Concretamente, contempla el fortalecimiento de los  procesos de adaptabilidad en la atención integral en salud para personas  mayores, con énfasis en discapacidad y/o dependencia funcional y con  pertenencia étnica, garantizando la toma de decisiones libres e informadas y  teniendo en cuenta los modelos de atención intercultural que se definan en las  instancias institucionalizadas para tal fin. Así mismo, articular las  diferentes intervenciones para la promoción, mantenimiento y gestión de riesgos  específicos en el momento vital de la vejez, teniendo en cuenta las coberturas  en los diferentes planes de beneficios y procurando superar barreras de acceso,  mediante herramientas como la telemedicina, particularmente para los residentes  en zonas dispersas o con altos niveles de dependencia funcional.    

Para las personas mayores con  discapacidad, es necesario además garantizar los apoyos y ajustes razonables y,  la provisión de ayudas técnicas o dispositivos de apoyo, en orden al proceso de  prescripción del profesional de la salud competente en el marco de la  rehabilitación funcional.    

Finalmente, como parte de esta  línea también se contempla la generación de estrategias pedagógicas e  informativas sobre el derecho a morir con dignidad en sus tres dimensiones:  cuidados paliativos, adecuación del esfuerzo terapéutico y muerte anticipada o  eutanasia, así como sobre el derecho a decidir sobre las intervenciones en  salud y cuidados para el final de vida, mediante el reconocimiento y trámite  efectivo de los documentos de voluntad anticipada.    

Línea de acción 3. Fortalecer  el seguimiento y los sistemas de información, inspección y vigilancia    

Esta línea pretende fortalecer  el seguimiento a los planes de desarrollo y los planes territoriales de salud,  en materia de implementación de los lineamientos en materia de salud física y  mental y de la calidad en el acceso a los servicios para las personas mayores.  Además, adaptar los registros y sistemas de información para que incorporar  variables específicas que permitan hacer vigilancia a los asuntos que afectan  particularmente a las personas mayores, como el abandono en centros  hospitalarios y en centros de reclusión, así como de aquellos aspectos que  denoten falla institucional. Los sistemas de información estarán articulados al  Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez.    

Se espera incluir en el Sistema  Integrado de Violencias de Género, Sivige, la variable de persona mayor en  abandono en instituciones, entre ellas los centros hospitalarios. También se  busca implementar acciones para promover e incentivar el acceso y uso de  oficinas cuyo objetivo esté dirigido a la asesoría y orientación de las  personas mayores para el ejercicio de su derecho a la salud, sin recurrir a la  acción constitucional de tutela, y de esta forma mejorar la eficiencia en la  prestación de los servicios y descongestionar los estrados judiciales.    

Línea de acción 4. Fortalecer  la institucionalidad para el cuidado de las personas mayores    

Uno de los derechos de las  personas mayores es el de recibir servicios de cuidado a largo plazo, con la  garantía de las condiciones de calidad en la atención que requieren aquellas  con alta dependencia o que no tengan red de apoyo. En este sentido, desde esta  línea se busca identificar, articular y fortalecer la oferta de servicios  sociosanitarios de atención integral para la población mayor, teniendo en  cuenta la Política Nacional de Cuidado y bajo la rectoría de la  institucionalidad que se cree y organice para el Sistema Nacional de Cuidado  (SNC).    

En coherencia con este propósito, resulta necesaria la creación  de un registro de instituciones prestadoras de servicios sociales y  sociosanitarios dirigidos a personas mayores en sus distintas modalidades de  atención: centros vida, centros día, centros de ayuda a domicilio y centros de  larga estancia, entre otros, que recopile la información por modalidad,  ubicación, cupos disponibles, productos, servicios y programas desarrollados,  categorías y subcategorías ocupacionales contratadas y condiciones de  infraestructura (acceso y accesibilidad), entre otras variables. El análisis de  esta información permitirá establecer la oferta de este mercado, las  deficiencias o potencialidades reales que exhibe y las oportunidades en  términos de ajustes y mejoras. Por otro lado, desde la demanda, permitirá  identificar a la población de personas mayores que, por sus especiales  condiciones de vulnerabilidad manifiesta, riesgo social y desprotección,  requieren ser priorizadas, mediante mecanismos destinados a eliminar las  barreras de entrada y para focalizar la atención.    

Igualmente, es necesario  generar e implementar estándares de calidad para la prestación de servicios de  atención integral para las personas mayores, que contemplen entre otros  aspectos, la reconstrucción, mantenimiento o fortalecimiento de los vínculos  familiares; criterios para identificar a la población en condición de  vulnerabilidad manifiesta o en riesgo social, en consideración también , de las  condiciones socioeconómicas de las familias, como mecanismo para focalizar el  acceso a estos servicios; establecer canales de comunicación entre los  servicios de salud y los servicios sociosanitarios, que en muchas ocasiones son  complementarios; hacer seguimiento al uso de recursos de la “Estampilla para el  Bienestar del Adulto Mayor” y generar orientaciones para la focalización de los  recursos que se destinen a la atención de personas mayores.    

Otras acciones de especial  relevancia, comprenden el desarrollo e implementación de lineamientos técnicos  para la construcción, dotación y operación de Granjas para personas mayores,  como una alternativa de cuidado de larga estancia y el fortalecimiento de los  sistemas de inspección, vigilancia, control y seguimiento a la oferta, la  demanda y la calidad de los servicios sociosanitarios de atención integral para  personas mayores, así como de los recursos públicos disponibles para  cofinanciar su operación.    

6.4.5. Eje estratégico 5.  Envejecimiento saludable para una vida independiente, autónoma y productiva en  la vejez    

Este eje estratégico integra  las líneas de acción orientadas al reconocimiento del envejecimiento como un  proceso intrínseco a la vida, frente al cual pueden optimizarse las  oportunidades de bienestar físico, mental y social mediante la cultura del  autocuidado y los entornos, hábitos y estilos de vida saludables para mantener  la capacidad funcional de las personas mayores, en reconocimiento de derechos  establecidos en la Convención interamericana sobre la Protección de los  Derechos Humanos de las Personas Mayores como el derecho a la recreación, al  esparcimiento y al deporte o el derecho a un medio ambiente sano, la autonomía  y la independencia.    

Metas:    

• Aumentar la cobertura  nacional en programas asociados con deporte, recreación y actividad física  dirigidos a personas mayores.    

• Disminuir el número de  personas mayores con riesgo de malnutrición.    

Línea de acción 1. Promoción y  mantenimiento de la salud física y mental    

A través de esta línea de  acción, se busca promover estrategias para el mantenimiento de la salud y la  capacidad funcional de las personas mayores de 60 años y para fomentar la  cultura del autocuidado, cuidado y estilos de vida saludable referidos a la  promoción de la actividad física, la alimentación saludable, la reducción del  consumo nocivo de alcohol y del uso de tabaco y derivados, como factores de  riesgo de enfermedades no transmisibles. Para ello, se espera generar  estrategias de empoderamiento y desarrollo de capacidades en las personas  mayores para elegir y autogestionar el control de sus vidas y la toma de  decisiones en salud y demás temas que les convengan como parte de la capacidad  funcional para aprender, crecer y autogobernarse.    

También, bajo el reconocimiento  de que todas las personas están envejeciendo, se espera desarrollar procesos de  educación para la toma de decisiones en salud, el cuidado de sí, el cuidado de  otros y el cuidado del entorno desde temprana edad, como acciones que  contribuyan a la promoción y el mantenimiento de la salud y el envejecimiento  saludable, en la cual se involucren diferentes entidades del Estado y del  sector privado como las cajas de compensación. Finalmente, para avanzar hacia  el desarrollo de acciones basadas en evidencia para la promoción del  envejecimiento saludable, se contempla realizar evaluaciones de impacto y/o  resultado de las intervenciones, estrategias o programas existentes para la  atención integral en salud y el fomento de la salud física y mental de las  personas mayores.    

Línea de acción 2. Fomento de  la actividad física, el deporte y la recreación en el curso de vida    

Estas prácticas permiten llegar  a la vejez en mejores condiciones de salud física y mental, mediante esta línea  de acción se reconoce el derecho a la recreación, al deporte y al  aprovechamiento del tiempo libre, fomentando el deporte y la actividad física,  así como el desarrollo de programas de alternativas lúdicas y de recreación  para todos los momentos del curso de vida y, particularmente, en la vejez. Así,  se favorecerá el acceso a programas diseñados en función de las necesidades  poblacionales con un enfoque incluyente. También se implementarán acciones para  propiciar el uso adecuado de los espacios públicos, parques, zonas verdes y  espacios comunitarios e institucionales, entre otros, para este fin, desde la  oferta que diseña el Ministerio del Deporte. Además, se incluye el desarrollo  de estrategias de monitoreo sobre el impacto de los programas de fomento al  deporte, la recreación y la actividad física para personas mayores.    

Línea de acción 3. Fomento de  la salud nutricional, hábitos, modos y estilos de vida y alimenticios  saludables    

Esta línea se orienta  prioritariamente a aumentar el acceso de las personas mayores de zonas urbanas,  rurales y dispersas, a una alimentación nutritiva y suficiente, estimulando  hábitos saludables, mediante su vinculación a programas de ayuda o asistencia  alimentaria. En esta línea, también se contempla la realización de asistencias  técnicas a las entidades territoriales del orden departamental y distrital para  la implementación de lineamientos para la adquisición y preparación de  alimentos saludables en los programas del Estado, por parte de los operadores  de los programas de complementación alimentaria dirigidos a la población adulta  mayor.    

Además, se considera necesaria  la implementación de estrategias de información, educación y comunicación  dirigidas a las personas mayores y sus cuidadores para la provisión de  alimentos saludables en sus hogares o instituciones; así como el desarrollo de  protocolos Y, lineamientos de alimentación saludable, digna, acorde a las  necesidades de la persona mayor, considerando sus alteraciones nutricionales,  por déficit, exceso o carencia específica y/o las prácticas alimentarias  condicionadas por cambios fisiológicos propios de la edad o por comportamientos  del núcleo familiar en el cual se desarrolla. En coherencia con este propósito,  diseñar y divulgar los contenidos educativos en alimentación y nutrición para  la población adulta mayor, acorde a lo establecido en las Guías Alimentarias  Basadas en Alimentos (Gabas) y la Resolución 3280 de 2018 (o el acto que lo  modifique o sustituya).    

Finalmente, mediante esta línea  de acción se espera incluir a la población adulta mayor en próximas  aplicaciones de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), y  desagregar grupos de edad de octogenarios y centenarios, o definir el patrón de  referencia y los puntos de corte para clasificación nutricional por valoración  antropométrica en la población adulta mayor, para ser implementadas en las  próximas versiones de la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento  (SABE).    

Línea de acción 4. Fortalecer  los entornos saludables    

Mediante esta línea se busca  promover entornos protectores y seguros que faciliten la autonomía y la  capacidad funcional, ayuden a superar las dificultades del deterioro propio del  envejecimiento y faciliten conductas saludables en las personas mayores de 60  años. Además, la implementación de acciones e intervenciones integrales  enmarcadas en procesos articulados sectorial e intersectorialmente, para lograr  modificar de manera positiva los determinantes sociales, sanitarios y  ambientales en los entornos comunitario, hogar, educativo, laboral e  institucional que aporten al bienestar y desarrollo humano de las personas  mayores, sus familias y cuidadores.    

6.4.6. Eje estratégico 6. Educación,  formación e investigación para enfrentar el desafío del envejecimiento y la  vejez    

Este eje estratégico integra  las líneas de acción orientadas a la superación del analfabetismo y la brecha  digital que afectan a las personas mayores, mediante el reconocimiento de los  derechos establecidos en la Convención interamericana sobre la Protección de  los Derechos Humanos de las Personas Mayores, específicamente su derecho a la  educación y a la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información.  Además, en este eje estratégico también se incluyen asuntos relacionados con la  investigación, con la vejez y el envejecimiento y con la formación de talento  humano que será cada vez más necesario para la atención de la población adulta  mayor.    

Metas:    

• Disminuir la tasa de  analfabetismo en personas mayores.    

• Aumentar el número de  personas mayores que usan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (TIC).    

• Aumentar la producción  intelectual (productos de ciencia, tecnología e innovación) relacionada con  temáticas de envejecimiento y vejez.    

Líneas de acción 1. Fomentar la  educación y el aprendizaje en la vejez    

Esta línea de acción desarrolla  el derecho a la educación, para lo cual se plantea, prioritariamente, la  promoción del acceso de personas mayores que no saben leer ni escribir al  proceso de formación en competencias básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias  sociales y naturales, y competencias ciudadanas, con especial énfasis en las  zonas rurales. Además, promover el acceso a la educación básica, media y  vocacional para las personas mayores, con especial énfasis en las zonas rural y  rural dispersa.    

En segundo lugar, esta línea  plantea la necesidad de promover el acceso de personas mayores de 60 años a  programas de educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo  humano, con el fin de mejorar su empleabilidad y su desarrollo profesional y  personal de modo que puedan permanecer en el mercado laboral si así lo desean,  o puedan desempeñarse en oficios y ocupaciones que les permitan generar  ingresos. En este sentido es fundamental la implementación de programas de  apoyo financiero u otros mecanismos que permitan superar las barreras de  accesos a la oferta de programas existentes.    

La formación y la educación en este ciclo de vida resultan  consistentes con el envejecimiento activo, la inclusión, la no discriminación,  así como con los principios de independencia, autorrealización y participación.  Mediante la educación y la formación se busca armonizar las necesidades de las  personas mayores en el ámbito económico y social, con su entorno. En particular  se considera que esta puede brindar las herramientas necesarias para la  adaptación a los tiempos cambiantes, en los que se exige mayores habilidades  para la participación y la vida en comunidad.    

Línea de acción 2. Promover el  acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y a la  alfabetización digital    

En la construcción de esta  línea de acción se reconoce que la falta de acceso a tecnologías de la  información y comunicación para las personas mayores puede marginarlas y  privarlas del desarrollo de funciones económicas y sociales, debilitando sus  fuentes tradicionales de apoyo. En consecuencia, acercar las tecnologías a las  personas mayores, puede contribuir a reducir la soledad, asegurar el derecho a  la información, mantener los vínculos familiares y sociales, incluidos los usos  cotidianos como herramientas para el recordatorio de compromisos y toma de  medicamentos y, en mayor escala, para el acceso a otros servicios como la  telemedicina, los trámites bancarios, la educación virtual y teletrabajo, y, en  el caso de salud acceder a esta a través de la modalidad de telemedicina, que  sumados constituyen mecanismos de promoción del envejecimiento saludable, la  estimulación cognitiva, la rehabilitación y la inclusión social y productiva.  De manera que esta línea puede contribuir a que otras de la política se  fortalezcan.    

Para promover el acceso y uso  de tecnologías de la información y la comunicación se buscará en primer lugar  establecer la línea de base de medición de la brecha digital entre la población  mayor, para después promover las alianzas entre entidades públicas, entidades  privadas y organizaciones de la sociedad civil para estimular el uso de tecnologías  de la información entre las personas mayores.    

Seguidamente, se diseñarán  estrategias de alfabetización digital para las personas mayores, considerando  aquellos ajustes razonables que deben realizarse para asegurar el acceso a la  información y la comunicación que se transmite mediante el uso de las TIC en  todos los entornos que se requieran. Para esto es importante acudir a formatos  de comunicación accesibles, haciendo uso de un lenguaje sencillo y que cuenten  con las adecuaciones necesarias, particularmente en los sitios web, para  garantizar el acceso de personas con limitaciones funcionales.    

Línea de acción 3. Promover la  formación y capacitación a lo largo de la vida para empoderar a las familias y  personas mayores en materia de vejez, envejecimiento, derechos humanos, cuidado  y cuidado a cuidadores informales    

Esta línea se orienta a  favorecer la capacitación de los cuidadores familiares, formales e informales,  con el fin de desarrollar las habilidades, técnicas y buenas prácticas para el  manejo, atención y acompañamiento a las personas sujetos de cuidado, en  especial, de aquellas con dependencia funcional y trastornos o enfermedades de  salud mental, en condiciones seguridad física y emocional. Para ello, se  fomentará el desarrollo de programas de formación de cuidados informales.    

Línea de acción 4. Fomentar el  desarrollo del talento humano a nivel técnico, profesional y especializado    

Esta línea de acción se orienta  a promover la formación de talento humano, técnico, profesional y especializado  que brinde el debido soporte en la atención integral de las personas mayores,  para la garantía de un envejecimiento saludable. Para esto se necesita promover  la actualización del catálogo sectorial de cualificaciones “Salud y Bienestar”,  donde se asegure el fortalecimiento de competencias de los profesionales a  cargo de la atención a las personas mayores, con énfasis en Geriatría y  Gerontología, pero no de manera exclusiva. Así mismo, considerar acciones  tendientes a la promoción del desarrollo de programas, cursos o contenidos  asociados a las temáticas de la vejez y el envejecimiento. Así como el  desarrollo de programas y estrategias para la definición de oferta educativa,  formal y no formal, para las personas mayores.    

Línea de acción 5. Promover la  investigación relacionada con la vejez y el envejecimiento    

Mediante esta línea de acción,  se busca desarrollar estrategias para fomentar la Investigación, el Desarrollo  Tecnológico o la Innovación (I+D+I) en materia de vejez y envejecimiento, que  apunten a proceso de avance en ciencia y que aporten a la comprensión y la  mejor manera de abordar y atender las necesidades específicas de la población  mayor. Para ello, se propone propiciar la articulación entre las empresas, los  operadores de servicios para las personas mayores, el Estado, la sociedad y la  academia, para fortalecer los procesos de investigación, desarrollo e  innovación aplicada al campo de la vejez y el envejecimiento. Adicionalmente,  fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas para fortalecer el  desarrollo de líneas de I+D+I en el campo de la vejez y el envejecimiento y  apoyar los procesos de difusión, divulgación y apropiación del conocimiento  sobre el envejecimiento y la vejez en la sociedad civil, la academia y el  Estado.    

Como parte de esta línea y como  un instrumento clave de esta política, también se contempla la creación y  puesta en marcha de un Observatorio de Envejecimiento y Vejez, con información  de diferentes entidades del Estado como soporte base para el diseño de las  políticas, planes, lineamientos y estrategias que ofrezcan soluciones  efectivas, eficientes, eficaces y sostenibles, en beneficio de las personas  mayores, así como del proceso de envejecimiento en el territorio nacional.    

Finalmente, puesto que es una  fuente de información valiosa para conocer el estado de salud y bienestar de  las personas mayores, es necesario aplicar el instrumento de estudio  poblacional: Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, SABE 2025,  con el fin de derivar información actualizada entorno al envejecimiento y la  vejez de la población colombiana.    

7. Implementación de la  Política    

Este proceso busca la operación  integral de la Política en los niveles nacional, departamental, distrital y  municipal, a fin de incorporar en los planes de desarrollo las acciones  afirmativas tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, a  crear condiciones favorables para la protección de los derechos humanos de las  mujeres y hombres mayores, para el ejercicio del derecho al envejecimiento  saludable de los colombianos, así como para incorporar sistemas de atención a  la dependencia y organización del cuidado, en los municipios, distritos y  departamentos.    

La implementación de la  Política Nacional de Envejecimiento y Vejez inicia con la formulación del Plan  Nacional de Acción Intersectorial de la Política Nacional de Envejecimiento y  Vejez. El proceso a seguir en el orden nacional, territorial e institucional  para la implementación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez  requerirá de los ajustes o adecuaciones pertinentes para cada entidad.  Inicialmente, las entidades del Gobierno nacional ejecutoras de la Política,  incluirán o ajustarán las variables poblacionales de sus políticas, planes,  programas o proyectos, con el fin de identificar a la población adulta mayor,  con enfoque de género y étnico, lo que permitirá una mayor eficacia en la  definición de las metas, acciones, responsables, recursos e indicadores en el  Plan Nacional de Acción intersectorial de la Política Nacional de Envejecimiento  y Vejez.    

Respecto a las entidades  territoriales, igualmente incluirán o ajustarán la identificación de la  población adulta mayor con enfoque diferencial con el mismo objetivo, y  llevarán a cabo la formulación o actualización de sus políticas, planes,  programas y proyectos de promoción, prevención y atención; esto se dará de  acuerdo con las características de sus habitantes, con sus condiciones de  desarrollo económico, social, cultural, étnico y ambiental, y con sus  características político-administrativas.    

En este proceso es necesario  crear y activar espacios de concertación entre los diferentes actores  responsables de la implementación de la Política con el fin de definir rutas  integrales para la gestión de las acciones para la implementación desde los  principios de la protección integral (reconocimiento, promoción, garantía,  restablecimiento de derechos) partiendo de considerar atenciones y actuaciones  intersectoriales y poblacionales, propiciando la calidad y la oportunidad de  manera articulada.    

La adecuación comprende:  desarrollar capacidades y competencias en las entidades nacionales y  territoriales para fortalecer la gestión intra e interinstitucional para la  implementación de la política y priorizar en las herramientas de gestión y  desarrollo territorial como planes de ordenamiento territorial, planes de  desarrollo, visiones de largo plazo, acciones y espacios para materializar las  necesidades de las personas mayores.    

7.1 Difusión de la Política    

La etapa de difusión tiene como  propósito divulgar la política, movilizar a los actores territoriales en torno  de las acciones propuestas e informar y facilitar la asimilación de los asuntos  estratégicos de esta, por parte de los habitantes del territorio nacional.    

7.2 Financiación de la Política    

Corresponde a las entidades del  orden nacional, departamental, distrital y municipal destinar recursos propios  para el financiamiento de las acciones que garanticen el cumplimiento de las  metas establecidas en el Plan Nacional de Acción Intersectorial de la presente  política, y los planes de acción territoriales, sin perjuicio de los recursos  adicionales que puedan gestionarse a través de la Estampilla para el Bienestar  del Adulto Mayor, el Sistema General de Regalías, el Sistema General de  Participaciones, el sector privado y la cooperación internacional,  principalmente.    

El seguimiento a la ejecución  de dichos recursos deberá incluir, entre otros, criterios que permitan evaluar  la eficiencia del gasto, de modo que los presupuestos anuales se ajusten progresivamente  a las necesidades específicas de cada entidad territorial. La definición de  estándares para la prestación de los servicios dirigidos a las personas mayores  deberá servir para ajustar los costos unitarios de atención.    

Respecto a la Estampilla para  el Bienestar del Adulto Mayor, las entidades territoriales, además de mejorar  la calidad y oportunidad de los reportes sobre la ejecución presupuestal que el  artículo 217 de la Ley 1955 de 2019  establece, deberán al final de cada vigencia, previa evaluación y análisis,  tomar las medidas que consideren convenientes en materia de asignación  presupuestal para la siguiente vigencia.    

La financiación de los centros  de atención al adulto mayor, así como los subsidios que desde diversos sectores  se destinen para la atención de las personas mayores en estas instituciones  deberán estar orientados de manera exclusiva a aquellos centros que demuestren  el cumplimiento de los requisitos y estándares definidos para la prestación de  los servicios, de modo tal que se garantice la calidad y la oportunidad en la  atención.    

8. Monitoreo, seguimiento y  evaluación de la Política    

El monitoreo, seguimiento y  evaluación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez se realizará a  partir del seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Acción  intersectorial de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, los planes de  acción territoriales y con el Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez.    

Los organismos de vigilancia y control en el marco de sus  competencias acompañarán el seguimiento a la gestión integral de la Política  Nacional de Envejecimiento y Vejez, y el monitoreo al cumplimiento de las metas  establecidas por las entidades ejecutoras de la Política en el Plan de Acción  Nacional y los planes de acción territoriales. A su turno, las organizaciones  de y para personas mayores aportan a la gestión de la Política al desarrollar  procesos de veeduría, capacitación, investigación y acciones proactivas para la  apropiación y consecución de los objetivos planteados. Finalmente, la academia  y las organizaciones científicas están llamadas a contribuir en la gestión de  la Política, acompañando el seguimiento en su ejecución, fortaleciendo la  investigación y promoviendo el envejecimiento saludable.