DECRETO 272 DE 2021
(marzo 11)
D.O. 51.613, marzo 11 de 2021
por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ordena al Gobierno nacional establecer una prima. sin carácter salarial para los Magistrados de Tribunal y sus empleos equivalentes, así:
“Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1°) de enero de 1993.”.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil (…)”.
Que los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 fueron objeto de un primer pronunciamiento de exequibilidad por parte de la honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-279 del 24 de junio de 1996, C. P. Hugo Palacios Mejía, donde se hicieron importantes precisiones en torno a la legalidad material de la consagración de primas técnicas o de servicios sin carácter salarial; posición que reiteró la misma Corporación en la Sentencia C-052 de 1999, M. P., doctor Fabio Morón Díaz, donde se ordena estarse a lo resuelto en la precitada Sentencia C-279 de 1996.
Que el artículo 1° de la Ley 332 de 1996, “por la cual se modifica la Ley 4ª de 1992 y se dictan otras disposiciones”, aclarada por la Ley 476 de 1998, dispone:
“Artículo 1°. La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley.
La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación.”.
Que, en consecuencia, la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, no tiene carácter salarial, esto es, no se toma como base para liquidar las prestaciones sociales, exceptuando cuando se trate de pensión de jubilación.
Que en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno nacional a través del artículo 9 del Decreto 51 de 1993, “por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, establece la prima especial, sin carácter salarial, para los servidores de la Rama Judicial pertenecientes al régimen antiguo u ordinario, en los siguientes términos:
“Artículo 9°. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1° de enero de 1993, una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. La prima a que se refiere el presente artículo, es incompatible con la prima a que hace referencia el artículo 7° del presente decreto.”,
Que, igualmente, a través del artículo 6° del Decreto número 57 de 1993, “por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, se dispuso la prima especial para el régimen nuevo u optativo en los siguientes términos:
“Artículo 6°. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar”.
Que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, en Sentencia del 29 de abril de 2014, C. P. María Carolina Rodríguez Ruiz, Expediente número 11001-03-25-000-2007-00087-00, N. I. 1686-07, declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9° del Decreto número 51 de 1993; 9° y 10 del Decreto número 54 de 1993; 6° del Decreto número 57 de 1993; 9° del Decreto número 104 de 1994; 6° del Decreto número 106 de 1994; 9° y 10 del Decreto número 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto número 26 de 1995; 7° del Decreto número 43 de 1995; 9° del Decreto número 47 de 1995; 9° del Decreto número 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto número 35 de 1996; 6° del Decreto número 36 de 1996; 9° del Decreto número 47 de 1997; 9°, 11 y 13 del Decreto número 56 de 1997; 6° del Decreto número 76 de 1997; 6° del Decreto número 64 de 1998; 9° del Decreto número 65 de 1998; 9°, 11 y 13 del Decreto número 67 de 1998; 9°, 11 y 13 del Decreto número 37 de 1999; 9° del Decreto número 43 de 1999; 6° del Decreto número 44 de 1999; 9°, 11 y 13 del Decreto número 2734 de 2000; 9° del Decreto número 2739 de 2000; 7° del Decreto número 2740 de 2000; 9° del Decreto número 1474 de 2001; 7° del Decreto número 1475 de 2001; 9°, 11 y 13 del Decreto número 1482 de 2001; 7° del Decreto número 2720 de 2001; 9° del Decreto número 2724 de 2001; 9°, 11 y 13 del Decreto número 2730 de 2001; 6° del Decreto número 673 de 2002; 9° del Decreto número 682 de 2002; 8°, 10 y 12 del Decreto número 683 de 2002; 8°, 10 y 12 del Decreto número 3548 de 2003; 9° del Decreto número 3568 de 2003; 6° del Decreto número 3569 de 2003; 8°, 10 y 12 del Decreto número 4169 de 2004; 9° del Decreto número 4171 de 2004; 6° del Decreto número 4172 de 2004; 8°, 10 y 12 del Decreto número 933 de 2005; 9 del Decreto número 935 de 2005; 6° del Decreto número 936 de 2005; 9° del Decreto número 388 de 2006; 6 del Decreto número 389 de 2006; 8°, 10 y 12 del Decreto número 392 de 2006; 9° del Decreto número 617 de 2007; 6° del Decreto número 618 de 2007; 8°, 10 y 12 del Decreto número 621 de 2007; y los artículos 8°, 9°, y 11 del Decreto número 3048 de 2007.
Que, posteriormente, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado profirió dos sentencias sobre el tema de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, las cuales se resumen de la siguiente manera:
1. Fallo de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, Sentencia del 12 de septiembre de 2018, C. P. Néstor Raúl Correa Henao, Expediente número 73001233300020120018302, N. I. 3546-2015, que estableció lo siguiente:
– Determina que al no revestir la prima especial carácter salarial, carece de incidencia prestacional.
– Reconoce la prescripción trienal de las reclamaciones laborales por concepto de prima especial.
– Ordena hacer una interpretación sistemática, no literal, del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
– Ordena reconocer el pago del treinta por ciento (30%) por concepto de prima especial únicamente cuando los servidores de la Rama Judicial prueben que su salario básico fue efectivamente castigado en dicho porcentaje, no en todos los casos.
– Consolida una línea jurisprudencial de obligatoria observancia para todos los operadores jurídicos de la República, incluidos los Juez ad hoc y Conjueces de los Tribunales Administrativos del País (artículo 10 Ley 1437de 2011).
2. Fallo de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, C. P. Carmen Anaya de Castellanos, Expediente número 41001233300020160004102, N. I. 2204-2018, en la cual se unifica jurisprudencia respecto a la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en los siguientes términos:
“(…)
– La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
– Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
– Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
– Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
– Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto número 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
– La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el, auxilio de cesantías. Ese 80% es un piso y un techo.
– La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto, a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.
– Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esa regla tiene una excepción, -que consiste en que, si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de aplicación restrictiva
– La sentencia de unificación no implica que se está variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 – jueces, magistrados y otros funcionarios-, en la medida en que en ningún caso se podrán superar los porcentajes máximos o topes fijados por el Gobierno Nacional”.
Que el 15 de diciembre de 2020 la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, C. P. Jorge Iván Rincón Córdoba, Expediente Número 73001-23-33-000-2017-00568-01-00, N. I. 5472-2018, unificó la jurisprudencia respecto a la prima especial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993, o que se hayan vinculado de manera posterior a la entidad, señalando:
“SEGUNDO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su reconocimiento a aquellos Fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se hayan vinculado de manera posterior a la entidad, en los siguientes términos:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
Que ante la declaratoria de nulidad de los decretos que crearon la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se establecerá la prima especial para los servidores de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, acatando las sentencias de unificación antes citadas.
Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye factor salarial para cotizar al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, consagra que la base de cotización al Sistema General de Salud es la misma que la del Sistema general de Pensiones, razón por la cual la prima especial que se crea en el presente Decreto constituirá factor salarial para cotizar a ambos sistemas.
Que para los fines de este Decreto se cuenta con la viabilidad presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que el presente Decreto tendrá efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Prima Especial. Establecer una prima especial equivalente al 30% del salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada por el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 aclarada por el artículo 1° de la Ley 476 de 1998, para los Magistrados Auxiliares, Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, Jueces de la República, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra, Jueces de Instrucción Penal Militar, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante Jueces Penales de Circuito Especializados, ante Jueces del Circuito, ante Jueces Municipales y Promiscuos.
La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
Parágrafo 1°. La prima en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, continuará rigiéndose por el artículo 10 del Decreto número 316 de 2020, o por las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Parágrafo 2°. En ningún caso los ingresos totales anuales de los servidores que tengan o llegaren a tener derecho a la Bonificación por compensación, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 610 de 1998 o en los artículos 1° y 2° del Decreto número 1102 de 2012, podrán superar el 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Por lo tanto, las entidades responsables de reconocer y pagar los salarios y prestaciones de los servidores a que hace referencia el inciso anterior, al momento de reconocer la prima especial, deberán ajustar el valor de la Bonificación por Compensación, con el fin de no superar el mencionado tope del 80%, conforme a lo previsto en el Decreto número 610 de 1998, en los artículos 1° y 2° del Decreto número 1102 de 2012 y en la parte motiva del presente Decreto.
Artículo 2°. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.