DECRETO 263 DE 2019
(febrero 21)
D.O. 50.874, febrero 21 de 2019
por medio del cual se amplían las funciones del Ministro de Defensa Nacional ad-hoc.
Nota: Derogado por el Decreto 881 de 2019, artículo 3º.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1º del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 63 de 1923, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros en sesión del 6 de noviembre de 2018, con fundamento en el principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 “por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo de Ministros”, aceptó el impedimento manifestado por el señor Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero Nieto, para nombrar al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Que el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 dispone que “En los casos de impedimento o recusación de un ministro del despacho para resolver cualquier asunto de los que por la Constitución, por la ley, o por delegación del presidente de la república se le haya encomendado, corresponde al consejo de ministros-verdad sabida y buena fe guardada- decidir sobre la causal de impedimento o recusación alegada. Pero en el caso de que el ministro impedido o recusado hubiere de separarse del conocimiento del negocio, será el Presidente de la República, y no el Consejo de Ministros, quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera de los ministros del despacho”. (La negrilla y la subraya fuera del texto original).
Que con fundamento en el precitado artículo, el presidente de la República mediante Decreto número 2151 de 2018 “por el cual se designa Ministro de Defensa Nacional Ad-hoc” nombró a la doctora Alicia Arango Olmos, Ministra de Trabajo, como Ministra de Defensa Nacional ad-hoc.
Que el 26 de diciembre de 2018 la Ministra de Defensa Nacional ad-hoc envió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República un proyecto de decreto “por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, por medio del cual (i) aceptaba la renuncia del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Martínez Bravo, y (ii) nombraba en encargo a James Ricardo Celis, Superintendente Delegado de Control, como Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Que el 28 de diciembre de 2018 la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República devolvió el mencionado proyecto de decreto sin la firma del señor presidente de la República, toda vez que el Decreto número 2151 del 22 de noviembre “por medio del cual se nombra Ministro de Defensa Ad-Hoc” no contempló la posibilidad de que la Ministra Nacional de Defensa ad-hoc resolviera situaciones administrativas relacionadas con aceptaciones de renuncia ni la posibilidad de efectuar encargos.
Que el 30 de enero de 2019 el Ministro de Defensa Nacional envió un oficio que fue recibido en la Secretaría Jurídica de la Presidencia el 30 de enero de 2019, por medio del cual solicitó que se ampliara el impedimento no solo “(…) para realizar el nombramiento del Superintendente sino además para conocer y resolver los siguientes temas: i) Para conocer y resolver todas las situaciones administrativas de personal que con relación al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada se generen, ii) Para conocer y resolver las situaciones administrativas de personal que con relación al Jefe de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada correspondan al Ministro de Defensa Nacional, y iii) Para el trámite y expedición de actos administrativos de carácter reglamentario que se deban expedir con relación a la Ley 1920 de 2018 (…)”.
Que el Consejo de Ministros en sesión del 11 de febrero de 2019, decidió ampliar el impedimento manifestado por el Ministro de Defensa Nacional para (i) conocer y resolver todas las situaciones administrativas de personal que con relación al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada se generen, (ii) conocer y resolver las situaciones administrativas de personal que con relación al Jefe de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada correspondan al Ministro de Defensa Nacional, y iii) realizar el trámite y expedición de actos administrativos de carácter reglamentario que se deban expedir con relación a la Ley 1920 de 2018 “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Ley del vigilante”.
DECRETA:
Artículo 1°. Ampliar las funciones establecidas en el Decreto número 2151 de 2018 de la Ministra de Defensa Nacional ad-hoc, Alicia Arango Olmos, para (i) conocer y resolver todas las situaciones administrativas de personal que con relación al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada se generen, (ii) conocer y resolver las situaciones administrativas de personal que con relación al Jefe de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada correspondan al Ministro de Defensa Nacional, y (iii) realizar el trámite y expedición de actos administrativos de carácter reglamentario que se deban expedir con relación a la Ley 1920 de 2018 “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Ley del vigilante”.
Artículo 2°. Comunicar el presente acto administrativo por intermedio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de febrero de 2019.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ