DECRETO 2955 DE 2011

Decretos 2011

DECRETO 2955 DE 2011    

(agosto 16)    

D.O. 48.163, agosto 16 de 2011    

por el  cual se reglamentan parcialmente los Decretos 4702 y 4830 de 2010.    

El Ministro de la Protección Social de la República de  Colombia, delegatario de funciones presidenciales en virtud del Decreto número  2888 de 2011, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en  especial las conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución  Política, y    

CONSIDERANDO:    

Que mediante el Decreto  4580 del 7 de diciembre de 2010 se declaró el estado de emergencia  económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de  adoptar las medidas legales que permitan conjurar los efectos del fenómeno de  La Niña.    

Que mediante el Decreto  4702 del 21 de diciembre de 2010, se adoptaron medidas para el  fortalecimiento del Fondo Nacional de Calamidades, con el propósito de  establecer mecanismos ágiles para la asignación de recursos a las comunidades  afectadas.    

Que mediante el Decreto  4830 del 29 de diciembre de 2010, se modificó el artículo 4° del Decreto 4702 de 2010,  el cual establecía que correspondía a la Junta Directiva del Fondo Nacional de  Calamidades reglamentar todo lo relativo a las transferencias de que trata el  inciso anterior, al control de su utilización y a la legalización de los  mismos.    

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-194 de 2011,  siguiendo el precedente sentado en su Sentencia C-193 de 2011,  declaró inexequible la facultad que se le había atribuido a la Junta Directiva  del Fondo Nacional de Calamidades, y señaló que correspondía al Presidente de  la República la reglamentación del Decreto ley 4702  de 2010, en lo que se refiere al régimen de transferencia de recursos, el  control de la utilización y legalización de los mismos, quedando como función  de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades únicamente la facultad  de diseñar los procedimientos administrativos y operativos que para la  ejecución de las transferencias de recursos, el control administrativo de su  utilización y la legalización de los mismos, deban darse, en consonancia con el  Decreto  Legislativo 4702 de 2010 y el reglamento que para tal fin expida el  ejecutivo.    

Que igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-194 de 2011  señaló que las obras incluidas dentro de la fase de rehabilitación, al igual  que sucede con aquellas actividades incluidas dentro del concepto de asistencia  humanitaria, podrán contratarse con base en el régimen excepcional de  contratación, pero únicamente dentro del término máximo de un (1) año, contado  a partir de la fecha de comunicación de la citada sentencia.    

Que en relación con los gastos operativos consagrados en  el Decreto ley 4702  de 2010, mediante la Sentencia C-194 de 2011 la  Corte Constitucional estableció que los mismos sólo pueden efectuarse cuando la  capacidad de los órganos del Estado no sea suficiente para atender la situación  de emergencia que motivó declarar el estado de excepción.    

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario establecer  mecanismos que aseguren la eficiente ejecución de los recursos y establecer los  instrumentos para hacer un adecuado seguimiento en la ejecución de los mismos.    

DECRETA:    

CAPÍTULO I    

Mecanismos de seguimiento y control    

Artículo 1°. Plazo  límite para la ejecución de las transferencias del Fondo Nacional de  Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria. Una vez realizada la  transferencia de recursos por parte del Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta  Colombia Humanitaria a las entidades receptoras, con el fin de cumplir con la  destinación establecida por la Junta Directiva, estas deberán iniciar  inmediatamente las gestiones necesarias para su ejecución. Transcurridos dos  (2) meses después del desembolso o de la aprobación de los recursos sin haber  adjudicado el contrato o celebrado el convenio, el Fondo Nacional de Calamidades  podrá solicitar a la entidad la devolución de los mencionados recursos o  revocar la aprobación respectiva.    

En cualquier caso, los recursos ubicados en las cuentas  abiertas, especialmente para la atención de la emergencia invernal que no hayan  sido oportunamente comprometidos, serán revertidos cuando la Junta Directiva  determine la necesidad de reintegrarlos al Fondo Nacional de  Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, previa instrucción del Gerente del  Fondo a la Sociedad Fiduciaria.    

Cuando a la fecha de la reversión de los recursos existan  obligaciones adquiridas por la entidad, los recursos revertidos deberán ser  nuevamente solicitados por esta al Gerente del Fondo para atender dichos  compromisos, de acuerdo con las instrucciones por él impartidas.    

Artículo 2°. Auditoría  externa. Todas las entidades públicas y privadas que ejecuten recursos  del Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, deberán  colaborar, acatar los procedimientos y suministrar la información que requiera  la auditoría externa contratada por parte del Fondo Nacional de Calamidades.    

Artículo 3°. Interventoría en  obras. Cuando se contrate la ejecución de obras con recursos del Fondo  Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, será responsabilidad de  la entidad receptora, la contratación de la interventoría  y su costo no podrá superar el 7% del valor de la obra respectiva, incluido el  IVA, y los demás impuestos que se causen con ocasión de la celebración del  respectivo contrato. El valor de la interventoría  deberá incluirse en la solicitud.    

El contrato de interventoría  debe suscribirse antes que la obra inicie y su duración debe prolongarse por un  mes adicional al plazo previsto para su terminación, con el fin de efectuar la  respectiva liquidación de los contratos.    

Si la entidad receptora cuenta con un Manual de Interventoría, el interventor estará obligado a ceñirse a  este Manual. En caso contrario, la entidad deberá implementar, atendiendo al  objeto del contrato cuyo seguimiento y control se requiere, los principios,  procedimientos, obligaciones y responsabilidades que sean necesarios, para lo  cual podrá tomar como referencia parámetros previstos el Manual de Interventoría de otras entidades del orden territorial o  nacional.    

Las entidades receptoras de recursos deberán incluir en el  contrato de interventoría, la obligación del  interventor de presentar los informes que se establezcan a la dependencia o  entidad que determine el Gerente del Fondo Nacional de Calamidades o a la  autoridad competente que los solicite, así como la de registrar en el sistema  de información, que el Fondo implemente como parte de sus funciones de  seguimiento y control, todo lo relativo a la ejecución del contrato o convenio  objeto de interventoría.    

Artículo 4°. Interventoría en  Asistencia Humanitaria. Cuando se contrate la entrega de alimentos,  artículos de cocina, aseo personal y otros menajes, pagos de arrendamiento y/o  alojamiento, será responsabilidad de la entidad receptora la contratación de la  Interventoría, cuyo costo no podrá superar el 5% del  valor del contrato respectivo con el operador, incluido el IVA, y los demás  impuestos que se causen con ocasión de la celebración del respectivo contrato.    

CAPÍTULO II    

Legalización    

Artículo 5°. Legalización.  Sin perjuicio del diseño de los procedimientos administrativos y operativos que  para la ejecución de las transferencias de recursos fije la Junta Directiva del  Fondo Nacional de Calamidades, los documentos necesarios para soportar la  legalización y debida ejecución de los recursos girados a las entidades  receptoras, que deben ser enviados a la Sociedad Fiduciaria, serán determinados  por el Gerente del Fondo Nacional de Calamidades, y podrán ser, entre otros,  los siguientes:    

1. Copia de contratos o convenios celebrados con terceros.    

2. Cuentas de cobro para proveedores de régimen simplificado,  debidamente expedidas por los proveedores con nota de haber sido pagadas, así  como de la respectiva acta de recibo de los bienes adquiridos.    

3.  Copia de facturas para proveedores de régimen común, debidamente expedidas con  nota de haber sido pagadas, así como de la respectiva acta de recibo de los  bienes adquiridos.    

4. Copia de los comprobantes de egreso  firmados y sellados por el respectivo beneficiario.    

5. Certificaciones del destino de los recursos  transferidos, emitidas por el contador de las entidades contratadas.    

6. Bases de datos de beneficiarios de los programas  implementados.    

7. Cuando sea del caso, copia del formato  debidamente diligenciado, por el Clopad y/o Crepad,  según corresponda, donde se relacionen las personas beneficiarias, de  conformidad con el registro oficial estimado de damnificados, reportando nombre  y número de identificación, por cada representante del hogar que reciba la  ayuda. En caso que no haya Crepad o Clopad, la  personería municipal deberá avalar y diligenciar los formularios.    

Cuando los documentos originales requeridos  para legalizar deban permanecer como soporte en los archivos de la entidad  receptora, es necesario anexar certificación suscrita por el funcionario  competente para tal efecto, en la que se indique que estos documentos reposan  en dicha entidad, adjuntando fotocopias de los mismos.    

Artículo 6°. Plazo para la legalización de los recursos.  La legalización debe realizarse ante la Sociedad Fiduciaria por parte de la  entidad receptora, dentro de los treinta (30) días calendario  siguientes al giro que realice la Sociedad Fiduciaria a la respectiva  entidad.    

En el evento que la transferencia de recursos  sea a través de convenios o contratos, la legalización de los mismos y la  presentación de los informes a que hacen referencia los artículos 5° y  8°  del presente decreto, se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto  en el respectivo convenio o contrato que se suscriba entre la entidad receptora  de los recursos y la Sociedad Fiduciaria, en caso de no ser pactado, se deberán  legalizar los recursos dentro de los noventa (90) días calendario siguientes al  giro realizado a la entidad receptora.    

En todo caso, los plazos previstos podrán ser  prorrogados hasta por treinta (30) días calendario, previa solicitud  debidamente justificada por la entidad receptora y aprobada por el Gerente del  Fondo Nacional de Calamidades. Si se aprueba la solicitud, el Gerente lo  notificará a la entidad receptora y a la Sociedad Fiduciaria.    

Artículo 7°. Limitación a desembolsos para atención  humanitaria. En el evento que la entidad receptora no haya efectuado la  legalización de por lo menos el 80% de un giro, en el siguiente giro por el  mismo concepto del gasto o categoría, sólo se autorizará el 50% del valor de la  solicitud. Si la citada entidad no ha efectuado la legalización de por lo menos  el 80% de dos giros consecutivos por el mismo concepto, para el siguiente se  autorizará solo el 30% del valor de la solicitud efectuada por el mismo  concepto del gasto o categoría.    

Artículo 8°. Informes periódicos. Las entidades  públicas nacionales o territoriales y privadas a las cuales se les efectúen  transferencias de recursos, deberán presentar al Gerente del Fondo Nacional de  Calamidades, con la periodicidad que este indique para cada categoría de gasto,  un informe sobre la ejecución de los recursos, discriminando el valor, el  concepto de los gastos y avances, entre otros, el cual, deberá estar registrado  en la plataforma de información que el Fondo implemente como parte de sus  funciones de seguimiento y control.    

CAPÍTULO III    

Obligaciones especiales    

Artículo 9°. Reintegro de recursos. Cuando no se  ejecuten la totalidad de los recursos asignados, los valores no ejecutados  deben ser reintegrados de manera inmediata al Fondo Nacional de  Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, para lo cual, la entidad receptora  deberá solicitarlo a la Sociedad Fiduciaria.    

Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su  publicación.    

Publíquese y cúmplase.    

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de agosto de 2011.    

MAURICIO SANTAMARÍA SALAMANCA    

El Ministro del Interior,    

Germán Vargas  Lleras.    

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,    

Juan Carlos Echeverry  Garzón.    

               

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