DECRETO 1740 DE 2010

Decretos 2010

DECRETO 1740 DE 2010     

(mayo 19)    

D.O. 47.714, mayo 19 de 2010    

por el cual se reglamenta el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y  prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y se dictan otras  disposiciones.    

Nota 1: Derogado por el Decreto 1225 de 2012,  artículo 11 y por el Decreto 4912 de 2011,  artículo 53.    

Nota 2: Modificado por el Decreto 3375 de 2011,  por el Decreto 2309 de 2011,  por el Decreto 1896 de 2011,  por el Decreto 955 de 2011,  por el Decreto 4520 de 2010  y por el Decreto 2271 de 2010.    

El Ministro del Interior y de Justicia de la  República de Colombia, Delegatario de Funciones Presidenciales mediante Decreto número  1637 de 2010, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en  especial las que le confiere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución  Política, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 418 de 1997,  modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.    

DECRETA:    

TÍTULO I    

DISPOSICIONES GENERALES    

CAPÍTULO I    

Objeto y Principios    

Artículo 1°. Objeto. Establecer los lineamientos de la política de protección  de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo,  como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o  funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.    

Artículo 2°. Principios. Además de los principios constitucionales y legales  que rigen toda función administrativa, las acciones en materia de protección se  regirán por los siguientes principios:    

1. Consentimiento.  La  aceptación de medidas especiales de protección, será una decisión expresa,  libre y voluntaria por parte del beneficiario de las mismas.    

2. Confidencialidad.  Toda  actuación e información relativa a la protección de personas beneficiarias de  los programas, tendrá carácter reservado, de acuerdo con lo establecido en la  ley. Los beneficiarios de las medidas también están obligados a guardar dicha  reserva.    

3. Temporalidad. Las medidas  especiales de protección serán de carácter temporal. Se ejecutarán mientras  subsistan los factores de riesgo y amenaza en contra del beneficiario y estarán  sujetas a revisión por lo menos una vez al año o de acuerdo con la naturaleza y  la temporalidad de la medida, basados en nuevos elementos o consideraciones de  riesgo que se puedan presentar; el procedimiento será desarrollado por parte de  los funcionarios designados por la Policía Nacional encargados de realizar los  estudios de nivel de riesgo, conforme a la normatividad que define el campo de  acción y población objeto de estudio y protección.    

4. Causalidad. Toda  medida especial de protección estará fundamentada en la conexidad  directa entre los factores de riesgo y amenaza en contra del beneficiario y la  calidad o cargo que ostenta.    

5. Exclusividad.  Las medidas especiales de protección estarán destinadas  exclusivamente a los beneficiarios del programa señalados como población objeto  en el presente Decreto, a quienes el respectivo Comité recomendará las medidas.    

6. Proporcionalidad. Las medidas otorgadas en el  servicio de protección a la población objeto de estas, corresponderán a las  circunstancias de modo, tiempo y lugar de acuerdo al riesgo particular de cada  beneficiario.    

7. Oportunidad.  Las medidas y procedimientos de protección se prestarán de manera  oportuna a las personas beneficiadas.    

8. Complementariedad.  Sin perjuicio de los Programas de Protección definidos en otras  normas, las medidas otorgadas a la población objeto del presente decreto, serán  complementarias con aquellas adoptadas por las entidades territoriales.    

9. Numeral  modificado por el Decreto 3375 de 2011,  artículo 1º. Enfoque Diferencial: Para  la Evaluación de Riesgo, así como para la recomendación y adopción de las  medidas de protección, deberán ser observadas las especificidades y  vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual, y  procedencia urbana o rural de las personas objeto de protección.    

Texto inicial del numeral 9: “Enfoque diferencial. Se  desarrollarán medidas de protección acordes con la situación particular de las personas  objeto de protección que requieran dicho tratamiento en la implementación de  las mismas.”.    

CAPÍTULO II    

Definiciones    

Artículo 3°. Definiciones.  Para los efectos del presente decreto se establecen las siguientes  definiciones:    

1. Riesgo. Es  la probabilidad objetiva de que un peligro contra un individuo o un grupo de  individuos se materialice en daño o agresión. El riesgo está limitado a un  espacio y momento determinados.    

2. Amenaza. Es  el anuncio o indicio de acciones que puedan llegar a causar daño a la vida,  integridad, libertad o seguridad de una persona o de su familia. La amenaza  puede ser directa cuando está expresamente dirigida contra la víctima o  indirecta cuando se presume inminencia de daño como resultado de situaciones  emergentes, en el contexto de la víctima. La amenaza está constituida por un  hecho o una situación de carácter externo y requiere la decisión o  voluntariedad de causar un daño.    

3. Estudio de  Nivel de Riesgo. Es el resultado del análisis técnico de seguridad  sobre la gravedad e inminencia de la situación de riesgo y amenaza en que se  encuentra una persona natural, familia o grupo de personas, así como de las  condiciones particulares de vulnerabilidad que les afectan. El estudio de nivel  de riesgo tomará en consideración los factores de diferenciación determinados  en el presente decreto.    

4. Riesgo  Mínimo. Ocupa este nivel quien vive en condiciones tales que los  riesgos a los que se enfrenta son únicamente los de muerte y enfermedad  natural. La persona sólo se ve amenazada en su existencia e integridad por  factores individuales y biológicos.    

5. Riesgo  Ordinario. Es aquel al que están sometidas todas las personas, en  igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad,  genera para el Estado, la obligación de adoptar medidas generales de seguridad  a través de un servicio de policía eficaz.    

6. Riesgo  Extraordinario. Es aquel que las personas no están jurídicamente  obligadas a soportar y conlleva el derecho de recibir del Estado la protección  especial por parte de sus autoridades, de acuerdo a las siguientes  características:    

a) Que sea específico e individualizable;    

b) Que sea concreto, fundado en acciones o hechos  particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas;    

c) Que sea presente, no remoto ni eventual;    

d) Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar  bienes o intereses jurídicos valiosos, integridad física, psíquica y sexual  para la víctima o testigo;    

e) Que sea serio, de materialización probable por las  circunstancias del caso;    

f) Que sea claro y discernible;    

g) Que sea excepcional en la medida en que no debe ser  soportado por la generalidad de los individuos;    

h) Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva  la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.    

7. Riesgo  Extremo. Es  aquel que amenaza los derechos a la vida e integridad, libertad y seguridad  personal y se presenta al confluir todas las características señaladas para el  riesgo extraordinario. Adicionalmente, este tipo de riesgo debe ser:    

a) Grave e inminente;    

b) Dirigido contra la vida o la integridad, libertad y  seguridad personal, con el propósito evidente de violentar tales derechos.    

8. Medidas de  Protección. Son las acciones y medios de seguridad que desarrollan o  implementan los diferentes organismos del Estado, con el propósito de prevenir  riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad  personal de los beneficiarios.    

9. Núcleo  Familiar. Comprende al cónyuge o compañero (a) permanente del  beneficiario y a los hijos menores de edad.    

10. Hogar. Es  el grupo de personas, parientes, o no, que viven bajo un mismo techo, comparten  los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento forzado por la  violencia.    

11. Zona de  Riesgo. Es aquella área o lugar en donde se puede hacer efectivo el  riesgo o la amenaza para la persona objeto de medidas de protección especial.    

CAPÍTULO III    

Población objeto    

Artículo 4°. Población  objeto del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del  Interior y de Justicia. El Programa prestará protección a personas que  se encuentren en la situación descrita en el artículo 1° de este decreto y las  cuales estén comprendidas dentro de los siguientes grupos:    

1. Dirigentes o activistas de organizaciones sociales,  cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos.    

2. Dirigentes o activistas de organizaciones de derechos  humanos y miembros de la misión médica.    

3. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y  de infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que  no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y  administrativos, en concordancia con la normatividad vigente.    

4. Periodistas y comunicadores sociales.    

5. Dirigentes, líderes, representantes de organizaciones  de población desplazada o personas desplazadas en situación de riesgo  extraordinario o extremo.    

6. Funcionarios responsables del diseño, coordinación o  ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional.    

7. Ex funcionarios que hayan tenido bajo su  responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de las políticas de  Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional.    

8. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la  Corriente de Renovación Socialista, CRS, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL,  el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el Movimiento  Independiente Revolucionario Comandos Armados, MIR, COAR  y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes  del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la  ciudad de Medellín, que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional  en los años 1994 y 1998, se reincorporaron a la vida civil y por sus  actividades políticas, sociales, periodísticas, humanitarias o profesionales  tienen un nivel de riesgo extraordinario o extremo.    

Artículo 5°. Población  objeto del Programa de Protección de la Policía Nacional. El Programa de  Protección de la Policía Nacional prestará protección a personas comprendidas  dentro de los siguientes grupos:    

1. En razón  del cargo: Son aquellas personas que en consideración al cargo que  ostentan, asumen un riesgo por la condición del mismo. Son objeto de protección  en razón al cargo las siguientes personas:    

a) Presidente de la República de Colombia, cónyuge, hijos,  y familiares de acuerdo con la normatividad vigente según estudio de nivel de  riesgo;    

b) Vicepresidente de la República de Colombia cónyuge,  hijos, y familiares de acuerdo con la normatividad vigente según estudio de  nivel de riesgo;    

c) Ministros del Despacho.    

d) Senadores de la República y Representantes a la Cámara;    

e) Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema  de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura;    

f) Fiscal General de la Nación;    

g) Procurador General de la Nación;    

h) Contralor General de la República;    

i) Defensor del Pueblo en el orden nacional;    

j) Gobernadores Departamentales;    

k) Generales de la Policía Nacional en servicio activo;    

l)  Directores especializados, Comandantes de Región, Metropolitanas, Departamentos  y de Comandos Operativos Especiales de Seguridad Ciudadana de la Policía  Nacional;    

m) Ex funcionarios que hayan ofrecido o concedido la  extradición de una persona condenada o procesada en el exterior.    

2. Por el  Nivel de Riesgo: Son aquellas personas que en consideración de un  riesgo comprobado y previo concepto favorable del Comité de Evaluación del  Nivel de Riesgo de la Policía Nacional requieren de medidas especiales de  protección. Son ellas:    

a) Ex presidente y Ex vicepresidente de la República,  cónyuge, hijos, y familiares de acuerdo con la normatividad vigente según  estudio de nivel de riesgo;    

b) Embajador y Cónsul extranjero acreditado en Colombia;    

c) Viceministros, Viceprocurador,  Vicecontralor y Vicefiscal;    

d) Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial,  Tribunal Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura;    

e) Auditor General de la República;    

f) Contador General de la República;    

g) Registrador Nacional del Estado Civil;    

h) Directores de Departamentos Administrativos del Orden  Nacional;    

i) Oficiales Generales en uso de buen retiro de la Policía  Nacional;    

j) Secretario General del Senado de la República y la  Cámara de Representantes;    

k) Jueces de la República;    

1) Autoridades eclesiásticas;    

m) Alcaldes distritales y municipales;    

n) Concejales, diputados y personeros distritales y  municipales;    

o) Dirigentes políticos;    

p) Funcionarios y ex funcionarios públicos del orden  nacional.    

Parágrafo 1°. Dirigentes  políticos. Son aquellos que siendo miembros activos de un partido o  movimiento político, hacen parte de sus directivas estatutarias, previa  inscripción del partido o movimiento en el Consejo Nacional Electoral, o que  participan en elecciones para ocupar un cargo de representación popular, a  merced del aval emitido por el Secretario General del respectivo partido o  movimiento.    

Parágrafo 2°. Servicio  Extraordinario de Protección. Con el propósito de implementar medidas de  protección transitorias a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno de visita en el  país, representantes de la Misión Diplomática en cumplimiento de funciones  propias, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y  Servicios Especiales, atenderá el servicio policial, previa solicitud que para  el efecto tramitará la Presidencia de la República o el Ministerio de  Relaciones Exteriores con la información necesaria para el mismo.    

Parágrafo 3°. Protección  de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando General de las  Fuerzas Militares asignará responsabilidades concretas a los Comandantes de  Fuerza en la ejecución de acciones colectivas que garanticen la vida e  integridad personal de los diputados y concejales en zonas rurales.    

CAPÍTULO IV    

Instancias competentes    

Artículo 6°. Competencia  en el Programa de Protección de Derechos Humanos. Son instancias  competentes para el desarrollo del Programa de Protección de Derechos Humanos  del Ministerio del Interior y de Justicia, los siguientes:    

1. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del  Interior y de Justicia.    

2. El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER, que recomendará las medidas de protección que  considere pertinentes para cada caso concreto y determinará la duración de las  mismas.    

Parágrafo. Modificado por el Decreto 2309 de 2011,  artículo 1º. Las responsabilidades frente al programa  de protección a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se  irán reduciendo gradualmente en la medida en que se vayan cumpliendo las  distintas etapas del proceso de traslado del mismo al Ministerio del Interior y  de Justicia, hasta su finalización.    

Texto anterior. Modificado por el Decreto 1896 de 2011,  artículo 1º. “Las responsabilidades frente al programa de  protección a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se irán  reduciendo gradualmente en la medida en que se vayan cumpliendo las distintas  etapas del proceso de traslado del mismo al Ministerio del Interior y de  Justicia, hasta su finalización, cuyo plazo máximo es el 30 de junio de 2011.”.    

Texto anterior. Modificado por el Decreto 955 de 2011,  artículo 1º. “Las responsabilidades frente al programa de protección a cargo del  Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se irán reduciendo gradualmente  en la medida en que se vayan cumpliendo las distintas etapas del proceso de  traslado del mismo al Ministerio del Interior y de Justicia, hasta su  finalización, cuyo plazo máximo es el 31 de mayo de 2011.”.    

Texto anterior. Modificado por el  Decreto 4520 de 2010,  artículo 1º. “Las responsabilidades frente al  programa protección a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,  se irán reduciendo gradualmente en la medida en que se vayan cumpliendo las  distintas etapas del proceso de traslado del mismo al Ministerio del Interior y  de Justicia, hasta su finalización, cuyo plazo máximo es el 31 de marzo de  2011.”.    

Texto anterior. Modificado por el  Decreto 2271 de 2010,  artículo 1º. “Las responsabilidades frente al  Programa de Protección a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad,  DAS, se irán reduciendo gradualmente en la medida en que se vayan cumpliendo  las distintas etapas del proceso de traslado del mismo al Ministerio del  Interior y de Justicia hasta su finalización, cuyo plazo máximo es el 31 de  diciembre de 2010.”.    

Texto inicial del parágrafo.: “Las  responsabilidades frente al Programa de Protección a cargo del Departamento  Administrativo de Seguridad, DAS, se irán reduciendo gradualmente en la medida  en que se vayan cumpliendo las distintas etapas del proceso de traslado del  mismo al Ministerio del Interior y de Justicia hasta su finalización, esto es,  el 30 de junio de 2010, de conformidad con el Decreto  1030 del 26 de marzo de 2010.”.    

Artículo 7°. Conformación  del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER.  El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos de los Programas de  Protección a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del  Interior y de Justicia estará integrado de la siguiente forma:    

1. El Ministro del Interior y de Justicia, quien lo  presidirá.    

2. El Director de la Agencia Presidencial para la Acción  Social y la Cooperación Internacional.    

3. El Director del Programa Presidencial de Promoción,  Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho  Internacional Humanitario.    

4. El Director de Derechos Humanos del Ministerio del  Interior y de Justicia.    

5. El Director de Protección y Servicios Especiales de la  Policía Nacional.    

6. El Coordinador del Grupo de Derechos Humanos de la  Inspección General de la Policía Nacional.    

Parágrafo 1°. El Ministro del Interior y de Justicia podrá  delegar su participación en el Viceministro del Interior. Las delegaciones que  eventualmente llegaren a realizar los demás miembros del CRER  deberán constar por escrito y recaer en funcionarios del nivel directivo.    

Parágrafo 2°. Invitados  especiales al CRER. Concurrirán al Comité,  sólo con derecho a voz, representantes de la Procuraduría General de la Nación,  la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.    

Así mismo, participarán como invitados especiales el Alto  Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o su delegado, y  cuatro (4) representantes de cada una de las poblaciones objeto de los  Programas de Protección a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del  Ministerio del Interior y de Justicia.    

En las sesiones del CRER donde  se traten casos relativos a la población en situación de desplazamiento,  participará como invitado especial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Refugiados, o su delegado.    

Así mismo, se podrán invitar delegados de entidades de  carácter público o privado cuando se presenten casos relacionados con sus  competencias.    

Parágrafo 3°. Teniendo en cuenta sus competencias  constitucionales y legales, cada uno de los integrantes responderá por sus  acciones y omisiones en el marco de las funciones del Comité.    

Parágrafo 4°. Los representantes de la población objeto  ante el Comité, asistirán únicamente a las sesiones en que se analicen temas  relacionados con la población objeto que representan. En una misma sesión se  podrán tratar asuntos que afecten a varias poblaciones objeto, caso en el cual  el Comité sesionará con la participación de los representantes de tales  poblaciones.    

Parágrafo 5°. La Secretaría Técnica del Comité será  ejercida por el Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de  Justicia, o su delegado.    

Parágrafo 6°. Los miembros del Comité no podrán presentar  o estudiar solicitudes de protección sin el lleno de los requisitos  establecidos por el Programa de Protección de Derechos Humanos.    

Parágrafo 7°. Las recomendaciones del Comité serán  consignadas en un acta, que suscribirán el presidente y el secretario técnico.    

Artículo 8°. Funciones  del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER.  El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Programa de  Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de  Justicia tendrá las siguientes funciones:    

1. Evaluar los casos que le sean presentados por la  Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y,  excepcionalmente, por cualquiera de los miembros del Comité. Dicha evaluación  se hará tomando en cuenta las poblaciones objeto del Programa de Protección y  el reglamento aplicable.    

2. Considerar las evaluaciones técnicas de los niveles de  riesgo y los estudios técnicos de seguridad físicos a instalaciones, de  conformidad con la situación particular de cada caso.    

3. Recomendar las medidas de protección que considere  pertinentes.    

4. Hacer seguimiento periódico a la implementación de las  medidas de protección y, con base en ese seguimiento, recomendar los ajustes  necesarios.    

5. Darse su propio reglamento.    

6. Las demás que sean necesarias para el desarrollo de su  objeto.    

Artículo 9°. Sesiones  del CRER. Como mínimo se realizará una sesión  mensual del Comité, previa convocatoria efectuada por el Ministro del Interior  y de Justicia o el Director de Derechos Humanos de este Ministerio.    

Adicionalmente, se efectuarán reuniones extraordinarias  del Comité cuando las necesidades de protección lo ameriten.    

Parágrafo. Habrá quórum deliberatorio y decisorio en el Comité  cuando asistan cuatro de sus integrantes.    

En caso que no haya quórum deliberatorio, quien preside  podrá tomar medidas urgentes de protección, de conformidad con lo señalado en  el artículo 36 de este decreto.    

Artículo 10. Competencia  en el Programa de Protección de la Policía Nacional. Son autoridades  competentes para ordenar la implementación de medidas de protección a personas,  en la Policía Nacional:    

1. El Director General de la Policía Nacional.    

2. El Subdirector General de la Policía Nacional.    

3. El Director de Protección y Servicios Especiales de la  Policía Nacional.    

4. Los comandantes de metropolitanas, departamentos de  Policía y comandos operativos especiales de seguridad ciudadana.    

Artículo 11. Conformación del Comité de Evaluación de  Nivel de Riesgo, CENIR. La Policía Nacional, a través  de la Dirección de Protección y Servicios Especiales y los comandos de  metropolitanas y departamentos de Policía, organizarán el Comité de Evaluación  de Nivel de Riesgo – CENIR, integrado de la siguiente  manera:    

1. En la Dirección de Protección y Servicios Especiales:    

a) El Subdirector de Protección, quien lo preside;    

b) El Jefe del Área de Protección a personas e  instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales y los jefes de  los grupos a su cargo;    

c) El Jefe del Área Administrativa de la Dirección de  Protección y Servicios Especiales;    

d) El Jefe del Grupo de Estudios de Seguridad de la  Dirección de Protección y Servicios Especiales;    

e) El Jefe de Talento Humano de la Dirección de Protección  y Servicios Especiales quien actuará como Secretario;    

f) El funcionario que realizó el Estudio de Nivel de  Riesgo;    

g) Las Personas invitadas que el Comité considere  convenientes con voz pero sin voto;    

h) En los casos en que se traten temas de derechos  humanos, se deberá invitar al Coordinador del Grupo de Derechos Humanos de la  Policía Nacional o su delegado.    

2. En las metropolitanas y comandos de Departamento de  Policía:    

a) El Subcomandante, quien lo preside;    

b) El Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana;    

c) El Jefe Administrativo;    

d) El Jefe de la Seccional de Inteligencia;    

e) El Jefe de la Seccional de Investigación Criminal;    

f)  El Jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales;    

g) El Jefe de Talento Humano quien actuará  como secretario;    

h) El Jefe del Grupo de Protección;    

i) El Funcionario que realizó el Estudio de  Nivel de Riesgo;    

j) Las Personas que el Comité considere  convenientes con voz pero sin voto;    

k) En los casos en que se traten temas de  derechos humanos, se deberá invitar al Coordinador de Derechos Humanos de la  Unidad.    

Artículo 12. Funciones del Comité de Evaluación del Nivel de Riesgo, CENIR. Las funciones del Comité de Evaluación de  Nivel de Riesgo, serán las siguientes:    

1. Recomendar de forma temporal, oportuna y  suficiente las medidas preventivas y/o protectivas para cada caso en  particular, teniendo en cuenta la exposición de motivos y argumentos  presentados por el funcionario investigador que adelanta el respectivo estudio.    

2. Avalar los estudios de nivel de riesgo  realizados por la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL),  Dirección de Protección y Servicios Especiales y las Seccionales de  Inteligencia Policial (SIPOL) que impliquen la  adopción de medidas especiales de protección.    

3. Recomendar si es necesario implementar,  modificar o suspender medidas preventivas y/o protectivas, con fundamento en el  resultado del Estudio de Nivel de Riesgo.    

4. Determinar para cada caso, la aplicación  del tiempo de validez del Estudio de Nivel de Riesgo, que no podrá exceder un  año para personas.    

5. Las demás que determine la ley, los  reglamentos y las disposiciones internas.    

Artículo 13. Sesiones del CENIR. El Comité de  Evaluación de Nivel de Riesgo – CENIR de la Dirección  de Protección y Servicios Especiales y de las metropolitanas y departamentos de  Policía, sesionarán como mínimo dos veces al mes, para atender todos los  requerimientos de la población señalada en el artículo 5° del presente decreto,  en el lugar que previamente se determine y notifique para adelantar la sesión.    

Artículo 14. Comisión Intersectorial de Protección. Estará conformada por:    

1. El Ministro del Interior y de Justicia,  quien la presidirá;    

2. El Ministro de Defensa Nacional;    

3. El Fiscal General de la Nación;    

4. El Procurador General de la Nación;    

5. El Director del Programa Presidencial de  Derechos Humanos y DIH    

6. El Defensor del Pueblo    

7. El Contralor General de la República    

Parágrafo. La participación en esta Comisión  es indelegable.    

Artículo 15. Funciones de la Comisión. Son funciones de la Comisión  Intersectorial de Protección, las siguientes:    

1. Orientar los lineamientos de política en  materia de protección.    

2. Coordinar la implementación y terminación  de medidas de protección en casos excepcionales que sean generadas por nivel de  riesgo extremo y solicitadas por el Ministerio del Interior y de Justicia o la  Policía Nacional.    

3. Revisar periódicamente los informes de  seguimiento a los diferentes programas de protección y emitir recomendaciones.    

4. Evaluar el proceso de transición de las  poblaciones objeto de cada uno de los programas.    

5. Invitar a las personas que consideren  necesarias.    

Artículo 16. Sesiones de la Comisión. La Comisión establecerá su propio  reglamento de funcionamiento y determinará la periodicidad de las sesiones.    

Las recomendaciones y decisiones de la  Comisión serán consignadas en un acta, que suscribirán el presidente y el  secretario de la misma.    

TÍTULO II    

DE LAS MEDIDAS    

CAPÍTULO I    

Clasificación    

Artículo 17. Clasificación de las medidas del Programa de Protección de Derechos  Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Para la población objeto  del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, las  medidas que se adoptarán, según el nivel de riesgo identificado, serán las  siguientes:    

1. Medidas  Preventivas. Se recomiendan en general a todos los beneficiarios,  así:    

a) Autoprotección: es la instrucción que se  imparte a las personas pertenecientes a la población objeto relacionada en este  decreto, con el propósito de darles a conocer las formas adecuadas para  minimizar las vulnerabilidades a que se expone una persona en un momento  determinado.    

b) Patrullajes y revistas policiales: son  actividades desarrolladas por la Policía de Vigilancia a pie o en automotores,  de forma periódica y preventiva.    

c) Actas de responsabilidad y compromiso: es  el conjunto de recomendaciones consignadas por escrito que se entrega a las  personas, con el fin de darle a conocer las medidas de prevención y  procedimientos tendientes a disminuir o minimizar los factores de riesgo.    

2. Medidas  de Protección.    

a) Literal modificado por el Decreto 3375 de 2011,  artículo 3º. Medio de  Movilización: Es el recurso que  se otorga a un protegido en procura de salvaguardar su vida, integridad,  libertad y seguridad, durante los desplazamientos. Estos pueden ser de las  siguientes clases:    

• Tiquetes aéreos internacionales. Consiste en la asignación de un tiquete  aéreo internacional para el protegido del programa y, si es necesario, su  núcleo familiar; el cual se brindará como una medida de protección excepcional.  Se suministrará por una sola vez, cuando el nivel de riesgo sea extremo y la  persona o el núcleo familiar sean admitidos por el país receptor por un período  superior a un año.    

• Tiquetes aéreos nacionales. Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en  rutas nacionales y se otorgan al protegido y si es necesario, a su núcleo  familiar, cuando frente a una situación de riesgo debe trasladarse a una zona  que le ofrezca mejores condiciones de seguridad.    

• Apoyo de transporte terrestre o fluvial o marítimo. Consiste en el valor  que se entrega al protegido del programa, para sufragar el precio del contrato de  transporte, para brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que  se entrega al protegido del Programa para sufragar el costo de transporte, no  podrá superar los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.    

Texto inicial del literal a): “Medios de  Movilización: son los medios que se otorgan a un beneficiario en procura de  salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad y con el propósito de  minimizar el riesgo que supone su traslado. Estos pueden ser de las siguientes  clases:    

• Tiquetes aéreos internacionales. Se atiende mediante  la asignación de un tiquete aéreo internacional para los beneficiarios del  programa y, si es necesario, su núcleo familiar, que se brindará como una  medida de protección excepcional. Se suministrará a personas que tengan  aceptación por parte del país receptor por un período superior a un año y  cuando su nivel de riesgo sea extraordinario o extremo.    

• Tiquetes aéreos nacionales. Se atiende mediante la  entrega de tiquetes aéreos en rutas nacionales y se otorgan al beneficiario y,  si es necesario, su núcleo familiar, cuando frente a una situación de riesgo  debe trasladarse a una zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad. De  manera excepcional y por razones de seguridad, se otorgará esta medida a beneficiarios  que requieran desplazarse por este medio, previa autorización del CRER.”.    

b) Apoyo de Reubicación Temporal. Constituye  la asignación y entrega de una suma de dinero equivalente a un monto de hasta  de un (1) salario mínimo legal mensual vigente al beneficiario, por un máximo  de tres (3) veces, ante la necesidad apremiante de salir de la zona de riesgo,  para facilitar su traslado y asentamiento en un lugar diferente.    

De manera excepcional se podrá otorgar apoyo  de reubicación temporal por (3) veces adicionales, por la mitad del monto  ordinario cuando persista un nivel de riesgo igual o superior a extraordinario.    

c) Apoyo de trasteo. Valor que se otorga al  beneficiario que en razón de su nivel de riesgo o grado de amenaza, deba  reubicarse en un lugar o área diferente a la zona de riesgo. Este monto se  cancelará a la persona que preste el servicio de trasteo.    

d) Esquemas de Protección. Son los recursos  físicos y humanos otorgados a los beneficiarios del Programa para su  protección.    

e) Chalecos Antibalas. Es la asignación de una  prenda blindada para la protección del cuerpo humano.    

f) Medios de Comunicación. Son los equipos de  comunicación entregados como elementos para la protección, con el objeto de  permitir acceso a la comunicación oportuna y efectiva del beneficiario con los  organismos del Estado que participan en el Programa de Protección de Derechos  Humanos, con el fin de comunicar una situación de emergencia y dar cuenta de su  situación de seguridad.    

g) Blindaje de inmuebles e instalación de  sistemas técnicos de seguridad. Están constituidos por elementos y equipos de  seguridad integral, para el control del acceso a los inmuebles de propiedad de  las organizaciones donde se encuentre su sede principal. En casos excepcionales  podrán dotarse estos elementos a las residencias de los beneficiarios del  Programa de Protección del Ministerio. En todos los casos, esta medida se  implementará conforme a las recomendaciones del estudio de seguridad.    

Parágrafo.  Adicionado por el Decreto 3375 de 2011,  artículo 4º. Se podrán adoptar otras medidas de  protección distintas a las establecidas en el artículo 17 del Decreto 1740 de 2010,  teniendo en cuenta el enfoque diferencial y sin perjuicio de las medidas  existentes.    

Artículo 18. Clasificación de las medidas del Programa de Protección de la Policía  Nacional. Para la población objeto del Programa de Protección de la  Policía Nacional las medidas que se adoptarán, según el nivel de riesgo  identificado, serán las siguientes:    

1. Medidas  Preventivas. Se recomiendan en general a todos los beneficiarios,  así:    

a) Autoprotección: es la instrucción que se  imparte a las personas pertenecientes a la población objeto señalada en este decreto,  con el propósito de darles a conocer las formas adecuadas para disminuir las  vulnerabilidades a que se expone una persona en un momento determinado.    

b) Patrullajes y revistas policiales: son  actividades desarrolladas por la Policía de Vigilancia a pie o en automotores,  de forma periódica y preventiva.    

c) Actas de responsabilidad y compromiso: es  el conjunto de recomendaciones consignadas por escrito que entrega la Policía  Nacional a las personas con el fin de darle a conocer las medidas de prevención  y procedimientos tendientes a disminuir o minimizar los factores de riesgo.    

2. Medidas  de Protección    

a) Dispositivo de protección: es el recurso  humano designado por la Policía Nacional para la seguridad integral del  beneficiario.    

b) Recursos Físicos: son los elementos  necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y  consisten entre otros en los vehículos, motocicletas, chalecos antibalas,  escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para  el efecto.    

c) Seguridad a instalaciones. Cuando la situación  específica de riesgo implique la adopción de medidas especiales de protección  en el lugar de residencia o de trabajo, el CENIR  podrá recomendar la implementación de este servicio.    

Artículo 19. Procedencia de los Recursos Físicos. Los recursos físicos para  la prestación de las medidas de protección a las poblaciones objeto de la  Policía Nacional, serán suministrados en su totalidad por las entidades del  Estado o corporaciones públicas correspondientes, de conformidad con los  acuerdos específicos realizados en cada evento.    

Cuando las personas beneficiarias de medidas  especiales de protección se desplacen a diferentes zonas del territorio  nacional, las entidades a las cuales pertenecen los protegidos proveerán los  recursos físicos necesarios para su protección.    

En aquellos casos que se asignen vehículos  blindados o convencionales para la protección de la población objeto definida  en el artículo 5° de este decreto, las entidades que asignen los recursos  físicos proveerán con cargo a su planta de personal los conductores necesarios  para este servicio.    

Parágrafo 1°. Cuando la Policía Nacional  asigne, de manera transitoria, vehículos para la protección de ex funcionarios  públicos, la entidad de la cual hacían parte asumirá los costos relacionados  con el mantenimiento del vehículo y el combustible.    

Parágrafo 2°. El Ministerio del Interior y de  Justicia deberá diseñar e implementar una estrategia de difusión ante las  entidades territoriales, a través de la cual se les informe que deben incluir en  sus presupuestos los recursos para afrontar los gastos de apoyo logístico para  los programas de protección previstos en el presente decreto.    

CAPÍTULO II    

Activación de la Presunción Constitucional de  Riesgo para Personas en Situación de Desplazamiento    

Artículo 20. Para la activación de la  presunción constitucional de riesgo, se podrán adoptar las siguientes medidas:    

1. Medidas iniciales y transitorias de protección. Como  resultado de la valoración preliminar en consideración a la presunción de riesgo,  se adoptarán una serie de medidas preliminares de carácter transitorio,  encaminadas a preservar en forma ágil, oportuna y eficaz, la vida, integridad,  libertad y seguridad de las personas amenazadas.    

2. Medidas urgentes de protección a cargo  de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia.  En caso de riesgo inminente, tratándose de personas en situación de  desplazamiento el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del  Interior y de Justicia podrá adoptar o solicitar medidas provisionales de  protección para los destinatarios del Programa e informará de las mismas al CRER, en la siguiente sesión, con el fin de que este las  conozca y recomiende medidas definitivas.    

3. Medidas definitivas de protección.  Una vez realizado el estudio de nivel de riesgo, el CRER  recomendará la adopción de medidas definitivas, pudiendo mantener las medidas  urgentes y las medidas iniciales y transitorias o recomendando las  modificaciones pertinentes basadas en el resultado de dicho estudio.    

Parágrafo 1°. En todo caso, las medidas deben  ser adecuadas y suficientes para conjurar el riesgo y evitar la materialización  de la amenaza. Podrán, en consecuencia, aplicarse aquellas enunciadas en el  artículo 18 del presente decreto.    

Sin perjuicio de que se adopten otras medidas  acordes con las circunstancias, se sugieren, entre otras, las siguientes:  asesoría directa, capacitación específica en autoseguridad y autoprotección,  redes de comunicación, patrullajes y revistas de la Policía Nacional en áreas  perimetrales.    

Parágrafo 2°. Las autoridades deberán prestar  atención particular a los casos en los cuales quienes solicitan protección son  sujetos de especial protección constitucional, tales como indígenas, afrocolombianos, adultos mayores, mujeres, madres cabeza de  familia, menores de edad, personas con discapacidad, personas con orientación  sexual diversa, defensores de Derechos Humanos, entre otros.    

CAPÍTULO III    

Clasificación de Esquemas    

Artículo 21. Tipos de esquemas del Programa de Protección de Derechos Humanos del  Ministerio del Interior y de Justicia. Los tipos de esquemas de  protección del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del  Interior y de Justicia han sido definidos de la siguiente manera:    

Tipo 1: Esquema individual, para brindarle  seguridad a una sola persona, e incluye:    

• 1 vehículo corriente    

• 1 conductor    

• 1 escolta    

Tipo 2: Esquema individual, para brindarle  seguridad a una sola persona, e incluye:    

• 1 vehículo blindado    

• 1 conductor    

• 1 escolta    

Tipo 3: Esquema individual reforzado con  escoltas, para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:    

• 1 vehículo corriente o blindado    

• 1 conductor    

• 2 escoltas    

Tipo 4: Esquema individual reforzado con  escoltas y vehículo, para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:    

• 1 vehículo blindado    

• 1 vehículo corriente    

• 2 conductores    

• Hasta 4 escoltas    

Tipo 5: Esquema colectivo, para brindarle  protección a un grupo de 2 o más personas, e incluye:    

• 1 vehículo corriente o blindado    

• 1 conductor    

• 2 escoltas    

Artículo 22. Tipo de esquemas del Programa de Protección de la Policía Nacional.  Los tipos de esquemas de protección de la Policía Nacional han sido definidos  de la siguiente manera:    

Tipo A: conformado por un escolta policial a  cargo de la seguridad del protegido. El servicio puede ser prestado como  escolta a pie.    

Tipo B: Conformado por dos (2) escoltas,  actuando como jefe de esquema y el otro funcionario actúa como hombre de  avanzada.    

Tipo C: Conformado por tres (3) escoltas, un  jefe de esquema, un hombre de avanzada y un hombre de seguridad.    

Tipo D: Conformado por cuatro (4) escoltas, un  jefe de esquema, un hombre de avanzada, un hombre al flanco derecho y un hombre  al flanco izquierdo. Cada uno de ellos cumple funciones específicas.    

Tipo E: Conformado por cinco (5) escoltas.  Cuenta con un coordinador de seguridad o jefe de esquema, un hombre de avanzada,  un hombre de seguridad en el flanco derecho, un hombre en el flanco izquierdo y  un hombre de retaguardia.    

Tipo F: Conformado por seis (6) escoltas.  Cuenta con un coordinador de seguridad, un jefe de esquema, un hombre de  avanzada, un hombre de seguridad en flanco derecho, un hombre en el flanco  izquierdo y un hombre de retaguardia.    

Parágrafo. En ningún caso el personal asignado  por la Policía Nacional para el cumplimiento de labores de escolta, podrá  conducir los vehículos asignados al esquema de protección.    

Artículo 23. El Comité de Reglamentación y  Evaluación de Riesgos – CRER y el Comité de  Evaluación de Nivel de Riesgo – CENIR, dentro de sus  respectivas competencias, definirán anualmente las especificaciones técnicas  que deben cumplir los vehículos que formen parte de los esquemas de protección,  a fin de que los vehículos adquiridos para proveer de recursos físicos para la  prestación de las medidas de protección por las entidades del Estado o  corporaciones públicas correspondientes en concordancia con el artículo 19 del  presente decreto, cumplan con dichas especificaciones.    

Parágrafo 1°. Los niveles de blindajes de los  vehículos serán objeto de reglamentación por parte de la Superintendencia de  Vigilancia y Seguridad Privada.    

Parágrafo 2°. Los esquemas del Programa de  Protección del Presidente de la República, Vicepresidente de la República, ex  Presidente de la República y ex Vicepresidente de la República, serán los  establecidos en las normas vigentes sobre la materia y no estarán sujetos al  estudio del nivel de riesgo ni al procedimiento de que trata el presente decreto.    

TÍTULO III    

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS    

CAPÍTULO I    

Criterios para la evaluación    

Artículo 24. Son criterios para la evaluación  del nivel de riesgo, los siguientes:    

1. Origen de la amenaza y relación causal. La  amenaza debe estar originada en la violencia armada organizada y, en razón, o  como consecuencia del ejercicio directo de las funciones, cargo o actividad del  solicitante o la calidad que ostenta.    

2. Calidad del peticionario. El peticionario  debe pertenecer a una de las categorías descritas en los artículos 4° y 5° de  este decreto.    

3. Circunstancias del riesgo. El riesgo al que  está sometido el peticionario de los Programas de Protección debe cumplir con  las siguientes características:    

a) Debe ser específico e individualizable,  es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico. b) Debe ser concreto, es  decir, estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en  suposiciones abstractas.    

c) Debe ser presente, esto es, no remoto ni  eventual.    

d) Debe ser importante, es decir, que amenace  con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo cual  no puede tratarse de un riesgo menor.    

e) Debe ser un riesgo serio, de  materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede  ser improbable.    

f) Debe tratarse de un riesgo claro y  discernible, no de una contingencia o peligro difuso.    

g) Debe ser un riesgo excepcional, en la  medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos.    

h) Debe ser desproporcionado, frente a los  beneficios de protección que deriva la persona de la situación por la cual se  genera el riesgo.    

4. Identificación de Zona de Riesgo. La  situación de riesgo deberá presentarse en el territorio nacional y la zona de  riesgo debe ser identificada y delimitada en cada caso concreto.    

Artículo 25. Modificado por el Decreto 3375 de 2011,  artículo 2º. La elaboración de  la evaluación del nivel de riesgo estará a cargo de un grupo de valoración preliminar,  quien tendrá el apoyo in situ de un cuerpo técnico de recopilación y análisis  de información bajo la coordinación del grupo de protección de la Dirección de  Derechos Humanos del Ministerio del Interior, según el siguiente procedimiento:    

Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información –CTRAI–. Encargado de la recopilación y análisis de información in situ. Estará  conformado por personal del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.    

Conformación del Grupo de Valoración Preliminar. El Grupo de Valoración Preliminar tendrá carácter  permanente y estará conformado por:    

– El Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior o su  delegado,    

– El Director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional o su  delegado,    

– El delegado de la Policía Nacional,    

– El delegado del Programa Presidencial para la protección y vigilancia de  los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,    

– El delegado de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la  Cooperación Internacional. Participarán de manera permanente, como invitados  especiales:    

– Un representante del Fiscal General de la Nación    

– Un representante del Procurador General de la Nación, y    

– Un representante del Defensor del Pueblo.    

– El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de  Alertas Tempranas CIAT.    

Participará cualquier autoridad pública del nivel nacional, departamental,  distrital o municipal, en calidad de invitados, cuando así lo decidan los  miembros del Grupo.    

Atribuciones del Grupo de Valoración Preliminar. Son atribuciones del Grupo de valoración preliminar:    

– Analizar la situación de riesgo de cada caso, según la información  provista por el CTRAI.    

– Presentar al CRER la determinación sobre el  nivel de riesgo y un concepto sobre las medidas idóneas a implementar.    

– Elaborar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, la evaluación y  reevaluaciones de nivel riesgo.    

– Darse su propio  reglamento.    

Texto inicial del artículo 25: “Estudio de nivel de riesgo. La  Policía Nacional, de acuerdo con sus competencias, realizará el estudio de  nivel de riesgo, que será presentado ante el respectivo Comité, como insumo  para el análisis y la recomendación de las medidas correspondientes.    

Parágrafo. El Ministerio del Interior y de Justicia y la  Policía Nacional suscribirán convenios interadministrativos  que permitan articular esfuerzos administrativos y presupuestales que  garanticen el funcionamiento de la Comisión de Estudios de Nivel de Riesgo.”.    

Artículo 26. Término para realizar el estudio de nivel de riesgo. El estudio  de nivel de riesgo deberá realizarse por la Policía Nacional en un término no  superior a los 30 días hábiles siguientes a la solicitud presentada por el  respectivo Programa.    

CAPÍTULO II    

Revisión, modificación, suspensión y  terminación de las medidas de protección    

Artículo 27. Revisión periódica de medidas de protección. Las medidas  implementadas serán revisadas por el respectivo Comité un (1) mes antes de su  vencimiento, con miras a determinar su continuidad, suspensión, retiro o  refuerzo. Para este propósito, se tendrá en cuenta, entre otros, la  reevaluación de los estudios de nivel de riesgo.    

El respectivo Comité, de manera excepcional y  a petición del beneficiario o de cualquiera de sus miembros, podrá revisar la  necesidad de la medida implementada, para los mismos efectos señalados en el  inciso anterior.    

Artículo 28. Revisión periódica de medidas de seguridad y protección. Las  medidas de protección implementadas por las autoridades señaladas en el presente  decreto, previa recomendación del respectivo Comité, serán revisadas anualmente  o de acuerdo con la naturaleza y la temporalidad de la medida, con miras a  determinar su continuidad, suspensión, modificación o terminación. Para este  propósito, se tendrá en cuenta, entre otros, la reevaluación de los Estudios de  Nivel de Riesgo.    

Artículo 29. Suspensión de las medidas de protección. El respectivo Comité  podrá suspender las medidas de protección otorgadas, en las siguientes  circunstancias:    

1. Uso  indebido de las medidas asignadas. Se considera que existe uso  indebido de las medidas de protección por parte del beneficiario, cuando:    

1. Autoriza el empleo del esquema protectivo o  de las medidas asignadas al mismo por personas diferentes a las determinadas  por las autoridades definidas en este decreto.    

2. Exige u obliga al personal que cumple  labores de protección a desarrollar actividades que no tienen relación con el  servicio de seguridad.    

3. Agrede física o verbalmente o intenta hacerlo  al personal que está asignado a su esquema de protección.    

4. Abandona o evade el esquema de protección,  desplazándose a lugares sin el acompañamiento del personal asignado para la  seguridad.    

5. Impide el acompañamiento del esquema de  protección en lugares cerrados o abiertos al público, poniendo en riesgo su  vida.    

6. Ejecuta conductas que implican riesgo para  su vida e integridad personal o la de su esquema, tales como:    

a) Conducir vehículos bajo el efecto de  bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas.    

b) Irrespetar la normatividad de tránsito.    

c) Transportar o manipular explosivos, pólvora o armas sin el  correspondiente permiso.    

7. Una vez finalizado el servicio de protección por decisión  del protegido, abandonar el lugar donde se encuentra.    

8. Autoriza permisos o descanso al personal del esquema  sin el conocimiento de la entidad a cargo de su protección.    

9. Desatiende las observaciones o recomendaciones de  autoprotección y seguridad que formule el personal de su esquema de seguridad o  por los organismos de seguridad del Estado.    

10. Ejecuta conductas punibles, contravencionales  o disciplinables haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para  su protección.    

11. Usufructúa comercialmente con los medios de protección  dispuestos en su favor.    

12. Causa daño intencionalmente a los medios de protección  físicos y humanos asignados por el Programa.    

13. Acude a lugares en donde se ponga en riesgo su  seguridad.    

14. Exige que el personal asignado a esquemas de  protección incumpla la normatividad de tránsito o irrespete las señales de  tránsito.    

15. Retorna a la zona de riesgo sin informar oportunamente  a las autoridades señaladas en este decreto.    

2. A solicitud  del beneficiario. En el caso en el cual el beneficiario solicite la  suspensión de las medidas de protección, lo deberá hacer por escrito ante la  entidad que le presta los servicios de protección.    

Artículo 30. Finalización  de las medidas de protección. El respectivo Comité podrá recomendar la  finalización de las medidas de protección, en los siguientes casos:    

1. Por el resultado de la valoración de nivel de riesgo,  si de este se concluye que la medida de protección ha dejado de ser necesaria o  que no la amerita, en atención a la realidad del riesgo que pese sobre el  beneficiario del programa, o se establezca falsedad en la información o pruebas  aportadas, para lo cual será necesaria la recomendación motivada y por mayoría  de los miembros del respectivo Comité.    

2. Por solicitud expresa y libre de la persona, caso en el  cual la autoridad competente deberá explicarle el riesgo que corre, en términos  de su vida, integridad, libertad y seguridad personal.    

3. Vencimiento del período o cargo por el cual fue adoptada  la medida o su prórroga.    

4. Licencias, salvo la licencia por maternidad.    

5. Imposición de medida de aseguramiento o pena privativa  de la libertad que se cumpla en establecimiento de reclusión o con el beneficio  de detención domiciliaria.    

6. Por muerte del beneficiario.    

Parágrafo. Duración  de las Medidas. En el caso de las medidas asignadas en consideración del  cargo, estas podrán extenderse hasta por un año después de que el funcionario  deje el cargo, término que podrá prorrogarse una sola vez hasta por el mismo  período, ajustando las medidas a su nueva condición.    

Artículo 31. Criterios  para la modificación de las medidas de protección. El respectivo Comité,  previa reevaluación del nivel de riesgo, recomendará la modificación o  terminación de las medidas de protección, cuando se presente alguna de las  siguientes circunstancias:    

1. Una vez concluya la temporalidad asignada a la medida.    

2. Por la existencia de nuevos hechos que repercutan directamente  en el nivel de riesgo del beneficiario.    

3. Cambio de actividad del beneficiario que incida  directamente en su nivel de riesgo.    

4. Por traslado del beneficiario de la zona de riesgo.    

5. Por recomendación motivada y unánime de sus miembros.    

Artículo 32. Comité  para la terminación o modificación de medidas. La Policía Nacional  organizará en cabeza de la Subdirección General o la Inspección General, un  Comité para la terminación o modificación de medidas para atender los casos  excepcionales que presente a su consideración la Dirección de Protección y  Servicios Especiales. La Dirección General de la Policía Nacional reglamentará  la conformación y funcionamiento de este Comité.    

TÍTULO IV    

DE LOS BENEFICIOS Y LOS COMPROMISOS    

CAPÍTULO I    

Beneficios    

Artículo 33. Beneficios.  La inscripción en el Programa de Protección genera los siguientes beneficios:    

1. Recibir las medidas de protección recomendadas por el  respectivo Comité.    

2. Recibir los elementos destinados a su protección en  buen estado.    

3. Contar con el manejo reservado de la información  relacionada con su situación particular.    

4. Ser notificado de las recomendaciones del respectivo  Comité, relacionadas con su situación particular.    

CAPÍTULO II    

Compromisos    

Artículo 34. Compromisos  de los beneficiarios. Son compromisos de los beneficiarios:    

1. Acatar las recomendaciones formuladas por los  organismos de seguridad del Estado y el Programa de Protección.    

2. No solicitar ni aceptar inscripción en otro programa de  protección del Estado durante la vigencia de las medidas.    

3. Renunciar a uno de los programas, en caso de estar  vinculado en más de uno de los programas de protección del Estado.    

4. Conservar los elementos entregados en buen estado y  hacer buen uso de ellos.    

5. Usar los elementos o apoyos entregados, exclusivamente  como medida de protección.    

6. Colaborar con los organismos de investigación, de  control y seguridad del Estado, para el esclarecimiento de los hechos que  motiven sus amenazas, con observancia a la excepción constitucional para  declarar.    

7. Asistir a las instrucciones de Autoprotección,  sugeridas por los responsables de cada uno de los programas, las cuales se  llevarán a cabo en el lugar que para el efecto determine la autoridad que  dispone las medidas.    

8. Informar mínimo con 24 horas de antelación, sobre  cualquier desplazamiento que requiera coordinación institucional en diferentes  lugares del país.    

9. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en  peligro su seguridad.    

10. Dar respuesta a los requerimientos que en relación con  el mal uso de las medidas de protección le hagan el respectivo Comité, la  Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, la  Policía Nacional y/o la autoridad que haya asignado la medida, con el fin de  controvertir y/o aclarar las razones y pruebas sobre el uso e implementación de  las medidas de protección.    

11. Reportar de inmediato la pérdida, hurto o daño, de  cualquier elemento suministrado por el Programa de Protección.    

12. Colaborar con la autoridad que haya asignado la medida  de protección para la verificación del debido uso de las medidas de protección.    

13. Colaborar con la Policía Nacional, para la realización  del estudio del nivel de riesgo. De la no disposición o renuencia para permitir  la práctica del mencionado estudio se dejará constancia escrita y se pondrá tal  situación en consideración del respectivo Comité.    

14. Mantener la reserva y confidencialidad de la  información relacionada con su situación particular.    

15. Suscribir un acta de compromiso al momento de recibir  las medidas de protección, en donde se señalarán los elementos entregados y el  estado de los mismos, sus beneficios y compromisos, el lapso de la medida  adoptada y las consecuencias por uso indebido de los mismos.    

16. Devolver los elementos entregados, como medida de  protección, una vez finalice su vinculación al Programa de Protección.    

17. Poner en conocimiento de los organismos de seguridad o  de control del Estado los hechos por los cuales teme por su vida, integridad,  libertad y seguridad.    

18. Asumir el valor correspondiente al deducible del  seguro que ampara cualquier elemento suministrado por el Programa, en caso de  reposición por pérdida, hurto o daño, del mismo, en los casos que se compruebe  culpa grave del protegido.    

19. Las demás inherentes a la naturaleza del beneficiario  del servicio de protección y las que recomiende el respectivo Comité.    

Artículo 35. Funciones  de los Programas de Protección. Son funciones de los Programas de  Protección objeto de este Decreto las siguientes:    

1. Recibir y tramitar las solicitudes e información  allegadas.    

2. Analizar y verificar la documentación relacionada con  las solicitudes.    

3. Solicitar información complementaria para analizar la  situación particular del solicitante.    

4. Coordinar con las entidades competentes, las medidas  preventivas a las que haya lugar.    

5. Dar traslado a las autoridades competentes de las  solicitudes o información, que no sean del resorte del respectivo Programa.    

6. Realizar, de ser necesario, entrevista personal con el  solicitante, para ampliar la información relacionada con su situación  particular.    

7. Implementar las medidas de protección recomendadas por  el respectivo Comité.    

8. Mantener en estricta reserva toda la información  relacionada directa o indirectamente con las medidas de protección otorgadas  por el respectivo Programa y la identidad de sus beneficiarios.    

9. Suministrar la información requerida por los organismos  de control y demás autoridades competentes.    

TÍTULO V    

DE LOS PROCEDIMIENTOS    

CAPÍTULO I    

Procedimiento ordinario    

Artículo 36. Procedimiento  ordinario del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia.  El procedimiento ordinario para la implementación de las medidas de protección,  será adoptado, mediante manual, por el Programa de Protección y constará de las  siguientes etapas:    

1. Recepción de la solicitud escrita presentada por el  afectado o a través de un tercero.    

2. Análisis y verificación de la pertenencia del  solicitante a la población objeto mencionada en los artículos 4° y 5° de este decreto,  la existencia de causalidad, la vigencia del riesgo y el sitio de ubicación o permanencia,  entre otros. En caso de ser necesario, se realizará una entrevista personal con  el solicitante, con miras a ampliar la información pertinente.    

3. Realización del estudio de nivel de riesgo por parte de  la Policía Nacional.    

4. Presentación de la situación particular ante el  respectivo Comité, para evaluación y recomendación de las medidas de protección  pertinentes.    

5. Notificación de las recomendaciones a los  beneficiarios.    

6. Implementación de las medidas recomendadas por el  respectivo Comité.    

7. Revisión periódica de las medidas implementadas.    

Artículo 37. Procedimiento  ordinario de la Policía Nacional. El procedimiento para disponer de  medidas especiales de protección para la población objeto definida en el  artículo 5° del presente decreto, constará de las siguientes etapas:    

1. Recepción de la solicitud de protección.    

2.  Análisis y verificación de pertenencia del solicitante a la población objeto  mencionada en el Artículo 5 del presente Decreto.    

3. Realización del Estudio de Nivel de Riesgo.    

4. Presentación del Estudio de Nivel de Riesgo, ante el  Comité de Evaluación del Nivel de Riesgo respectivo, para evaluación y  recomendación de las medidas de protección pertinentes.    

5. Notificación de la decisión del comité.    

6. Implementación de las medidas que determinen las  autoridades señaladas en el artículo 10 del presente decreto.    

7. Revisión periódica de las medidas implementadas.    

CAPÍTULO II    

Procedimiento de Emergencia    

Artículo 38. Medidas  de protección de emergencia del Programa de Protección del Ministerio del  Interior y de Justicia. En casos de riesgo inminente y excepcional, el  Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia podrá  adoptar, sin necesidad de estudio de nivel de riesgo, medidas provisionales de  protección para los beneficiarios del Programa e informará de las mismas al  Comité en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas  definitivas, si es del caso.    

Con el propósito de adoptar estas medidas de protección de  emergencia, el Programa hará una valoración inicial del riesgo al que está  expuesto el peticionario, disponiendo en forma inmediata la realización del  Estudio del Nivel de Riesgo, que permita ajustar o modificar las decisiones  adoptadas inicialmente.    

En todo caso, para adoptar medidas provisionales de  protección se deberán realizar los trámites presupuestales respectivos.    

Artículo 39. Medidas  de protección de emergencia de la Policía Nacional. En casos de riesgo  inminente, la Policía Nacional, a través de las autoridades señaladas en el  artículo 10 del presente decreto, podrá adoptar las medidas de protección  transitorias, debiendo realizar un estudio preliminar si las circunstancias lo  ameritan disponiendo en forma inmediata la realización del Estudio del Nivel de  Riesgo, que permita ajustar y/o modificar las decisiones adoptadas  inicialmente.    

CAPÍTULO III    

Procedimiento para Activación de Presunción Constitucional  del Riesgo    

Artículo 40. Definición.  Admisión de la existencia de un riesgo extraordinario o extremo en virtud del  cual se considera como cierta la situación de amenaza presentada por un  dirigente, líder, representante o persona desplazada, hasta tanto las  autoridades competentes no la desvirtúen, mediante un estudio de nivel de  riesgo.    

La presunción constitucional de riesgo amparará a  dirigentes, líderes y representantes de la población desplazada, así como a  personas en situación de desplazamiento forzado, que acrediten ante las  autoridades competentes que se encuentran en situación de riesgo extraordinario  o extremo.    

Artículo 41. Condiciones  de activación de la presunción constitucional de riesgo. La presunción  constitucional de riesgo se activa cuando la persona directamente afectada o un  tercero a su nombre realiza una solicitud de protección ante la autoridad  competente, que contenga:    

1. Información que demuestre, prima facie, que la persona es  efectivamente desplazada por la violencia y acredite por cualquier medio que se  encuentra inscrita en el Registro Único de Población Desplazada.    

2. Información que aluda de manera específica a una  amenaza puntual para la vida e integridad, libertad y seguridad personal del  peticionario o de su familia, o de un acto de violencia contra los mismos, relacionando  hechos concretos que indiquen que fue objeto de amenazas o ataques recientes o  actuales.    

Parágrafo 1°. La descripción de los hechos efectuada por  el peticionario debe ser, por lo menos, consistente y verosímil, y en caso de  que la autoridad competente considere que el relato no es consistente o los  hechos relatados no son ciertos, le compete demostrar por qué llega a esa  conclusión, realizando las verificaciones a las que haya lugar.    

Parágrafo 2°. La activación de la presunción constitucional  de riesgo en el caso de personas desplazadas en situación de riesgo  extraordinario o extremo, que no correspondan a la categoría de dirigentes,  líderes o representantes, requiere que la persona interesada acredite, mediante  evidencias fácticas precisas y concretas de actuación ante las autoridades  competentes, el riesgo que pesa sobre su vida y la de los miembros de su hogar,  más allá de un relato coherente y verosímil de los hechos.    

Artículo 42. Valoración  preliminar. Para efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones  que activan la presunción constitucional de riesgo de acuerdo con las  condiciones básicas señaladas en el artículo anterior, y definir las medidas  urgentes, iniciales y transitorias de protección a adoptar, son los alcaldes, gobernadores  o sus delegados en materia de orden público y la Dirección de Derechos Humanos  del Ministerio del Interior y de Justicia, quienes realizarán una valoración  preliminar, con el fin de precisar los riesgos argumentados por el solicitante,  que afectan o pueden afectar el goce de su derecho a la vida, integridad,  libertad y seguridad personal.    

La autoridad competente, una vez realizada la valoración  preliminar estará en la obligación de adoptar las medidas de protección a las  que haya lugar, determinando el tipo de medida a adoptar de manera urgente,  inicial y transitoria, mientras se adelante el correspondiente estudio de nivel  de riesgo.    

CAPÍTULO IV    

Ruta de la Protección    

Artículo 43. Ruta  de la Protección. La Ruta de la Protección es la estrategia de  articulación y coordinación de las autoridades de los niveles municipal,  departamental y nacional, a fin de proteger de manera oportuna y eficaz los  derechos a la vida, integridad personal y a la libertad y seguridad personal de  líderes, dirigentes, representantes y personas en situación de desplazamiento  que ostenten un riesgo extraordinario o extremo contra su vida, integridad,  libertad y seguridad personal, y que se encuentren inscritos en el Registro  Único de Población Desplazada.    

Artículo 44. Competencias  del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de  Justicia. Con respecto a la Ruta de la Protección, es competencia del  Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de  Justicia:    

1. Apoyar los requerimientos que impliquen esquemas de  protección que no puedan ser asumidos por las instituciones competentes del  orden municipal, distrital y departamental, realizando el procedimiento  establecido por el Ministerio del Interior y de Justicia en la Resolución No.  0097 del 14 de enero de 2008, por la cual se adopta el Manual de Funciones y  Procedimientos para la Prevención y Protección del Derecho a la Vida e  Integridad de la Población en Situación de Desplazamiento. Las peticiones serán  presentadas ante el CRER, instancia que las evaluará,  recomendando el respectivo apoyo.    

2. Desvincular al beneficiario del Programa, mediante acto  administrativo motivado, previa recomendación en tal sentido del CRER. En el mencionado acto que será notificado al  interesado, deberán expresarse de manera clara los motivos de dicha decisión e  indicarse que contra el mismo procederá el recurso de reposición, de  conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 489 de 1998. El  recurso se concederá en el efecto suspensivo conforme a lo señalado en el  artículo 55 del Código Contencioso Administrativo.    

3. Resolver, previa recomendación del CRER,  los recursos de reposición que se presenten contra los actos administrativos de  adopción de medidas de protección y los de desvinculación del Programa de  Protección a Personas en Situación de Desplazamiento.    

4. Realizar seguimiento y evaluación a los procesos ejecutados  por los niveles territoriales, complementando las medidas de protección  implementadas, cuando así se requiera.    

Artículo 45. Procedimiento  Municipal, Distrital y Departamental. El flujograma  de actuación e intervención del nivel municipal, distrital y departamental, en  procura de facilitar, articular y propiciar la coordinación necesaria frente a  la protección al derecho a la vida, libertad, integridad y seguridad personal  de la población desplazada en riesgo extraordinario o extremo en los diferentes  niveles es el establecido por el Ministerio del Interior y de Justicia, por la  cual se adopta el Manual de Funciones y Procedimientos para la Prevención y  Protección del Derecho a la Vida e Integridad de la Población en Situación de  Desplazamiento.    

Artículo 46. Competencias  de las Alcaldías Municipales o Distritales en la Ruta de la Protección. De  acuerdo con las competencias asignadas por la Constitución Política y las  normas legales, les compete preservar el orden público en su territorio y por  lo tanto deben:    

1. Definir e implementar estrategias dirigidas a  contrarrestar las amenazas y disminuir las vulnerabilidades que puedan afectar  los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal de  quienes habitan en su territorio.    

2. Coordinar con las entidades del municipio acciones  necesarias para reducir o minimizar procesos que vulneren los derechos humanos  fundamentales.    

3. Garantizar protección efectiva a las personas amenazadas,  en particular a la población en situación de desplazamiento.    

4. Adelantar las acciones necesarias para que se brinde la  protección militar y policiva, en las zonas o las poblaciones amenazadas por  hechos violentos generadores de desplazamiento.    

5. Solicitar el concurso de las autoridades nacionales,  departamentales, distritales y municipales competentes para la prevención,  protección y atención oportuna de los derechos de la población desplazada.    

6. Adoptar e implementar el Manual de Funciones y  Procedimientos para la Prevención y Protección del Derecho a la Vida e  Integridad de la Población en Situación de Desplazamiento.    

7. Analizar la petición de protección, con el fin de  activar la presunción de riesgo, la cual ampara a los dirigentes, líderes,  representantes de población desplazada y personas desplazadas que se encuentren  en situación de riesgo extraordinario o extremo.    

8. Adoptar una medida de protección adecuada fácticamente, eficaz y adecuada temporalmente.    

9. Convocar a la Mesa Municipal de Prevención y Protección  de Atención a la Población Desplazada para que se analice la valoración de  nivel de riesgo, se recomienden las medidas del caso y se impartan  instrucciones para que las autoridades competentes implementen las medidas adoptadas,  de acuerdo con los procedimientos establecidos.    

10. Solicitar a la autoridad competente, realizar el  estudio de nivel de riesgo.    

11. Aprobar la medida de protección mediante acto  administrativo motivado, previa recomendación de la Mesa Municipal de  Prevención y Protección de Atención a la Población Desplazada. En el mencionado  acto que será notificado al interesado, deberá expresarse de manera clara que  la medida adoptada cumple con los requisitos de adecuación fáctica, eficacia y  adecuación temporal y qué recursos proceden contra el mismo.    

12. Realizar el seguimiento necesario que permita  determinar la vigencia, eficacia e idoneidad de la medida de protección, en  consideración a las circunstancias actuales de amenaza y riesgo que pesen sobre  el beneficiario.    

13. Decidir sobre la no continuidad de las medidas de  protección adoptadas en un caso particular, mediante acto administrativo  motivado, previa recomendación en tal sentido de la Mesa Municipal de Prevención  y Protección de Atención a la Población Desplazada. En el mencionado acto que  será notificado al interesado, deberán expresarse de manera clara los motivos  de dicha decisión e indicarse qué recursos proceden contra el mismo.    

14. Informar a la Dirección de Derechos Humanos del  Ministerio del Interior y de Justicia sobre las actuaciones adelantadas  respecto de la protección brindada a la población desplazada, a través de los  instrumentos de información diseñados para tal fin.    

Artículo  47. Competencias de la Gobernación en  la Ruta de la Protección. Corresponde adelantar las siguientes tareas  relacionadas con la Ruta de la Protección:    

1. Apoyar la presunción constitucional de  riesgo activada por la Alcaldía Municipal o Distrital de su Jurisdicción.    

2. Convocar a la Mesa Departamental de  Prevención y Protección de Atención a la Población Desplazada, para que analice  la solicitud de apoyo de medidas de protección realizada por la Alcaldía  Municipal o Distrital de su Jurisdicción.    

3. Comunicar a la Alcaldía respectiva acerca  de la aprobación o no de la solicitud de apoyo de medidas de protección, y en  caso afirmativo, proceder a la entrega del mismo, bajo la responsabilidad de la  Alcaldía.    

4. Realizar el seguimiento a los apoyos  brindados a la Alcaldía Municipal.    

5. Informar a la Dirección de Derechos Humanos  del Ministerio del Interior y de Justicia sobre las actuaciones adelantadas  respecto de la protección brindada a la población desplazada en virtud del  apoyo solicitado por la Alcaldía Municipal o Distrital o directamente, a través  de los instrumentos de información diseñados para tal fin.    

Artículo 48. Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población  Desplazada por la Violencia – Mesa de Prevención y Protección. De  acuerdo con la normatividad vigente, corresponde al Comité, entre otras, velar  porque las autoridades comprometidas, brinden a la población desplazada la  protección requerida durante todas las etapas del desplazamiento, y en los  procesos de asentamiento temporal, retorno voluntario o reubicación. A la Mesa  de Prevención le corresponde analizar el resultado de la valoración de nivel de  riesgo, recomendar las medidas del caso, e impartir las instrucciones para que  las autoridades competentes implementen dichas medidas, de acuerdo con los  procedimientos establecidos para tal efecto.    

Artículo 49. Para efectos de determinar las  medidas a implementar por parte de la Mesa de Prevención, en el nivel  departamental o municipal, la Secretaría de Gobierno correspondiente aplicará  la matriz de valoración preliminar que para el efecto diseñe el Ministerio del  Interior y de Justicia con la asesoría de la Policía Nacional.    

En todo caso, la realización de los estudios  de nivel de riesgo, en aquellos eventos que la situación de riesgo o amenaza lo  indique, será potestativa del Ministerio del Interior y de Justicia, a través  del Programa de Protección.    

TÍTULO VI    

DISPOSICIONES FINALES    

Artículo 50. Cooperación. En desarrollo de las actividades del respectivo  Programa de Protección, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del  Interior y de Justicia y la Policía Nacional, podrán celebrar convenios de  cooperación con otras entidades públicas y de asistencia técnica, con  organismos nacionales e internacionales, encaminados a la optimización de los  recursos y medios destinados a la protección de los beneficiarios.    

Parágrafo. Cuando se requiera información  relacionada con los respectivos programas, por parte de las entidades de  gobierno, integrantes de los Comités, podrán suscribirse actas de compromiso  que garanticen la debida confidencialidad de la información.    

Artículo 51. Las entidades públicas que tengan  a cargo programas de protección y que demanden del apoyo de la Policía Nacional  para el cubrimiento de los servicios de protección de su población objeto,  suministrarán los medios logísticos, de transporte, pasajes y viáticos  necesarios.    

Artículo 52. Registro de beneficiarios de los programas de protección. El  Ministerio del Interior y de Justicia y la Policía Nacional compartirán, a  través de los actuales sistemas de información de cada una de las entidades,  una base de datos única para el registro de los beneficiarios y solicitantes de  medidas de protección, a través del cual se hará el seguimiento pertinente.    

Artículo 53. Transición. La implementación del presente Decreto en lo  concerniente al traslado de esquemas del Ministerio del Interior y de Justicia  a la Policía Nacional, se hará gradualmente de acuerdo con el cronograma que  para el efecto definan las mencionadas entidades, así:    

Fase 1: Gobernadores del 1° de julio al 31 de  diciembre de 2010    

Fase 2: Modificada  por el Decreto 2309 de 2011,  artículo 2º. Senadores y Representantes a partir del 1° de abril hasta la  liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.    

Texto inicial de la Fase 2: “Senadores y  Representantes a partir del 1° de abril al 30 de junio de 2011.”.    

Fase 3: Personeros a partir del 1° de julio al  1° de agosto de 2011.    

Fase 4: Dirigentes políticos, alcaldes,  diputados y concejales a partir del 1° de enero al 30 de junio de 2012.    

Artículo 54. Trámite y atención de nuevas solicitudes de protección. A partir  de la vigencia del presente Decreto, las solicitudes de protección que efectúen  los nuevos servidores públicos de elección popular, que conforme con lo  señalado en el artículo 5°, forman parte de la población objeto de la Policía  Nacional, serán atendidas por dicha entidad.    

Artículo 55. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su  publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los  Decretos 2816 de 2006 y 1214 de 1997.    

Publíquese y cúmplase.    

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2010.    

FABIO VALENCIA COSSIO.    

El Ministro del Interior y de Justicia,    

Fabio Valencia Cossio.    

La Ministra de Relaciones Exteriores (E.),    

Clemencia Forero Ucrós.    

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,    

Óscar Iván Zuluaga.    

El Ministro de Defensa Nacional,    

Gabriel Silva Luján.    

               

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