DECRETO 881 DE 2001

Decretos 2001

DECRETO 881 DE  2001    

(mayo 11)    

por el cual se promulga el “Acuerdo de Cooperación y  Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de  Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”, suscrito en Caracas el veinte (20) de febrero de mil  novecientos noventa y ocho (1998).    

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las  facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2° de la Constitución  Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7ª de 1944, y    

CONSIDERANDO:    

Que la Ley 7ª  del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1° dispone que los Tratados,  Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales  aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas,  mientras no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales,  mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de  ratificación, u otra formalidad equivalente;    

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la  promulgación de los tratados y convenios internacionales una vez sea  perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia;    

Que el Congreso Nacional, mediante la Ley 567  del 2 de febrero de 2000, publicada en el Diario Oficial  número 43.883 del 7 de febrero de 2000, aprobó el “Acuerdo de Cooperación y  Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de  Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”, suscrito en Caracas el  veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998);    

Que la Corte Constitucional, en sentencia C‑1259/00 del  20 de septiembre de 2000, declaró exequibles la Ley 567  del 2 de febrero de 2000 y el “Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial  en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de  la República de Venezuela”, del 20 de febrero de 1998;    

Que mediante Nota Verbal número DA.30370 del 23 de octubre  de 2000 el Gobierno de la República de Colombia notificó el cumplimiento de sus  procedimientos constitucionales, y en el mismo sentido, el Gobierno de la  República Bolivariana de Venezuela remitió la Nota Verbal número 00002551 del  19 de diciembre de 2000, siendo recibida por el Gobierno de Colombia el 20 de  diciembre de 2000, según Nota número 547 del 8 de marzo de 2001. En  consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor el primero  (1°) de febrero de 2001 de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 de su  artículo 25,    

DECRETA:    

Artículo 1°. Promúlgase el “Acuerdo de Cooperación y  Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de  Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”, suscrito en Caracas el  veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).    

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia  del texto del “Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Penal  entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de  Venezuela”, suscrito en Caracas el veinte (20) de febrero de mil novecientos  noventa y ocho (1998).    

«ACUERDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA  PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

  Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA    

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de  la República de Venezuela, en adelante las Partes;    

Considerando los lazos  de amistad y cooperación que nos unen como países vecinos;    

Reconociendo que la  lucha contra la delincuencia es una responsabilidad compartida de la comunidad  internacional y requiere la actuación conjunta de los Estados;    

Conscientes de la necesidad de fortalecer los  mecanismos de cooperación judicial y asistencia mutua, para evitar el  incremento de las actividades delictivas;    

En observancia de sus  ordenamientos jurídicos internos;    

Han convenido lo siguiente:    

CAPITULO I    

Disposiciones generales    

Artículo 1°    

Objeto y ámbito de aplicación    

1. La República de Colombia y la República de  Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y en sus  respectivos ordenamientos jurídicos, se comprometen a prestarse la más amplia  cooperación y asistencia judicial recíproca para investigaciones, procesos y  actuaciones judiciales relacionadas con asuntos penales.    

2. El presente Acuerdo no faculta a las autoridades o a  los particulares de la Parte Requirente a realizar en territorio de la Parte  Requerida funciones que, según las leyes internas, estén reservadas a sus  autoridades, salvo en el caso previsto en el artículo 14, numeral 3.    

3. Este Acuerdo no se aplicará a:    

a) La detención de personas con el fin de que s ean extraditadas,  ni a las solicitudes de extradición;    

b) La ejecución de sentencias penales incluido el traslado  de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal.    

4. El presente Acuerdo se entenderá celebrado  exclusivamente con fines de cooperación y asistencia judicial mutua entre los  Estados Contratantes. Las disposiciones del presente Acuerdo no generarán  derecho alguno a favor de los particulares en orden a la obtención, eliminación  o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumplimiento de una  solicitud.    

Artículo 2°    

Doble incriminación    

La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual  se procede en la Parte Requirente no sea considerado como delito por la ley de  la Parte Requerida.    

No obstante, para la ejecución de las inspecciones  judiciales, requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre  bienes, la asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte  Requerida prevé como delito el hecho por el cual se procede en la Parte  Requirente.    

Artículo 3°    

Alcance de la asistencia    

La asistencia comprenderá:    

a) Notificación de actos procesales;    

b) Recepción, práctica y remisión de pruebas y diligencias  judiciales, tales como testimonios, declaraciones, peritajes e inspecciones de  personas, bienes y lugares;    

c) Localización e identificación de personas;    

d) Notificación de personas y peritos para comparecer  voluntariamente a fin de prestar declaración o testimonio en la Parte  Requirente;    

e) Traslado de personas detenidas a efectos de comparecer  como testigos en la Parte Requirente o con otros propósitos expresamente  indicados en la solicitud;    

f) Medidas cautelares sobre bienes;    

g) Cumplimiento de otras solicitudes respecto de bienes,  incluyendo la eventual transferencia del valor de los bienes decomisados de  manera definitiva en la medida en que sea compatible con su legislación  interna;    

h) Entrega de documentos y otros objetos de prueba;    

i) Facilitar el ingreso y permitir movilidad interna en el  territorio del Estado requerido a funcionarios del Estado Requirente, con el  fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en este Acuerdo,  siempre que el ordenamiento interno del Estado requerido lo permita;    

j) Cualquier otra forma de asistencia, de conformidad con  los fines de este Acuerdo, siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del  Estado Requerido.    

Artículo 4°    

Autoridades centrales    

1. Las Autoridades Centrales se encargarán de presentar y  recibir por comunicación directa entre ellas las solicitudes de cooperación y  asistencia a las que se refiere el presente Acuerdo.    

2. Por la República de Colombia, con relación a las  solicitudes de asistencia enviadas a Colombia, la Autoridad Central será la  Fiscalía General de la Nación. Con relación a las solicitudes de asistencia  formuladas por Colombia, la Autoridad Central será la Fiscalía General de la  Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho.    

3. Por la República de Venezuela la Autoridad Central será  el Ministerio de Justicia.    

Las Partes podrán, mediante notas diplomáticas, comunicar  las modificaciones en la designación de las Autoridades Centrales.    

Artículo 5°    

Autoridades competentes para la solicitud de cooperación y  asistencia    

Para los efectos de este Acuerdo, las solicitudes  transmitidas por una Autoridad Central de conformidad con el presente Acuerdo  se basarán en requerimientos de cooperación y asistencia de las autoridades  competentes de la Parte Requirente, encargadas del enjuiciamiento o de la  investigación de los delitos.    

Artículo 6°    

Denegación de asistencia    

1. La Parte Requerida podrá denegar la asistencia  cuando:    

a) La solicitud de asistencia a juicio del Estado  Requerido se refiera a un delito político o conexo con este;    

b) La persona en relación con la cual se solicita la  medida haya sido absuelta o haya cumplido su condena en la Parte Requerida por  los mismos hechos mencionados en la solicitud o cuando la acción penal se haya  extinguido;    

c) El cumplimiento de la solicitud sea contrario a su  soberanía, a la seguridad, al orden público o a otros intereses esenciales o  fundamentales de la Parte Requerida;    

d) La solicitud de asistencia sea contraria al  ordenamiento jurídico de la Parte Requerida o no se ajuste a las disposiciones  de este Acuerdo;    

e) La investigación haya sido iniciada con el objeto de  procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por  razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o  cualquier otra forma de violación de derechos humanos.    

2. Si la Parte Requerida deniega la asistencia, deberá  informarlo a la Parte Requirente por intermedio de su autoridad central, con  las razones en que se funda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  13.1.b.    

3. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá  denegar, condicionar o diferir el cumplimiento de la solicitud, cuando se  considere que obstaculiza un procedimiento penal en curso en su territorio.    

Sobre esas condiciones la Parte Requerida consultará a la  Parte Requirente por intermedio de las Autoridades Centrales. Si la Parte  Requirente acepta la cooperación o asistencia condicionada, la solicitud será  cumplida de conformidad con la manera propuesta.    

CAPITULO II    

Ejecución de las solicitudes    

Artículo 7°    

Forma y contenido de la solicitud    

1. La solicitud de asistencia deberá formularse por  escrito.    

2. La solicitud podrá ser anticipada por télex, facsímil,  correo electrónico u otro medio equivalente, debiendo ser confirmada por  documento original firmado por la Parte Requirente dentro de los 30 días  siguientes a su for mulación.    

3. La solicitud deberá contener las siguientes  indicaciones:    

a) Identificación de la Autoridad Competente de la Parte  Requirente;    

b) Descripción de los hechos que constituyen el objeto de  la cooperación o asistencia y la naturaleza del procedimiento judicial,  incluyendo los delitos a los que se refiere;    

c) Descripción de las medidas de cooperación o asistencia  solicitadas;    

d) Motivos por los cuales se solicitan las medidas;    

e) Referencia a la legislación aplicable;    

f) Identidad de las personas sujetas a procedimientos  judiciales, cuando sean conocidas;    

g) Plazo dentro del cual la Parte Requirente desea que la  solicitud sea cumplida.    

4. Cuando sea necesario, y en la medida de lo posible, la  solicitud deberá también incluir:    

a) Información sobre la identidad y lugar de ubicación de  las personas a ser notificadas y su relación con el proceso;    

b) La descripción exacta del lugar a inspeccionar y la  identificación de la persona sometida a examen, así como los bienes objeto de  una medida cautelar o definitiva;    

c) El texto del interrogatorio a ser formulado para la  práctica de la prueba testimonial en la Parte Requerida, así como la  descripción de la forma como deberá efectuarse y registrarse cualquier  testimonio o declaración;    

d) La descripción de la forma y procedimientos especiales  en que se deberá cumplir la solicitud, si así fuesen requeridos;    

e) Información sobre el pago de los gastos que se  asignarán a la persona cuya presencia se solicite a la Parte Requerida;    

f) La indicación de las autoridades de la Parte Requirente  que participarán en el proceso que se desarrolla en la Parte Requerida;    

g) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a  la Parte Requerida para facilitar el cumplimiento de la solicitud;    

Artículo 8°    

Ley aplicable    

1. El cumplimiento de las solicitudes se realizará según  la ley de la Parte Requerida y de conformidad con las disposiciones del  presente Acuerdo.    

2. A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida  cumplirá la cooperación o asistencia de acuerdo con las formas y procedimientos  especiales indicados en la solicitud, a menos que sean incompatibles con su  legislación interna.    

Artículo 9°    

Confidencialidad y limitaciones en el empleo de la  información    

1. La Parte Requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de  asistencia judicial, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el  requerimiento. En este caso, la Parte Requerida solicitará su aprobación a la  Parte Requirente, mediante comunicación escrita, sin la cual no se ejecutará la  solicitud.    

2. La Autoridad Competente de la Parte Requerida podrá  solicitar que la información o la prueba obtenida en virtud del presente  Acuerdo tenga carácter confidencial, de conformidad con las condiciones que se  especifiquen.    

En tal caso, la Parte Requirente respetará tales  condiciones. Si no puede aceptarlas, notificará a la Parte Requerida, que  decidirá sobre la solicitud de cooperación o asistencia.    

3. Salvo autorización previa de la Autoridad Central de la  Parte Requerida, la Parte Requirente solamente podrá emplear la información o  la prueba obtenida en virtud del presente Acuerdo en la investigación o  procedimiento indicado en la solicitud.    

Artículo 10    

Información sobre el trámite de la solicitud    

1. A solicitud de la Autoridad Central de la Parte  Requirente, la Autoridad Central de la Parte Requerida informará en un plazo  razonable sobre el trámite de la solicitud.    

2. La Autoridad Central de la Parte Requerida informará  con brevedad el resultado del cumplimiento de la solicitud y remitirá toda la  información y las pruebas obtenidas a la Autoridad Central de la Parte  Requirente.    

3. Cuando no sea posible cumplir la solicitud, en todo o  en parte, la Autoridad Central de la Parte Requerida lo hará saber  inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente e informará las  razones por las cuales no fue posible su cumplimiento, sin perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 13. 1.b.    

Artículo 11    

Gastos    

La Parte Requerida se encargará de los gastos ordinarios  de diligenciamiento de la solicitud. La Parte Requirente pagará los gastos y  honorarios correspondientes a los peritos, así como los gastos extraordinarios  en que haya que incurrir para el cumplimiento de la solicitud y los gastos de  viaje de las personas indicadas en los artículos 15 y 16.    

CAPITULO III    

Formas de cooperación o asistencia    

Artículo 12    

Notificaciones y entrega de documentos    

1. La Autoridad Competente del Estado requerido tomará  todas las medidas necesarias para efectuar notificaciones, citaciones o entrega  de documentos relacionados, total o parcialmente, con una solicitud de  cooperación o asistencia realizada por la Autoridad Competente del Estado  Requirente, con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo.    

2. Cualquier solicitud para la notificación, citación o  entrega de un documento que exija la presencia de una persona ante las  autoridades del Estado Requirente, deberá ser remitida por la Autoridad Central  del Estado Requerido con suficiente antelación a la fecha de la cita fijada.    

3. La Autoridad Central del Estado Requerido deberá  remitir un comprobante de entrega en la forma indicada en la solicitud.    

4. Si la notificación o citación no se realiza, la Parte  Requerida deberá informar, por intermedio de las Autoridades Centrales, a la  Autoridad Competente de la Parte Requirente, las razones por las cuales no se  pudo diligenciar.    

Artículo 13    

Entrega y devolución de documentos oficiales    

1. Por solicitud de la Autoridad Competente de la Parte  Requirente, la Autoridad Competente de la Parte Requerida, por intermedio de  las Autoridades Centrales:    

a) Proporcionará copia de documentos ofíciales, registros  e informaciones accesibles al público;    

b) Podrá proporcionar copias de documentos e informaciones  a las que no tenga acceso el público, en las mismas condiciones en las cuales  esos documentos se pondrían a disposición de sus propias autoridades. Si la  asistencia prevista en este literal es denegada, la Autoridad Competente de la  Parte Requerida no estará obligada a exp resar los motivos de denegación.    

2. Los documentos u objetos que hubieran sido enviados en  cumplimiento de una solicitud de asistencia judicial, deberán ser devueltos por  la Autoridad Competente de la Parte Requirente, cuando la Parte Requerida así  lo solicite.    

Artículo 14    

Asistencia en la parte requerida    

1. La Autoridad Central de la Parte Requerida, de  conformidad con su legislación, deberá tomar las medidas necesarias para que  toda persona que se encuentre en su territorio y a la que se le solicite rendir  testimonio o peritaje, presentar documentos, antecedentes o elementos de prueba  en virtud de este Acuerdo, sea citada y si fuese necesario compelida a  comparecer ante su Autoridad Competente.    

2. La Parte Requerida informará con suficiente antelación  el lugar y la fecha en que se recibirá la declaración testimoniada o peritaje,  o los documentos mencionados, antecedentes o elementos de prueba. Cuando sea  necesario, las Autoridades Competentes se consultarán por intermedio de las  Autoridades Centrales para efectos de fijar una fecha conveniente para las  Autoridades Competentes de las Partes.    

3. La Autoridad Competente de la Parte Requerida  autorizará bajo su dirección, la presencia de funcionarios de las autoridades  de la Parte Requirente indicadas en la solicitud durante el cumplimiento de  diligencias de cooperación o asistencia, y permitirá formular preguntas si no  es contrario a su legislación. La audiencia tendrá lugar según los  procedimientos establecidos por la legislación de la Parte Requerida.    

4. Si la persona referida en el numeral 1 alega inmunidad,  privilegio o incapacidad según la legislación de la Parte Requerida, esto será  resuelto por la Autoridad Competente de la Parte Requerida antes del  cumplimiento de la solicitud, y se comunicará a la Parte Requirente a través de  la Autoridad Central.    

5. Los documentos, antecedentes y elementos de prueba  entregados por los declarantes u obtenidos como resultado de su declaración o  en ocasión de la misma, serán enviados a la Parte Requirente conjuntamente con  la declaración.    

Artículo 15    

Asistencia en la parte requirente    

1. Cuando la Parte Requirente solicite la presencia de una  persona en su territorio para rendir testimonio u ofrecer información o  declaración, la Parte Requerida invitará al declarante o perito a comparecer  ante la Autoridad Competente de la Parte Requirente.    

2. La Autoridad Competente de la Parte Requerida  registrará por escrito el consentimiento de la persona cuya presencia es  solicitada en la Parte Requirente, e informará de inmediato a la Autoridad  Central de la Parte Requirente sobre la respuesta.    

3. La Parte Requirente sufragará los gastos de traslado y  de estadía a su cargo.    

Artículo 16    

Comparecencia de personas detenidas    

1. A solicitud de la Parte Requirente, y siempre que la  Parte Requerida acceda, podrá procederse a trasladar temporalmente a la Parte  Requirente, con el objeto de que preste testimonio o asistencia en  investigaciones, a las personas detenidas en territorio de la Parte Requerida,  siempre que consientan en ello.    

2. El traslado será denegado cuando, según las  circunstancias del caso, la Autoridad Competente de la Parte Requerida  considere inconveniente el traslado, entre otras por las siguientes razones:    

a) La presencia de la persona det enida sea necesaria en  un proceso penal en curso en el territorio de la Parte Requerida;    

b) El traslado pueda implicar la prolongación de la  detención preventiva.    

3. La Parte Requirente mantendrá bajo custodia a la  persona trasladada y la entregará a la Parte Requerida dentro del periodo fijado  por ésta, o antes de ello, en la medida en que ya no fuese necesaria su  presencia.    

4. El tiempo en que la persona estuviera fuera del  territorio de la Parte Requerida será computado para efectos de detención  preventiva o cumplimiento de pena.    

5. En caso de que la persona trasladada ya no deba  permanecer detenida, la Parte Requerida lo comunicará a la Parte Requirente.  Esa persona será puesta en libertad y sometida al régimen general establecido  en el artículo 15 del presente Acuerdo.    

6. La persona detenida que no otorgue su consentimiento  para prestar declaraciones en los términos de este artículo, no estará sujeta,  por esta razón, a cualquier sanción ni será sometida a ninguna medida  conminatoria.    

Artículo 17    

Garantía temporal    

1. La comparecencia de una persona que consienta en rendir  testimonio o prestar asistencia, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16,  estará condicionada a que la Parte Requirente conceda una garantía temporal  por la cual ésta no podrá mientras se  encuentre la persona en su territorio:    

b) Detener o juzgar a la persona por delitos anteriores a  la salida del territorio de la Parte Requerida;    

b) Citar a la persona a comparecer o a rendir testimonio  en procedimiento diferente al especificado en la solicitud; salvo que la  persona manifieste su consentimiento por escrito y las Autoridades Centrales de  ambos Estados concuerden en ello.    

2. La garantía temporal cesará cuando la persona prolongue  voluntariamente su estadía en el territorio de la Parte Requirente por más de  10 días, a partir del momento en que su presencia no sea necesaria en ese  Estado, de conformidad con lo comunicado a la Parte Requerida, salvo  circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.    

Artículo 18    

Medidas cautelares    

1. Para los fines del presente Acuerdo.    

a) “Producto del Delito” significa bienes de cualquier  índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un  delito o su valor equivalente;    

b) “Instrumento del Delito” significa cualquier bien  utilizado o destinado a ser utilizado para la comisión de un delito.    

2. La Autoridad Competente de una Parte, por conducto de  las Autoridades Centrales, podrá solicitar la identificación y/o la adopción de  medidas cautelares sobre bienes, instrumento o producto de un delito que se  encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte.    

Cuando se trate de la identificación del producto del  delito, la Parte Requerida informará acerca del resultado de la búsqueda.    

3. Una vez identificado el producto del delito, o cuando  se trate del instrumento del delito, a solicitud de la Parte Requirente, la  Parte Requerida, en la medida en que su legislación interna lo permita,  adoptará las medidas cautelares correspondientes sobre tales bienes.    

4. El requerimiento efectuado en virtud del párraf o  anterior deberá incluir:    

a) Una copia de la medida cautelar solicitada;    

b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una  descripción del delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las  disposiciones legales pertinentes;    

c) En la medida de lo posible, descripción de los bienes  respecto de los cuales se pretende efectuar la medida y su valor comercial, y  la relación de estos con la persona contra la que se inició;    

d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar  la medida cautelar y de los fundamentos del cálculo de la misma.    

5. La Parte Requerida resolverá, según su legislación,  cualquier solicitud relativa a la protección de derechos de terceros de buena  fe sobre los bienes que sean materia de las medidas previstas en los párrafos  anteriores.    

6. Las Autoridades Competentes de cada una de las Partes  informarán con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o de una  decisión adoptada respecto de la medida cautelar solicitada o adoptada.    

Artículo 19    

Otras medidas de cooperación y asistencia    

Las Partes de conformidad con su legislación interna  podrán prestarse cooperación y asistencia en el cumplimiento de medidas  definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de un hecho ilícito en  cualquiera de las Partes.    

Artículo 20    

Custodia y disposición de bienes    

El Estado Parte que tenga bajo su custodia los  instrumentos, o el producto del delito, dispondrá de los mismos de conformidad  con lo establecido en su legislación interna. En la medida que lo permita su  legislación y en los términos que se consideren adecuados, dicho Estado Parte  podrá repartir con el otro los bienes decomisados o el producto de su venta.    

Artículo 21    

Responsabilidad    

1. La responsabilidad por daños que pudieran derivarse de  los actos de sus autoridades en la ejecución de este Acuerdo, será regida por  la legislación interna de cada Parte.    

2. Una de las Partes no será responsable por los daños que  puedan resultar de actos de las autoridades de la otra Parte, en la formulación  o ejecución de una solicitud, de conformidad con este Acuerdo.    

Artículo 22    

Autenticación de documentos y certificados    

Los documentos provenientes de una de las Partes, que  deban ser presentados en el territorio de la otra Parte, que se tramiten por  intermedio de las Autoridades Centrales, no requerirán de autenticación o cualquier  otra formalidad análoga.    

Artículo 23    

Solución de controversias    

1. Cualquier controversia que surja de una solicitud, será  resuelta por consulta entre las Autoridades Centrales.    

2. Cualquier controversia que surja entre las Partes  relacionada con la interpretación o aplicación de este Acuerdo será resuelta  por consulta entre las Partes por vía diplomática.    

CAPITULO IV    

Disposiciones finales    

Artículo 24    

Compatibilidad con otros tratados, acuerdos u otras formas  de cooperación o asistencia    

1. La cooperación o asistencia establecida en el presente  Acuerdo no impedirá que cada una de las Partes preste cooperación o asistencia  a la otra al amparo de lo previsto en otros instrumentos internacionales  vigentes entre ellas.    

2.        Este  Acuerdo no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas de  cooperación o asistencia de conformidad con sus respectivos ordenamientos  jurídicos.    

Artículo 25    

Entrada en vigor y duración    

1. Las Partes se notificarán por vía diplomática, el  cumplimiento de los procedimientos constitucionales requeridos en lo que  concierne a la entrada en vigor del presente Acuerdo, la que tendrá lugar el  primer día del segundo mes siguiente a la fecha recepción de la última  notificación.    

2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor  indefinidamente.    

3. El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera  de las Partes en cualquier momento, mediante Nota Diplomática, la cual surtirá  efectos seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte. La  denuncia no afectará las solicitudes de asistencia en curso.    

Suscrito en Caracas a los veinte días del mes de febrero  de mil novecientos noventa y ocho en dos ejemplares en idioma español, siendo  ambos textos igualmente válidos y auténticos.    

Por el Gobierno de la República de Colombia,    

María Emma Mejía Vélez,    

Ministra de Relaciones  Exteriores.    

Por el Gobierno de la República de Venezuela,    

Miguel Angel Burelli Rivas,    

Ministro de Relaciones  Exteriores.    

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha  de su publicación.    

Publíquese y cúmplase.    

Dado en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2001.    

ANDRES PASTRANA ARANDO    

El Ministro de Relaciones Exteriores,    

Guillermo Fernández de Soto.    

               

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