DECRETO 303 DE 2000
(febrero 25)
por el cual se fijan los límites máximos de asignaciones salariales
de los gobernadores y alcaldes y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo l°. Los límites salariales establecidos en el presente decreto serán el monto máximo salarial que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales al momento de establecer los salarios del Gobernador o el Alcalde, según corresponda.
Artículo 2°. A partir del 1° de enero del año 2000, el monto máximo salarial que podrán autorizar las Asambleas Departamentales al momento de establecer los salarios del respectivo Gobernador, será el siguiente:
1 . Para los gobernadores de departamentos cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales igualen o superen seiscientos mil un (600.001) salarios mínimos legales mensuales, el límite máximo de la asignación salarial mensual será cinco millones novecientos once mil quinientos pesos ($5.911.500).
2. Para los gobernadores de departamentos cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean entre seiscientos mil (600.000) y ciento setenta mil un (170.001) salarios mínimos legales mensuales, el límite máximo de la asignación salarial mensual cuatro millones setecientos veintinueve mil doscientos pesos ($4.729.200).
3. Para los gobernadores de departamentos cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o inferiores a ciento setenta mil (170.000) salarios mínimos legales mensuales, el límite máximo de la asignación salarial mensual será tres millones quinientos cuarenta y seis mil novecientos pesos ($3.546.900).
Parágrafo. La asignación salarial mensual a que se refiere el presente artículo comprende tanto al salario básico como a los gastos de representación del respectivo funcionario.
Artículo 3°. A partir de 1° de enero del año 2000, atendiendo la categorización establecida en la Ley 136 de 1994, el monto máximo salarial que podrán autorizar los Concejos Municipales y Distritales al momento de establecer los salarios del respectivo Alcalde, será:
1. En aquellos distritos o municipios de categoría especial, el límite máximo de la asignación salarial mensual de los alcaldes será de cinco millones novecientos once mil quinientos pesos ($5.911.500).
2. En aquellos distritos o municipios de primera categoría, el límite máximo de la asignación salarial mensual de los alcaldes será de cuatro millones setecientos veintinueve mil doscientos pesos ($4.729.200).
3. En aquellos distritos o municipios de segunda categoría, el límite máximo de la asignación salarial mensual de los alcaldes será de tres millones quinientos cuarenta y seis mil novecientos pesos ($3.546.900).
4. En aquellos distritos o municipios de tercera categoría, el límite máximo de la asignación salarial mensual de los alcaldes será de dos millones ochocientos treinta y siete mil quinientos veinte pesos ($2.837.520).
5. En aquellos distritos o municipios de cuarta categoría, el límite máximo de la asignación salarial mensual de los alcaldes será dos millones trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos pesos ($2.364.600).
6. En aquellos distritos o municipios de quinta categoría, el límite máximo de la asignación salarial mensual de los alcaldes será un millón ochocientos noventa y un mil seiscientos ochenta pesos ($1.891.680).
7. En aquellos distritos o municipios de sexta categoría, el límite máximo de la asignación salarial mensual de los alcaldes será un millón cuatrocientos dieciocho mil setecientos sesenta pesos ($1.418.760).
Parágrafo. La asignación salarial mensual a que se refiere el presente artículo comprende tanto al salario básico como a los gastos de representación del respectivo funcionario.
Artículo 4°. La asignación salarial mensual máxima, incluido el salario básico y los gastos de representación del Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital, será de cinco millones novecientos once mil quinientos pesos ($5.911.500).
Artículo 5°. Para los efectos del presente decreto, se entiende por ingresos corrientes de libre destinación anuales los efectivamente recaudados en la vigencia anterior. Estos comprenden los ingresos tributarios y no tributarios; los ingresos tributarios se subclasifican en directos e indirectos y los no tributarios comprenden las tasas y las multas.
No forman parte de los ingresos corrientes de libre destinación para el cálculo de la asignación salarial de los gobernadores y alcaldes los siguientes ingresos:
a) El situado fiscal;
b) La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de forzosa inversión;
c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar, los cuales se ejecutarán y administrarán tal como lo prevea la respectiva norma;
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos de destinación específica;
e) Los recursos de cofinanciación;
f) Las regalías y compensaciones;
g) El crédito interno o externo;
h) Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización;
i) Los excedentes financieros de las entidades descentralizadas que se transfieran a la administración central;
j) Las sobretasa al ACPM;
k) El producto de la venta de activos fijos.
l) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio.
Artículo 6°. Si un gobernador o alcalde actualmente en funciones, estuviese percibiendo a la entrada en vigencia del presente decreto una asignación salarial mensual superior, continuará devengando dicha asignación y el límite máximo establecido en el presente decreto se aplicará al gobernador o alcalde que se posesione con posterioridad.
Artículo 7°. Ninguna autoridad podrá autorizar o fijar asignaciones salariales mensuales que superen el monto máximo establecido en el presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Artículo 8°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte efectos fiscales a partir del 1° de enero del año 2000 y deroga las normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro del Interior,
Néstor Humberto Martínez Neira.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Camilo Restrepo Salazar.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Mauricio Zuluaga Ruiz.