DECRETO 1917 DE 1986

DECRETO  1917 DE 1986    

(junio  17)    

     

Por el cual  se autoriza la publicación de un informe    

     

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las  facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en  desarrollo del Decreto 1038 de 1984,    

     

DECRETA:    

     

Artículo  1º El informe a que se refiere el artículo 9 del Decreto  legislativo 3300 de 1985 tiene carácter público. Para asegurar su difusión,  el DIARIO OFICIAL en edición especial, incluir su texto completo.    

     

Artículo  2º Este Decreto rige desde su publicación y suspende las normas que le sean  contrarias.    

     

Publíquese  y cúmplase.    

     

Dado  en Bogotá, D. E., a 17 de junio de 1986.    

     

BELISARIO  BETANCUR    

     

El  Ministro de Gobierno, JAIME CASTRO. El Ministro de Relaciones Exteriores,  AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO. El Ministro de Justicia, ENRIQUE PAREJO GONZALEZ. El  Ministro de Hacienda y Crédito Público, HUGO PALACIOS MEJIA, El Ministro de  Defensa Nacional, General MIGUEL VEGA URIBE. El Ministro de Agricultura,  ROBERTO MEJIA CAICEDO. El Ministro de Desarrollo Económico, GUSTAVO CASTRO  GUERRERO. El Ministro de Minas y Energía, IVAN DUQUE ESCOBAR. El Ministro de  Educación Nacional, LILIAN SUAREZ MELO. El Ministro de Trabajo y Seguridad  Social (E), GERMAN BULA ESCOBAR. El Ministro de Salud, EFRAIN OTERO RUIZ. El Ministro  de Comunicaciones, NOEMI SANIN POSADA. El Ministro de Obras Pública y  Transporte, RODOLFO SEGOVIA SALAS.    

     

TRIBUNAL  ESPECIAL DE INSTRUCCION    

     

INFORME  SOBRE EL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA (Noviembre 6 y 7 de 1985 )    

     

Jaime  Serrano Rueda    

Carlos  Upegui Zapata    

     

 Bogotá  mayo 31 de 1986.    

     

Señor  Doctor    

FERNANDO  URIBE RESTREPO    

Presidente  de la honorable Corte Suprema de Justicia    

     

Señor  Doctor    

ENRIQUE  PAREJO GONZALEZ    

Ministro  de Justicia    

     

Señor  Doctor    

CARLOS  JIMENEZ GOMEZ    

Procurador  General de la Nación    

     

Ciudad.    

     

 En  cumplimiento de lo ordenado en el artículo 9º del Decreto 3300 de 1985,  rendimos informe sobre los resultados de la investigación encomendada al  Tribunal Especial de Instrucción Criminal, correspondiente a los hechos  relacionados con la ocupación del Palacio de Justicia, durante los días 6 y 7  de noviembre de 1985.    

     

CONSIDERACIONES  PREVIAS.    

     

Para  “investigar los delitos cometidos con ocasión de la toma violenta del  Palacio de Justicia de Bogotá” y con las “facultades que las normas  vigentes, asignan en materia de instrucción criminal”, se creó el Tribunal  Especial de Instrucción, integrados Magistrados dos elegidos por la Corte  Suprema de Justicia (artículo 1º del Decreto 3300 de 1985).    

Dada  la magnitud de los delitos materia de la investigación, se dispuso en la misma  norma que el Tribunal podía encargar a Jueces de Instrucción con jurisdicción  en todo el territorio nacional, las investigaciones que considerare necesarias.    

Elegidos  los Magistrados del Tribunal y posesionados por la honorable Corte Suprema de  Justicia el 18 de noviembre de 1985, la Corporación inició actividades  originalmente alojados en el Despacho de la Directora Seccional de Instrucción  Criminal, funcionaria que, a pesar de la precariedad de los medios a su  disposición, prestó en todo momento una extraordinaria colaboración a la  investigación.    

El  Juez Segundo Especializado había abocado, por competencia, la investigación de  los hechos y había dispuesto el trabajo en equipo de diez Jueces de Instrucción  Criminal-Ambulantes-a quienes encomendó diversas tareas investigativas,  dividiendo dicho trabajo por materias, relacionadas todas con el hecho central  materia del proceso.    

El  Tribunal acogió esta fórmula de trabajo, considerando que era materialmente  imposible adelantar la investigación por un solo funcionario reservándose las  facultades ordenadora y coordinadora mediante procedimientos que probaron ser  eficaces en gran parte.    

Así  fue como se contó con la colaboración de los Juzgados 9º, 23, 27,30,35,41,77,82  y 89, este último a cargo del doctor Luis Carlos Valero P., quien fue  comisionado para desempeñar la ardua labor secretarial, en el curso de la cual  prestó al Tribunal una ayuda inestimable.    

A  tiempo con las investigaciones que los Juzgados mencionados adelantaban, otras  eran cumplidas por fuera de la dirección y coordinación del Tribunal; la  Jurisdicción Penal Militar instruía sendos sumarios por porte ilegal de armas y  por la toma del Palacio, mientras que jueces ordinarios investigaban el hurto  del camión en el cual se transportaron los guerrilleros, el delito de extorsión  mediante interferencia de llamadas telefónicas, etc. Todos estos sumarios  fueron reclamados por el Tribunal y se agregaron al proceso general.    

     

El  artículo 7º del Decreto 3300 ordenó incorporar al expediente los  “documentos, grabaciones, reportajes, videos, crónicas, películas y demás  elementos que permitan dar mayor ilustración sobre los hechos”. Por tal  motivo, y en la medida de lo posible, se anexaron, debidamente clasificadas,  las publicaciones periodísticas, las cintas magnetofónicas que contienen las  grabaciones de toda la información radial, los videos de televisión filmados  por todas las programadoras y aun por el mismo Instituto de Radio y Televisión  y, finalmente, se oyó en declaración a los periodistas que produjeron dicha  información.    

El  término señalado para el cumplimiento del encargo investigativo fue de tres  meses prorrogables hasta por dos semanas más (artículo 9º), término que  mediante Decreto  700 del 3 de marzo de 1986 se amplió hasta el 15 de abril último, para la  práctica de pruebas. Por reciente disposición, contenida en el Decreto 1522 del  día 14 del presente mes, se prorrogó el período para rendir el informe de  resultados de la investigación, hasta la fecha (31 de mayo de 1986).    

     

LA  INVESTIGACION.    

     

Para  la práctica de las diligencias se acordó una división del trabajo entre los  jueces comisionados, pretendiéndose unificar los temas sin que ello  constituyese un marco estricto que eliminara toda iniciativa.    

Así,  un solo funcionario (el Juez 9º) fue encargado de oír los testimonios de los  familiares de las víctimas y de aquéllos que en una u otra forma se  relacionaron con ellos. Agotada esta comisión, el mismo Juez fue encargado de  esclarecer la suerte corrida por los empleados y administradores del  restaurante (cafetería del primer piso). Esta amplísima comisión, se concretó  más tarde en la investigación de la conducta cumplida por conductores o  acompañantes de las ambulancias y demás vehículos que durante los dos días de  la tragedia, transportaron heridos, personal liberado, retenidos y en general  toda clase de personas a los distintos centros de asistencia médica, lugares de  detención, residencias, oficinas u otros sitios.    

El  Juez 23 recibió testimonio de los celadores sobrevivientes y personal del F‑2  que participó en la recuperación del edificio. Posteriormente se le comisiono  para que elaborara los expedientes respectivos sobre levantamientos,  reconocimiento de cadáveres, autopsias, reconocimiento médico de los  lesionados. Esta parte de la investigación exigió especial cuidado. y mucho se  avanzó en la identificación de las víctimas y en la presentación sistematizada  de todo este material probatorio que se encuentra totalmente clasificado y de  muy fácil estudio.    

Los  honorables Consejeros de Estado y los Fiscales de la Corporación fueron oídos  en testimonio por el señor Juez 27. Cumplida esta labor se le amplió la  comisión para que, al retiro del Juez 90, continuara la investigación por los  llamados “desaparecidos”, completara el trabajo del juzgado 23 sobre  la comprobación del cuerpo del delito, y practicara las pruebas concretas que  se le asignaron en auto de 13 enero del presente año.    

El  Juzgado 77 de Instrucción inicialmente fue encargado de recaudar el testimonio  de los honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; luego debió  dedicarse a recibir declaraciones de los miembros del Ejército Nacional que  participaron en la operación rescate.    

Por  autos de 25 de noviembre y 13 de enero su comisión fue ampliada para continuar  las investigaciones iniciadas por la jurisdicción militar y especialmente a la  comprobación de los antecedentes y preparación de la toma del Palacio por los  guerrilleros. Parte importantísima de esta comisión se relacionaba con la  tenencia de armas de fuego, munición y material explosivo y su análisis  técnico.    

Este  mismo Despacho fue encargado de practicar inspecciones judiciales en el Palacio  de Justicia y de reconstruir, parcialmente, algunos de los hechos más  importantes de las acciones ocurridas en los días 6 y 7 de noviembre.    

El  Juez 30, como el anterior, cumplió una extensa y cuidadosa tarea. En un  principio fue dedicado a oír los testimonios de los empleados de la Corte  Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que fueron liberados durante el  rescate del Palacio. Luego recibió el encargo de oír a los miembros del  Ejército que realizaron tal rescate.    

Finalmente  debió esclarecer las circunstancias en que perecieron o fueron lesionados los  miembros de las Fuerzas Militares.    

Al  Juez 35 le fue asignada la comisión de recaudar la prueba de que habla el  artículo 7º del Decreto 3300, citado atrás. El recopiló, pues, las  publicaciones de todo tipo y oyó a los periodistas en declaración.    

El  Juez 41 recibió testimonio a quienes se encontraban dentro del Palacio en el  momento del asalto y durante su ocupación, fuera de los Magistrados y Fiscales.    

El  Juzgado 82 recibió las declaraciones del personal del Departamento  Administrativo de Seguridad que participó en el rescate, oyó a los miembros de  la Cruz Roja y de la Defensa Civil y practicó otras pruebas relacionadas con  estos hechos.    

Finalmente,  el Juzgado 89 de Instrucción dedicó su actividad fundamentalmente a la  investigación de los hechos referentes a la interferencia de los teléfonos de  los Magistrados y a la extorsión de que se pretendió hacerles víctimas.    

La  tarea realizada por estos inmejorables colaboradores está a la vista en el  voluminoso expediente que se acompaña a este informe.    

Los  suscritos Magistrados no tenemos sino palabras de elogio para tan distinguidos  funcionarios quienes con celo encomiable hicieron posible que en tan breve  término como el señalado en los Decretos que organizaron la investigación, ésta  haya sido realizada aun con los vacíos que se expondrán más adelante y que,  fundamentalmente son debidos a la naturaleza de los hechos y a la  característica misma de los delitos.    

El  Tribunal Especial y los Jueces de Instrucción Criminal Ambulantes, actuaron en  todo momento observando en su plenitud las normas constitucionales y legales,  conscientes de las limitaciones propias de la naturaleza de sus funciones y de  la temporalidad de su ejercicio. Su esfuerzo común se encaminó a recoger  evidencias sobre lo acontecido, desentrañar la razón de ser de las actuaciones  de los diferentes protagonistas, descubrirlas y relatarlas en su exacta  dimensión. Desde    

luego,  garantizando los derechos previstos, para quienes, en una u otra forma, deben  participar en el proceso. Para conseguir los objetivos de la investigación se  recaudó prueba documental y testimonial y en la medida en que fue posible se  obtuvo prueba técnica, y se logró la cooperación de organismos especializados  del Estado y de expertos para definir aspectos complejos que requieren  conocimientos técnicos y científicos.    

El  Tribunal fue cuidadoso al reunir el material probatorio, en no invadir el campo  de la acción de los jueces del conocimiento. Se abstuvo en verdad, de  actuaciones conducentes a la calificación de conductas irregulares  evidenciadas. También fue respetuoso de los fueros consagrados por las leyes, concretándose  a labores exclusivas de la instrucción.    

La  misión que le correspondió cumplir al Tribunal, llena por otra parte, un vacío  en la estructura actual de los organismos de investigación criminal,  constituyendo un precedente que, no dudamos, será objeto de análisis y  reflexión por parte de los encargados de preparar las bases para las reformas  que deban adoptarse en el futuro inmediato.    

Consideran  procedentes los Magistrados transcribir, en lo pertinente las consideraciones  de la Corte, consignadas en reciente providencia por medio de la cual declaró  plenamente ajustado a la Constitución el Decreto 3300 de 1985  que creó, como ya se ha dicho, el Tribunal que integran.    

“Pero  además, las labores de investigación que le fueron asignadas al Tribunal no habrían  podido ser desempeñadas eficientemente por Jueces de Instrucción ordinarios,  como lo apunta el Procurador en su vista o concepto, ya que los númerosos  delitos perpetrados con motivo del asalto al Palacio de Justicia durante los  días 6 y 7 de noviembre pasado, su gravedad, naturaleza, pluralidad de autores,  o complejidad e íntima conexidad desbordan la organización y funcionamiento de  los Juzgados de Instrucción Criminal e imponían por estas circunstancias, la  creación de un investigador especial dentro del marco provisional del Estado de  Sitio, para que dirigiera, orientara y coordinara la averiguación de esos  graves acontecimientos y facultara a los Magistrados que lo integran para  acometer todas las labores propias de la investigación.    

De  no haberse expedido el decreto objeto de confrontación constitucional, la  investigación se habría tornado prácticamente imposible que en virtud de los  principios de la unidad del proceso y de la unidad del juzgamiento que se  regulan por los artículos 167 y 168 del Código de Procedimiento Penal, la etapa  instructiva habría correspondido a otros investigadores del mismo rango, habría  tenido que adelantar por sí solo la investigación. La sola conexidad de los  hechos ilícitos habría sido suficiente para el adelantamiento de un solo  proceso y por un solo funcionario.    

El  Jefe del Ministerio Público sostiene que la labor de coordinación, dirección y  vigilancia de los Jueces de Instrucción, una de las funciones del Tribunal de  Investigación, pudo ser cumplida por la Dirección Nacional o por las  Direcciones Seccionales de Instrucción Criminal.    

Esta  opinión no se acomoda, sin embargo, a las normas que rigen la organización de  estas oficinas. En efecto: El Decreto  2267 del 31 de diciembre de 1969, por el cual se dictan normas sobre  instrucción criminal (Diario Oficial 32985 del 4 de febrero de 1970), solo da a  tales direcciones facultades “administrativas” respecto de los Jueces  de Instrucción. Basta leer los artículos 7º Y 10 del decreto, concepto que  corrobora el último inciso del artículo 54 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 1971)  con la expresión “coordinación administrativa”.    

Un  Director Seccional no tiene facultades investigativas y no puede dirigir u  orientar una investigación penal a cargo de un Juez de Instrucción Criminal.  Sus atribuciones se limitan a ubicarlos de acuerdo a las necesidades de  territorio del distrito judicial, autorizar los viáticos, velar por la dotación  de oficinas, vigilar la asistencia a las oficinas, etc.    

Los  dos Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción colman ese vacío dentro  del marco de las facultades del artículo 121 de la Constitución, es decir, solo  para la investigación y limitada en el tiempo. Ellos, con calidad de  Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tendrán funciones de instrucción  pero más que todo de dirección y coordinación de los Jueces de Instrucción,  quienes realmente son los que llevarán a cabo las tareas investigativas dentro  del marco legal ordinario, es decir, del Código de Procedimiento Penal”.    

     

ANTECEDENTES  DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.    

     

Este  punto debe dividirse en dos partes: La primera, es la relacionada con las  amenazas que supuestos narcotraficantes hicieron a los Magistrados de la  honorable Corte para obligarlos a proferir decisiones a favor de la  inexequibilidad de la ley que aprobó el Tratado de Extradición, celebrado con  los Estados Unidos. La segunda, se refiere a la amenaza propiamente dicha de  tomar el Palacio; a los planes, preparación y organización del grupo  guerrillero M‑19 para ejecutarla.    

a)  AMENAZAS DE LOS NARCOTRAFICANTES-INTERFERENCIA Y GRABACION DE COMUNICACIONES  TELEFONICAS.    

Los  Magistrados de la Sala Constitucional de la honorable Corte Suprema de  Justicia, desde mediados del año 1985, venían recibiendo mortales amenazas, que  se hacían extensivas a sus familiares más cercanos, con ocasión de las  providencias dictadas en los procesos instaurados, en ejercicio de la acción  pública, prevista en el artículo 214 de la Constitución Nacional, con el fin de  obtener la declaratoria de inexequibilidad de la ley 27 de 1980,  “por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la  República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de  septiembre de 1979”.    

Las  amenazas se efectuaron como un medio para coaccionar intimidar a los  Magistrados, en la creencia de lograr el cambio de sus tesis y de sus votos.  Versiones testimoniales presentadas por los doctores Alfonso Patiño Rosselli,  Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz ante el señor Juez 71 de Instrucción  Criminal Especializado dan cuenta de la acción criminal de que fueron víctimas.    

El  doctor Alfonso Patiño Rosselli, el 30 de octubre de 1985, en comunicación  certificada declaró:    

«(…)2.  Efectivamente, en los últimos meses (a partir de los primeros (sic) de  septiembre) me han llegado escrito que según los mismos provienen de “los  extraditables”, en los cuales se me plantea la alternativa de apoyar las  demandas (tres) que cursan en la Corte Suprema contra la Ley 27 de 1980,  “por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la  República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de  septiembre de 1979” o ser asesinado (o secuestrado, según ellos).    

En  tales escritos se formulan también amenazas contra mi señora, María Cristina  Zuleta de Patiño, y contra mis sobrinos Hernando e Inés Elvira Cuéllar Patiño,  huérfanos de padre y madre desde su infancia, que han tenido conmigo relación  algo cercana a la de hijos.    

Exactamente  he recibido tres “documentos” y dos cintas magnetofónicas. Unos por  triplicado y remitidos por correo de Bogotá y Medellín. El último de los  escritos con otro para mi señora.    

El  escrito que recibí en primer término es el que comienza “Hola, miserable,  insensible etc.”. En segundo término, me llegó el que dice al iniciarse  “septiembre 14 de 1985”. El tercero llegó por triplicado a mi  apartamento en sobres dirigidos a mi señora; la carta para ella está acompañada  de otra para mí (“Hola, perro…), de la cual me remitieron tres copias a  mi oficina del Palacio de Justicia.    

La  primera de las cintas contiene fragmentos de una conversación telefónica mía y  otra de mi señora. La segunda una de mi señora.    

3.  Le envío copias, tal como las recibí de los escritos, que con el dirigido a mi  señora son cuatro. También uno de los sobres dirigidos a ella.    

De  los originales y demás copias de los dos primeros así como de la primera cinta  magnetofónica y de los sobres hice entrega al DIJIN. Del tercero, original y  copias, junto con la segunda cinta magnetofónica, por triplicado y dos de los  sobres, al Departamento Administrativo de Seguridad.    

Debo  agregar que puesto que otros colegas de la Corte Suprema han recibido similares  amenazas, se ha creado en la Corporación atmósfera de intensa alarma. De ello  la Corporación dio cuenta al país en comunicado que apareció en los diarios  capitalinos el 4 de octubre del año en curso, del cual le acompaño el publicado  en “El Tiempo”».    

El  primer mensaje recibido por el doctor Patiño Rosselli, incluye entre insultos,  irrespetos y agravios, terminantemente la siguiente amenaza:    

<<Te  escribimos, no para pedirte, sino para exigirte posición favorable para nuestra  causa. Por eso no aceptamos renuncia, no aceptamos licencias, no aceptamos  enfermedades ficticias, no aceptamos vacaciones sospechosas y apresuradas. Cualquier  posición asumida en contra nuestra, la tomaremos como un reto y como una  aceptación a nuestra declaración de guerra… desde la cárcel ordenaremos tu  ejecución y fumigaremos con sangre y con plomo tus más preciados miembros de  familia». (Folios 240, proceso por el delito de extorsión adelantado en el  Juzgado 71 de Instrucción Criminal Especializado).    

El  doctor Carlos Medellín, en carta dirigida al mismo funcionario, fechada el 31  de octubre de 1985, certificó bajo la gravedad del juramento que:    

«(…)  2. Hace más o menos quince días llegaron a mi despacho en la Corte tres sobres  de correo, procedentes de la ciudad de Medellín, los cuales contenían en  original y sendas copias una carta anónima dirigida a mí, en la cual se me  hacen amenazas de muerte, extensivas a mi familia, si como Magistrado no apoyo  las demandas que actualmente cursan en la Corte contra la ley aprobatoria del  Tratado de Extradición.    

En  los días anteriores se me hicieron llamadas telefónicas anónimas a mi oficina,  sin que hubieran podido localizarme.    

Al  día siguiente de recibidos esos escritos, entregué dos de sus copias, con sus  respectivos sobres, al señor Capitán Oscar Adolfo Naranjo Trujillo oficial de  la Policía al servicio de la DIJIN, oficial quien organiza y coordina con especial  diligencia la protección personal que por dicho organismo se me está  dispensando».    

Los  llamados extraditables en anónimo que enviaron al doctor Medellín le dicen:    

»No  te habíamos escrito antes porque pensábamos equivocadamente que actuarías con  sensibilidad, con nacionalismo y en forma imparcial y jurídica con el asunto de  las demandas del Tratado de Extradición… pensamos que con las llamadas  telefónicas sería suficiente. Pero no. Te convertiste en socio de quien  encabeza la lista de futuros aspirantes a propietarios de fosas en los Jardines  de la Paz. Si el Tratado de Extradición no cae derrumbaremos la estructura  jurídica de la Nación, ejecutaremos Magistrados y miembros de sus familias.  Estamos dispuestos a morir, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en  los Estados Unidos … Si actúas con inteligencia, con silencio, … no pasará  nada. Serás el responsable de tu propio futuro y del futuro de tu propia  familia. . . no estamos jugando. No todos nuestros enemigos pueden gozar del  privilegio de la    

notificación  y del aviso. Actuamos de sorpresa…» (Folio 274 del proceso citado.    

El  doctor Ricardo Medina Moyano declaró el 31 de octubre:    

«(…)  2. Hace aproximadamente tres meses recibí una carta en la cual se hacen  amenazas contra mi vida y la de mis familiares, cuyo original me permito  acompañar a la presente.    

3.  A los pocos días, mi auxiliar, la señora doña Magdalena Rodríguez de Mojica,  recibió igualmente una carta concebida en términos similares, cuyo original  también me permito adjuntar a la presente».    

Los  llamados extraditables en su esquela, manifiestan al doctor Medina:    

«(…)Le  escribimos porque somos conocedores de que a usted le ha correspondido en  reparto una demanda contra el Tratado de Extradición firmada por el señor  Hernández …le vamos a exigir ponencia favorable a nuestra causa y es bueno  que sepa de una vez por todas, que no aceptamos disculpas estúpidas de ninguna  naturaleza: No aceptamos que se enferme, no aceptamos que se declare impedido,  no aceptamos que se vaya de vacaciones, y no aceptamos que renuncie… Queremos  ponencia favorable y punto… de manera que si usted ha pensado algún día en  hacerse héroe o mártir, aquí tiene una bella oportunidad para que lo sea… sin  que ello excluya de manera alguna a ninguno de los miembros de su familia. Los  cuales tenemos detectados, ubicados y reconocidos…». (Folio 277 del Proceso  citado).    

El  doctor Manuel Gaona Cruz, por su parte, en comunicación del 2 de noviembre de  1985, declaró:    

«(…)  2. He recibido en este año dos cartas anónimas escritas a máquina, de amenazas  contra la integridad de mi familia y contra mi vida, por razón de las funciones  que desempeño en la Corte, concretamente debido a que actualmente cursa a mi  cargo un proceso de inexequibilidad relativa a la Ley 27 de 1980, acusada  de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación, y que me  fue repartida el 28 de junio del presente año».    

A  su turno, los extraditables en su mensaje le expresan al doctor Gaona:    

«(…)  Sabemos que a usted “le tocó” ser el ponente de una demanda sobre la  nulidad de la extradición, firmada por el doctor Julio Martín Uribe Restrepo y  fechada el 3 de julio de 1985. Sabemos obviamente que usted se la repartió para  sí, porque desea que se siga extraditando nacionales hacia los Estados  Unidos… En la extradición usted es el responsable más importante al lado de  los no menos importantes compañeros suyos (de la Sala Penal)… le escribimos  pues no para suplicarle, sino para exigirle que su veredicto sea favorable a  nuestra causa… es bueno que sepa de una vez que no aceptamos disculpas  estúpidas de ninguna naturaleza, no aceptamos que se enferme, no aceptamos que  se vaya de vacaciones, no aceptamos que se deje derrotar…».    

(Folio  319 del proceso citado).    

Sobre  este mismo particular, el doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte  Suprema de Justicia, por el mismo procedimiento previsto en el artículo 244 del  Código de Procedimiento Penal, declaro:    

<<(…)  2. Hace varias semanas, tal vez meses (no recuerdo fechas) los Magistrados de  la Sala Constitucional de esta Corporación recibieron en días distintos cartas  y en algunos casos casetes en los que se exponían amenazas contra sus vidas y  las de sus familiares e implícitamente contra los demás Magistrados de la  Corte, amenazas ligadas al trámite de unas demandas en las que se pide declarar  inconstitucional el Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los  Estados Unidos de América. Informes de las autoridades de Policía permiten  concluir que entre los mecanismos utilizados por los extorsionadores figura la  interceptación de los teléfonos privados de las residencias particulares de  algunos Magistrados entre ellos la mía.    

3.  Tengo entendido que algunos de los Magistrados afectados en su oportunidad  entregaron a los organismos de Policía los documentos que contienen las  amenazas ya indicadas. Por lo demás y para los efectos a que haya lugar me  permito adjuntar fotocopia de una comunicación que llegó ayer a este Despacho y  que tiene que ver con amenazas a los Consejeros de Estado».    

Aprovechó  la oportunidad el Presidente de la Corte, como se desprende de su testimonio  para hacer alusión a unas amenazas a los Consejeros de Estado, que textualmente  dicen:    

     

<<REQUIEM  PARA EL CONSEJO DE ESTADO.    

     

Después  que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan mentado  caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde  otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el  Consejo de Estado es una Corte llena de títeres extranjeros, títeres éstos, que  en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos  resistimos a creer que los Magistrados colombianos pasan por un momento muy  crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado-fallo-no  es en buena parte debido a la intervención y a manipulación comunista que se le  ha dado al caso».    

Todos  los mensajes de los extraditables contienen amenazas concebidas en los mismos o  parecidos términos. Los destinatarios los recibieron en original y dos copias  al carbón, enviados desde Medellín por correo aéreo, a la dirección de sus  oficinas y de sus respectivas residencias. Con ellos se enviaron casetes con  grabaciones correspondientes a conversaciones telefónicas de los mismos  Magistrados y/o de sus familiares para dar seriedad a las mortales amenazas.    

El  Gobierno fue enterado pormenorizadamente de las pretensiones y amenazas de los  narcotraficantes a los Magistrados de la Corte, consignadas en escritos  concebidos en los términos que se acaban de transcribir. Como era de suponer,  los organismos de seguridad tomaron cartas en el asunto, según lo refiere el  acta número 26 correspondiente a la reunión celebrada por el Consejo Nacional  de Seguridad, el día 30 de septiembre de 1985 bajo la presidencia del señor  Ministro de Gobierno y con la asistencia de los Ministros de Relaciones  Exteriores, de Justicia, y de Defensa Nacional, del Director General de la  Policía, del Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del Jefe  de la Defensa Civil Colombiana, del Viceministro de Gobierno, del Procurador  Delegado para las Fuerzas Militares, del Director de la Policía Judicial e  Investigación, DIJIN, y de un representante del Jefe del Departamento 2 del  Estado Mayor Conjunto. “Comprobado el quórum-dice el acta-el señor  Ministro de Gobierno propone se inicie la sesión con el tema de las amenazas a  algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.    

«El  Coronel Miguel Alfredo Maza Márquez lee el informe preparado por el  Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, relacionado con las amenazas que  se vienen realizando contra funcionarios del Poder Judicial. Analiza los  antecedentes, los hechos más significativos, la credibilidad de las amenazas y  presenta conclusiones y recomendaciones. Se anexa el documento a la presente  acta.    

El  General Víctor Delgado Mallarino dice que los Magistrados en general aceptan  las medidas de seguridad que se adopten, salvo el doctor Ricardo Medina Moyano,  quien no ha querido que se le dé protección.    

El  Ministro de Gobierno dice que se había convenido en que el Consejo Nacional de  Seguridad enviara una carta a la Corte Suprema de Justicia en la cual se le  informara sobre el conocimiento que tenía de las amenazas a algunos Magistrados  de la Corte y sobre la necesidad de tomar las medidas del caso para brindarles  seguridad.    

El  Ministro de Justicia comenta que está de acuerdo con el envío de la carta a la  Corte, y agrega que desde cuando tuvo conocimiento de que se habían proferido  amenazas contra algunos Magistrados conversó con el Presidente de la  Corporación y le expresó que estaba de acuerdo en que se le diera protección a  los Magistrados, aun en contra de su voluntad, aunque el doctor Medina no la  aceptara porque consideraba que no se debía mostrar temor ante las amenazas.  Continúa diciendo el Ministro que tales amenazas no debían mantenerse en  reserva sino darse a conocer para que no se convirtieran en una grave presión  para los Magistrados y por esa razón resolvió hacerlas conocer a través de los  medios de comunicación».    

El  informe leído en la sesión por el Coronel Maza Márquez trata sobre  generalidades del problema sin hacer referencia a los mensajes recibidos por  algunos Magistrados, que tampoco aparecen nombrados en el estudio. En cambio,  hace alusión al asesinato del señor Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla,  el 30 de abril de 1984 “luego de que en repetidas oportunidades había  recibido amenazas de muerte” y a los atentados criminales de que fueron  víctimas otros abnegados servidores de la justicia, en diferentes lugares del  país para indicar el grado de credibilidad de las amenazas.    

Del  texto del estudio, que aunque fue leído el 30 de septiembre aparece fechado el  1° de octubre siguiente, el Tribunal considera de interés transcribir los  siguientes apartes:    

«A.  El ánimo resuelto en las actividades desarrolladas por los narcotraficantes  para vencer obstáculos que dificultan o imposibilitan su acción; la capacidad  económica y de intimidación para lograr testimonios favorables o para silenciar  testigos valiosos, y la desigualdad que existe entre los medios con que cuenta  la justicia y los que poseen los delincuentes, son factores que facilitan el  cumplimiento de sus nefastas amenazas.    

B.  Los hechos registrados en Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades principales  son evidencias del efecto y determinación que llevan los anónimos, cuando la  acción sicológica y el efecto moral de éstos no es suficiente para lograr sus  objetivos.    

C.  Las amenazas de los narcotraficantes persisten y para ejecutarlas cuentan con  organizaciones de “sicarios” propios e independientes;  infortunadamente los hechos ocurridos demuestran que cuando toman una  determinación persisten en ella a cualquier costo; lo importante es demostrar  que tienen poder armado y que la actual implementación de los servicios de seguridad  no es suficiente para obstaculizar su acción delictiva».    

La  documentada intervención del señor Director del DAS permitió al Consejo de  Seguridad recomendar la adopción de las medidas de seguridad para proteger a  los Magistrados de la Corte amenazados.    

El  propio Ministro de Justicia, doctor Enrique Parejo González, así lo comunicó al  doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la honorable Corte Suprema de  Justicia, mediante el oficio número 1992, fechado el mismo día de la reunión  del Consejo de Seguridad, que en lo pertinente se transcribe:    

«Con  todo respeto, me permito comunicarle que en su reunión del día de hoy el  Consejo de Seguridad se ocupó de las informaciones que poseen tanto el Ministro  de Justicia, como los cuerpos de seguridad del Estado sobre las amenazas de que  han sido objeto algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y concluyó  que tales amenazas merecen atención especial de parte de las autoridades pues,  por su gravedad, no solo constituyen desafío a la ley sino que comprometen  seriamente el funcionamiento regular de nuestras instituciones, en este caso  las vinculadas a la Administración de Justicia.    

El  Consejo de Seguridad me ha solicitado transmitirle a la Corte Suprema de  Justicia su disposición de brindarle tanto a la honorable Corporación que usted  preside como a toda la Rama Jurisdiccional, el apoyo y la protección necesarios  para el delicado cumplimiento de sus funciones y solicita de esa alta  Corporación y de sus honorables Magistrados la colaboración indispensable para  hacer efectivos ese apoyo y protección. El Consejo comisionó a los señores Jefe  del Departamento Administrativo de Seguridad y Director de la Policía Nacional  para coordinar con la Corte, sus Magistrados y las demás autoridades militares  y de Policía, la adopción de todas las medidas necesarias para lograr la  protección efectiva que demandan las circunstancias atrás anotadas.    

Le  ruego, señor Presidente, aceptar y transmitir a los honorables Magistrados la  seguridad de que en cumplimiento del deber constitucional y legal que les  corresponde, tanto el Ministro de Justicia, como las autoridades civiles y  militares son solidarias con la Corte y con la Rama Jurisdiccional en el  cumplimiento de sus augustas funciones y han tomado y tomarán las medidas  necesarias para que ellas se ejerzan dentro del marco de respeto y autonomía  que prevén la Constitución y la ley.    

En  cuanto respecta al Ministro de Justicia en particular, deseo reiterarle la  solidaridad más estrecha y el propósito de brindarle toda la colaboración que  esté a nuestro alcance, tal como se lo manifesté a usted desde el primer  momento en que tuve conocimiento de las amenazas de que han sido víctimas  varios Magistrados».    

La  comunicación del señor Ministro de Justicia dio lugar a una declaración que fue  ampliamente difundida por los distintos medios de comunicación social, que  igualmente se copia en su parte principal:    

«Luego  de un pronunciamiento del señor Ministro de Justicia sobre amenazas a  Magistrados de esta Corporación, los servicios de inteligencia del Estado  investigaron aquella denuncia pública y rindieron su informe al Consejo  Nacional de Seguridad, entidad ésta que previa ponderada evaluación de los  hechos, ha concluido que en verdad existen graves, concretas y reiteradas  amenazas de muerte a miembros de este organismo en relación con nuevas demandas  de inconstitucionalidad del Tratado de Extradición vigente entre Colombia y los  Estados Unidos de América.    

Conocidos  estos hechos y examinada cuidadosamente la información disponible sobre ellos,  la Corte Suprema de Justicia manifiesta a todas las ramas del poder público y a  la opinión nacional que confirma la existencia de tan ominosos mecanismos de  coacción, que los repudia como peligrosos intentos desestabilizadores del  estado de derecho y que continuará obviamente cumpliendo con la mesura y  equilibrio que le son propios, la plenitud de sus deberes constitucionales y  legales que provienen de determinaciones normativas soberanamente tomadas por  el Congreso de la República y por el Gobierno Nacional. La Corte agradece,  igualmente, la manifestación de apoyo y protección que ha recibido del Consejo  Nacional de Seguridad».    

El  Consejo Nacional de Seguridad no volvió a ocuparse del problema surgido con  motivo de las amenazas de los narcotraficantes. Sobre el particular en  comunicación dirigida a la Juez de Instrucción Criminal Ambulante, distinguida  con el número 0588 del 21 de abril de 1986, el Secretario General del  Ministerio de Gobierno, quien tiene las funciones de Secretario de dicho  Consejo, le hizo saber lo siguiente:    

«(…)  3. Respecto de su solicitud de información acerca de las medidas de seguridad  que se adoptaran para proteger la vida de los honorables magistrados, revisadas  las actas subsiguientes a la ya mencionada del 30 de septiembre de 1985, no se  encontró mención alguna adicional, aparte de lo que en nombre del Consejo  transmitió expresamente a la Corte sobre lo materia el señor Ministro de  Justicia en la carta ya referida, donde usted notará que el Jefe del DAS y el  Director de la policía Nacional fueron comisionados para coordinar con la  Corte, sus magistrados y las demás autoridades militares y de Policía, la  adopción de todas las medidas necesarias para lograr la protección efectiva que  demandan las circunstancias atrás anotadas”….».    

El  Coronel Fabio Campo Silva, director de la DIJIN, el 27 de enero de 1986,  suministró al Tribunal un resumen de la tarea realizada por la Policía, en  relación al asunto que se tiene examinando, sobre el cual expresó:    

«En  atención al requerimiento formulado a esta Dirección, por el Tribunal  Especializado de Instrucción Criminal, mediante el oficio número 0126 calendado  el 20 de los corrientes, respetuosamente me permito informar a los honorables  Magistrados, que en virtud de la esencia misma de la función que cumple la  DIJIN y habida cuenta de las misiones y responsabilidades que le han sido  asignadas por disposiciones institucionales, este organismo desarrolló en  relación con las amenazas de que fueron objeto algunos Magistrados de la Corte  ya fallecidos, tareas que fueron cumplidas con anterioridad a la toma que del  palacio de Justicia ejecutara el movimiento M‑19.    

Las  misiones consistieron básicamente, según obra en los documentos que por  intermedio de la Dirección General de la policía solicitó el señor Juez 77 de  Instrucción Criminal y que de manera atenta me permito remitir al honorable  Tribunal nuevamente, en:    

1.  Programar y desarrollar una conferencia sobre seguridad para funcionarios de  alta jerarquía del Poder Judicial, que fue dictada por personal de la DIJIN y  que contó además con la presencia del señor Ministro de Justicia.    

2.  En cumplimiento de órdenes de la Dirección General, elaborar y presentar un  estudio de seguridad física de las instalaciones del Palacio de Justicia que  reunió un programa integral de seguridad y las recomendaciones y medidas que  como asesores en esta materia sugeríamos implementar. El trabajo se presentó el  día 17 de octubre ante la Sala de Gobierno de la Administración de Justicia y  fue por demás elogiado por el doctor Alfonso Reyes Echandía en nota que dirigió  al señor Director General de la Policía.    

3.  Según lo dispuso el Gobierno se asumió la custodia personal de los doctores  Alfonso Reyes Echandía, Carlos Medellín y Ricardo Medina Moyano tal como quedó  plasmado en el plan 0017 del 011085. Cabe destacar que durante el asalto al  Palacio fallecieron dos de los hombres asignados a la escolta el señor  Presidente de la Corte.    

4.  Frente a las amenazas suscritas por el grupo que se autodenominó como los  Extraditables, personal del organismo inició la investigación correspondiente,  logrando con éxito la captura de la organización que dirigía Luis Alfredo  Beltrán Moreno y la incautación de un material y documentos que pusieron en  evidencia la participación de Beltrán moreno en la interceptación clandestina  de las líneas telefónicas de Magistrados y otras personas. A disposición del  Juzgado 71 de Instrucción Criminal se puso todo cuanto constaba del caso  referido, aclarando desde luego que la investigación no ha sido totalmente  concluida y aún se cumplen actividades en procura de su perfeccionamiento».    

El  departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por su parte, prestó el servicio  de escolta a los Presidentes de la Corte y del Consejo de Estado, doctores  Alfonso Reyes Echandía y Carlos Betancur Jaramillo, al Presidente de la Sala  Constitucional, Alfonso Patiño Rosselli y al Consejero doctor Jaime Betancur  Cuartas. El servicio al doctor Betancur se le venía otorgando desde la fecha en  que recuperó su libertad, después de un prolongado secuestro.    

En  forma coordinada el DAS y la Policía Nacional prestaron protección a las  familias de los Magistrados, en los casos en que fue necesario hacerlo.    

Como  no a todos satisface esta clase de protecciones que lesionan la intimidad, dos  de los magistrados pretendieron sustraerse a ella y tal actitud dio lugar a  insistencia por parte de las autoridades policivas por la cual la escolta no  tenía las condiciones de proximidad que caracterizaba a la de los demás  funcionarios.    

La  duración de este servicio y su suspensión serán materia de posterior estudio  dentro de este informe.    

Es  de anotar que los llamados Extraditables, después de los dolorosos hechos del  Palacio de Justicia, han continuado con las mismas amenazas, ya que ellos las  habían hecho y las siguen haciendo, con el propósito de obtener la  inexequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los  Estados Unidos.    

Las  investigaciones adelantadas por la DIJIN y confirmadas por los Jueces de  Instrucción dan cuenta de que Luis Alfredo Beltrán Moreno es el mismo que hizo  interferencias al teléfono del Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara  Bonilla, delito por el cual fue condenado.    

Beltrán  Moreno ha recibido siempre el encargo de grabar conversaciones telefónicas, lo  cual fácilmente consigue por la conexión que ha hecho con sujetos  inescrupulosos que, gracias a experiencias oficiales o a conexiones con  empleados de empresas dedicadas al servicio telefónico, interfieren los  aparatos y las líneas correspondientes.    

El  autor de las referidas manipulaciones de los teléfonos perteneciente a los  Magistrados, quedó a disposición del Juez 1 de Instrucción Criminal con todo el  material de grabación, los equipos y demás elementos utilizados para alcanzar  sus objetivos criminales, tal como lo certifica el Director de la DIJIN. En un  principio, el funcionario consideró que él era cómplice del delito de extorsión  en contra de los Magistrados amenazados por escritos a los cuales se acompañaba  precisamente casetes con grabaciones de conversaciones telefónicas que ellos y  sus familiares habían celebrado. Por tal consideración le dictó auto de  detención preventiva con beneficio de excarcelación, decisión que revocó al  estimar que los elementos mínimos para configurar esta infracción “en este  momento procesal han desaparecido”, motivación que le sirvió, a la vez,  para separarse del conocimiento del negocio, y para enviar el sumario al Juez  del Circuito Penal (Repartimiento).    

La  providencia del señor Juez 71, que el Tribunal no entra a examinar, expresa  entre otros argumentos, lo siguiente:    

«Veamos  por qué, los hechos materia de investigación no constituyen el hecho posible de  extorsión y sí configuran como ya se expuso una violación ilícita de  comunicaciones… El delito de extorsión se encuentra consagrado en el artículo  355 del Libro 2, Título IV, Capítulo II del Código Penal, dentro del grupo de  los delitos contra el patrimonio económico. El citado artículo señala que  “. . . El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con  el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá  en prisión de dos a diez años.    

Por  amenaza se entiende la acción que consiste en dar a entender con actos o  palabras que se quiere hacer algún mal a otro. La amenaza debe ser idónea para  intimidar a la víctima.    

La  amenaza obra como causa, pero lo esencial es que ella produzca intimidación,  que vendría a ser el efecto. La intimidación consiste en infundir miedo,  amedrentar o atemorizar a la víctima mediante la amenaza; sin esta intimidación  la extorsión no se configuraría.    

No  basta solamente para que pueda hablarse de extorsión, el acto de constreñir a  otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, es requisito esencial el elemento  subjetivo o dolo específico que consiste en el propósito de obtener provecho  ilícito por ausencia de uno de sus elementos.    

     

 El  maestro Francisco Carrara señala que el constreñimiento y el hacer, tolerar u  omitir aquello que daña o vulnera el patrimonio económico de la víctima o  sujeto pasivo de la infracción, señala el momento consumativo de la extorsión,  con lo cual queremos resaltar que este constreñimiento que requiere el tipo  punible de la extorsión necesariamente debe ejercerse sobre el patrimonio  económico de la víctima y no sobre otro objeto, ya que si fuera así, estaríamos  al frente de cualquiera otra infracción penal, menos el punible de extorsión.    

Si  bien es cierto, este despacho en providencias anteriores había dejado entrever  que Luis Alfredo Beltrán Moreno podría estar incurso como cómplice del delito  de extorsión en contra de los intereses de varios de los extintos Magistrados  de la Corte Suprema de Justicia y del señor Noel García, no menos cierto es que  este juzgado después de una exhaustiva y pormenorizada investigación, como lo  demuestran    

los  autos, no pudo recopilar una sola prueba que realmente incriminara a Luis  Alfredo Beltrán Moreno, como cómplice del delito de extorsión a que hicimos  alusión en nuestra providencia calendada el nueve (9) de noviembre del año  próximo pasado. Igualmente las pruebas que militan en su contra como sujeto  activo del reato de violación ilícita de comunicaciones son indiciarias como  cómplice de esa infracción, pero nunca como sujeto activo de la misma.    

En  ninguno de los folios que integran este voluminoso expediente se afirma o se ve  con meridiana claridad que los extintos Magistrados de la Corte Suprema de  Justicia eran constreñidos y amenazados a declarar la inexequibilidad del  Tratado de Extradición suscrito entre los países de Colombia y Estados Unidos  mediante la Ley 27 de 1980, con  menoscabo de su patrimonio económico particular. Tampoco se observa que los  “extraditables” quienes enviaban las amenazas a los Magistrados  pretendían con el constreñimiento ejercido obtener un provecho ilícito  económico o lucrativo. Lo único que realmente pretendían los sujetos que  enviaban los escritos amenazantes era que con la declaratoria de  inconstitucionalidad del Tratado no se les enviaría a los tribunales de los  Estados Unidos para su juzgamiento por la serie de ilícitos o cargos que se les  endilgaban».    

El  Tribunal Especial reclamó el proceso al Juez 71 de Instrucción para examinar si  los hechos por él investigados tenían o no conexión con los del Palacio de  Justicia, llegando a la conclusión de que tal conexión no existía,  circunstancia por la cual carecería de competencia para proseguir con la  investigación. En tal virtud, dispuso el envío del proceso al Juez del Circuito  Penal (Repartimiento) para lo de su cargo.    

Resulta  necesario expresar que el Tribunal, para formar su criterio y tener suficientes  elementos de juicio, previamente, confirió comisión al Juzgado 89 de  Instrucción Criminal Ambulante para avanzar en la investigación.    

El  señor Beltrán Moreno fue detenido en cumplimiento de providencia dictada por el  Juzgado 89, al encontrar que:    

«…  no sólo se configura la violación ilícita de comunicaciones Libro 2, Título 10,  Capítulo 5-sino que, tal conducta delictiva concurre con el punible descrito en  el Libro 2, Título 3, Capítulo 10, denominado específicamente como violencia  contra empleado oficial. »    

(Folio  394 del cuaderno número 1 del Juzgado 89 de Instrucción Criminal).    

De  acuerdo con lo expresado, el proceso fue enviado al Juez competente, a cuyas  órdenes quedó el detenido.    

     

b)  AMENAZAS DE TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL M‑19.  Informaciones aparecidas en algunos medios periodísticos de Bogotá dieron  cuenta de la supuesta captura de personas comprometidas en un plan de asaltar  el Palacio de Justicia. La captura, según la información, fue seguida de la  ocupación de planos, armas y, en general, de todos los elementos propios del  criminal designio.    

Según  las fuentes militares la noticia carecía de fundamento. No hubo las capturas,  por lo tanto, los demás hechos de la información eran falsos. Por tal motivo el  Ministro de Defensa, por intermedio de la Oficina de Relaciones públicas  produjo una rectificación perentoria negando el descubrimiento del plan  terrorista.    

Lo  cierto es que, aunque los hechos básicos de la información eran falsos, un plan  sí existía o estaba formándose, para la toma del Palacio de Justicia. Los  hechos del 6 y del 7 de noviembre constituyen la confirmación.    

Esta  lógica deducción llevó al Ministro de Gobierno a sostener en el curso de las  deliberaciones adelantadas en el Palacio Presidencial el mismo 6 de noviembre,  que los servicios de inteligencia del Estado habían sido sorprendidos.    

     

El  texto de esa manifestación debe reproducirse:    

«Hablo  (el Ministro), en primer lugar, de la falta de eficacia de los servicios de  inteligencia del Estado, que no habían logrado detectar la realización de un  acto terrorista de características tan espectaculares que seguramente había  demandado varios meses de preparación y había comprometido el esfuerzo no solo  de los asaltantes sino de muchas otras personas. Hace tanta falta un servicio  de “inteligencia inteligente”-dijo el Ministro-que en esta  oportunidad los subversivos consiguieron sorprender a las autoridades con  hechos que para algunos medios de comunicación eran un “secreto a  voces” que permitía hablar de una “toma anunciada”». (Folio 23  de la constancia firmada por los miembros del gabinete que estuvieron presentes  en el Palacio Presidencial el 6 de noviembre de 1985).    

En  iguales o parecidos términos (“toma anunciada”) se refieren a este  hecho algunos Magistrados de la Corte o del Consejo de Estado. Especialmente es  notable por su dureza de declaración periodística en tal sentido del Magistrado  Humberto Murcia Ballén.    

Valga  como acotación final, en procura de justicia en el concepto, que el mismo  Ministro aclaró que sus observaciones “son de orden general y están  referidas a limitaciones institucionales, que ha podido apreciar en el  ejercicio de sus funciones, razón esta por la cual las ha debatido en el  Consejo Nacional de Seguridad, y que sus apreciaciones nada tienen que ver con  la conducta de los mandos militares o de la Policía Nacional o con los  funcionarios del DAS, ni con el comportamiento de esas instituciones, pues a  ellas y a sus hombres les reconoce haber actuado con prontitud, coraje y  decisión” (misma constancia, página 24).    

El  día 16 de octubre según afirmación del Ministro de Defensa Nacional ante la  honorable Cámara de Representantes, el Comando General de las Fuerzas Militares  recibió por carta un anónimo que decía: “El M‑19 planea tomarse el  edificio de la Corte Suprema de justicia el jueves 17 de octubre, cuando los  Magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo  Domingo; harán fuertes exigencias al Gobierno sobre diferentes aspectos, entre  ellos el Tratado de Extradición”. (Véase declaración del Ministro de  Defensa y folleto titulado “Las Fuerzas Armadas de Colombia y la Defensa  de las Instituciones Democráticas”,55.).    

El  anónimo anterior, que contiene amenazas de los guerrilleros del M‑19 fue  recibido la víspera de haber sido presentado el estudio de seguridad del  Palacio y de los Magistrados. Al parecer las noticias y rumores que circularon  insistentemente tienen su fundamento en que ejemplares con el mismo texto  fueron profusamente distribuidos, llegando a conocimiento de la prensa.  Naturalmente, la coincidencia en el tiempo de las amenazas en él consignadas,  con las cartas de los Extraditables dio origen a la creencia de que se trataba  de un plan compartido, entre unos y otros de los autores de las terribles  amenazas contra la honorable Corte Suprema de Justicia.    

Coincidencialmente  con estos hechos, el día 18 de octubre estaba señalado para iniciar la visita a  Bogotá del señor Presidente de Francia, Francois Mitterrand, lo cual ha dado  lugar a la creencia generalizada y arraigada de que las medidas de seguridad  adoptadas en el Palacio de Justicia tuvieron como única justificación dicha  visita oficial.    

El  Ministro de Defensa rechaza enfáticamente esta versión y sólo da como causa de  las medidas especiales el anónimo recibido el 16 de octubre que sirvió de base  para la orden perentoria que él personalmente dio al señor Director de la  Policía. (Folleto citado, folio 57).    

Lo  cierto es que desde ese momento comenzó a prestarse un servicio de protección  al Palacio compuesto de un oficial, un suboficial y veinte agentes de la  Policía, quienes, extremando su celo y desconociendo cuestiones elementales de  nuestra organización judicial, dieron lugar a molestias sufridas por algunos  Magistrados o Consejeros y hasta a airados reclamos de algunos de ellos.    

     

PREPARACION  Y ORGANIZACION DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.    

     

El  día 23 de octubre de 1985 se produjo un atentado contra el    

señor  General Samudio Molina, Comandante del Ejército, del que dio abundante  información la prensa nacional. Ese día el mismo grupo guerrillero autor del  atentado y posterior asaltante del Palacio de Justicia, hizo llegar a una  cadena radial una cinta magnetofónica contentiva de un mensaje que anunciaba la  realización de “algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría  sorprendido”. (Véase folleto Mindefensa, folio 58).    

Presumiblemente  ese “algo de tanta trascendencia” a que se refería el comunicado era  la toma del Palacio, porque nada se puede o se podrá igualar a éste que muchos  han calificado como “acto demencial”. Evidentemente el mundo quedó  sorprendido.    

El  23 de octubre, como lo sostiene el Ministro de Gobierno, ya estaban en marcha  los planes y ellos fueron obtenidos por el Servicio de Inteligencia de la  Policía Nacional (SIJIN), Departamento de Policía de Bogotá, el 7 de noviembre,  es decir, cuando estaba en curso la recuperación del Palacio, al allanar la  casa situada en la calle 6ª sur número 8‑42.    

La  sorprendente documentación que las autoridades encontraron en el inmueble  mencionado y que, original, figura en el Cuaderno I, Juzgado 23, folios 121 a  153, contiene la descripción de la maniobra, los medios de que dispondrán los  asaltantes, los diferentes cuerpos o escuadras (cuatro), los integrantes de  ellas por sus nombres de guerra, los objetivos asignados a cada uno y, muy  especialmente, el armamento que portarán los asaltantes.    

Es  indispensable, para los fines de este informe, conocer en sus términos exactos,  lo que el autor del plan denominó “idea general de maniobra” para  entender luego las conclusiones que los suscritos Magistrados deducirán de los  hechos acreditados en la investigación.    

     

Dice  así el inverosímil documento:    

     

«Idea  general de la maniobra: Elementos: 1° Desplegar y dislocar unidades  consolidadas con alta capacidad ofensiva, con la más elevada decisión de  aniquilamiento en el asalto por las cinco escaleras del sótano hacia el  objetivo y copamiento del primer piso, simultáneamente, ascender al copamiento  del tercero y cuarto piso; 2º Garantizado el control absoluto del objetivo,  vencida y/o aniquilada la resistencia del enemigo, asumir la defensa de la  posición en la consolidación de tres escalones de defensa a través de líneas  diferentes. Combinada de manera activa la defensa de montaña, como tipo de  acción combativa y la defensa de edificio para el combate en la defensa de  ciudad.    

Las  órdenes combativas de toda la operación tendrán la flexibilidad de cada uno de  los aspectos fundamentales de la idea general de maniobra en la operación.    

El  primer orden combativo es de marcha de unidades de infantería en movimiento  desde el sitio de concentración y aproximación hasta el objetivo. Se  desplazarán tres (3) vehículos, en las cuales el primero será la vanguardia,  donde irá el primer grupo de asalto motorizado. Es un vehículo ligero, donde  viajarán cuatro compañeros con dos metras y dos fusiles. En el 2º viajarán 14  compañeros, el mando general y los medios explosivos, ingenieros y de  intendencia. Es un vehículo semipesado. Es el grueso.    

El  tercer vehículo será la retaguardia, en el viajarán 10 compañeros.    

En  el asalto la compañía estará desplegada en dos unidades de pelotón.    

El  primer pelotón tendrá la misión de asalto y control del sótano y primer piso,  ANIQUILANDO las fuerzas del enemigo allí destacadas y garantizando la defensa  impenetrable de los únicos lugares de acceso inmediato del enemigo, la puerta  principal y la puerta del sótano, como de igual manera garantizar el mayor  alejamiento del enemigo de dichos lugares. En síntesis, su misión fundamental  es el asalto al sótano y la puerta principal, el ANIQUILAMIENTO del enemigo en  el sótano y el primer piso y el control de los mismos, concentrando en un solo  lugar a todas las personas allí presentes, bien en el auditorio, la oficina 115  y la oficina de auxiliares.    

El  segundo pelotón irá al asalto y control del tercero y cuarto pisos. Su misión  fundamental es tomar los rehenes fundamentales que están allí. Para ello  ANIQUILARA las fuerzas enemigas y concentrará a los primeros y segundos en las  respectivas salas de sesiones.    

     

ASALTO  AL SOTANO Y A LA ENTRADA PRINCIPAL Y CONTROL DE REHENES.    

     

Para  el cumplimiento de dicha misión el primer pelotón estará conformado por tres  escuadras y una escuadra de apoyo con las siguientes misiones:    

Escuadra  número 1: de asalto a la puerta principal.    

Escuadra  número 2: de asalto al sótano.    

Escuadra  número 3: de aniquilamiento al enemigo en el primer piso, aseguramiento y  control del mismo.    

Escuadra  número 1: Para el cumplimiento de su misión estará compuesta por 6 compás, al  mando del compañero Lázaro y teniendo como sustituto al compañero Abraham.    

Levy  Diana, Mario Mateo.    

Tendrá  su propio plan de combate, orden combativo, Plan de emergencia. Contará con 6  metras, 4 granadas y 2 Kiimor 20.    

Escuadra  número 2. En el orden de marcha del sitio de aproximación al objetivo será la vanguardia.  Estará compuesta por 6 hombres de los cuales 4 compás vendrán en el vehículo de  vanguardia, en el cual irá al mando (Chucho, Andrés) y los dos compañeros  restantes vendrán en el vehículo de retaguardia. Su misión particular  inicialmente será cerrar la puerta del sótano y actuar inicialmente como  contención.    

Contará  para su misión con el siguiente armamento:    

     5    3    

1  metra 4 fusiles (sic), una escopeta, dos Kiimor 20 (sic) y una 3 (sic), granada  de humo.    

Componentes:  Chucho, Andrés, William, Nohora, Pedro, Marcela.    

Los  compañeros Nohora y Pedro serán la contención y vendrán en el vehículo de  retaguardia.    

El  vehículo de vanguardia en el que viene el grueso de la escuadra, entrará con  ANIQUILAMIENTO de las fuerzas enemigas y colocará el vehículo hacia la parte  derecha de la cabina de control, abriendo fuego hacia el sur contra el local  disponible para que cubra con fuego la entrada del grueso que se ubicará sobre  la entrada a las escaleras donde vendrán el grueso del segundo pelotón.    

Tendrá  sus planes y órdenes combativos.    

     

Escuadra  número 3: Al mando de Pacho, Bernardo. Su misión es garantizar el asalto de la  escalera interior a la Biblioteca y copar el flanco Norte del primer piso.    

Estará  conformada por: Pacho, Bernardo, Ismael, Esteban.    

Medios:  1 Carabina UZI, 2 Fusiles, 1 M3. 2 Granadas.    

Escuadra  número 4, (de apoyo): Aldo, Leonor, Roque, Natalia, Marina, Pilar.    

     

 Medios:  cortos, 3 granadas.    

 Asalto  al 3º y 4° pisos.    

     

 El  2º pelotón estará al mando de Jaime y compuesto por unidades.    

 Escuadra  número 1:    

 Lucho,  Adán, Iris (Eduardo, Iris (Antonio), Fabio Camacho Patricia, Michel, Paula,  Betty.    

 Escuadra  número 2:    

Andres,  César, N.N. Esteban, Orlando, Juan, Jorge, Claudia, Profe, Mono.    

Medios:  14 Fusiles, 1 Matzen, 1 Carabina UZI, 10 Granadas.    

     

CORTOS    

     

 La  escuadra número 1 entrará por la escalera principal del flanco sur y la  escuadra número 2 por la escalera principal del flanco norte. La primera al  cuarto piso y la segunda al tercer piso. Cada una dejará un hombre en el 2°  piso.    

     

 Nota:    

     

1.  LA VANGUARDIA: Chucho y tres más. Dos (Nohora y Pedro) que tendrán vehículo de  retaguardia donde va, además, Rafael.    

 2.  EL GRUESO: En el camión, los medios ingenieros. explosivos, intendencia y la  escuadra número 1 del pelotón 2 (Mando: Lucho).    

 3.  RETAGUARDIA: Pacho más 3. Más Nohora, Pedro Rafael y la escuadra número 2 del  pelotón (Mando: de César).    

     

 1ª  LINEA DE DEFENSA:    

     

 Sótano:  Chucho, Andrés, William, Marcela, Pedro.    

 Flanco  Norte: Pacho, Roque, Bernardo, Estéban, Mono.    

 Flanco  Oriental: Lázaro, Fabio, Natalia, Diana, Juan».    

     

 Dentro  de los mismos papeles hallados en la casa allanada, se encuentran otros  manuscritos que también constituyen parte del plan de asalto al Palacio. Ellos  hacen referencia al armamento, munición, material de intendencia, etc. No se  considera de interés la transcripción a pesar de que los datos sobre munición,  especialmente, podrían ser reveladores    

del  sentido y alcance que por los planificadores se daba a la operación que se  preparaba. Baste saber, como dato anticipado, que las autoridades militares y  de policía que recuperaron el edificio, encontraron cantidades inmensas de  proyectiles, bombas y, en general, materiales indicativos del propósito muy  firme de hacer de la toma una actividad prolongable hasta límites insospechables.    

     

 OPERACION  ANTONIO NARIÑO POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE. Fue la denominación que los  subversivos dieron al asalto y toma del Palacio de Justicia.    

     

 Alvaro  Fayad, máximo dirigente del M‑19, ideó el plan con seis meses, de  anticipación, el cual fue preparado en dos meses por el Estado Mayor de la  Compañía Iván Marino Ospina. El Comandante de la operación fue Luis Otero  Cifuentes, quien había participado en muchas otras del M‑19: Hurto de la  Espada del Libertador, asalto al arsenal del Cantón Norte, toma de la Embajada  de la República Dominicana, para nombrar sólo estas tres de señalada  importancia. Por estos delitos fue juzgado y condenado en consejo de guerra,  siendo favorecido luego con la amnistía que en su momento decretó el Congreso  Nacional.    

En  niveles inferiores, pero con rango de Comandantes de diversas unidades,  participaron Andrés Almarales, Guillermo Elvencio Ruiz y Alfonso Jackin. En  total 40 guerrilleros deberían haber actuado tomando en cuenta los ocupantes de  los tres vehículos (20) y los 7 que ya se encontraban dentro del Palacio. Una  posible desconexión por parte de la escuadra comandada por “Lázaro”  impidió el acceso al Palacio de 5 guerrilleros. (Véase “La Justicia en  Llamas”, página 60 y la entrevista concedida por guerrilleros del M‑19  a periodistas extranjeros de que da cuenta “El Tiempo”, página 1 y  2A, edición de 11 de noviembre de 1985), lo cual explicaría esta diferencia  numérica.    

     

OTROS  PREPARATIVOS    

     

 Avanzada  la organización del asalto desde el punto de vista militar, otros preparativos  ocuparon la atención de los dirigentes: Alojamiento de los conjurados y  transporte hacia el objetivo.    

     

 La  primera necesidad se satisfizo tomando en arrendamiento la casa número 8‑42  de la calle 6ª Sur, de propiedad de la señora María Teresa Rodríguez Sierra,  mediante documento de contrato que figura en el primer cuaderno del expediente  levantado por el Juez 23 de Instrucción Criminal (folio 118) y en el que  aparecen Jesús Benjamín Hortúa Rayo como arrendatario y la señora Abigaíl  Serrano de Lozano y Esther melina Robles de Lemus, como fiadoras o  coarrendatarias. Estas últimas utilizaron sus documentos de identidad  legítimos, mientras que Hortúa Rayo presentó una cédula de ciudadanía que no  corresponde al nombre del usuario.    

     

 Para  solucionar el problema del transporte el mismo día seis de noviembre, entre  siete y ocho de la mañana, varios integrantes del grupo guerrillero despojaron  del camión Ford 61, placas AM‑3967, al transportador Augusto Martínez  Rincón (declaración rendida ante la Oficina de Inteligencia de la SIJIN, folio  114 del cuaderno primero, comisión del Juzgado 23 de Instrucción Criminal).    

Igual  procedimiento adoptaron los guerrilleros para apoderarse de la camioneta marca  Ford, modelo 70, placas AP‑1007, de propiedad de Aristides Mogollón  Castañeda.    

     

 Un  tercer vehículo, la camioneta marca Chevrolet, modelo 1958, placas SB‑6671,  fue comprado a Saúl Hernández (folio 26 del cuaderno 5º del Juzgado 77 de  Instrucción Criminal), en la suma de setecientos cincuenta mil pesos  ($750.000.00), pagada en efectivo.    

     

 Véase  informe de la SIJIN rendido al Juez 9º de Instrucción Criminal, el 2 de  diciembre de 1985 (folio 309, cuaderno 2, Juzgado 77 de Instrucción Criminal).    

     

OBJETIVO  FINAL DE LA TOMA    

     

 Con  la firma de Luis Otero, Andrés Almarales, Alfonso Jacquin, Guillermo Elvencio  Ruiz y Ariel Sánchez, quienes se decían integrantes del Estado Mayor de la  Compañía Iván Marino Ospina-Operación Antonio Nariño por los Derechos del  Hombre, se dio a conocer-estando en curso la toma del Palacio-un comunicado en  el que se planteaban las “exigencias” que dicho movimiento hacía al  Gobierno Nacional.    

 El  punto fundamental, aunque no corresponda al primero en la enumeración que trae  el documento, es el siguiente:    

 «4)  La presencia en este Tribunal, del Presidente Belisario Betancur o de su  apoderado, para que responda de manera clara e inmediata a cada una de las  acusaciones contra el actual Gobierno.    

 Señores  Magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia:    

Creemos  oportuno que aquí y ahora se decida si los colombianos vamos a seguir  permitiendo que se siga entregando nuestro país a pedazos, pues se han  entregado considerables porciones de nuestro suelo; se entregan a manos llenas  nuestros recursos naturales (petróleo, carbón, oro, níquel, platino, fauna y flora);  se entrega la órbita geoestacionaria; se entregan clandestinamente nuestros  niños; se entregan nuestros cerebros, a través de su fuga; como si todo ello  fuera poco, mediante un impopular y escandaloso tratado de extradición, se  entrega nuestra juricidad (sic) la más reciente y novedosa de todas las  entregas, que es golpe mortal contra la soberanía nacional. Centenares de  compatriotas nuestros están seriamente amenazados no sólo por la legislación de  países extraños, sino por la manifiesta animadversión de algunos de ellos, como  es el caso concreto de los Estados Unidos de Norteamérica.    

Señores  Magistrados: Tienen ustedes la gran oportunidad, de cara al país, y en su  condición de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio  memorable, el que habrá de decidir si esos principios universales, por los que  luchó y padeció Antonio Nariño, en la centuria pasada, empiezan, por fin, a  tener vigencia en nuestra patria. Porque ningún colombiano digno está dispuesto  a soportar un siglo más de ignominia bajo el imperio de los intereses  oligárquicos». (Folios 30 y 31, mismo cuaderno).    

Las  demás exigencias se referían a la publicación de la proclama, de las actas de  la Comisión de Verificación, de los acuerdos de Monitoría, firmados con el  Fondo Monetario Internacional y “la creación de un espacio radial diario  de duración de una hora, en tiempo de clasificación A, usando una cadena de  cubrimiento nacional para que los colombianos todos, a través de nuestras  organizaciones gremiales, cívicas, deportivas, sindicales”, expongan cuál  es su necesidad más apremiante y si el Gobierno les ha cumplido.    

Del  texto de la proclama se desprende que el movimiento insurgente consideraba ya  como depuesto al Presidente de Colombia, porque en uno de sus apartes (folio  30B) habla de “el entonces Jefe de Estado, señor Belisario Betancur”.    

 No  deja de sorprender al observador el hecho protuberante de que las  “entregas” de que habla la acusación ya se habían perpetrado cuando  el grupo guerrillero autor de ella y de la toma del Palacio, firmó los acuerdos  de paz.    

     

 CONEXION  DE LOS ASALTANTES DEL PALACIO CON OTROS MOVIMIENTOS    

     

Ya  se vio que las amenazas de los llamados Extraditables no tuvieron ninguna  conexión con los hechos del Palacio de Justicia, materia de nuestra  investigación y que no hay evidencia en el proceso de que las actividades de  Luis Alfredo Beltrán Moreno y de su equipo de auxiliares se hubiesen  desarrollado en forma concertada con el M‑19.    

No  obstante, se oye, con frecuencia, que guerrilla y narcotráfico han constituido  asociación para colaborar mutuamente en la realización de sus fines. Se ha  acuñado un término que los confunde: Narcoguerrilla. De ahí la razón para que  al narcotráfico se le vincule con el asalto y toma del Palacio de Justicia.    

 El  señor Presidente de la República en declaraciones a Jean Paul Mari, periodista  de “Le Nouvel Observateur”, de París, afirmó:    

 El  problema de la narcoguerrilla no es todavía general. Se hizo evidente con el  asalto al Palacio de Justicia. . . ».    

En  el discurso de clausura del Parlamento (página 25 del folleto remitido por el  señor Presidente), se lee:    

     

 «…el  acto de la violenta toma del Palacio de Justicia fue, por tanto, acto  desesperado, demencial, hay quienes dicen que acaso urdido en intercambio de  ventajas con el narcotráfico».    

Finalmente,  en la constancia suscrita por los señores Ministros que estuvieron presentes en  el Palacio Presidencial el día 6 de noviembre, se dice:    

 «Se  examinaron luego, dándole el valor de indicios graves, aquellos hechos  antecedentes o concomitantes que permitían deducir una vinculación entre el  narcotráfico y el M‑19, por lo menos para efectos de financiar y ejecutar  “la operación” que se adelantaba.    

     

Se  citan, entre ellos, los siguientes:    

 1°  La declaración hecha por un dirigente del M‑19 desde la ciudad de Méjico,  pocos meses antes en el sentido de que era necesario asesinar varios  funcionarios al servicio del Gobierno de los Estados Unidos por cada colombiano  extraditado.    

 2°  Durante las semanas anteriores al asalto, los “extraditables” habían amenazado  de muerte a los miembros de la Sala Constitucional y a otros Magistrados de la  Corte.    

3°  El día del asalto, o el inmediatamente siguiente, la Sala Constitucional debía  estudiar la ponencia referente a la exequibilidad del Tratado de Extradición suscrito  entre Colombia y los Estados Unidos.    

4º  Los terroristas se dirigieron, precisamente, al cuarto piso de la edificación  donde se encontraban las oficinas de la Sala Constitucional y Penal de la Corte  Suprema, las ocuparon e hicieron rehenes a sus Magistrados.    

5º  En el “MANIFIESTO” entregado por el M 19 se hacía mención expresa de  su rechazo al Tratado de Extradición.    

 6°  En el momento del asalto se encontraban pendientes, para decisión del Gobierno,  ocho resoluciones de extradición, cuya suerte depende de lo que la Corte dijera  sobre la constitucionalidad del Tratado».    

El  sumario, se repite, en su estado actual, no presenta respaldo probatorio para  las afirmaciones que se dejan transcritas.    

Los  seis “indicios” se refieren a uno sólo: la identidad de concepto  entre narcotraficantes y guerrilleros en contra de la extradición. Así: las  declaraciones de Iván Marino Ospina en ciudad de Méjico (hecho 1º) que apoyaba  el asesinato de ciudadanos amenazados, las amenazas de los  “extraditables” a los Magistrados (hecho 2º), la coincidencia entre  el asalto y la reunión de la Sala Constitucional para estudiar una de las  muchas demandas de inexequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado (hecho  3º), la referencia al Tratado en el Manifiesto (hecho 5º) y la existencia de  ocho resoluciones de extradición pendientes (hecho 6°), son aspectos diferentes  de un mismo asunto, aunque algunos de ellos no sirvan para hacer la inferencia  que es la razón probatoria del indicio.    

Por  el contrario, en algunas de las afirmaciones se nota que tal inferencia es la  contraria de la que pretende sacar la constancia transcrita, otra no tiene  sustentación de hecho y, finalmente la del hecho 3° se puede afirmar  categóricamente que era desconocido para los asaltantes.    

Es  evidente para los autores de este informe que a los narcotraficantes,  interesados en el pronunciamiento de la honorable Corte sobre las demandas de  inexequibilidad, no les interesaba la realización de las amenazas de muerte que  ellos mismos habían pronunciado, porque el objetivo perseguido, precisamente,  consistía en que los Magistrados amenazados cedieran a la violencia que se  cernía sobre ellos y declararon la inexequibilidad que demandaban. Sólo para la  hipótesis contraria, esto es, una decisión desfavorable a sus tesis, habían  prometido tomar mortales represalias y es evidente que la honorable Corte no  había hecho pronunciamiento alguno después de las amenazas.    

Muertos  los Magistrados o colocados en la imposibilidad de fallar, los extraditables  nada ganarían porque el Tratado y la ley aprobatoria mantendrían su vigencia y  el Gobierno podría continuar expidiendo resoluciones de extradición en  consonancia con sus disposiciones hasta tanto no se produjera decisión de  inconstitucionalidad.    

El  hecho 3° no podía ser conocido de los asaltantes, porque el expediente da  cuenta de la resolución del Magistrado Patiño Roselli, Presidente de la Sala  Constitucional, según la cual se había reservado exclusivamente la atribución  de elaborar el orden del día de las sesiones, sin dar cuenta de él a sus  colegas ni al personal de secretaría para evitar filtraciones que llegaran a  los amenazantes. Sólo él, pues, sabía lo que se iba a discutir. Esto elimina la  deducción indiciaria. Además, un plan preparado con dos meses de anticipación  mal podría prever, como fecha de su ejecución, la de una reunión de la Sala  Constitucional que tuviera l a finalidad de estudiar una providencia en uno de  los casos de acusación de la ley aprobatoria del Tratado.    

La  afirmación del hecho cuarto se encuentra en contradicción con el plan general  de la toma del Palacio, en el cual, si bien es cierto que se dispone la  ocupación del 4º piso y la toma y custodia de los rehenes, no lo es menos que  idénticas órdenes se dieron respecto de los restantes pisos y del personal todo  que laboraba en el edificio. La toma del 4º piso fue parte de la operación,  pero no objetivo único como podría concluirse de lo sostenido en esta parte de  la constancia.    

Por  último, la inclusión del Tratado de Extradición, en el Manifiesto como hecho  vituperable para los guerrilleros, al lado de los acuerdos de Monitoría del  Fondo Monetario Internacional, no son sino expresiones de una posición política  que pretende manifestar su nacionalismo rechazando toda forma de lo que ellos  califican como injerencia extranjera indebida.    

La  sospecha de que esa supuesta conexión narcoguerrillera se diera desde el punto  de vista de la financiación de la operación, como lo dice la constancia,  tampoco ha sido confirmada dentro de la investigación. Queda en ese terreno de  la simple sospecha por la identidad de opiniones en ese tema concreto de la  extradición.    

En  conclusión, no hay evidencia de participación de movimientos guerrilleros  distintos al M‑19, en el planeamiento y ejecución de los hechos del  Palacio de Justicia, materia de investigación. Tampoco aparece prueba que  vincule estos hechos con las graves y mortales amenazas inferidas a los  Magistrados por los narcotraficantes, como ya se estudió en otro capítulo de  este informe.    

El  Tribunal considera pertinente transcribir la declaración del señor Ministro de  Gobierno, doctor Jaime Castro, sobre este particular:    

«Esas  conversaciones las sostuve una vez en mi Despacho con loa doctores Alfonso  Patiño Roselli y Ricardo Medina Moyano y otra en el Club Militar con los mismos  Magistrados y los doctores Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz y Carlos  Medellín Forero, a más de los señores Ministros de Justicia y Defensa, el Jefe  del DAS y el Director de la Policía Nacional. En ellas se trató lo relacionado  con las amenazas que “los extraditables” hacían contra los señores  Magistrados si no declaraban inexequible el Tratado de Extradición y con las  medidas que el DAS y la Policía adoptaron en forma inmediata para brindarles  protección y seguridad. Sobre el particular existen las cartas cruzadas entre  los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Ministro de  Justicia y posiblemente otras comunicaciones o constancias escritas en el DAS y  en la Policía Nacional], documentos todos que seguramente ya hacen parte de la  investigación. Ni los miembros de la Corte ni los del Gobierno, trataron sobre  el presunto o posible ataque guerrillero o terrorista al Palacio de Justicia o  a otros edificios públicos. La preocupación era el atentado personal,  individual, que se pudiera cometer contra los Magistrados o sus familiares más  cercanos. Pienso que así ocurrió porque nadie en ese momento tenía información  cierta, dudosa o remota de hechos de naturaleza distinta.    

Si  traigo a cuenta estas conversaciones, es porque durante el 6 y el 7 de  noviembre y después de ocurridos los luctuosos hechos de esos días,  funcionarios del Gobierno y de la Rama Jurisdiccional, entre otros, encontraron  indicios que les permitieron hablar de una vinculación entre esas amenazas y el  asalto terrorista.    

Nunca  tuve informaciones generales o particulares sobre un posible asalto al Palacio  de Justicia. . . ».    

Finalmente,  es de interés copiar la declaración del señor Presidente de la Comisión de Paz,  doctor John Agudelo Ríos, sobre este punto:    

No  he tenido como Presidente de la Comisión de Paz o como ciudadano, conocimiento  de vinculación alguna entre el M‑19 y el narcotráfico. No niego con esto  alguna posibilidad, simplemente afirmo que en la doble condición que he  señalado, carezco de conocimiento. . . »    

     

PARTICIPACION  DE EXTRANJEROS    

     

 Sólo  hay evidencia de la participación de un extranjero. Se trata de Diógenes  Benavides Martinelli, natural de Sona (República de Panamá), nacido el 3 de  agosto de 1942 (cédula de identidad personal número 9‑57‑16), quien  también portaba licencia de conductor, expedida por la Guardia Nacional de  Panamá, carné de identificación del asegurado, expedido por el Instituto  Nicaragüense de Seguridad Social, bajo el número 12708, en su condición de  “Responsable de Departamento” del Ministerio del Trabajo dentro del  Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, como reza la  correspondiente tarjeta de identidad. Todos estos documentos hacen parte de la  investigación y, en lo posible, fueron comprobados en la República de Panamá  sin que para hacer lo mismo en Nicaragua se hubiese dado idénticas facilidades.    

La  presencia de Benavides Martinelli dentro del Palacio de Justicia fue acreditada  suficientemente. De los testimonios que al respecto se produjeron, merece  destacarse el del abogado Gabriel Salom (Auxiliar de un Consejero de Estado),  quien identificó a Benavides Martinelli, por las fotografías de los documentos  mencionados y por la foto del cadáver que aparece en las gráficas 117313,  117314, 117316 y 117318, correspondientes al acta de levantamiento número 1113  que, inicialmente, se hizo figurar como correspondiente a Mario García Restrepo  a cuyo nombre portaba el occiso una cédula de ciudadanía colombiana que luego  se probó había sido falsificada.    

     

ARMAS  DE PROCEDENCIA EXTRANJERA    

     

 En  la relación que el Oficial B3 rindió al Comandante de la XIII Brigada, sobre  incautación de material de guerra en la recuperación del Palacio de Justicia,  aparecen las siguientes armas:    

     

 a)  Fusiles ametralladoras (Galil) 2    

     

 b)  Fusiles automáticos (Galil)     6    

 Fusiles  automáticos (M‑16)       4    

 Fusiles  automáticos FAL M‑63 4    

 c)  Fusiles semiautomáticos COLT AR‑15 8    

     

 d)  Subametralladoras automáticas UZI         4    

 Subametralladoras  automáticas MADSEN 1    

 Subametralladoras  Thomson 1    

 e)  Subametralladoras automáticas INGRAN 1    

     

 f)  Escopetas, revólveres, pistolas, etc.    

     

 De  estas merecen especial mención las siguientes:    

     

 a)  Dos fusiles FAL, de fabricación belga (números de serie 39260 y 39597) que  hicieron parte de un lote de armas enviado a los sandinistas nicaragüenses por  el Gobierno venezolano en 1979. Tienen un escudo de Venezuela y la leyenda  “Fuerzas Armadas de Venezuela”;    

 b)  De los cuatro fusiles automáticos M‑16, dos fueron vendidos por la  compañía fabricante al Gobierno nicaragüense en 1976;    

 c)  El fusil número 9199140, corresponde a un lote de 4.000 armas vendidas por el  fabricante a la Guardia Nacional de Nicaragua, el 30 de noviembre de 1976;    

 d)  El fusil número 9123669, corresponde a un lote de 1.000 vendidos por la misma  compañía a la Guardia Nacional de Nicaragua, el 2 de noviembre de 1976;    

 e)  Los seis fusiles Galil en dos de las cuales es legible la marca EEBI, que  corresponde a la “Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería”,  unidad militar nicaragüense durante el Gobierno de Somoza.    

La  presencia de estas armas en la dotación del grupo guerrillero que realizó la  toma del Palacio, dio lugar a la nota que el Canciller colombiano dirigió al  Ministro del Exterior de Nicaragua el 2 de enero del corriente año, en la cual  solicitaba al “Gobierno de Nicaragua una explicación pronta y  satisfactoria sobre los mismos hechos”. (Folio 71, cuaderno 3º, Juzgado 77  de Instrucción Criminal).    

No  habían transcurrido 24 horas cuando el Ministro nicaragüense dio la explicación  solicitada:    

En  referencia a los fusiles de fabricación belga, que de acuerdo a su nota, fueron  encontrados en el Palacio y cuya procedencia se hace derivar de un tercer país,  durante la lucha contra la dictadura somocista, debo informar a Vuestra  Excelencia que del total de las armas destinadas a la liberación de Nicaragua,  sólo una tercera parte de las mismas llegó a poder del Frente Sandinista de  Liberación Nacional. El Gobierno de Nicaragua ignora, hasta esta fecha el  paradero del resto del material bélico que supuestamente debía llegar a manos  de nuestros combatientes, dada la participación de distintos intermediarios.    

En  cuanto a los fusiles de asalto F‑16, Fal y Galil, supuestamente  pertenecientes a la antigua guardia somocista, debo informar a Vuestra  Excelencia que, en los momentos en que se dio el triunfo de la revolución  sandinista, miles de guardias somocistas huyeron hacia Honduras, llevándose  consigo sus equipos, incluyendo sus armas de reglamento». (Folio 76, ibídem).    

Se  desprende de las afirmaciones del alto funcionario nicaragüense que el  armamento destinado a los guerrilleros, en la época de la lucha armada contra  el régimen somocista, no llegó, al menos en su totalidad, a su destinatario, el  “Frente Sandinista de Liberación Nacional” y que ningún esfuerzo ha  hecho su Gobierno por indagar sobre el extravío de los fusiles belgas.    

En  cuanto a las restantes armas, se llega a la deducción de que los miembros de la  guardia somocista huyeron a Honduras con ellas y que posteriormente llegaron al  M‑19.    

Para  el Tribunal no es aceptable la explicación porque se limita a señalar bases  para hacer conjeturas, siendo la más discutible, la de una posible vinculación  entre el M‑19 y los agentes del Dictador Somoza.    

Es  de destacar que el Gobierno de Nicaragua respondió rápidamente, dando la impresión  de que el problema no había dado lugar siquiera a una simple investigación.    

En  todo caso el Canciller Ramírez Ocampo contesto, el 8 del mismo mes y en su nota  informó a su colega que,    

«Mi  Gobierno ha tomado atenta nota y agradece las informaciones consignadas en la  comunicación mencionada, que se relacionan con la procedencia de algunas armas  utilizadas en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá». (Folio 79, ibídem).    

Así  el Gobierno dio por cancelado el incidente. Las reglas de la diplomacia y las de  la justicia son diferentes. Para este Tribunal no son convincentes las razones  del Ministro nicaragüense.    

Como  la existencia de armamento de procedencia extranjera podía mirarse como una  arma de cooperación de movimiento, o gobiernos de otros países, el Tribunal  hizo todos los esfuerzos en orden a saber si además de la información  suministrada por el Ministerio nicaragüense a nuestra Cancillería, de la cual  ya se ha hablado, los organismos de inteligencia y seguridad del Estado habían  hecho averiguaciones en el exterior, particularmente para establecer los  fundamentos que tuvo el Gobierno de los Estados Unidos para que tanto su  Presidente, señor Ronald Reagan, como el Secretario de Estado, señor George  Shultz se hubiesen permitido declarar ante la opinión internacional que en los  acontecimientos del Palacio de Justicia, había mediado cooperación de los  gobernantes de Nicaragua.    

El  proceso espera, en sus etapas futuras, contar con respuestas que despejen estos  interrogantes.    

     

PERSONAL  DE LA GUERRILLA, DESTACADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO    

     

Multitud  de versiones se propalaron en medios respetables de    

nuestro  periodismo, sobre la complicidad de servidores oficiales y de proveedores  particulares, (restaurante, cafetería), en los actos consumativos del asalto.    

Hubo  una noticia, presumiblemente de muy buena fuente, según la cual el restaurante  se había constituido en la despensa de los guerrilleros. Se habló, inclusive,  de que en sus bodegas se habían encontrado provisiones en cantidades  exageradas, para atender a la manutención de los ocupantes del palacio, durante  largo tiempo. Hasta cifras se mencionaron. Se afirmó que se habían encontrado  en los refrigeradores del restaurante, unos 1.500 pollos, sin reparar en la  capacidad que solo da Cabida a un máximo de 100 unidades. También se alcanzó a  mencionar la existencia de grandes reservas de leche en el mismo  establecimiento.    

Todas  estas informaciones resultaron falsas, producto alegre de la imaginación. Nos  detenemos en el examen del tema porque interesa restablecer la buena opinión  que merecen gentes honorables y correctas que se encontraban al servicio del  restaurante, quienes no tuvieron vinculación alguna con los guerrilleros del M‑19  y en nada pueden verse comprometidas en los acontecimientos criminales que  horrorizaron al país. Por el contrario, todas ellas resultaron víctimas  inocentes de los dolorosos hechos.    

Sin  embargo, los guerrilleros destacaron personal muy especial dentro del palacio,  desde las primeras horas del 6 de noviembre. En el plan general no se hace  figurar este necesario ingrediente de la acción porque el número reducido, la  calidad muy alta de los encargados de esta misión y la función tan concreta, no  hacían necesario su inclusión.    

La  primera mención de este hecho aparece en la declaración del doctor Fernando  González (Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado) quien encontró en la  oficina de su colega, la doctora Mercedes Mendoza, a dos personas charlando con  esta, personas que en últimas resultaron ser Alfonso Jacquin y Doris  (posteriormente) identificada como una de las guerrilleras. (Folio 18 del  cuaderno 1 del expediente levantado por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal).    

La  doctora Mercedes Mendoza Maldonado (folio 34 del mismo cuaderno), corfirma la  versión anterior y la amplía para informar que una amiga suya, de nombre Dora  Jimenez, se presentó en la oficina de la declarante el día 15 de noviembre y le  anunció que el siguiente traería un amigo abogado, quien se interesaba en la  consecución de providencias del Consejo de Estado sobre fallas del servicio. El  día 6, llamó telefónicamente para confirmar la cita y, efectivamente, se  presentó con quien, a la postre, resultó ser Alfonso Jacquin. Dora o Doris y  Jacquin tuvieron luego destacada actuación en el asalto.    

Ella  se ubicó en la cafetería (folio 36), mientras Jacquin y un tercero que se le  agregó en la Secretaría de la Sección Tercera (oficina 115), esperaron allí la  iniciación de los acontecimientos para dar cumplimiento al plan en las  funciones asignadas al primer pelotón sobre concentración de rehenes en dicha  oficina.    

Simultáneamente,  en la oficina 117, se hicieron presentes dos mujeres, luego conocidas como  Mariana y Natalia, diciéndose estudiantes de derecho, interesadas en el examen  de un expediente electoral, el cual les fue suministrado por el empleado  Gilberto Sánchez (notificador). Al iniciarse el abaleo, las falsas estudiantes  se identificaron como integrantes del M‑19 y esgrimiendo sendos  revólveres, se apoderaron de la oficina a tiempo que gritaban “presente y  combatiendo”, y proferían llamados a otros guerrilleros, a quienes  identificaban como Aldo y Roque.    

(Véase  Hilda Díaz de Agudelo, folio 149 del cuaderno levantado por el Juzgado 30 de  Instrucción Criminal) . Ana Lucía Bermúdez de Sánchez (auxiliar del doctor  Nemesio Camacho) vio una guerrillera que disparaba desde la Secretaría del  Consejo de Estado. (Folio 303 del cuaderno 5, Juzgado 30 de Instrucción  Criminal).    

     

LA  SEGURIDAD DEL PALACIO EL 6 DE NOVIEMBRE    

     

 EL  Palacio de Justicia habitualmente ha sido custodiado por vigilantes  particulares, en virtud de contratos celebrados por firmas privadas,  especializadas en la prestación de este servicio, con el Fondo Rotatorio del  Ministerio de Justicia, entidad a la cual corresponde su administración.    

El  servicio privado, como es lógico suponer, venía ofreciendo problemas a causa de  que las personas que lo prestaban no estaban investidas de autoridad alguna,  presentándose con frecuencia situaciones realmente inconvenientes, desde el  punto de vista de la seguridad efectiva de los Magistrados, Consejeros y en  general de toda la planta de colaboradores de la honorable Corte Suprema de  Justicia y del honorable Consejo de Estado, que tenían un asiento en tal  edificación.    

La  situación aludida se hizo crítica a raíz de las amenazas que venían haciendo  los narcotraficantes a los Magistrados y por las versiones de prensa sobre un  posible ataque del M‑19 al Palacio, de lo cual se ha hecho referencia en  otro capítulo de este mismo informe, con el resultado de que por orden del  señor Ministro de Defensa, impartida el 16 de octubre de 1985, se ordenó en  forma inmediata la vigilancia y protección por la fuerza pública. Se reforzó el  servicio por un contingente compuesto por un oficial, un suboficial y 20  agentes, que permaneció en sitios estratégicos del Palacio hasta el 4 de  noviembre de 1985, inclusive.    

Aspecto  especial de la investigación ha sido el establecer las circunstancias que  dieron lugar al retiro de la fuerza armada, pues se considera en algunos medios  que la falta de protección adecuada facilitó la acción de los subversivos, que  solo encontraron en su camino a los vigilantes particulares y a las escoltas  personales de algunos Magistrados (Presidente de la Corte y Consejo, Sala  Constitucional y Consejero Jaime Betancur Cuartas).    

Por  otra parte, el episodio del levantamiento del servicio de seguridad ha dado  lugar a indignadas rectificaciones y aun a denuncias penales. El fundamento  para éstas se hace radicar en los informes rendidos por los señores Teniente  Coronel Pedro Antonio Herrera (Comandante el Primer Distrito de Bogotá) y  Teniente Coronel Gabriel Arbeláez Muñoz (Comandante Operativo de Bogotá), en  los cuales se da cuenta de que el Presidente de la Corte Suprema, Magistrado  Alfonso Reyes Echandía, “exigió el retiro”, exigencia que en el texto  del mismo informe dirigido al Ministro de Defensa por el Comandante de    

la  Policía de Bogotá, se califica de “orden” del Magistrado.    

Los  hijos del Presidente de la Corte, sus compañeros de Magistratura, el  Vicepresidente, Magistrado Aldana Rozo, el Presidente del Consejo de Estado,  afirman que esa orden no fue dada, que la exigencia no se planteó.    

Razonan  de varias maneras: Inicialmente, como imposibilidad física, porque en la fecha  en que se dice fue formulada, el Magistrado se encontraba en la ciudad de  Bucaramanga, hecho acreditado en el expediente. Luego, por expresas  manifestaciones en contrario, hechas días antes del asalto.    

Al  respecto conviene citar el texto íntegro de la constancia aprobada por la Sala  Plena de la Corte, celebrada el 4 de diciembre de 1985:    

«La  Corte Suprema de Justicia, ante algunas manifestaciones hechas en diversos  medios de comunicación, afirma categóricamente que ni su Presidente, doctor  Alfonso Reyes Echandía, ni ninguno de los señores Magistrados integrantes de la  Corporación, solicitó la suspensión de los servicios de vigilancia que  efímeramente se prestaron en el Palacio de Justicia.    

Justamente  en las reuniones de la Sala Plena llevadas a cabo los días 24 y 31 de octubre y  en las Salas de Gobierno, verificadas en la Corte, poco antes de los sucesos  del 6 y 7 de noviembre, se insistió en la necesidad de que dicho servicio fuera  mantenido ante las propias recomendaciones del Consejo de Seguridad que daban  cuenta de las serias amenazas que se habían hecho a las personas de los  Magistrados el propósito anunciado de la toma violenta del Palacio de Justicia.    

Por  el contrario, el doctor Reyes Echandía, fue siempre enfático, tanto en público  como en privado, en la necesidad de que tanto a la Corte Suprema de Justicia  como al Consejo de Estado, se les brindara adecuada protección. Además, como en  el Palacio de Justicia funcionaban las dos citadas Corporaciones, ninguna  determinación sobre esta materia podía ser tomada en forma unilateral».    

El  entonces Presidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, en  ampliación de su testimonio, al dar cuenta de la posición asumida por el  Magistrado Reyes Echandía, hizo pormenorizada referencia a la forma como se  administraba el edificio, al cogobierno establecido entre las dos Corporaciones  que tenían allí su sede, al sistema como operaba la seguridad y los controles  internos y en general hizo alusión a importantes aspectos que facilitan el  esclarecimiento del complejo problema suscitado por la suspensión, durante los  días 5 y 6 de noviembre del servicio de seguridad que los 22 hombres de la  Policía Nacional venían prestando. Expresó el doctor Betancur Jaramillo:    

«…Antes  que todo debo hacer unas precisiones sobre el manejo administrativo del Palacio  de Justicia, para la mejor comprensión de lo que voy a declarar. Si bien es  cierto, el Palacio tenía un administrador nombrado por el Ministro de Justicia,  éste era un funcionario de menor categoría, cuyas funciones, en la práctica,  eran más bien secundarias.    

Las  labores administrativas, propiamente tales, eran cumplidas por los Presidentes  de la Corte y del Consejo de Estado, porque no existen en nuestra organización  jurisdiccional otros funcionarias que las cumplan. En el mes de octubre las  Salas de Gobierno de la Corte y del Consejo de Estado tuvieron una reunión en  los altos de la Relatoría de esta última Corporación, con unos oficiales de la  Policía (entre estos, el Coronel Herrera de la 4ª Estación), para discutir el  plan que las fuerzas militares habían elaborado para la seguridad de los  Magistrados y de la edificación misma. Aclaro que fue en octubre de mil  novecientos ochenta y cinco, a mediados del mes. En esa reunión nos informaron  que ante las amenazas de los organismos guerrilleros y de los narcotraficantes,  el Gobierno pensaba adoptar unas medidas especiales de seguridad. El plan  presentado fue bastante ambicioso y completo.    

Durante  esa reunión los miembros del Consejo de Estado, con extrañeza, notamos que los  militares, parece que por falta de información, creían que los únicos que  merecían protección especial eran los Magistrados de la Corte y no los del  Consejo e hicimos notar esta circunstancia.    

Intervine  en mi carácter de Presidente del Consejo de Estado y le dije al Capitán, creo  que apellido Naranjo, que nos estaba dando el plan, que me daba la impresión de  que ellos no sabían quiénes laboraban dentro del edificio, puesto que casi  todas las medidas hablaban sólo de los Magistrados de la Corte. Le hice esta  advertencia muy comedidamente y le recalqué que mantenían magníficas  relaciones.    

Que  hacía esa advertencia porque cualquier medida que tocara con la seguridad del  Palacio, con la seguridad de los funcionarios que allí laboraban, tenía que  tomarse por fuerza, de común acuerdo entre las dos Corporaciones; que ese era  un fuero que yo no pensaba renunciar y que estaba seguro no iba a renunciar el  doctor Reyes Echandía. A continuación tomó la palabra éste y manifestó que  compartía todo lo que yo acababa de decir; que efectivamente era una  edificación con dos dueños de igual categoría constitucional y que el manejo de  su seguridad debía ser de consuno. Recuerdo que en esa misma reunión, el doctor  Jorge Valencia Arango, en forma airada, protestó por la forma torpe como la  Policía estaba ejerciendo el control de ingreso, al Palacio. Se nos informó en  esa reunión que las fuerzas militares habían detectado un plan terrorista  orientado a la toma del Palacio por el M‑19 y que a eso se debían las  medidas que con urgencia había que tomar para la seguridad del Palacio. Se nos  dijo que ese plan terrorista de la toma del Palacio se quería hacer coincidir  con la llegada del Presidente Mitterand.    

Las  medidas propuestas eran unas de fácil cumplimiento y otras más complejas y  costosas, como los circuitos cerrados de televisión.    

Recuerdo  que allí dije, al felicitar al Capitán por el estudio que nos había presentado,  que yo era supremamente pesimista sobre la adopción de las medidas propuestas,  dado el estado de quiebra permanente del Fondo Rotatorio del Ministerio de  Justicia. A la salida de la reunión y a solas con el doctor Alfonso Reyes  llegamos a la conclusión que las únicas medidas que iban a poder seguir eran  las relacionadas con el aumento del pie de fuerza que se había iniciado desde  principios del mes, ya que las otras, las torres de seguridad, el circuito  cerrado de televisión, los vidrios de seguridad, costaran un dineral.  Efectivamente con anterioridad a la venida del Presidente francés se aumentó el  número de formularios de la Policía, agentes y oficiales, y se controló el ingreso  al Palacio hasta dos o tres días antes de los sucesos tráficos. El martes cinco  de noviembre, después del festivo del cuatro, el Palacio amaneció sólo con la  poca vigilancia privada que teníamos en los últimos cuatro o cinco meses. Este  vigilancia privada se prestaba con muy poco personal y muy mal armada. Aunque  carezco de conocimiento a este respecto, sí puedo afirmar que las armas de  dotación eran de un sólo tiro y parecían más bien escopetas de cacería; creo  que de calibre 16. Algunos vigilantes ni siquiera portaban un revólver… Yo no  tuve ninguna información sobre el retiro de la fuerza pública, ni por parte de  los militares ni por parte del señor Presidente de la Corte.    

Quiero  recalcar que en ninguno de esos días anteriores, me refiero a los hábiles de  trabajo, falté a mi oficina. Siempre he sido madrugador, llegaba cerca de las  siete y media de la mañana y me iba a las seis y media o siete de la noche.  Esto lo hice durante todo el año, porque en esa forma creía cumplir mis labores  como Presidente. No recibí llamadas de ningún organismo militar en ese período,  ni de la Policía a este respecto y no dejé ninguna llamada telefónica  pendiente. Mientras duró la vigilancia policiva tuve oportunidad de comentar  con el doctor Reyes las molestias que el servicio en esa forma prestado  producía. Pero los dos estuvimos de acuerdo que en eso no se podía ahorrar  ninguna medida, por molesta que fuera. Alfonso Reyes me llegó a decir que nadie  podía dudar que eso era muy molesto, pero que eran gajes del oficio que no  había más remedio que tolerar ante las amenazas que tenían los Magistrados.  Estimo que parte de las molestias radicaba en la forma como se prestaba el  servicio, por personal no bien informado sobre las labores que allí se cumplían  y la clase y categoría de los funcionarios. Era un problema de ignorancia de  los agentes que estaban prestando el servicio; ignorancia que llegó al punto de  atajar a los Consejeros de Estado porque no eran Magistrados de la Corte y  porque la orden estaba dirigida a la protección sólo de éstos. Precisamente por  ese motivo el doctor Jorge Valencia Arango tuvo un incidente con un agente que  no lo quería dejar seguir. El doctor Jorge Valencia, insistió en entrar y le  dijo: “Dispáreme si quiere, pero voy a entrar”… Yo le advertí en  varias ocasiones a don Gonzalo Viracachá, el guardaespaldas de la Presidencia,  que ayudara en la coordinación y en la mejor prestación del servicio de  vigilancia, dado que él conocía el personal que trabajaba dentro del Palacio.  para suavizar así los excesos que pudieran presentarse. En mi opinión el  servicio policivo no se suspendió por petición de algún miembro de la Corte o  del Consejo. Considero que esto se debió a que ya el Presidente Mitterrand se  había ido y que la Corte y el Consejo podían seguir siendo los organismos de  siempre, abandonados a su suerte. Cuando se aumentó la vigilancia policiva días  antes de la llegada del Presidente de Francia, yo no fui consultado previamente  ni tengo informe de que lo haya sido el doctor Reyes Echandía. Un día de  octubre, cuya fecha no puedo precisar, don Gonzalo Viracachá llegó con un  oficial, no sé si del Ejército o de la policía, y me informaron que estaban  tomando posiciones dentro del Palacio, inclusive hasta en las azoteas, como  seguridad por la venida del Presidente francés. Yo les manifesté que  consideraba excelente cualquiera de esas medidas, dada la importancia del  ilustre visitante. Tampoco recibí ningún oficio sobre lo que acabo de informar.  Quiero también manifestar que ante las amenazas que existían, la vigilancia no  podía depender de lo que quisieran los Magistrados.    

Estimo  que se hacía necesaria esa vigilancia aun contra la voluntad de los miembros  del Consejo de Estado y de la Corte. El deber de protección que tienen las  autoridades, máxime ante amenazas reiteradas y conocidas de todos, nunca puede  depender de una petición de parte. Me refiero a la protección debida a las  personas, las que al ostentar el carácter de funcionarios y más si son del  Poder Judicial, requieren una más celosa vigilancia. Cuando hablo de que en  casos como los que estamos narrando, la vigilancia debe prestarse aun contra el  querer del funcionario, lo hago por el convencimiento que tengo del real  alcance del artículo 16 de la Constitución. Y con esto quiero. en cierto  sentido, contradecir la afirmación que se oye de que la vigilancia se quitó  porque alguien lo pidió así. Ni yo lo hice, verbalmente o por escrito; y me  atrevo a decir que tampoco el doctor Alfonso Reyes Echandía impartió tal orden.  Ningún otro Magistrado o Consejero tenía poder para ello».    

Herminda  Narváez de Tello, Secretaria del Magistrado Reyes Echandía, declaró sobre el  particular al folio 270 del cuaderno VIII B. (Juzgado 77 de Instrucción  Criminal):    

«En  primer término no me enteré personalmente de que el doctor Reyes Echandía  hubiera dado esa orden ni por escrito, ni telefónicamente, desde la oficina. Si  lo hizo, debió haber sido desde la residencia de él. En segundo lugar, me  atrevo a asegurar que esa versión es absolutamente falsa porque si había alguna  persona interesada en la seguridad del Palacio y de todos los integrantes de la  Corte, era el mismo doctor Reyes Echandía; tan interesado estaba él en la  seguridad de todos los Magistrados, que hasta había ordenado poner cortinas en  los vidrios del fondo de las oficinas. . ., para que desde la calle no se  tuviera ninguna visibilidad a los Despachos. Por otra parte, yo personalmente  lo observé sobre todo en los últimos días, extremadamente nervioso y tan  nervioso estaría que había aceptado que le pusieran escolta, ya que él, en un  principio, estuvo renuente a aceptarla. Hay un hecho muy diciente y es el  siguiente: el día martes 5 de noviembre, cuando el doctor llegó, como todos  habíamos observado la falta de policía o de vigilancia en el Palacio, con  Yanneth, la Secretaria de la Presidencia, le preguntamos al Sargento de escolta  del doctor, no sé el nombre, que qué había pasado con la vigilancia, con la  policía, que por qué no había un solo policía en el Palacio y él nos contestó  que la policía estaba de fiesta o de aniversario. Entonces, si el doctor  hubiera dado esa orden y yo no me hubiera enterado, Yanneth sí debía saberlo,  puesto que ella era la que tramitaba absolutamente todo lo de Presidencia y  ella al hacerle yo esa pregunta, al Sargento escolta, no me dijo tampoco que  estuviera enterada de esa orden del doctor Reyes».    

Más  adelante se le formuló concretamente una pregunta:    

«Se  afirma también en estas diligencias, que el 31 de octubre de este año, fue  llamado el Coronel Pedro Herrera Miranda, al Despacho del doctor Reyes  Echandía, para manifestarle que retirara el personal de la Policía que portaba  carabina, el cual se podía emplear únicamente cuando hubiera sesiones  plenarias. Contestó: No sé si el doctor lo llamaría, pero lo que sí puedo  asegurar es que dicho Coronel Herrera o Rodríguez, que fue a quien yo me referí  en el comienzo de mi declaración, ya que no sabía exactamente cómo era el  apellido, no estuvo en la oficina ese día, a no ser que se hubiera encontrado  con el doctor en otro piso de la Corte, no estuvo ese Coronel Herrera, ni ese  jueves ni el viernes, por lo menos en la oficina».    

La  Secretaria de la Corte, doctora Inés Galvis de Benavides, declaró sobre el  mismo punto:    

 «…  A mí no se me llamó para la reunión por la que se me pregunta, por consiguiente  no es cierto que yo hubiese asistido o presenciado los hechos expuestos por el  Coronel Herrera y jamás oí al doctor Reyes Echandía solicitar el retiro de la  vigilancia por parte del personal armado en el Palacio de Justicia, y menos se  me tomó parecer para ver si compartía el criterio de la fuerza pública; de otra  parte, me parece absurdo que de conformidad con lo expuesto en la pregunta, el  doctor Reyes, dizque el doctor Reyes (sic) al no lograr comunicación con algún  Consejero, hubiera resuelto llamar a la Secretaría de la Corte para tomar  decisión sobre el retiro de la fuerza pública del Palacio de Justicia. Ahora,  telefónicamente el doctor Alfonso Reyes Echandía, jamás me expuso tal  situación, ni me hizo comentario sobre el deseo de solicitar el retiro de la  fuerza pública del Palacio de Justicia>>. (Folios 57, 58, Tercer cuaderno  formado por el Juzgado 77 de Instrucción Criminal Ambulante).    

El  Magistrado de la Sala Penal, doctor Luis Enrique Aldana Rozo, al ser  interrogado sobre si tenía conocimiento del motivo de la suspensión de la  vigilancia de la Policía, declaró:    

«Se  suspendieron en forma realmente inexplicable. Después de ocurridos los hechos,  he visto informaciones periodísticas, según las cuales la propia Corte, a  través de su Presidente, habría solicitado que se suspendieran dichas medidas.  Esta afirmación es absolutamente falsa, por cuanto la Corte en Pleno en una de  sus reuniones de Sala Plena, verificada pocos días antes de los hechos del seis  y siete de noviembre había destacado la necesidad de que tales medidas se  mantuvieran. En forma unánime, los Magistrados que estuvieron presentes en esa  sesión, insistieron en la necesidad de que la vigilancia fuera rigurosa y  permanente. El señor Presidente de la Corte, Reyes Echandía, cuya claridad  mental y respeto por la voluntad de sus compañeros de la Corte está más allá de  toda duda, no podría dar ninguna orden en sentido contrario; es más, yo me  precio de haber tenido una muy cercana amistad con el doctor Reyes Echandía y  diariamente dialogábamos sobre distintos temas, relacionados con la Corte y  puedo afirmar categóricamente que ni siquiera remotamente pasó por la mente del  doctor Reyes Echandía, insinuar que se retirara una vigilancia que él, mismo  había pedido encarecidamente a la Policía Nacional».    

Por  su parte, el actual Presidente de la Corte, doctor Fernando Uribe Restrepo,  rindió testimonio sobre el mismo particular, así:    

«Nunca  supe que la Corte en pleno hubiera manifestado inconformidad con el hecho de  ser vigilada o protegida. Por el contrario, en los últimos meses antes de  noviembre, en repetidas ocasiones se habló en Sala Plena, de la necesidad de  esa protección, y de la conveniencia de aumentarla, racionalizarla y  tecnificarla. Conocí algunas manifestaciones individuales de inconformidad con  el modo en que tal vigilancia de prestaba, en determinados momentos,  concretamente de parte del Magistrado Juan Hernández Sáenz, cuando un día se le  exigió identificarse, y de parte del Magistrado Gustavo Gómez Velázquez, cuando  otro día tuvo dificultades para entrar en automóvil, acompañado de un amigo».    

Más  adelante agregó:    

«Que  yo sepa, nunca el Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía, pidió  suspensión de la vigilancia o de las medidas de protección. Además, tampoco  considero verosímil que tal solicitud se hubiera producido, por las razones que  se expresan en las declaraciones o comunicados de la Sala Plena de la Corte al  respecto, cuyo texto auténtico adjunto a la presente declaración juramentada».    

Las  declaraciones anteriores y las demás que obran en el proceso, y que aluden a la  suspensión de la vigilancia del Palacio y concretamente a que tal medida fue  ordenada por el Presidente de la honorable Corte, doctor Reyes Echandía, no  concuerdan con las aseveraciones de los oficiales de la Policía, que dicen  haber recibido tal solicitud, en los documentos que a continuación se compulsan  para suministrar todos los elementos de juicio sobre el particular:    

a)  Informe del Teniente Coronel Herrera Miranda:    

«Asunto:  Informe sobre una conversación: al señor Brigadier General, Comandante del  Departamento de Policía de Bogotá.    

Comedidamente  me permito informar a mi General, que en desarrollo del numeral 12 del informe  que ese Comando dirigió al señor Director de la Policía Nacional, por los  acontecimientos de la toma a sangre y fuego de la Corte, los siguientes hechos:    

El  día 31‑10‑85 requerido por la señora Janneth, Secretaria de la  Presidencia de la Corte, a que hablara con el honorable Magistrado Alfonso  Reyes Echandía, un asunto especial. 2º De inmediato me dirigí a su Despacho,  fui recibido por la citada Secretaria y se me hizo pasar al despacho del doctor  Reyes Echandía, quien me manifestó:    

a)  En vista de las múltiples protestas de Magistrados y Abogados debía retirar la  vigilancia del personal armado en la Corte;    

b)  Este servicio en lo posible, se lo debería prestar durante las Plenarias, las  cuales se realizaban por lo general los jueves, pero que será bueno consultar  con el Consejo de Estado para saber si compartían ese criterio; como no se logró  la comunicación con ningún Consejero, se procedió a llamar a la doctora Inés,  Secretaria General de la Corte, que compartió la idea expuesta por el honorable  Magistrado Reyes Echandía; como esa determinación no despendía de mí, pues era  competencia del señor Teniente Coronel Arbeláez Muñoz, Comandante del  Departamento, le rogué al doctor Reyes se comunicara con el citado Oficial para  el retiro del servicio, pues yo tenía conocimiento que la orden la había  impartido el comando del Departamento, de mantener hasta nueva orden el  servicio citado. Atentamente, Teniente Coronel Pedro Antonio Herrera Miranda,  Comandante del Primer Distrito de Bogotá».    

b)  Informe del Teniente Coronel Gabriel Arbeláez Muñoz:    

«Asunto:  Informe al señor Brigadier General, Comandante del Departamento de Policía de  Bogotá.    

Respetuosamente  me permito informar a mi General” que el día 01‑11‑85, la  Secretaria Privada del doctor Reyes Echandía, me estuvo localizando para una  charla conmigo, de parte del señor doctor; ésta se efectuó solicitándome que  por favor le retirara el servicio del personal que se encontraba de la Fuerza  Disponible a la entrada del Palacio de Justicia, ya que ese alto organismo,  signo de democracia, estaba para atender a todo el público que deseara hacer su  ingreso; le hice varias observaciones, pero con su espíritu civilista  continuaba manifestando el retiro del personal y que sólo se prestara con el  servicio normal, por lo cual accedí sin antes dejarle en claro la situación de  peligro que se venía y la amenaza que estaba recibiendo. Me manifestó que lo  anterior se había hablado con el señor Teniente Coronel Herrera Miranda, a  quien le expuso la misma situación, por lo anterior se ordenó el retiro del  personal y se continuo por parte de la Cuarta Estación la vigilancia normal.  Todo esto se debió a las continuas quejas que recibía por parte de los abogados  litigantes y miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, quienes vean  con extrañeza y por demás perjudicial, las medidas extremas que se estaban  tomando en el Palacio de la Corte. En cuanto a la seguridad personal, expresó  que no había ningún problema, por cuanto siempre tenía a mano un personal del,  F‑2 como escolta.    

Atentamente,  Teniente Coronel Gabriel Arbelaez Muñoz, Comandante Operativo de Bogotá. (Página  63 del folleto “Las Fuerzas Armadas de Colombia y la Defensa de las  Instituciones Democráticas”).    

Hechos  de tanta trascendencia como los relatados por los dos oficiales en los informes  transcritos, al parecer no fueron oportunamente comunicados al alto Gobierno.  Por eso, cuando el señor Ministro de Justicia, doctor Parejo González, en  reunión del Consejo de Ministro, se mostró sorprendido por la falta de  protección al Palacio, encomendada a 22 miembros de la Policía, y pidió iniciar  severa investigación sobre el particular el señor Ministro de Defensa, General  Vega Uribe, ninguna información suministró, limitándose a compartir la  conveniencia de llevar a cabo tal investigación.    

Veamos  al efecto la declaración del señor Ministro, Parejo González, rendida el 14 de  abril pasado, mediante comunicación certificada número 0001/047, dirigida a  este Tribunal, en acatamiento a una solicitud nuestra. Es este el texto en lo  atinente al punto que nos ocupa:    

«A  mediados de octubre transcendió, a través de la prensa escrita, la existencia  de un plan de las guerrillas para tomarse el Palacio de justicia. Por esa misma  época, la Policía Nacional dispuso un servicio especial al de agentes  uniformados, para vigilar la citada edificación, en número de 22. Además, el 25  de octubre, una vez elaborado por el DAS y la policía, los Presidentes de la  Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía y del Consejo de Estado, doctor Carlos  Betancur Jaramillo, me entregaron en mi Despacho el Plan de Seguridad, que  comprendía trabajo que debía ejecutar el Fondo Rotatorio del Ministerio de  Justicia, razón por la cual invité a esa reunión al Director de este organismo,  doctor Manuel Buenahora, y al Jefe de la División Operativa del mismo, doctor  Antonio Munévar, quienes se comprometieron a iniciar. los trabajos de  inmediato. Desafortunadamente la toma del Palacio de Justicia ocurrió 7 días  hábiles después, y el Fondo Rotario apenas tuvo tiempo de iniciar los trámites  de contratación.    

El  Ministro de Justicia se interesó en grado sumo porque el Palacio de Justicia y  los Magistrados, contaran con protección de la Policía Nacional. Tuve  conocimiento de que tal protección se estaba prestando por información de la  propia Policía y de los Presidentes de la Corte y del Consejo de Estado. El  Ministro de Justicia vino a saber que esa protección había sido retirada  solamente el día 6 de noviembre, después de la toma del Palacio de Justicia,  porque se lo contó el Presidente del Consejo de Estado, en las horas del  mediodía, en la primera conversación telefónica que logró con ese funcionario,  quien le manifestó que en las horas de la mañana de ese día, entraba con el  Consejero Gaspar Caballero y, al darse cuenta de que no había un sólo agente de  la Policía, a manera de chiste, le había dicho a éste:    

“Mira  Gaspar, hoy se pueden tomar el Palacio porque ya la Policía nos ha retirado la  vigilancia”.    

Ignoro  las razones que tuvo la Policía para suspender la vigilancia del Palacio de  Justicia. En la reunión con el doctor Reyes, el día 25 de octubre, él me  expresó que algunos Magistrados se sentían molestos por las medidas de  seguridad tomadas, pero me exteriorizó su confianza de que terminarían  aceptándolas, en vista de que se habían establecido, precisamente para proteger  su propia vida».    

Al  señor Ministro de Defensa Nacional, también se le informó que el servicio de  vigilancia y protección de la Policía, sólo se había previsto para el día 17 de  octubre de 1985 y unos pocos días más y que los Comandantes de dicha fuerza en  Bogotá habían resuelto extenderlo hasta principios de noviembre (1985), por un  criterio de elemental prudencia. A esta versión se refiere el Ministro de  Justicia, que da cuenta en su testimonio de la consigna de prestar el servicio  policivo con carácter permanente.    

Si  había amenazas ciertas de 108 narcotraficantes, insistentes y reiteradas, que  generaron un ambiente de incertidumbre y terror, mal podría hablarse de la  temporalidad de la protección o considerarse tan sólo justificado por rumores  de un ataque al Palacio de Justicia, desvirtuados como antes se vio por  autorizado vocero del Ministro de Defensa.    

Hay  que entender que la protección recomendada por el Consejo Nacional de  Seguridad, en reunión a la cual asistió el Ministro de Defensa, mencionada en  otra parte de este informe, se anticipó, el 16 de octubre, por acertada  decisión del General Vega Uribe, al enterarse del anónimo que anunciaba el  asalto.    

Así  aparece en la declaración del Ministro:    

«Informé  y ordené inmediatamente al Director de la Policía Nacional: Póngame en forma  inmediata servicio de seguridad en el Palacio de Justicia>>. (Folleto  citado, página 57).    

No  existe constancia alguna de que el propio señor Ministro de Defensa hubiese  dado una orden temporal o cancelara su decisión de proteger a la Corte. Y mal  habría sido dejarla desprotegida a la suerte de desconocidos criminales que  exigían la inexequibilidad de la ley que aprobó el Tratado de Extradición con  los Estados Unidos, en providencias que estaban próximas a poner fin a las  varias demandas presentadas con tal pretensión.    

No  encuentra el Tribunal, acreditada en el proceso la intervención del Presidente  de la Corte, ante los Coroneles Pedro Antonio Herrera Miranda y Gabriel  Arbeláez Muñoz y estima injusto, que después de su muerte, se trate de  atribuirle la orden del retiro de la fuerza pública que protegía y vigilaba el  Palacio.    

 De  existir suficiente fuerza armada, a juicio de los investigadores, el ataque  posiblemente no se habría cometido, o de realizarse habría tenido otras  consecuencias.    

No  comparte el Tribunal los puntos de vista del máximo jefe del M‑19 Alvaro  Fayad, traídos en cita por el señor Ministro de Gobierno, en el testimonio que  rindió en comunicación del 21 de abril próximo pasado, distinguido con el  número 0260, en la cual se lee lo siguiente:    

«Tal  vez no sobra agregar en este aparte que en un documento    

que  distribuyó el M‑19, titulado “Convergencia, Unidad y Paz para una  Nación que quiere nacer-Entrevista a Alvaro Fayad. Cordillera Central,  diciembre 1985”, se puede leer lo siguiente:    

“Pregunta:  ¿Y también estaba anunciada la toma? Los liberados    

ahora  acusan al Gobierno de haberla facilitado, quitando la vigilancia del Palacio.    

Respuesta:  No, esos son argumentos de poco peso. Con o sin vigilancia, nosotros nos  habríamos tomado el Palacio de Justicia. Y no nos tomamos el Congreso porque  tuviera vigilancia, sino porque se trataba de plantear una demanda y de  plantearla ante un poder respetable”».    

Todo  lo anterior sirve de fundamento para deducir que el Ministro de Defensa  Nacional, General Vega Uribe, estuvo mal e insuficientemente informado por  quienes le hicieron saber que las medidas de seguridad para el Palacio y los  Magistrados, se habían tomado por un breve término y que la protección había  desaparecido por orden del Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía.    

Es  procedente que por parte de los Jueces competentes se adelante investigación  conducente a establecer si los informantes incurrieron o no en infracción  penal. Con tal fin, se deben enviar las copias correspondientes a la Justicia  Penal Militar.    

Finalmente,  el Tribunal hace propicia la oportunidad para recomendar la adopción inmediata  de las medidas de seguridad y protección de las personas encargadas de  administrar justicia en todo el territorio nacional dando prioridad a las que  se encuentran amenazadas por el cumplimiento de sus deberes. Estima que es  urgente, poner en marcha las medidas prospectadas para defensa de la Corte y el  Consejo de Estado, que por desventura no alcanzaron a tener aplicación antes de  los dolorosos hechos del 6 y 7 de noviembre que nunca dejarán de lamentarse.    

Considera,  además, que es hora de pensar en una adecuada infraestructura que permita a la  Rama Judicial del Poder Público, manejar racionalmente los recursos  presupuestales que se le deben asignar para asegurar la mayor efectividad de su  función, como existe en otros países. Es oportuno, inclusive, contemplar la  posibilidad de organizar un cuerpo debidamente equipado, bajo las órdenes  exclusivas y directas del Presidente de la Corte o del Consejo de Estado, según  el caso, o la de especializar contingentes de la Policía Judicial, que bajo la  misma dirección y mando, puedan cumplir la misión de protección y seguridad que  el Estado debe brindar a Magistrados y demás funcionarios.    

La  contratación de vigilantes particulares, pobremente armados, probó ser  ineficaz, a pesar de que los integrantes de ese cuerpo dieron sobradas muestras  de valor y del sentido del deber. Pero nada podían sus medios paupérrimos e  inadecuados contra las ametralladoras, fusiles, pistolas, bombas, granadas,  etc…, utilizados por los asaltantes.    

     

ATAQUE  Y OCUPACION DEL PALACIO DE JUSTICIA-EJECUCION DEL PLAN    

     

Todas  las actividades de la honorable Corte Suprema y del honorable Consejo de  Estado, en la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, transcurrían  normalmente. Nada hacía esperar hechos que pudieran trastornar el ambiente de  trabajo de Magistrados, Consejeros, Fiscales, colaboradores y auxiliares, y en  general, de las personas que frecuentan sus oficinas con el fin de ventilar  asuntos sujetos a decisión de las dos altas Corporaciones de justicia. La  presencia de guerrilleros del M‑19, en el lugar, no despertó sospecha ni  extrañeza, pues ellos tuvieron un comportamiento normal. Simple y llanamente,  justificaron su presencia con el manifiesto interés de conocer jurisprudencias  sobre aspectos contencioso administrativos, en las Secretarías del Consejo de  Estado y de la Sección Tercera y, desde luego, ocultando su condición de tales.    

Sorpresivamente,  ante la ausencia de la fuerza pública, se dio comienzo al violento asalto y a  la ocupación sangrienta del Palacio de Justicia. En efecto, a eso de las 11:30  de la mañana, un fuerte y estremecedor golpe de un camión reventó el separador  metálico de la portería del parqueadero que da frente a la carrera 8ª, seguido  de otros dos vehículos, llenos de guerrilleros bien equipados, portando armas  de largo alcance, de uso privativo de las fuerzas militares, dando lugar a una  tremenda balacera que sembró el terror entre los presentes. Víctimas del primer  ataque resultaron Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, empleados de la firma  Cobasec Ltda., contratista de la vigilancia, quienes no alcanzaron a utilizar  sus revólveres que se les había entregado para el cumplimiento de su misión.  Las gentes corrían despavoridas en las zonas aledañas al edificio, mientras los  guerrilleros que habían ingresado, como ya se dijo, desde tempranas horas al  primer piso, tomaron las armas, situándose en lugares estratégicos, obligando a  quienes allí se encontraban a refugiarse en las diferentes oficinas en espera  de que se clarificara la situación. Con el bloqueo de las dos únicas entradas  al Palacio y el control armado del interior, automáticamente quedaron  secuestradas y en calidad de rehenes todas las personas que se encontraban en  el edificio. Jorge Tadeo Mayo Castro, administrador del mismo, fue eliminado  cuando, afanosamente, trató de escapar. Es de anotar que ningún peligro  representaba para los atacantes, por no portar armas ni haber asumido actitud  beligerante.    

Algunos  testimonios que, fragmentariamente, se reproducen, constituyen vivo recuerdo de  aquellos desgraciados momentos.    

El  empleado del DAS Ananías Bohórquez Triviño declaró:    

«…Soy  o estaba asignado como escolta del doctor Jaime Betancur Cuartas el día de los  hechos, o sea el 6; aproximadamente a las once y cuarenta del día me encontraba  en el primer sótano del Palacio de Justicia dentro de la camioneta asignada y  que pertenece al DAS, la cual se encontraba estacionada frente a la puerta de  entrada por la carrera 8ª, pero al fondo del edificio del sótano‑parqueadero,  a la hora antes dicha oí que entró un carro acelerado y tiró la talanquera o  lámina que hay ahí para el control de la entrada de los carros, la tiró  violentamente, voltié a mirar, vi que era un carro que entraba, seguidamente se  oyó una explosión lo cual oscureció un poco el sitio y seguidamente un  traqueteo de armas de fuego bastante intensivo, no me acuerdo qué marca era el  carro, era como un camioncito, yo pensé que era la guerrilla. En seguida me  despojé del revólver que era de mi propiedad y una billetera. . ., luego me  salí de la camioneta y me tiré debajo de la misma. No hacía un minuto de estar  debajo de la camioneta, cuando una mujer que portaba al parecer una  ametralladora punto 30, al ver que era una mujer le dije: señorita no estoy  armado y ella me dijo salga que si no tiene armas no le pasa nada; luego esa  mujer me requisó y me condujo hacia el frente de los ascensores del costado  norte del sótano, me dijo acuéstate boca abajo y luego se fue hacia donde  estaba otro conductor debajo de un carro… Era una muchacha joven, como de  dieciocho años, no muy gorda, regular, de 1.55 más o menos de estatura, vestía  un uniforme como verdecito, de armas solamente la vi la que dije antes. . . ».    

     

El  periodista Alvaro Alberto Almanza Góngora manifestó:    

«…Yo  entré al Palacio de Justicia el día 6 de noviembre, en compañía del periodista  Omar Vargas, de Europa Press, entre las once y media y faltando veinte minutos  para las doce, notamos que no había la seguridad que había existido la semana  anterior… Cuando nos devolvimos, que nos encontrábamos nuevamente a pocos  metros de la puerta principal que da hacia la Plaza de Bolívar, escuchamos el  ruido de los disparos en el sótano y creo, según lo que oí, que los disparos siguieron  por todas las escaleras. Omar Vargas salió corriendo y yo me recosté contra el  muro, cerca donde quedaba la recepción, saqué la grabadora de mi maletín y me  puse a grabar la balacera; la señorita que estaba en la recepción se salió del  Palacio y ella pertenecía a la compañía de vigilancia privada que estaba ahí, y  los otros dos celadores se preguntaban por dónde serían los tiros y  desenfundaron sus armas y comenzaron a disparar también. No sé si fue antes o  después de lo que estoy narrando vi al administrador del Palacio de Justicia, a  Jorge Tadeo Lozano que venía del lado donde quedaba la cafetería, abrió una de  las puertas de vidrio que da a la plazoleta central del Palacio y continuó  corriendo; después, cuando salí, supe que lo habían matado. Cuando estaban en  medio de la balacera, eso fue fracción de segundos, yo saqué la cabeza porque  pensé trotar hasta la Secretaría de la Sala Penal, pero cuando vi el humo que  daba la pólvora de los disparos, me hice de para atrás, continué grabando y los  celadores que estaban ahí me decían: ‘Echese para atrás’ y fue así como ellos  salieron disparando y a la vez me sacaron del Palacio…».    

(Folio  234, segundo cuaderno del Juzgado 77 de Instrucción Criminal).    

El  señor José Cornelio Gaitán Basto, de la escolta del Consejero de Estado doctor  Jaime Betancur Cuartas, dijo:    

<<…Yo  estaba frente a la oficina del doctor Jaime Betancur en el pasillo del segundo  piso, cuando escuché una detonación en el sótano, la detonación fue de  ametralladora o de fusil y al instante vi en el primer piso a un guerrillero  que disparaba el arma que portaba en posición de cuclillas y al momento otros  dos guerrilleros que seguían disparando en forma continua y en diferentes  direcciones, quise desde el momento dispararle con el revólver de dotación,  pero al ver que eran tres los que vi, me abstuve pensando que voltearían el  arma hacia mí y como únicamente me protegía el antepecho de madera que circunda  los pasillos, me abstuve de hacerlo. El compañero Carlos Julio Ortegón Garzón  se encontraba a unos 20 metros en el mismo pasillo distante de mí, quien salió  de inmediato al pie mío con sub ametralladora MP5, quien también intentó hacer  uso del arma, pero yo lo contuve, puesto que ya en ese momento no se veía a  nadie y le advertí que munición no se podía desperdiciar… El compañero  inmediatamente se dirigió a la oficina a pedirle al doctor Jaime Betancur que  se tendiera al piso, quien hasta ese momento permanecía sentado en su  escritorio. Al momento me entré a la misma oficina y al momento de penetrar  dispararon una ráfaga que hizo blanco en los vidrios del frente de la misma  oficina, que por escasos centímetros me favorecí, permanecimos tendidos sobre  el piso más o menos unos quince minutos, cuando me vino el pensamiento de  trasladarnos a otra oficina y le dije al compañero Ortegón que avanzara  adelante habiendo antes llamado por teléfono para que nos abrieran la puerta y  le dije al doctor Jaime Betancur por favor sígame y en posición de arrastra  (sic) salimos de la oficina cruzando parte del pasillo en posición de arrastra  hasta llegar a la otra oficina. Allí entramos y situamos al doctor en la  oficina del fondo, advirtiéndole que permaneciera tendido junto con la doctora  Elizabeth y su Secretaria…». (Folio 16, primer cuaderno, del Juzgado Ochenta  y Dos de Instrucción Criminal).    

Por  su parte, el señor Carlos Julio Ortegón Garzón, perteneciente a la misma  escolta del doctor Betancur, declaró:    

<<…Me  encontraba a unos quince metros de la oficina del doctor Jaime Betancur,  aproximadamente a las once y cuarenta de la mañana, cuando escuché ráfagas de  disparos que venían del sótano y el primer piso, entonces salí corriendo hacia  la oficina del doctor Jaime Betancur y le eché mano a la sub ametralladora y me  preparé para hacer frente a los guerrilleros, pero en ese momento el Jefe de la  Escolta, señor Gaitán, me dijo: Hay que proteger y sacar al doctor Jaime,  entonces regresamos a la oficina y procedimos a tirar al doctor al piso en su  despacho… procedimos a formar una trinchera con unas sillas en la puerta,  luego cada uno tomamos un ángulo diferente esperando el momento del ataque . .  . ». (Folio 24 del mismo cuaderno).    

El  señor Rafael Antonio Lancheros Peña, del servicio de vigilancia privada,  manifestó:    

<<…Yo  estaba en la portería por el lado de la Plaza de Bolívar estaba de servicio,  por ahí serían las once y cuarenta y cinco minutos, oímos una ráfaga de  ametralladora, ahí estábamos yo, Ordóñez y Mateus y dijimos “se entraron  los guerrilleros”, eso sabíamos nosotros porque el señor Jefe del DAS, Gonzalo  Viracachá, nos había dado unas explicaciones: que mucho cuidado porque estaban  muy amenazados los Magistrados y nos mostró los sufragios que le habían traído  a los Magistrados, nosotros estamos pendientes de todo, revisando, esculcando  todo, por esa puerta no entraron los guerrilleros. Oímos la ráfaga de  ametralladora, sacamos los revólveres y nos fuimos hacia adentro y nos tomamos  posición en las columnas del centro, luego por la escalera del norte nos  hicieron una ráfaga por dentro de los vidrios, el cual yo hice un tiro hacia el  lado de la escalera, nos hicieron otros disparos por el lado de la cafetería,  luego nos agachamos y salimos entonces gatiando yo y Mateus, a Ordóñez lo  encerraron a plomo, salimos y duramos en la puerta unos cinco minutos, luego  llegó un guardia de la Presidencia ahí, tomó posesión ahí. Desde que comenzó  por ahí nadie (sic) entró y salió, de ahí nos fuimos, eso fue lo que vi ese  día…». (Folio 16, primer cuaderno, del Juzgado Veintitrés de Instrucción  Criminal).    

El  señor José Vicente Ordóñez Vargas, del mismo servicio de vigilancia privada, se  refirió así a los acontecimientos:    

«…A  eso de las once y cuarenta y cinco, fue cuando escuchamos los primeros disparos  que provenían del sótano, al escuchar eso, entonces yo avancé con uno de mis  compañeros hasta el pasillo, con el compañero Rafael Lancheros, que nos  encontrábamos en la puerta principal, pues ahí nos pertenecía prestar turno. Al  llegar a una columna de las que sostienen al segundo piso, nosotros íbamos por  el primer piso y ya nos hicieron una ráfaga, no se de qué arma sería,  probablemente de un fusil, entonces yo me atrincheré contra el muro y comencé  también a disparar con mi revólver, cuando en ese momento un guerrillero que  venía por el lado de la cafetería me hizo un disparo, ese guerrillero traía un  fusil galil y entonces yo le disparé, ese guerrillero me hizo el disparo como a  una distancia de unos veinte metros. Cuando yo me quedé sin balas en el tambor  del revólver, alcancé a sacar el extractor para botar las vainillas del tambor  y le alcancé a meter tres tiros nuevamente al revólver, que fue los últimos que  disparé al guerrillero que me venía por la cafetería, el cual me había (sic)  avanzado más; cuando disparé esos tres tiros, pegué la carrera al segundo piso,  pero no subí propiamente al segundo piso, sino que me quedé donde hace descanso  la escalera y entré a un cuarto del aseo que estaba abierto y con la luz  prendida y cerré la puerta y volví a cargar el revólver nuevamente, me quedaban  ocho tiros, seis le puse al tambor y dos dejé en mi mano; después apagué la luz  y permanecí a un lado de la puerta esperando qué sucedía, si era que me iban a  matar ahí o qué Ahí permanecí hasta las cinco y treinta de la tarde en que me  rescataron un agente de la Policía…»>>. (Folio 19, del primer cuaderno,  Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal).    

El  señor Marco Tulio Mateus Fontecha, del mismo servicio privado de vigilancia,  declaró:    

«…  Yo era el recorredor del cuarto al primer piso, en breves momentos yo estaba en  el cuarto piso, tomé el ascensor, le dije a la ascensorista que bajara al  sótano y al abrir el ascensor, salí y vi que había una camioneta o camión de  color azul, ya iban de la barrera en adelante hacia el sótano y se escuchaba la  balacera, pero en ese momento yo no vi a nadie por esos sitios. Yo me regresé  hacia atrás, le dije a la ascensorista que me subiera al primer piso, porque  era como sospechoso ese camión y yo era con el fin de avisarle a mis compañeros  que se encontraban en el primer piso y que cubriéramos las escaleras cuando  abrió el ascensor en el primer piso, ya vi a los dos compañeros en órbita, a  Rafael y Vicente Ordóñez, pero no veía a ningún extraño; ya empezaban a  disparar por parte de las escaleras norte, pero yo no veía nadie, no veía a  dónde salía ese plomo; (sic) yo me escolté sobre una columna durante unos tres  o cinco minutos; yo miraba hacia lado y lado, en esas vi que salía el  administrador del edificio de la parte de la cafetería que hay en el servicio  al público, que queda en el primer piso, él siguió por todo el pasillo, tomó  una puerta que había hacia la plazoleta y siguió como hasta el centro; luego  dio la media vuelta a la derecha, para dirigirse hacia el fondo del edificio.  llegó hacia una columna, se recostó por la parte de la espalda y lo vi que bajó  lentamente, como sentado; los vidrios se seguían partiendo de la plomacera;  luego yo tomé la pared hacia la salida de la puerta de la plaza principal; no  me di cuenta que quedaron los dos compañeros míos. Al salir afuera, estaba  Rafael Lancheros y un periodista que estaba tomando el ruido de las bombas con  un aparatico pequeñito….». (Folio 28 del mismo cuaderno) .    

La  doctora Margarita Cecilia Dawson Rodríguez, abogada de profesión, declaró:    

«…Llegué  al Palacio de Justicia aproximadamente a las once de la mañana, por cuanto  tengo un negocio proceso contra la Nación y concretamente contra el Ejército  Nacional, entré a la Secretaría Sección Tercera, primer piso, mano izquierda, y  solicité el negocio para mirar una providencia que había salido recientemente,  solicité el expediente y me senté a analizarlo. Como a eso de las once y  veinticinco de la mañana entró a la Secretaría un señor alto, moreno, de  aproximadamente 40 años, medio canoso, en compañía de una señora de una edad  aproximadamente de unos cuarenta años, saludaron y la señora que entró con él y  que se decía ser abogada, lo presentó a las demás personas como el abogado que  venía a ver el negocio de Quebrada Blanca, el señor hablaba en tono costeño,  pausado, saludó y pidió prestado el teléfono; al pie mío estaba una abogada  joven mirando otro negocio y me preguntó la hora y eran en ese momento las once  y media, después entró un muchacho joven que no vi, simplemente oí que saludó  al doctor que describí anteriormente, muy familiarmente le preguntó por su  suegra, señora y niños y el muchacho le dijo que estaban en la finca, fue en  ese momento cuando sonó un primer impacto de algo, fue tan duro que creo que  fue una bomba, fue una explosión con rotura de vidrios que estremeció; asombrados  todos nos miramos a ver qué pasaba, e inmediatamente en los corredores comenzó  a verse circulación de varias personas, pero no alcancé a precisar si eran  guerrilleros o personas armadas inmediatamente me levanté de donde me  encontraba y corrí hacia el baño de la oficina y observé que el señor abogado  que relato cerró la puerta del despacho y se quedó por dentro; yo me metí al  baño y no supe después qué pasó más, pero sí me llamó la atención de que ese  señor cerrara la puerta ante el inmenso tiroteo que se desplegaba en ese  momento, era una balacera impresionante. Yo cerré la puerta, entraron conmigo  cuatro mujeres más, entre ellas la abogada joven, la secretaria de la  Secretaría…Ahí en esa oficina había diez personas, hombres y mujeres, hombres  cinco y mujeres cinco, las mujeres únicamente entramos al baño, la señora de  edad desapareció. Yo, cuando abrí la puerta del baño, me llamó la atención de  la pareja de abogados que describí que entraron hasta hablando duro, el señor  era muy bien vestido, de buena presencia; ella, un vestido común y corriente,  falda, chaqueta, tacones, y el muchacho era informal, iba como con un suéter,  pero no le vi la cara, sólo escuchaba, él no tenía tono costeño. La abogada que  me pidió la hora es joven, de aproximadamente unos veintitrés años, delgada,  morena, morenita, de facciones muy finas, la cara muy delgadita, bajita, en  caso de volverla a ver lo mismo que a la pareja de abogados los reconocería,  después comprobé que era Jacquin, porque se lo describí a la policía y ella me dijo  que era Jacquin.>>. (Folio 377 del primer cuaderno, del Juzgado cuarenta  y Uno de Instrucción Criminal).    

El  doctor Félix Arturo Mora Villate, Secretario de la Sección Tercera del Consejo  de Estado, expuso:    

<<…Todo  transcurría normalmente y a eso de las once y cuarenta mas o menos comenzamos a  oír ruidos estruendosos y al momento supimos que eran disparos, a lo cual los  empleados y yo personalmente nos tiramos al piso. Cuando estábamos en el piso,  se acercó hasta nosotros y hasta mí un abogado que minutos antes había estado  con la doctora Mercedes Mendoza; este abogado nos encañonó, me requisó estando  yo en el piso y nos dijo: “quédense contra el piso y no les va a pasar  nada”; siguieron los disparos, este señor que nos encañonó salió de la  oficina, me imagino que disparando porque oíamos los disparos muy cerca y nos  quedamos todos en Secretaria .. El señor que nos encañono era costeño, de pelo  churco, medio canoso, y más o menos alto, no recuerdo bien si era de bigote o  no, de traje de calle, me parece color café. Al día siguiente, cuando leí la  prensa y salieron algunas fotos de dirigentes del M‑19 lo reconocí como  Alfonso Jacquin…. el me dijo que era un abogado de Barranquilla y que quería  estudiar la falla del servicio… que quería ver la sentencia de  Quebradablanca…. Tan pronto él cogió el tomo se retiró hacia la baranda y  doña Nina habló con él, yo estuve dialogando algunos minutos con la doctora  Mercedes Mendoza…, luego la doctora Mercedes se despidió y como a los cinco  minutos de haberse despedido de ella el abogado, que nos había presentado se me  acercó y me solicitó que si le podía prestar el teléfono, a lo cual yo respondí  con la amabilidad del caso que con mucho gusto, él hizo la llamada, no sé con  quien hablaría ni a quién llamaría, ni oí la conversación. . . él colgó el  teléfono, se retiró y como al minuto o menos comenzaron los ruidos estruendosos  de que hablé al comienzo. . . Yo lo vi solo, pero Doña Nina me comentó que él  estaba con una persona bajita, un hombre que se quedó en la puerta de la  Secretaría… En el día de ayer aquí en la Casa de la Moneda, ella (la doctora  Mercedes Mendoza) me comentó y ahí estábamos con doña Nina y doña Lucía, que a  dicho abogado recién se lo acababan de presentar y había sido una amiga, que la  asaltaron (sic) en su buena fe..». (Folios 46‑48, primer cuaderno, del  Juzgado Treinta).    

La  señora Hilda Díaz de Agudelo, Oficial Mayor de la Secretaria del Consejo,  declaró:    

«…  Mi oficina quedaba en el primer piso, era la oficina 107, Secretaría General.  Por la mañana se hizo el trabajo de la oficina común y corriente, como faltando  un cuarto para las once de la mañana llegaron dos muchachas que pidieron un  expediente electoral, ellas sabían a lo que iban, dijeron que el expediente  tuviera poder, demanda, etc.; Gilberto Sánchez que es nuestro notificador, les  alcanzó un expediente ya terminado, ya con fallo, ellas se sentaron a leerlo  cerca al vidrio adelante del mostrador, al rato yo salí y fui hasta la  biblioteca, cuando yo volví, una de las muchachas me preguntó que si estaba  Dario, yo le dije que no, pero que lo esperaba; en esos momentos llegó un  abogado del Ministerio de Hacienda que quería saber cómo iba el negocio de las  torturas para ellos pagar o no pagar el dinero; lo atendió Helena Contreras;  Las muchachas seguían sentadas viendo uno de los copiadores. Yo sé que eran las  once y media de la mañana porque estaba hablando con una de mis hijas. cuando  oímos ráfagas de bala, como de ametralladora, yo tiré el teléfono sin decir  adiós y me paré; las muchachas que estaban ahí sentadas corrieron hacia  nosotros y gritaron “somos del M‑19, tiéndanse” así recuerdo  yo, no sé si dirían otra palabra; ahí estuvimos acostados boca abajo sobre el  tapete como hasta las dos de la tarde. Mientras nosotros estábamos tendidos en  el tapete afuera, unas dos, tres o cuatro veces gritaban consignas, eran  relacionadas con el M‑19, y las dos muchachas que dijeron ser del M‑19  y que estaban con nosotras, contestaban “presente y combatiendo”,  ellas también gritaban como llamando a alguien decían “Aldo” y otras  veces “Roque”…>> (Folio 149, primer cuaderno, Juzgado  Treinta).    

La  señora Milena Elisa Velandia Alvarado, Auxiliar de la Secretaría de la Sala  Constitucional, declaró:    

<<…  Al oír los disparos salí un poquito hacia la puerta y vi a uno de los  vigilantes con un arma en la mano corriendo como hacia el sótano, en ese  momento Emilia me dijo que me escondiera porque eso era peligroso, nos metimos  debajo del escritorio; de pronto me asomé un poquito y miré hacia el patio, vi  que venía el vigilante que llama Jorge N., no sé el apellido. venía hacia mi  oficina… el vigilante fue a abrir la puerta que da del patio con dirección a  mi oficina, en esas pego un disparo en el vidrio de la puerta, el celador  esquivó el tiro echando la cabeza hacia atrás, entonces el celador se devolvió  corriendo hacia el patio; nosotras continuamos ahí metidas debajo del  escritorio. . . ». (Folio 429, segundo cuaderno, Juzgado Treinta de Instrucción  Criminal).    

El  doctor Darío Enrique Quiñones Pinilla, Secretario General del Consejo de  Estado, dijo:    

«…  Recuerdo que al entrar a la oficina vi sentadas a dos mujeres una de ellas a  quien conocía como hermana del Doctor Jorge Franco Pineda. Esta niña me Saludó  y me presentó a una muchacha que me dijo era su compañera y que en ese momento  leía, no sé si un expediente o una carpeta de las copias de las providencias  del Consejo de Estado que normalmente se colocaban encima de la baranda de esta  oficina.. . En esos momentos y pasados unos instantes escuché unas detonaciones,  me levanté de mi escritorio, con el propósito de establecer de qué se trataba y  alcancé a pronunciar o decir que eran bombas porque me parecían que esos eran  los sonidos que se iniciaban en el sótano en la parte que da hacia a la calle y  que luego avanzaban hacia el interior del edificio. Cuando estaba yo de pie y  las empleadas todas a la expectativa de lo que se trataba, pasados unos  segundos vi que avanzaban hacia el interior de la oficina dos mujeres con  pistola en mano, que nos apuntaron y nos dijeron: “Al suelo” o al  piso somos del M‑19, “al piso o si no disparamos”. Todos los  que estaban conmigo en la Secretaría General nos tendimos al Piso acatando las  ordenes que nos impartieron las dos mujeres. Advertí inmediatamente que las dos  mujeres eran las mismas que unos minutos antes estaban sentadas a la entrada de  la oficina, una de ellas hermana del doctor Jorge Franco Pineda. La sorpresa y  estupor pues fue asombrosa. Permanecimos inmóviles en la forma en que nos  indicaban. En seguida continuamos escuchando disparos cada vez mas intensos en  todo el edificio. Recuerdo que las guerrilleras gritaban y llamaban a una  persona de nombre “Aldo”, solicitándole al parecer instrucciones para  que les dijera que debían hacer o hacia dónde se debían dirigir. Hubo abaleo en  el primer piso y al parecer no sabían si salir o no salir de la oficina y  esperaban algunas instrucciones de sus compañeros. También recuerdo que  golpearon hacia las oficinas contiguas preguntando si había personas y no hubo  ninguna respuesta. En esta posición permanecimos durante algo así como una hora  u hora y media…>>. (Folios 386‑388, cuaderno segundo, Juzgado  Treinta de Instrucción Criminal).    

El  señor Jorge Alberto Medina Peñuela dio la siguiente versión:    

«…Me  encontraba en el parqueadero del Palacio de Justicia, o sea el sótano, cuando  entraron de repente en una camioneta varias personas disparando armas de fuego  contra toda la gente que había en el lugar y los carros, los tipos iban  uniformados estilo policías y entraron gritando “Esto es una toma-Viva  Colombia”; en ese momento yo corría hacia un cuarto con unos compañeros  que estaban ahí, éramos diez personas en total, cerramos la puerta y apagamos  la luz; ahí fue cuando empezamos a escuchar que tenían ya dominada la entrada y  el parqueadero en el sótano, los tipos estaban regados en el sótano en un total  aproximado de quince personas o guerrilleros y no dejaban de disparar,  seguidamente comenzaron a organizarse, tomaron puestos fijos cada uno, de los  tipos que estaban. ahí escuché que se llamaban por el nombre, uno lo llamaban  Comandante Guillermo, y la otra la Comandante Claudia a los cinco minutos más o  menos de entrar la camioneta con los guerrilleros entraron dos carros más con  guerrilleros y munición; como a las dos de la tarde nos cogió el ejercito nos  identificaron y llevaron a la Alcaldía y nos tomaron declaración y luego nos  fuimos para la casa, eso es todo…,». (Folio 115, del primer cuaderno, Juzgado  23 de Instrucción Criminal).    

Así  el Palacio fue tomado por los guerrilleros fácilmente. La débil resistencia de  los vigilantes y porteros y de algunos pocos miembros de las escoltas de  Magistrados amenazados, no duró lo suficiente para lograr el apoyo de la fuerza  pública, que estaba cercana. Y no duró mucho por falta de medios de defensa. A  pesar de los rumores que habían circulado durante las semanas anteriores, nadie  esperaba el ataque; cuando se presentó, no se disponía de un plan para  coordinar los movimientos y acciones de los valerosos defensores del edificio.  El golpe de sorpresa, en primer término, y el propósito de los guerrilleros de  hacer sangrienta la operación, dejaron estupefactos a quienes debían proteger  la sede principal de la justicia colombiana.    

Sin  embargo, en los primeros enfrentamientos, se causaron bajas a los subversivos,  originando el natural desconcierto y el cambio repentino de su plan de  operaciones. Uno de los vigilantes eliminó a un asaltante y causó heridas a  otros. Y en la misma brevísima contienda, apareció muerta la enfermera, dejando  a los rebeldes sin la asistencia que ella podía prestar. En el sumario se da  cuenta de este último hecho sin identificar el causante de la muerte.    

Algunos  testigos hablan de la balacera que se presentó en el primer piso y relatan que  vieron a guerrilleros utilizando sus armas desde puntos estratégicos. El  peligro producido por todas estas acciones, inmovilizó a todos los rehenes, en  las oficinas que consideraron más seguras. La primera pausa en el combate se  presentó al retiro de dos porteros y la vigilante, que hacía las veces de  recepcionista, quienes ganaron la calle desesperadamente. Un tercer vigilante,  que al igual que los compañeros que salieron a la calle, había disparado su  arma y enfrentado la guerrilla por unos minutos, se repite, herido logró  refugiarse en una pieza aledaña a los ascensores que dan al costado de la plaza  de Bolívar. Esta pausa fue aprovechada para que los guerrilleros tomaran el  control pleno del primer piso, dando oportunidad a que Alfonso Jacquin saliera  de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo, en donde se había  resguardado para eludir ser blanco de los vigilantes de la puerta principal, y  tomara la dirección del grupo que debía permanecer en este piso y ascender al  segundo, al tercero y al cuarto piso, por las escaleras de la parte sur del  edificio.    

Desde  el primer piso, y desde las posiciones que los asaltantes ganaron por las  escaleras del sur y las escaleras de la parte norte se reanudaron los disparos  hacia donde se encontraban los miembros de las escoltas de algunos Magistrados.  Así lo reveló el Presidente de la Sala Constitucional, doctor Alfonso Patiño  Roselli a su esposa. Sobre el particular ella declaró:    

«El  me llamó por mi teléfono privado, para decirme que estaba bien, que estaban  disparando en el primer piso y que “inexplicablemente” las únicas  personas, que en ese momento estaban defendiendo el palacio, eran dos de los  miembros de su escolta, que el DAS le había asignado algunas semanas antes»    

Para  mantener atemorizadas a las persona que se encontraban    

en  el interior y en las cercanías del Palacio, los guerrilleros se dedicaron a  disparar a diestra y siniestra, y hacer estallar bombas que hacían trepidar el  edificio y retumbaban fuertemente a la vez que daban gritos de combate y  proliferaban consignas revolucionarias, confirmando    

que  realmente el M‑19 tenía la responsabilidad del asalto, como era la  creencia común de todos los cautivos.    

El  estruendo de explosiones y disparos llenó de pánico a los transeúntes y a los  vecinos y conmocionó a la población de las zonas adyacentes. Se observa el  rápido desplazamiento de quienes podían constituir blanco de las armas de largo  alcance, modernas y sofisticadas, de los guerrilleros. La situación se tornó  trágica cuando un ciudadano, el señor René Francisco Jiménez, al transitar imprudentemente  por la carrera 8ª, casi al frente de la puerta del parqueadero por donde  penetraron los revoltosos al edificio, resultó abatido en escena dolorosa que  alcanzó a recoger un documental de televisión.    

La  radio desde los primeros instantes del ataque lanzó boletines extraordinarios a  todo el país y organizó el cubrimiento, paso a paso, momento a momento, de los  acontecimientos. El país entero, con preocupación y tristeza, fue atento a las  noticias que se dieron.    

Naturalmente,  operaciones que se cumplieron en el corazón del Capitolio Nacional, en donde  varias comisiones constitucionales se encontraban reunidas y muy cerca del  edificio Liévano, sede del Gobierno Distrital y del Palacio de Nariño, despacho  y residencia del Presidente de la República, provocaron la reacción inmediata  de las fuerzas disponibles. Ciertamente, a enfrentar el grupo de personas  marginadas de la ley y empeñadas en hacer daño a las instituciones,  concurrieron al Palacio de Justicia unidades de la policía, de los cuerpos de  seguridad y del Batallón Guardia Presidencial, algunos de cuyos miembros, a la  misma hora del ataque, rendían honores a tres embajadores que presentaban  cartas credenciales.    

El  propio Presidente de la República, doctor Belisario Betancur Cuartas, al  enterarse de los hechos, dio instrucciones para el manejo de la situación y  dispuso que se le mantuviera informado del curso de los acontecimientos Las  fuerzas del orden, en primer término, desalojaron a los espectadores y  acordonaron la zona del Palacio de Justicia, delimitando un área para las  operaciones militares a la cual no se permitió el acceso de particulares hasta  horas después de finalizada la contienda y restablecido el orden. Por  excepción, se toleró allí la estada de profesionales del periodismo, con sus compañeros  de trabajo (fotógrafos, camarógrafos, etc.), quienes se situaron en la calle 11  con carrera 7ª Desde aquí cumplieron la función de informar a la opinión  pública todo lo acontecido.    

Las  emisoras hicieron contacto telefónico con algunos rehenes. Eso hizo posible  obtener, de primera fuente, información sobre el drama que se vivía en el  interior del edificio. Y, a su vez, sirvió para hacer llegar mensajes de las  autoridades a los guerrilleros a fin de que depusieran las armas y se  sometieran a las leyes, ofreciéndoles respetar sus vidas y un juicio con todas  las garantías.    

     

INTERVENCION  DE LA FUERZA PUBLICA    

     

 Le  correspondió a un agente de la policía, destacado en la zona bancaria adyacente  a la entrada del parqueadero de la carrera 8ª afrontar la situación  inmediatamente se percató de la ocurrencia del ataque. Sin contar con ayuda  alguna, en forma aislada, hizo valerosamente uso de su arma, respondiendo a los  disparos que se hacían desde el interior del Palacio, con tan mala suerte que  fue herido y sólo tuvo aliento para resguardarse en un vehículo que se  encontraba cerca, quedando durante largo tiempo sin auxilio porque el lugar  siguió siendo blanco de los disparos de los guerrilleros, quienes no  permitieron que se acercara una ambulancia de la Cruz Roja, que se propuso  recogerlo. Registrada la actuación solitaria del agente de policía herido, y  abandonado a su suerte en la vía publica, se hizo presente un contingente de la  policía al mando del Subteniente José Fonseca Villada, Jefe del Segundo Turno de  Vigilancia de la Cuarta Estación, quien intentó penetrar al Palacio por el  sector occidental, antes de las doce del día, logrando en hábil maniobra,  situarse en una posición de avanzada, desde la cual podía enfrentar a los  revoltosos y cubrir la entrada de la tropa al edificio. Desgraciadamente,  cuando ya parecía resguardado, al asomar su cabeza para continuar avanzando,  recibió impacto que le causó la muerte, en forma casi instantánea. El  testimonio cinematográfico de todo este trágico y doloroso acontecer hace parte  del expediente, por la incorporación de filmaciones y grabaciones, ordenada por  el Decreto número  3300 de 1985. La tremenda balacera retardó la acción de sus compañeros y  subalternos tendiente a recoger su cadáver.    

Entre  tanto, aparecen refuerzos del ejército, con armas de mayor alcance, apropiadas  para el enfrentamiento. Igualmente llegaron patrullas de la policía y miembros  del escuadrón motorizado. Las fuerzas del orden, desconcertadas en un  principio, se desplazaron con rapidez a tomar el control de sitios estratégicos  en valerosa operación envolvente del Palacio. Con ella, pretendieron, antes que  todo, evitar el ingreso de refuerzos subversivos y dar captura a personas  sospechosas. Con ametralladoras y otras armas ascendieron a los edificios  aledaños. se tomaron las torres de la Catedral, el edificio Liévano y hasta la  Casa del Florero, que fue posteriormente destinada a recibir a los rehenes y  demás personas procedentes del Palacio. Desde las terrazas de los edificios  situados en los costados oriental, de la carrera 8ª, y norte, de la calle 12,  dispositivos de la fuerza pública disparaban ráfagas permanentes hacia los  puntos desde donde se observaba que accionaban sus armas los sediciosos. Misión  especial de las fuerzas destacadas en los pisos altos de los edificios vecinos  fue la de evitar la acción de francotiradores y la de cubrir la llegada de  refuerzos por aire, con empleo de helicópteros.    

Después  de las doce del día hicieron su entrada a la Plaza de Bolívar unidades  Cascabel, de la Escuela de Caballería, mientras otras unidades, las Urutu,  tomaron posición en la carrera 8ª, cerca de la puerta de ingreso a los sótanos.  Estos vehículos blindados, distinguidos por los declarantes como  “tanques” o “tanquetas”, despertaron la esperanza de que  constituirían decisivo factor de disuasión, como quiera que con su utilización  se establecía un desnivel de fuerzas innegable. Los guerrilleros no lo creyeron  así y los recibieron con nutrido fuego de armas automáticas. Inmediatamente las  ametralladoras de tales unidades blindadas respondieron al fuego, originándose  una situación de verdadero terror por el ruido y efecto del intercambio de  disparos, que se prolongó por algún tiempo.    

Intempestivamente,  un vehículo Urutu penetró al parqueadero y en uno de sus movimientos se  desprendió la ametralladora fijada en su parte posterior. De cuanto ocurrió en  esta operación es conveniente prestar cuidado al testimonio de sus  protagonistas.    

El  Capitán Jairo Solano Jiménez, orgánico del Grupo Mecanizado número 13 Rincón  Quiñónez, declaró:    

«…llegamos  al sitio de los hechos, entramos por la Plaza de Bolívar y por el radio me  llamó mi Coronel Comandante del Batallón Guardia Presidencial y me dio la orden  que necesitaba que entraran por la puerta del sótano por donde habían entrado  los guerrilleros, frente a esta puerta habían matado a un Teniente de la  policía y DAS, F‑2 y era imposible entrar con personal a pie debido al  riesgo; constantemente estuvimos asediados por fuego enemigo, lo que  dificultaba la maniobra, ya que a la entrada del garaje habían colocado dos  bombas de alto poder y a tiro de fusil fue necesario desactivarlas, una vez  hecho este trabajo le ordene al Cabo González Alvárez Rubén, de esta unidad,  conductor del Urutu A‑1, que acelerara a fondo y entráramos, ya que  corríamos el riesgo de más bombas dentro del garaje, allí fuimos sometidos a  fuego por unos diez guerrilleros que estaban dentro atrincherados entre los  vehículos y sacos de arena que habían llevado para este efecto, constantemente  nos lanzaron bombas al parecer de alto poder, porque el carro constantemente  era movido por la vibración explosiva de estos artefactos; inclusive la puerta  posterior del Urutu fue sumida. Nosotros hicimos fuego desde el vehículo para  replegar al enemigo y emitir así que entrara el Batallón Guardia Presidencial y  asumiera el control del primer piso. Hubo un momento en que ordene desembarcar  y ante el aviso de los soldados que habían más bombas y personal por debajo de  los carros, cerramos nuevamente la puerta y anduvimos por los sitios que  quedaron libres en el parqueadero, desde el vehículo logramos ver a los dos  celadores que estaban muertos y tirados en el piso, a quienes les dieron muerte  los guerrilleros a la entrada del Palacio… cuando nos encontrábamos con este personal  al fondo del parqueadero en uno de los giros del vehículo se nos cayó la  ametralladora punto 50, la que se encontraba despegada del montante, por acción  del golpe al entrar, ya que la altura era muy reducida, ordene abrir la  escotilla lateral para bajar al personal, ya que en ese momento teníamos un  relativo control del área y considere que no había peligro para el personal;  alcanzaron a bajar dos soldados de seguridad y en esos instantes empezaron a  estallar carros bombas. Ante esta situación ordené embarcar al personal y le  dije al Cabo González que saliéramos del parqueadero, ya que corríamos peligro  de incendiarse el vehículo o morir asfixiados por la acción del humo. Una vez  fuera, me comuniqué con mi Coronel Bejarano y le reporte la novedad, esto es,  que la ametralladora se me había quedado dentro del garaje; el me dio una voz  de aliento y me dijo que era necesario recuperar la ametralladora. Dejé  descansar el personal un rato y luego volvimos al garaje, donde desembarcamos  con un personal para ir en busca de la ametralladora; esta acción se nos  dificultó por la obscuridad que reinaba dentro del recinto y por el humo que  había concentrado; después de varios intentos, el Cabo González y el Teniente  Riaño sacaron la ametralladora, de ahí en adelante pasamos a una posición de  seguridad en vista que el trabajo y el esfuerzo lo estaban realizando las  unidades de infantería, policía y grupos especiales; entré nuevamente al  garaje, cuando me informaron que un soldado de nombre Avilla González Alvaro  había sido herido, entre con el Teniente Riaño en su búsqueda, lo encontramos  tirado en el hall entre el sótano y el primer piso, se encontraba inconsciente,  casi que agonizante, ya casi por un acto de reflejo movía uno de sus pies  contra el piso; inicialmente tratamos de recuperar el soldado, pero nos fue  imposible, ya que éramos sometidos a replegarnos por acción de fuego enemigo,  estudiamos el campo de tiro que tenía el tirador y notamos que existía un  ángulo muerto, ya que ellos, los guerrilleros, nos disparaban desde el primer  piso hacia él sótano con tiro de fusil en ráfagas constantes, el Teniente Riaño  consiguió una manila y la tirábamos constantemente a enlazar al soldado; esta  acción se nos dificultaba por la posición que se encontraba él y por la amenaza  constante de ser heridos, optamos por sacar los fusiles que estaban más cerca  de nosotros tirados en el piso y que pertenecía uno al soldado y a un Sargento  de Guardia Presidencial que había sido herido, hubo un momento en que logro el  Teniente Riaño enlazar al soldado de una bota o pie y cuando ya estaba  asegurado hicimos fuego nutrido hacia el segundo piso, esto con el fin de  proteger o cubrir al soldado mientras lo jalábamos, ya que de otra forma nos lo  hubieran masacrado los guerrilleros cuando lo pasábamos por el campo de tiro de  ellos, luego de esto salí con el soldado y se lo llevaron en una ambulancia.  Cuando me regresé inmediatamente al garaje vi que sacaban al Teniente Riaño,  quien había sido herido en las piernas por acción de una granada. Después de  esto organicé al personal y montamos vigilancia sobre la salida del  parqueadero. En la mañana siguiente saqué al personal de ese sitio hacia el  lado del Congreso, desde donde hacíamos patrullajes constantes en las calles  aledañas hasta el término de la operación…” (folio 30, Juzgado Treinta  de Instrucción Criminal).    

El  soldado Luis Antonio Santaná Tibavisco, perteneciente al Grupo Mecanizado  Rincón Quiñones, dijo:    

«…íbamos  en el carro de comando con 8 soldados conmigo, mi Capitán Solano y el Cabo  González, íbamos en un Urutú, llegamos como a las doce del día, llegó mi  Capitán y hablo por radio y le dieron orden no supimos que, estábamos frente a  la puerta del Palacio (de) la puerta del sótano… mi Capitán desactivó dos  bombas que habían en la entrada y entonces al entrar (sic) la entrada quedaba  muy bajita y se cayó la ametralladora punto 50 y luego entonces procedimos a  entrar y cuando entonces explotaron unas bombas y se fue la luz y el motivo que  nos hizo salir fue que había mucho humo porque por encima de la trompeta del  carro había quedado un hueco y por ahí se nos entraba mucho humo y nos podiamos  asfixiar y por eso nos salimos… después por la tarde fue que dijeron que el  soldado Avila lo habían herido porque entró a sacar la punto 50, entró con, 3  soldados más con otros de los que venían en otro carro pero no me acuerdo.. .  Las bombas se encontraban en los dos lados de la puerta, una en cada esquina,  las desactivó a tiros de fusil que le prestó un soldado por que el llevaba era  una ametralladora MP5… El sí nos ordenó disparar pero si veíamos al enemigo,  pero no veíamos el enemigo porque estaba cubierto… entró el Urutú de nosotros  y detrás un cascabel, el Urutú dio la vuelta y el cascabel se devolvió detrás  de nosotros.. . Los carros que entraron, allá o sea los dos eran del Grupo  Rincón Quiñónez, el cascabel lo tripulaba mi Sargento Carabalí y dos soldados  que iban ahí más, adentro tampoco ese carro utilizó ninguna arma, seguramente  se devolvió detrás del carro nuestro…»(folio 414, formado por el mismo  Juzgado).    

El  soldado Alvaro Avila González, también Orgánico del Grupo Mecanizado  “Rincón Quiñones”, manifestó:    

<<…entramos  ahí a donde estaban disparando a sacar la ametralladora punto 50 que se había  caído del Urutú que entró, ya nosotros habíamos visto dónde estaba la  ametralladora que estaba bien adentro, al ir a coger la ametralladora lo cogían  y le daban a uno, en un momento que nos mandamos y la cogimos con los soldados  porque mi Teniente ya se había salido y ahí fue cuando me bajaron y ahí quede y  no me acuerdo de más…>> (folio 423, Juzgado Treinta de Instrucción  Criminal).    

El  Subteniente Doney Olmedo Riaño Silva dijo:    

«a  la media hora sale el vehículo Urutú y pude evidenciar que le faltaba la  ametralladora punto 50 que se cayó al entrar al garaje porque el espacio de  altura era muy reducido, de inmediato entré personal del Guardia Presidencial y  sacaron dos cadáveres de dos vigilantes que le prestaban seguridad al Palacio,  ahí fue cuando yo entré a recuperar la ametralladora punto 50, porque era una  desventaja para nosotros si ella estuviera en poder de los subversivos. Como el  garaje estaba cubierto de humo, era imposible la visibilidad, me dirigí a  rastra hacia el interior, por el camino encontré algunos cadáveres de guerrilleras  uniformados de verde con un parche pegado en el hombro derecho que decía:  “Fuerza militar con el pueblo con las armas al poder, y en el centro decía  M‑19″. Encontré también equipos con uniformes, alimentos, cobijas,  donde ellos se habían cambiado y la ropa civil, porque creo que ellos entraron  de civil; algunas carros se encontraban envueltos en llamas y constantemente  explotaban algunos petardos en otros vehículos, localicé la ametralladora y con  la ayuda del Cabo Grisales, corrijo, Cabo González, perteneciente a esta  unidad, sacamos la ametralladora; en esta recuperación fue herido el soldado  Avila, de esta unidad, la herida fue en la cabeza y a un Sargento del Guardia  Presidencial le dieron un disparo en una pierna, el Sargento salió, pero el  soldado quedó en la línea de fuego mal herido, me volví a auxiliar el soldado,  pero era imposible porque se encontraba en un sitio difícil de llegar hasta él  porque al pasar la puerta en la parte de arriba del siguiente piso se  encontraba una guerrillera con una ametralladora disparando hacia abajo, opté  por conseguir un lazo para amarrar al soldado y sacarlo, porque se encontraba  casi inconsciente, sangrando, yo le tiré el lazo y le grité que se agarrara  fuerte de el, el soldado cogió el lazo y al apretarlo le salió sangre de la  herida con mayor intensidad, debilitándolo; por fin lo logré amarrar por un  pie, pero para sacarlo había que neutralizar el fuego que venia de arriba;  solicite unas granadas al Comandante del Batallón Guardia Presidencial para  distraer así a los subversivos y poder sacar al soldado; un oficial del Guardia  Presidencial me dijo que lo apoyara en fuego para el poder subir y lanzar las  granadas; de inmediato después de explotar las granadas entré y saqué al  soldado y cuando venía con los fusiles que habían quedado del soldado y  Sargento del Guardia, fui sorprendido por una granada lanzada de la parte de  arriba y como quedé mal herido en las piernas, los guerrilleros disparaban a mi  cuerpo, pero como me estaban apoyando con fuego no alcanzaban ellos a puntar y  ningún proyectil me alcanzó; salí de rastra y fui auxiliado y evacuado al  Hospital Militar. De ahí no se más; estos hechos ocurrieron desde las tres de  la tarde hasta las siete de la noche. Durante este lapso de tiempo se  desactivaron algunos petardos por agentes del DAS expertos en explosivos y se  pasó revista minuciosa de todos los vehículos que habían en el interior, se  sacó todo el material que habían dejado los guerrilleros, como cinco morrales  que contenían cada uno de ellos un vestido verde, una chaqueta de doble faz,  dos tarros de salchichas, dos tarros de leche condensada, un brique, un cepillo  de dientes, dos bolsas como con avena, algunos tenían toallas higiénicas,  cachuchas verdes, banderolas del M‑19, una tula militar que no sé qué contenía,  estos elementos que fueron entregados a la salida a un señor Capitán Carvajal  del Batallón Guardia Presidencial… Al comienzo era difícil la visibilidad por  el humo producido por los vehículos estallados, vi muchos cables, unas trampas  cazabobo sin activar, que consta de tres estacas que al tocarlas explotan,  costales con tierra y petardos sin activar, los dos vehículos de acarreos con  los que penetraron ellos al Palacio, dentro de estos había mucha herramienta,  como martillos, azadones, barras y una caja llena de banderas alusivas a este  movimiento…” (folio 6, Juzgado Sesenta de Instrucción Penal Militar).    

La  gran trascendencia que tuvo la operación de las unidades blindadas, según lo  narrado por los testigos, consistió en que por el sótano penetraron los  primeros destacamentos de la fuerza pública, dando comienzo a la recuperación  del edificio y al proceso de liberación de rehenes. Al efecto, en acciones que  se iniciaron pocos minutos después de la una de la tarde, fue posible realizar  el plan de contraataque militar, presionando la retirada de los guerrilleros a  los pisos superiores. Siendo importante anotar que la sangrienta y prolongada  batalla causó númerosas bajas en ambos bandos, dio lugar al primer incendio en  el sótano y se caracterizó por el empleo de armas automáticas, bombas y  explosivos. Al mismo tiempo que se desarrollaba el feroz combate del sótano,  las fuerzas militares también contraatacaban al frente de la Plaza de Bolívar.  Aproximadamente a las dos de la tarde entró un vehículo Cascabel al primer piso  del Palacio, en insólito e impresionante episodio, que en todos sus detalles  fue cubierto por la radio y que la opinión pública pudo ver en documentales de  televisión. El ingreso de este poderoso aparato militar destruyendo la majestuosa  e imponente puerta, adquirió especial dramatismo y sumió en el suspenso a  quienes seguían consternados el curso de los acontecimientos.    

Resguardándose  con el carro blindado rápidamente ingresaron al primer piso varios miembros de  las fuerzas del orden, con el propósito de tomar posiciones para establecer una  base de acción coordinada con la fuerza que ya se encontraba en el sótano. Las  ráfagas de ametralladora, como es obvio, obligaron a los guerrilleros a  reagruparse, a su vez, en posiciones distintas a las que les daba el control  total del interior del Palacio, recurriendo a nuevas tácticas, esta vez  defensivas, con el empleo de las armas de mayor poder destructivo (bombas,  rockets y demás explosivos), sin haber logrado resultados positivos. El Palacio  se convirtió en un gran campo de batalla, produciendo angustia, temor y  desesperación entre los rehenes. El doctor Ramiro Borja, Magistrado Auxiliar  del Consejo de Estado, en declaraciones a la radio, describió como infernal el  ambiente que se vivía.    

Con  la entrada de otro tanque y de nuevos refuerzos militares, se logran mayores  avances de las fuerzas del orden que extienden la contraofensiva al segundo  piso, haciendo posible la liberación de los primeros rehenes y el retiro de  heridos a centros de asistencia hospitalaria.    

Pasamos  a mencionar las operaciones llevadas a cabo, también desde el medio día, por  unidades especializadas de la policía, pertenecientes al COPES (Curso de  Operaciones Especiales), que fueron transportadas en helicópteros a la parte superior  del Palacio, con el objetivo de liberar a los Magistrados y demás rehenes que  se encontraban en las oficinas del cuarto piso.    

Sobre  este particular declaro el Capitán de la Policía William Rafael Contreras  Rodríguez:    

«…El  día 6 de noviembre, aproximadamente a las 12:00 horas fuimos enterados por el  señor General Victor Delgado Mallarino, Director General de la Policía, sobre  la toma del Palacio de Justicia al parecer por un grupo subversivo, ante lo  cual ordenó la preparación del personal que integraba el COPES, para actuar  ante tal situación, ante lo cual nos trasladamos a la Dirección General de la  Policía, habiendo recibido instrucciones precisas por parte del citado General  sobre cómo se encontraba la situación. Acto seguido, se ordenó el traslado al  Palacio de Justicia, utilizando para ello tres helicópteros de la Policía, con  la misión de descender por la azotea y penetrar al edificio, más exactamente al  cuarto piso, y evacuar al personal de Magistrados que se encontraban en las  oficinas del cuarto piso, ya que según nos lo manifestaron, hacía pocos minutos  habían informado telefónicamente que ellos se encontraban en el cuarto piso y  que los guerrilleros no habían llegado aun a ese piso Nosotros descendimos en  la azotea aproximadamente a las dos de la tarde, y permanecí (sic) la mayor  parte en la terraza del edificio, ya que la misión particular mia era la de  brindar seguridad en la terraza. Primeramente llegamos catorce hombres, era el  primer viaje que hacían los tres helicópteros: dos pequeños que llevaban de a  cuatro hombres y el otro que era donde yo venía, iban seis hombres…”.  (Folio 158, Juzgado 30 de Instrucción criminal) .    

Por  su parte, el Capitán de la misma Policía Nacional, Carlos Alberto Orjuela  Sánchez, expresó:    

«…Estuve  en el Palacio de Justicia el día 6 de noviembre, previa orden del señor  Director General de la Policía, me encontraba en la Escuela Gonzalo Jiménez de  Quesada, en una demostración de operaciones especiales a los señores Directores  de Policía a nivel suramericano y allí se encontraba mi General Delgado  Mallarino, Director General de la Policía. Se tuvo conocimiento de la toma del  Palacio por parte del M‑19, ordenándome mi General organizar los grupos  con el fin de dirigirlos al Palacio de Justicia. Salimos de la escuela con  dirección al Palacio de Justicia, en dos helicópteros, uno al mando del Capitán  Aníbal Tulero Cruz (fallecido) y el otro al mando del suscrito. Salimos  aproximadamente a las doce del día, previa orden de mi General Delgado, hacia  el Palacio de Justicia y una vez en el aire recibí la orden de trasladarme con  los dos helicópteros al Despacho del señor Director General de la policía,  mediante planos del palacio y esperamos que nos dieran la orden de salir al  Palacio de Justicia. Nuestra misión principal que me dio mi General Delgado fue  la de aislar el cuarto piso, brindarle la protección a los señores Magistrados  y hacer la evacuación porque, según informaciones, se decía de que los  guerrilleros, aclaro, se sabia que los guerrilleros se encontraban en el  sótano, primer piso y parte del segundo piso. Una vez llegamos al Palacio de  Justicia en helicóptero, por la azotea del mismo, logramos ganar inicialmente  toda la parte de la terraza, procediendo al operativo previamente planeado. En  la llegada a la terraza del palacio, que se hizo en dos helicópteros, uno al  mando del extinto capitán Talero, y otro al mando del suscrito, en cada  helicóptero iban seis hombres incluidos nosotros, procedimos a desembarcar en  helicóptero estacionario, saltando a la terraza y tomando control de seguridad,  repeliendo el ataque, y lo helicópteros se regresaron cada uno tomó su posición  que se había acordado, procediendo a hacer la penetración por una claraboya,  tan pronto se levantó la tapa fuimos recibidos a tiros, se nombró seguridad con  el fin de evitar la salida del personal subversivo por esa claraboya y  simultáneamente por la otra claraboya estaba entrando otro grupo por donde  pudimos penetrar por medio de una escalera de varilla doblada, incrustada en la  pared, a mano derecho había un cuarto pequeño, al parecer de una motobomba y  pegada a éste una puerta metálica con cerrojos y llave, la cual procedimos a  tumbarla mediante disparos de galil a las bisagras, pasamos la puerta, nos  entramos con el Capitán Talero, encontrando un hall, una pequeña escalera que  continuaba a mano izquierda, una vez bajados los primeros escalones hubo  intercambio de disparos hasta lograr llegar al hall, el cual conducía mano  derecha por un corredor o hall donde habían dos ascensores a mano derecha; en  seguida de estos, una sala de conferencias con puerta de vaivén, ahí terminaba  ese corredor y posteriormente a mano izquierda se encontraba el resto del  pasillo del cuarto piso hasta donde se podía observar por cuanto no había luz y  en su interior del edificio estaba inundado de humo negro, producto de granadas  de humo, lanzadas por los guerrilleros, porque de pronto cuando estaba como  aclarando sonaba el estruendo y volvía y salía cortina de humo. Avanzamos hasta  ese recorrido (sic) del pasillo del cuarto piso, donde hubo enfrentamiento  desde la entrada por la puerta metálica hasta ese sitio, hasta ahí entré,  cuando a las 5:30 más o menos me cayo una granada cerca, una granada de  fragmentación y me alcanzaron algunos fragmentos y al mismo tiempo una ráfaga  de ametralladora, habiendo recibido tres impactos… Al verme herido, retrocedí  arrastrándome, llegando en mi auxilio dos de mi grupo: el Teniente Bermúdez y  el Teniente Aldana, tan pronto me recuperé de la onda explosiva producida por  la granada, hubo otro intercambio de disparos y al asomarme a la esquina del  pasillo, el galil que portaba en las manos me pegó en el pecho, dispare,  saliendo solamente un disparo y pensé que se me había acabado la munición y  procedí a cambiar el proveedor, Observando que el proveedor tenía munición y  tenía un impacto o hueco producido por un tiro, o sea que cuando el fusil me  pegó en el pecho fue por el impacto del tiro que me dio en el proveedor,  procediendo a cambiarlo con un proveedor que me dio el Teniente Aldana; hubo  otro intercambio de disparos y una vez que hubo un silencio prolongado me  devolví y hablé con el Capitán Talero, que se encontraba en el hall mencionado  prestando seguridad al grupo que habíamos entrado, lo enteré de la situación de  lo que estaba ocurrido allí y pasó a relevarme” haciendo mi salida por la  misma claraboya en que entre, comuniqué por radio de Halcón Uno estaba herido  que enviaran el helicóptero para la evacuación. Halcón Uno era yo y Halcón Dos  era Talero, dentro de las informaciones que le di al compañero le dije que  estaba casi seguro que habían francotiradores con miras telescópicas nocturnas  o sea con lentes infrarrojos, porque en sus disparos eran muy precisos. Una vez  salí a la terraza comuniqué al helicóptero por medio de la central para la  evacuación de Halcón Uno, a los quince minutos aproximadamente me informó el  Teniente Aparicio que habían herido al Capitán Talero, ordenándole al Teniente  me confirmara la versión dada por el, esa me lo dijo él personalmente, saliendo  a la terraza, mientras el Teniente confirmaba comuniqué por radio que Halcon  Uno y Halcón Dos se encontraban heridos; al rato regresó el Teniente Aparicio  diciendo que mi Capitán Talero le habían pegado un tiro en la cabeza, acto  seguido comunique por radio que Halcón Dos había muerto y que enviaran  helicóptero para la evacuación de Halcón Uno. Aproximadamente a las seis y  cuarto llego el helicóptero para la evacuación y en forma estacionaria nos  agarramos del patín del helicóptero, logrando ubicarnos dentro con el Teniente  Aparicio, quien se encontraba también lesionado en una rodilla, en el momento  de descender del helicóptero, saliendo en dirección al Hospital Militar. …  “. (Folio 407), Juzgado Treinta de Instrucción Criminal).    

Sobre  la muerte del Capitán Talero informó el Subteniente Wilson Aparicio Chacón lo  siguiente:    

«…A  él le pegaron un tiro en el pómulo derecho, murió instantáneamente, me di  cuenta porque estaba muy cerca de él, y el cadáver se intentó sacarlo, pero no  se pudo debido a los continuos ataques de los guerrilleros, ya que se  encontraba en la línea de fuego… Habíamos avanzado por todo el corredor,  llegamos al primer recodo que era donde estaba la oficina que le digo, ahí nos  quedamos y cuando nos íbamos a devolver, él salió de primero y ahí fue cuando  le dieron, él quedo tendido en ese corredor largo. . . Allá llego el Teniente  Aldana Avila Orlando, el Subteniente Bermúdez, el Capitán Talero y mi persona;  de regreso fue que mataron a mi Capitán Talero y a Aldana le dieron un tiro en  una pierna… La posición era buena porque podiamos cubrir un poquito más, pero  quedamos allá metidos en esa oficina, pero las llamas ya empezaron a asediar y  también tuvimos que salir por la calor…”. (Folio 256 del mismo Juzgado).    

De  las declaraciones transcritas, y de las demás pruebas del proceso se deduce que  el operativo fue planeado con el mejor de los propósitos, el de liberar a los  Magistrados, en el cuarto piso, y que se encomendó a unidades especializadas,  con trayectoria en acciones de gran riesgo y peligro, altamente calificadas y  de gran valor personal. Lamentablemente no tuvo éxito y produjo notables bajas  que afectaron sin lugar a dudas a sus demás integrantes. No es difícil suponer  que la llegada en helicópteros del personal a la terraza, desde las primeras  horas del medio día alerto a los guerrilleros, permitiéndoles preparar el  contraoperativo, con sus mejores elementos y con las armas mas sofisticadas que  poseían. La falta de servicio de energía, agravada con la mayor oscuridad  producida por el humo de las bombas, y la misma arquitectura del edificio, les  facilitó ubicarse en sitio seguro con la mira hacia el único lugar por donde  podían aparecer los agentes del orden. La puerta de hierro difícil de abrir fue  también factor favorable a la subversión.    

El  incendio, finalmente, obligo a todos los integrantes del COPES a retirarse del  lugar sin haber logrado rescatar el cadáver de su Comandante Talero Cruz, lo  que a la postre los desmotivó y lleno de pesar.    

Es  sorprendente la habilidad de quienes lograron llegar a la oficina del  Magistrado Baquero y regresar con vida. Y digna de admiración la forma como los  sobrevivientes consiguieron evacuar a sus compañeros heridos.    

Los  restos calcinados del cadáver del Capitán Talero no permitieron la descripción  de la herida, aunque los oficiales compañeros, como ya se vio, afirmaron que el  proyectil había penetrado por el pómulo derecho.    

Así  terminó, al menos por ese día, la operación del COPES en el cuarto piso.    

Este  operativo ha dado lugar a controversias, como se verá más adelante. Para mejor  comprensión de lo acaecido en esta eventualidad, es conducente reflexionar  sobre la diligencia de inspección judicial practicada por el Juzgado Treinta de  Instrucción Criminal Ambulante, que aparece a folio 341 y siguientes del cuarto  cuaderno formado por su despacho.    

     

INTENSIFICACION  DE HOSTILIDADES-DEMANDA DE CESACION DEL FUEGO    

     

Desde  el ingreso al Palacio de las fuerzas militares por el sótano, el primer piso y  la terraza del edificio, hubo combates continuos, con muy pocas pausas. Las  ráfagas de las armas automáticas, las bombas, los explosivos y los rockets  presagiaban una gran tragedia. El piso resultó ser el único medio de defensa de  los cautivos; los gases lacrimógenos, la carencia de alimentos, la oscuridad,  el funcionamiento deficiente de los teléfonos, la falta de agua y de servicios  esenciales, tornaron más dantesco el panorama. Los gritos de proclama de los  entusiastas de la subversión, rara vez se oían. Fueron reemplazados por ruegos  y súplicas de cese al fuego por parte de los rehenes, víctimas inocentes de la  contienda armada.    

Para  poner fin al conflicto o lograr una suspensión temporal, siempre se confío en  la posibilidad de intervención de la Cruz Roja, de la Comisión de Paz o de  cualquier otro mediador de buena voluntad.    

En  una entrevista radial un guerrillero que se identificó como Luis Otero y se  llamo supremo comandante del “Operativo Antonio Nariño por los Derechos  del Hombre”, que la subversión venía ejecutando a través de la  autodenominada compañía Iván Marino Ospina del M‑19, exigió la cesación  inmediata del fuego y el comienzo de conversaciones con el alto Gobierno,  conducentes a la realización de los objetivos revolucionarios, uno de los  cuales, como ya se vio, era el de conseguir la asistencia del doctor Belisario  Betancur, Presidente de la República, para someterlo a juicio que debía  adelantar la misma Corte Suprema, en el Palacio ocupado, exigencia que formuló  bajo graves amenazas. La respuesta del Gobierno fue pronta y terminante, en el  sentido de que no habría tales conversaciones ni suspensión de las acciones  militares, ya iniciadas, que estaban encaminadas a rescatar a los rehenes,  recuperar el Palacio de Justicia, restablecer el orden, capturar y sancionar a  los responsables del ataque.    

Planteadas  las posiciones entre las fuerzas del orden y la subversión, en el terreno  armado, se produjo, después de cruenta intensificación de las hostilidades que  tuvieron como escenario, naturalmente, los lugares más cercanos a los refugios  de rehenes y guerrilleros. Un grupo de subversivos, al mando del mencionado  Luis Otero, irrumpió en la oficina en donde se encontraba el Presidente de la  Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía, para ratificarle su calidad de rehén  hacerle saber que su suerte y la de los demás compañeros de infortunio estaba  atada al resultado de las demandas y condiciones formuladas al Gobierno. La  situación se agravó al extremo de que sólo se consideró posible la solución  armada, por las posiciones antagónicas y las motivaciones que se dieron por unos  y otros para no acudir al diálogo. El doctor John Agudelo Ríos, Presidente de  la Comisión de Paz, refiriéndose días después a esas actitudes inmodificables,  expresó:    

«Aun  cuando parezca paradójico, los trágicos sucesos del Palacio de Justicia se  debieron a dos sinceros optimismos encontrados: El del Gobierno, que creyó  siempre, sin duda alguna, que el M‑19 se entregaba, y el del M‑19,  que creyó siempre que el Gobierno no negociaba. Eso, simplemente, produjo la  catástrofe que todos lamentamos”.    

     

DIALOGO  DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON LOS EX PRESIDENTES Y LOS CANDIDATOS.    

     

El  Presidente Betancur, desde la casa Privada, dialogó telefónicamente, con los  señores ex Presidentes de la República, con los candidatos presidenciales y con  los directivos del Congreso a quienes les suministró amplia información y de  quienes requirió opinión sobre los acontecimientos del Palacio y la injusta  retención de los Magistrados de la Corte y del Consejo de Estado, de los demás  funcionarios y aun de los visitantes.    

«Más  o menos desde las 3 de la tarde-declaró el Presidente-empecé a tomar contacto  telefónico con los señores ex Presidentes de la República, doctores Alberto  Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, Misael  Pastrana Borrero y Julio César Turbay Ayala y con los aspirantes a la  Presidencia de la República doctores Virgilio Barco Vargas, Alvaro Gómez  Hurtado y Luis Carlos Galán Sarmiento. Unos de ellos estaban fuera de Bogotá y  otros fuera del país. No recuerdo exactamente en qué orden conversé con ellos  ni cuál fue el contenido exacto de dichas conversaciones en cada caso, pero, en  términos que fueron comunes para todos, y según el momento en que se realizaba  la conversación, yo les suministraba la información que tenía y les comunicaba  también la decisión del Gobierno de no negociar, no suspender el operativo que  la fuerza pública había puesto en marcha y ofrecer a los asaltantes, como era  nuestro deber, el respeto a su vida e integridad personales y el seguimiento  del juicio que ordenan las leyes vigente.    

Mis  distinguidos interlocutores siempre expresaron agradecimiento por la  información suministrada, solidaridad para con las instituciones y el Gobierno  deseos fervientes de que la situación fuera superada de manera satisfactoria.  Encontraron conveniente para el país, a más de ajustada a la Constitución y a  la ley, la posición asumida por el Gobierno».    

Los  ex Presidentes, en declaraciones rendidas ante este Tribunal, hicieron  referencia a los diálogos con el señor Presidente Betancur, en términos que  deben dejarse consignados en nuestro informe, por su trascendencia e  importancia, y por tener relación con la forma como el Gobierno manejó la  situación del Palacio de Justicia, durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985,  que ha originado controversia entre los colombianos.    

La  transcripción de los términos se hace en el orden cronológico en que fueron  rendidas.    

El  pasado 20 de marzo, se recibió declaración al señor expresidente doctor Julio  César Turbay Ayala, quien expresó:    

«…Por  la radio tuve conocimiento como la mayoría de los colombianos, de que un grupo  subversivo perteneciente al movimiento diez y nueve de abril (M‑19) había  invadido, portando armas de uso privativo de las fuerzas armadas, el Palacio de  Justicia. Por la misma fuente de información oí que los invasores del Palacio  amenazaban de muerte a los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia  y Consejeros de Estado. Mi impresión fue obviamente de sorpresa por la gravedad  y magnitud del atentado terrorista y mi reacción inmediata fue la de ponerme en  contacto con el Presidente de la República y sus Ministros para ofrecerles mi  solidaridad democrática.    

Antes  de que yo hubiera logrado comunicarme telefónicamente con el Palacio  Presidencial, recibí una llamada del Ministro de Gobierno doctor Jaime Castro,  quien me manifestó estar en el Palacio de Nariño, ocupándose con el señor  Presidente y algunos otros de sus colaboradores, en el estudio de las medidas  que deberían adoptar por parte del Gobierno en defensa del orden constitucional  transitoriamente quebrantado por los asaltantes del Palacio de Justicia.    

No  podría precisar si fue el señor Ministro de Gobierno en su conversación o los  noticieros radiales los que me permitieron conocer la noticia de que soldados  del Batallón Guardia Presidencial se dirigían hacia la sede de la Corte Suprema  de Justicia y del Consejo de Estado. Yo le manifesté al doctor Castro, Ministro  de Gobierno, que deseaba conversar con el señor Presidente Betancur para  expresarle mi repudio del acto terrorista. El me dijo que el Presidente en ese  momento se encontraba ocupado en algunas conversaciones de larga distancia,  pero que sabía que el Jefe del Estado se proponía hablar conmigo en muy breves  momentos.    

Evidentemente,  después de diez minutos el Presidente Betancur me llamó por teléfono y antes de  que él me hiciera cualquier planteamiento yo le expresé, como también se lo  había expresado ya al Ministro de Gobierno, mi rechazo y condenación del acto  terrorista que se había cumplido contra el Palacio de Justicia. El señor  Presidente Betancur me informó que había estado haciendo consultas telefónicas  con los ex Presidentes de la República para informarlos de los hechos y para  comunicarles de su decisión de rechazar el acto terrorista y restablecer el  imperio de la normalidad constitucional. El Presidente al informarme a mí mismo  de su decisión me expresó que era una decisión tomada en completo acuerdo con  los mandos militares. Yo sentí que era mi obligación hacerle una muy breve  síntesis de mis experiencias con la toma violenta de la Embajada Dominicana y  le manifesté que mi impresión era la de que si se les permitía un tiempo para  reflexionar no reacionarían en la forma criminal que los había determinado a  asaltar el Palacio agregándole que a mi juicio, unas personas que tuvieran  tiempo para pensar vacilarían en jugarse la vida y concluirían en el arreglo en  que concluyó lo de la embajada cuando se entregaron a cambio simplemente de  preservarles la existencia. El me dijo que evidentemente su criterio y el de  las fuerzas armadas era el de obtener, con el mínimo de sacrificios de vidas,  el máximo de resultados en favor del restablecimiento del orden constitucional.  Me ratificó la información que yo ya había oído sobre la marcha del Batallón  Guardia Presidencial al Palacio de Justicia y se reafirmó en su decisión de  actuar por los procedimientos que la Constitución pone al alcance del gobierno  en estos casos para reprimir el alzamiento. Yo me declaré notificado y le  manifesté que evidentemente el hecho ocurrido hacía indispensable la decisión  que él me comunicaba.        

Mi  conversación con el Presidente ese día no fue más allá de lo que dejo relatado.    

Al  siguiente día me puse en contacto telefónico con él para conocer el confuso  curso de los acontecimientos y me manifestó que el operativo militar estaba a  punto de culminar en pocas horas con el rescate del Palacio de Justicia.    

También  y por razón de las ocupaciones presidenciales, el diálogo no se prolongó por  más tiempo, pues él necesitaba atender los desarrollos de la muy delicada  gestión oficial en que estaba comprometido.    

Como  es obvio, yo no fui consultado sobre estrategias, pues eso no correspondía  determinarlas a los expresidentes pues es la función; constitucional del  Presidente de la República la de decidir lo pertinente. No sé si se lo dije al  señor Presidente Betancur, pero es mi opinión-deplorando desde luego el que se  hubiera tenido que producir un tan alto número de víctimas humanas-, que la  conducta asumida por él en ese momento era la que a mi modo de ver se identificaba  con el mandato constitucional. Entrar a discutir sobre el inventario de  víctimas es un proceso que le corresponde a los historiadores. A mí  personalmente lo que me interesaba y me sigue interesando, es el hecho de haber  encontrado acorde la decisión, del gobierno de rechazar el atentado terrorista  y rescatar el Palacio de Justicia, con su mandato constitucional. Sobre este  particular, fuera de que ustedes tuvieran algunas preguntas especiales que  formularme, es todo cuanto tengo que decir…». (Folios 1788‑1971).    

El  señor ex Presidente, doctor Carlos Lleras Restrepo, declaró el 31 del mismo mes  de marzo, en los siguientes términos:    

 «…Me  enteré como muchos otros colombianos, de que gentes del M‑19, habían  penetrado al Palacio de Justicia, y se habían apoderado como rehenes de los  Magistrados de la Corte Suprema, por las transmisiones que se hicieron de la  radio y la televisión. No recuerdo exactamente la hora en que tuve una llamada  telefónica del señor Presidente de la República, pero no era avanzada todavía  la tarde. El señor Presidente me informó sobre las exigencias que le formulaba  el M‑19 de presentarse en el recinto de la Corte para ser juzgado y me  informó igualmente de que estaba tratando de convencer a los del M‑19 de  que abandonaran su loca empresa y se rindieran, dándoles la seguridad de que  los sometería a un juicio imparcial. Yo le manifesté al señor Presidente que mi  opinión era de que no podía aceptar él de ninguna manera las pretensiones de  los del M‑19 y él me dijo que esa era también su convicción.    

Poco  después, recibí una llamada del Ministro de Gobierno doctor Jaime Castro, quien  me informó con bastante detalle de la toma del Palacio de Justicia. Le expresé  lo mismo que le había expresado al señor Presidente y le dije que debía rodearse  con la tropa toda la manzana del Palacio de Justicia. No se me informó por el  Ministro Castro de que la tropa estuviera intentando entrar al Palacio, pero sí  me dijo que éste estaba ya rodeado por la fuerza pública. Más tarde recibí una  segunda llamada del señor Presidente en la cual me dijo que desgraciadamente se  habla interrumpido la comunicación telefónica y que estaba tratando de que por  medio de la radio hubiera comunicación con los asaltantes para reiterarles la  seguridad de que sus vidas serían respetadas y para obtener la libertad de los  Magistrados.    

Cuando  más tarde yo ya estaba pudiendo ver en la televisión la toma del Palacio por la  tropa, recibí la llamada telefónica de una señora o señorita, entiendo que era  la hija del doctor Tapias Rocha y ella, muy angustiada me pidió que consiguiera  a un grupo de esposas e hijas de los Magistrados una entrevista con el  Presidente de la República. Llamé inmediatamente al Presidente quien me  manifestó que estaba listo a recibirlas inmediatamente y así lo comuniqué yo a  la persona que me había llamado, porque ella me dejó el teléfono  correspondiente a la casa en que los familiares de los Magistrados estaban  reunidos. La misma persona me dio las gracias pero me dijo que no sabían cómo  podrían llegar a Palacio y yo le manifesté que de seguro habría fuerza publica  para garantizar el paso de las personas que se identificaran debidamente. Creo  recordar que recibí una tercera llamada del señor Presidente quien me expresó  con mucha preocupación, prácticamente con angustia, que se habían interrumpido  las comunicaciones con el Palacio de Justicia. Después de eso yo seguí  enterándome del curso de los acontecimientos por la Radio y la Televisión, como  el resto de los Colombianos…». (Folios 1798‑1799).    

El  señor ex Presidente, doctor Misael Pastrana Borrero, declaró el primero de  abril:    

«…En  efecto, el día de la toma del Palacio de Justicia me encontraba en la ciudad de  Montecarlo del Ducado de Mónaco y al entrar a mi habitación con mi esposa,  hacia las cinco y media de la tarde, hora de Europa, ya que recuerdo que  todavía había luz solar, hora que correspondía a las once y media o doce de  Bogotá, recibí una llamada telefónica de Hamburgo, del doctor Otto Gutiérrez,  funcionario del Consulado de Colombia en esa ciudad, quien me dijo que en ese  momento un funcionario de la Flota Grancolombiana, creo que era el Director de  la Oficina, estaba hablando con una persona y que en forma súbita el  interlocutor le manifestó que tenía la impresión que en ese momento se estaban tomando  por la fuerza el Palacio de Justicia. A los pocos minutos me llamó mi hijo  Andrés Pastrana, quien me confirmó el hecho y puso en la bocina telefónica un  radio a través del cual tuve oportunidad de conocer la transmisión que se  estaba haciendo sobre lo acontecido. Hacía las ocho de la noche, estando además  en mi habitación el Embajador de Colombia en Alemania, doctor Luis Carlos  Barros y su hermana Betty, recibí una llamada del Presidente de la República,  doctor Belisario Betancur, quien en forma inmediata me reiteró la toma del  Palacio de Justicia por un grupo guerrillero integrante del M‑19 y  expresó que todo indicaba que estaba comandado por Almarales. Agregó que había  hablado con los ex Presidentes Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo y  Julio César Turbay Ayala, quienes le habían manifestado su apoyo en defensa de  las instituciones. No recuerdo si mencionó haber hablado ya con el ex  Presidente López Michelsen, o que estaba tratando de localizarlo, ya que se  encontraba en París. Me agregó que, según las informaciones iniciales todo  indicaba que las pretensiones eran las de negociar con el gobierno sobre temas  que comprometían altamente la existencia de toda la estructura jurídica de la  Nación. Igualmente puso en mi conocimiento que había Magistrados como rehenes  de los subversivos, pero sin determinar sus nombres y el número de los mismos.  Le manifesté que por el conocimiento, fruto de lo que acababa de comunicarme y  de las conversaciones que yo ya había sostenido con anterioridad, tenía la impresión  que lo que estaba en juego no era un gobierno ni un sistema, casi ni la  sociedad misma, sino todo el conjunto de valores que formaban parte de nuestras  tradiciones, de nuestra existencia republicana y de la civilización de la que  formábamos parte. Que el atentado mismo contra la sede de un órgano de poder  que en Colombia había dado claras muestras en sus decisiones y en su proceder  de total independencia frente al Ejecutivo; el hecho mismo de centrar la acción  de violencia en un edificio situado en el corazón de los poderes públicos; la  toma como rehenes de Magistrados no sólo prestantes por su cargo sino por su  propio prestigio, implicaba que el alcance de la acción no era la búsqueda de  una fácil transacción que implicara por parte del Gobierno concesiones sin  comprometer las instituciones, o dinero, sino algo más de fondo que pudiera  poner en peligro principios básicos de la vida del país.    

Súbitamente  el Presidente me manifestó que en ese momento entraba a su despacho el General  Miguel Vega Uribe, acompañado si mal no recuerdo, del General Delgado Mallarino  y me dijo “¿usted hablaría con el General Vega sobre lo que me ha  expresado? Le di respuesta afirmativa y el General pasó al teléfono, le expresé  que consideraba que Colombia estaba al frente de una circunstancia y en un  momento definitorio de su destino y que en esa definición las Fuerzas Armadas,  como en tantas ocasiones en nuestra historia, tenían una altísima  responsabilidad. En sus manos le expresé está en alto grado la responsabilidad  ante una situación de tan complejas características. El General me agradeció  mis conceptos. Virtualmente ahí terminó la comunicación con el Presidente.    

Al  día siguiente salí por tierra hacia Baden‑Baden, cruzando la parte norte  de Italia y nos detuvimos a almorzar en Milán, y en el restaurante en un  aparato de televisión estaban pasando noticias, nos enteramos del incendio del  Palacio de Justicia. Al llegar a Baden‑Baden, recibí una llamada del  Canciller Augusto Ramírez Ocampo, quien me manifestó que con motivo del  incendio se había establecido una pausa y que parecía que salía una persona con  bandera o pañuelo blanco que bien podía ser Almarales, por lo cual había alguna  esperanza de que culminara la toma del edificio.    

Estaba  muy conturbado y me manifestó que los hechos habían    

tenido  características más violentas de lo que había sido posible suponer.    

Más  tarde, entrada la noche, me llamó el Presidente Betancur, quien me informó muy  entristecido que había culminado la ocupación con el saldo, trágico de la  muerte de algunos Magistrados, mencionándome el nombre del Presidente de la  Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía. Como yo sabía que uno de los rehenes era  mi entrañable amigo de toda la vida, Alfonso Patiño Roselli, le pregunté que si  él estaba dentro del grupo de los Magistrados sacrificados y me respondió que  no sabía todavía, pero en ese momento en que posiblemente alguien que escuchaba  la conversación le informó que infortunadamente era uno de ellos. El señor  Presidente terminó la conversación, manifestándome que estaba escribiendo la  alocución con que se dirigiría al país. Puedo con certeza decir que nunca, o  muy pocas veces había tenido un diálogo en el que se reflejara más pesadumbre,  inquietud y quebranto de espíritu, pesadumbre que desde luego yo también compartí.  Posteriormente sostuve varias conversaciones telefónicas con el Presidente  informándome sobre el desarrollo ulterior de los hechos y las reacciones  encontradas de la opinión ciudadana.    

Con  el fin de que no hubiera duda futura sobre mi solidaridad con el Jefe del  Estado y no obstante esta conversación telefónica, le dirigí desde Baden‑Baden  un telex en tal sentido.    

Lo  único que considero pertinente agregar es que nunca tomo apuntes de  conversaciones, ni registro de las mismas, por eso la fidelidad de lo expresado  obedece a mi memoria y si hay errores considero en nada modifican lo sustancial  de la conversación y de los criterios que en ella estuvieron inspirados …».  (Folios 1803‑1806) .    

El  señor ex Presidente, doctor Alberto Lleras Camargo, el día 8 de abril, declaró:    

«…El  seis de noviembre estuve oyendo por radio todo el proceso de la toma del  Palacio de Justicia, por los alzados en armas. En las horas de la tarde, que no  puedo precisar exactamente, el señor Presidente de la República me llamó por teléfono  y me hizo una sintética evaluación de lo que estaba ocurriendo en ese momento.  Yo no tengo recuerdos de que el Presidente hubiera consultado mi opinión como  se ha dicho tantas veces y la de los demás ex Presidentes, porque la  conversación fue como se comprende de una gran movilidad y a medida que el  Presidente me relataba lo que no sabia por los informes de la radio. En algún  momento creo que el Presidente se refirió a mi condición de ex Presidente, en  el mismo tono familiar y me preguntó qué habría hecho yo en esa emergencia. Yo  le contesté que por todo lo que me había relatado hasta entonces, comprendía  que tenía el Presidente un concepto muy claro de su obligación y que no difería  mucho del que yo hubiera optado en circunstancias semejantes. No tengo recuerdo  de que el Presidente me hubiera informado sobre la entrada de las tropas al  Palacio de Justicia, ni si esa información se había dado por el radio y por  consiguiente yo la conocía. De todas maneras le expresé al Presidente que yo  consideraba que no había un camino distinto del que él me informó que estaba  dispuesto a tomar y nuestra conversación que no fue muy larga, terminó. Creo  que me dijo que consultaría la opinión de los otros ex Presidentes lo cual  aprobé muy a gusto. Tampoco recuerdo precisamente si en el informe publico que  hizo el Presidente sobre dicha materia se aclara en qué consistieron las  opiniones de los expresidentes. Pero en el documento que nosotros dimos a  conocer en las dos reuniones que tuvimos (los ex Presidentes), con el Presidente  de la República, se ve muy claro que todos tuvimos desde el primer momento una  opinión favorable a la manera como el Presidente condujo la situación hasta el  final…>> (Folios 1940‑1941).    

El  señor ex Presidente doctor Alfonso López Michelsen, el mismo día 8 de abril,  declaró:    

«…En  primer término es necesario tener en cuenta que no fui testigo presencial de  ninguno de los episodios a que se refiere la investigación. De lo único que  puedo rendir testimonio es de las conversaciones sostenidas con el señor  Presidente de la República durante las treinta horas en que se desarrollaron  los acontecimientos materia de esta diligencia. Me encontraba en París, alojado  en la residencia de la Embajada de Colombia, y aquella misma noche había tenido  lugar una recepción en honor de la Cámara de Comercio Colombo‑Francesa,  que acababa de propiciar un encuentro entre exportadores colombianos e  importadores franceses. Como a las seis de la tarde, hora de París recibí un  llamada de Amsterdam en la que se me informaba que el Palacio de Justicia de  Bogotá, había sido ocupado por un grupo de guerrilleros y que ya lo estaban  desalojando. No le atribuí mayor importancia al asunto y me fui a cenar en casa  de unos amigos, junto con el escritor Gabriel García Márquez y su señora  esposa. Al regresar cerca de la una de la mañana, a mi domicilio, me encontré  una anotación según la cual el señor Presidente de la República me había  llamado por tres veces y me solicitaba comunicarme con él tan pronto como  regresara a la Casa. Así lo hice.    

En  la primera conversación el doctor Betancur me informó acerca de la toma del  Palacio por parte del M‑19 y las exigencias que formulaba al Gobierno  Nacional en el sentido de que se entablara una negociación para obtener la  liberación de los rehenes que eran nada menos que los Magistrados de la Corte  Suprema de Justicia y los Consejeros de Estado, conversamos por espacio de  varios minutos y yo le manifesté que, cuando ejercía el mismo cargo, me había  visto colocado ante un dilema semejante en el caso de José Raquel Mercado,  secuestrado por el mismo M‑19, o entregaba mis atribuciones de Jefe del  Estado y accedía a sus exigencias, en el sentido de dictar determinadas medidas  y derogar otras, interfiriendo inclusive con decisiones judiciales, o ponía en  peligro la vida del líder sindical, si me negaba a hacer lo que ellos exigían.  Le expresé al mismo tiempo mi simpatía ante la difícil situación que afrontaba  y le ofrecí el apoyo que fuera necesario para sortearla con fortuna. El me  informó entonces que la opinión que yo expresaba coincidía con la de los otros  ex Presidentes y la de los jefes políticos de los partidos tradicionales. Me  agregó que confiaba en que la operación se terminara en breve término y sin  pérdida de vidas humanas, dejándome la impresión de que en el término de horas,  al amparo de la noche, se iba a realizar una operación de rescate  cuidadosamente preparada. Como quiera que entre los rehenes figuraba la señora  del Ministro de Gobierno y el hermano del señor Presidente, doctor Jaime Betancur,  quedé pendiente de sus noticias, poniendo el teléfono a una distancia de fácil  acceso en el sitio donde dormía.    

Tres  horas mas tarde, fui informado de nuevo por el señor Presidente en el sentido  de que los asaltantes se obstinaban en no rendirse y que se había desatado un  incendio que, por el humo, no permitía proceder con la rapidez debida, como  todos lo deseaban. En ese momento estaba presente el doctor Jaime Castro, con  quien me crucé unas breves palabras deseándole que su señora saliera sana y salva  y elogiándole la entereza con que había puesto sus deberes de Ministro por  encima de cualquier consideración afectiva, al proceder según su conciencia.  Unas horas más tarde se repitió la llamada para informarme sobre el feliz  desenlace que había tenido la liberación de algunas de las vidas que estaban en  peligro y la posibilidad de entablar el diálogo. Entre tanto yo había recibido  comunicaciones del exterior según las cuales se le había impedido a la Cruz  Roja entrar al Palacio de Justicia, siendo así, en concepto de mis informantes,  que ésta hubiera sido el vínculo indicado para entablar el dialogo. El señor  Presidente me respondió que, lejos de haberse obstaculizado por el Gobierno o  por el ejército la presencia de la Cruz Roja, él mismo tenía interés en buscar  cualquier medio de comunicarse con los guerrilleros. Sin embargo, para mayor  seguridad, me ofreció cerciorarse personalmente de cuanto estaba ocurriendo y  volver a informarme a la mayor brevedad. En efecto, no habían transcurrido  treinta a cuarenta minutos cuando me reafirmó que las órdenes estaban dadas y  vigentes para patrocinar el acceso del doctor Sáenz al Palacio de Justicia, con  un mensaje escrito que se estaba redactando en esos momentos. Ya al día  siguiente, supimos por la radio y la televisión francesa el trágico desenlace  de la toma del Palacio de Justicia aún cuando en forma muy esquemática, sin  nombres propios ni detalles que he venido a conocer después. Es todo.    

Conviene,  para mayor claridad, recordar las diferencias de horas entre Bogotá y París,  para entender cabalmente qué estaba ocurriendo en Colombia simultáneamente con  los diálogos que he relatado. Así por ejemplo, el señor Presidente me llamó a  la residencia en las horas de la tarde de Colombia, que son ya las de la noche  en Europa, y cuando yo digo la una de la mañana en París eran las siete de la  noche en Bogotá. Esto para explicar que, aún cuando los acontecimientos ya  estaban ocurriendo, el sondeo sobre mi opinión era válido, en el sentido de que  hubiera sido del mismo modo de pensar, si me hubiera correspondido tomar las  decisiones con visión de futuro. En otros términos: el señor Presidente me  describió el cuadro como era, cinco o seis horas antes, para conocer el enfoque  que yo le habría dado y corresponde rigurosamente al juicio que entonces  formulé sobre la imposibilidad de comprometerse en una negociación en la que  estuvieran de por medio los atributos presidenciales. Posteriormente, cuando ya  todo estaba consumado, le manifesté al Jefe del Estado mi propósito de regresar  a Colombia a la mayor brevedad posible y le insinué la conveniencia de aceptar  una vieja idea del ex Presidente Turbay, en el sentido de realizar una reunión  de aquellas que llaman “cumbres” entre todos los ex Presidentes para  devolverle a la autoridad todo su prestigio y poder sortear con éxito los  difíciles momentos que siguen a esta clase de episodios. El mismo señor  Presidente me facilitó las conexiones para que pudiera estar de regreso en  Bogotá en el término de horas y en breve término nos reunimos en casa del  doctor Alberto Lleras, como fue de público conocimiento. En tal reunión  reafirmamos sin reservas el respaldo que le habíamos brindado al señor  Presidente, atribuyéndole, por lo demás, el carácter de excepcional y  transitoria de esta reunión de exmandatarios, que mal puede convertirse en una  institución nacional. Solamente la simultaneidad de las dos tragedias, la del  Palacio de Justicia y la de Armero, justificaba, por lo menos a mis ojos, el  que apareciéramos quienes estábamos retirados de la vida pública.  constituyéndonos en una especie de cuerpo consultivo del gobierno…». (Folios  1938‑1941).    

Los  candidatos presidenciales, igualmente, hicieron alusión, en testimonio rendidos  ante el Tribunal, a las conversaciones telefónicas sostenidas con el señor  Presidente de la República, sobre los mismos acontecimientos del Palacio de  Justicia. En el mismo orden cronológico se procede a su transcripción.    

El  doctor Alvaro Gómez Hurtado, candidato a la Presidencia de la República, el 14  de abril declaró:    

«…En  el breve tiempo de una declaración no es posible decir todo lo que uno sabe  sobre un episodio tan extenso. En cuanto a mi conversación con el señor  Presidente de la República, fue así: El me llamó después del medio día para  informarme que el M‑19 era el autor del asalto del Palacio de Justicia y  que habían decidido no conversar con los asaltantes porque ellos exigían para  hacerlo un quebrantamiento del orden y de las instituciones. Yo le manifesté  que yo sería solidario con su decisión en vista de que él tenía todos los  elemento de juicio y simplemente agregué: en fenómenos como ese de terrorismo  se requería proceder con energía pero al mismo tiempo con el máximo de  inteligencia. Este es un desafío a la excelencia de las Fuerzas Armadas y de  los sistemas que preservan el orden público. Lo que sigue es el ejercicio de la  inteligencia. Nos despedimos manifestándole yo mis deseos por el éxito… ».  (Folio 1981).    

El  doctor Virgilio Barco Vargas, candidato a la Presidencia de la República, el  mismo día 14 de abril, declaró:    

«…En  realidad yo tuve esos días solamente un diálogo con el señor Presidente de la  República, el seis de noviembre. Al regresar a mi casa de habitación,  aproximadamente a las siete de la noche, fui informado de que había recibido un  par de llamadas del señor Presidente Betancur y en seguida procedí a  comunicarme con el Palacio de Nariño y ponerme a las órdenes del señor  Presidente, quien me informó que ya había conversado con todos los ex  Presidentes inclusive con el doctor López, a quien había localizado en Londres.  Además me informó que también había hablado con los doctores Alvaro Gómez y  Luis Carlos Galán. En seguida me manifestó que no habría negociación con los  asaltantes, es decir, que el gobierno tenía la decisión de no ceder ante las  exigencias de los asaltantes del Palacio, pero que les había ofrecido que  estaba dispuesto a respetarles la vida y a un juicio justo si desistían de su  propósito. El Presidente agregó que ya estaba montada y lista la operación  militar para entrar al Palacio. Me dijo que ésta podía iniciarse tal vez a  cualquier momento después de las diez de la noche. Le agradecí la información  que me acababa de suministrar.    

Como  dato especial puedo agregar que una de las emisoras de radio, creo que RCN,  remitió a las oficinas de la Campaña, copia de un casete que les había llegado,  enviado por el M‑19. Esta grabación de las proclamas de los guerrilleros  es bien conocida porque había sido publicada. Oímos el casete, por cierto muy  bien grabado… ». (Folios 1983‑1984).    

El  doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la Presidencia de la República,  el día 15 de abril, declaró:      

«…La  primera noticia de los acontecimientos en el Palacio de Justicia, la recibí a  las once y cuarenta minutos de la mañana en la Comisión Tercera del Senado,  cuando nos preparábamos para iniciar la sesión. Los empleados auxiliares nos  dijeron a los Senadores que había disparos en las cercanías de la Plaza de  Bolívar. En ese momento nadie imaginaba el origen ni se sabía en dónde, ni  entre quienes se cumplía el enfrentamiento armado. Yo no le di importancia,  pero a los pocos minutos, por indicaciones de la escolta del DAS, que me  acompaña habitualmente y a manera de precaución, los Senadores presentes, entre  otros recuerdo a William Jaramillo y Omar Yepes, nos trasladamos del recinto de  la comisión a la oficina de la Presidencia, desde cuyas ventanas se puede  apreciar el Palacio de Nariño. Allí vi algo más de ochenta soldados del  Batallón Guardia Presidencial que después de rendir honores a un embajador  rompían filas y tomaban posiciones acostados a lo largo de los prados y las  esquinas de los patios que separan el Palacio del Capitolio. Anoto el episodio  como prueba de la confusa situación inicial en toda la zona próxima a la Plaza  de Bolívar. En esos momentos nadie sabía qué pasaba y se llegó a especular con  que era un problema callejero o un ataque que podía extenderse no sólo al  Palacio de Justicia, sino al Capitolio, al Palacio Presidencial o al edificio  de los Congresistas. En menos de diez minutos llegaron desde el sur númerosas  unidades de la policía para controlar el acceso a la zona… insistí en  comunicarme con el Presidente Betancur y volví a llamarlo telefónicamente .  Eran las cuatro y quince de la tarde aproximadamente. Le expresé mi solidaridad  personal con él ante una crisis tan delicada y le manifesté, como Director del  Nuevo Liberalismo, mi interés en ayudar a sortear la situación creada por el  asalto al Palacio de Justicia. El Presidente me agradeció la llamada y me dijo  que había conversado con el ex Presidente Pastrana y Turbay Ayala, y que el  gobierno también había escuchado a los otros ex Presidentes y jefes políticos,  todos los cuales estaban de acuerdo en que el Gobierno no podía negociar con el  M‑19. Desde luego el Presidente Betancur me expresó que la fuerza pública  controlaba ya la mayor parte del Palacio de Justicia; que los guerrilleros con  los principales rehenes estaban reducidos a una zona del Palacio de Justicia en  tal forma que en ese momento todo dependía de la decisión de tumbar o no una  puerta, pues una vez esto sucediera la fuerza pública lograría someterlos.    

     

 El  Presidente Betancur me preguntó mi opinión.    

     

A  mi turno le pregunté al Presidente qué decía la fuerza pública sobre el margen  de riesgo para la vida de los Magistrados y rehenes. El Presidente me dijo que  no se podía garantizar la vida de la totalidad de las personas que allí se  encontraban, pero que, según la fuerza pública sí existía la posibilidad de un  desenlace plenamente exitoso al tumbar la puerta en tal forma que no muriera  ningún rehén en esa operación definitiva. El Presidente me volvió a pedir mi  opinión. Le contesté que era muy difícil opinar con los elementos de juicio a  mi alcance y le pregunté entonces cuál era el criterio del Presidente de la  Corte Suprema, pues yo había oído por radio el llamamiento al cese del fuego  que había hecho el doctor Reyes Echandía. El Presidente guardó silencio. Le  dije que si bien el Presidente de la Corte no era en ese momento un hombre  libre, su punto de vista debería ser considerado porque en todo caso el doctor  Reyes Echandía, tenía una apreciación de las circunstancias que debía tenerse  en cuenta. Le expresé al Presidente que consciente de la dificultad para dar un  juicio definitivo por la complejidad de la situación, en mi opinión el gobierno  no debía precipitarse a una acción definitoria que arriesgara la vida de los  rehenes. El Presidente Betancur me contestó que él comprendía eso y quería  obrar en la forma que fuese menos arriesgada para la vida de los rehenes, pero  sin aceptar negociación con los asaltantes del Palacio de Justicia. Me dijo que  la Corte Suprema de Justicia era un poder independiente, tan independiente que  inclusive ha dictado fallos en contra de los actos del gobierno. Me expresó que  en esos momentos no veía claramente cuál podía ser la salida y me invitó a  mantenerme en comunicación con él si se me ocurría algún camino. Me dirigí al  Senado a donde llegué alrededor de las cinco y media de la tarde. Se discutía  una proposición de apoyo al Gobierno y a los pocos minutos el Presidente del  Senado, Alvaro Villegas, por considerar la Corporación que el proyecto estaba  incompleto, decidió que una comisión de la cual formábamos parte, entre otros,  Federico Estrada, Hugo Escobar Sierra, Marino Renjifo, Héctor Polanía y yo  acordara el texto definitivo de la proposición. Hacia las seis de la tarde nos  reunimos en la Secretaría General del Senado, ubicada en el costado oriental de  la Plaza de Bolívar, desde donde se apreciaban los tanques y demás dispositivos  militares que rodeaban el Palacio de Justicia y donde además, se escuchaba el  estruendo de los disparos y explosiones que se producían en el Palacio de  Justicia a un poco más de 100 metros de distancia.    

En  la Comisión se examinaron los diversos aspectos del proyecto de proposición. Se  hizo énfasis en la solidaridad del Senado con los Magistrados cuyas vidas  estaban amenazadas y se subrayó que el respaldo del Gobierno para reprimir el  alzamiento se entendía dentro de las precisas atribuciones de la Constitución y  las leyes.    

Hacia  las siete de la noche la comisión terminó de elaborar el texto definitivo. En  el curso del intercambio de ideas mencioné la conversación con el Presidente  Betancur y mi interés por saber si el Gobierno había tomado o no la decisión de  tumbar la puerta clave que mencionó el Presidente y cuál habría sido el  desarrollo de los acontecimientos puesto que habían transcurrido dos horas  largas desde el diálogo con el Presidente y cabía suponer o que no se había  tumbado la puerta o que, a pesar de haberlo hecho, la situación dentro del  Palacio de Justicia era mucho más complicada de como la creía el Presidente  Betancur.    

Al  terminar la sesión del Senado, se oyó una fuerte explosión, eran cerca de las  ocho de la noche. Con Emilio Urrea tratamos de comunicarnos telefónicamente con  el Presidente Betancur, pero después de varios intentos no fue posible que  respondiera nuestra llamada…Llamé entonces al señor Ministro de Justicia…  El Ministro Parejo me contestó, además, que el Gobierno, con la participación  de todos los Ministerios había aprobado que el doctor Parejo hablara con  Almarales puesto que ellos se conocían por ser oriundos de Ciénaga. Para tal  efecto se había dispuesto que no se realizaría el ataque al cuarto piso, el  lugar donde se hallaban los Magistrados de la Corte en la tarde del miércoles 6  de noviembre, mientras se adelantaba esa conversación.    

Al  escuchar este relato del Ministro pensé que el acceso al cuarto piso era la  puerta a que había aludido el Presidente Betancur, pero como no conocí bien la  distribución de las oficinas del Palacio de Justicia, no puedo afirmar esto con  certeza, ni el Presidente me hizo mención alguna del cuarto piso en la  conversación telefónica que tuve con él a las 4:15 de la tarde del miércoles.    

Al  continuar su relato el Ministro Parejo me contó que él esperaba concretar la  conversación con Almarales, cuando el General Delgado Mallarino había ingresado  al lugar donde se hallaba el Ministro para decir que la policía ya se había  tomado el cuarto piso y no había encontrado nada. Como la toma del cuarto piso  significaba el desconocimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el Ministro  Parejo protestó diciendo que no estaba claro, qué era lo que estaba haciendo o  podían hacer los Ministros, pues la acción de la fuerza pública, al ingresar al  cuarto piso, había impedido el diálogo con Almarales. El Presidente Betancur se  había acercado al Ministro para pedirle que se calmara y que lo mejor era  esperar, hasta saber qué había ocurrido para buscar otras alternativas. Según  me refirió también el Ministro Parejo, el Presidente le había dicho que había  demasiada tensión y era mejor no agravar la situación.    

De  acuerdo con lo que me refirió el doctor Parejo, a partir de ese momento los  acontecimientos se precipitaron en tal forma que no fue posible volver a tener  comunicación telefónica con el Palacio de Justicia, ni se pudo saber cuál era  la suerte corrida por los Magistrados y demás rehenes. Al menos los Ministros  no tenían noticia sobre ello en las primeras horas de la madrugada aun cuando  se abrigaba la esperanza que hubiesen sido trasladados por los guerrilleros a  otro lugar del edificio.    

Estuvimos  de acuerdo con el señor Ministro en que el criterio aconsejable era no negociar  sobre las exigencias de la guerrilla, pero sí se debía intentar un diálogo  humanitario para tratar de salvar a los Magistrados y rehenes… Pocas horas  después-alrededor de las ocho de la mañana-, volví a llamar al Presidente  Betancur para sugerirle que acudiera al doctor Fernando Hinestroza, como la  persona más adecuada para comunicarse permanentemente con las señoras de los  Magistrados, teniendo en cuenta que varios de ellos eran profesores del  Externado de Derecho. El Presidente acogió la idea. Luego le expresé que yo era  partidario de hacer una invitación para que cesara el fuego pues ya habían  pasado catorce horas desde el momento en que el Presidente me había dicho que  todo terminaba si se tumbaba la puerta que separaba a la fuerza pública del  lugar donde se hallaban los guerrilleros y los rehenes. Le manifesté que yo era  partidario de intentar lo intentable para salvar la vida de los rehenes así el  Gobierno no pudiese negociar. Le dije que debía buscarse un diálogo  humanitario. El Presidente Betancur me refirió entonces la conversación que había  sostenido el General Delgado Mallarino con el Jefe guerrillero y la oferta  gubernamental de garantizar la vida a los guerrilleros y un juicio imparcial.  Agregó el presidente que él había pedido a las cadenas radiales que insistiera  en ello, pues ya no había comunicación telefónica con el Palacio de Justicia.  Le expresé mi propósito de hacer una declaración invitando al cese al fuego y  el Presidente me repitió que en ese momento el único medio eficaz era la radio.  . . El Presidente me dijo, que le había planteado al Consejo de Ministros mi  punto de vista y que considerando esa opinión y otras razones se había acordado  disminuir la presión militar para que la Cruz Roja ingresara al Palacio de  Justicia a rescatar los heridos y a sacar los cadáveres. Me dijo que se había  resuelto pedirle a la Cruz Roja que llevara un equipo de comunicación para  intentar un diálogo humanitario con los guerrilleros. Después, a la espera de  los acontecimientos, escuché con extrañeza en la radio que tan sólo dos horas  más tarde empezó el ingreso de un alto funcionario de la Cruz Roja al Palacio  de Justicia… a las 3 de la tarde cuando la radio anunció que todo había  terminado llamé al Presidente Betancur, quien me confirmó el terrible balance  de la tragedia…»    

(Folios  2156‑2163).    

     

INTERVENCION  DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO.    

     

 El  doctor Alvaro Villegas Moreno, Presidente del Congreso, desde la oficina del  Capitolio Nacional, estuvo atento al desenvolvimiento de los hechos  relacionados con la violenta ocupación del Palacio de Justicia, según narración  que hizo en declaración certificada, que por su importancia, se transcribe más  adelante.    

El  doctor Villegas Moreno tuvo la oportunidad de sostener conversaciones  telefónicas con el Presidente de la Corte, doctor Reyes Echandía, quien insistentemente  solicitó su mediación ante el Presidente Betancur, en orden a conseguir la  cesión del fuego para salvar la vida de los Magistrados y de las demás personas  injustamente retenidas.    

     

Sobre  los aspectos anteriores, el doctor Villegas declaró:    

     

«…Debía  atender a la doctora Clara Teresa Cárdenas y a otros funcionarios del DANE,  quienes tenían cita a las once de la mañana en la Presidencia del Senado, para  discutir sobre servicios que en materia de sistematización podría prestarle el  DANE al Senado de la República. La entrevista se inició a las once y quince de  la mañana cuando estábamos en ella, se escucharon unos disparos provenientes de  la Plaza de Bolívar, los distinguí claramente y los comenté con mis compañeros.  Se encontraba además conmigo, el Director Administrativo del Senado, doctor  Alfredo Rey.    

     

El  funcionario del DANE no creyó que eso fueran disparos. manifestó que se trataba  tal vez del ruido de algunos materiales de construcción que estaban  descargando, puesto que en la esquina del Capitolio se estaba adelantando la  remodelación del Convento de Santa Clara; sin embargo insistí en que eran  disparos, pues se escuchaban ya ráfagas, de metralleta. Inmediatamente nos  asomamos por las ventanas de la oficina de la Presidencia, vimos cómo corría la  gente. Los disparos escuchados inicialmente correspondían a los que hicieron  los guerrilleros del M‑19 al ingresar por la puerta del garaje al Palacio  de Justicia. Observamos la llegada de soldados y policías, algunos de ellos  eran los que realizaban la guardia de vigilancia del Capitolio. Llegaron  también soldados de los lados del Batallón Guardia Presidencial, al parecer  atraídos por el ruido de las ametralladoras.    

Antes  de quince minutos el panorama mostraba soldados y policías tendido, en el  suelo, disparando hacia el Palacio de Justicia, otros ya habían llegado hasta  la fachada misma del Palacio de Justicia y tomaron posiciones al lado de la  puerta, disparando hacia la parte interior del Palacio periódicamente,  resguardándose detrás de los muros laterales en el momento en que se les  respondía el fuego.    

     

En  el frente se colocaron otros, protegidos por el muro que forma la escala de  entrada, disparando contra las ventanas, al interior y hacia la puerta superior  del Palacio. Transcurrida más o menos una hora, ví llegar a la terraza del  Palacio, helicópteros con tropa, éstos dejaban los soldados y volvían a tomar  altura. Mientras tanto, la oficina de la Presidencia del Senado se fue llenando  de visitantes, Senadores y empleados. En el resto del Capitolio se vivían  escenas de histerismo, muchas secretarias lloraban y eran presas del pánico.    

     

Di  orden al jefe de seguridad de desalojar a los visitantes del Capitolio, con  ellos se fueron muchos empleados, prácticamente se suspendió el trabajo en  muchas de las oficinas. Es de anotar que las Comisiones Cuarta y Séptima  continuaron sus deliberaciones mientras el ruido de las ametralladoras inundaba  todos los rincones del edificio. Hubo propuestas generalizadas de los  parlamentarios presentes para que se suspendieran las actividades, idea que  rechacé y tomé la decisión de hacer sesión del Senado a las cuatro de la tarde.  Más tarde ordené al Secretario que elaborara un proyecto de declaración para  considerar en ella el respaldo del Senado de la República al Gobierno en esta  emergencia, donde se solidarizaba con el Poder Judicial y condenaba la toma del  Palacio. Más o menos a las dos de la tarde el Director Administrativo del  Senado trató de comunicarse telefónicamente con el Magistrado Pedro Elías  Serrano, quien había sido su Presidente de tesis y con quien conservaba una  entrañable amistad. Lo logró. Se encontraba en su oficina y me solicitó que  hablara con él. Lo hice. El Magistrado Serrano en ese momento estaba muy  calmado. No había tenido ningún contacto con los guerrilleros del M‑19, y  le noté confiado, tomaba este incidente como uno más, me pareció que como todos  los colombianos tomaba ésta como una osadía más de los díscolos que jugaban a  la revuelta; me dio algunas explicaciones de lo que allí esta sucediendo y en  ese momento no preveía él su trágico final.    

Quienes  estábamos presentes en la Presidencia, observábamos a través de las ventanas,  las operaciones que se cumplían más o menos a ochenta o a cien metros de la  fachada sur del Palacio de Justicia. Por ahí entre la una y las dos de la tarde  llegaron a las Plaza de Bolívar cinco tanques Cascabel, tomando posiciones  estratégicas. En principio creí que simplemente iban a cubrir una posible fuga  o la salida de los guerrilleros, un poco después el primero de los tanques  subió por las escalas orientales de la entrada del Palacio de Justicia, giró y  se dirigió a la majestuosa puerta, siguió avanzando y la puerta cedió al empuje  del tanque y se volvió añicos. El ruido de las ametralladoras era ensordecedor,  yo había dado instrucciones a quienes en un número más o menos de veinte  personas que me acompañaban en la Presidencia del Senado, para que dejaran  libres las ventanas por temor a que una bala perdida pudiera provocar una  desgracia. Más tarde vimos cómo salía del centro del edificio una columna de  humo negro; un poco más adelante la misma operación del primer tanque que  ingresó al edificio, fue realizada por dos tanques más.    

En  la terraza aterrizaron unos cinco helicópteros, calculo que cada uno podría  traer doce hombres. Durante todo el día, observamos en la terraza soldados  protegiendo ese sitio que indudablemente era un lugar estratégico. En ningún  momento los guerrilleros tuvieron acceso a ella, lo cual hubiera ocasionado  amplias dificultades para las operaciones que adelantaba el Ejército desde el  exterior, al parecer la mayor parte de ellos penetraron al Palacio, por la  puerta que comunica a la terraza con el interior. En la conversación de las  tres de la tarde con el doctor Pedro Elías Serrano, quien en ese momento  permanecía en su oficina, me dio un informe de la situación. El estaba  localizado en el cuarto piso y me solicitaba que hablara con el señor  Presidente para que consiguiera un cese al fuego a fin de dialogar. En una  segunda llamada un poco después, hablé con el doctor Alfonso Reyes Echandía,  Presidente de la Corte, me pidió que hablara urgentemente con el señor  Presidente para que le diera tiempo de conversar, que él creía que eso se podía  arreglar dialogando y pedía un cese al fuego, me dio el teléfono donde estaba,  como en la ocasión anterior, hablé con el señor Presidente y le llevé el  mensaje textualmente, le di el teléfono del doctor Alfonso Reyes, pidiéndole  que lo llamara y que él mismo le comunicara qué pensaba o qué podía decidir  sobre su solicitud.    

Se  produjo una nueva comunicación con la Corte, esta vez fue del doctor Reyes  Echandía con la Presidencia del Senado. Estaba angustiado, se oían disparos  cerca del teléfono, según manifestó, se encontraba acompañado por varios  guerrilleros quienes había llegado hasta su oficina y estaban al parecer  amenazándolo a el y al resto de Magistrados que le acompañaban; dramáticamente  el doctor Reyes me comunicó “estamos en el cuarto piso, los soldados están  en el tercero, los asaltantes notifican que si las tropas suben al cuarto piso  nos matan a todos, nos van a matar, doctor Villegas, haga algo”, me decía  el doctor Reyes.    

Luego  me pasó al teléfono a uno de los guerrilleros. Este guerrillero en forma  genérica me notificó, “dígale al señor Presidente que si siguen disparando  vamos a volar el Palacio de Justicia, tenemos en el sótano dinamita suficiente  para hacerlo y que nos morimos todos, pero dígaselo urgentemente” .  Trasmití de nuevo al señor Presidente los mensajes recibidos y le dije que el  doctor Reyes estaba esperando su llamada, el señor Presidente me dijo que al  parecer el teléfono estaba desconectado, porque allí no contestaban. Yo le  aclaré que no podía ser cierto porque yo acababa de colgar el teléfono y de  hablar con el doctor Reyes; notificaba que los iban a matar a todos. El señor  Presidente me dijo: “quiero contarle a usted solamente que yo no voy a  negociar, que he tomado esta decisión y la he consultado con los señores ex  Presidentes, con el doctor López que está en Europa‑‑me dijo‑‑,  con el doctor Pastrana que está en Mónaco, con el doctor Turbay, con los  doctores Alberto Lleras y Carlos Lleras, con los candidatos doctor Gómez  Hurtado, doctor Barco Vargas y con el doctor Galán Sarmiento” y que su  decisión final era no intervenir.    

     

Me  agregó el señor Presidente, que había dado instrucciones al Director General de  la Policía, general Víctor Delgado Mallarino, para que se comunicara con el  doctor Reyes Echandía y por su intermedio se ofreciera a los guerrilleros que  el Gobierno estaba dispuesto a garantizarle un juicio imparcial, vigilado por  la misma Corte Suprema de Justicia, si se entregaban. Me afirmó el señor  Presidente que el General Delgado Mallarino había hablado ya con los  guerrilleros y les había transmitido la posición del Gobierno. Al terminar la  conversación con el Presidente procedí a llamar a la Corte Suprema de Justicia,  me contestó la Secretaria del doctor Reyes Echandía, luego pasó el doctor Reyes  y le transmití el texto de mi conversación con el señor Presidente.    

     

El  doctor Alfonso Reyes Echandía se dolió de no haber conseguido que el señor  Presidente se dignara pasarle al teléfono.    

     

Antes  de la sesión se produjo otra conversación conseguida por el doctor Alfredo Rey,  desde el teléfono de la Presidencia con el Magistrado Pedro Elías Serrano  Abadía. Después de un primer diálogo entre los dos, pasé a conversar de nuevo  con el doctor Serrano, estaba alarmado con la situación que se vivía, los  disparos se hacían ya desde su oficina, me declaró que él, junto con el  Presidente de la Corte y otros Magistrados estaban en poder de los guerrilleros  como sus rehenes, transmitió la súplica de los Magistrados para que yo  interviniera ante el señor Presidente y lograra un alto al fuego, y se agotaran  todos los recursos para conseguir lo que ellos querían. En ese momento el  Senador José María Velasco Guerrero, quien estaba presente, me pidió lo  anunciara ante el doctor Serrano. Todos escuchamos su conversación, le  manifestó su solidaridad, le recalcó que estábamos con ellos y los esfuerzos,  tanto del Presidente del Senado como de todos los presentes y nuestra voluntad  de hacer cuanto estuviera a nuestro alcance para darles la ayuda que ellos  estaban pidiendo.    

     

A  las cuatro y media de la tarde, nos dirigimos hacia el recinto del Senado para  iniciar la sesión citada; me parecía que el país debía saber que la institución  estaba presente ante las dificultades que se vivían en ese momento. Por demoras  en la redacción de la mencionada declaración sólo hasta las cuatro y treinta  pudimos iniciar la sesión. El doctor Crispín Villazón, por instrucciones mías a  través de las emisoras había hecho anunciar la sesión del Senado y fue así como  tuvimos una buena asistencia, con cerca de setenta Senadores que se hicieron  presentes en el salón de sesiones.    

     

Tiempo  después de iniciar la plenaria, aproximadamente a las 7:15 de la noche, un  subalterno llegó al recinto y me avisó que de nuevo me necesitaba urgentemente  en el teléfono de mi oficina el doctor Reyes Echandía. Quedó presidiendo la  sesión el primer Vicepresidente, doctor Ancízar López. Subí al segundo piso  donde estaba ubicada la Presidencia y marqué el número telefónico que  previamente me había indicado el señor Presidente de la Corte; me contestó su  secretaria, hablé con él, estaba alterado, descompuesto, me dijo que no había  sido posible aún que el Presidente le pasara al teléfono pese a que él lo había  llamado por muchas ocasiones, que los iban a matar, que por favor consiguiera  un alto al fuego, que a nombre de ellos actuara. Le dije que inmediatamente lo  haría, llamé al Palacio, y no fue posible hablar con el Presidente. Estaba en  una sesión del Consejo de Ministros.    

     

Luego  conseguí hablar con el doctor Augusto Ramírez Ocampo, Ministro de Relaciones  Exteriores y le transmití el dramatismo de la situación; le solicité que  hiciera él algo, que le comunicara al Presidente lo que estaba sucediendo,  resolví toda clase de preguntas que él me hizo sobre las diferentes llamadas  pidiéndome que textualmente le repitiera lo que decía el doctor Reyes, quedando  encargado de transmitir al señor Presidente las súplicas que hacían los  Magistrados por intermedio del doctor Alfonso Reyes Echandía….» (Folios 125 a  131, cuaderno VI‑F, Juzgado 35 de Instrucción Criminal).    

     

 El  Tribunal, para finalizar este capítulo estima conducente, dado el valor y  significado de su testimonio, transcribir la declaración que el señor ex  Presidente doctor Víctor Mosquera Chaux, rindió ante el Juzgado 9º de  Instrucción Criminal-Ambulante-, en certificación jurada (artículo 244 del  C.P.P.), no obstante que, como él mismo lo afirma no celebró diálogo alguno con  el señor Presidente Betancur sobre este particular:    

     

 «…El  día seis de noviembre de 1985, desde las nueve y media de la mañana, me  encontraba en el edificio del Congreso, en la oficina 403, que se me ha  asignado para las actividades que me competen. Cuando me disponía a salir en  dirección al Capitolio, como a eso de las once de la mañana, para hacerme  presente en la sesión de la Comisión Tercera Constitucional del Senado, de la  cual soy miembro, se me informó que era temerario avanzar hasta el Capitolio  porque había un fuerte abaleo en la Plaza de Bolívar debido a que un grupo  sedicioso se había tomado el Palacio de Justicia. Se me aconsejó regresar a la  oficina mientras se aclaraba un tanto la situación. Desde allí comencé a oír  las noticias que se transmitían por las emisoras sobre los combates entre las  fuerzas armadas y el M‑19 y luego me traslade a mi apartamento 14‑04,  ubicado en la carrera 5ª número 26‑57, Torre A, en donde continué  escuchando el desarrollo de los acontecimientos por las transmisiones radiales.  A través de ellas pude enterarme de las operaciones militares, de las  reacciones de los guerrilleros, del incendio del palacio, de la zozobra de los  rehenes. Oí la voz angustiada del Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes  Echandía pidiendo el cese del fuego para que se estableciera un diálogo con los  captores. Seguí, con la preocupación y la ansiedad que en esos momentos  embargaban a los colombianos y al mundo entero, la evolución de los dramáticos  sucesos, minuciosamente relatada por los medios de comunicación. Se dijo que el  Jefe de los Socorristas de la Cruz Roja, de apellido Martínez, si mal no  recuerdo, había sido comisionado para llevar un mensaje del señor Presidente de  la República a los subversivos. Me ha quedado la inquietud de saber si ese  mensaje llegó a su destino, si fue verbal o escrito y si se redujo a intimarles  rendición con la promesa de respetarles sus vidas y de garantizarles un juicio  imparcial y con la plenitud de las formalidades procesales como se les ofreció  desde un principio, en respuesta a su inaudita pretensión de juzgar al primer  Mandatario en el recinto de la Corte, invitándole a comparecer directamente o  por medio de apoderado. No creo que el tratar de revivir en mi memoria hechos  suficientemente conocidos de los cuales no fuí testigo presencial, constituya  valioso aporte para la investigación que usted adelanta. Pero hay algo que a mi  me ha inquietado como a muchos otros compatriotas y es la reiterada afirmación  que se ha hecho, inclusive por los propios Magistrados supervivientes, de que  la toma del Palacio de Justicia se había anunciado con anterioridad y hasta se  tomaron medidas para prevenirla y evitarla, que luego se suspendieron, a  petición del propio Presidente de la Corte, según lo afirma el Gobierno.    

     

Cuesta  trabajo aceptar que la sola manifestación de incomodidad por la protección a  quien está corriendo un riesgo, baste para que la autoridad quede relevada de  la obligación de ampararle la vida como lo ordena la Carta Fundamental. El  sacrificio de los once Magistrados, de númerosos empleados de los altos  tribunales y de casi un centenar de personas que padecieron o protagonizaron la  tragedia, ha dejado una amarga sensación en el país y, naturalmente, después de  la controversia pública que se suscitó sobre la conducta del Jefe del Estado y  de su Gobierno, se esperaba con ansiedad el pronunciamiento de la Rama  Jurisdiccional, cruelmente lesionada en esa ya interminable batalla que se esta  librando por la supervivencia de las instituciones democráticas seriamente  amenazadas por los grupos subversivos que, a partir de 1982 han recibido  inesperados y controvertidos estímulos que los han fortalecido  considerablemente. ..Ni el señor presidente de la República me pidió consejo en  esos difíciles momentos ni yo se lo di por iniciativa propia. Es de  conocimiento público que el Gobierno afirmó que no podía hacer transacciones  con los subversivos basadas en la violación de la Constitución y de la ley ya  que estos incurrieron en delitos contra la seguridad interior del Estado,  quebrantando seriamente la estabilidad y el normal funcionamiento de las  instituciones.    

     

No  sé qué razones tuvo el Presidente para no acudir a la Comisión de Paz,  presidida por el doctor John Agudelo Ríos. No estaba obligado a hacerlo, pero  es una pregunta que mucha gente se formula, porque nos hemos acostumbrado los  colombianos a que esa comisión actúe como intermediaria en las conversaciones y  pactos del Gobierno con los facciosos.    

     

 No  son pocos los que piensan que hubo un viraje presidencial en el tratamiento a  esos grupos, especialmente al M‑19 con algunos de cuyos jefes se  entrevistó el señor Presidente en España y luego en México, por conducto del  señor Procurador General de la Nación y del actual embajador de Colombia en  Londres, doctor Bernardo Ramírez, en la casa del notable escritor Gabriel  García Márquez, según se informó en su momento a la opinión pública. Es también  sabido que con el M‑19 se firmaron los acuerdos de El Hobo y de Corinto,  en un ambiente que no se caracterizó precisamente por el respeto a la  Constitución y a la ley. Todo lo cual indica que de una actitud tolerante y  complaciente se pasó a otra de intransigente rigidez jurídica…creo que el  señor Presidente asumió en declaración pública, la responsabilidad de las  medidas tomadas para el rescate del Palacio de Justicia….» (Folios 36‑38,  cuaderno II B, Juzgado 9° de I. C.).    

     

 MANIFIESTO  DEL M‑19 Y DECISION DEL PRESIDENTE DE NO NEGOCIAR.    

     

El  Presidente Betancur tomó la decisión de dialogar sin negociar. Así lo comunicó  a los expresidentes de la República, al Presidente del Congreso, a los  candidatos a la Presidencia, a sus Ministros y altos colaboradores.    

     

 El  día 6 de noviembre no hubo Consejo de Ministros porque las decisiones eran de  exclusiva competencia presidencial y demandaban proferirse con urgencia, de  acuerdo con los requerimientos del conflicto armado. En el transcurso del día,  los Ministros se hicieron presentes en el Palacio para respaldar al Presidente  y prestarle su concurso y colaboración. En las horas de la tarde, por llamado  del señor Presidente, llegaron el Ministro de Defensa General Miguel Vega  Uribe, el Director de la Policía Nacional, General Víctor Delgado Mallarino y  el Jefe del Estado Mayor Conjunto General Manuel Guerrero.    

     

El  Presidente y sus acompañantes estuvieron en todo momento pendientes de informes  y noticias sobre la realización de las operaciones militares, el comportamiento  de los subversivos y la suerte que pudieran correr los rehenes. En varias  oportunidades se escuchó el casete en el cual aparecía grabado el manifiesto  del M‑19, precedido por el himno del movimiento. La grabación hace  referencia a la Operación Antonio Nariño y a las exigencias y objetivos  principales de los sediciosos. Los términos de tal manifiesto dieron lugar a  intercambio de opiniones y pareceres, y constituyeron, al fin de cuentas,  motivación suficiente para descartar el alto al fuego y la iniciación de  conversaciones de arreglo por cuanto se consideró que los facciosos solo  querían ganar tiempo para obtener ventajas tácticas en el conflicto armado.    

     

 En  la constancia elaborada por los miembros del gabinete ministerial, que aparece  como prueba del proceso y que como anexo hace parte del acta correspondiente a  la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 28 de enero de 1986, se  hizo un relato “en torno a la compañía y solidaria asistencia” que  todos prestaron al señor Presidente de la República, el citado 6 de noviembre  de 1985.    

     

Apartes  de este documento, por la importancia que tiene para la investigación, se  transcriben a continuación:    

     

«…  Reunido nuevamente con los Ministros presentes, el señor Presidente acompañado  de su señora doña Rosa Helena, se delibera sobre el contenido del manifiesto  del M‑19 y se considera que el Gobierno no puede acceder a ninguna de las  solicitudes que se le formulan y que, por ello, no es del caso proceder a  entablar, directamente o a través de mediadores, clase alguna de negociación  con los asaltantes, porque el sólo intento de realizarlas comprometería  seriamente la independencia y el funcionamiento regular de los poderes  públicos, por lo menos de las ramas Jurisdiccional y Ejecutiva, es decir la  propia autonomía y supervivencia de estas autoridades.    

     

 Se  estaba frente a la comisión de varios y graves delitos, en los que, por medios  violentos, se pretendía imponer al Gobierno Nacional una negociación forzada,  con la presión del secuestro de los señores Magistrados y la amenaza contra sus  vidas. Pensaron que si el Gobierno negociaba, los terroristas quedarían  colocados frente a la Corte Suprema, que venía siendo amenazada de muerte por  los narcotraficantes, en condiciones de imponer su voluntad y de conseguir, en  ese momento o más tarde, en los términos que la subversión deseara cualquier  providencia o decisión judicial. Estimaron también que negociar constituiría  negativo precedente, pues más tarde, mediante otro asalto de igual o parecidas  características, los terroristas pretenderían conseguir de este Gobierno o del  que lo suceda una nueva negociación en la que algo, no importa qué, así para  algunos fuere de orden menor, debería entregárseles. El camino; de la  claudicación, que conduce a la desaparición de las instituciones, nadie estuvo  dispuesto a recorrerlo.    

     

Por  las razones anotadas no se analizaron por el Presidente y sus Ministros  aspectos o detalles de eventuales negociaciones, como hubieran sido los  relacionados con su presunta duración (se dijo que una vez iniciadas, sólo los  guerrilleros, de acuerdo con sus intereses decidirían cuando ponerles fin), o  su contenido mismo (Porque si las peticiones ya formuladas eran inaceptables  por razones jurídicas y de principio, cualesquiera otras que presentaran a  cambio de ellas y que fueren aceptadas también equivaldrían a una concesión por  fuera de la ley).    

     

Durante  las deliberaciones, uno de los presentes indagó por la suerte del doctor Jaime  Betancur Cuartas, Consejero de Estado y hermano del señor Presidente. El Jefe  del Estado manifestó que no se tendrían en cuenta las circunstancias de su  hermano por cuanto los intereses del Estado primaban sobre cualquier  sentimiento personal».    

     

 «…Se  tuvo, igualmente, la convicción de que el M‑19 no buscaba simplemente  negociar sino también ejecutar una operación político‑militar de muy  vasto alcance y resonancia publicitaria, a la que concedía señalada  importancia, puesto que, cuando atento; contra el General Samudio Molina,  Comandante del Ejército, pocos días antes, anunció un hecho que asombraría al  mundo entero y dejaría a Colombia “con la boca abierta”. Eran  notorios su arrojo demencial y su actitud suicida. Además, sin que conocieran  respuesta o decisión alguna del Gobierno, los asaltantes anunciaron su  intención de volar el Palacio, de asesinar uno por uno los Magistrados rehenes,  y de lanzar sus cadáveres, cada cuarto de hora, a la Plaza de Bolívar.    

     

 También  estuvieron de acuerdo el Presidente y los Ministros en que si el M‑19  hubiera querido negociar para volver a la política de paz, de la cual se retiró  unilateral y voluntariamente, no hubiera tenido necesidad de apelar al  expediente macabro que estaba utilizando, pues para el diálogo, que preserva  las instituciones y no las sacrifica, el Gobierno no había cerrado las puertas.  Precisamente estaban abiertas cuando se asaltó el Palacio de Justicia, pues la  Comisión de Paz había invitado al M‑19 a conversar. Ese día, miércoles 6  de noviembre, el Secretario de la Comisión, doctor Alirío Caicedo, estaba en  Cali a solicitud del M‑19 buscando iniciar los contactos del caso. El  Ministro de Gobierno había convenido, por gestión de un interlocutor del M‑19,  reunirse con dirigentes de esa organización. Además, la solicitud de dialogo no  la formulaba en forma directa el M‑19, sino un rehén inerme bajo la  presión de las armas.    

     

El  doctor Alvaro Villegas Moreno, Presidente del Senado de la República, había  transmitido al Presidente Betancur la vehemente solicitud de cese al fuego que  formulaba el doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte Suprema de  Justicia.    

     

El  Presidente pidió que, sin ceder en la decisión de no negociar, se ofreciera a  los terroristas el respeto a sus vidas e integridad personal y el  adelantamiento de un juicio imparcial, con el lleno de las garantías  procesales, ante la justicia ordinaria.    

     

Los  Ministros de Justicia, Educación y Comunicaciones solicitaron que, mientras se  llevaba a cabo la comunicación del primero de éllos con Andrés Almarales, se  suspendiera el operativo que la Policía había anunciado estaba adelantando para  tomarse el cuarto piso, en vista del riesgo que para la vida de los Magistrados  que allí se encontraban, representaba ese operativo. Esta propuesta fue  considerada conveniente».    

     

«…  La Ministra de Educación expuso que una conducta de negociación en cualquier  sentido, con la subversión, no seria propia de un Gobierno caracterizado por el  respeto a la Constitución y a las leyes. A la administración Betancur dijo‑‑la  ha caracterizado el diálogo que se ha hecho presente en muy diversas ocasiones  y problemas y, particularmente, en el proceso de paz. Por ello y sin afectar en  lo más mínimo las premisas expuestas, seria procedente adelantar un diálogo con  el fin de no cerrar la posibilidad de explotar formas para evitar en lo posible  el derramamiento de sangre y el sacrificio de vidas colombianas, entre ellas  las de los señores Magistrados.    

     

 Los  Ministros de Justicia y Comunicaciones observaron la diferencia esencial entre  el diálogo sin negociación, y creen necesario que lo haya para que se enteren  los asaltantes de las condiciones exigidas por el Gobierno y con el fin  primordial de salvar la vida de los Magistrados y demás rehenes.    

     

 El  Presidente y los Ministros decidieron que el cese al fuego sólo se podría  convenir si con él se conseguía la libertad de los rehenes y la recuperación  del Palacio, pues tal como lo informaron los militares presentes, no se podía  permitir que los terroristas se fortificaran todavía más, mejoraran sus  posiciones, tomaran la iniciativa y condujeran al Gobierno así a una situación  más precaria aún que la que se estaba viviendo. Además podría entenderse como  falta de autoridad frente a quienes ya habían empezado a apedrear y saquear  locales comerciales de zonas aledañas al Palacio de Justicia, y que tal  conducta estimularía a los agitadores que ya estaban incitando a la rebelión.    

     

Se  recordó que el M‑19 se había retirado de los acuerdos de paz en vísperas  del proyectado paro del 20 de junio, por creer que el país vivía una situación  preinsurreccional que se haría manifiesta en el paro convocado. Por ello no se  descartó la hipótesis de que, conforme con los cálculos de la subversión, un  dialogo dilatado y alguna suerte de negociación les sería útil para un  levantamiento popular o para crear un estado de anarquía semejante al llamado  “Bogotazo” del 9 de abril de 1948.    

     

Se  estimó también que la solicitud del cese al fuego se había formulado sin que  los asaltantes hubieran interrumpido sus ráfagas o mostraran actitud favorable  a ello. Por el contrario habían dado muerte a varias personas y continuaban  disparando.    

     

 Por  las razones anteriores se decidió no acceder a la petición del cese al fuego y  hacer conocer a los asaltantes las decisiones tomadas por el Gobierno y la  voluntad firme de cumplirlas. El cese al fuego podía convenirse sólamente si se  liberaba a los rehenes, se abandonaba por los asaltantes el Palacio de Justicia  y se aceptaban las condiciones ofrecidas por el Gobierno de respetar la vida e  integridad de los ocupantes y ponerlos a órdenes de la justicia ordinaria …».  (Folios 1607‑1610).    

     

Definida  la política de no negociar con los rebeldes, acogida por todos los miembros del  Gobierno, se dispuso divulgarla por la radio reiteradamente a fin de obtener  seguridad de que tal decisión seria conocida por los guerrilleros pues,  prácticamente, ese era el único medio de comunicación con ellos.    

     

SOLICITUD  DE ALTO AL FUEGO FORMULADA POR EL PRESIDENTE DE LA CORTE.    

     

El  Presidente de la Corte, doctor Reyes Echandía, ante la gravedad y magnitud de  los trágicos acontecimientos, consideró procedente un alto al fuego, como única  posibilidad de salvar la vida de todos los rehenes. Trató, sin éxito, de  establecer comunicación telefónica con el Presidente Betancur, para formalizar  solicitud en tal sentido y, lógico es suponerlo, para suministrarle información  sobre el violento ataque e intercambiar conceptos sobre el manejo de la  situación en el cual, por su investidura, tenía pleno derecho a intervenir.  Varios fueron los intentos del doctor Reyes Echandía por lograr la  comunicación, llegando hasta solicitar al doctor Alvaro Villegas Moreno, Presidente  del Congreso, gestión mediadora para que el diálogo telefónico pudiera  realizarse. Y ya se vió que tampoco el Presidente del Senado fue atendido en la  recomendación que con tal finalidad hizo.    

     

En  las horas de la tarde, repitió una llamada al Palacio el doctor Reyes Echandía.  Lamentablemente, el señor Presidente de la República fue de parecer de que la  llamada debía ser atendida, no por el, sino por el General Víctor Delgado  Mallarino, Director de la Policía Nacional, entre otras razones por ser persona  muy amiga del Presidente de la Corte. Esta llamada, efectivamente, se produjo  más tarde, según aparece en la declaración del Ministro de Justicia y en la  constancia dejada en el Consejo de Ministros que en lo pertinente se  transcribe:    

     

 «…  Alrededor de las cuatro de la tarde entró a la Secretaría General una llamada  del Presidente de la Corte. Fue atendida por la Secretaria Privada del  Presidente de la República, quien minutos antes ingresó a dicha oficina  acompañada de la primera Dama. El doctor Reyes pidió se le pusiera al habla con  el Presidente de la República y la Secretaria de esté le solicito dejar su  teléfono con la promesa de que los comunicaría más tarde. Se deliberó entre los  Ministros si se trataba efectivamente del doctor Reyes Echandía. La mayoría  opinó que sí era. yo abrigué dudas de que fuera él. Los presentes oímos la voz,  por el altoparlante…»(Folios 21‑66).    

     

«…  Hacia las cinco de la tarde,-dice la constancia ministerial se estableció  comunicación con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el  teléfono número 2415015, situado en la Oficina del Magistrado Pedro Elías  Serrano. Mediante el amplificador de conferencia los presentes escucharon la  conversación entre el señor Presidente de la Corte y el General Delgado Mallarino,  a quien se había designado para adelantar este diálogo a nombre del Gobierno,  dada la amistad que lo, unía de tiempo atrás y su autoridad militar para  notificar a los guerrilleros el pensamiento del Gobierno.    

     

 El  doctor Reyes Echandía solicito el alto al fuego. Informo que con el estaban  varios guerrilleros que le apuntaban con ametralladoras. “Nos van a  matar”-dijo‑. Con vehemencia pidió la suspensión del operativo  militar manifestándolo estar de por medio la vida de todos los rehenes. El  General Delgado Mallarino le manifestó que la fuerza Pública estaba haciendo  todo lo posible por salvar su vida y las demás, Pero estaban de por medio las  instituciones y los deberes para con éllas del Gobierno. Ante la evidencia de  que era imposible sostener una conversación en que el interlocutor pudiera  hablar con libertad solicitó que lo pasará al teléfono al dirigente de los  guerrilleros que lo acompañaban.    

     

Se  oyó la voz de quien se identificó como el comandante Otero a quien el General  Delgado Mallarino, trasmitió la decisión del Gobierno de no negociar y de no  suspender el operativo en marcha. El señor Luis Otero, quien habló a nombre del  M‑19 y dijo ser el comandante de sus compañeros, respondió que en manera  alguna éllos aceptaban la solicitud ni ofrecimiento del Gobierno porque habían  ido a ejecutar una operación político‑militar que debía adelantarse a  cualquier precio y que los Magistrados rehenes eran precisamente garantía de  que ella se cumpliría. El General Delgado Mallarino intervino de nuevo para pedir  a Otero que reflexionara, que evaluara la situación y se diera cuenta de los  inmensos riesgos que estaban corriendo muchas personas y lo invito a que, si  cambiaba de opinión le llamara por teléfono. En este punto se terminó la  conversación y el señor Otero nunca llamó, ni buscó ningún otro medio para  expresar opinión distinta de la ya referida. Durante la conversación se  escuchaban ráfagas…» (Folios 1588‑1589).    

     

 La  versión particular certificada por el Ministro contiene diferencias de matiz en  el dialogo:    

     

 «…  Paso nuevamente Reyes Echandía y con voz implorante le Solicitó al General  Delgado Mallarino que “por favor” diera orden de cese al fuego-“nos  van a matar Víctor Alberto”. “Ustedes no Pueden permitir que nos  maten”. El General Delgado le respondió que lo volvería a llamar y colgó.  El Presidente comentó que ya se había establecido un primer contacto, y se les  había hecho a los guerrilleros un ofrecimiento y que había que dejarlos  reflexionar. Invitó a los Ministros a reflexionar a su turno sobre lo que debía  seguir y se acordó hacer una nueva llamada más tarde … ».    

     

 No  se ha dado una justificación para la negativa del Primer Magistrado de la  Nación a dialogar con el más alto representante de la Rama Jurisdiccional.  Razones de humanidad o de política podrían aducirse para justificar ese  diálogo. La negativa quedará siempre como algo inexplicable.    

     

 ¿Que  no era un hombre libre porque estaba padeciendo el acoso de las ametralladoras?  Esa razón también podría valer para objetar el intercambio de opiniones con el  Director de la Policía. ¿Significaba acaso un principio de negociación con los  guerrilleros que dominaban la situación y aun las voluntades de los rehenes?  No; porque esa negociación o ese principio de negociación sólo existe cuando  dos partes la intentan o acuerdan. ¿Que la autoridad sufría mengua? No parece;  el Ministro de Justicia fue autorizado para hablar con Almarales en busca de  rendición y entrega de los rehenes.    

     

Es  imaginable el doloroso momento vivido en el Despacho Presidencial cuando un  grupo de altísimos funcionarios se reunen alrededor de un amplificador para  seguir, sin intervenir el diálogo entre el Presidente de la Corte Suprema de  Justicia, que anuncia su próxima muerte a manos de sus captores, y el Director  de la Policía, a todas luces imponente para impedir el sacrificio de su amigo.    

     

Este  tanto, el Presidente de la Corte por las cadenas radiales hizo público llamado  al señor Presidente de la República en solicitud de que impartiera orden  inmediata de alto al fuego, y reclamó de quienes pudieran hacerlo que lo  acompañaran en la misma demanda ante el Primer Mandatario. Los colombianos  sobrecogidos sintieron el terror a que estaba siendo sometido el eximio jurista  y recuerdan sus angustiadas expresiones:    

     

 «…  Por favor que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática estamos  rodeados aquí de personal del M‑19, por favor que cese el fuego  inmediatamente, divulgue ante la opinión pública, esto es urgente, es de vida o  muerte. (Si me oyen… Es que no  podemos hablar con ellos, si no cesa el fuego inmediatamente. Por favor que el  Presidente dé finalmente la orden del cese al fuego …».    

     

En  entrevista concedida al periódico “El Tiempo”, repitió el doctor  Reyes su angustioso llamado:    

     

«.  . . Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que  pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la  Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas . Yo les  ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos  Magistrados, empleados, somos inocentes…He tratado de hablar con todas las  autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente pero él no está.  No he podido hablar con él…».    

     

 En  una segunda entrevista agregó:    

     

 «…  Yo he hablado ya con el Presidente del Senado de la República, con el doctor  Alvaro Villegas. El me prometió que no habría más tiroteo. Me aseguró que se  había dado orden de cese el fuego, pero el tiroteo sigue… Es como asistir a  una guerra en la que todos parecen condenados a morir. .. no he podido  comunicarme Con el Presidente . . ., y nos van a matar. Están como a 20 metros  . . . ». (El Tiempo, 7‑XI‑85, página 11A).    

     

El  doctor Reyes desde el cuarto piso formuló, repetidamente, la    

misma  petición a los protagonistas del enfrentamiento armado. Númerosos testigos lo  relatan. El consejero de Estado doctor Jorge Valencia Arango, por su parte  declara:    

     

 «…  Más o menos a la 1:00 p.m., sentí bulla en el cuarto piso, voces jóvenes,  masculinas y femeninas y alcancé a oír que esas voces se dirigían al Presidente  de la Corte, doctor Reyes Echandía, a quien le decían que nada le iba a pasar,  que lo necesitaban para que entrara en negociaciones con el Gobierno, pero que  no lo podían dejar en su oficina, encima de la mía, pues los iban a concentrar  a todos los Magistrados en otra oficina. Se lo llevaron, dando gritos de los  cuales recuerdo decían “Comandante tal ya tenemos el Presidente de la  Corte” y así gritaban a varios Comandantes. Siguiendo las voces que se  alejaban en dirección a la Sala Plena de la Corte, pensé que habían llevado a  Reyes Echandía a la oficina del doctor Baquero o a la del Flavio Calderón  Botero.    

     

Poco  después oí a Reyes Echandía gritar: “Por favor no disparen, somos rehenes,  les habla el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenemos heridos,  necesitamos a la Cruz Roja”. A lo que contestaban con descargas cerradas  de ametralladora, rockets y toda clase de armas. Cada cinco minutos repetía su  letanía el doctor Reyes y le contestaban con las mismas descargas. Por ahí a  las 4 p. m. o minutos antes, el doctor Reyes cambió un poco su letanía. . . ».    

     

 Similares  llamados públicos, valiéndose de las cadenas radiales hicieron los Magistrados  Carlos Medellín, Ricardo Medina y Pedro Elías Serrano. Pero el Gobierno mantuvo  inmodificable su decisión de no negociar, no suspender el operativo que la  fuerza pública había puesto en marcha y ofrecer a los asaltantes, el respeto a  su vida e integridad personales y el seguimiento del juicio que ordenan las  leyes vigentes. (Ver declaración del señor Presidente de la República, folio  1956).    

     

 PROCESO  DE RECUPERACION DE PALACIO.    

     

Mientras  se desarrollaban las gestiones del cese al fuego, de que se ha dado cuenta,  proseguían los enfrentamientos en el interior de Palacio. Las fuerzas del orden  como antes se había visto se encontraban en el sótano y en el primero y segundo  pisos del costado suroccidental del edificio. Para un mejor control de sus  operaciones se dispuso que unidades del Batallón Guardia Presidencial tomara la  responsabilidad del sector occidental, estacionamiento y sótanos y la Escuela  de Artillería, asumiera la responsabilidad del área suroriental. A su vez los  guerrilleros se habían replegado al costado noroccidental de los pisos segundo  y tercero y tenían el control pleno del cuarto piso. En el piso tercero,  estratégicamente ubicada, permanecía una guerrillera que con ráfagas de  ametralladora retardó el operativo militar.    

     

Por  efecto de los primeros avances del Ejército, en acciones apoyadas en los  vehículos blindados, los sediciosos se habían polarizado en dos grupos  importantes. El primero que controlaba el cuarto piso, estaba dirigido por el  máximo comandante del operativo, Luis Otero, y de él hacían parte algunos  miembros del Estado Mayor del M‑19. Este grupo tenía en calidad de  rehenes, al Presidente de la Corte, doctor Reyes Echandía, a ocho Magistrados  más y a otras personas concentradas en lugar separado en cumplimiento del plan  de ataque, al que tantas veces hemos hecho referencia. El segundo grupo estaba dirigido  por el comandante Andrés Almarales Manga, actuaba en el sector de las escaleras  y los baños del costado Norte y mantenía en su poder el mayor número de rehenes  (más de 70).    

     

 Se  inició, así, el proceso lento pero seguro de recuperación piso a piso con  liberación de funcionarios y visitantes que se iban encontrando a medida que se  ascendía. La dificultad mayor radicaba en el control que los asaltantes  ejercían sobre las escaleras donde habían emplazado ametralladoras.       

     

A  pesar de los peligros y toda clase de dificultades y riesgos, miembros de los  cuerpos armados recibieron la misión prioritaria de localizar a los rehenes y  colaborar en su evacuación. Fue así como en una primera etapa se logró el  rescate de 138 secuestrados, cuyos nombres figuran en la lista que presentamos  como anexo de este informe.                              

Consideramos  importante trascribir apartes de algunos testimonios que describen la peligrosa  y difícil tarea de los rescates.    

     

El  soldado Manuel Eduardo Becerra Rojas, adscrito al Batallón Guardia  Presidencial, declaró:             

«…  Dieron la orden de que dirigiéramos a buscar rehenes, a encontrar rehenes que  estarían encerrados y como se suponía que los rehenes estaban encerrados y por  tanto humo que había por la balacera como a las tres de la tarde, comenzaron a  abrir puertas, a mirar en las oficinas a ver a quienes podíamos rescatar. Yo me  cubrí inicialmente debajo del tanque y subí por las escaleras que daban del  primer piso al segundo y tercer piso, esas escaleras están al lado derecho de  la entrada principal y subí por las escaleras del sur del palacio, subimos yo  creo que unos siete soldados, creo que también había un capitán, me parece que  era artillero, no sé de nombres, todos eran desconocidos, era un sargento, pero  no era del Guardia Presidencial. Yo, o mejor, subimos al segundo piso donde  está localizado, creo que era el teatro del Palacio y las oficinas que habían  en ese momento, lo primero que encontramos apenas subimos, fue una oficina que  estaba cerrada, la empujamos y no podíamos abrirla, entonces nos tocó gritar y  preguntar quien había adentro, pero nadie respondía, yo supuse que era porque  estaban ya casi asfixiados, yo creo que eran como las dos de la tarde, eso fue  en seguida que entraron los tanques que nos cubrieron hasta comienzos de la  escalera. Cuando llegamos a la oficina esa yo supuse que había rehenes, no  podía ser otra cosa y efectivamente la puerta la abrimos y comenzaron a salir  yo creo que un promedio de unos 15 o 19 rehenes que habían en esa oficina ..»    

     

La  doctora María Elena Giraldo Gómez, Relatora del Consejo de Estado, describió  así esta parte de su experiencia:    

     

«..  Estábamos en un estado de asfixia cuando a las cuatro y media de la tarde  sentimos empujones en nuestra puerta, en ese momento decidí gritar e informar a  los que tocaban que allí nos encontrábamos siete personas y a la vez empecé a  gritar que si querían que abriésemos la puerta, gritos que seguían precedidos  de los de la doctora Nubia. De afuera alguien se manifestó y dijo que  abriésemos con las manos en alto; me paré, tomé las llaves, abrí la puerta y  para sorpresa mía había ocho soldados del Ejército, nos evacuaron rápidamente,  salimos al segundo piso por la escalera que da a la cafetería, nos tocó  refugiarnos en las escaleras un buen rato mientras se aplacaba un poco la  situación, luego que el teniente que precedía a los soldados dijo que ya era  hora de bajar al primer piso, lo hicimos por las escaleras que dan a la  cafetería donde todavía continuaba el estado de balacera y conmoción; logramos  huir rápidamente y salir en medio del cadáver de Jorge Tadeo, el Administrador,  de allí fuimos llevadas por el Ejército a la Casa del Florero, donde recobramos  nuestra tranquilidad y nos sentíamos orgullosas de que personas tan humildes  como esos soldados no sólo nos hubieran rescatado, sino que con palabras de  afecto hubieran logrado en nosotros esa valentía que hizo que pudieramos  salvarnos. . .». (Folio 28 del primer cuaderno del Juzgado 30 de Instrucción  Criminal) .    

     

Eduardo  Matzon Ospino, estudiante de la Facultad de Derecho del Externado de Colombia,  declaró:    

     

«.  . . Quedando Yolanda y yo solos en todo el pasadizo hasta cuando apareció fuego  o humo en ese pasadizo y un señor, presumo que era guerrillero, con una máscara  nos hacia señas de que fuéramos hacia él; Yolanda y yo llevados por el miedo a  morir hicimos caso, pero cuando nos aproximábamos cerca del enmascarado él se  perdió. Cuando nos refugiamos en el segundo piso, cerca de los ascensores del  segundo piso sentíamos cuando detonaban unas bombas presumiendo eso por el gran  sonido que se escuchaba y cuando tumbaban la puerta principal del Palacio al  entrar unos carros; al rato escuché cuando militares gritaban por el segundo  piso en las oficinas que abrieran que era el ejército, optando yo por  llamarlos: señores, señores, aquí estamos, somos estudiantes de derecho de la  Universidad Externado de Colombia, y respondiendo ellos que nos quedáramos y  que nos arrastráramos con las manos sobre la nuca, llevándonos a una oficina  cercana del segundo piso donde habían otros rehenes; por medio de esa oficina  pasamos al primer piso bajando por unas butacas, unos muebles, como las demás  personas que se encontraban dentro, allí esperamos todos un tiempo prudente  hasta que logramos salir…». (Folio 317, tercer cuaderno, Juzgado 89 de  Instrucción Criminal).    

     

El  consejero Julio César Uribe Acosta, declaró:    

     

«…Dejé  mis zapatos en mi oficina con el fin de no hacer bulla sobre el piso de madera,  que denunciaba fácilmente al que transitaba por el pasillo y dejé mi saco para  tener facilidad de movimiento. No obstante que en mi oficina estaba más cerca  de la escalera del costado norte, decidí salir por el costado sur que era más  largo, pues tenía la impresión de que por el sur había ejército, pues por  teléfono había sido enterado de que la puerta de entrada al Palacio había sido  derrumbada. Al culminar el recorrido en el sentido norte sur por el corredor me  tocaba girar hacia el occidente y era ese un momento difícil pues yo no sabía  si allí había ejército o subversivos. Pensé que si eran subversivos no me  matarían inmediatamente, pero me retendrían y que si era ejército me enviarían  un mensaje comprensivo de la situación. Esto explica que al estar situado en el  final del corredor y mirando hacia el occidente yo exclamara: Soy un consejero  de Estado. Inmediatamente oí una voz que me decía: Protéjase doctor. Entendí  entonces que el Ejército tenía el control de esa área y ello explica que  avanzando rápidamente me situara en un pequeño pasillo que da frente a la  entrada del Palacio en el tercer piso. Allí encontré dos soldados, uno de los  cuales apuntaba su arma hacia el costado oriental, protegiéndose contra la  pared. Ellos insistieron en que me protegiera y yo consideré que no era  necesario arrojarme al piso sino pedir una escalera de emergencia para bajar  del piso tercero al primero, pues no quise hacerlo por la escalera tradicional,  porque alcance a ver dos cadáveres colocados horizontalmente, en posición  cabeza al sur y pies hacia el norte, e inmediatamente supuse que eran  guerrilleros que guardaban inicialmente la entrada y salida de la escalera.  Tuve igualmente el temor de que si bajaba por la escalera tradicional, podía  encontrar guerrilleros o ejército, que al no poder identificarme fácilmente  podrían dispararme. Esto explica que yo demandara una escalera para bajar del  pasillo del tercer piso al primero. Después de unos minutos de espera y sin que  tuviera mucha visualización pues era de noche, bajé por ella. Después supe  porque me lo contó el consejero Jorge Valencia Arango que la escalera era corta  y que fue apoyada en el primer piso sobre el pecho de dos soldados y que desde  el tercero me ayudaron a descolgarme para alcanzarla, pues era corta. Dijo el  consejero Valencia Arango que la maniobra fue riesgosa pero él también bajó por  ella y parece que después lo hicieron tres personas mas. Cuando alcance el  primer piso, soldados del ejército y personal de la Policía me protegieron con  sus armas y me condujeron a la Casa del Florero donde nos atendieron en debida  forma.. ».    

     

De  los informes anteriores puede concluirse el riesgo que corrieron los encargados  del rescate y los mismos liberados. Puede afirmarse que todos los casos son  distintos. Naturalmente, la brevedad no permite relacionar y evaluar las  valerosas hazañas que se registraron para dar libertad a la mayoría de los  prisioneros. Escenas de arrojo, de destreza y de iniciativa para superar  situaciones complicadas por los encuentros armados, podrían narrarse. Los  soldados, por ejemplo, a pesar de su juventud y poca experiencia en el manejo  de este tipo de problemas, vencieron los temores de ser sorprendidos por  guerrilleros que utilizaban, en forma camuflada, parecidos uniformes, se  atrevieron a penetrar en oficinas, escaleras y algunas zonas de diferentes  servicios, no obstante la conformación arquitectónica del Palacio que ellos  desconocían y qué había sido aprovechada por los subversivos no sólo para  resguardarse, como escondite sino para accionar sus armas, tal como lo hacen  los francotiradores. En estas condiciones unos encontraron la muerte y otros  fueron lesionados.    

     

El  operativo para localizar y rescatar a los rehenes dio lugar a comportamientos  de heroísmo porque se cumplió sin interrupción de los combates, en momentos en  que se utilizaban explosivos que hacían trepidar el edificio y se escuchaban  ráfagas de armas automáticas. Su planeamiento constituyó por otra parte,  división de responsabilidades entre las fuerzas del orden. Así, mientras unos  perseguían el objetivo único de salvar a los rehenes, las otras tenían la  responsabilidad de hacer su cubrimiento, persiguiendo poner a los guerrilleros  a la defensiva, desorganizarlos y obligarlos al abandono de las posiciones  claves. De tal suerte, a medida que el ejército fue avanzando y la guerrilla  perdía terreno, se consiguió liberar al mayor número de personas, prestar  auxilio a los heridos, trasladándolos con urgencia a los centros de asistencia  médica mas cercanos.    

     

Consideramos  del caso destacar la actuación de la denominada “Compañía Avanzada de  Tiro”, formada con criterio selectivo, por los hábiles tiradores. Ellos  neutralizaron eficazmente la acción de los francotiradores.    

     

Es  oportuno, en esta parte del informe, anotar que las acciones de las Fuerzas  Armadas, después de las dos de la tarde, siguieron lineamientos de un plan  racionalmente elaborado que hizo posible la coordinación de fuerzas, bajo la  dirección del señor Comandante de la Décima Tercera Brigada, Brigadier General  Armando Arias Cabrales. En efecto, cumplieron sus órdenes las distintas  unidades tácticas de la Brigada, el Departamento de Policía Bogotá y los  cuerpos de seguridad, a través de sus correspondientes mandos. Y como es  natural, atendiendo las mismas directrices, prestaron su auxilio y colaboración  los miembros de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos y en  general todas aquellas personas que, en una u otra forma, intervinieron en el  operativo militar. Sobra decir que el plan en referencia fue elaborado en  atención a lo dispuesto por el señor Presidente de la República, en su  condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía  Nacional.    

     

 El  General Miguel Vega Uribe, Ministro de Defensa Nacional, rindió dos  declaraciones de acuerdo con el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal,  en atención a interrogatorios elaborados, el primero por el señor Juez 60 de  Instrucción Criminal y, el segundo, por el Tribunal Especial, en los cuales  hizo breve referencia al asalto del Palacio de Justicia y al operativo militar  que se puso en ejecución, bajo la responsabilidad del señor Comandante de la  Décima Tercera Brigada.    

     

 El  2 de diciembre de 1985 rindió testimonio al cual corresponden los siguientes  apartes:    

     

 «…2°  La gravedad y trascendencia del hecho, obligó a la intervención de la fuerza  pública, en cumplimiento de su deber constitucional y legal de salvaguardiar la  vida, honra y bienes de los ciudadanos y el normal y adecuado funcionamiento de  las instituciones.    

     

 3º  Le llamé aproximadamente a las 11:45 horas al señor Presidente de la República  en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Suprema Autoridad  Administrativa.    

     

4°  Los operativos militares en su planeamiento, ejecución y conducción no  corresponden al Ministro de Defensa sino al Comandante de la Operación, en este  caso el señor Brigadier General Jesús Armando Arias Cabrales, pues como resulta  de su conocimiento el Ministro de Defensa es una autoridad administrativa.    

     

 5°  Consecuente con la anterior respuesta, los detalles de la operación cumplida  deben ser informados por el Comandante de la misma. Cabe agregar que le ordené  al señor Mayor General Samudio Molina, Comandante del Ejército Nacional, que se  tomaran las medidas necesarias para salvaguardiar la integridad personal de  quienes se encontraban en el Palacio de Justicia.    

     

 6º  Recibí información de que los delincuentes introdujeron elementos inflamables y  explosivos, que utilizaron para lograr la destrucción de los archivos  judiciales e impedir el acceso a las instalaciones de la Fuerza Pública.    

     

7º  No dialogué telefónicamente ni por ningún otro medio con los subversivos o con  los secuestradores que se encontraban en el Palacio de Justicia.    

     

10.  Sí tuve conocimiento en las dependencias del Palacio de Nariño, la situación  fue valorada por el señor Presidente de la República…. (Comunicación número  6430 MD‑746, dirigida al Juez 60 de Instrucción Criminal ambulante. Las  subrayas no las trae el texto).    

     

 El  8 de abril de 1886, rindió la declaración de la cual hacen parte los siguientes  fragmentos:    

     

 «…  Para atender al requerimiento, respetuosamente remito dos (2) ejemplares del  folleto titulado “Las Fuerzas Armadas de Colombia y la Defensa de las  Instituciones Democráticas”, contentivo de mi intervención ante la  honorable Cámara de Representantes con ocasión del debate que allí se promovió  sobre los sangrientos sucesos que ustedes investigan.    

     

Creo  que mis afirmaciones ante la honorable Cámara que ahora    

doy  por reproducidas ante ustedes bajo la gravedad del juramento en los términos  del articulo 244 del Código de Procedimiento Penal, responden a todos los  interrogantes que se me formulan en el oficio que contesto en la forma y  metodología que se me recomiendan.    

     

En  la ocasión anterior en que certifiqué dentro del mismo expediente, es verdad  que omití referirme a hechos que no fueron conocidos por percepción directa y  al actuar así lo hacía obedeciendo al criterio que expongo en mi intervención  (folio 37, punto 4.5) sobre el testimonio de oídas que solo acredita el relato  escuchado por el declarante. Me pareció de la mayor importancia para la  integración que se oyera a los propios actores y a quienes por su posición  presenciaron los acontecimientos. Hoy ante su insistencia, y con la salvedad  anotada, dejo en sus manos este testimonio que es verdadero en todas sus partes…»  (folio 1979. Las subrayas no son del texto).    

     

El  folleto remitido por el señor Ministro de Defensa se encuentra agregado al  expediente y allí puede ser consultado cada vez que se necesite conocer las  actuaciones de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, cumplidas con ocasión de los  trágicos sucesos del Palacio de Justicia.    

     

El  Ministro de Gobierno, doctor Jaime Castro, acerca de la intervención del  Presidente de la República declaró:    

     

«.  . .Sobre las órdenes expedidas por el Presidente de la República (debo decir  que para mí fue claro que él siempre ejerció, sin limitación alguna, su  condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía  Nacional que le otorgan las leyes y que los Jefes de estas, como era su deber,  obedecieron las decisiones del Poder Civil. Esa condición de Comandante de las  Fuerzas Armadas se manifestó, principalmente, cuando el Presidente ordenó a la  fuerza pública actuar para lograr el restablecimiento del orden público, la  liberación de los rehenes y la recuperación del Palacio y cuando decidió no  aceptar la solicitud que algunos formulaban de suspender o cancelar el  operativo puesto en marcha para alcanzar los fines señalados.    

     

También  hubiera podido el Presidente, como prevén las normas vigentes, asumir la dirección  de las operaciones que ejecutaba la fuerza pública. No lo hizo, sin embargo, en  ningún momento.    

     

Por  ello la dirección del operativo y las decisiones relativas a naturaleza,  características y desarrollos, correspondieron a los respectivos comandantes de  las unidades del Ejército y de la Policía Nacional que tuvieron a su cargo la  ejecución de lo ordenado.    

     

Ninguna  de las decisiones por tomar era de competencia, formal y jurídicamente, del  Consejo de Ministros o del “Gabinete Ministerial”, expresión que  utiliza su oficio. Sin embargo, los Ministros, sin excepción, estuvimos muy  cerca del Presidente de la República, dada la gravedad del momento,  deliberamos, opinamos, aconsejamos una u otra decisión y de esa manera fuimos  participes o autores de las decisiones adoptadas…». (Las subrayas no las trae  el texto. Oficio número 0260 de abril 21 de 1986, dirigido al Tribunal  Especial).    

     

La  investigación avanzó con la cooperación del Brigadier General Luis Eduardo Roca  M., nuevo Comandante de la Décima Tercera Brigada, quien puso a disposición del  Tribunal Especial y de los Jueces de Instrucción, al personal en filas, bajo  sus órdenes, para la práctica de las pruebas en los propios despachos  judiciales y en las dependencias militares, a elección de los respectivos  funcionarios y de acuerdo con sus programas de trabajo. Esto hizo posible  recaudar la prueba que nos ha servido, como elementos de juicio, en buena parte  para el presente informe.    

     

Después  de las precisiones anteriores, y de la transcripción de los documentos que  acreditan la responsabilidad de las acciones militares, consideramos conducente  seguir relatando el curso del operativo en el interior del palacio.    

     

Merece  especial referencia, tratar lo concerniente al desarrollo de la actividad del  Ejército tendiente a ganar el control de las escaleras que van desde el primer  sótano, aledañas a los ascensores del costado sur y próximas a la puerta  principal de la Plaza de Bolívar, control que se hacia necesario para cubrir la  operación de la Policía Nacional a través de unidades especializadas del COPES  y el GOES que desde la terraza, derribando una puerta, debían llegar al cuarto  piso a cumplir la delicada misión de rescatar al Presidente de la Corte, doctor  Reyes Echandía y a los demás rehenes que estaban a su lado en compañía, nada  menos, que de los comandantes Otero y Aldo, primero y segundo dirigentes, en su  orden, de los guerrilleros que ejecutaron el ataque. Y no se debe olvidar que  con armas, granadas y otros explosivos rodeaban a los Magistrados con graves  amenazas de muerte y destrucción del Palacio.    

     

En  otra parte del informe se hizo un recuento de las operaciones no exitosas en  verdad-cumplidas por el personal del COPES y el GOES helicotransportados a la  terraza, al parecer porque no se consiguió el control total de las escaleras,  pues en forma sorpresiva tres francotiradores, en la oscuridad y provistos de  uniforme camuflado, circunstancias que impidieron su detención, causaron bajas  claves a los destacamentos del Gobierno, impidiéndoles coronar sus objetivos.  Uno de esos guerreros, con arrojo suicida, también fue dado de baja, según lo  hace saber un testigo al referir que su arma había sido silenciada.    

     

El  Capitán Hernando Caro Castaño, de la Policía Nacional, miembro del COPES,  declaro:    

     

«  . . . En los primeros intentos de desembarcar fuimos repelidos mediante ráfagas  de fuego que provenían del interior del edificio del Palacio de Justicia, por  lo cual tuvimos que hacer nuevos intentos hasta que desafiando el peligro  pudimos desembarcar en dicha terraza. Una vez ubicados en este sitio y dominada  la situación se procedió a tratar de penetrar al cuarto piso, lo cual pudimos  hacer por una claraboya ubicada en el costado suroriental del edificio. Una  parte del grupo nos quedamos ubicados prestando seguridad en la terraza y otra  parte efectuó el ingreso por la claraboya citada, al cuarto piso del edificio.  Después de algún tiempo de continuar escuchando ráfagas de fuego que procedían  de la parte interna del edificio, subió por la claraboya indicada el señor Capitán  Orejuela, quien me manifestó estar herido por el fuego procedente de los  elementos subversivos; estando en la terraza con él en estas condiciones, subió  otro oficial, manifestándonos que el señor Capitán Talero Cruz Héctor Anibal lo  habían matado. En estas condiciones fue necesario evacuar por helicópteros al  señor Capitán Orjuela y al Subteniente Aparicio, debido a las lesiones sufridas  en este acontecimiento. Posteriormente ingresé al cuarto piso por la claraboya  antes citada, ubicándome en compañía de otros componentes del grupo-‑oficiales  y suboficiales‑‑, encontrando el ambiente completamente oscuro en  su interior; nos ubicamos en una especie de descanso situado en el cuarto piso,  donde aparentemente terminan las escaleras que probablemente procedían del  primer piso. Allí estuvimos, en ese sitio, casi todo el tiempo en atención a  que dada la oscuridad del sitio y a la dificultad de seguir avanzando hacia las  presuntas oficinas de este piso, dificultades tales como las continuas ráfagas  de morteros y subametralladoras por espacios prolongados de tiempo, nos fue  prácticamente imposible llegar hasta esos sitios, y específicamente avanzar  desde el sitio donde estábamos, hacia el costado nororiental y noroccidental  del piso del edificio, por cuanto en tres oportunidades que intentamos rescatar  el cadáver del compañero Capitán Talero, muerto, no pudimos hacerlo, ya que  continuábamos siendo repelidos con ráfagas de fuego y al parecer los elementos  subversivos, quienes estaban bien ubicados en forma estratégica, especialmente  sobre el costado noroccidental, no permitieron en ningún momento nuestro  ingreso a estos lugares; llegamos inclusive a la conclusión aparente de que  estos delincuentes poseían armas con miras telescópicas y nocturnas, ya que en  los tres avances que cité inicialmente, en las condiciones de oscuridad que  mencioné y efectuando por parte nuestra una especie de arrastre con todas las  medidas de seguridad, fueron heridos el Cabo Segundo López López Hernán, ante  lo cual tuvimos que devolvernos, lo cual en circunstancias en que nos  encontrábamos, no podrían haberse hecho con un arma sin los anteriores  aditamentos. Se me olvidaba manifestar que en la primera incursión donde fue  muerto el señor Capitán Talero, quedaron atrapados por el fuego cruzado de los  guerrilleros, en una de las oficinas del cuarto piso, los Oficiales o los  Subtenientes Aldana, Avila Orlando Bermúdez Castillo Germán, a los cuales  también desafiando el peligro de las ráfagas de fuego, logramos rescatarlos  brindándoles seguridad, distrayendo la atención de los subversivos, a fin de  que ellos pudieran venir hacia nosotros; no obstante, en esta acción fue herido  el Subteniente Aldana, quien en compañía del Cabo López fue evacuado para que  se le prestara asistencia médica. De la misma manera logramos dominar y  asegurar el descanso del cuarto y tercer pisos de las escaleras del costado por  donde ingresamos. El ejército había dominado la situación al parecer en los  primero y segundo pisos, por cuanto después de un largo tiempo establecimos  contactos con otros miembros de nuestras unidades de la policía e igualmente  del ejército, estableciéndose posteriormente que esta zona de libre movimiento  por parte de todas las unidades que allí estaban, comunicándonos desde el  primer piso hasta la terraza del edificio por este costado. Posteriormente,  empecé a sentir calor y humo en el descanso del cuarto piso, donde siempre  permanecí ubicado. Ya en las horas de la noche, un oficial que se encontraba en  la terraza, bajó hasta donde yo estaba a comunicarme que el edificio se estaba  quemando, de lo cual no me había percatado, ya que esta área apenas si se  empezaba a sentir las consecuencias del incendio, pero al parecer en la terraza  las llamas eran alarmantes, ante lo cual la cantidad de hombres que estábamos  allí en la terraza, ya que como repito, se encontraban miembros del ejercito,  de la Policía de Bogotá, de la Dijin de Bogotá, en esta área y especialmente  los que estaban en la parte de la terraza, empezaron a bajar hacia el primer  piso del edificio; yo, en el mismo sitio donde me encontraba, traté de  comunicarme por radio con la Estación 100 de Policía para comunicar que por las  circunstancias debíamos abandonar el edificio; desafortunadamente se cortó la  comunicación y estando en medio de esta aglomeración, apareció en este estrecho  lugar, en medio de la oscuridad y la humareda, un hombre con un traje al  parecer del ejercito, ya que era de color caqui y con una máscara al parecer  anti‑gas, con un fusil en la mano, quien cuando se percató de nuestra  presencia me imagino que por tener la máscara, ya que quienes estábamos allí  difícilmente podíamos ver por el humo y la oscuridad del sitio; como decía,  este señor apareció imprevistamente al parecer de una de las oficinas de este  cuarto piso, acosado por el incendio y desesperado por el mismo, como decía  apareció imprevistamente al parecer con un fusil, accionando el arma en forma  de ráfaga contra nosotros o contra los que estábamos en ese momento en ese  sitio, donde resultaron heridos los señores CT Correa Figueroa Anatolio,  Teniente Mendieta Novoa William y Cabo Primero Almonacid Molina Dámaso, de lo  cual me enteré por los quejidos que ellos manifestaban, tendidos en el suelo, y  ante las circunstancias de lo que acababa de pasar dada la gravedad de las heridas,  ya que dos de ellos no podían siquiera moverse y la voracidad del incendio que  cada vez se hacia más intenso, nos replegamos rápidamente hacia la terraza,  donde después de muchos intentos con gritos desde la terraza hacia la Plaza de  Bolívar y con la colaboración de una canastilla del cuerpo de bomberos logramos  evacuar inicialmente los heridos para que se les prestara asistencia médica;  luego, por el costado suroccidental, con la ayuda de una escalerilla del cuerpo  de bomberos, ya que la canastilla se había trabado, logramos bajar de la  terraza hacia la carrera octava, aclarando que cuando nos encontrábamos en la  terraza fuimos objeto de nuevas ráfagas, al igual que cuando bajamos en forma  individual por las escalerillas, seguimos siendo objeto de ráfagas de fuego  desde el interior del edificio por parte de los guerrilleros…». (Folios 375,  cuarto cuaderno, Juzgado Treinta de I. C.).    

     

El  Capitán del Ejército Wladislao Reinoso Marín, Ingeniero Militar, perteneciente  a la Escuela de Ingenieros, expresó:    

     

«.  . .El ascenso se produjo a través de las escaleras que dan acceso al cuarto  piso, y de ahí hasta la terraza a través de una escalera empotrada formada por  varillas; en la terraza había también personal del GOES…Había resistencia por  parte del enemigo, inclusive en un momento determinado un bandolero se acercó  al grupo y como estaba oscuro, un agente del GOES lo confundió con un  compañero, lo tomó por el hombro izquierdo, y el tipo se voltió y le hizo una  ráfaga, con el fusil que traía, hiriéndolo a él y a tres agentes más, en ese  momento la resistencia del enemigo está concentrada en la parte norte y  oriental del edificio; ahí se logró dar de baja al guerrillero, o si no nos  quiebra a todos (sic)…cuando se producía de parte de los bandoleros, se veía  el fogonazo del arma, sin embargo yo no oí voces de Magistrados o personas que  pidieran auxilio… Cuando llegué al Palacio de Justicia creo que no había luz,  no sabría precisar quién la pudo quitar, el edificio estaba a oscuras  totalmente…». (Folio 520, tercer cuaderno, Juzgado Treinta Instrucción  criminal. Las subrayas no aparecen en el texto).    

     

El  Capitán José Vicente Olarte González, Orgánico de la Escuela de Ingenieros  Militares, declaro:    

     

 «.  . .Entré como a eso de las seis o seis y media de la tarde hacia la terraza…  Se entró por una escalera a mano derecha entrando por la puerta de la Plaza de  Bolívar, entré con el señor Capitán Barreto y el Sargento Viceprimero Bernal  Villamizar… Subimos con las medidas del caso, pero no hubo problemas porque  estaban bien aseguradas las escaleras con personal del ejército… (No  encontraron) resistencia ninguna porque como digo estaba asegurado todo;  subimos por una claraboya a la terraza, se acababan las escaleras y ahí estaba  una claraboya… Bueno yo subí por el costado sur, porque entré por la Plaza de  Bolívar y subí por las escaleras de la derecha… el resto del piso… no  estaba del todo controlado, sólo el sector de las escaleras…». (Folio 496 del  mismo Juzgado).    

     

 Por  lo visto, las fuerzas militares unificaron el control de todas las áreas  correspondientes a las escaleras y a la terraza, facilitando la evacuación de  quienes estaban allá, en momentos en que el incendio del cuarto piso destruía,  con inusitada rapidez, la parte superior del edificio. Sin este control de las  escaleras y de la zona de acceso a la terraza no habría sido posible dicha  evacuación. La otra alternativa, la de los helicópteros fue descartada por lo  avanzado de la hora y por el incendio mismo.    

     

El  planeamiento y ejecución del operativo de la terraza dio origen a expresiones  de inconformidad por parte del señor Ministro de Justicia, las cuales se  recogen en documentos del proceso que se copian en lo pertinente.    

     

 En  declaración certificada del 14 de abril de 1986, afirma:    

     

 «…Conmovido  por el acento lastimero del doctor Réyes Echandía yo propuse que se me  permitiera conversar con Andrés Almarales, de quien ya sabíamos que estaba  dirigiendo la toma del Palacio de Justicia. El Presidente y los Ministros  presentes aprobaron mi propuesta y se intento la comunicación al mismo teléfono  donde se había conversado con Reyes Echandía, entre las 5:30 y 6 de la tarde.  Momentos antes, se tuvo información del Director de la Policía en el sentido de  que el GOES estaba intentando penetrar al cuarto piso del edificio, desde la  azotea, pero que era necesario derribar una puerta de hierro y estaban buscando  el explosivo necesario para lograrlo. Ante esta información, varios Ministros  manifestamos que, como íbamos a comunicarnos con Andrés Almarales, era  conveniente se suspendiera el operativo de acceso al cuarto piso, mientras no  se lograra esa comunicación. En mi sentir, todos los presentes en el Despacho  del Presidente estuvimos de acuerdo en que eso era lo sensato y en que el  Director de la Policía debía dar la orden consiguiente. Sin embargo, algunos de  mis colegas manifiestan ahora no recordar que hubiera sido así. Con todo, se  marcó el número de teléfono donde se sabía que estaba Reyes Echandía para  tratar de localizar a Almarales y el teléfono sonó ocupado. Se repitió unas dos  veces y ocurrió lo mismo.Se marcó el número de un teléfono correspondiente a la  oficina de al lado y no respondió nadie. Se volvió a marcar el primero, y esta  vez, a pesar de que se dejó timbrar largo rato, nadie contestó al otro lado de  la línea. En esos momentos entró el General Delgado con un walkie‑talkie  en la mano anunciando que le acababan de comunicar que ya se había logrado  penetrar al cuarto piso. Yo protesté enérgicamente, por lo que califiqué un  desacato a lo acordado por los Ministros con la aquiescencia del Presidente de  la República. Dije que el Consejo de Ministros había sido puesto en ridículo y  expresé mis temores de que, por haberse desatendido la petición de suspender la  operación de acceso al cuarto piso, era muy probable que el ingreso de la  Policía al lugar donde se hallaban como rehenes los Magistrados hubiera podido  costarle la vida a estos y le dije que seguramente esa era la razón por la cual  ya no nos contestaban en la oficina donde estaban minutos antes Reyes Echandía  y los demás miembros de la Corte retenidos por los guerrilleros. A mi protesta  se sumo la de algunos Ministros, entre ellos las Ministras de Educación y  Comunicaciones. El General Delgado dijo que iba a pedir más completa información  y al poco rato regreso diciendo que mis temores de que hubieran muerto los  Magistrados a raíz de la llegada de la Policía al cuarto piso eran infundados,  pues se acababa de informar que en ese piso no se había encontrado a nadie ni  vivo ni muerto y que, al parecer, los guerrilleros se habían desplazado con los  rehenes hacia un baño que se hallaba ubicado entre el 3° y el 4° piso, en el  costado occidental del edificio. Esta información que se le dio esa noche al  General Delgado resultó falsa, pues tengo entendido que los cadáveres de varios  Magistrados, entre ellos el de Reyes Echandia, fueron hallados en el cuarto  piso y ese hecho confirma mis temores de que su muerte se produjo en momentos  en que se violentó la puerta metálica para tratar de liberar a los rehenes. Si  no hubieran muerto allí en el cuarto piso, no se explicaría cómo podían  aparecer sus cadáveres en ese piso, después del incendio.    

     

El  anterior relato corresponde a mis recuerdos de lo sucedido en las horas de la  tarde y en las primeras horas de la noche del día 6 de noviembre. El día 7, en  el Consejo de Ministros que se celebró a partir de las nueve de la mañana,  expresé que la comunicación con Andrés Almarales se había frustrado al  procederse contra la voluntad del Consejo de Ministros, a realizar el operativo  de recuperación del cuarto piso…>>. (Las subrayas no aparecen en el  original. Fol. 1612).    

     

 Sobre  el mismo particular, en la Constancia de los Ministros del 28 de enero de 1986,  se lee lo siguiente:    

     

«…En  vista de este resultado del primer contacto con los guerrilleros (conversación  telefónica con Luis Otero) el Ministro de Justicia propuso que hablaría con  Andrés Almarales, calificado miembro del M‑19, que hacia parte de los  ocupantes del Palacio, por ser su paisano y haber sido compañeros de colegio en  la infancia, con quien hasta hace unos años había conservado una relación  amistosa. Marcó con tal fin el mismo teléfono 2415015, en el que se había  obtenido la comunicación anterior. Nadie contestó a este teléfono. Se llamó  sistemáticamente a cada uno de los teléfonos de la Corte que figuran en el  Directorio, sin obtener respuesta. Quedó la impresión de que había sido cortada  toda comunicación con el Palacio.    

     

 A  las seis de la tarde llega la noticia a la Casa de Nariño de que el GOES ha podido  forzar la puerta de la azotea del Palacio de Justicia gracias a una operación  en helicóptero. Tal puerta dio a las Fuerzas Armadas el acceso al cuarto piso  del Palacio de Justicia. Varios Ministros expresaron su preocupación en vista  de que en ese piso se hallaban el Presidente de la Corte y algunos Magistrados  más como rehenes. Además el Ministro de Justicia manifestó que él y otros  Ministros habían considerado conveniente, y así lo habían expresado, que no se  prosiguieran las operaciones en el cuarto piso mientras no se agotara la  posibilidad de establecer contacto con Almarales, con miras a tratar de  persuadir a los subversivos de que desistieran de su acción criminal contra la  Corte Suprema de Justicia y de que dejaran en libertad a los rehenes…».    

     

«…(El  Ministro ) expresó sus temores de que en las primeras horas de la noche  hubieran perecido ya varios Magistrados como consecuencia de las acciones de  fuerza que habían tenido lugar en el interior de la edificación. Dijo que lo  llenaba de esperanzas la información que había recibido el Director General de  la Policía Nacional de que las unidades de GOES, al llegar al cuarto piso de la  edificación, no habían encontrado ni rehenes, ni personas heridas o muertas,  pero que sus temores no habían desaparecido del todo y pensaba que podría  estarse ya ante una tragedia de consecuencias imprevisibles. De todas maneras,  se había dado un duro golpe a una de las más importantes instituciones del  Estado de Derecho…». (Folio 1614).    

     

Un  somero y rápido análisis de las declaraciones del señor Ministro permite, para  cualquier conclusión, separar los hechos y episodios sobre los cuales declara.  Así, los atinentes al desarrollo de la histórica reunión con el Presidente de  la República y los hechos y episodios que sólo podría conocer por referencia,  es decir, los acaecidos en la terraza y en el cuarto piso del Palacio de  Justicia.    

     

Es  evidente que sobre los relatos concernientes al Palacio Presidencial, el  Ministro habla con autoridad, por haber participado en ellos, desde luego con  su personal apreciación. De consiguiente puede afirmar, como realmente lo hace,  que se enteró del plan de la Policía para rescatar a los rehenes del cuarto  piso, porque el fue explicado en la reunión por el General Delgado Mallarino;  que tal plan había sido postergado hasta que se conocieran los resultados de la  conversación telefónica que el Ministro Parejo, con autorización del  Presidente, debía celebrar con el jefe guerrillero Andrés Almarales; que  conforme a tal autorización, trató, sin lograrlo, de localizar al comandante  Almarales en el teléfono utilizado para la llamada que se hizo primero con el  doctor Reyes Echandía y después con su captor Luis Otero. Y que, mientras hacía  esfuerzos para celebrar dicha conversación fue informado por el mismo General  Delgado Mallarino acerca de la iniciación por parte del GOES del operativo de  rescate de rehenes por la terraza y que tal noticia, había sido recibida con  voces de inconformidad.    

     

Nadie  ha desvirtuado la declaración del Ministro sobre estos hechos. El Tribunal hace  la salvedad, únicamente, sobre la apreciación del Ministro que atribuye al  guerrillero Almarales la calidad de Máximo Jefe responsable de la toma cruenta  del Palacio y que, por tanto, trató de localizarlo en la misma oficina en donde  se había conversado con Reyes Echandía, cuando en verdad, tal calidad, la de  comandante máximo, correspondía a Luis Otero. Almarales, como ya se ha dicho,  se encontraba al frente de otros grupos de guerrilleros, pero de menor  jerarquía, en el costado norte del edificio (escaleras y baños del segundo al  cuarto piso).    

     

La  declaración del Ministro de Justicia, en cambio, no tiene el mismo mérito en lo  que respecta a hechos y aconteceres que personalmente no pudo conocer, ya que  únicamente se limita a elaborar deducciones y suposiciones que no tienen  soporte en la realidad. En el proceso está demostrado que el doctor Alvaro  Villegas, Presidente del Senado, a las 7:15 de la noche celebró conversación  telefónica con el doctor Reyes Echandía. Mal podría, entonces, haber muerto a  las cinco de la tarde “en momentos en que se violentó la puerta metálica  para tratar de liberar a los rehenes”. No hay duda, que de haber ocurrido  alguna muerte, Reyes Echandía la habría comunicado en su conversación con Villegas.  De otra parte, se sabe que los guerrilleros acompañados por el doctor Reyes y  los otros rehenes en más de una ocasión cambiaron de oficina. Uno de estos  cambios lo refiere el consejero Valencia Arango. Cualquier afirmación que se  haga sobre este particular, es sencillamente una conjetura, explicable por la  preocupación del Ministro por lo que estaba aconteciendo.    

     

 Antes  de considerar lo relacionado con el incendio del cuarto piso, y referida la  operación del COPES y del GOES, en la terraza del Palacio de Justicia, es de  suma importancia extractar y resumir, muy brevemente, apartes de conversaciones  telefónicas celebradas por los rehenes con familiares y amigos. Igualmente, de  unas pocas llamadas que aparecen hechas o respondidas por personas que se  identificaron como guerrilleros.    

     

La  señora Haydee Cruz de Velásquez, esposa del Magistrado Darío Velásquez Gaviria,  escuchó los primeros disparos del ataque al Palacio, por encontrarse en ese  momento conversando con su esposo; expresó que tuvo oportunidad de hablar con  él varias veces y que en la última llamada que le hizo contestó Luis Otero.    

     

«…  En el momento, declaró la señora de Velásquez, estaba yo conversando con él por  teléfono, minutos antes de la toma, yo oí los primeros disparos por teléfono .  . . En una de las llamadas que tuvimos empezamos a hablar sobre sus papeles  personales… cuando ya se inició el incendio en el archivo, volví a llamarlo  para saber si su oficina estaba muy inundada de humo, él me dijo que poco se  sentía el humo en el cuarto piso. Y a mi última llamada que intenté hacer me  contestó el propio Luis Otero, al cual al notar su voz distinta, le pregunté  con quien hablaba, él me preguntó que a quién necesitaba y le contesté que a un  magistrado, pero no quise dar su nombre, por no exponerlo más a su  identificación y ya después me hice la que no me daba cuenta de lo que estaba  sucediendo y le pregunté a sabiendas que si él trabajaba allí, para desviar la  conversación, me contestó que si no sabía lo que estaba pasando y que él era  Luis Otero, el comandante de esa operación, que desocupara la línea, que la  estaba necesitando, en ningún momento le oí su voz altiva, sino normalmente,  entonces hasta allí pude yo tener contacto con la oficina» (folio 286, primer  cuaderno del Juzgado 77 Inscriminal).    

     

En  esa conversación telefónica, Otero despejo cualquier duda sobre la suprema  dirección del operativo subversivo y como algo curioso, se identificó con su  verdadero nombre, al tiempo que la gran mayoría de sus compañeros se escudaron  en apelativos de combate.    

     

El  comandante Otero, en respuesta a un interrogatorio telefónico formulado por un  periodista de una cadena radial, insistió en su jefatura y reveló que el  guerrillero Aldo ocupaba una segunda posición de mando. Además, hizo otras  precisiones que juzgamos conveniente transcribir parcialmente, así:    

     

 .  . ¿Quién es el jefe de la operación?    

     

‑‑Luis  Otero.    

     

 ¿Quién  es el subcomandante?    

     

‑‑El  comandante Aldo.    

     

¿  Quiénes más están ? Almarales está allí ?    

     

‑‑Sí,  Andrés Almarales está…    

     

 ¿  Cuál es la tarea ?    

     

‑‑Poner  una denuncia ante el gobierno que ha traicionado al pueblo colombiano.    

     

¿  Qué conversaciones han sostenido ustedes ?    

     

¿  Cómo va a ser el procedimiento?    

     

‑Pues  el grupo quiere hablar con los magistrados de la Corte.    

     

 ¿Cuál  es la petición fundamental de ustedes?    

     

‑‑Hacer  un juicio al Gobierno. Que publiquen la demanda que tenemos. Que publiquen la  proclama del pueblo colombiano.    

     

¿  Y tienen suficientes municiones?        

     

‑‑Estamos  bien…            

     

 ¿Usted  no tiene cerca al Presidente de la Corte?    

     

‑‑El  ha hablado con todo el mundo, ha hablado con el General de la Policía con el  Presidente del Congreso, con Generales, etc. Llame al 2415015 y allá puede  hablar con el Presidente de la Corte.    

     

 ¿  Usted quiere enviar algún mensaje a las autoridades, al Presidente?    

     

‑‑Nosotros  estamos pensando cumplir una tarea que el pueblo y el M‑l9 que es tener  toda una denuncia armada dentro de la Corte para juzgar a este Gobierno por  traición a los pactos de Medellín, Hobo y Corinto. Estamos dispuestos a vencer o  a vencer….    

     

¿Podemos  decirle a los colombianos que ustedes van a respetar la vida de los Magistrados  y de las personas que están allí?    

     

‑‑La  vida de los Magistrados depende de las fuerzas enemigas, del Ejército  colombiano que quiere masacrarnos . . . >> (Reportaje con el periodista  José Israel Charry del Grupo Radial Colombiano, que sólo fue publicado en El  Tiempo del día 7 de noviembre de 1985, página 7A).    

     

 El  llamado comandante Otero, realmente, actuó en ejercicio de la dirección máxima  del asalto y, por esa razón estuvo con el Presidente de la Corte en el cuarto  piso del Palacio.    

     

Alfonso  Jacquin hizo igualmente declaraciones a la prensa en respaldo de los objetivos  subversivos. Importa esta referencia, únicamente, por haberlas hecho con el  mismo teléfono que utilizaron los Reyes, Medina y Medellín y el guerrillero  Otero.    

     

La  señora Carmen Mendoza de Gnecco, esposa del Magistrado José Eduardo Gnecco  Correa, declaro:    

     

«El  me llamó faltando más o menos un cuarto de hora para las doce del seis de  noviembre, pues, para decirme que había un tiroteo impresionante en el primer  piso, que llamara a la Policía, yo no me había dado cuenta de nada porque  estaba era viendo televisión, no tenía el radio prendido. Yo llame a la policía  y me dijeron que ya habían mandado refuerzos, que ya estaban enterados.  Inmediatamente lo llamé y le pregunté que él dónde estaba en ese momento y me  dijo que detrás del escritorio con Hermógenes Cortés, el Secretario de él, que  tirados por el suelo y que estaban muy impresionados, pues que llamara a los  hijos y les comunicara y ellos sabían y todos se vinieron para mi casa, después  lo volví a llamar y me dijo que se encontraba preocupado porque la hija mayor  había estado en la Corte unos 15 minutos antes, que él la había visto, se llama  Carmen Elisa Gnecco quien es abogada, entonces yo la llame a ella a la  oficina… y ella no sabía nada porque acababa de llegar a la oficina y le  comuniqué lo que estaba pasando y que llamara a su papá porque él estaba  preocupado por ella, ella lo llamó y se vino, pues para acá para la casa.  Después estuvimos llamando, pero el teléfono sonaba ocupado, él le manifestó a  Carmen Elisa que no llamaran sino que él llamaba, para que no se dieran cuenta  que había gente en la oficina y él se estuvo comunicando con nosotros y hablaba  con las hijas y decía que había mucho humo, eran como las tres o cuatro de la  tarde, ellas dijeron que rompiera los vidrios para que saliera el humo, esta  conversación era con las niñas, porque llamó y dijo que en la oficina de la doctora  Fanny González se oían voces y ruidos, como quedaba al lado de la de el, que  posteriormente los guerrilleros habían entrado allí y casi enseguida llamó para  decir que ya habían entrado los guerrilleros a la oficina y que iban con la  doctora Fanny, con el doctor Carlos Medellín y con la Secretaria de la doctora  Fanny González, Cecilia Concha. El habló con mi hija Carmen Elisa y le dijo que  una guerrillera quería hablar con ella, oí cuando mi hija le dijo: “Por  favor no le hagan nada a mi papá, no le hagan daño a nadie de la Corte que  ellos no tienen nada que ver con lo que ustedes están buscando… Desde ese  momento no supimos más de él. Después, creo que las niñas llamaron, no le se  decir, doctor, pero no pudimos saber más de él Ah, que los iban a reunir a  todos en un lugar seguro…» Las Subrayas no están en el texto (Folio 282  juzgado 77 Inscriminal).        

     

La  doctora Carmen Elisa Genecco Mendoza, hija del Magistrado doctor Gnecco,  expresó:    

     

 «.  . . A las cinco y veinte él llamó… aproximadamente diez minutos más tarde  volvió a llamar y nos dijo que los guerrilleros acababan de entrar a su oficina  y lo habían tomado como rehén, nos dijo: “ahora solo queda esperar a que  el Gobierno dialogue. Estamos en manos del Gobierno. Ojalá esto no sea muy largo”.  En ese momento le quitó el teléfono una de las guerrilleras quien me dijo que  la intención de ellos no era hacerle daño a ninguno de los Magistrados de la  Corte, yo le supliqué que dejara libre a mi padre que el no tenía nada que ver  con los problemas políticos y que el había sido una persona ajena a cualquier  política del gobierno, así que lo dejaran ir. La guerrillera me contestó que no  me preocupara que ellos iban a poner a los Magistrados en un sitio seguro…»  (Folio 181, Juzgado Noveno de Instrucción Criminal).    

     

La  señora Martha Gilma Henao de Montoya, esposa del Magistrado doctor Horacio  Montoya Gil, declaró:    

     

..  Yo le hice una llamada a la oficina, eran como las ocho u ocho y medía de la  noche más o menos… yo lo noté nervioso, me dijo que estaba sentado sobre el  teléfono y debajo del escritorio recibiendo las llamadas y que esperando a ver  quien llegaba primero, si la guerrilla o el Ejército y le dije que rezara que  yo también estaba rezando y me dijo que sí, que él estaba haciendo eso y no fue  más. . . después de las nueve de la noche, bregué mucho a comunicarme con él y  no entró la llamada. No pude comunicarme más. Mi esposo y yo fuimos a misa de  seis y media de la mañana de ese día seis, comulgamos, llegamos a la casa, él  desayunó y ahí mismo lo recogió el chofer y salió para la Corte, más o menos a  las siete y veinte…» (Folio 161 del Juzgado Noveno).    

     

 La  doctora María Ximena Medina Rodríguez, hija del Magistrado Ricardo Medina  Moyano, también conferenció repetidas veces con su padre:    

     

«…  En la casa nos enteramos de la toma del Palacio por mi hermano Alvaro, quien  llamó de Medellín, inmediatamente yo llamé a mi papi, e inmediatamente él me  ratificó que la toma había sido efectuada y que no podía negarme, que había  tiroteo. No pudimos hablar más y de ahí en adelante más o menos cada media  hora, tratábamos de comunicarnos, siempre estaba tranquilo, siempre era él el  que nos tranquilizaba. A las cuatro de la tarde se tuvo la última comunicación;  en esa conversación, él ya se encontraba acompañado por integrantes de la  guerrilla y lo sé porque al nosotros preguntarle con quién se encontraba nos  dijo qué con unos amigos, le preguntamos qué amigos y nos dijo que unas  personas desconocidas habían pasado por la oficina y habían resuelto hacerle  compañía. Todo esto para tranquilizarnos. Fue lo último… Después de las  cuatro, cuando perdimos toda comunicación con mi papi, tratamos de llamar a las  otras oficinas, especialmente a la del doctor Medellín y en ninguna nos  respondieron…» (Folio 279 Juzgado 77 Inscriminal).    

     

 La  señora Susana Becerra de Medellín, esposa del Magistrado doctor Carlos  Medellín, manifestó:    

     

 «…  La última vez que hablé con él, le pregunté cómo se encontraba, yo lo noté un  poco nervioso, sin embargo él decía, yo tengo mucha fe en estos muchachos que  no nos van a hacer nada, yo creo que cuando decía “estos muchachos”  se refería a los guerrilleros, el le tenía miedo más bien a los  narcotraficantes, pero nunca a los guerrilleros,tal vez por eso era tan  confiado…me dijo que el humo del incendio que había en el primer piso ya  estaba subiendo al cuarto piso, entonces yo le comenté: Mira, por qué no ponen  unas toallas mojadas debajo de la puerta para que no se les entre el humo, en  primer lugar los baños quedaban muy lejos de las oficinas, después le comenté  qué no trataban de abrir las ventanas para que entrara el aire y saliera el  humo, me contestó que las ventanas son de seguridad y no se pueden abrir,  entonces estaba atrapados, por último me dijo, espero la camioneta ya que se  vengan por mí, que no se de moren … y no volvimos a hablar más… después ya  me comuniqué con mis hijos, bastante tarde, les comente lo que estaba pasando,  entonces Carlos Eduardo, mi hijo mayor, me dijo: en este momento estamos viendo  por televisión que está entrando un tanque, él cogió el teléfono y desde allá  (París) se comunicó con el Palacio de Justicia, él habló con una guerrillera  por teléfono, él habló y preguntó, dijo hablan con Carlos Medellín y le  contestó una guerrillera: no puede ser porque Carlos Medellín está acá, él le  dijo (que) yo soy el hijo de él y les advirtió tengan cuidado porque ustedes no  saben con quien están tratando, ellos son los Magistrados de la Corte, le dijo  a la guerrillera, ella le contestó estén tranquilos que nosotros no venimos a  matar… venimos a dialogar… tal vez le recomendó al papá. Después fue el  caos».-(Folios 184 y ss., Juzgado Noveno Inscriminal)    

     

El  doctor Yezid Reyes Alvarado, hijo del Presidente de la Corte, doctor Alfonso  Reyes Echandía, declaró:    

     

 «…Finalmente  hacia las tres y media de la tarde, del seis de noviembre, obtuve comunicación  con mi padre, en el 2415018, quien me manifestó estar en poder de miembros del  M‑19; me dijo que se encontraba bien y que era indispensable obtener de  parte del Gobierno un cese inmediato del fuego y que para ello el trataría de  comunicarse con las personas que el conocía, pero que yo tratara de hacer lo  mismo. Unos minutos después, cuando yo no había obtenido ningún resultado  positivo, volví a comunicarme con mi padre y me dijo haber hablado con el  Director General de la Policía y con el Director del Departamento  Administrativo de Seguridad, quienes le habían ofrecido conseguir el cese al  fuego; me manifestó no haber obtenido comunicación con el señor Presidente de  la República y señalo que probablemente la orden de cese al fuego no habría  llegado al Palacio de Justicia por algún inconveniente y que él seguiría  tratando de comunicarse con miembros del gobierno. Varios minutos después  obtuve nuevamente comunicación con él y me manifestó que seguían disparando y  que si el ejército entraba a Palacio, se iba a producir una hecatombe. Fue  entonces cuando yo le propuse ponerlo en comunicación con varias cadenas  radiales para que públicamente hiciera la petición de cese al fuego. Esa fue la  última conversación que tuve con mi padre, pues con posterioridad ninguno de  los teléfonos del cuarto piso parecía funcionar, esta última comunicación se  produjo más o menos entre cuatro y media y cinco de la tarde…» (Folio 271  Juzgado 77 Instrucción Criminal).          

     

El  doctor José Otoniel González Franco, hermano de la Magistrada de la Sala  Laboral, doctora Fanny González Franco, declaró:    

     

«  … Le dije ¿y para afuera no se ve nada? y dijo ella, no, nosotros no nos  hemos asomado, pero oiga la balacera que hay por allá abajo, y entonces se ve  que ella retiraba la bocina para que yo oyera; cuando en esas tocaron a la  puerta; Fanny dijo: Cecilia, pregunte quién es y qué quiere; Cecilia gritó:  ¿Quién es? y yo oí cuando de afuera dijeron: “Abra la puerta”; Fanny  volvió y le dijo a Cecilia que volviera a preguntar quiénes eran y qué querían;  Cecilia preguntó más duro y de afuera contestó un señor… “Somos  guerrilleros del M‑19 y queremos dialogar con la Magistrada”; cuando  Fanny oyó esta respuesta me dijo: ya me denunciaron como Magistrada; de afuera  seguían gritando que abrieran porque tumbaban la puerta; yo oía perfectamente  golpes como de culata contra los vidrios de la oficina, entonces le daban  parecía que con culata porque los golpes eran muy fuertes… Colgó el teléfono,  colgué el mío y en mi reloj eran las cuatro y treinta y seis minutos, y ahí se  me dio el presentimiento de que algo malo iba a pasar y quise saber a qué horas  había terminado la conversación con ella…>> (Folio 242, Juzgado Noveno  Instrucción Criminal).    

     

Los  autores de este informe se resistían a mostrar la intimidad de los diálogos  llenos de ternuras, preocupaciones, angustias, pero a tiempo que comprendían la  necesidad de una estricta comprobación de la cronología de los acontecimientos,  también supieron ver en estas últimas manifestaciones de su vida familiar, la  grandeza de alma de estos magistrados que en el centro de la mayor tragedia,  víctimas inocentes, sus preocupaciones se dirigían al cuidado de sus hijos y a  la tranquilidad de sus familias…    

     

Las  cadenas radiales que hacían el cubrimiento de los horrorosos hechos, lograron  establecer, con frecuencia, diálogos con los rehenes. Tales grabaciones fueron  facilitadas a la investigación en cumplimiento del Decreto 3300 de 1985.  De algunas de ellas, la Sección de Contrainteligencia de DIJIN hizo las  correspondientes transcripciones, que aparecen incorporadas al expediente.  Obviamente, las consultamos con sumo cuidado, conscientes de que constituían  pauta para establecer la cronología de los hechos y reunir informaciones  verdaderamente útiles a la instrucción.    

     

 En  el operativo guerrillero del Palacio de Justicia, uno de los aspectos que más  impacto produjo fue el psicológico, pues, las amenazas siempre se hicieron  presagiando la destrucción del Palacio y la muerte de guerrilleros y rehenes,  para la eventualidad de que el Gobierno se empeñara en darle al conflicto una  solución armada. Fue así como se hicieron llamadas a los medios de comunicación  con mensajes de naturaleza terrorista, y en el mismo sentido circularon  versiones y rumores, en grabaciones y en escritos, que hacían inminente el  cumplimiento de tales amenazas. Las gentes estuvieron atemorizadas en la  creencia de que al ataque del Palacio de Justicia seguirían otros, de igual o  mayor magnitud en diferentes lugares, mediante acciones sorpresivas coordinadas  para efectividad de los planes trazados.    

     

Cuando  se conocieron las noticias sobre el empleo de bombas, granadas y explosivos de  gran potencia, las gentes empezaron a creer en la seriedad de las amenazas y  angustiadas pronosticaban una gran tragedia. Todos los temores se multiplicaron  por efecto lógico de los incendios que empezaron a desatarse, lo que permite  imaginar las difíciles condiciones que se crearon en el interior del edificio,  agravadas por los gases y el humo producido por algunos artefactos que se  utilizaron en los combates.    

     

La  investigación se orientó, naturalmente, a indagar las causas del incendio y su  autoría. Hasta ahora, no ha sido posible ninguna comprobación sobre el  particular. Lo cierto fue que hubo varios, a distintas horas y en diferentes  sitios, los cuales se produjeron durante los dos días de la toma del edificio,  siendo naturalmente el peor, el que se presentó el miércoles seis en las horas  de la noche.    

     

La  prueba recogida permite indicar que, por lo menos, hubo incendios en el sótano,  con destrucción total o parcial de vehículos, en el primer piso, en una oficina  contigua a la biblioteca, en el auditorio, y finalmente el grande, que se  inició, al parecer, en el piso cuarto, que a la postre fue el que con furor  semidestruyó el Palacio. En respaldo de nuestro aserto, acudimos a testimonios  que en lo pertinente, transcribimos a continuación.    

     

La  doctora Aydée Anzola Linares, Consejera de Estado, declaró:    

     

«…  Más adelante, cuando comenzó a entrar el olor de los gases lacrimógenos nos  salimos de mi oficina arrastrándonos, para pasar a la siguiente, y allí nos  dimos cuenta de que ya el incendio había comenzado y sentíamos que se estaban  quemando los libros y demás cosas que había en el primer piso pues se sentía el  chirriar de las llamas y éstas subían, subían de dicho piso al tercero y  también bajaban lenguas de fuego del cuarto piso hacia abajo. Es decir,  estábamos cercados por el tronar de las balas, de las metralletas, de las  tanquetas que hacía rato ya las habían introducido al Palacio de Justicia y por  las bombas que hacían estremecer al Palacio de Justicia. Ante esta situación  pensamos con mis colaboradores que no teníamos medio distinto que el de salir  arrastrándonos por el corredor que ya estaba envuelto en llamas y lleno de  vidrios. . . ». (Las subrayas no las trae el texto. Fol. 163, Juzgado 27).    

     

El  señor Carlos Julio Vargas Patiño, archivero del Consejo de Estado, declaro:    

     

«…  El día miércoles 6 de noviembre permanecimos como hasta las 4 y media de la  tarde cuando sentimos unos estallidos de unas bombas y por radio se decía que  era que habían incendiado unos automóviles del primer sótano. Me acerqué  sigilosamente a la puerta de entrada al archivo y observé que había uno o dos  carros en llamas en la parte sur del sótano. Como a las cinco de la tarde  empezó la humareda, que a las cinco y media ya se hizo insoportable; volví y  prendí el radio y me di cuenta que el ejército ya estaba sacando a los  empleados rehenes que se encontraban adentro. . . ». (Folio 494, Juzgado 30).    

     

 La  doctora María Helena Giraldo Gómez, relatora del Consejo de Estado, declaró:    

     

 «…  Nuestra Ventana en la oficina fue tumbada por una bomba que yo creo que era  como una bazooka. Susana Forero, otra Auxiliar de Relatoria se retiró un  momento a un baño provisional que habíamos hecho y vino alarmada a contarnos  sobre un incendio que comenzó en el Auditorio del Palacio, cerramos la puerta,  continuaron también como dos horas la misma situación, decidimos entre todos  irnos para el primer piso de nuestra oficina y nos alojamos en la mía ya que el  altillo pertenece al cuarto piso; continuábamos en ese estado de guerra.».  (Folio 27, Juzgado 30).    

     

 La  doctora Nubia González Cerón, Abogada Relatora del Consejo    

de  Estado, dijo:    

     

«…  Mi Secretaria Susana Forero, quien había salido al hall del mismo mezzanine,  nos avisó que según ella, en el hall había demasiado humo y que tal vez era un  incendio. Nosotros no le prestamos demasiada atención en razón de que ella era  la persona más nerviosa de las que nos encontrábamos allí; sin embargo, pasados  unos diez minutos de la voz de alerta del incendio, decidimos asomarnos al hall  del mezzanine y evidentemente el humo era de tal magnitud que no nos permitía  ver ni respirar. Quiero advertir que nunca vimos llamas, por lo que concluimos  que posiblemente, el incendio provenía del salón de luces del Palacio de  Justicia, el cual quedaba colindando con la Relatoría en el tercer piso, sobre  la carrera 8ª con calle 11, diagonal a la Alcaldía. De todas maneras, de la una  a las cinco de la tarde el humo invadió totalmente al mezzanine y la oficina de  la Relatoría a tal punto que estabamos casi asfixiados. . . ». (Folio 45,  Juzgado 77).    

     

El  soldado Dairo Humberto Arboleda Calle, de la Escuela de Artillería, dijo:    

     

«.  . . Entramos directo a la biblioteca, entramos por la puerta principal ya que  estaban adentro dos tanques y a la entrada había otro tanque, después de que  entramos a la biblioteca ahí duramos harto tiempo sin salir, hasta cuando mi  Mayor dijo qué subiéramos al segundo piso… nosotros le dijimos que de pronto  cuando fuéramos subiendo nos mataban, pero sin embargo nosotros aceptamos  subir, nosotros arrancamos y de primera iba mi Teniente Villamizar y ahí fue  cuando lo mataron cuando dio el primer paso a empezar a subir la escalera del  fondo, nosotros retrocedimos ahí mismo, nos devolvimos para la biblioteca y ahí  nos estuvimos toda la tarde hasta las seis de la tarde que principiaron a tirar  explosivos hacia ese lado del edificio. . . nosotros salimos de la biblioteca y  nos metimos en una oficina siguiente, ahí duramos como media hora, salimos de  ahí porque se estaba prendiendo y fue cuando mi Mayor (dijo) que nos saliéramos  para fuera (sic)…>>. (Folio 116, Juzgado 30 de Instrucción Criminal).    

     

La  señora Rosalba Marín de Henao, Auxiliar del Magistrado de la Corte Suprema de  Justicia, Horacio Montoya Gil, declaro:    

     

«…  Después el doctor Murcia Ballén y Yolanda, la Auxiliar, se pasaron para la  oficina de nosotros, yo en medio de mis nervios me asomaba cada rato a la  puerta y vi que el cuarto piso estaba incendiado y pasaban las llamas al  tercero, le dije al doctor Horacio que se estaba incendiando el tercer piso y  que nos saliéramos… Hasta ahí me di cuenta, porque me comentaron mis  compañeras que yo me había desmayado, lo cierto fue que yo aparecí después en  uno de los baños sin recordar qué piso, me estaban auxiliando dos guerrilleros  de esos del M‑19 el uno me sostenía y el otro me daba un vaso de agua con  una pasta…>> (Folio 359, Juzgado 30).    

     

El  doctor Pablo Mariño Angel, Auxiliar del Magistrado de la Sala Civil de la  Corte, doctor José Alejandro Bonivento Fernández, declaró:    

     

«…  El humo nos obligó a salir, no nos permitió en un primer momento ver dónde se  había originado el incendio, pero cuando estuvimos en la Casa del Florero,  pudimos ver con claridad que el incendio se propagaba desde el cuarto piso, de  tal manera que el material que se quemaba, caía sobre los restantes pisos,  cobijando todo el material inflamable… Es muy difícil precisar quién (sic) y  cómo se origino el incendio. Antes de él, se escucharon varias explosiones  sumamente fuertes…». (Folio 114, Juzgado 77).    

     

El  Capitán del Ejército José Ismael Sierra Sierra, del Grupo Mecanizado Rincón  Quiñones, declaró:    

     

«..  . El incendio en el edificio se inició, calculo más o menos a las 9 de la noche  en el sector que queda sobre la carrera séptima, iniciando en la parte de atrás  hacia el frente, y hasta la puerta principal… Al iniciarse el incendio  llegaron los bomberos y mientras unos trataban de sofocarlo, otros con una  máquina evacuaron un personal que se encontraba en la azotea, no sé si  pertenecían al cuarto piso o serían los que bajaron inicialmente en el  helicóptero, vi personal del ejército y de la policía, los helicópteros eran de  la policía. . . ». (Folio 481, Juzgado 30).    

     

El  Sargento Segundo Ariel Grajales Bastidas, de la Escuela de Artillería, declaro:    

     

«.  . . Los guerrilleros incendiaron el cuarto piso, a las cinco y cuarenta y cinco  de la tarde y luego nos empezaron a lanzar libros encendidos y simultáneamente  incendiaron el cuarto piso, esa gente estaba enloquecida allá, simultáneamente  al incendio empezaron a salir rehenes del cuarto piso hacia el tercero  protegidos con mesas y sillas gritando que nos dispararan que eran rehenes,  entre ellos se encontraba un Magistrado, era un gordo. . . como diez minutos  antes de que los guerrilleros empezaran a botar libros prendidos, se sintió un  olor como a bazuco, y de la parte norte del tercer piso se escuchaba una voz  femenina que gritaba suba botas negras que tengo dos mil tiros para ustedes,  después se supo que esa mujer tenía una ametralladora porque desde ahí  disparaba, inclusive ahí cerquita donde yo estaba, mató a uno del GOES, lo mató  de una ráfaga de ametralladora… Yo creo… ella fue dada de baja como a las  cinco de la tarde por personal del GOES, en esta oportunidad el GOES recibió  como dos bajas de parte de los disparos de la ametralladora de esa mujer…  Desde el tercer piso parte oriental… parte suroriental, donde me encontraba,  puedo afirmar que el incendio se inició desde el cuarto piso cuando empezaron a  lanzar libros encendidos hacia los pisos inferiores y fue ahí cuando se inició  todo el incendio.. .». (Folio 86, Juzgado 30).    

     

El  Capitán del Ejército Wladislao Reinoso Marín, declaro:    

     

«…Se  originó (el incendio) en el cuarto piso en el sector nororiental, algún tiempo  después de que nos encontrábamos allá en la terraza, yo pienso que los  bandoleros al verse asediados desde ese punto crítico, en forma astuta pensaron  en desalojarnos ocasionando el incendio, lo que lograron por cuanto que todos  los que nos encontrábamos en la terraza debíamos evacuarla a consecuencia del  mismo…». (Folio 520, Juzgado 30).    

     

Al  Presidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo le  comentaron, sin recordar quien, que el incendio se inició en las primeras horas  de la noche “en los lados de la biblioteca”:    

     

«…  Durante la tarde sentí olor a pólvora pero no el de cosas o muebles  incendiados. Afirmo lo anterior porque sólo vine a darme cuenta del incendio  real a eso de las diez de la noche, cuando a través de la ventana de mi oficina  que daba a la carrera 7ª Vi la silueta del incendio reflejada en los vidrios y  sobre el techo… cuando me di cuenta que teníamos que salir porque íbamos a  morir achicharrados, pensé hacerlo en dirección norte… que ese sector ya  estaba en poder del ejército. Al fin no pude hacerlo porque las llamas ya en  ese instante cubrían la parte externa de la oficina del doctor Samuel Buitrago.  Esto nos hizo dirigir hacia el sur, es decir, hacia el costado que da a la  Plaza de Bolívar… No tengo una idea clara de cómo y por dónde se inició el  incendio. Cuando hablo de las diez o diez y media de la noche me refiero a la  hora en que vi las llamas, pero esto no me permite afirmar que a esa hora se  inició porque mi ubicación no me lo permitía y mi área de visibilidad era muy  reducida. Oí comentar, pero no recuerdo a quien, que el incendio se inició en  las primeras horas de la noche en los lados de la biblioteca. A pesar de que  tenía una pequeña visibilidad hacia ese lado no vi llamas y las primeras que vi  estaban localizada en el techo del edificio. Como dije atrás, durante la noche  oí muchísimas explosiones, dos de ellas de especial magnitud; a eso de las ocho  o nueve de la noche sentí una explosión que me llamó más la atención porque  primero se oyó la fractura de los vidrios y a continuación el estallido con una  onda luminosa, como si el artefacto viniera del exterior. También estalló una  bomba en el primer piso, hacia el costado sur, que despidió mucho humo negro  pero no vi llamas…» (Folios 1824 y siguientes).    

     

 El  doctor Julio César Uribe Acosta, Consejero de Estado, declaró:    

     

 «…Jamás  pensé en un incendio del Palacio pero hacia las diez y cuarto de la noche, más  o menos, volví a aventurarme saliendo de mi despacho a la oficina de mi  Secretaria, y en ese momento vi cuando algo lanzado del costado oriental y tuve  la impresión que de la parte baja, esto es, del primer piso. pegó en el techo  de madera que daba sobre el pasillo del Palacio, produciéndose un incendio tan  rápido e impresionante que inmediatamente me determinó a salir, corriendo todos  los riesgos. Le dije a las personas que estaban en mi oficina, me voy porque  prefiero morir de un balazo y no incinerado…>> (Folio 110, Juzgado 27).    

     

El  9 de noviembre los Peritos Químicos Forenses, doctora Luisa Mireya Diaz de  Ramírez, Jefe del Departamento de Criminalística, y Fernando Suárez Glaser,  Químico del Instituto de Medicina Legal, acompañados del Director y del  Subdirector del Instituto, practicaron una inspección en el Palacio de Justicia  por encargo del Ministro del Ramo, doctor Enrique Parejo González.    

     

Del  informe rendido por dichos expertos son los siguientes apartes:    

     

«Se  tomaron de diferentes sitios y pisos del Palacio catorce (14) muestras en  total, relacionadas así:    

     

 Cinco  (5) muestras correspondientes a pedazos de alfombras tomados en diferentes  sitios y pisos del edificio.    

     

Cuatro  (4) muestras abundantes de madera quemada, carbonizada y semicalcinada,  recogidas en diferentes pisos.    

     

Una  (1) muestra de material quemado, tomada de varias sillas o poltronas del  Auditorio del Palacio.    

     

Una  (1) muestra tomada del suelo del cuarto piso de pedazos de vidrio de seguridad,  semifundidos por el calor del incendio.    

     

Una  (1) muestra recogida del piso, de papeles quemados, tomados al pie de un  archivador destruido por el incendio.    

     

Una  (1) muestra de escombros varios, recogidos del cuarto piso.    

     

Una  (1) muestra de dos frascos ampollas de vidrio, sellados, conteniendo polvo  blanco, y un frasco gotero plástico con liquido recogidos entre el 2º y el 3er.  pisos>>.    

     

 El  resultado de la investigación realizada se resume en una sola frase:    

     

 «En  ninguna de las muestras seleccionadas e investigadas se encontraron residuos de  combustible».    

     

Este  mismo dictamen tiene una gran utilidad porque él da fe de la intensidad del  incendio, cuando dice:    

     

Dentro  de las muestras recogidas en el Palacio de Justicia se relacionaron unos  pedazos de vidrio de seguridad de los ventanales, semifundidos o ablandados por  el alto calor del incendio; el vidrio común funde a 1.000 grados centígrados;  algunos vidrios se ablandan a 810 grados centígrados esto da una idea de las  altas temperaturas alcanzadas en el incendio». (Folio 567 del Cuaderno Base).    

     

A  este fenómeno de la intensidad debe agregarse el de la duración. Porque, según  el Magistrado Nemesio Camacho, a las siete de la noche del día miércoles, ya  estaba en llamas el cuarto piso y el incendio se prolongó aproximadamente hasta  las tres de la mañana del día siguiente.    

     

 El  Juez 77 de Instrucción Criminal practico una diligencia de inspección sobre el  armamento utilizado por las fuerzas militares en la recuperación del Palacio y  efectuó pruebas de muy diversa índole con las armas, granadas, bombas, etc.  Para las comprobaciones se crearon condiciones de especial riesgo, como las de  empapar en gasolina los blancos sobre los cuales se disparaba o se hacía  estallar bombas y granadas. En ningún caso se produjo combustión.    

     

Con  mucha amplitud se interrogó a todo el personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá  que participó en las labores de extinción del incendio. El Juzgado 89 de  Instrucción fue comisionado para dar cumplimiento al auto que en tal sentido se  dictó el 13 de enero. Sobre esta prueba hay todo un cuaderno de testimonios y  diligencias varias practicadas por dicho Juzgado.    

     

Repetimos  que la investigación en lo que concierne a los incendios, no ha dado sus frutos  en el sentido de señalar causas o autores; por tanto sería aventurado hacer  pronunciamientos sobre este particular.    

     

La  fuerza de incendio cambió las condiciones de permanencia de las personas,  combatientes o no, que se encontraban en el Palacio de Justicia, obligando a  varios de los rehenes sobre todo los que se hallaban en el tercer piso, a salir  de sus refugios para evitar la muerte por asfixia o por incineración.  Despavoridos, corriendo el riesgo de ser alcanzados por las balas, se  dirigieron, como pudieron, unos hacia el descanso o hall de las escaleras  ubicadas en el costado sur del edificio, frente a la Plaza, y otros, hacia las  escaleras del sector noroccidental, únicas Posibilidades, en ese momento, de  llegar a la calle.    

     

Se  registraron episodios de solidaridad y compañerismo dignos de encomio. Al  abandonar las oficinas y sitios de refugio, no pensaron en su problema  personal. Hicieron esfuerzos por reencontrarse. Angustiados se llamaban y con  brevísimo intercambio de experiencias y temores, especialmente sobre la  observación de personas armadas sin identificar, tomar precauciones y la  decisión de salir ayudándose entre sí. Estos minutos o segundos de arrojo, de  desesperación y de pánico, aparecen historiados por los propios protagonistas.  Se transcriben parcialmente algunos testimonios, para que se pueda captar cuál  fue la situación superada por ellos.    

     

El  Consejero de Estado, doctor Betancur Jaramillo, Presidente del Consejo por esa  época, declaró:    

     

«…  Cuando se inició el tiroteo me encontraba en la oficina de mi colega, el doctor  Antonio J. de Irisarri… salí de esa oficina… entonces me devolví a la mía y  permanecí en ella durante toda la tarde y más o menos hasta las diez y media de  la noche. En mi oficina estaba la Secretaria de la Presidencia, la señorita  Beatriz Urrea y mi Secretaria personal, señora María Inés de Gómez.  Permanecimos en mi despacho… Conversé en dos oportunidades con el señor  Presidente de la República, durante esa tarde; creo que la primera vez a eso de  las 5 p. m. El se mostró muy preocupado por lo que estaba sucediendo; me dio  voces de aliento y me rogó que les transmitiera a mis compañeros la voz de  solidaridad del Presidente y del Gobierno. Creo que fue en la segunda  oportunidad cuando le informé que estaba oyendo voces, que no podía identificar,  que pedían a gritos e insistentemente el cese del fuego porque estaban de  rehenes y había heridos. Manifiesto que no pude identificar las voces que tales  llamados hacían ni ubicarlas en algunos de los pisos del Palacio, quizás por la  posición en que me encontraba, tirado en el suelo. Con mis Secretarias hicimos  esfuerzos para buscar las voces de socorro, pero fue en vano. El señor  Presidente me tranquilizó y me dijo que ya todo estaba prácticamente bajo  control. Las voces del Presidente eran de solidaridad pura con nosotros. Así  mismo le informé al señor Presidente que yo no estaba de rehén de la guerrilla  ni con miembros del Ejército; que me encontraba solo con las dos Secretarias y  que mi guardaespalda el señor Gonzalo Viracachá estaba en otro sector del costado  sur del tercer piso impidiendo el ingreso de guerrilleros por ese lado… Con  la única persona del cuarto piso que logré comunicarme fue con el doctor  Nemesio Camacho; lo hice en dos oportunidades; en una de ellas me dijo que  milagrosamente estaba vivo porque una bala acababa de romper el vidrio de su  oficina. De ese piso no pude saber absolutamente nada, con excepción de lo que  acabo de informar… Durante toda la tarde y parte de la noche oí centenares,  miles de disparos y estallidos de bombas. Por la cadencia de los disparos puedo  afirmar que eran armas automáticas, pero también se oían disparos tiro a tiro,  como de revólver. Ya por la noche se recrudecieron los estallidos de bombas o  granadas, algunas de ellas de altísimo poder explosivo que sacudieron  fuertemente el edificio… En la esquina donde funcionaba la Sala Plena nos  agrupamos unas quince personas, dudando en seguir porque yo les había hecho la  advertencia que a eso de las cuatro o cinco de la tarde había visto, a la  entrada de las escalares del piso, dos    

personas  vestidas de civil que parecían guerrilleros, una con una ametralladora. En ese  momento, más o menos en la mitad del costado sur, en dirección a la entrada  principal, apareció un soldado que nos hizo señas de que nos arrastráramos  hacia él. Luego trató de ayudarnos a salir por una escalera que en el tercer  piso caía al hall pero en ese momento se recrudeció el tiroteo y nos hizo  seguir por el corredor hasta las oficinas de la Relatoría (costado suroeste).  Ya en ese trayecto ayudé a transportar a Lubín Ramírez que tenía un disparo en  la cara. De las oficinas de la Relatoría bajamos por las escaleras de caracol  al segundo piso, y de éste, por las escaleras aledañas a la cafetería, logramos  llegar al primero y de allí a la puerta principal. Eran mas o menos las diez y  media de la noche. En ese primer piso un soldado nos protegió la salida. No ví  huellas de incendio en la cafetería; recuerdo que su mobiliario estaba en  desorden y por el suelo.    

     

Tampoco  vi personas en ese sector: solo vi dos cadáveres al pie de la entrada de la  Secretaría de la Sección Tercera. La única persona que estaba en ese sector fue  el soldado que nos ayudó a salir. Salieron conmigo más o menos unas quince o  veinte personas y ninguna sufrió heridas ni quemaduras durante el trayecto…»  (Folios 1821‑1823).    

     

El  Consejero de Estado, doctor Uribe Acosta declaro:    

     

«…(me  situé) en un pequeño pasillo que da frente a la entrada del Palacio en el  tercer piso. Allí encontré dos soldados, uno de los cuales apuntaba su arma hacia  el costado oriental protegiéndose contra la pared . . . yo demandé una escalera  para bajar del pasillo del tercer piso al primero. Después de unos minutos de  espera y sin que tuviera mucha visualización… bajé por ella. Después supe  porque me lo contó el Consejero Jorge Valencia Arango que la escalera era corta  y que fue apoyada en el primer piso sobre el pecho de dos soldados y que desde  el tercero me ayudaron a descolgarme para alcanzarla pues era corta. Dijo el  Consejero Valencia Arango que la maniobra fue riesgosa pero él también bajó por  ella y parece que después lo hicieron tres personas más. Cuando alcancé el  primer piso, soldados del Ejército y personal de la policía me protegieron con  sus armas y me condujeron a la Casa del Florero donde nos atendieron en debida  forma (Folio 112, Juzgado 27 de Instrucción Criminal).    

     

El  Consejero Caballero Sierra declaró:    

     

«…  Obviamente, las circunstancias de mi salida no vale la pena relatarlas. Sólo  repetir que por el temor de morir incinerado me vi obligado a cruzar  rápidamente por entre el fuego que ya comenzaba a intensificarse. Al llegar al  costado sur del Palacio encontré un grupo de soldados, que protegían a otras  personas, y con las cuales pudimos salir ilesos, a pesar de los disparos que no  precisaba de donde salían». (Folio 142 del mismo Juzgado).    

     

El  Consejero Jorge Valencia Arango declaró:    

     

«…De  las muchas bombas y rockets disparados y que daban exactamente debajo de  nuestro piso, hubo uno a las 9 y 30 p.m. que fue la más fuerte y que nos  levantó el piso, amenazando con desfondarlo. Creo que fue ésta la explosión que  me lesionó el oído derecho y que me dejó sin audición por él, la que apenas  estoy recobrando lentamente… Más o menos a las once p. m. o unos minutos más,  oí voces en el corredor frente a mi oficina y reconocí la voz del doctor Carlos  Betancur Jaramillo, Presidente del Consejo de Estado, que decía alguien:  “Valencia está en la oficina y no lo podemos dejar” y me tocó en la  puerta, la que abrí y salí a sus instancias al corredor . . . En medio de una  balacera, avanzo el grupo encabezado por mi, agachados contra la pared en  dirección a la Plaza de Bolívar, pero al llegar a la última oficina de ese  sector, la del doctor Gustavo Humberto Rodríguez, vi varios hombres asomados y  oí que el doctor Enrique Low a quien reconocí por su voz, me dijo, que no  avanzara más que me tenían encañonado, desde el hall que habían después de los  ascensores y encima del hall de la entrada principal de la Plaza de Bolívar. El  doctor Low tenía contra uno de sus hombros a un señor que respiraba con  dificultad y que tenía el rostro ensangrentado y que después supe que era un  abogado que había sido herido dentro de la oficina del doctor Rodríguez y  ocupada dentro de los sucesos por una coincidencia por el doctor Low y el  mencionado abogado, quienes se refugiaron en ella ante los primeros disparos  del primer día.       

     

 Grité  a los bultos que me encañonaban y que distinguía fugazmente por la iluminación  de las llamas que si podía seguir, a lo que me dijeron que sí, pero agachados y  de uno en uno, dejando espacio entre las personas.    

     

Así  llegué hasta ellos y les dije: me entrego, ustedes son guerrilleros a lo que  contestaron que eran soldados. En ese momento apareció el Consejero doctor  Julio César Uribe, sin saco, sin corbata y sin zapatos, muy agotado, como fuera  de sus cabales y se interpuso entre los soldados y yo le decía repetida y  precipitadamente que le pusieran una escalera para bajar al primer piso. Unos  minutos después pusieron una escalera, formada por dos de aluminio amarradas,  que dentro de la oscuridad del primer piso parecía ser dos tomadas desde allí y  que no alcanzaban a llegar al tercer piso donde nos encontrábamos. No obstante,  los soldados izaron de los brazos al doctor Uribe hasta cuando hizo contacto  con la escalera y se agarró de ella, momento en el cual el doctor Uribe se  bamboleaba unas veces debajo de la escalera y otras encima de ella, pues la  escalera no parecía tener punto fijo de apoyo; vi al doctor Uribe descender  peligrosamente, hasta cuando se lo tragó la oscuridad del primer piso. Luego  los soldados me ofrecieron el turno para bajar por dicha escalera, pero yo lo  cedí a mis Secretarias y a los demás acompañantes, ninguno de los cuales quiso  aceptarlos por el peligro que implicaba el descenso. Ante tal situación yo sí  me bajé por ella, agarrado por los soldados y con las mismas peripecias de  maromero que había visto hacer al doctor Uribe. Cuando llegué al primer piso un  militar o dos, me tomaron por las axilas y en andas tres o cuatro metros hasta  la puerta principal donde me recibió un médico vestido de militar pero con  blusa de la Cruz Roja». (Folio 164, Juzgado 27).    

     

El  doctor Enrique Low Murtra, Consejero de Estado declaro:    

     

«.  . .Durante la balacera permanecimos en la oficina cuatro personas: Lubín  Ramírez Lorza, un particular gestor a quien conozco por haber trabajado en el  Distrito conmigo hace algunos años. El venía a hablar con el doctor Samuel  Buitrago, según supe, cuando empezó la balacera. También estuvieron con  nosotros dos agentes del DAS, Carlos, asignado a la protección del doctor  Patiño Roselli, y Gonzalo, asignado a la protección del doctor Betancur  Jaramillo. Al verse sin munición se refugiaron en la oficina conmigo. Por mucho  tiempo estuve echado en el suelo escuchando tiros de fusil, de ametralladora,  bombas, etc. A eso de las cinco de la tarde una bala atraveso el cristal  interno de la oficina. Vi en el suelo gotas de sangre. De: Lubin, te dieron.  Contestó: si, doctor. No veo. Durante seis horas mas tuve a Lubin sobre mis  piernas. La balacera no nos dejaba salir. Cada momento era más duro pues sentía  que Lubin se desangraba y sufría horriblemente. La balacera era cada vez más  intensa. Distinguí claramente balas de ametralladora en frente. Hubo una  granada al frente. Hubo ruidos de bombas o algo así. Es difícil precisar cuáles  fueron las balas de la guerrilla y cuáles las del ejército. Puedo si decir que  mi impresión era la de una ametralladora en el 3er. piso muy cerca de nosotros  en manos de la guerrilla. Estas 11 horas (5 con Lubin sano y 6 con Lubin  herido) estuvieron salpicada con toda clase de voces; se inicio con claras  voces de que se trataba de un golpe del M‑l9. Fueron marcados los gritos  de una mujer amenazante Recuerdo dos expresiones: No nos rendiremos. Preferimos  morir por la democracia. (La oí a eso de las 4 de la tarde. Señores  Magistrados, no sean cobardes, salgan (la oí en las primeras horas de la tarde)  . Hubo muchos más gritos y voces. Más sensibles cuando paraban las balas. Una  voz rogaba cese al fuego. A partir de la herida de Lubín púse mas atención en  tratar de esconderlo y de ayudarlo. A eso de las once de la noche oí voces en  el corredor. Alguna voz tenue dijo “Beatriz”. Entendí que evacuaban  personal del piso donde me encontraba. Al salir vi que había fuego. Con la  ayuda de los del DAS y algunos compañeros, trasladé unos 40 metros a Lubin  hasta llegar al lugar donde se encontraba personal del ejército. Ellos se  hicieron cargo de la salida de Lubin y guiaron nuestra fuga del Palacio. Al  llegar a la Casa del Florero vi el Palacio en llamas. Si salimos cinco minutos  antes probablemente nos acribillan las balas. Si lo hacemos cinco minutos más  tarde nos agarra el incendio. Fue milagro de Dios estar vivos… » (Fol. 66,  Juzgado 27).    

     

El  señor Gonzalo Viracachá Sandoval, designado como escolta del Presidente del  Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, declaró:    

     

«…  El miércoles estaba yo en el despacho del señor Presidente del Consejo de  Estado y como a eso de las once y treinta de la mañana, cuando sentí unos  disparos en el primer piso, me asomé a ver qué era lo que sucedía, ya me di  cuenta que era un asalto que le habían hecho al Palacio, llamé inmediatamente  al DAS a la Jefatura de Orden Público, para informar de lo sucedido y luego  solté carrera para bajar al primer piso y reforzar la puerta de entrada, pero  cuando iba bajando al segundo piso, fui atacado con una ráfaga de  ametralladora, viéndome obligado a regresarme, hice unos disparos para ver si  podía repeler el ataque, pero se enfurecieron más los guerrilleros y comenzaron  a gritar “viva Colombia, arriba Lucho, avancen, ya estoy en el segundo  piso”, al avanzar yo al tercer piso les hice otros disparos hacia abajo y  avancé hacia la puerta de entrada de la Sala Plena donde hay un muro y ahí me  atrincheré de donde disparé cuando sentía que el enemigo se me acercaba. En ese  lugar permanecí pasadas las 6 de la tarde, cuando el doctor Enrique Low Murtra  y otro doctor que estaba visitándolo de nombre Lubin N, me dijeron que qué  hacía ahí solo, que me entrara para la oficina, me entré y detrás de unos  archivadores metálicos permanecí hasta las once y media de la noche cuando el  ejército me pudo rescatar….» (Fol. 78, Juzgado 30).    

     

Se  puede afirmar, sin dar pie a equivocaciones, que con la salida de rehenes hacia  el costado sur del edificio, que fueron evacuados por distintas partes según  sus propios relatos, concluyó al menos el miércoles 6 el operativo que con tal  objeto se había montado por las fuerzas del orden.    

     

Suerte  distinta corrieron los rehenes del tercer piso que salieron, como ya se dijo  anteriormente, hacia las escaleras de la zona noroccidental, que fueron a  reunirse con los rehenes que todavía se hallaban en el cuarto piso, por no  haber sido descubiertos por los guerrilleros, integrándose al grupo de  secuestrados al mando del Comandante Almarales.    

     

Más  adelante haremos alusión al testimonio de los rehenes acerca de estos hechos y  de otros que tuvieron ocurrencia posteriormente y que corresponden a la  horrorosa tragedia del jueves siete de noviembre.    

     

         

     

     

     

       EL  HOLOCAUSTO.    

     

 Conviene  recordar acontecimientos registrados en el cuarto piso, durante el desarrollo  del operativo guerrillero, hasta el incendio que puso en retirada a los  protagonistas de los enfrentamientos para entrar en pormenores de la gran  tragedia, ocurrida en una verdadera noche apocalíptica.    

     

Iniciado  el asalto, después de los dolorosos hechos ejecutados en la primera etapa de la  ocupación, se observó que los insurgentes avanzaron el primer piso en donde de  antemano, se habían situado, estratégicamente, varios efectivos, con la misión  de cubrir su ascenso y fortalecer una base de operación que permitiera el  control de todos los pisos, muy especialmente del cuarto y de las escaleras,  convirtiendo el Palacio en una fortaleza para las acciones armadas que  esperaban acometer.    

     

Doblegada  la heróica resistencia ofrecida por unos pocos vigilantes particulares y  miembros del servicio de escolta, asignado a varios Magistrados y Consejeros,  los guerrilleros, con el Comandante Luis Otero a la cabeza y otros integrantes  del estado mayor del M‑19, subieron al cuarto piso, aprehendieron al  Presidente de la Corte, doctor Reyes Echandía, y a otros Magistrados, en  calidad de “rehenes fundamentales” en el empeño de que la Corporación  se reuniera para someter a juicio al Presidente de la República, en persona, o  a través de un representante, por hipotético desconocimiento de los acuerdos de  paz celebrados con el M‑19. Logrado este objetivo, establecieron el  comando de operaciones en el mismo lugar en donde concentraron a los  prisioneros, formulando por los medios a su alcance, el cúmulo de exigencias,  señaladas en el prospecto del operativo subversivo.    

     

Se  ignora la forma como irrumpieron el Comandante Otero y compañeros insurgentes a  la oficina donde se encontraba el doctor Reyes Echandía y los términos como le  fue anunciado su aprisionamiento. Se desconocen, igualmente, los diálogos que  pudieron haber sostenido durante la operación subversiva. Se sabe, únicamente,  y eso por una entrevista telefónica de la prensa, que el doctor Reyes había  sido requerido por los guerrilleros para comunicar al Gobierno que el M‑19  buscaba una solución negociada y que para ello exigía el cese del fuego. Todo  lo demás fueron referencias a estas pretensiones y a la circunstancia de  encontrarse amenazados, en peligro de morir, en medio de una gran hecatombe. No  alcanzan a trascender, se repite, revelaciones sobre el comportamiento de  rehenes y subversivos. Estos, en las contadas oportunidades que tuvieron para  hacer conocer sus propósitos, insistieron en que no era voluntad suya atentar  de ninguna manera contra la vida e integridad personal de los rehenes. Sin  embargo, con armas en la mano, condicionaban su suerte a decisiones del  Gobierno.    

     

Para  una mejor comprensión de los hechos sucedidos en el cuarto piso, consideramos  conducente hacer, con la mayor brevedad posible una descripción del escenario.    

     

El  cuarto piso del Palacio de justicia alojaba las siguientes dependencias de la  Corte Suprema. La Sala Plena en el ángulo suroriental, las Salas Penal,  Constitucional y laboral, en el extremo opuesto, o sea, en el angulo  nororiental; los despachos de la Sala Penal y de la Sala Constitucional, en el  costado oriental y los de los Magistrados de la Sala Laboral, en el norte.    

     

Al  producirse la toma, estaba reunida la Sala Constitucional. Se encontraban allí  pues, los Magistrados Alfonso Patiño Roselli, quien la presidia, Manuel Gaona  Cruz, Carlos Medellín Forero y Ricardo Medina Movano; como Secretario actuaba  el titular de ese cargo, doctor Ricardo Correal Murillo. En el despacho del  Magistrado, doctor Medina Moyano, estaba el Citador Héctor Dario Correa Tamayo.    

     

En  sus oficinas, cuya numeración va en orden ascendente de sur a norte, laboraban  a la misma hora los Magistrados Fabio Calderón Botero (402), Alfonso Reyes  Echandía (405), Pedro Elías Serrano Abadía (406), Darío Velázquez Gaviria  (407), de la Sala Penal; afortunadamente ausentes en ese momento, los  Magistrados Hernando Baquero Borda (401), Luis Enrique Aldana Rozo (404),  Gustavo Gomez Velásquez (408) y Darte Fiorillo Porras (403), este último por  encontrarse enfermo y recluido en una clínica de la ciudad. Los Magistrados  Auxiliares Emiro Sandoval Huertas y Julio César Andrade Andrade y siete  Auxiliares de Secretaría‑‑María Janeth Rozo Rojas, Isabel Méndez de  Herrera, María T. Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz  Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora, y Nurys Soto de Piñeres–quienes también  prestaban servicio en el sector oriental del Palacio.    

     

Las  oficinas de los integrantes de la Sala Constitucional estaban distribuidas así  : Magistrado Manuel Gaona Cruz (409), Magistrado Carlos Medellín (410),  Magistrado Alfonso Patiño Roselli (411) y Magistrado Ricardo Medina Moyano  (412).    

     

 Estos  Magistrados tenían, respectivamente, como Secretarias a Lyda Mondol de  Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalba Romero de Diaz. La del Magistrado  Medina había dejado de trabajar el 1° de noviembre.    

     

Presentes  en sus despachos de la Sala Laboral se hallaban los Magistrados Fanny González  Franco (414), a quien acompañaban su Auxiliar Jorge Alberto Correa Echeverri y  su Secretaria Cecilia Concha Arboleda; José Eduardo Gneeeo Correa (415), su  Secretario Hermógenes Cotes Nomelin; y Nemesio Camacho Rodríguez (419) con su  Secretaria Ana Lucía Bermúdez de Sánchez.    

     

Ausentes,  gracias a Dios, los Magistrados de la misma Sala, doctores Fernando Uribe  Restrepo (416), Manuel Daza Alvarez (417) y Juan Hernández Sáenz (418). El piso  cuarto tenía cinco vías de acceso: Los ascensores del norte (puerta principal)  y los del suroceidente; las escaleras paralelas a los mismos ascensores y,  finalmente, una privada que, desde el sótano y pasando por la cafetería  comunicaba los pisos segundo y tercero.    

     

Todo  daba a entender que los Magistrados presentes en el edificio serían congregados  en un mismo lugar, precisamente donde estaba el Presidente de la Corte, doctor  Reyes Echandía, con los guerrilleros, capitaneados por el Comandante Luis  Otero. Sin embargo, no ocurrió así. Los Magistrados Manuel Gaona Cruz y Nemesio  Camacho Rodriguez, que se encontraban como ya se vio en este piso cuarto,  fueron a engrosar, a distinta hora, el grupo de rehenes a ordenes del  Comandante Andrés Almarales que se hallaba en el sector de los baños y las escaleras  del costado norte del edificio frente a la calle 12 de la ciudad. A este mismo  lugar, fueron a dar los Magistrados Horacio Montoya Gil, Humberto Murcia Ballén  y Hernando Tapias Rocha que estaban en oficinas del piso tercero. y parece raro  que el Comandante Otero no hubiera hecho ningún esfuerzo por congregarlos en un  solo sitio, si de reunir la Corte se trataba. Por lo demás, en el plan de la  toma del Palacio se tenía previsto concentrar en un solo sitio, como atrás se  vio, a los “rehenes fundamentales”, y en distinto lugar a las demás  personas cautivas.    

     

Los  guerrilleros, por lo visto, actuaron descoordinados en este propósito. No es  explicable, pero es cierto. Las versiones de testigos de excepción, la del  doctor Ricardo Correal Morillo, Secretario de la Sala Constitucional, y la del  señor Héctor Dario Correa Tamayo, Citador de la misma Sala, demuestran que,  apenas aparecieron los insurgentes en el cuarto piso, hicieron todo lo posible  por aprehender a los Magistrados que allí se encontraban. Así, obtuvieron que  el doctor Manuel Gaona y ellos mismos, Correal y Correa, quedaran a disposición  del Comandante    

Almarales.  Fueron inútiles los llamados, de viva voz, al Magistrado Ricardo Medina Moyano  y a otros más, para que imitando la decisión del doctor Gaona Cruz, fueran a  reunirse al mismo grupo de rehenes. Sobre el particular, el doctor Correal  Morillo declara:    

     

«.  . El día 6 de noviembre. . . la Sala se inicio a las nueve y treinta de la  mañana. Una vez iniciada, el señor Presidente de la Sala, Magistrado Alfonso  Patino Roselli, solicitó que le sacara una lista de todos los procesos en  debate en Sala Constitucional, hasta enero de 1986. Una vez establecida esa  información, el Magistrado Manuel Gaona dio comienzo a la sustentación de una  de las ponencias que en ese día se iban a discutir… Comenzó por hacer un  relato histórico pormenorizado de las jurisprudencias de la Corte en relación  con tratados públicos desde 1914 hasta la última sentencia proferida con  ponencia del Magistrado Carlos Medellín. . .de este año. Seguidamente se  comenzó a oír a las once de la mañana un tiroteo en la esquina de la calle 12  con la carrera octava y una multitud de gente que observaba con curiosidad lo  que estaba ocurriendo. Dentro de esa confusión, pudimos haber pensado que era  alguna acción de atraco e intentamos continuar con el relato histórico del  Magistrado Ponente, pero nos percatamos de que cada vez más el tiroteo era muy  fuerte y nos dimos cuenta que evidentemente era un ataque presumiblemente  contra las instalaciones de la Corporación. De inmediato nos tiramos al suelo,  desconcertados, sin saber que tipo de conducta tomar. Seguidamente vimos como  algunos de los guardaespaldas localizados en el cuarto piso comenzaban a  disparar ametralladora. En ese momento los Magistrados se dispersaron y  salieron hacia sus oficinas, ya que estábamos reunidos en un pequeño salón de  reuniones del costado norte sobre la carrera séptima, donde sesionaba en ese  momento la Sala respectiva. Los Magistrados Patiño y Medellín salieron velozmente  protegidos por guardaespaldas hacia sus oficinas. El Magistrado Gaona Cruz, el  suscrito y el Citador de la Sala Héctor Darío Correra, nos refugiamos con un  vendedor, no sé de que era, en la oficina del Magistrado Medina Moyano; en ese  momento él recibió llamadas telefónicas para responder a lo que estaba  ocurriendo dentro del recinto, parece que eran de la casa de él, pero no supe.  Permanecimos en el suelo tras escuchar el cruce de disparos, o los disparos,  porque no era cruce de disparos, hasta cuando se tuvo la idea de amarrar un  pañuelo blanco en un paragüero. Creo que era un paragüero y correrlo hasta la  salida del corredor. La noción del tiempo no la puedo precisar; lo cierto es  que del extremo noroccidental, cuarto piso, salieron voces de los ocupantes de  dejar la oficina y salir con las manos en alto. En este estado el doctor Medina  Moyano y el vendedor cuyo nombre ignoro, decidieron permanecer dentro del  despacho mientras que el doctor Gaona Cruz, el Citador y el suscrito salimos  por el corredor en la dirección antes mencionada y nos apostamos sentados  frente a los ascensores del cuarto piso, donde se encontraban otras personas,  no recuerdo, cinco, seis, siete, una de ellas herida en una mano, creo que era  conductor, no tengo certeza. Nuevamente comenzó la acción armada y dos horas  mas tarde, no tengo clara la noción del tiempo, se nos condujo al baño  subsiguiente al cuarto piso, descendiendo. Allí fuimos concentrados con algunos  de los dirigentes de la ocupación, entre ellos dos heridos que se encontraban  en estado crítico, ayudados por un servicio de muchachas que estaban con ellos.  El tiempo comenzó a correr lentamente y entre los ocupantes del baño, los  habitantes del baño, los que estaban en el baño el silencio era total,  solamente se oían voces de mando de los ocupantes armados, para tomar  posiciones dentro de todo el recinto . . . ». (Folio 150 Juzgado 77).    

     

El  señor Héctor Darío Correa, declaró:    

     

 «…  En el momento de la toma yo me encontraba en la oficina del doctor Ricardo  Medina Moyano, él me había pedido el favor que le cuidara la oficina, mientras  el estaba en Sala Constitucional, porque la Auxiliar de él se encontraba  disfrutando de una licencia. Me encontraba allí con un vendedor de Servicios de  la Casa Cárcel de Choferes, él tenía cita con el doctor Medina, para algo  relacionado con eso. Como a eso de las once y treinta y cinco o cuarenta de la  mañana, escuchamos unas detonaciones que parecían venir como de abajo de la  carrera 8ª, inmediatamente salimos los dos al pasillo y nos asomamos hacia  abajo, yo voltié mi cabeza hacia el lado izquierdo y vi a mi tía Ruth Mariela  Zuluaga de Correal, ella la Auxiliar del doctor Carlos Medellín, ella murió en  la toma, murió calcinada, yo la vi, frente a la oficina del doctor  Medellín…yo vi hasta que ella se volvió a meter a la oficina y cerro y en ese  momento alguien nos disparó desde abajo, inmediatamente nosotros corrimos  directamente a la oficina del doctor Medina y digo corrimos porque todavía  andaba el vendedor conmigo, nos metimos bien al fondo del despacho… y nos  tiramos en el piso… allí estuvimos tendidos cerca de un cuarto de hora, solos  hasta que llegaron al despacho los cuatro señores Magistrados, doctores Medina,  Patiño, Medellín y Gaona que también se refugiaron donde nosotros estábamos,  con ellos también entró el doctor Ricardo Correal… El doctor Patiño y el  doctor Carlos Medellín optaron por irse. salieron. . . al pasillo donde en ese  momento se encontraba, creo que era uno de los guardaespaldas del doctor  Patiño. todos tres salieron hacia el lado de las oficinas de ellos. Pasaron  unos diez minutos y nuevamente sentimos que estaban disparando hacia las  ventanas, los tiros no entraron, pero el doctor Gaona dijo que amarráramos un  pañuelo blanco en un perchero y lo colocaron en frente de la puerta del  despacho para que alguien lo viera y no nos fueran a disparar a matar. Tan  pronto lo hicimos oímos unas voces que nos decían: “Salgan con las manos  sobre la cabeza, de uno en uno y con sus piernas abiertas”, el primero en  salir fue el doctor Gaona Cruz y se dirigió hacia los ascensores del costado  norte que quedan al final del pasillo, frente a la oficina del doctor Medina;  mientras él salía, las mismas voces volvieron a gritar: ‘Salgan de uno en e  uno, que nosotros les respetamos la vida’, nosotros esperamos un momento  mientras el doctor Gaona salía, luego él nos gritó: ‘Salgan que yo estoy bien,  hagan lo que ellos dicen’, entonces yo opté por salir y me dirigí a los  ascensores del costado norte, detrás de mí salió el doctor Ricardo Correal.  Cuando llegamos allá nos dimos cuenta que quienes habían gritado y nos tenían  en su poder eran los guerrilleros del M‑l9.    

     

Nos  preguntaron que quien más había en esa oficina le dijimos que el doctor Medina  y un señor vendedor de la Casa Cárcel de Choferes, dijeron que les gritáramos  que salieran que nosotros estábamos bien, lo hicimos pero el doctor Medina no  quiso salir y el vendedor tampoco. Le decíamos: ‘Salga doctor Medina, que  nosotros estamos bien’ pero ni respondía ni salía. Ahí estuvimos como un cuarto  de hora y nos dimos cuenta que habían más personas ahí con nosotros, una de  estas personas estaba herida en una mano y decía que él era conductor, cuando  el doctor Gaona le pregunto que quien era, ese señor estaba en interiores tenía  como una camiseta no me acuerdo bien, habían unas 8 o 1O personas mas, habían 2  mujeres pero no recuerdo quienes eran, porque yo estaba recién entrado allá a  la Corte, me había posesionado a partir del primero de noviembre, por eso mismo  no conocía casi a ninguno. Mientras estuvimos ahí los guerrilleros hicieron  varios disparos hacia las oficinas, nosotros les dijimos que no dispararan  hacia allá porque había trabajadores, secretarias y demás funcionarios, pero  ellos no nos hacían caso, uno de ellos nos contestó que debían hacerlo porque  presumían que habían guardaespaldas, a lo cual nosotros no les respondimos  nada…”». (Folio 460, Juzgado 30).    

     

Después  de la aprehensión del Magistrado doctor Gaona, y luego    

de  doblegar toda resistencia de los guardaespaldas, los guerrilleros pudieron  reunir en un mismo lugar como rehenes, a nueve Magistrados, sometiéndolos a la  voluntad, como atrás se dijo, del Comandante Otero. El propio doctor Reyes  Echandía así lo afirma en su conversación telefónica con el General Delgado  Mallarino cuando le hizo saber “que se hallaba en compañía de ocho  Magistrados”, sin designarlos por sus nombres. Con él estaban, los  doctores Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velázquez  Gaviria, como el de la Sala Penal, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano y  Alfonso Patiño Roselli    

de  la Sala Constitucional y José Eduardo Gnecco Correa y Fanny    

González  Franco de la Sala Laboral. Y es de advertir, que este número no varió, pues, el  Magistrado Nemesio Camacho Rodríguez, quien también se encontraba en el cuarto  piso, no fue descubierto por los guerrilleros y acosado por el incendio  descendió por las escaleras, quedando incorporado al grupo de rehenes dominado  por el Comandante Almarales.    

     

El  Presidente de la Corte durante toda la tarde sólo se dedicó aclamar por el cese  al fuego. La última comunicación telefónica con él la tuvo el Presidente del  Senado a las 7 y 15 minutos de la noche. Así lo atestigua el Senador Villegas  Moreno. A partir de ese momento no hubo diálogos telefónicos con el doctor  Reyes ni con ninguna de las personas concentradas a su alrededor. Pero en el  interior del edificio siguieron escuchándose sus clamores, “. . . Por  favor no disparen, somos rehenes, les había el Presidente de la Corte Suprema  de Justicia…”, los cuales motivaba indistintamente, unas veces, en que  se necesitaba asistencia médica para dos señoras embarazadas y otras, para unos  heridos, reclamando angustiosamente la presencia de la Cruz Roja para de  prestar ese servicio.    

     

«Estas  súplicas‑‑declaró el Consejero de Estado, doctor Valencia Arango‑‑las  escuché hasta cuando-abandoné el Palacio de Justicia a las 11:30 p m del  miércoles 6 de noviembre de 1985».    

     

Antes  había dicho el mismo testigo:    

     

«Poco  después, oí a Reyes Echandía gritar: “Por favor no disparen, somos  rehenes, les habla el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenemos  heridos, necesitamos a la Cruz Roja”, a lo que contestaban con descargas  cerradas de ametralladora, rockets y toda clase de armas. Cada cinco minutos  repetía su letanía el doctor Reyes y le contestaban con las mismas descargas.  Por ahí a las 4 p. m. o minutos antes, el doctor Reyes cambió un poco su  letanía y por dos veces, con intervalos aproximados de cinco minutos dijo:  “por favor no disparen, somos rehenes, les habla el Presidente de la Corte  Suprema de Justicia, tengo dos señoras embarazadas que necesitan atención  médica”».    

     

El  fuego se desató con mayor fuerza en el ala oriental del cuarto piso, impidiendo  la salida de todas las personas que se encontraban en las oficina de ese  sector.    

     

Infortunadamente  los desesperados ruegos de Reyes Echandia no    

se  escucharon más, se confundieron con el furor de las llamas. Y con él  desaparecieron los ocho Magistrados que lo acompañaban y los demás rehenes. La  misma suerte corrieron el Comandante Otero y los otros insurgentes. Todo quedó  en el misterio del fuego.    

     

Los  autores de este informe no se aventuran a señalar las verdaderas causas de la  muerte de los rehenes y guerrilleros. No se sabe quiénes alcanzaron a morir  antes del fuego ni qué pudo haber originado su muerte, pues, no escapó una sola  persona de ese piso, que pueda ofrecer alguna versión y en el proceso tampoco  aparecen referencias de testigos que hayan podido observar a distancia, el  desenvolvimiento de los hechos o haber escuchado gritos de auxilios, lamentos u  otras exclamaciones en algún sentido. Sobre el particular, como es de rigor,  debemos atenernos al dictamen de los médicos legistas y, en los  correspondientes protocolos de autopsia. Con tres salvedades, se lee la expresión  reiterada: “Restos carbonizados cuya causa de muerte no pudo ser  establecida por autopsia”.    

     

Seis  ocupantes, solamente, de este fatídico piso se sustrajeron a la suerte de los  demás, esto es, de los que permanecieron con el Comandante Otero. El Magistrado  Gaona Cruz, para venir a caer en la tragedia del baño situado entre los pisos  segundo y tercero, el Magistrado de la Sala Laboral, doctor Camacho Rodríguez,  quien se integró al grupo de rehenes en el mismo baño, dirigido por el  Comandante Almarales, el doctor Correal Morillo, Secretario de la Sala  Constitucional, la señora Ana Lucía Bermúdez de Sánchez, Secretaria del doctor  Camacho, la señorita María Esther Mesa Montealegre, Secretaria del Magistrado  de la Sala Laboral, doctor Manuel Enrique Daza Alvarez y el señor Héctor Darío  Correa. Citador de la Sala Constitucional. Los cuatro últimos, se unieron con  los Magistrados Camacho y Gaona.    

     

El  Magistrado Camacho Rodríguez, rindió una importantísima declaración. De este  testimonio, por ahora, basta destacar el relato que él hace sobre los primeros  episodios del asalto y el del abandono de su oficina:    

     

«…  Hacia las once y treinta escuchamos unos gritos en el primer piso y mi  Secretaria y yo nos asomamos para saber de qué se trataba y entonces recibí númerosos  disparos de arma de fuego por lo cual hice que mi Secretaria entrara a la  oficina, conmigo, en donde nos tendimos en la alfombra. . . Estando aun en mi  oficina del 4° piso, por lo menos cinco proyectiles fueron dirigidos hacia mi  oficina y mi Secretaria no fue alcanzada por ellos, milagrosamente. Hacia las  siete de la noche desde el primer piso, subió un espeso humo negro, asfixiante.  Mi Secretaria y la del doctor Manuel Enrique Daza estaban en la oficina  siguiente y lograron sacarme de la mía, en donde estaba a punto de asfixiarme.  Ya estaba en llamas el cuarto piso, salimos hacia la escalera y en ese momento,  en la oscuridad, fuimos aprehendidos por elementos del M‑l9, quienes muy  rápidamente me requisaron para verificar que no tenía armas y fuimos bajando  por las escaleras, a tientas hasta cuando yo caí y resolví bajar sentado, por  las escaleras y dentro del agua y hasta llegar al segundo piso, en donde nos  hicieron entrar al salón de baños. Allí encontré al doctor Manuel Gaona Cruz,  quien me abrazó y me dijo: “Creí que estaba muerto, parece que no quedamos  sino los dos”. Había otras personas; me impresionó la entrada de uno de  los jóvenes del M‑19 con una bomba de tamaño de un melón grande y que  decía que era lo que se emplearía en último lugar. Luego nos subieron a los  baños del tercer piso y en un momento estuvimos reunidos cerca de 20 personas,  perdón, de 50 personas entre las cuales estaban los Magistrados Humberto Murcia  Ballén, Hernando Tapias Rocha, Horacio Montoya Gil y yo. Igualmente los Consejeros  de Estado Aydée Anzola Linares, Samuel Buitrago y Reynaldo Arciniegas; estaban  también conductores de vehículos de la Corte, el conductor de mi carro  particular, Magistrados Auxiliares, personal de Secretaría, unas muchachitas  del aseo y dos abogadas litigantes de las cuales recuerdo el nombre de la  doctora Helena Gutiérrez. Todo esto sucedía mientras sonaban explosiones por  todos lados, casi intermitentes de 60 personas estábamos hacinadas y el  cansancio nos obligó a sentarnos en el piso lleno de agua, porque se habían  abierto todas las llaves, para humedecer los pañuelos y poder respirar y para  poder soportar el calor espantoso que había. Había dos muchachos guerrilleros  heridos, uno en un brazo, otro en una pierna con una herida impresionante. pero  con la ametralladora en la mano….» (Folio 27, Juzgado 77 de Instrucción  Criminal).    

     

Con  el Magistrado Camacho Rodríguez permanecieron en el cuarto piso, hasta la hora  de el salir hacia el piso tercero, su Secretaria, Ana Lucia Bermúdez de Sánchez  y la señorita María Esther Mesa Montealegre, Secretaria del Magistrado de la  Sala Laboral, doctor Manuel Enrique Daza Alvarez. Ellos tres fueron los últimos  en abandonar el piso cuarto.    

     

La  señora Bermudez de Sánchez, declaró:    

     

«…  Nos entramos para la oficina de él (del doctor Camacho) y    

cerramos  la puerta y ahí nos sentamos en el suelo detrás del escritorio. . . él se hizo  a un lado y yo al otro. . . mirando hacia la calle por la ventana y (nos)  quedamos callados, mudos, oyendo la balacera tan terrible… pensábamos que eso  era una cosa pasajera pero luego…nos dimos cuenta que era lo tan anunciado  que nos habían amenazado tanto que iban a tomar el Palacio. Así nos la pasamos  ahí tendidos en el suelo, oyendo la balacera tan terrible y llamando a otras  oficinas…    

Como  las oficinas anteriores a la nuestra estaban desocupadas y en una de ellas  estaba la Auxiliar sola… Nos hablamos por teléfono con ella, o sea (con)  María Esther Mesa, la Auxiliar del doctor Daza, entonces comenzaron a romper  los vidrios disparando de afuera de la calle…le dije… véngase para acá…  vengase arrastrándose por el suelo… así lo hizo ella, se vino gateando…  cuando ella entró… aproveché para mirar hacia el corredor… no se veía a  nadie, se oía nada más que tiros… Como a eso de las cinco, como esos vidrios  eran antibalas,… dispararon:… y… los rompieron… esto tenía doble vidrio  y el susto fue terrible, pensamos que ahí nos mataban…después echaron como  gases lacrimógenos porque nos dolía la garganta, nos ardían los ojos. . .  empezamos a sentir como humo y como que nos asfixiábamos. . . era un humo  negro, espeso, entonces abrimos la oficina para salirnos y en ese momento mi  jefe se quedó adentro y yo lo llamé, le dije yo a María Esther, yo no me voy  sin él, yo no voy a dejar que se muera aquí asfixiado. . y en esas ya me  contesto él y me dijo es que no veo por donde salir… él se estaba asfixiando,  entonces al salir vimos ya el incendio que venia unas llamaradas inmensas,  entonces no nos quedó mas que coger para, los baños y al salir ahí había hartos  acostados, ahí con armas y nos creimos que era el ejército, porque estaban  uniformados, entonces nos dijeron en voz baja sigan, .. entre ahí y nos  señalaron el baño…. »(Folio 306, Juzgado 30).    

     

Por  su parte la señorita María Esther Mesa, manifestó:    

     

»…  Allí permanecí con la Auxiliar de él (doctor Camacho) de    

nombre  Lucia Bermúdez de Sánchez y el doctor Camacho, hasta las nueve o nueve y media  que ya dispararon a la oficina del doctor Camacho y rompieron todos los  vidrios, entonces ya empezaron a echar gases lacrimógenos y se entro el humo…  entonces salimos hacia los baños donde nos dimos cuenta. . . que todo (estaba)  incendiado. . . al llegar a la escalera habían como tres guerrilleros acostados  armados… uno de ellos nos dijo que subiéramos al baño del cuarto piso que  allá íbamos a estar mejor, entonces entramos los tres al baño… estando ahí  empezó a entrar humo, se llenó ese baño de humo terriblemente. . . perdí el  conocimiento no supe más, me vine a despertar en el baño que estuvimos hasta  última hora. . .». (Folio 139, Juzgado 41).    

     

Huyendo  del incendio, como anteriormente habíamos dicho, salieron hacia las escaleras y  baños de que se viene hablando, los Magistrados y Consejeros de Estado,  acompañados del personal de colaboradores que habían permanecido, a su lado, en  el tercer piso y que no lograron, por interponerse al incendio, salir a la  calle, por el costado sur, donde se encuentra la Puerta principal.    

     

Sus  testimonios son expresión real del macabro episodio en que se vieron envueltos.  De algunos de ellos transcribimos apartes de gran interés para la  investigación.    

     

El  Magistrado de la Sala Civil de la Corte, doctor Humberto Murcia Ballén,  declaró:    

     

«.  . . Nosotros, mi Secretaria y yo, continuamos tendidos en el piso de la  oficina… luego resolvimos apagar la luz y cerrar con llave la puerta, lo  mismo que desconectar por largos espacios el teléfono; así continuamos  pidiéndole a Dios que permitiera la cesación de nuestra gran angustia;  avanzando el tiempo, por el humo pudimos percibir que estaba incendiándose la  biblioteca y como para entonces los vidrios de la oficina, por el costado de la  calle 12, habían sido destruidos totalmente por las balas, nos encontrábamos al  descubierto de las que llegaban por ese lado; para entonces yo ya tenía dañada  la prótesis que usaba en la pierna derecha, …Con gran dificultad me deshice  de lo que de ella quedaba pues me impedía los movimientos, y… luego de  contarle… a mi colega y vecino doctor Montoya la situación de mi oficina. ..  me pase a la 318, nos juntamos cuatro personas. . . esto debió ocurrir entre  las 6 y las 7 p. m..Reunidos los cuatro en esa oficina oímos que el tiroteo  acentuaba…sentimos la detonación fuerte de bombas que hacían estremecer la  edificación… así permanecimos con la luz apagada hasta cuando el doctor  Montoya, serían entonces las 10 de la noche poco más o menos, se acercó a la  parte de su oficina que daba al corredor del tercer piso y angustiado nos dijo:  Se está incendiando el edificio y tenemos que salir de aquí. Amparado por ellos  me levanté y vi que evidentemente el incendio avanzaba de sur a norte en los  pisos cuarto y tercero sobre el costado que daba hacia la carrera séptima y  comprendí que no había otra alternativa que abandonar esa oficina, en donde el  humo ya nos hacía difícil la respiración y a donde el fuego se aproximaba.  Entonces tomamos las escaleras del costado norte y al aproximaba. Entonces  tomamos las escaleras del costado norte y al llegar al inicio descendente de  las que conducían al primer piso dos miembros del grupo subversivo nos  detuvieron y nos condujeron, ya no sé si a todos los cuatro o solamente al  doctor Montoya y a mí, pero de él y de mí si estoy plenamente seguro, al  descanso de esa escala, donde se encuentra la entrada al baño que quedaba entre  el primero y el segundo pisos; entre estos citados descanso y baño ya había o  encontré, un gran número de rehenes, entre los cuales estaban los Magistrados  Nemesio Camacho, Hernando Tapias, Gaona Cruz, Montoya Gil y yo; los Consejeros  de Estado Samuel Buitrago, Reynaldo Arciniegas y Aydée Anzola, muchos  Magistrados Auxiliares, conductores, Secretarias y empleados de todo orden,  incluso ascensoristas y aseadoras. Allí había subversivos fuertemente armados,  que se turnaban en la toma de sus armas y en la operativa de ellas; y vi  entonces, por primera vez, al señor Andrés Almarales, pues así lo llamaban los  subversivos y algunos rehenes y quien era el dador de las órdenes a los unos y  a los otros; pasado algún tiempo de estar en este sitio, el mentado Almarales  nos dijo que nuestra ubicación era peligrosa puesto que al costado norte y  frente a nosotros estaba un tanque del ejército disparando y que debíamos  cambiar de sitio; fue así como nos hicieron subir al baño superior, o sea al  que quedaba entre el segundo y el tercer pisos por el mismo costado norte, en  donde había dos o tres guerrilleros gravemente heridos acostados sobre la placa  de los lavamanos, allí vi, dentro de ese grupo subversivo, a tres mujeres a  quienes llamaban Natalia, Claudia y “la doctora” el señor Almarales  continuó con nosotros y había otro grupo de terroristas que con los anteriores  era aproximadamente de diez a doce y quienes se turnaban entre tratar de apagar  el incendio y el lanzamiento de tiros de todo tipo, cuyo relevo se hacia en ese  baño en donde tenían sus armas, municiones, drogas y alimentos….» (Folio 176,  Juzgado 77).    

     

El  doctor Samuel Buitrago Hurtado, actual Presidente del honorable Consejo de  Estado, declaró:    

     

«…  Llamé al Presidente de la Corporación, doctor Carlos Betancur Jaramillo. . . me  confirmó que efectivamente el grupo guerrillero M‑19 estaba atacando y  que me rogaba permanecer en la oficina. Así lo transmití a mis subalternos a  quienes pedí no moverse de allí. . . nos acostamos boca abajo en mi despacho. .  . permanecimos varias horas en medio de un tremendo abaleo proveniente de las  fuerzas del orden y de los subversivos. Aproximadamente a las seis de la tarde,  no estoy bien seguro pues hasta la noción del tiempo se pierde en esas  circunstancias, observe que algunas personas que no puedo identificar, pero que  vestían de civiles, prendían fuego a papeles del primer piso en el costado y  esquina donde funcionaba la biblioteca de la Corte y del Consejo de Estado.  Simultáneamente mi Secretaria me advirtió de la presencia de fuego en el cuarto  piso, fuego que avanzaba vertiginosamente hacia los pisos inferiores inundando  de una muy espesa humareda las oficinas, hasta el punto de que ya casi  asfixiados optamos por retirarnos del despacho procurando buscar refugio en los  sanitarios que existían entre el tercero y el segundo piso. Poco antes, un  proyéctil había hecho fuerte impacto en los vidrios de la oficina ocasionando  su destrucción. Cuando nos acercábamos a los sanitarios nos encontramos con dos  Magistrados de la Corte y empleados subalternos que buscaban también ponerse a  salvo del fuego. Estando allí llegó un grupo de guerrilleros (hombres y  mujeres) que descendían del cuarto piso fuertemente armados y algunos con  mangueras con las cuales pretendían aplacar el fuego. Ya en poder de ellos nos  obligaron a permanecer allí y más tarde nos permitieron descender casi hasta el  primer piso, pero luego nos obligaron a regresar al sitio inicialmente ocupado,  pues los disparos de los tanques del ejército se acentuaban y consideraban que  estábamos más seguros en el piso superior. Nuestro grupo mientras tanto se  había acrecentado y obligados por los guerrilleros nos refugiamos en los  sanitarios en un número superior a los cincuenta rehenes. Allí transcurrieron  las horas en medio del fragor de los disparos de toda suerte de armas y en las  posiciones más incómodas, en medio del humo y del agua que nos llegaba a los  tobillos. Entre los guerrilleros habían varias mujeres, algunas vestían trajes  civiles y otras dos con uniformes similares a los del ejército; tenían tres  compañeros heridos…». (Folio 85, Juzgado 27).    

     

El  doctor Hernando Tapias Rocha, Magistrado de la Sala Civil de la honorable  Corte, declaró:    

     

“…  Durante e] tiempo que permanecimos tendidos en el piso, oímos también el paso  de helicópteros y el descenso de personas sobre lo que suponíamos era la  terraza del edificio. Oímos, igualmente, poco tiempo después de haber comenzado  los disparos, que varias personas, hombres y mujeres, vivaban el movimiento  guerrillero M‑19 y llamaban a lista a Jaime Bateman Cayón y a Iván Marino  Ospina. Escuchamos, de la misma manera, que los guerrilleros pedían a los  Magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz que salieran de sus  oficinas sin temor alguno pues les respetarían la vida. Hacia las nueve de la  noche también escuchamos gritos que provenían de uno de los extremos del cuarto  piso, pidiendo en coro varias personas que cesara el fuego y la presencia de la  Cruz Roja, ya que eran rehenes. Los disparos continuaron a pesar de tales  gritos. Hacia las diez de la noche, más o menos, y después de sentir el olor de  bombas lacrimógenas y una tremenda detonación que conmovió la parte del  edificio en que nos encontrábamos, osea el tercer piso hacia la intersección de  la carrera 7ª con la calle 12, percibí olor a humo de madera, por lo que temí  que    

alguna  parte del edificio cercana a donde estábamos estuviera incendiándose. Me  arrastré entonces por el piso y vi en la mencionada intersección como un  incendio de grandes proporciones se desarrollaba con mucha rapidez. Procedí con  la rapidez del caso a tomar de la mano a mi Auxiliar y a salir de las oficinas  corriendo agachados por el corredor hacia las escaleras de] edificio, situadas  en el costado occidental o sea por la calle 12 con carrera 8ª. A la entrada de  las escaleras encontramos dos personas con fusiles, ametralladoras, mascaras  anti‑gas, anteojos y uniforme militar que nos cubrieron con sus armas y  nos hicieron seguir hacia las escaleras. Yo creí que se trataba de soldados del  ejército, pero un rato después me di cuenta de que eran guerrilleros del M‑19.  Como el incendio continuó desarrollándose cada minuto más intenso, los  guerrilleros procedieron a sacar las mangueras que se encontraban en las  paredes de las escaleras con el fin de combatir el fuego. Nosotros, mientras  tanto, con todas las personas que iban llegando a las escaleras, fuimos bajando  hasta el primer piso, en donde había una fuerte corriente de aire que llegaba  desde los sótanos por el hueco del pasamanos de la escalera. En esa situación  permanecimos algún tiempo hasta que los guerrilleros resolvieron que subiéramos  a uno de los baños que quedan en la intersección de las escaleras, pues, según  ellos, allí estaríamos más seguros, ya que no correríamos el riesgo de que los  tanques del ejercito nos aplastaran al embestir en el piso en que nos  encontrábamos. El baño al cual nos ordenaron dirigirnos no solo estaba lleno de  humo sino que había en el varias personas. En primer lugar, una persona de  aproximadamente 45 años de edad, de pelo corto peinado hacia adelante, de tez  morena, vestido con un buzo verde y un pantalón oscuro, al cual le pregunté,  quien era y me respondió que era “uno de los cuatro Comandantes”.  Otros dos estaban heridos y se encontraban recostados sobre el lavamanos, uno  en un brazo y el otro en una rodilla, había también tres mujeres, una bajita,  morena, de pelo crespo y muy joven, otra de nariz respingada trigueña y de  regular estatura y la otra rubia de pelo largo, rasgos muy duros y ademanes hoscos,  que permanecían sentadas sin portar ningún tipo de armas y dedicadas a  aprovisionar a sus compañeros de municiones, atender a todos los que estábamos  en el baño y a curar a los guerrilleros heridos, repartiendo también suero,  antibióticos y un alimento consistente en harina mezclada con cacao y maní.  según dijeron. Como antes lo mencioné todos quedamos reunidos en el baño, en  una posición muy incómoda por el espacio tan reducido para toda esa cantidad de  gente, mojados, pues el agua con que trataba de combatir el incendio uno de los  guerrilleros, rodaba por las escaleras y penetraba al baño y a todos nos  hicieron permanecer sentados. Nos ordenaban silencio y apagaron la luz. Hubo un  intenso tiroteo a eso de las dos de la mañana, pero luego hubo un receso de  varias horas. hasta más o menos las ocho de la mañana que se reinició….(Folio  339, Juzgado 77).    

     

Con  el arribo de los rehenes del cuarto y tercer pisos, forzado por el incendio que  semidestruyó todo el costado oriental del Palacio, quedó un solo grupo,  conformado por rehenes y guerrilleros, a órdenes del Comandante Almarales quien  asumió la dirección del operativo, al desaparecer los otros Comandantes de  nivel jerárquico superior.    

     

El  incendio tornó fuerza del extremo nororiental del edificio (calle 12 con  carrera 7º hacia el flanco norte, frente a la citada calle 12, reduciendo en  esa forma lo que pudiera ser el territorio, ya muy limitado, dominado por los  subversivos, el cual comprendía únicamente las escaleras, con exclusión de la  franja que comunica al primer piso con el parqueadero (controlada por el  ejército), los entrepisos, los baños y unos cuartos pequeños para servicios  auxiliares en donde se conservaban elementos del aseo, se preparaba y  distribuía el café para los empleados.    

     

Los  bomberos no pudieron desplegar toda su acción, como es obvio, por la  imposibilidad de penetrar al interior del edificio y por el peligro que ofrecía  acercarse a una zona prácticamente de batalla, siendo posible constituirse en  blanco de los disparos que afín se cruzaban, y quedar expuestos, a la vez, a la  acción de rockets, bombas y granadas, que hasta muy avanzada la mañana se  sentían estallar. No se debe olvidar que de las dos a las tres de la mañana del  7 de noviembre, en forma casi ininterrumpida se produjo una fuerte balacera y  una serie de explosiones que conmovieron el sector. La misma fuerza del  incendio, prácticamente concentrada en los cuatro pisos de la mitad del  edificio que da a la carrera 7ª, frustró los propósitos de un grupo de bomberos  que con sus equipos trato de dominar las llamas, áunque, en un principio y por  corto tiempo, lograron controlar el fuego por la parte oriental del edificio.  Las llamas, aproximadamente a las tres de la mañana se apagaron.    

Seguramente  la intensa lluvia de la noche contribuyó, en mínima parte, a la extinción del  fuego. Los revoltosos utilizaron los equipos contra incendio, del sector que  controlaban, consiguiendo al menos eludir los efectos del excesivo calor.    

     

En  el interior del edificio, durante el incendio, permanecieron efectivos  militares, pendientes de posibles movimientos de los insurgentes hacia el  primer piso y el parqueadero. Su vigilancia duró hasta después de dominada  plenamente la actividad subversiva. las demás unidades militares, abandonaron,  transitoriamente, el Palacio hasta el restablecimiento de condiciones propicias  para continuar la lucha contra el movimiento guerrillero.    

     

Después  de la media noche, antes del mencionado retiro del edificio, miembros de las  fuerzas armadas localizaron a dos empleadas de la compañía particular  “Serviaseo”, quienes se encontraban escondidas en un cuarto propio de  su oficio, ubicado en las escaleras del costado sur, frente a la Plaza de  Bolívar, acompañadas de dos guerrilleros heridos. Ellas fueron evacuadas del edificio  con la cooperación de miembros del ejercito y del cuerpo de bomberos. Más  adelante nos ocuparemos de sus declaraciones sobre hechos que tienen relación  con las acciones de un grupo de guerrilleros, desde el costado sur del  edificio, y, especialmente de las encaminadas a impedir el plan del COPES y el  GOES, en la terraza del edificio.    

     

Hemos  considerado necesario, para una satisfactoria visión de conjunto, transcribir,  fragmentariamente desde luego, algunas declaraciones concernientes a los  enfrentamientos y demás actuaciones armadas ocurridos en el sector sur del  edificio que, como se sabe, se enderezaban a cubrir la acción del COPES y el  GOES por la terraza. Y, porque de enfrentamientos se trata, presentar,  testimonios que dan cuenta del comportamiento de los revoltosos, en el mismo  sector sur.    

     

El  Mayor del Ejército, Carlos Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería, tuvo,  en cumplimiento de ordenes superiores una destacada actuación dentro del  operativo militar para recuperar el Palacio y rescatar a los rehenes.    

     

De  la declaración rendida por el señor Oficial Fracica Naranjo, extractamos los  siguientes pasajes:    

     

«…  El primer día o sea el 6 de noviembre entró por la puerta principal en  cumplimiento a la ordenado por el Comando de la Unidad de penetrar al Palacio y  con los equipos nombrados tratar de rescatar el mayor número de personas que se  encontraban en el interior. Una vez se logró penetrar al Palacio tomé el primer  piso por su parte nororiental hasta llegar a la biblioteca y durante este  primer trayecto se ordené sacar todo el personal que se encontraba en estas  oficinas. Posteriormente se llegó hasta las escaleras ubicadas en el costado  norte del Palacio y al intentar penetrar por ellas se recibió gran volumen de  fuego que le causó la muerte al señor Subteniente Villamizar, y las heridas al  SS. Zabala: ante la imposibilidad de subir por este sector ya que el fuego que  se recibía era permanente y no permitía nuestro acceso por ahí, regresamos a la  biblioteca donde armando un andamio con escritorios, se logró llegar al segundo  piso; a este sector mandé subir un equipo, pero por el volumen de fuego que se  recibía y ante la necesidad de comunicarme con el comando de la operación en la  parte exterior, me quedé en la biblioteca con el personal que me acompañaba. .  .    

     

…  Yo me encontraba en el primer piso en la biblioteca cuando    

en  el ambiente del Palacio reinó un olor como a marihuana o bazuco, posteriormente  del cuarto piso nos fueron lanzadas varias bombas incendiarias y químicas,  nosotros permanecimos en el sector y posteriormente se apreció que en el cuarto  piso rompían los vidrios lanzando gran cantidad de expedientes quemados, los  cuales cayeron en la biblioteca e incendiaron las divisiones de las oficinas y  la conflagración general del edificio. Al vernos rodeados por las llamas y que  el humo nos asfixiaba, me vi obligado a salir por el mismo sector por donde  entré y mi desplazamiento fue acompañado por los disparos que nos hacían del  cuarto piso; cuando ingresaba, se corrige, cuando iniciaba mi salida del Palacio,  pude apreciar la forma como rápidamente los asaltantes que estaban ubicados en  el cuarto piso lograron en forma rápida hacer que las llamas se extendieran por  toda la construcción del sector oriental…    

     

.  . . El incendio provocado por las bombas incendiarias y los expedientes  quemados que nos fueron lanzados desde el sector oriental del cuarto piso, en  mi apreciación fue lo que inició ese incendio y no fue simplemente un solo  conato porque pude apreciar cómo rápidamente el fuego se extendía y abrazaba  todo el sector del Palacio, obligándonos a salir y apreciar desde fuera como se  intensificaron las llamas y cómo algunos de nuestros compañeros tuvieron que  ser evacuados de la terraza    

del  Palacio por las escaleras de la bomberos y otros por las ventanas del edificio  ..    

     

.  . . Del cuarto piso era donde se oían y se apreciaba que había un gran número  de asaltantes por los diferentes arengas que lanzaban, además, conocía yo la  ubicación de la gente con que contaba y por el desarrollo de la superación sabía  que el personal había descendido del helicóptero y ubicado en la terraza, no  había podido descender al cuarto piso y que había sufrido varias bajas, además  de este sector era de donde se recibían en forma permanente los disparos que  nos hacían.De este mismo sector fue que aprecié que rompieron los vidrios, que  lanzaban las granadas y expedientes quemados, por lo tanto, era fácilmente  detectable la ubicación de ellos y ver la realización de las actividades  anteriormente expresadas. Las bombas químicas e incendiarias lanzadas desde ese  sector, me es imposible determinar su marca y fabricación ya que ellas caían,  nosotros nos protegíamos de ellas y de los gases que expedían, pero se  apreciaba como algunas de ellas al caer formaban una llama que poco a poco con  el material de la construcción se agrandaba incrementando la conflagración del  edificio…    

     

Después  de que los bomberos lograron controlar el fuego del edificio en su parte  oriental, el señor Comandante de la Brigada le ordenó al Comandante de la Escuela  que nuevamente se debía volver a penetrar con el propósito de tratar de  continuar el rescate del personal de rehenes que al parecer se encontraba en el  cuarto piso, no estoy muy seguro de la hora, creo que fue entre las 23:00 y  23:30 de la noche, donde se penetró por la puerta principal, se subió por las  escaleras ubicadas en el sector occidental y se escaló hasta el tercer piso, a  esta hora el incendio se hace fuerte por este sector y nuevamente las llamas y  el humo nos hacen abandonar el recinto, para esta entrada se hace sin el apoyo  en ninguno de los vehículos los blindados al que el señor Juez hace mención…    

     

En  la primera vez de acuerdo a lo que pude apreciar, salio creo que todo el  personal que se encontraba en el interior del palacio, tanto del ejercito como  de la policía o cualquier otro organismo de seguridad que se encontraba. En la  segunda oportunidad solamente penetraron tropas pertenecientes a la Brigada, o  sea personal de la Escuela de Artillería, compañía de la contraguerrilla urbana  de la misma Brigada, entre la una y la una y treinta también abandonaron todos  el Palacio… …    

     

El  primer día en que actuaron la policía y el ejército en el lugar de los hechos,  estaban presentes el señor General Comandante de la Policía, como el Comandante  de la Brigada y entre ellos coordinaban el desarrollo de la operación, siempre  durante este día se cumplieron las órdenes por ellos emitidas y en mi caso  directamente por el Comandante de la Brigada a través del Comandante de la  operación. Posteriormente cuando la operación la realizó solamente las tropas  de la 13 Brigada y durante el desarrollo de los hechos siempre tuve contacto  con mi Comandante de Unidad, el señor Coronel Hernández, y contacto personal  con el Comandante de la Brigada, General Arias Cabrales. Aclaro que una vez  producido el asalto el día 6 por la tarde de los bandoleros, el Jefe del Estado  Mayor de la Brigada, designó como Comandante Especial del Area, al señor  Coronel Bernardo Ramírez Lozano, quien condujo la operación y ordenó el dispositivo  inicial hasta cuando asumió en forma personal el mando el señor General  Comandante de la 13 Brigada, acción que ocurrió el mismo día 6 de noviembre…»  (Folio 1216, Juzgado 30).    

     

El  Capitán Roberto Vélez Bedoya, Orgánico del Batallón de Policía Militar número  1, declaró:    

     

«.  . . Recibí la orden del señor Teniente Coronel Sánchez Rubiano, Jefe de la  Sección Segunda de la BR13, de desplazarme hasta el Palacio de Justicia con el  personal del Grupo Especial, eran como las 11:45 horas del día seis, al Palacio  llegamos como a las 12:30 horas, al llegar allá escuchamos un tiroteo del  edificio hacia afuera, la carrera 7ª, Plaza de Bolívar y la 8ª estaban tanques  de la Escuela de Caballería, tan pronto llegamos al edificio me acerque con el  grupo a la entrada principal que queda por la Plaza de Bolívar, estando allí  recibí la orden del Comandante de la Brigada de entrar el tanque, una vez allí  sentí que disparaban del fondo del edificio personal que estaba ubicado, en el  primero, segundo, tercero y cuarto pisos, pero no se observaba la persona que  disparaba…    

     

…  Los secuestrados, exactamente el Presidente de la Corte pedía a gritos que no  dispararan; estando en la oficina observé que salía humo de la parte del fondo  del edificio, tercer piso, los guerrilleros seguían disparando y ante la  imposibilidad de salir permanecí allí hasta que el fuego había consumido en su  totalidad el tercer piso y parte del segundo piso… Cuando ya no se aguantaba  más el humo y el calor, decidí salir. . . me vi obligado a subirme al tercer  piso por la parte de la carrera 8ª, ese recorrido lo hicimos arrastrándonos por  el piso, ahí en ese momento ordené a un suboficial romper el vidrio y llamar la  máquina de los bomberos. . . recibí la orden del Comandante de la Brigada de  entrar con el grupo especial; por una escalera subí al tercer piso, cuando  llegamos al segundo piso ya esa parte se había empezado a quemar… eso ya  estaba lleno de humo y llamas, informé al Comandante de la Brigada que era  imposible subir al cuarto piso puesto que ya el tercer piso estaba en llamas y  le ordene al personal regresar de nuevo a la Plaza de Bolívar, o sea salir del  edificio; cuando salimos eran como las tres y media o cuatro de la madrugada  del día 7 de noviembre . . . ». (Folio 72, Juzgado Sexto de Instrucción Penal  Militar).    

     

El  Sargento Segundo, Luis José Mozo Moreno, de la Escuela de Artillería, declaro:    

     

«…Cuando  yo entre con mi gente, entré por la puerta principal, tomé las escaleras de la  parte derecha, me dirigí al tercer piso porque esa era la orden, ahí tomé el  zaguán hacia la parte derecha y luego voltié hacia el fondo, hacia el norte a  donde probablemente se encontraban los subversivos, ahí buscamos abrigo en las  columnas porque no podíamos entrar porque los subversivos nos disparaban de un  cuartico al lado de un ascensor, era que estaban metidos como en las escaleras,  ellos nos disparaban a nosotros y unos compañeros míos les disparaban también,  yo no disparé ni un cartucho. . . La orden de nosotros no era combatir con  ellos (los guerrilleros) que se entregaran, seria respetada su vida….» (Folio  80, Juzgado 30).    

     

El  Sargento Segundo Carlos Julio Rubio Poveda, del Batallón Guardía Presidencial,  declaró:    

     

«…Bueno  el 6… me llamaron, estaba en el Batallón, como por ahí a las 4 y media de la  tarde y me mandaron con el Teniente Martínez y el Sargento Segundo González  Núñez, ambos del Guardia, en un vehículo aquí al Palacio de Justicia, con unas  granadas para fusil y el objetivo era venir a dispararlas. Cuando llegamos a la  puerta principal o sea a la Plaza de Bolívar ya se encontraba el tanque  adentro, antes trataba ya de salir y en esos momentos salió uno que estaba ahí  y había otro más adentro, al fondo, ese si quedó allá. En esos momentos llegó  mi General Arias y un General de la Policía que estaba dirigiendo la misma  operación y junto con ellos subimos al cuarto piso, eso fue más o menos por ahí  a las cinco y media de la tarde del día seis. De ahí en adelante perdí la  noción del tiempo porque eso estaba oscuro y había un solo bombillo ahí en el  baño. Se ordenó disparar las granadas desde este piso hacia el sector del  rincón, allá donde construyeran la cuestión para la silla eléctrica, el sector  ese de allá (sic) pues ahí era el núcleo de resistencia prácticamente de ellos.  Se hizo varios intentos por penetrar a ese sector pero siempre caían muertos o  heridos los que trataban de penetrar, entre ellos el Capitán Talero de la  Policía. Aproximadamente por ahí a las nueve de la noche, o antes, por ahí a  las ocho me ordenaron subir a la azotea y me dotaron con unos lentes de rayos  infrarrojos y en compañía, con un Capitán que se encontraba de Oficial de  Inspección, no sé de qué unidad será, creo que era de la PM, nos ordenaron  disparar hacia el mismo sector del cuarto piso donde claramente se veía una  barricada compuesta por escritorios, sillas, todos los enseres de oficina y se  podían observar las ráfagas que salvan de ese sector. Más tarde cuando las  llamas lo cubrieron todo preguntamos que si podíamos bajar aproximadamente unos  treinta que nos encontrábamos en la azotea, nos ordenaron bajar y en la  escalera del cuarto piso donde nos encontrábamos anteriormente nos encontramos  con unos guerrilleros que también venían buscando esta salida, nos dispararon y  algunos de los que estaban adelante contestaron el fuego, de parte de nosotros  cayeron en ese momento dos heridos y nos tocó replegarnos nuevamente hacia la  azotea, con los atacantes no supe qué pasó, los heridos eran de la policía, del  GOES. Como teníamos también en la azotea dos mujeres del aseo que estaban en un  cuarto de los del aseo del tercer piso, las bajamos por la azotea junto con los  heridos en una canasta de bomberos. Más tarde ya no pudimos bajar por estas  escaleras pues se encontraban completamente cubiertas por el fuego, nos hicimos  en la esquina que da a la carrera 8ª con calle 12 hasta que los bomberos  pusieron una escalera y pudimos bajar por ella, eran aproximadamente las once  de la noche. De ahí yo me retiré a descansar, ahí cerca en un vehículo que se  encontraba parqueado, del Batallón hasta que tocó salirnos de ese sector por la  cuestión de las granadas que disparó un tanque, tres disparos que hizo al  edificio y nos caían piedras al carro, entonces nos tocó bajar como dos  cuadras, eso fue como hacia las tres de la mañana. Al amanecer, como a las seis  de la mañana llegó un oficial, no recuerdo el nombre de ahí del Batallón y me  dijo que mi Coronel Ramírez me necesitaba. Me hizo subir en el edificio que se  encuentra frente al Palacio de Justicia, en la octava con doce, en toda la esquina  y ahí permanecí disponible para disparar dos rockets que teníamos a mano Si  fuere necesario, pero al final no se dispararon. Ahí permanecí todo el día  hasta que terminó todas las acciones. Tengo que agregar que cuando se  dispararon las granadas de fusil en el cuarto piso,a mí me habían enviado a  dispararlas, pero en vista de que el ángulo donde se debían disparar era de  perfil para un zurdo, no las disparé, sino el Sargento Segundo González, yo  solo disparé fusil cuando me lo ordenaron en la azotea… Supe porque alguien  me dijo, no recuerdo quien, que habían encontrado en el cuarto del aseo del  tercer piso a dos guerrilleros heridos y sin armas, en este cuarto había una  granada asegurada y las dos mujeres que subieron a la azotea. . . Pues me  refiero con estas palabras para poder citar el sector donde se encontraban los  subversivos, pues tengo entendido por comentarios que he escuchado que en ese  sector iban a construir un sitio especial para la silla, eso lo oí de  militares… Estuve en la puerta esperando la oportunidad de entrar desde la  hora que llegué, como desde las cinco, hasta que los del GOES que tenían tomada  toda la escalera, autorizaron subir, como después de 45 minutos de espera; es  la escalera que queda entrando al lado derecho; entramos los que cité  anteriormente que vinimos del Batallón y más tarde lo hicieron también mi  General Arias y después el de la Policía, ellos estuvieron en el cuarto piso y  después en la azotea, ellos se bajaron apenas empezó el incendio… (Estuvimos)  solamente ahí en el descanso al llegar al cuarto piso, el que iba avanzando por  el corredor le tocaba devolverse o lo devolvían. Ahí en el cuarto piso fue  donde mataron al Capitán Talero al intentar pasar hacia allá, porque los  guerrilleros estaban localizados en el pasillo al finalizar el corredor que da  sobre la carrera séptima, pero la mayoría se tenía que encontrar en las  oficinas… Preguntado: ¿El disparo que hizo el Sargento González desde que  sitio lo hizo y hacia qué sector o hacia qué blanco? Contestó: Desde ahí mismo  del cuarto piso a la salida del corredor donde nos encontrábamos todos. hizo  creo que aproximadamente ocho disparos de fusil lanzagranadas, yo no saqué la  cabeza para ese lado, entonces no sé qué ángulo tendría: ahí mi General Arias  era el que le decía a donde tenía que dispararlas, en todo caso todos los  disparos con lanzagranadas eran hacia un solo sector en el cuarto piso y más de  la mitad de los disparos no estallaron, no estallaron sino como tres o cuatro  granadas. Preguntado: Sírvase decirle al Juzgado ¿a qué horas más o menos  ocurrieron estos disparos de granadas y qué intervalos tenía cada una?  Contestó: Aproximadamente desde las seis en adelante como hasta las ocho de la  noche, con intervalos de unos diez minutos. Preguntado: Sírvase decirle al  Juzgado ¿hacia qué dirección disparaba el Sargento González, en qué sitios se  encontraban los guerrilleros en el cuarto piso? Contestó: El Sargento González  Núñez Hernando disparaba desde el descanso de la escalera, sin salir al pasillo  del cuarto piso, solo vi que el fusil estaba apuntando hacia el sector de la  carrera 7ª pero no veía exactamente blanco, hasta me invitó que disparara pero  no quise porque ofrecía mucho blanco. Preguntado: ¿Hasta qué horas estuvo el  General Arias en el Palacio de Justicia y específicamente en el cuarto piso?  Contestó: Inmediatamente llegamos nosotros él llegó detrás de nosotros,  inclusive también estuvo en la azotea, a él lo llamaron porque él ha estado en  competencias de tiro a nivel nacional y yo soy campeón nacional de tiro. En el  cuarto piso estuvo mi General hasta que yo me subí para la azotea que un  Capitán dijo que allá había un sitio bueno para disparar, entonces mi General  dijo que necesitaba gente que tuviera buena puntería porque el disparo había  que pasarlo por un ángulo muy reducido y por ese ángulo por los rayos  infrarrojos veíamos de donde venían los tiros, las ráfagas, pero ellos no nos  podían acertar porque era más difícil para ellos puesto que tenían más distante  el ángulo, mas sin embargo alcanzaron a pasar varios tiros que nos quebraron  los vidrios. Apenas empezó el incendio no volví a ver a mi General, no se hacia  qué sector se dirigió. Preguntado: ¿A qué horas se inició el incendio y  exactamente en qué sector? Contestó: Se inició allá mismo en el tercero o  cuarto piso, no sé si la candela se bajó o se subió, cuando yo vi fue las  llamas en la azotea de la esquina de la carrera 7ª con calle 12, yo estaba  inclusive disparando desde la azotea cuando vi llamas en la esquina de la  carrera 7ª con calle 12, salían llamas por donde entra la luz, por la  claraboya, claro que primero sentimos los gases que nos afectó a nosotros que  no teníamos máscaras, no se quién le tiró gases a esa gente, nos tocó sacar la  cabeza por encima del edificio hacia la Plaza de Bolívar para poder respirar.  Las llamas salieron por las claraboyas y ese se fue viniendo, era un  espectáculo sorprendente, el olor era insoportable, yo creo que eso fue como de  nueve a nueve y media de la noche y yo creo que el incendio empezó propiciado  por ellos mismos por quemar el archivo, esos eran los rumores que se oían ahí  que ellos querían quemar el archivo, porque mi General Arias hablaba e impartía  órdenes por medio de un radio motorola.    

     

…Es  que en realidad en el cuarto piso no se veía nada porque es como mirar la pared  porque había como una barda. Lo palpé más desde la azotea porque desde allá  veía el ángulo desde donde disparaban los del cuarto piso; es que estaba  completamente oscuro, yo lo pude palpar luego desde la azotea por los rayos  infrarrojos; yo pude observar una persona arrastrándose por el cuarto piso,  salió como de un closet, como en los codos, iba en codo, a y cuando sonó otra  plomacera (sic) no lo volví a ver, no le vi arma en la mano ni nada, esa era  una oficina como la segunda oficina después de la esquina de la séptima con  doce, por la calle 12. Lo que vi del cuarto piso, lo vi desde la azotea porque  estaba en toda la esquina de la claraboya que queda centrada en el edificio, en  la esquina de la séptima con once y desde ahí veía al otro lado, lo vi con los  rayos infrarrojos, también tenía esos lentes el Capitán que estaba de Oficial  de Inspección, creo que era de la PM, claro que hubo un rato en que a mi me  toco pararme porque mi General Arias se puso a mirar con los lentes, entonces yo  me paré. Yo podía ver todo el corredor de la séptima y más o menos la mitad del  corredor del costado norte, me pareció ver como un fusil que estaba en el suelo  y estaba prácticamente fuera de la oficina y yo pienso que el que se arrastraba  era para coger el fusil. La orden de disparar era hacia donde se encontraba la  barricada que estaba taponando el pasillo de la carrera 7ª con calle 12, como  unas dos oficinas adelante de la esquina de la calle 12, por la carrera 7ª por  el pasillo del cuarto piso hacia el sur, por cada disparo que hacíamos desde  allí, recibíamos una ráfaga, sin necesidad de los lentes se veían las ráfagas,  los fogonazos. Cuando empezó el incendio, por cuestiones de la contra luz y el  humo, con los infrarrojos ya no se veía nada, lo que pudiera ver a simple vista  y se alcanzaba a escuchar gritos vociferando, no se entendían las palabras,  pero si eran gritos vociferando por ese sector, también gente que corría, se  escuchaba. En la azotea yo estaba por ahí de siete y media a ocho de la noche  más o menos, y ya estaba la barricada y de la barricada hacia el pasillo si no  se veía a nadie, hasta que comenzó el incendio que se oía que pisaban, partían  palos y se oía gritería y el incendio empezó como a la hora u hora y media de  estar yo en la azotea. Preguntado: ¿Cual es el nombre del Teniente Martínez?  Contestó: No lo sé, el salió trasladado fuera de Bogotá, pero el no hizo nada,  cuando comenzó el incendio me dijo que nos bajáramos cuando las llamas  empezaron a avanzar y yo le dije que no, que no me bajaba todavía. Del Batallón  Guardia el único que quedó allí fui yo, porque después del incendio no,  corrijo: cuando me subo, a la azotea no supe más del Sargento González    

porque  se quedó en el cuarto piso…».    

     

 Al  ser preguntado el Sargento Rubio sobre los guerrilleros que aún permanecían  cerca al sitio desde donde él cumplía las acciones de que ha dado cuenta,  respondió:    

     

«  . . . Me estaba alistando para subir a la azotea, estaba consiguiendo un fusil  porque yo tenía una MP5, entonces yo le cambié esa arma por un fusil al  teniente Martínez, eso fue prácticamente al pie del baño, con unos agentes del  GOES que estaban comentando ahí, decían qué peligro estar nosotros por ahí,  subiendo y bajando, siendo que en ese cuarto se encontraban dos guerrilleros con  dos empleadas del aseo de rehenes y que ellas salieron gritando de ese cuarto  que eran rehenes, no lo habían dicho más antes porque les daba miedo de que las  confundieran y las mataran y que habían encontrado los dos guerrilleros que  tenían heridas en el pecho y que eran mortales, que ya ni hablaban, pero en ese  momento no hubo intercambio de disparos, ni nada, porque a ellos les tocó  sacarlos arrastrados, no los vi, pero creo que ahí al ladito de afuera, no se  si, dieron una planta de gas que trajo la policía con un reflector y entraron  con gente del GOES a inspeccionar el cuarto y encontraron una granada, creo que  ahí en esa Inspección entraron los dos Generales, el de la Policía y el de la  Brigada; yo subí o ayudé a subir a las mujeres a la azotea porque cuando yo iba  subiendo ellas iban también para la azotea y las ayude a subir. Estando arriba  le pregunté a las dos empleadas que cómo habían caído de rehenes y una de ellas  me contestó que uno de los guerrilleros tenía fusil y las habían intimidado diciéndoles  que tenían que esconderlo ahí en ese cuarto y que no fueran a gritar y ellas  obedecieron y que el adentro les decía que tranquilas, que no se asustaran que  contra ellas no tenían nada. También dijo que este guerrillero prácticamente  estaba era cuidando la escalera pues el las dejaba en el cuarto con la puerta  abierta y salía y disparaba hacia abajo por las escaleras hasta que lo  hirieron, una vez lo hirieron, paso una mujer también guerrillera y lo metió al  cuarto otra vez donde estaban las dos mujeres, ella traía otro herido y también  lo dejó ahí, les quitó el arma y se alejó, eso fue lo que me contó la muchacha  del aseo, no recuerdo ni el aspecto físico, estaban todas asustadas y llorosas,  vueltas nada….» (Folio 360, Juzgado 77).    

     

El  Sargento Segundo Ariel Grajales Bastidas, de la Escuela de    

Artillería,  declaro:    

     

«…Llegamos  a la Casa del Florero como a las 12:00 horas y una vez allí integré un grupo de  combate con la misión de entrar al Palacio de Justicia y rescatar a los  secuestrados, apoyados por un tanque de la Escuela de Caballería entramos al  primer piso, una vez adentro penetramos por la parte occidental y por una  escalera subimos al segundo piso en donde se rescataron unas diez personas  entre hombres y mujeres, a todo momento se recibía fuego nutrido por parte de  los guerrilleros; del segundo piso subimos al tercero en donde se rescataron  unas ocho mujeres del teatro que hay en ese piso; avanzamos por el pasillo del  tercer piso de donde recibíamos fuego de la parte norte del tercer piso y del  cuarto y en el tercer piso se escuchaba la voz de una mujer que gritaba suban  botas negras que tengo dos mil tiros; cerca donde yo me encontraba mataron a un  agente del F‑2 con ráfagas de ametralladora, posiblemente de la mujer que  vociferaba, como a las cinco y treinta de la tarde del cuarto piso se sintió  olor a droga y como a los diez minutos esa gente como que se enfureció y empezó  a efectuar ráfagas de arma automática, fusiles; quince minutos más tarde  empezaron a incendiar el cuarto piso, por la parte oriental o sea por la  carrera 7ª, como frente al Tía, luego de esto empezo a salir gente como unas  diez personas gritando somos rehenes, no disparen y siendo evacuados por una  escalera. A las seis de la tarde recibimos la orden por parte del Comandante de  la Escuela de Artillería que teníamos que salir del edificio porque éste estaba  en llamas y se procedió a cumplir la orden . . . ». (Folio 63, Juzgado 6 de  Instrucción Penal Militar).    

     

Ahora  bien, las dos empleadas del aseo señoras Ana Lucía Limas de Montaña y María  Mercedes Ayala Lesmes, que habían sido rescatadas , como ya se dijo, por el  Ejército, en un cuarto situado en el área de las escaleras del costado sur,  declararon sobre hechos acaecidos en el mismo sector, en donde se cumplieron  las acciones que se han narrado en los anteriores testimonios. Al efecto, ellas  declararon:    

     

«…Nosotras  dijimos en ese momento, manifestó la señora Limas de Montaña, refiriéndose a la  iniciación del asalto se tomaron el Palacio… nos asustamos bastante… no  sabíamos para dónde coger … íbamos bajando hacia nuestro cuarto cuando ya  oímos que venían subiendo y disparando contra las paredes… (lo que) hicimos  fue botarnos contra el piso y nos encerramos en el cuarto las dos…uno de esos  que son como guardaespaldas de los doctores bajaba dando bala del cuarto piso y  nos dijo: chinas, cuídense que las van a matar. María Mercedes se iba a botar  desde el tercer piso porque hay un hueco en las escaleras y le dije no se vaya  a tirar y lo que hice fue darle agua… yo también tomé. El señor guardaespalda  nos dijo: cierren ahí y no vayan a salir que yo me voy para la parte norte …  al ratico llegaron y golpearon en la puerta… daban mucha bala … nosotros  pensábamos que era el mismo señor que nos había dicho que nos encerráramos y  era gente del M-19, eran como diez entre hombres y mujeres.    

     

Para  distinguir que eran del M 19 llevaban en el brazo una franja y decía M‑19.  Las muchachas llevaban una pañoleta del mismo color de la franja o sea blanco,  azul y rojo y el uniforme era como del ejército, los hombres y las mujeres,  pero antes de… abrir la puerta le dije a Mercedes, no abra que son los  guerrilleros… nos dijeron: “Abran la puerta o si no le botamos una  granada esté el que esté se muere”. Entonces María Mercedes abrió la  puerta y se cubrió detrás de la puerta y cada uno con ametralladoras a  dispararnos y nosotros les dijimos que no dispararan que no éramos de las  oficinas, que éramos del aseo… nosotros les dimos agua en unas botellas que  teníamos…nos decían que los dejaran cubrir a ellos ahí, que no nos hacían  nada y traían maletines con ropa particular, llevaban su ropa aparte y todo eso  de granadas y bombas las traían en otros talegos, para ellos poder cargar las  granadas. . . traían bastante pero bastante bala en los talegos, bombas y  granadas y nos dijeron no vayan a salir que si nosotros no las matamos, las  mata el Ejército. Ellos se gritaban unos a otros ¿”Compas están  bien”? no se decían el nombre … uno de esos nos iba a disparar antes de  nosotros darles el agua … nosotros les decíamos que no nos maten… y ellos  decían: tranquilos que sólo hay para una guerra, esto no es nada, tiene que  morir sea el que sea… ellos cogieron para distintos lados y se perdieron…el  único nombre que decían era Violeta. . . Violeta agarraba un revólver pequeño,  era joven y mona… y ella era la que nos vigilaba tanto… tenía como  veintitrés años, vestido como el uniforme de los compañeros y botas también  como el Ejército, la diferencia era la bandera que cargaban…, Violeta se fue  quién sabe para dónde y al buen rato llegó ella con una compañera para que le  diera agua. . .. le dimos agua y le dijo Violeta quiénes son esas dos viejas,  ella era muy brava. Dijeron dos muchachas del aseo, la que se llamaba Patricia,  dijo cuidenlas que no se vayan a salir y ella ¿tenía el cuerpo cubrido de solas  balas… le dijimos cuando se fue Patricia a Violeta, por qué esa muchacha está  bien cubrida de balas y ella nos dijo: ella es la cabecilla me parece que fue  que dijo, ella es la que nos manda…, Patricia se fue para el segundo piso.  Patricia era más joven que Violeta… Violeta como se había ido fue y trajo a  un compañero enfermo… la cabeza estaba cubierta de sola sangre, herido,y nos  dijeron: Háganle alguna curación a este compañero y en ese momento llegó otro  compañero y me estaba hablando de las escaleras bajando del tercer piso. . . él  se dejó descuidar de una bala y se la dispararon por el estómago y le salió por  la espalda, y yo vi cuando le dispararon y él se cayó… Violeta lo arrastró  hacia el cuarto donde estábamos nosotros y María Mercedes como sabe un poco de  enfermería era la que estaba haciéndole curaciones al muchacho que estaba bien  herido en la cabeza, poniéndole pedacitos de limón en la cabeza, y como ya  estaba descansando un poquito… le amarramos con bayetilla bien el estómago al  otro muchacho porque se estaba desangrando bastante y le puso Mercedes limón en  los huecos donde le metieron la bala y el muchacho no se aguantaba del dolor,  le dijo: “Violeta tome la ametralladora, tome una granada y tome balas,  defiéndase porque ya no sirvo para nada, de aquí ya nadie me para…; eso  volvieron las paredes llenas de huecos, eso eran bombas, porque no eran balas,  y no sé de dónde vendrían, el muchacho nos decía: tranquilicense con tal que  ustedes salgan vivas porque nosotros venimos fue a morir no a vivir…, fue  cuando Violeta se fue y no supimos nada más de esa muchacha… no sé si era el  Ejército o los guerrilleros que decían: “cesen el fuego, cesen el  fuego”, se oía también nosotros vinimos fue a morir no a vivir… se oían  todas esas voces… se fue la luz y entonces nosotros quedamos a oscuras…como  en un túnel… yo creo que la luz se fue de tres a cuatro de la tarde y eso  como a la una o menos de la una llegó un helicóptero por encima se oía el ruido  y decían: bajen con cuidado, fue cuando bajaron a la azotea y yo creo que era  Ejército y estaban abriendo la puerta de arriba de la azotea para bajar a los  pasillos y no la podían abrir de ninguna manera, eso yo creo que botaban cosas  peor que bombas… dejaron un poquito de dar bala y el muchacho que se estaba  desangrando gritó bien duro, fue cuando los soldados que estaban en el cuarto  piso oyeron, porque del cuarto donde estábamos era un piso no más. Fue cuando  bajaron pasito y oyeron los quejidos y se decían unos a otros… hay gente en  este cuarto…, fue cuando nos pusimos muy nerviosas y contestaban los soldados  afuera hay gente, dijeron tres veces y nosotras calladas. .. yo le (dije a  Mercedes, yo abro la puerta de todas maneras… y fue los desesperos más  grandes que nosotros sentimos en esos momentos… el muchacho que estaba herido  en las espaldas dijo … búsqueme ropa particular, no vaya a abrir la puerta  porque aquí las matamos… Mercedes me dijo … no haga eso… pensé en mí y  dije creo que a puntapiés y a puños no nos matan y me di cuenta que le había  dado a Violeta la granada, las bombas y todo lo que tenían para ellos  defenderse. Estaban desarmados… yo me arriesgué fue a morir… los muchachos  estaban en el suelo y no dejaban abrir la puerta, el Ejército dijo… cuento  hasta tres y si no salen, esté quien esté los matamos. El muchacho no dejaba  abrir la puerta porque teníamos que darle ropa particular y yo no tenía sino mi  ropa y la de las otras compañeras… fue cuando yo abrí la puerta… pero antes  de abrir la puerta el que estaba bien herido de la cabeza dijo: son las señoras  del tinto, no las vayan a matar, no les vayan a hacer nada… tocó hacer harta  fuerza para poder abrir la puerta y como eso estaba bien oscuro no se sabia si  eran los guerrilleros o los soldados los que nos hablaban, lo único que se veía  en los pasillos era la luz del cielo… ya era de noche… fue cuando nos  hicieron subir tres escalones… creo que eran los soldados los que nos decían  “que salgan no más las señoras del tinto con las manos en alto”, fue  cuando cada uno de ellos nos cogió a cada una de nosotras y nos tenían las  manos atrás y dijeron: nos van a decir quiénes son ellos porque su vida está  por delante que la de nosotros, fue cuando nosotros les dijimos que éramos  (sic) del M‑19… y nos dijeron pero si ellos son del M‑19 porqué  se van a quedar con ellos, nosotros les contestamos que era porque nos habían  amenazado que teníamos que abrirles la puerta… yo les decía que estaban  desarmados y dijo el soldado: yo me voy a acercar y si nosotros nos acercamos y  llegamos a morir ustedes también mueren, y fue cuando se oyeron ocho tiros de  afuera para adentro porque ni siquiera linterna tenían los soldados, y yo creo  que fue que mataron adentro a los guerrilleros porque uno de ellos se quejó y  gritó y yo creo que sí…».    

     

Más  adelante, la testigo refiere lo que dice haber oído contar    

a  unos soldados, acerca de la muerte de la guerrillera, que, según ella se  trataba de Patricia:    

     

«  Venían unos soldados y dijeron: ya acabamos de matar a esa    

india  que estaba dando tanta bala, la ubicamos bien y la destrozamos porque ella no  se dejaba matar. . yo creo que era la cabecilla de todos, porque dijeron que  desde temprano estaban que buscaban el sitio y que hasta hacía poquito la  habían encontrado y la habían vuelto pedazos. .. nosotros les decíamos a los  soldados que nos bajaran de la terraza (donde las habían subido por la escalera  de hierro ancladas en la pared), que nos llevaran a cualquier parte. .. fue  cuando otros soldados vinieron y dijeron que se está prendiendo el edificio.  Nosotros pensamos en quedarnos achicharradas ahí porque esa terraza era  hirviendo en calor, eso se le pegaban a uno los pies y el humo estaba llegando  hacia nosotras, fue cuando a mi me dio harto desespero y me iba a botar desde  la azotea para la calle, yo ya estaba lista para botarme y unos soldados me  detuvieron y me dijeron no haga eso, no haga eso…, decíamos que nos bajaran o  que miraran a ver qué nos hacían, fue cuando a ellos les dio lástima y nos  volvieron a bajar por el mismo sitio por donde habíamos subido, pero duramos  bastante en la azotea y habían unos soldados que eran buenos… dijeron  cúbranse… contra la pared y váyanse detrás de mi…, el que nos bajó fue un  soldado… desde la azotea hasta el primer piso. Uno miraba hacia los pasillos  y había mucha gente muerta… fuimos bajando al tercer piso, habían más  soldados regados ayudando a proteger a la gente que estaba bajando, bajamos al  primer piso… nos hicieron salir por la puerta principal… nos sacaron y nos  llevaron a la Casa del Florero…» (Folio 712, Juzgado 41, primer cuaderno).    

     

La  señora María Mercedes Ayala Lesmes, compañera de la declarante anterior Limas  de Montaña, por su parte, declaró;:    

     

«…  Oí como un tiroteo, como un ruido tremendo, y como un    

sábado  había caído un vidrio de ahí y sonó un estruendo. . . pense que era otro vidrio  el que se había caído… nos entramos al cuarto del tercer piso, con Lucía mi  compañera… al momento cesó el fuego y vi un grupo de varios pero yo no sabía  que eran del M‑19 y cuando ellos entraron al cuarto de nosotras les  dijimos, Dios mío, no nos vayan a hacer nada, no nos vayan a matar, ellos no  dijeron que tranquilas que no nos iban hacer nada, ellos, eran varios hombres y  mujeres que traían. . . unas vainitas en el hombro que decían M‑19, como  un parche y unas vainitas colgadas en el cuello, como blanco y rojo, no  recuerdo más, ellos entraron al cuarto y nos tranquilizaron y una muchacha de  esas se colocó en la puerta y no dejaba ni cerrar ni abrir. . . se reunieron un  poco de ellos y trajeron los maletines que ellos traían y los regaron y eso era  munición… al rato hirieron a un muchacho de ese y lo entraron al cuarto de  nosotras. . . yo le ayudé al muchacho, estaba mal herido debajo del brazo y en  un brazo y yo lo amarré con bayetilla… hasta ese momento yo no sabía que eran  del M‑19 sino hasta cuando le miré el brazo que estaba herido y le miré  el parche que decía M‑19. Yo pensaba que ellos eran del Ejército porque  tenían el uniforme verde como el del Ejército… Entraron varias muchachas y  muchachos y preguntaron por nosotras… les rogamos que no nos    

hicieran  nada…, un muchacho crespito como canocito que salió por el periódico que  dijeron que era la cabecilla, dijo que no nos iban hacer nada, que solamente  querían diálogo, nosotros con semejante miedo por los disparos, eso parecía que  se había derrumbado todo…yo solamente les daba agua… había un muchacho alto  crespito que lo habían herido en una pierna y en un pie… la muchacha dijo no  hay nada que darle y este otro muchacho también está grave, entraron varias  muchachas y la muchacha que estaba con nosotros era llamada por sus compañeros  como Violeta a otra le decían Patricia, todos eran jovencitos, excepto el señor  que vi por el periódico que se veía de más edad, de resto los otros eran  jovenes entre 20 y 25 años, nosotras preocupadas, figúrese que el muchacho  cuando lo hirieron tenía dos granadas ahí y le dijo a otro compañero que le  sacara esas dos granadas que tenían trabada el arma y que entonces por eso lo  hirieron. Un crespito me preguntó que a dónde quedaban las oficinas de los  Magistrados y yo le contesté que no sabía a dónde quedaban, me preguntó que de  qué era la puerta que había en el cuarto piso… le dije que no sabía, y me  preguntó que dónde quedaba la puerta, que da a la terraza y le dije que no  sabía, sacaron como un plano y hablaban bajito, yo me entré al cuarto con mi  compañera y cuando salí vi que disparaban hacia arriba y hacia abajo, pero yo  no sabía quiénes    

eran  los que disparaban de arriba, se comunicaban los del M‑19    

entre  ellos, cuando iban subiendo alguno de los compañeros decían “suba  Colombia” y el otro le contestaba “sigue Colombia” y a medida  que ellos iban subiendo se decían así, yo le hacía preguntas a las muchachas  del M‑19 y unas me contestaban y otras no, yo le pregunté a ella que cómo  se llamaba y no me contestaba. Entre las mujeres que entraban había como unas  cuatro y hombres sí habían hartos, pero no le sé decir el nombre, porque  llegaban unos y se iban otros. Había una muchacha, la del nombre Violeta que  hasta en el maletín decía Violeta, la otra estaba vestida con un vestido como  del Ejército … y habían otras que estaban vestidas con un pantalón azul claro  de pana y camiseta pero no recuerdo el color y zapatos bajitos. . . después de  que ellos se repartieron para un lado y otro, nosotras seguimos en el cuarto, y  se fue la luz, no sé que horas eran, yo no llegué a mirar el reloj… al rato  llego otro muchacho herido en la cabeza y se sentó ahí en el cuarto y el otro  herido acostado. Ya después no vimos casi nada… después oí que ellos decían  que habían matado a un compañero pero no lo vi… uno de los guerrilleros dijo  que cerrara el cuarto con seguro… cerramos la puerta entonces, yo sobre una  mesa y mi compañera sobre un cajón donde guardamos los traperos. Después  echaron unos gases y no podíamos casi respirar y entonces la muchacha Violeta  mojó un trapo de ella no supe qué y entonces nos lo pasó para que nos lo  metiéramos en la boca, para poder respirar, yo como tenía una bayetilla la  rompí en dos pedazos y se los pasamos a ellos, húmedos, nosotros nos metimos  debajo del platero y nos estuvimos juntas, y no hicimos bulla a petición de los  guerrilleros… los otros muchachos que estaban afuera dijeron… ¡ay! se nos  entró el Ejercito. Ya después de eso no los oímos más. Estuvimos quietas. Oí  que afuera decían: salgan, salgan suban por aquí, pero no sabíamos quiénes  decían eso, si el Ejército o quién. Al rato el que estaba herido en la cabeza,  en la parte superior, llamaba a sus compañeros. Decía, compa ayúdeme que estoy  grave. Al rato oímos en donde se echa la basura en el cuarto piso que  hablaban… y como que tiraban balas por ahí, apenas hablaba el herido.. al  buen rato oímos que estaba el Ejército por ahí y. . . oyeron al que se  quejaba…preguntaron quién más está ahí, el muchacho de la herida de la cabeza  dijo que unas señoras del tinto, el herido en el brazo me preguntó si no había  por dónde escapar y le dije que no, entonces el Ejército dijo que salieran con  las manos en alto. El muchacho herido se me recostó en mi y abrimos con mi  compañera, porque nos dijeron que si no salíamos llenaban eso de plomo y  dijeron que no creían que éramos del aseo… me preguntaron que quiénes más  estaban y le dije que dos muchachos, preguntaron si eran del M‑19 y les  dije que sí, entonces dijeron que nosotras éramos guerrilleras y les dije que  no. Preguntaron si estaban armados, y les dije que no, les preguntaron a los muchachos  quiénes eran y dijeron que éramos del M‑19 y cuando subíamos entonces oí  que los mataron. . . a nosotras no nos bajaron abajo, sin que nos subieron a la  terraza, en donde vimos unos muertos, dos muertos, yo no ví más. . ., yo no  podía de los nervios subir… uno se subió y dijo que me ayudaba y me daba la  mano y yo temblorosa subí la escalera, junto con mi compañera y en la terraza  me preguntaban que si era guerrillera… nosotras, suplicábamos que nos  creyeran que éramos del Serviaseo y uno (soldado) comentaba con otro del  Ejército que había salido una muchacha vestida y que había sido guerrillera, o  sea Violeta, porque yo la vi que se había cambiado el uniforme y se colocó un  pantalón beige, una camisita a cuadros, de varios colores y un saco blanco,  entonces la reconocí por la forma que decían ellos que había salido y dijeron  que se había salido como estudiante y como la muchacha se vistió en mi  presencia, por eso caí en la cuenta que fuera la misma… Cuando salimos a la  terraza… sería como a la madrugada. En la terraza tiraban rocket y nos decían  que abriéramos la boca y nos tapáramos los oídos. Ahí duramos hasta cuando nos  sacaron, eso estaba todo el edificio vuelto llamas. . ., ya luego empezamos a  bajar todos los del Ejército y a nosotras nos bajaron de últimas con cuatro. No  habíamos sino dos personas allí con mi compañera fuera del Ejercito. Cuando  bajamos veíamos por las escaleras. . . muertos en gran cantidad, no se sabía si  eran del Ejército o del M‑19, unos los veía eran estirados en los  entrepisos, y siempre nos iban protegiendo a nosotras hasta que bajamos al  primer piso…, eso nos cogían de la mano durísimo y luego nos hicieron seguir  corriendo hacia la Casa del Florero y allí nos interrogaron y dije…, lo que  estoy diciendo aquí…, me pusieron a recorrer ahí en la Casa del Florero a ver  si yo reconocia alguno de los guerrilleros que había visto y había bastante  gente retenida, también había personas empleadas del Palacio y yo no vi a nadie  ahí… Un teniente me regaló para el bus y me dejaron salir, pero todavía no  había, aclarado, yo llegué a mi casa como a las cinco de la mañana, y me  llevaron en una ambulancia uno de los socorristas. . . ». (Folios 152‑158,  del mismo Juzgado).    

     

 Debemos  anotar que la testigo, en diligencia de ampliación de su declaración cumplida  el 26 de enero de 1986, luego de observar unas fotografías que para el efecto  le fueron mostradas, reconoció al guerrillero Luis Otero, como la misma persona  de mayor edad que había ingresado a su cuarto, con un grupo de guerrilleros  jovenes. Precisamente, el mismo que figuró como jefe del movimiento.    

     

Después  de las tres de la mañana se observó una pausa en los enfrentamientos, aunque  esporádicamente se oían ráfagas y disparos, tiro a tiro. Se escuchaban  explosiones de menor potencia. El incendio por otra parte, se extinguió como ya  se dijo, a esa misma hora. De los escombros salía humo y el calor del ambiente  era sofocante. Al amanecer el cuadro era dantesco. Todo era desolación y  ruinas, Confundidos entre ellos los restos calcinados de rehenes y  guerrilleros, cuyas armas, igualmente calcinadas se encontraron al pie de sus  despojos. Muy pocos cadáveres, aunque reducidos, conservaban su forma. El  ambiente exhalaba un olor penetrante e insoportable, que recordaba la destrucción  de la vida humana.    

     

Todas  las oficinas con sus divisiones habían desaparecido, los    

equipos  de dotación convertidos en chatarra retorcida, los procesos en curso, las  bibliotecas de la Corte, y las personales de los Magistrados y demás  funcionarios, convertidos en cenizas. En una palabra, sólo podía apreciarse la  sólida estructura del imponente Palacio.    

     

No  obstante se escuchaban esporádicas descargas y disparos mas, como preparación  de lo que sería la segunda etapa de la gran tragedia.    

     

Al  llegar la mañana, los guerrilleros quedaron reducidos a los baños y a las  escaleras del costado oriental del palacio. El resto del edificio se hallaba  bajo el control de las distintas unidades militares.    

     

No  es fácil narrar las dificultades que se presentaron para dar un manejo legal al  problema surgido, en un buen número de casos por la casi total ausencia de los  cadáveres, y, en otros, por la falta de su apariencia física.    

     

La  identificación se logró, en un caso, por una “estemotomía longitudinal  suturada con alambre” que el familiar autor del reconocimiento definió  como “ganchos para sostener las costillas”, puestos allí con ocasión  de una intervención quirúrgica del corazón. En otros, por cierto que en forma  muy dudosa, por sus pertenencias casi exclusivamene. Sorprendentemente, en los  casos de los Magistrados Reyes Echandía y Gnecco Correa, sus documentos de  identidad personal se conservaron casi intactos; en los demás fue posible o por  una argolla de matrimonio o por adornos o hasta por ciertas prendas intimas.  Algunos cadáveres presentaban huellas de heridas.    

     

 Así,  al del doctor Julio César Andrade Andrade (Acta de levantamiento 1165,  protocolo de autopsia 3834). “Se le encontró un proyectil alojado en la  masa muscular del muslo izquierdo”, proyectil que no presenta huellas de  que haya sido disparado en arma de fuego, la deflagración de la carga del  cartucho correspondiente fue motivada por altas temperaturas, como reza el  concepto del laboratorio de balística. Caso igual se da en el cadáver levantado  con acta 1136, cuya autopsia se describe en el protocolo número 3833.    

     

Tres  casos dan una idea de la dificultad para esclarecer los hechos finales. En las  autopsias de los Magistrados Reyes Echandía y Gnecco Correa se dice que  “presenta heridas por arma de fuego en la región subescapular a la altura  del quinto arco costal” el primero, mientras que en el segundo, “a  los RX se evidencia proyectil de arma de fuego el cual se aloja a nivel  peritoneal entre las asas delgadas. Otro fragmento está localizado a nivel paravertebral  derecho, tercio proximal, femular derecho e isquión izquierdo los cuales no es  posible extraer por el estado de carbonización”. (Protocolo 3740 y 3803,  respectivamente). En el protocolo 3810 correspondiente al acta de levantamiento  1172 se da cuenta que a “los RX se evidencia fragmentos metálicos en la  región sacro ilíaca los cuales fue imposible extraerlos”.    

     

En  los tres, sin embargo, la conclusión es la misma: la causa de la muerte no pudo  ser determinada.    

     

Hay,  a pesar de todo, otros en los cuales el patólogo se aventura en el concepto:              

1°  El del acta 1157, protocolo de autopsia 3836, en el cual, a pesar de que al  describir el cadáver dice que se trata de un “hombre con carbonización  total”, concluye que falleció “por asfixia por aspiración de  humo”.    

     

2°  El del acta 1236, protocolo de autopsia 3833 (cadáver carbonizado), también se  dice que falleció “por asfixia por aspiración de humo”, y    

     

3°  El del acta 1135 aunque “carbonizada en un 100%”, por haberse  localizado tres proyectiles en el muslo izquierdo, dos de ellos con orificio de  entrada en tercio superior y el último “sin evidenciarse , orificio de  entrada”, la conclusión es que “fallece en shock hemorrágico por  herida de proyectil de arma de fuego y asociado a carbonización” .    

     

Todo  lo demás, como ya se dejó expresado está indeterminado    

en  cuanto a causas de la muerte se refiere.    

     

El  caos de ese cuarto piso por razón del fuego y la destrucción o por el  tratamiento que se dio a cadáveres y huellas, es de tal magnitud que con  inmensa sorpresa se encuentra un protocolo (el 3794) el cual dice,  textualmente:    

     

“Descripción  del cadáver: Se reciben restos humanos carbonizados correspondientes a por lo  menos dos cadáveres adultos …”.    

     

 Quiere  esto decir que el levantamiento de un cadáver se hizo sobre restos de dos en  explicable confusión de los funcionarios de Policía Judicial, porque su  capacidad no los habilita para hacer esta clase de determinaciones. Pero  también demuestra que las cifras que se han dado sobre número de muertos son  susceptibles de modificarse en la medida que aparezcan confusiones como la que  se deja expuesta.    

     

La  documentación que acredita todos estos hechos aparece dispersa en los  expedientes levantados en un principio por los distintos juzgados que conocían  de la instrucción. Su estudio, por tal dispersión, se dificulta en grado sumo.  Esto llevó al Tribunal a disponer que por la Secretaría se clasificara copia de  toda ella formando cuadernos separados, exclusivamente con las actas de  levantamiento de los cadáveres, los protocolos de autopsia, los dictámenes de  balística, registro civil, fotografías, etc., en forma tal que a cada  levantamiento se vean agregados los demás documentos correspondientes al  cadáver levantado.    

     

Las  víctimas de este holocausto fueron las siguientes:    

     

a)  Magistrados de la Corte:    

     

Alfonso  Reyes Echandía.    

Pedro  Elías Serrano Abadía.    

Fabio  Calderón Botero.    

Darío  Velásquez Gaviria.    

Ricardo  Medina Moyano.    

Carlos  Medellín Forero.    

Alfonso  Patiño Roselli.    

Fanny  González Franco.    

José  Eduardo Gnecco Correa.    

     

b)  Magistrados Auxiliares:    

     

Emiro  Sandoval.    

Julio  César Andrade Andrade.    

Jorge  Alberto Echeverri Correa.    

     

c)  Personal de Secretaría de los Magistrados:    

     

Libia  Rincón Mora.    

Ruth  Mariela Zuluaga de Correa.    

Ana  Beatriz Moscoso de Cediel.    

Rosalba  Romero de Diaz.    

María  Yaneth Rozo Rojas.    

Lida  Mondol de Palacio.    

María  Cristina Herrera.    

Cecilia  Concha Arboleda.    

Isabel  Méndez.    

Nury  Soto de Piñeros.    

Hermógenes  Cortés N.    

María  Teresa Muñoz de Jiménez.    

     

d)  Oficial de la Policía Nacional:    

Capitán  Hector Aníbal Talero Cruz.    

     

e)  Suboficiales y Agentes del DAS y F‑2.             

(Servicio  de escolta de Magistrados):    

     

Sargento  Primero Jaime Benitez Prieto.    

Ramón  León Ariza.    

Saúl  Chavarría Salamanca.    

Libardo  Durán.    

     

La  identificación por nombres de estas treinta víctimas fue posible habida  consideración de que era conocido el personal adscrito a cada dependencia.  Nunca se sabrá cuántos guerrilleros o visitantes murieron allí, porque los  cadaveres fueron levantados sin mencionar el sitio específico donde fueron  encontrados. Así, para los guerrillero identificables casos hay sobre los  cuales se puede saber el lugar donde murieron porque su actuación se conoce a  través de la prueba testimonial.    

     

 En  algunos (levantamientos números 1171, 1183, 1099, 1178, 1179, 1131, 1186, 1127,  1134), se tiene como dato indicativo del lugar donde falleció cada uno, la  información puesta al pie de la respectiva fotografía tomada por el fotógrafo  oficial, pero nada se dice sobre este aspecto en el acta.    

     

Los  guerrilleros ocupantes del cuarto piso corrieron suerte igual a la de los  Magistrados y funcionarios: fueron calcinados totalmente. Los que fallecieron  en otros sitios no fueron afectados por el fuego y por tanto fue posible su  identificación.    

     

La  de los calcinados fue segura en muy contados casos, como se    

dejó  explicado. El Tribunal considera que no era posible avanzar más en este aspecto  por razones de muy fácil aceptación: cuando inició sus funciones ya estaban  inhumados todos los restos recuperados; el estado de ellos, tal como se  describe en el protocolo de autopsia dan base para deducir la imposibilidad de  reconocimiento; y para ese sólo propósito dado el tiempo trascurrido, no se  justificaba la exhumación.    

     

Se  debe dejar constancia, de la insatisfacción del Tribunal en    

este  aspecto de la prueba. No estamos seguros de que todas las identificaciones  realizadas correspondan plenamente a la verdad.    

     

Absolutamente  irreconocibles aparecen veintiocho (28) cadáveres. De los veintinueve (29)  funcionarios mencionados en la lista anterior dos hay, por lo menos, que no  tienen prueba alguna de su identidad; de los restantes algunos muy pocos en  verdad-fueron plenamente reconocidos mientras que los demás lo fueron en forma  no muy convincente.    

     

O  sea que en el último piso del Palacio de Justicia perecieron veintiséis  personas, que no hacían parte de la nómina de la Corte Suprema de Justicia. De  ellas debe descontarse a Gustavo Ramírez Riveros, visitante de la oficina del  doctor Medina Moyano.    

     

A  los autores de este informe les asalta una duda sobre la seguridad de estas  cifras, duda que nace de varias circunstancias plenamente demostradas:  Evidentemente el incendio se prolongó por varias horas y su intensidad fue de  tal naturaleza que por algunas manifestaciones    

(vidrios  fundidos entre otras) los expertos la calcularon entre 800 y 1.100°C. Las  fotografías de los restos muestran un estado avanzado de calcinación que más  parece resultado de adivinación que de observación el dictamen sobre la  naturaleza y características de los cádaveres. A tal extremo llegó la confusión  en esta materia que uno de los cadáveres (acta 3877, protocolo de autopsia  número 058) sólo fue descubierto entre los escombros cuando el Juez Segundo  Especializado adelantaba la diligencia de inspección judicial tres días después  de ocurridos los hechos. Si a ésto se agrega la conducta de los aseadores que  tiraron como basura huesos humanos, se ve cómo esa duda está plenamente  justificada y la cifra se deja mencionada porque tiene respaldo documental.    

     

 Repitiendo:  Se explica la presencia de treinta y dos personas en el cuarto piso. Son los  nueve Magistrados, los tres Magistrados Auxiliares, los doce funcionarios de  Secretaría, el Capitán de la Policía, los cinco integrantes de la escolta, la  ascensorista y el visitante ocasional.    

     

Los  restantes veinticinco fallecidos son o guerrilleros o rehenes. No hay otra  conclusión posible porque las bajas de los cuerpos armados están acreditadas e  identificadas plenamente.    

     

 Ahora  bien: Según el plan general de la toma, en ésta debían    

participar  28 guerrilleros transportados en los tres vehículos, más los cinco que, como se  dejó explicado, se encontraban dentro del edificio (Jacquin, Doris, etc.), lo  que hace un total de treinta y tres guerrilleros. Cuatro no entraron, según  Abraham, lo cual da veintinueve en    

total.    

     

 Los  asaltantes muertos, que fueron plenamente identificados, son 15, que sumados a  los 26 extraños, da cuarenta y un cadáveres, cuya identidad o ubicación debe  buscarse, porque no hacen parte de los organismos que tienen su sede en el  Palacio o no estaban visitándolo como ocurrió con el joven Ramírez Riveros.    

     

Este  punto se estudiará, con detenimiento, al tratar el problema de los  desaparecidos.    

     

La  tragedia tuvo su culminación en los baños situados en los dos entrepisos más  altos (del piso 2° al 3° y de éste al 4°). Allí se refugiaron los guerrilleros  y los rehenes a medida que avanzaba la recuperación del Palacio por las Fuerzas  Armadas; el espacio dominado por los asaltantes fue reduciéndose al sector  Noroccidental y más concretamente a los baños y a las escaleras de acceso.    

     

El  subversivo plan General tantas veces citado habla de la concentración de los  rehenes fundamentales y destina para ella las salas de deliberación que, como  se dejó explicado, funcionan en el ángulo Norte del ala Oriental del cuarto  piso. Trascurridas varias horas y dominada la oposición que desplegaron los  guardaespaldas de los Magistrados, poco tiempo tuvieron los guerrilleros para  organizar esta operación (concentración de rehenes) porque bien sea a las 5:45  de la tarde como dice un Sargento del Ejército, o a las siete de la noche (hora  en que ya estaba en llamas el cuarto piso como lo afirma el Magistrado Camacho  Rodríguez), lo cierto es que el fiero incendio dio al traste con todos los  planes de establecer un tranquilo y total dominio del piso con los  “rehenes fundamentales” asegurados bajo su custodia como instrumento  poderosísimo de negociación.    

     

 Esta  situación irregular para la guerrilla, obligó a disponer desplazamientos  sucesivos de uno a otro baño: primero fue el correspondiente a los pisos 3º y  4°; de allí descendieron al situado entre el primero y el segundo, para  finalmente ubicarse entre el segundo y el tercero.    

     

Este  pequeño recinto de área ligeramente superior a los veinte    

metros  cuadrados, se convirtió en prisión para más de sesenta rehenes, campo de  operaciones para un número indeterminado de guerrilleros que entraban y salían,  depósito de municiones como quiera que allí se reaprovisionaban en la medida en  que agotaban las cargas previamente recibidas, base de trabajo de la enfermera  y, finalmente, refugio de los guerrilleros heridos. Allí entregaron sus vidas  varios Magistrados de la Corte, algunos Magistrados Auxiliares, modestos  conductores de automóvil y los guerrilleros todos que custodiaban el sitio y,  recibieron heridas muchos otros rehenes.    

     

 Se  ignora quiénes fueron los primeros en llegar. Cada vez que un testigo comparece  a declarar, informa que encontró rehenes ya concentrados allí. Es unánime,  también, la afirmación de los prisioneros que iban ingresando, de que se habían  asilado algunos guerrilleros heridos, muy probablemente las víctimas de la  resistencia inicial por parte de la escolta de los Magistrados. Desde un  principio aparece allí Andrés Almarales Manga, quien actúa como jefe de ese  grupo de guerrilleros que dominaba el baño y sitios aledaños. Fue fácilmente  identificable para todos porque su fotografía se publicó repetidas veces en la  prensa y en la televisión como personaje destacado en las conversaciones de paz  que, aun en el propio Palacio Presidencial, se llevaron cabo.    

     

Figura  de especial importancia dentro de ese grupo guerrillero, es un hombre que-herido  en los momentos iniciales de la ocupación-se refugia en un ángulo del baño,  precisamente en el ultimo de los lavamanos, y con serenidad pasmosa aguarda sin  inmutarse el desarrollo de los acontecimientos. Varios rehenes le confunden con  Jacquin, el abogado que colaboró desde dentro en la toma. Ese guerrillero está  plenamente identificado como Diógenes Benavides Martinelli, panameño, empleado  del Ministerio del Trabajo de Nicaragua, quien portaba una cedula de ciudadanía  colombiana a nombre de Mario García Restrepo-falsa obviamente‑, y cuyo  cadáver fue levantado bajo ese nombre según acta 1113 y el acta de autopsia  correspondiente lleva el número 3763. La herida que recibió inicialmente, fue  de tal naturaleza que ella misma sirvió a los testigos para su identificación y  reconocimiento.    

     

Así,  pues, no hay duda sobre su participación, identificación y origen.    

     

La  enfemería estaba a cargo de Noralba García Trujillo, quien    

prestaba  sus servicios a un centro hospitalario muy importante de la ciudad, del cual se  retiro 6 días antes de la toma, seguramente con el exclusivo propósito de  vinculase a ella en tan destacada misión. Esta profesional en una de las  salidas a otra parte del Palacio donde eran requeridos sus servicios, murió y  su cuerpo fue calcinado por lo cual no aparece entre los muertos identificados.    

     

 Sin  embargo, se tiene la seguridad de su participación en los actos de la toma tal  como se deja relatado, porque los testigos que la vieron la reconocieron en uno  de los retratos que los guerrilleros se tomaron en la casa de la concentración  previa al ataque.    

     

Otros  guerrilleros fueron heridos en los momentos iniciales y en el baño se  refugiaron para recibir atención médica y protección contra los ataques. Su  identificación se mencionará cuando se citen los testimonios que dan cuenta de  su presencia en el lugar. Otros entraban y salían para calmar el ardor de los  ojos (uno) o para recibir alimentos o para enterarse de la salud de uno de los  heridos como fue el caso de una guerrillera ligada sentimentalmente con éste.    

     

La  población de este rincón del edificio, pues, tal como reiteradamente lo señalan  los testigos, fluctuó alrededor de setenta personas entre rehenes y  guerrilleros.    

     

A  las incomodidades naturales del hacinamiento, debe agregarse    

las  que les fueron impuestas por las circunstancias a los allí presentes: la  obscuridad que se dispuso por los guerrilleros para ocultar su presencia en el  lugar, afán que, en un principio, también obligó a no descargar las cisternas  de los baños; la humedad que se agravó por la ruptura de los ductos de agua; y  por la utilización de mangueras para la sofocación del incendio; dificultades  respiratorias no sólo por los malos olores de los baños sino por los gases  lacrimógenos; y la quietud obligada por el mismo hacinamiento; las explosiones,  disparos, ruidos de tanque “algo así como taladros, la impresión de que se  estaban rompiendo paredes” (lo dice el Secretario del Consejo de Estado).    

     

De  este sitio, tan importante para la investigación, se elaboraron planos  pormenorizados y se tomaron fotografías que cubren todos los rincones y ángulos  (Veáse inspección practicada por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal y copias  reducidas de los planos que se acompaña a este informe).    

     

 El  Magistrado Nemesio Camacho, su colega el doctor Tapias Rocha y otros  testimoniantes deponen sobre un hecho que causa una gran sorpresa, si se  consideran la heterogeneidad de los ocupantes, la variedad e intensidad de las  torturas mentales a que fueron sometidos, la prolongada permanencia en tan  espantosas condiciones, el temor y en veces la certeza de un final trágico,  etc. Se trata de la gran dignidad con que todos los allí presentes se comportaron  en todos los momentos de la tragedia. Magistrados, aseadoras, auxiliares,  choferes, secretarias, abogadas y, los mismos guerrilleros, en todo momento  observaron tal compostura, que fueron escasos los gestos de desesperación. La  seguridad de la muerte próxima, dice Tapias Rocha y lo confirma Camacho, nos  impuso la obligación de ser dignas. Hasta los más humildes se compenetraron de  ese sentimiento y actuaron con una altura que muchos quisieran para sí, aun en  ocasiones de menor trascendencia.    

     

Esta  certeza de la muerte se hizo dolorosa evidencia después en los casos de los  Magistrados Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil, del Magistrado Auxiliar  Carlos Horacio Urán, de los abogados asistentes Lizandro Juan Romero B., y Luz  Stella Bernal Marín, de la auxiliar María Nieto de Navarrete y del chofer Luis  Humberto García.    

     

Cuál  fue el desarrollo de los hechos cumplidos en el baño, es la materia de que se  ocupará este informe con mayor detenimiento:    

     

Cincuenta  y tres rehenes liberados rindieron su declaración sobre su terrible  experiencia; se hicieron varias inspecciones judiciales no sólo para determinar  las huellas de los hechos sangrientos sino, algunas muy especiales, para  concretar las exposiciones de los testigos y traducirlas en planos con los movimientos  declarados y dibujados por expertos; experticios se ordenaron especialmente en  balística para determinar el origen y la dirección de los impactos que las  puertas presentaban; en fin, en esta materia queda muy poco hacer.    

     

Para  llegar a las conclusiones más o menos certeras sobre la realidad de lo ocurrido  en el baño situado entre los pisos segundo y tercero, se impone-en primer lugar-conocer  muy bien el escenario y, luego, estudiar cada una de las cincuenta y tres  declaraciones que se rindieron por los rehenes liberados.    

     

Para  este fin se acompaña-en copia reducida-el plano del baño, tomado del general  del edificio.    

     

 Como  se ve en dicho plano, se entra por un pequeño pasadizo    

de  un metro de ancho por 2.58 metros de largo; el acceso, propiamente tal, se hace  por un espacio vacío de 1.35 metros de ancho, porque un muro de 1.30, paralelo  a la pared occidental del pasadizo, sirve para preservar la intimidad del baño.  Dentro de éste y sobre la misma pared occidental y al fondo o ángulo norte se  encuentran tres sanitarios con divisiones y puertas metálicas de 1.15 metros de  largo por 0.90 metros de ancho; la pared oriental tiene los lavamanos en número  de cuatro, los espejos correspondientes y un toallero metálico, adosado al  muro; el resto, constituye un pequeño espacio sin utilización; finalmente en la  pared norte, se encuentran dos orinales verticales. En toda la extensión de la  pared oriental (5.28 metros), y a distancia aproximada de un metro, se  encontraba paralelamente un muro exterior que, con el interior, constituía el  espacio libre o “ducto” y cuya existencia se destaca por la  incidencia que tuvo en los acontecimientos que allí se cumplieron.    

     

En  el mismo entrepiso se encuentra un pequeño cuarto destinado    

al  aseo con un montacargas, un shut de basuras y otro ducto. Esta habitación y los  servicios mencionados ocupan un área de poco más de cinco metros cuadrados.    

     

 En  este recinto minúsculo-el baño-se vivió lo que muchos testigos llamaron  “el infierno”. Allí se refugiaron, finalmente, avanzada la noche del  6 de noviembre todos los rehenes que habían escapado al incendio.    

     

 La  impresionante lista es la siguiente:    

     

Luis  Horacio Montoya Gil, Magistrado CSJ.    

Manuel  Gaona Cruz, Magistrado CSJ.    

Humberto  Murcia Ballén, Magistrado CSJ.    

Hernando  Tapias Focha, Magistrado CSJ.    

Samuel  Buitrago Hurtado, Consejero de Estado.    

Nemesio  Camacho Rodríguez, Magistrado CSJ.    

Reinaldo  Arciniegas, Consejero de Estado.    

Aydée  Anzola Linares, Consejero de Estado.    

Lizandro  Romero Barrios, Magistrado Auxiliar.    

Nicolás  Pájaro Peñaranda, Magistrado Auxiliar.    

José  Alberto Roldán Barriga, Magistrado Auxiliar.    

Helena  Gutiérrez Romero, Magistrada Auxiliar.    

Luz  Estella Bernal Marín, Abogada Asistente.    

Carlos  Horacio Urán Rojas, Abogado Asistente.    

José  Gabriel Salom Beltràn1, Abogado Asistente.    

Nelson  de Jesús Zuluaga R., Magistrado Auxiliar.    

Víctor  Manuel Estupiñan C., Abogado Asistente.    

Ricardo,  Correal Morillo, Secretario General.    

Dario  Enrique Quiñónez, Secretario General C.E.    

Sofía  de Arenas, Secretaria Magistrado.    

Consuelo  Guzman de ospina, Secretaria Magistrado.    

Rosalba  Marín de Henao, Secretaria Magistrado.    

Amanda  Leal de Gallego Secretaria Magistrado.    

Celina  Gómez de Ospina, Oficial Mayor.    

Hilda  Diaz de Agudelo, Oficial Mayor.    

Aura  Nieto de Navarrete, Auxiliar Judicial.    

Alba  Ines Rodríguez Ch., Auxiliar Segundo.    

María  C. de Quintero, Auxiliar Consejero.    

Hermelinda  Prado, Auxiliar Consejero.    

María  Yineth de Pérez, Auxiliar Magistrado.    

Ana  Lucía de Sánchez, Auxiliar Magistrado.    

María  Esther Mesa M., Auxiliar Magistrado.    

Luis  Francisco Camargo G., Auxiliar Judicial.    

María  Fernandez de Díaz, Auxiliar judicial.    

Ana  P. Caballero Buitrago, Auxiliar judicial    

Leonor  Mariela Avila Roldán, Escribiente 7º    

Luz  del Carmen de Murillo, Escribiente 7°    

Marlen  de Arguello, Escribiente 7°    

Hector  D. Correa Tamayo, Citador Sala.    

Nelfi  Díaz de Valencia, Ascensorista.    

Luis  Eduardo Medina Garavito, Conductor.    

Luis  Humberto García, Conductor.    

José  Joaquín Paez Gómez, Conductor.    

Jorge  Antonio Reina Orjuela, conductor.    

José  William Ortiz, Conductor.    

Ananías  Bohorquez, Conductor.    

Magallis  Arévalo Mejía, Serviaseo.    

Rosa  Helena Contreras, Serviaseo.    

Argelia  Figueroa, Serviaseo.    

Rosa  Zoila Barahona de Torres, Serviaseo.    

Agueda  Stella Robayo, Serviaseo.    

Aura  Gladys Moreno Rozo, Serviaseo.    

Rosa  Helena Carrillo Alarcón, Serviaseo.    

Nubia  Tella Hurtado Torres, Secretaria Abogados.    

Betty  Quintero GonzáIez, Abogada litigante.    

Carmen  Elvira Reyes Rodríguez, Abogada litigante.    

Carmen  Elisa Mora Nieto, Visitante.    

Mauricio  Vásquez, Conductor.    

Jaime  Buitrago Castro, Auxiliar Judicial.    

Berta  León.    

     

Los  guerrilleros encargados de la custodia de estos rehenes, estaban al mando de  Andrés Almarales Manga. Tres más, entre los cuales se encontraba Benavides  Martinelli, se alojaban allí por su condición de lesionados. Ocupaban el ángulo  nororiental sobre los lavamanos. Tres mujeres, por lo menos, desempeñaban  distintos oficios: Irma Franco Pineda, atendía la provisión de municiones,  medicinas y alimentos; Clara Enciso (alias “La Mona” o  “Diana” ) y otra no plenamente identificada, colaboraban con la  vigilancia. Cuatro o cinco más estuvieron siempre presentes a lo largo del  cautiverio encargados de la custodia de los rehenes.    

     

De  los 53 relatos que el Tribunal ha tenido a la vista para la elaboración de este  informe se concluye que, concentrados los rehenes en el baño, los guerrilleros  hicieron de él también su cuartel general y a él acudían para satisfacer todas  sus necesidades de municiones, drogas y alimentos, así como para recibir  instrucciones de quien, por desaparición de sus superiores, había asumido la  conducción de las operaciones: Almarales.            

     

Avanzada  la mañana, algunos rehenes ofrecieron su mediación ante las Fuerzas Militares  para evitar la muerte de todos los cautivos. Inicialmente el doctor Carlos Urán  trató de obtener la autorización de Almarales para descender al primer piso,  dar cuenta de la existencia de gran número de rehenes y desvirtuar así una  información radial, según la cual, sólo quedaban guerrilleros en la  edificación.        

     

Se  consideró muy peligrosa para el doctor Urán esta gestión y por lo tanto se  descartó su mediación. Posteriormente, a eso de las 10:30 a.m., se rectificó  este criterio y el Magistrado Manuel Gaona Cruz anunció que estaba dispuesto a  realizarla. El Comandante guerrillero rechazó su nombre y acepto en cambio, el  del Consejero de Estado Reinaldo Arciniegas, quien provisto de la camiseta del  Magistrado Tapias Rocha como bandera blanca de tregua y luego de anunciar su  misión por varias veces, descendió las escaleras y fue recibido por los  militares.    

     

Inexorablemente  las provisiones de todo tipo iban agotándose y, con ello, sólo quedaba a los  guerrilleros la esperanza de que se aceptara su propuesta de dialogo y  negociación. Decidieron, pues, que los rehenes, a voz en cuello y previa identificación  por nombres y cargos, solicitaran el cese al fuego y la presencia de comisiones  de paz o de dignatarios eclesiásticos o periodistas o funcionarios.    

     

La  intervención de los rehenes siempre fue respondida por los    

militares  con la exigencia de que descendieran, manos en alto, en la seguridad de que sus  vidas serían protegidas. Los captores la rechazaron.    

     

Mientras  tanto, el fuego continuaba, los guerrilleros hacían frecuentes incursiones al  baño para reaprovisionarse de municiones, en algunas ocasiones se les  suministraron bombas o granadas cuyo lanzamiento fue precedido de instrucciones  a los rehenes sobre la actividad que deberían asumir en el momento de la  explosión para no recibir daño. Los lanzamientos se efectuaron, realmente, y el  estruendo, según relato de los testigos, fue enorme.    

     

Muchos  de ellos describen con minuciosidad una bomba especial, de manufactura  artesanal, con la cual los guerrilleros alentaban la esperanza de destruir el  edificio y, aun, varias manzanas aledañas. Ese artefacto que, con el terror que  es de suponer, fue visto dentro del baño, era especialmente cuidado por sus  poseedores. Es de creer que no fue utilizado finalmente o no tenía la potencia  que se le atribuía.    

     

Poco  después del mediodía, un guerrillero informó a su Comandante la presencia de la  tropa en el piso tercero y por lo tanto de la iminencia de la ocupación total  del Palacio (véanse las declaraciones de Hector Dario Correa y Carmen Elisa  Mora Nieto, rendidas ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal).    

     

Esta  información determina un cambio total en la situación de guerrilleros y  rehenes. Hasta ese momento existía cierta fraternización, se entremezclaban,  rehenes inyectaban a heridos, una guerrillera que padecía de calambres recibió  masajes de un cautivo; guerrilleras suministraron drogas y alimentos  especialmente a ciertas empleadas que padecían diversas afecciones a las que  sufrieron desmayos se les hizo recuperar el sentido con tratamientos adecuados.    

     

Esa  fraternización tuvo muchas otras manifestaciones que no vale la pena relatar.  Pero, a partir de ese momento de la información sobre la toma del tercer piso,  el Comandante ordenó, perentoriamente, la formación de los guerrilleros en el  sector occidental del baño (orinales) de frente a los rehenes quienes se formaron  en filas por categorías: adelante los Magistrados, seguían los funcionarios  (auxiliares y abogados primero, empleados y choferes, luego) para que al final  se ubicaran las mujeres.    

     

Este  episodio lo relata dramáticamente el Magistrado Nemesio Camacho en los  siguientes términos:    

     

«En  un momento, Andrés Almarales nos llamó a los Magistrados de la Corte y a los  Consejeros de Estado, nos hizo sentar en la primera línea y colocó al frente un  práctico pelotón de fusilamiento. Nos dijo: “ustedes son nuestra última  carta, porque para que caigamos nosotros, primero deben caer ustedes”  (Declaración rendida ante el Juez 77 de Instrucción Criminal).    

     

Algunos  guerrilleros, alegando su situación de heridos, pretendieron sustraerse a la  orden que les daba su jefe, quien, en forma airada, la reiteró siendo obedecido  inmediatamente.    

     

«…en  frente se apostaron como unos 4 guerrilleros con las ametralladoras contra  nosotros…».    

     

 Dice  la doctora Helena Gutiérrez, Betty Quintero González, da    

versión  más avanzada de esta ocurrencia, así:    

     

«…De  pronto dijeron que se pusieran todos los Magistrados adelante, que por ellos  iban a empezar a matarlos uno por uno…».    

     

Esta  interpretación parece fundamentarse en la indicación que    

Almarales  hizo al Magistrado Gaona de que al gritar solicitando el cese al fuego  advirtiera que iban a ser sacrificados uno a uno, como última carta. (Véase  declaración de Amanda Leal de Gallego).    

     

Sin  embargo, el Consejero doctor Samuel Buitrago es enfático    

sobre  este punto cuando dice:    

     

«…  Los guerrilleros nos habían colocado a los Magistrados al    

frente  del grupo con miras según alguno de ellos lo manifestó de empezar a  sacrificarnos uno a uno si el Ejèrcito no cesaba su ataque».    

     

El  Magistrado Tapias Rocha da su versión así:    

     

«…  Ya viéndose prácticamente perdidos los guerrilleros preguntaron quiénes del  grupo eran Magistrados de la Corte, y nos ordenaron colocarnos en frente de  éllos, habiéndose situado los guerrilleros contra los orinales del baño. Yo  intuí que nos iban a ejecutar y traté por ello de no quedar en primera línea.  Sin embargo, no pude moverme del sitio en que estaba por el apretujamiento de  todos y finalmente quede en medio lado, de cuclillas y recostado contra la  división de los inodoros exactamente entre el primero y el segundo de ellos..».    

(Folio  4 de su certificación jurada rendida ante el Juez 77 de Instrucción Criminal).    

     

Ya  sentados en el piso y en las filas ordenadas, comienzan a    

producirse,  aceleradamente, los gravísimos hechos que se constituyen en culminación  dolorosísima de la tragedia.    

     

Según  cuenta el Ministro de Defensa (Folleto citado, página 77).    

     

«…  se dispuso la presencia de un equipo de explosivos de uso    

orgánico  de la Escuela de Ingenieros, preparado para romper las posibles posiciones  enemigas en busca de abrir una brecha por la terraza para dominar el fuerte  núcleo de resistencia establecida por los subversivos en el cuarto piso y para  practicar aberturas por las cuales rescatar y evacuar secuestrados encerrados  en distintas dependencias. . . ».    

     

En  desarrollo de estas ideas, cuenta el Sargento Segundo Ariel Grajales Bastidas  de la Escuela de Artilleria de la XIII Brigada:    

     

«”…  Desde el sitio en donde yo me encontraba se dispararon rockets con el fin de  hacer roto en la pared y poder sacar los rehenes …”, esos se dispararon  desde el costado oriental del segundo piso contra la pared exterior de los  baños, estando dentro del Palacio de Justicia. “Yo disparé uno, la orden  vino de abajo y era de mi Mayor Francica, pero no disparándole a los rehenes,  sino a la pared; el otro rocket no sé quién lo disparó, lo dispararon desde un  poco más atrás». (Declaración rendida el 18 de febrero ante el Juzgado 30 de  Instrucción Criminal).    

     

Ese  disparo u otro similar hizo impacto en la pared oriental del baño, aquélla que  en el plano aparece como muro exterior del ducto que rodea la habitación. A la  inspección de las ruinas del Palacio se observa que esa pared fue derribada y  los rehenes, casi sin excepción, testifican que una bomba hizo explosión y gran  parte de ellos observó que, simultáneamente, el toallero cayó con gran  estruendo.    

     

La  caída del toallero fue producida por la onda explosiva como    

consecuencia  del impacto en la pared exterior. La interior, o sea aquella a la cual se  encontraba adosado el toallero, es notablemente débil y habría sido derribada  en su totalidad de haber recibido directamente el impacto. Solamente cayó el  toallero y se produjo un pequeño hueco en el lugar donde se aseguraba el  artefacto.    

     

En  este punto comienza las grandes contradicciones probatorias. Porque testigos  hay que atribuyen a esa explosión las muertes de la doctora Luz Stella Bernal y  de doña Aura de Navarrete; otros afirman que esas y otras se debieron a  disparos efectuados a través del mencionado hueco por soldados o policías;  finalmente, los hay también que aseguran que todas las muertes dentro del baño  fueron ejecutadas directa y exclusivamente por los guerrilleros.    

     

En  procura de una información cierta y completa, se transcribirá lo pertinente de  cada una de tales pruebas y se formularán conclusiones y pronunciamientos sobre  una y otras.    

     

Veamos,  primeramente, quienes testifican sobre las descargas de fuera hacia adentro.    

     

La  doctora Helena Gutiérrez, declaró ante el Juez 77 de Instrucción Criminal, que:    

     

 «…  En un momento dado entraron como unos cuatro disparos    

al  baño . . ., vi estallar dos disparos en el piso porque levantó como fuego y en  ese momento también me di cuenta que el doctor Nemesio Camacho había sido  herido en la cabeza…».    

     

Más  adelante aclara:    

     

 «…  lo único que puedo decir es que cuando sentimos que se    

aproximaban  las balas del Ejército al lugar donde estábamos, el doctor Nemesio Camacho  quedó herido en la cabeza, fue en ese momento, por que hasta ese momento no ví  que los guerrilleros dispararan, yo no vi que adentro dispararan, los  guerrilleros…».    

     

O  sea que su apreciación de que las balas eran del “Ejército”, se  originó en el hecho de que ella no vio disparar a los guerrilleros. Con toda  honradez ella afirma a renglón seguido que: “No sé de dónde vendría la  bala”.    

     

Su  exposición, pues, es la inferencia derivada de no haber visto el hecho  contrario. Si no vio a los guerrilleros tuvo que ser el Ejército.    

     

El  relato del Magistrado Samuel Buitrago sobre este punto es    

claro  y concreto:    

     

«…  Posteriormente (a la formación de la fila) el Ejército con sus armas abrió una  tronera por la pared vecina a los lavamanos y por allí hubo intenso fuego que  provocó bajas entre los rehenes. . .».    

     

El  Secretario del Consejo de Estado dice haber visto disparar    

hacia  adentro por el hueco de la pared y dentro mismo por los guerrilleros.    

     

María  Nelfi Diaz de Valencia (la ascensorista) cuenta que:    

     

«…  Adentro en el baño no sonó ni una bala, toda la bala venía de afuera, claro que  los guerrilleros tiraron, uno llamado Rocket hacia afuera, porque nos tiraban  mucha bomba de guerra, pero adentro ellos no tiraron nada… los guerrilleros  nos cuidaban, nos defendian, nos daban droga y suero, en ningún momento los  guerrilleros atentaron contra nosotros, al menos que yo haya visto . . . ».    

     

José  Joaquín Páez, conductor de la Corte declara:    

     

«…  Ahí estaba el doctor Murcia Ballén, el doctor Gaona Cruz,la doctora Aydée  Anzola, el doctor Salom, las aseadoras, pero no sé el nombre, ni de las  auxiliares… ahí el problema fue que a mí me trató de dar infarto y por el  humo y los gases lacrimógenos, entonces empecé a sufrir del corazón y entonces  unas aseadoras me daban masajes y me movían los brazos y me daban pañuelos  húmedos para respirar. Yo me encontraba en la puerta de salida del baño y yo no  vi morir a nadie. Yo fui como el primero que salí entre los rehenes de esos, si  en esa confusión uno no puede ponerse a observar nada. Preguntado: ¿Usted se  dio cuenta si los guerrilleros que estaban en el baño con ustedes que  dispararan a algunos de ustedes ? Contestó: Yo no vi que dispararan, pero ví  que la pared fue rota, porque la policía o el ejército rompieron, yo alcancé a  ver el roto y dispararon de afuera para adentro ».    

     

Héctor  Darío Correa, citador de la Sala Constitucional, depone:    

     

«…en  ese momento entró por una de las paredes abriendo un boquete como una granada,  porque el estallido fue tremendo, prácticamente cayó en los pies donde ella se  encontraba (Luz Stella Bernal), inmediatamente se escuchó la explosión,  nosotros todos nos cubrimos, cuando volvimos a levantar la cabeza yo vi que  había mucha gente herida y muerta . . . ».    

     

Finalmente,  Magallys Arévalo, dice:    

     

«…Después  de eso se formó una balacera, entraban balas de fuera hacia adentro por un  hueco que abrieron en el momento de esa balacera, ese hueco lo abrieron con una  granada o algo así…».    

     

La  posición contraria, es decir, aquella que sostiene que los disparos se  produjeron dentro del baño, aparece de los siguientes testimonios:    

     

«.  ..pero en ese momento entró por una de las paredes, abriendo un boquete como  una granada porque el estallido fue tremendo prácticamente cayó en los pies  donde ella se encontraba, inmediatamente se escuchó la explosión, nosotros  todos nos cubrimos, cuando volvimos a levantar la cabeza, yo vi que había mucha  gente herida y muerta; después de esto volvió a entrar otra granada, no me di  cuenta de qué lado venía dirigida y tras de la explosión de la granada vinieron  varias ráfagas que ya fueron dirigidas directamente adentro del baño, me parece  que venían del lado de la puerta de entrada, todo el mundo tratábamos de  protegernos como pudiéramos, pero las balas rebotaban por todos lados, muchos  cayeron heridos y muertos; hubo un momento en que se calmó el tiroteo y  nosotros le pedimos a Almarales que por favor nos dejara salir…». (Héctor  Darío Correa.)    

     

La  primera parte de esta transcripción ya se había copiado en el capítulo  inmediatamente anterior, porque el testigo creyó que la “granada”  había producido algunas muertes en el pequeño recinto y por tal motivo también se  incluyó entre los que atribuyen la acción externa las muertes. Luego se verá en  cuál posición le asiste la razón.    

     

José  William Ortiz, conductor de la Corte, cuenta que:    

     

«.  . .Nos habían hecho formar en fila, los Magistrados a la puerta del baño, de afuera  hacia adentro, enseguida, siendo como la una de la tarde, aproximadamente,  empezaron a disparar dentro del baño los guerrilleros hacia las personas que  estaban ahí dentro…»    

     

Igualmente  enfático es Jorge Antonio Reina, conductor de la Sala Civil], de la Corte,  quien declara:    

     

«…Almarales  le dijo a los compañeros de él, que se hicieran todos al frente donde estaba  él, se hicieron en fila, entonces fue cuando tomaron la decisión que todos  teníamos que estar sentados en el baño en filas, apagaron la luz y nos  comenzaron a disparar, al frente mío estaba el compañero Luis García, que fue  uno de los primeros que mataron, yo me di cuenta porque él se me desgonzó  encima y yo metí la cabeza por debajo de los demás compañeros para  protegerme…».    

     

El  abogado José Gabriel Salom, funcionario del Consejo de Estado, cuenta que:    

     

«…Al  lado de la pared donde se hizo el boquete, no había absolutamente nadie y la  persona más próxima hacia el mencionado lugar era yo y fue por esa  circunstancia que pude ver con absoluta claridad el momento en que cayó el  aparato blanco que contenía las toallas de papel y frente a él se habían  apostado los guerrilleros, quienes una vez abierto el orificio, no cesaron de  disparar hacia el indicado lugar; por esta razón no supe qué personas pudieran  haber perecido en la explosión, ya que el pensamiento inicial mío fue que la  única persona que estaba herida era yo, pues como lo dije anteriormente, las  piernas no me obedecían. Preguntado: ¿Por ese boquete penetraron al baño  disparos del ejército? Contestó: hasta el momento en que abandoné las  instalaciones del baño los únicos disparos que salían era del mismo recinto,  dado que la condición, tamaño y ubicación del orificio constituía a mi juicio  una situación privilegiada para los guerrilleros, quienes con su incesante  fuego no dejaban acercar a ninguna de las personas que tenían ese  propósito…».    

     

Hilda  Díaz de Agudelo, Oficial Mayor de la Secretaría del Consejo de Estado, a la  pregunta de si “pudo observar si a ese baño a más de la bomba que explotó  y rompió la pared, entraron ráfagas de ametralladora o proyectiles disparados  por otro tipo de arma de fuego”, Contestó:    

     

«…Yo  no sé, no pude ver eso, se sentía más bien todo del baño hacia afuera…».    

     

El  Magistrado Nemesio Camacho es categórico:    

     

«…Hacia  medio día, hubo un ataque directo al sitio en donde    

estábamos.  Los señores del M‑19 dispararon sus armas y allí percibí que había sido  herido en la cabeza y en la pierna derecha…».    

     

Alba  Inés Rodríguez., empleada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, da una  versión tajante:    

     

«…La  gente le pregunta a uno que si fue el ejército o fueron    

los  guerrilleros los que nos dispararon, y la respuesta mía que el ejército no nos  disparó directamente porque en el baño habían era guerrilleros y no ejército y  cuando nos sacaron fueron los guerrilleros los que nos sacaron, yo al ejército  lo vine a ver cuando estábamos en el cuarto piso…».    

     

Más  adelante da una explicación similar a la que luego se copiará del Magistrado  Tapias Rocha, con la que refuerza notablemente su aserto:    

     

«…  Preguntada. Por el sitio en donde recibió el disparo, que lo fue en la espalda,  el proyectil pudo venir del orificio que usted vio en el muro donde estaba el  toallero o del sitio donde estaban ubicados los guerrilleros cerca a la entrada  del baño ? O los orinales según usted los ha ubicado en el croquis? Contestó.  Yo estaba de frente al orificio y de costado a los guerrilleros (se deja  constancia que la declarante ha manifestado tener dos orificios en la espalda:  uno según las gasas y esparadrapo que se sienten debajo del buzo que viste  debajo de un chaquetón el cual se ha quitado, se siente una curación hacia la  altura del homoplato derecho, y a otro a nivel del quinto o sexto espacio  intercostal del lado izquierdo posterior, ignorando la declarante si son dos  orificios diferentes o es uno de entrada y otro de salida. No se despojó del  buzo la declarante por haber recibido curaciones el día anterior y tener  molestia por ello…».    

     

O  sea que si estaba al frente al orificio y recibió el disparo o los disparos en  la espalda, éste o éstos le fueron hechos por los guerrilleros situados a su  costado.    

     

María  Humbertina Hernández de Díaz, Auxiliar del Consejo de    

Estado,  dice:             

     

“…Yo  vi cuando le dispararon a la doctora Luz Stella, le disparó un guerrillero con  metralleta…».    

     

Conviene  en este punto leer la autopsia para saber que la doctora Luz Stella Bernal  murió como consecuencia de una ráfaga (cuatro heridas) y no por estallido o  explosión, como    

algunos  han creído.    

     

El  Magistrado Hernando Tapias Rocha, cuenta que:    

     

«…Nos  ordenaron colocarnos en frente de ellos, habiéndose situado los guerrilleros  contra los orinales del baño. Yo intuí que nos iban a ejecutar y traté por ello  de no quedar en primera línea. Sin embargo no pude moverme del sitio en que  estaba por el apretujamiento de todos y finalmente quedé de medio lado, de  cuclillas, y recostado contra la división de los inodoros exactamente entre el  primero y el segundo de ellos. Repentinamente sonaron una serie de disparos  dentro del baño y sentí que había sido herido en la espalda. Seguro de que  quienes habían disparado eran guerrilleros tan pronto como me sentí herido me  hice el muerto, recostándo sobre un cuerpo que no se movía. Permanecí allí  algunos instantes y en seguida logré arrastrarme hasta el compartimiento  correspondiente al primer inodoro.    

     

Allí  quedé recostado cerca de la puerta protegiéndome lo más posible y desde ese  sitio vi al doctor Nemesio Camacho tendido de espaldas en el piso pero sostenido  en sus brazos y herido en la cabeza. Vi, igualmente, antes de entrar al baño, a  algunos guerrilleros con revólveres en las manos, confirmando de esta manera  que fueron ellos quienes nos dispararon…».    

     

En  la historia clínica que reposa en el Hospital Militar Central y que fue  agregada al cuaderno número 3 levantado por el Juzgado 23 de I.C., se lee:    

     

«  …Tapias Hernando.    

     

“Paciente  quien es traído al servicio de Urgencia de esta Institución por presentar  herida por arma de fuego en tórax, región posterior a nivel de tercer o cuarto  dorsal región posterior con orificios de entrada y salida y edema y hematoma en  dicha área”.    

     

 En  diligencia de reconocimiento de fotografías, practicada el 26 de febrero por el  Juzgado 77 de Instrucción Criminal, el doctor Tapias Rocha, amplió su  declaración en los siguientes términos:    

     

Preguntado:  Doctor Tapias Rocha, sírvase informarle al Juzgado qué persona o personas le  hirieron a usted y a los demás rehenes que se encontraban dentro del baño  ubicado entre el segundo y el tercer piso del costado norte del Palacio de  Justicia.    

     

Contestó:  No tengo certeza respecto a las personas o a la persona que me pudo haber  herido, pero quienes se encontraban en condiciones de poder disparar, eran los  guerrilleros del M‑19. Ellos se hicieron en fila contra la pared  correspondiente a los orinales y ordenaron a los Magistrados de la Corte que  nos colocáramos en frente de ellos y yo comprendí en ese momento que el  propósito era ejecutarnos como rehenes. Por eso en lugar de irme hacia adelante,  traté de irme hacia atrás, pero alguien dijo que yo era Magistrado de la Corte  y no pude lograr mi propósito, además el apretujamiento era tan grande que  tampoco pude moverme hacia adelante, de manera tal que permanecí en cuclillas,  recostado contra la división del primer y segundo inodoro que se encontraba  entrando a mano derecha. En relación con los guerrilleros del M‑19 yo  quedé de perfil y por eso cuando sentí que era herido en la espalda, no tuve la  menor duda en relación con que eran ellos quienes disparaban. Por esa razón me  hice el muerto, y permanecí en esa posición, recostado sobre el cuerpo de  alguien que cayó antes que yo, hasta que pude deslizarse al primer inodoro en  donde permanecí sentado tratando de resguardarme de las balas. Preguntado. Doctor  Tapias Rocha, sírvase decirle al Juzgado cuántos huecos observó en la pared  oriental del baño y por allí penetraron disparos que pudieran herir a personas  que se encontraban dentro del baño. Contestó: Desde la posición en que me  encontraba en el inodoro al cual llegué después de ser herido, vi con claridad  un hueco pequeño, muy cerca de donde comenzaba el mueble de los lavamanos, esto  es, casi debajo de la esquina de la mesa correspondiente. Por ese hueco que  corresponde a la pared oriental del baño cualquier bala que hubiera entrado  habría podido matar tan solo a las personas que se encontraban enfrente del  hueco, entre las cuales se encuentran todas las personas que se encontraban en  el inodoro en el cual yo me guarecí así como los guerrilleros que se  encontraban recostados contra los orinales y tal vez los Magistrados que  estaban cerca de la puerta de salida del baño. Tengo la casi completa seguridad  de que por ese hueco no entró ninguna bala, ya que los Magistrados y demás  personas que resultaron muertos y heridos dentro del baño, fueron precisamente  los que quedaron enfrentados a los guerrilleros y no las personas que quedaron  en frente del hueco…».    

     

De  la transcripción que se deja hecha, varias son las conclusiones que se pueden  extraer:    

     

Primera.  Testigos hay que dicen haber visto entrar al baño bombas o granadas que allí  estallaron y causaron algunas muertes.    

     

Esta  afirmación es totalmente equivocada. Ninguna bomba o granada estalló dentro del  baño porque no hay el más leve rastro de tal estallido y porque ninguno de los  rehenes fallecidos murió por explosión. El Magistrado Horacio Montoya Gil murió  fuera de ese recinto.    

     

Segunda:  Con excepción del Secretario del Consejo de Estado, quien dice haber visto  disparar hacia afuera y hacia adentro por el orificio de la pared, los demás  testigos excluyen una u otra posibilidad. Los unos que solamente se disparó  hacia adentro, los otros que sólo se disparó dentro o desde dentro.    

     

Para  el Tribunal, los disparos que quitaron la vida de los rehenes en el baño,  fueron hechos por los guerrilleros que dominaban aquel sitio). Con ello se da  crédito, plenamente, a lo expuesto por el Magistrado Tapias y por la  funcionaria Alba Inés Rodríguez, quienes testifican, como alguien lo decía,  refiriéndose a un caso similar con su voz, sus sentidos y muy especialmente con  sus heridas.    

     

Siguiendo  el plano del baño, la ubicación de los heridos y de los guerrilleros, la  posición de unos y otros respecto del orificio en la pared, no puede concluirse  de otra manera sino imputando a personas colocadas en el interior las lesiones  inferidas a los rehenes. La situación de las heridas y la posición en que se  encontraban quienes las recibieron, impone la conclusión de que sus atacantes  se encontraban de perfil y no de frente.    

     

Tal  como se encontraban colocados el Magistrado Tapias y la señorita Rodríguez, de  haber recibido las heridas en el torax, región , anterior, no se vacilaría en  afirmar la conclusión contraria.    

     

Afortunadamente  estas situaciones se definen por el mismo reconocimiento médico que no es  testimonio susceptible de recibir influencias como aquellas que afectan al  sentido de los testimoniantes y que, declarando la verdad que creen haber  percibido, están equivocados de buena fe.    

     

El  punto fundamental, materia de enfrentamiento testimonial,    

es  si se disparó o no dentro del recinto ocupado por guerrilleros y rehenes. Cree  el Tribunal que con lo expuesto es suficiente para pronunciarse por la  afirmativa. Existe, sin embargo, corroboración que ratifica sobradamente este  punto de vista. Tiene que ver con la prueba sobre las circunstancias que  produjeron las muertes de los Magistrados Gaona Cruz y Montoya Gil.    

     

Según  el abogado Gabriel Salom,    

     

«…Manuel  Gaona me tomó a mí de la mano y empecé a salir con él y con otro Magistrado que  no le vi la cara, porque no podía yo caminar, yo me arrastraba y ya en la  puerta del baño nos dijo el comandante: Tranquilos que a ustedes no les va a  pasar nada, ya que son mi última salvación. También le oí en forma confusa que  el comandante decía que había perdido su última carta. Segundos después y  siguiendo en la misma posición de sentados en el suelo, oí nuevamente que  Manuel Gaona le daba las gracias por tomar tan sensata decisión, es decir,  porque al parecer se iban a rendir y nosotros íbamos a ser los rehenes que en  cierto modo los íbamos a proteger. Sin embargo cuando nos dijo que siguiéramos  recostados muy cogidos de la mano, sentados en el corredor, Manuel le dijo que  eso no podía ser, que nosotros no íbamos a ser carne de cañón, porque nos iban  a sacar donde estaba el fuego cruzado, que eso no podía ser porque de todas  maneras nos iban a matar y fue en ese momento y sin habernos movido de nuestro  sitio cuando empezaron a disparar contra nosotros y sentí un fuerte golpe en la  espalda, que me botó hacia el rincón y en seguida pesadamente cayó sobre mi  cabeza la de Manuel Gaona, quien manaba por la misma gran cantidad de sangre.  También en ese momento sentí los primeros impactos de bala en mis piernas, toda  vez que inicialmente sentí unos fuertes corrientazos y un calor extraordinario  para perder posteriormente toda sensibilidad en las mismas. En esta posición,  es decir, debajo de Manuel Gaona, permanecí yo creo que por espacio de una hora  y pude advertir que Gaona estaba exangue…».    

     

 Más  adelante da una declaración complementaria y explicativa    

muy  convincente:    

     

«  . . . Preguntado: ¿ Quién mató a Gaona Cruz, el ejército o los guerrilleros?  Contestó: No tengo la certeza absoluta de que lo hubiera matado el ejército o  la guerrilla, pero dada la ubicación y la forma en que nos sacaron presumo que  fue la guerrilla, pues el otro Magistrado que venía con nosotros y que fue el  que me golpeó en la espalda cuando cayó, murió en un sitio donde era imposible  que lo alcanzaran las balas del ejército, pues en primer lugar en ese sitio  estaban como cinco o seis guerrilleros parados y en segundo lugar el sitio  donde había fuego cruzado, está aproximadamente a un metro de donde le  dispararon a Gaona y donde yo permanecí inmóvil. Posiblemente me dicen que el  otro Magistrado era Horacio Montoya, pero dado el nerviosismo y las  circunstancias tan rápidas, no puedo precisar con exactitud. No creo que haya  sido el ejército porque los guerrilleros estaban parados y nosotros sentados…  ».    

     

Esta  última parte requiere otra explicación y la da en la siguiente respuesta:    

     

«.  . .Preguntado: ¿Quién le causó las heridas de bala en las piernas? Contestó: No  lo puedo precisar, porque como lo dije anteriormente, la cabeza mía estaba  contra el rincón y encima mío el cuerpo de Gaona y por consiguiente no pude ver  qué persona hizo los mencionados disparos, pero en el sitio donde estábamos era  imposible que las balas provinieran del ejército, pues solamente una persona  que estuviera parada alrededor nuestro podía causar las heridas, toda vez que  estábamos postrados en el suelo. . . ».    

     

Existe  sobre este acontecimiento de la muerte del Magistrado Gaona Cruz un plano que,  para mejor comprensión de lo que se expone a continuación, se acompaña en  copia. Allí aparece la ubicación final del cadáver y del cuerpo del testigo  Salom, precisamente en el ángulo que forman las paredes oriental y  septentrional del descanso de la escalera.          

     

Los  dos rehenes salieron del baño; el recorrido lo hacían siguiendo la pared  oriental y no habían cambiado de rumbo cuando se produjeron los disparos que  ocasionaron la muerte del Magistrado. Dos impactos de proyectil de arma de  fuego penetraron por el parietal izquierdo el primero, y por la cara lateral  derecha del cuello el segundo, con orificios de salida en el temporal derecho y  en el conducto auditivo izquierdo, respectivamente.    

     

La  trayectoria o dirección de la primera es, nítidamente posterior anterior,  mientras que la segunda se orienta con claridad en forma transversal de derecha  a izquierda.    

     

La  que penetró por el parietal debió tener origen en persona    

que  se encontraba atrás, ligeramente a la izquierda de la víctima. El autor de la  segunda no pudo estar ubicado a la izquierda. Para ello era necesario que el  rehén se encontrara en camino hacia el baño, no saliendo de él.    

     

Si  se pretendiere que el autor de la primera lesión accionó su    

arma  desde el ángulo superior de la escalera, o sea en el tercer piso, y a la  izquierda de la víctima, el orificio de salida no podría haberse dado en el  temporal derecho. Y, mucho más importante todavía, la segunda lesión (cara  lateral derecha del cuello) se encuentra en el lado contrario al supuesto  autor.    

     

Es  conclusión lógica, pues, que las lesiones padecidas por el doctor Gaona fueron  producidas por persona o personas ubicadas en la puerta del baño.    

     

También  las heridas que presenta el cadáver del doctor Horacio    

Montoya  Gil contribuyen a la demostración plena de que los disparos se hicieron en el  interior del baño. En efecto, el Protocolo de autopsia número 3774 dice, al  describir las lesiones que presenta el cadáver del Magistrado:    

     

«1.1.  Orificio de entrada por proyectil de arma de fuego de 2 x 1.5 cms. a 11 cms.  del vértice y 2 cms. de la línea media. Localizado en ojo izquierdo.    

     

 1.2.  Orificio de salida por proyectil de arma de fuego no hay.    

     

 1.3.  Lesiones: piel del párpado superior, penetra globo ocular produciendo  estallido, se localiza en el borde inferior externo del agujero periorbitario  en donde se encuentra una vainilla».    

     

 Como  causa de la muerte se estableció que fue un “Shock hipovolemico producto  de laceración pulmonar derecha, todo ello a causa de heridas múltiples por  elemento explosivo”.    

     

 La  lesión que le produjo la vainilla en el ojo izquierdo no fue, pues, según  Medicina Legal, la causa de la muerte. Este impacto lo recibió antes de haber  sufrido la explosión que laceró el pulmón y produjo el deceso. El doctor  Montoya salía detrás de Gaona, no pudo salir antes, se ignora a qué distancia  porque Salomón lo identifica, aunque presume que sea el quien le seguía y quien  cayó sobre su espalda. Es esta una versión aceptable.    

     

El  Magistrado Murcia Ballén encuentra a su colega Montoya al    

pie  de la primera escala ascendente, aún con vida y con la cara ensangrentada,  luego de lo cual se produce la explosión de una granada tal como él lo relata.    

     

El  doctor Montoya había salido al descanso de la escalera detrás de Gaona y de  Salom, como se dejó dicho, y muy probablemente junto con los abogados Romero y  Urán en momentos en que se aventuraban a una salida tal vez apresurada y sin  consentimiento de todos los captores que los custodiaban. Allí cayeron varios  de ellos; por lo menos Gaona y Montoya.    

     

 En  un principio domino entre los guerrilleros que todos los caidos habían muerto  cuando sólo Gaona de entre ellos había recibido heridas fatales. Los  guerrilleros (quienes con este hecho demuestran que dominaban el descanso y por  lo tanto quienes allí cayeron no fueron víctimas de balas oficiales)  consideraron que la permanencia de los cuerpos en aquel sitio dificultaba las operaciones  defensivas y habiéndolos    

calificado  como “estorbos” los desplazaron hacia la escalera    

que  conduce al segundo piso.    

     

Ejecutada  esta disposición, fue posible que el doctor Murcia Ballén encontrara en el  sitio por él señalado al doctor Montoya, aún con vida, para perderla  inmediatamente como consecuencia de la explosión de una granada que, con toda  seguridad, fue lanzada al descanso por alguno de los sitiadores del baño.    

     

La  lesión inicial, tan impresionante por la ubicación y por los destrozos que  causó, pudo recibirla el doctor Montoya al ser disparada un arma automatica a  muy corta distancia de su cara cuando la vainilla, violentamente expelida, vino  a alojarse en su ojo izquierdo. El se encontraba muy cerca de la puerta del  baño cuando uno de sus ocupantes disparaba contra su colega Gaona.    

     

Los  peritos de Medicina Legal, son de opinión que una explosión pudo producir el  desplazamiento de la vainilla hacia el ojo del doctor Montoya, pero la  declaración del Magistrado Murcia Ballén, quien claramente diferencia con el  tiempo la explosión de la lesión en la cara, hace considerar poco probable esta  ocurrencia apuntada por los peritos    

como  posible.    

     

Otro  hecho, este sí final, respalda definitivamente las afirmaciones sobre disparos  en el interior del baño:    

     

El  chofer Luis Humberto García, inocentemente convencido de que la ubicación de  los Magistrados en primera línea les daba ciertos privilegios y los protegía  mejor, buscó y obtuvo ubicación con ellos, situándose delante de su colega José  Antonio Reina. El Magistrado Tapias Rocha, más realista que García se hizo  detrás de Reina, pero en la misma línea de tiro, mientras que Alba Inés  Rodríguez se colocaba detrás del Magistrado. Todos, con excepción de Reina, a  quien protegió el cuerpo de García fueron heridos con mayor o menor gravedad:  García murió instantáneamente, mientras que Tapias Rocha y Rodríguez  sobrevivieron.    

     

Muchas  explicaciones se han intentado para esta conducta de los guerrilleros. Ya se  vio como los Magistrados Camacho, Tapias Rocha y Buitrago vieron en la  disposición final de guerrilleros y rehenes un principio de ejecución o  fusilamiento.    

     

Se  dijo también que el criterio de Almarales era el de colocar    

a  los Magistrados en las proximidades de la puerta de entrada para crearse  protección pensando en que la certeza de su inmolación por el invasor detendría  a éste.    

     

Habiendo  ubicado de esa manera a los rehenes, por categorías descendentes, los mayores  en primera línea de peligro, se estaría reproduciendo produciendo la escena del  captor que se escuda en el cuerpo del secuestrado para evitar la acción armada  de las autoridades.    

     

De  los planos elaborados se desprende que no se daba tal situación porque el  interior del baño, donde se formaron las filas de rehenes, no era perceptible  por los supuestos atacantes y no se producía en ellos efecto disuasivo alguno.    

     

Según  varios testimonios de rehenes, se puede concluir en una    

tercera  interpretación asumida por los guerrilleros.    

     

Tales  testimonios dan fe de un hecho que parece perfectamente    

acreditado:  la simultaneidad entre la explosión que dio a tierra con el toallero empotrado  en la pared oriental y la lluvia de balas que cayó sobre los prisioneros.    

     

Muy  expresivo es, al respecto, el dicho del doctor Ricardo Correal Morillo,  Secretario de la Sala Constitucional de la Corte:      

     

«  En una hora que no puedo precisar, una onda explosiva retumbó el baño y  simultáneamente, metralla y bala de pistola sobre los rehenes apostados en el  suelo».    

     

Esta  simultaneidad hizo incurrir en error a númerosos testigos que creyeron ver en  la explosión la causa de la muerte de varios rehenes (Doctora Bernal, señora de  Navarrete, entre otros), cuando la verdad es que perdieron la vida por lesiones  causadas con proyectil de arma de fuego, como se desprende en las correspondientes  necropsias.    

     

Es  cierto que instantes después de la explosión, casi coincidiendo con ella, los  testigos comprobaron la muerte de dichos rehenes y por esa simultaneidad  incurrieron en la inocente equivocación que la necropsia viene a poner en  evidencia.    

     

Recomponiendo  la escena se tiene que los guerrilleros habían formado a los rehenes en las  filas y para los fines que algunos de ellos expusieron. En esos momentos-‑sin  que importe la cuantía del intervalo‑‑, se produce el estallido que  hace desprender el toallero y que, sin dudas, convence a los captores de que se  ha iniciado el ataque final que ellos esperaban y que pretenden evitar con la  disposición de los rehenes que habían adoptado.    

     

Ese  ataque era esperado por la puerta de entrada y ello se explica por la ubicación  de los rehenes. Sin embargo se produce por el extremo opuesto y hacia este  disparan los guerrilleros casi automática o irreflexivamente. Las víctimas de  la equivocación las conocemos suficientemente.    

     

Esta  interpretación se identifica mejor con la conducta asumida por los guerrilleros  frente a los rehenes a lo largo del cautiverio y especialmente a la culminación  de éste cuando los liberaron tranquilamente y sin condiciones.    

     

No  se ha podido determinar, individualizándolos, el autor o los autores de cada  una de las muertes o de las lesiones. Las sindicaciones no llegan hasta el  nivel personal. Los rehenes se abstienen de mencionar personas cuando se trata  de hacer imputaciones.    

     

Ya  fueron interrogados todos los cautivos y no se cree posible que en el futuro se  llegue a concretar una acusación en este    

aspecto.    

     

     

LOS  DESAPARECIDOS.    

     

Dos  grupos bien definidos existen que pueden ser cobijados bajo esta denominación.    

     

El  primero está integrado por los empleados de la cafetería una visitante habitual  del Palacio la doctora Gloria Anzola de Lanao, y dos visitantes ocasionales,  doña Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles y tortas de la cafetería,  y doña Lucy Amparo Oviedo de quien sus familiares informan que luego de una  visita al Tribunal Superior del Distrito, planeaba encontrarse con su paisano  el doctor Alfonso Reyes Echandía, para solicitar su intercesión ante quien  tramitaba su aspiración de conseguir empleo en la rama jurisdiccional.    

     

El  segundo grupo lo forman los guerrilleros que lograron salir    

con  vida del Palacio de Justicia cuando se produjo la recuperación por las Fuerzas  Militares, de quienes se ha perdido toda huella: se tiene por ahora la plena  identificación de Irma Franco Pineda y de Clara Enciso.    

     

Tratemos  el caso del primer grupo:    

     

Los  trabajadores de la Cafetería eran: Carlos Augusto Rodríguez, Administrador;  Cristina del Pilar Guarín Cortés, Cajera Interina; el Chef David Suspes Celis,  Luz Mery Portela León, Ana Rosa Castiblanco, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor  Jaime Beltrán y Gloria Stella Lizarazo.    

     

La  cafetería funcionaba normalmente y es de presumir que los empleados se  preparaban para atender a la clientela que habitualmente tomaba allí su  almuerzo.    

     

Norma  Constanza Esguerra llegó a esa hora para cumplir sus compromisos, acompañada de  una prima suya, minusválida, de nombre Amparo Peña, quien permaneció  esperándola dentro de su automóvil estacionado frente a la Catedral por la  carrera 7ª en la acera occidental.    

     

Ha  sido imposible encontrar a estas personas vivas o muertas. De ahí su  denominación de desaparecidos.    

     

Se  dio importancia excepcional a la investigación de estas desapariciones y por  tal motivo se encargó a un juez-‑el Noveno de Instrucción-‑para que  adelantara las pesquisas necesarias. El Juez oyó a todos los familiares, evacuó  las citas que ello6 hicieron, celebró larguísimas y repetidas sesiones de  observación de las películas filmadas por las programadoras de televisión sobre  liberación de rehenes, todo sin resultado positivo alguno en cuanto a la localización  de los desaparecidos.    

     

No  puede decirse que todo en esta parte de la investigación haya sido negativo.  Hay indicios de bastante entidad sobre la suerte corrida por estas personas.    

     

Se  explicó al principio que el plan de la toma comprendía la    

concentración  de los rehenes en las salas de deliberación de la Corte. Esto es comprensible  porque el reducido número de los participantes en la acción no permitía su  dispersión en la custodia de agrupaciones pequeñas de rehenes y, además, perdía  entidad la captura. Fue así como, a lo sumo, se formaron tres grupos: dos en el  cuarto piso (uno era el de los rehenes fundamentales) y el tercero que al final  vino a ser el que guardaba Almarales en la Zona Noroccidental.    

     

La  Cafetería disponía, por razón de los servicios que prestaba, de una escalera  privada que la comunicaba con el sótano por donde se proveía de elementos de  consumo, y con los pisos segundo y tercero, para la atención de aquellas  personas y entidades que ocupaban las partes altas del edificio (ej. reuniones  de Sala Plena).    

     

Para  acceder al cuarto piso desde la Cafetería y por esta escalera privada, era  necesario hacer un recorrido por el corredor del tercero, aledaño a la tribuna  superior del salón de audiencias y ascender luego por la escalera principal del  sector sur.    

     

Hechos  hay que indican el traslado de los ocupantes de la cafetería al cuarto piso por  la vía que se deja descrita:    

     

En  el corredor mencionado, los soldados que avanzaban ocupando el sector, hallaron  tortas o pasteles que, hambreados, consumieron a pesar de naturales recelos  sobre trampa o “cazabobos” como ellos denominan los artefactos  dispuestos para destruir soldados incautos. Estos pasteles tuvieron que ser  llevados de la cafetería y no parece probable que tengan origen distinto a la  fábrica de la proveedora, señorita Esguerra, quien minutos antes acababa de  surtir la despensa del establecimiento.    

     

Véase  sobre este episodio la declaración del soldado Manuel Eduardo Becerra Rojas,  rendida ante el Juez 77 de Instrucción Criminal.    

     

Así  mismo, en el cuarto piso, al lado de los restos calcinados de un cadáver no  identificado, se encontraron objetos de adorno personal que los familiares de  la misma señorita Esguerra reconocieron como de su pertenencia y que,  precisamente, usaba el día de la tragedia.    

     

Capítulos  atrás se dejó establecido que en el piso cuarto se encontraban presencia  explicable y justificada) treinta y tres personas, así: nueve Magistrados, tres  Magistrados Auxiliares, doce Funcionarios de Secretaría, el Capitán de la  Policía, los cinco integrantes de la escolta de los Magistrados, la  Ascensorista y dos visitantes ocasionales.    

     

Veinticinco  personas, además, que no hacían parte de la nómina de la Corte o del Consejo y  que no visitaban profesional u ocasionalmente a estos organismos, perecieron en  el cuarto piso. Si quince asaltantes murieron en otros sectores del Palacio y  fueron plenamente identificados, debe concluirse que catorce de esas  veinticinco personas que perecieron allí eran guerrilleros y los restantes eran  ajenas tanto a las instituciones como a la guerrilla.    

     

Estos  cadáveres no identificados, que no corresponden a guerrilleros, que no son de  empleados porque la nómina aparece completa entre sobrevivientes e incorporados  a las listas de fallecidos ya citadas, son, incuestionablemente, de personas  desaparecidas. Y las únicas de que se ha dado cuenta a la autoridad, durante  estos acontecimientos, son las mencionadas al principio de este capítulo.    

     

No  hay, de otra parte, la menor evidencia sobre evacuación de estas personas.  Ninguno de los rehenes liberados, conocedores en su mayoría de estos empleados  que diariamente les atendían en sus comidas o refrigerios, los menciona como  presentes en el edificio a partir de la toma o como fuera de él, después de la  recuperación.    

     

En  las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de  liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la  cafetería.    

     

Para  el Tribunal es evidente que no tenían vinculación alguna    

con  la guerrilla. Eran rehenes como cualesquiera otros y, en tal carácter fueron  sometidos al tratamiento que dispensaron los guerrilleros a los demás  capturados. Aparece como hecho cierto, que su lugar de trabajo fue ocupado en  los momentos iniciales de la toma, con lo cual se está diciendo que no hay  lógica en el planteamiento, según el cual estos rehenes deberían haber recibido  un tratamiento distinto por los guerrilleros consistente en eximirlos de  captura y custodia cuando el plan general era el de concentrar todo el personal  encontrado en el Palacio.    

     

La  colaboración testimonial de este hecho trascendental la suministra Eduardo  Matzon Ospino, el estudiante de Derecho a quien se ha hecho referencia en el  curso de este informe y quien se encontraba en la cafetería en los momentos iniciales  del asalto.    

     

De  su declaración rendida en Cartagena ante el Juez 77 de Instrucción Criminal  (folio 306) se toman los siguientes apartes:    

     

«…  Llegando yo a la cafetería, Yolanda entro… quedándome yo fuera de la  cafetería y preguntando a un mesero, por la oficina del doctor Urrego, cuando  él me explicó diciéndome que quedaba en el mismo primer piso pero en el fondo,  empezó un ruido de bala, de balacera, quedando todos perplejos y pensando que  había sido en las afueras del Palacio, pero en esos momentos una mujer vestida  de sastre azul sacó un arma intimidando a los presentes a que entraran detrás  de la barra del mostrador del restaurante, Yolanda que no alcanzó a encontrar  el baño salió asustada gritándole yo que corriéramos y jalándola yo del brazo  corrimos hacia el segundo piso sintiendo yo que la mujer de sastre azul nos  hacía disparos por la espalda, afortunadamente no hiriendo a ninguno de los  dos, tomamos las escaleras que están a la izquierda de la cafetería hacia el  segundo piso donde nos tiramos al suelo en el pasadizo del segundo piso…».    

     

El  Tribunal, a pesar de todo, inquirio con insistencia ante las autoridades  militares de todo nivel sobre la captura de supuestos guerrilleros y obtuvo,  solamente, una lista de remitidos a las autoridades de policía, a quienes se  oyó en declaración confirmatoria de su inicial retención. Allí no figura alguno  de los desaparecidos mencionados en este aparte del informe. (Véase la  declaración rendida por el General Armando Arias Cabrales, Comandante de la Décima  Tercera Brigada ante el Juez 6° de Instrucción Penal Militar).    

     

Con  un principio, apenas, de confirmación de los indicios enunciadas, tómese en  cuenta que entre los rehenes del cuarto piso se encontraban dos señoras  embarazadas, según afirma el Consejero Jorge Valencia Arango por haberlo oído  al Presidente de la Corte, y que la testigo Deyanira Lizarazo (folio 638 del  expediente levantado por el Juez 9° de Instrucción Criminal), confirma la  versión de que su hermana Gloria Stella Lizarazo, encargada de la sesión de  autoservicio de la cafetería, efectivamente se encontraba embarazada.    

     

Caso  diferente es el de las guerrilleras Irma Franco Pineda y    

Clara  Helena Enciso.    

     

La  primera fue fácilmente reconocible porque su presencia fue exageradamente  notoria en varias dependencias del Palacio: primeramente en las del Consejo de  Estado cuando se preparaba, desde dentro, para colaborar en la ocupación. Fue  vista por muchos funcionarios.    

     

Luego,  porque los rehenes mantenidos en el baño la identificaron con mucha facilidad  por su atuendo que la diferenciaba claramente de sus compañeras de aventura  revolucionaria: usaba ella una falda a cuadros o escocesa, botas altas y blusa  de color beige. Además, su aptitud, la hacia foco de todas las miradas: fue  ella la encargada del suministro de provisiones de todo orden a los  guerrilleros, generalmente a la puerta del baño.    

     

 Esos  rehenes que la tuvieron frente a sí durante todas esas horas, la identificaron  sin dudar cuando la vieron en la Casa del Florero, luego de la evacuación.    

     

 El  acervo probatorio sobre este episodio es abundante.    

     

Magallys  Arévalo: (Empleada de la Cafetería interna), dice que    

en  la Casa del Florero vió “a la guerrillera que en todo momento estuvo de  civil, la de la falda escocesa, blusa beige y botas de color café …, a ella  la vi en la Casa del Florero, no dentro sino afuera, recostada en un carro que  está cerca a la iglesia y a un militar estaba ahí, eso fue tan rápido y a mí me  metieron a la Casa del Florero que no supe más”.    

     

Héctor  Darío Correa: (Citador de la Sala Constitucional), dice: “con nosotros  salió una guerrillera, precisamente la que decía que era como pecosita, de pelo  largo, de falta escocesa larga, blusa morada y medias negras, la cual habían  subido al segundo piso” (de la Casa del Florero).    

     

José  William Ortiz: (Conductor de la Corte), informa que: “un señor que no sé  de que fuerza pública era, me mostró la foto de la cédula de una de las  guerrilleras que había estado cuidándonos, y me dijo que si conocía esa  persona, le dije que no la conozco pero esta persona fue la que estuvo  constatemente con un revolver cuidándonos en el baño, me dijo que si yo la veía  entonces que la identificara porque varias personas que salieron antes que yo  la habían identificado, entonces me pusieron entre una mata para que ella no me  viera, y en el segundo la pude ver y dije que efectivamente era ella, era la de  la falda larga de paño a rayas y blusa de color habano, y botas largas, y se  encontraba, ahí vestida igualmente…”    

     

Carmen  Elisa Mora Nieto: Dice: “La otra morena, delgada, fue la que reconocí en  la Casa del Florero, tenía botas, una falda larga un poquito más abajo de la  rodilla, las botas no eran largas sino como hasta la (sic) o como unos cinco o  seis centímetros abajo de la rodilla…”.    

     

 La  doctora Betty Quintero G., (abogada), dice: “la que decían Mariana  permaneció con la ropa que tenía, botas, falda y si salió, y yo la vi en el  segundo piso de la Casa del Florero…    

     

Las  declaraciones de los empleados de la Casa del Florero quienes tuvieron oportunidad  de observar detenida y serenamente a los asilados en dicho museo y describen  con gran precisión a la mujer, confirman plenamente los testimonios copiados.  Por último deponen sobre el hecho de que a las ocho de la noche del día 7 de  noviembre ella fue sacada en un campero con destino desconocido hasta hoy.    

     

Esta  guerrillera no ha aparecido y, por lo tanto, se debe continuar la investigación  hasta sus últimas consecuencias.    

     

Se  habla de otra guerrillera que logró salir con los rehenes liberados; sobre su  situación no hay la consistencia probatoria que existe respecto de la anterior.    

     

Los  pocos testigos que la mencionan se refieren a “la mona” con el alias  que le endilgaron durante su cautiverio por el color de su cabello. Las fotos  publicadas en la prensa sirvieron para su identificación y, las diligencias  adelantadas por los investigadores condujeron a una solicitud de empleo que  ella presentó en los Laboratorios CIBA el 11 de mayo de 1974 bajo el nombre de  Clara Helena Enciso.    

     

 Lo  más significativo dentro de la comprobación de su salida del Palacio es la  figuración en las listas de rehenes liberados que elaboraron miembros de los  cuerpos de inteligencia, de Clara Enciso Contreras en una, de Gloria Enciso  Contreras Obando en otra, mientras que en la tercera tal nombre se omite por  completo.    

     

Queda,  pues, la convicción de que Clara Helena Enciso salió ilesa del Palacio de  Justicia en el último grupo de evacuados y que fue llevada a la Casa Museo del  Florero. Su destino final es desconocido.    

     

Hay,  también, vagas referencias a una pareja de guerrilleros, cuyos nombres no se  mencionan y apenas se da un dato intrascendente sobre su atuendo, en uso de  blujeans en ella o el color de la piel (moreno él), sin que las informaciones  avancen de ahí. La imprecisión o la lévedad de los datos no pueden utilizarse  para suspender la averiguación.    

     

Finalmente,  debe mencionarse aquí el caso del conductor de la    

Fiscal  del Consejo de Estado doctora Gloria de Castro, y de los estudiantes del  Externado de Colombia Eduardo Matzon Ospino y Yolanda Santodomingo Alberecci  porque sobre la suerte que ellos corrieron a lo largo del sangriento episodio  se han elaborado hipótesis que conviene despejar.    

     

 El  primero, de nombre José Eduardo Medina Garavito, ha figurado siempre entre los  fallecidos en el baño. La duda sobre la forma en que se produjo su muerte nace  de que la testigo Magallys Arévalo, empleada del Ministerio de Justicia en el  ramo de Servicios Generales, declara haberle visto en la Casa del Florero,  entre los rehenes liberados con vida. Se plantea, así, una fuente de  incertidumbre que no alcanzó a desvelarse durante el término de la  investigación.    

     

Los  estudiantes, en cambio, salieron del palacio y sobre ellos se estableció fuerte  sospecha de que pertenecían al grupo asaltante. Su traslado a la concentración  del Museo del 20 de Julio fue aparatoso. Todo hacía creer que dos guerrilleros  habían sido capturados y bajo esa identificación se les llevó al provisional  centro de retención.    

     

Después  de largos interrogatorios en el segundo piso, de procurarse su identificación  como subversivos, fueron trasladados a otras dependencias oficiales habiendo  sido objeto de malos tratos y de amenazas que causaron graves perturbaciones  todavía perceptibles en los momentos en que rendían sus exposiciones ante los  instructores.    

     

Los  dos jóvenes fueron liberados esa misma noche, es verdad luego de que se  hicieron las comprobaciones de rigor sobre su identidad e inocencia. No quiere  esto decir que ahí haya terminado el caso. Se buscará que ellos, una vez  recuperen la tranquilidad o la serenidad hagan los reconocimientos respectivos  en procura de la consigna sanción para quienes abusaron de las funciones con  que la sociedad les ha investido.    

     

Quedaría  incompleto este capítulo si no se hiciera mención del    

inicuo  tratamiento que sujetos de perversidad incuestionable dieron a los acongojados  familiares de los desaparecidos. Es uno de los capítulos más dolorosos porque a  tiempo que alimentaba esperanzas conturbaba el ánimo ya en exceso adolorido.    

     

Nos  referimos a los desalmados que utilizaron el teléfono para, anónimamente, dar  informaciones sobre encarcelamiento y crueles torturas a todos los  desaparecidos. Muy pocos escaparon a esta sí real tortura. No vale la pena  extenderse en ella aunque tampoco se puede ocultar.    

     

Baste  como ejemplo inicuo que el hijo del Magistrado Montoya    

Gil  recibió informaciones telefónicas anónimas según las cuales su padre se  encontraba vivo en la Casa del Florero, cuando ya era un hecho que había  fallecido en las circunstancias que se han dejado relatadas.    

     

ACTIVIDADES  PRELIMINARES DE LA INVESTIGACION, ERRORES PROTUBERANTES.    

     

Concluidos  los enfrentamientos, el Comandante de la Décima Tercera Brigada, en compañía de  otros oficiales, procedió a efectuar un recorrido de las áreas en las cuales se  cumplieron las últimas acciones. Fue así como hizo un reconocimiento de las  escaleras y del baño situados en el segundo y tercer pisos del costado norte  del edificio. Encontró en el lugar los cadáveres de rehenes y guerrilleros en  un número que exactamente no fue precisado. En ese momento todo el Palacio de  Justicia y obviamente el baño y las escaleras se encontraban bajo el dominio y  control pleno de las Fuerzas Militares. Las gentes no tenían acceso a él por  las barreras establecidas desde los primeros minutos después de ocurrido el  ataque guerrillero. Estas circunstancias hacían presumir que los funcionarios  de Policía Judicial y los Jueces de Instruccion, tenían el camino despejado  para iniciar la investigación, sin pérdida de tiempo, procediendo al  levantamiento de cadáveres, una vez hechas las diligencias de reconocimiento de  los mismos.    

     

Era  de esperarse que la identificación de cadáveres se cumpliera a tiempo que los  funcionarios simultáneamente obtendrían las primeras pruebas con la cooperación  de familiares y amigos, quienes angustiados habían acudido a indagar por la  suerte de personas que sabían se encontraban, o debían encontrarse, en el  interior del Palacio, al cumplirse el ataque.    

     

Inexplicablemente,  las autoridades militares no esperaron a que los competentes funcionarios de la  investigación hicieran lo que legalmente les correspondía hacer. Primero,  ordenaron la incautación de armas, provisiones y material de guerra, después la  concentración de cadáveres en el primer piso, previo el despojo de sus prendas  de vestir y de todas sus pertenencias. Algunos de estos cadáveres, no se sabe  porqué, se sometieron a cuidadoso lavado. Con tal proceder se privo a los  funcionarios encargados de las diligencias de levantamiento de importantes detalles  que a la postre dificultaron la identificación de los cadáveres y crearon el  desorden y el caos. El punto de partida, por lo visto, innecesariamente fue  contraproducente al buen manejo de la investigación. Queremos respaldar  nuestros asertos, con relatos de los testigos que dan cuenta de los equivocados  actos con que se le dio principio a la investigación.    

     

El  Mayor Carlos Fracica Naranjo, al respecto declaró:    

     

«…  El señor General Arias Comandante de la Décima Tercera Brigada una vez penetré  con el primer pelotón y se ocupó el primer piso de las instalaciones, él se  hizo presente en este sector y permaneció con la dirección de toda la operación  hasta su finalización recorriendo los diferentes pisos y efectuando las  diferentes coordinaciones con los comandos superiores. Terminada la operación  cuando a él se le informó los resultados, él bajó del cuarto piso y  posteriormente ordenó trasladar a los cadáveres hacia el patio donde se  encontraba la estatua de Márquez, para que el personal de Medicina Legal realizara  las identificaciones y levantamiento de los cadáveres; en esta actividad  aprecié nuevamente la entrada del señor Comandante de la Policía Bogotá, quien  coordinaba directamente esta labor de identificación y de reconocimiento  dactiloscópico . . . ». (Folio 17,Juzgado 30).    

     

El  Capitan Rafael Mejia Roa, Orgánico de la Escuela de Artilleria, expresó:    

     

«.  . . Eran ya aproximadamente las 14:30 horas cuando sucedieron estos hechos,  donde logramos entrar al sector de los baños donde encontramos aproximadamente  de diez a quince guerrilleros totalmente muertos, también se encontraban allí  aproximadamente unos cinco civiles entre ellos unas dos mujeres y sus cuerpos  estaban sin vida, acto seguido recibí la orden del Comandante de la Brigada de  concentrar totalmente la Bateria, sacar todo el personal militar y de la  Policía Nacional que allí se encontraba, proceder a recoger todos los muertos  de los diferentes pisos, bajarlos al primer piso donde allí se encontraba la  Policía Judicial realizando el procedimiento de rigor, siendo ya las 18:30  horas y ya prácticamente concluida la labor de la Policía Judicial, la Bateria  abandonó el Palacio de Justicia y nos dirigimos a la Escuela de Artillería…».  (Folio 99, Juzgado 6° de Instrucción Penal Militar).    

     

El  Mayor Fernando Millán Pérez, Orgánico del Batallón Guardia    

Presidencial,  declaró:    

     

«…  Esta operación de registro y ocupación continuó hasta aproximadamente las tres  y media de la tarde cuando fueron reducidos los últimos integrantes de este  grupo subversivo, los cuales se habían hecho fuertes a la entrada de los baños  antes citados. Una vez concluida esta operación se procedió a retirar el  personal y a concentrar los cadáveres en el patio interior del Palacio para la  práctica de las diligencias legales . . . ». (Folio 69, Juzgado 6°).    

     

El  Sargento Segundo Luis José Mozo Moreno, declaró:    

     

«…  Preguntado. ¿Observó usted si al baño donde se encontraron los cadáveres  subieron jueces a hacer los respectivos levantamientos? Contestó: Sinceramente  no ví a ninguno, yo duré todo allá porque mi grupo fue el que bajó los  cadáveres, luego de ahí subieron arriba (sic) y bajaron los otros cadáveres, yo  no fui; también bajaron a una señora de un ascensor que según dicen era la mamá  de un soldado, llamado Monsalve, ella trabajaba ahí como ascensorista…  Preguntado: ¿Quién dio la orden de que los cadáveres fueran bajados y en qué  sitio fueron colocados? Contesto: Mi Comandante el Capitán Mejía …». (Folios  81‑82, Juzgado 30).    

     

El  Teniente Jairo Enrique Vera Llanes, de la Escuela de Artillería, dijo :    

     

«…  No se, yo no me fijé, lógico que los cadáveres sí los bajaron al primer piso,  pero no sé si los levantamientos los hicieron arriba o abajo…,>. (Folio  72, Juzgado 30).    

     

El  Soldado Carlos Arturo Monsalve Sánchez, de la Escuela de Artilleria, declaró:    

     

«…  A mi me mandaron sí, pero yo no recogí nada, porque yo quería era recorrer el  edificio haber si encontraba a mi mamá, unos compañeros si ayudaron; los que  recibían los cadáveres y los lavaban eran unos de blusa blanca que creo que  eran de la DIJIN, los lavaban con agua con una manguera, lógico que les  quitaban la ropa yo no supe si ya había hecho los levantamientos, yo vi que ahí  estaban haciendo unas anotaciones, ahí hubo gente que quedó intacta, solo se  les veían los tiros, a mi me dijo alguien “oiga venga ayude a bajar”,  también había gente de la Cruz Roja bajando restos quemados . . . » . (Folio  61, Juzgado 30).    

     

El  Coronel Felix Gallardo Angarita, Comandante del Cuerpo de    

Bomberos  de Bogotá, declaró:    

     

«…  Cuando el día 7 de noviembre se terminaron las operaciones me trasladé a la  Alcaldía.. ., yo bajé de nuevo a la Secretaría de Gobierno, ahí me estuve un  rato…, hablé con mis bomberos, habían varios, les pregunté cómo seguía la  situación, me dijeron que únicamente estaban echando agua para lavar algunos  cadáveres porque los jueces y los funcionarios de la Policia Judicial estaban  en los levantamientos. Entré en el Palacio, observé en el patio central:  soldados, policías, DAS, F‑2, y los jueces, el espectáculo era demasiado  macabro, causaba náuseas, cadáveres calcinados y un ambiente irrespirable. Me  estuve unos minutos les dije a los bomberos que solamente debían actuar por  órdenes de los jueces que ya estaban ahí, prestar la colaboración que ellos les  pidieran y regresar a la Alcaldía y luego al Comando . . . El apoyo continuó a  órdenes de los jueces. No recuerdo quiénes estaban allá pero ya era una labor  secundaria que como dije fue más que todo de lavado de cadáveres y cada cual  hizo lo suyo de acuerdo con el apoyo que le pidieron. Esa labor se cumplió en  parte del 7 al 8 de noviembre, según los informes que reposan en autos…».  (Folio 434, Juzgado 89).    

     

Nos  haríamos interminables si relacionáramos, uno a uno, los problemas que  surgieron por la apresurada decisión de traslado de cadáveres, encomendada a  personas de muy buena voluntad, pero sin experiencia ni conocimiento para tan  delicada tarea. Ellas, por ejemplo, dejaron abandonadas en el baño y otros  lugares prendas de vestir ensangrentadas y varios elementos que hubieran sido  definitivos para la posterior identificación.    

     

Los  problemas surgidos con los cadáveres del cuarto piso fueron más complejos por  el alto estado de calcinamiento que la mayoría de ellos presentaba y que al  moverlos para su reconocimiento o simplemente palparlos, los hacia perder su  forma o los dejaba incompletos. Las diligencias se hicieron por funcionarios  autorizados, pero, insistimos, sin el concurso que se hubiera podido conseguir,  del Instituto de Medicina Legal, y de otros profesionales altamente calificados,  cuya cooperación habría sido realmente útil para la identificación y los  resultados de la necropsia. De haberse programado en debida forma la acción  conjunta de funcionarios de instrucción y de unidades de la Policía Judicial,  de una parte, y de la otra, de los profesionales y expertos del citado  Instituto de Medicina Legal, con la natural participación de familiares y  allegados de las víctimas, habría sido posible obtener resultados más positivos  para la investigación. Inclusive, con respecto a los cadáveres del cuarto piso,  que conformaban una sola masa con los escombros del incendio, ha debido  pensarse en la conveniencia de practicar los reconocimientos, levantamientos y  las necropsias, o por lo menos iniciar esta última diligencia, en el mismo  lugar de la tragedia, para continuarla en el Instituto de Medicina Legal, con  el ordenado y cuidadoso traslado de los despojos.    

     

Para  que se tenga una idea de cuanto hemos dicho, presentamos,    

también  parcialmente, declaraciones de testigos.    

     

El  señor Armando Heliodoro Quijano Becerra, bombero de la Estación de Puente  Aranda, declaró:    

     

«Fuimos  a colaborar con la identificación y levantamiento de cadáveres que se estaba  efectuando dentro del Palacio. De la Central salimos aproximadamente a las  nueva de la mañana, llegamos al Palacio a las nueve y 20 aproximadamente, e  inmediatamente fuimos o nos pusimos a disposición de los jueces y médicos que  estaban efectuando la labor del reconocimiento de cada uno de los cadáveres  encontrados. Nuestra misión era específicamente ayudar a encontrar partes como  prótesis, anillos, esferos, etc., que fueron o ayudaron a la posible  identificación de cadáveres que estábamos efectuando el levantamiento.  Posteriormente debíamos de meterlo en una bolsa plástica con todas las partes  del cuerpo posibles encontradas y trasladarlo a la planta baja de la  edificación. Estos cadáveres que ayude a trasladar se encontraban en el cuarto  piso del Palacio. Nuestra labor terminó aproximadamente a la una de la tarde,  hora en que se efectuó el relevo del personal y nosotros nos reunimos o  devolvimos a la Estación Central. El medico legista, como habían varios, al  cual nosotros no le prestábamos colaboración, ignoro los nombres de los médicos  que efectuaron el levantamiento. Me parece que había un juez, pero no supe  quién era. También se encontraban oficiales de la Policía. El médico era el que  determinaba cuándo se podía mover y trasladar el cadáver. Los bajamos hacia la  planta baja o primer piso, al patio. Aproximadamente logré bajar de quince a veinte  cadáveres. El estado en que se encontraban los cadáveres era totalmente  carbonizados, solamente se encontraba en la mayoría el tronco ya que las  extremidades habían desaparecido por completo. También se les encontraba la  cabeza… Mi labor era únicamente recoger los cadáveres que se me indicaban. El  recorrido que efectué por el Palacio fue muy mínimo, es decir, solamente en el  área donde encontré los cadáveres que mencioné, en el cuarto piso.. . Lo único  que hice fue ir al cuarto piso para bajar un cadáver y volver al cuarto piso  por otro. Muchas veces los bajaba en un platón y otras a brazo limpio,  envueltos en la talega plástica… En el lugar donde se encontraban, muy  cuidadosamente buscábamos las pertenencias, posibles pertenencias alrededor del  cadáver, luego, si le quedaba ropa o pedazos de ella, buscábamos dentro de los  bolsillos y posteriormente los envolvíamos en las talegas plásticas. Antes de  mover el cadáver se describía el lugar donde se encontraba, se tomaba fotos del  mismo y luego sí se procedía a lo anteriormente mencionado. Es decir, a echarlo  en la talega plástica, previa la esculcada en los bolsillos para establecer las  pertenencias. A los que se les podía hacer ello. . . ». (Folio 286,, Juzgado  89).    

     

El  señor Jorge Eduardo Vargas López, Teniente Tercero del Cuerpo de Bomberos,  dijo:    

     

«  . . . Unicamente hice el recorrido de la entrada principal por la escalera  hasta el último piso, que era el costado oriental donde se encontraban los  cadáveres. En general la mayoría únicamente existían los troncos y otros ya muy  poca parte les quedaba del cuerpo…Del tercero (piso) habían unos miembros del  F‑2 que levantaron unos tres o cuatro cadáveres entrando a mano izquierda  en una oficina que quedaba contigua a la escalera. Uno de un señor estaba completo,  no se supo quién era, no me acuerdo si tenía papeles, había un saco lejos pero  el cadáver sólo tenía la camisa y el pantalón estaba quemado y tenía una  fractura en la cabeza. . . Los otros del tercer piso quemados, pero el mismo  sector donde fue encontrado este que estaba en camisa. Todos estaban en la  misma oficina. Unicamente vi cadáveres en el cuarto y tercer piso…». (Folio  348, del mismo Juzgado).    

     

Como  se pudo apreciar en los testimonios anteriores, se trasladaron los cadáveres  para el primer piso. Allí aparecieron incompletos o desintegrados. Es de  suponer que esto no hubiera ocurrido de haberlos dejado en su sitio hasta la  culminación de las correspondientes diligencias, pues no se ve claro, por  ejemplo, que cerca del tronco no aparezca la cabeza de un mismo cadáver.  Insistimos que, por lo menos, el desplazamiento de los despojos mortales del  piso en donde naturalmente se encontraban al piso primero, dio lugar a las  situaciones relacionadas.    

     

Es  de anotar que las pertenencias de cada una de las víctimas    

habrían  aportado mayor fundamento de identificación si se dejan en el piso en donde  estaban, al pie de los respectivos cadáveres, sin trasladarse al piso primero,  corriendo los riesgos de equivocaciones, como las en que en realidad se  incurrió y habría sido posible, finalmente, su relación o inventario.    

     

Los  despojos humanos, como era de esperarse, después de las primeras diligencias,  se remitieron al Instituto de Medicina Legal, en donde se facilitó su  reconocimiento a los familiares y allegados, para su identificación legal.    

     

El  señor Juan Dario Velásquez Cruz, hijo del Magistrado doctor    

Darío  Velásquez Gaviria, fallecido, dio cuenta en su declaración, de la forma como  fue identificado su padre, así:    

     

«.  . . Fuimos mi madre y yo. Realmente el cadáver que según nos decían en Medicina  Legal era uno de los más completos, no presentaba cabeza, iba desde el cuello  más o menos hasta la mitad de los muslos y creo que tenía un pedazo de brazo,  le identificamos por la talla de los restos que era grande (debido a que él era  más o menos alto y delgado y por ropas que habían quedado adheridas al cuerpo.  En cuanto a objetos, solamente nos habían dicho que una plaquita de    

cobre  o de metal, de unos cuatro centímetros por uno, que tenía grabado su nombre y  que según los que hicieron el levantamiento había sido encontrada, si mal no  estoy, debajo o al lado de los restos de él, pero hasta ese momento no la  habíamos visto; posteriormente logramos saber que se trataba, no de un objeto  que llevara consigo, sino que pertenecía a un portabolígrafo que estaba sobre  su escritorio…”.    

(Folio  334, Juzgado 27).    

     

Por  lo visto se tropezó con dificultades graves por la indebida intervención de  personas que, con imprudencia, destruyeron huellas o eliminaron pruebas,  dejando sin posibilidad de esclarecimiento algunos aspectos trascendentales.  Concretamente, nos referimos a la forma indiscriminada como se apilaron  cadáveres y elementos materiales, cambiándolos de sitio y luego, con el  pretexto de asear el edificio, se hicieron desaparecer o se extraviaron piezas  que habrían sido de gran ayuda en la eliminación de muchos vacíos probatorios.    

     

Cuando  el Tribunal inició actividades (noviembre 18) ya se había consumado el  atropello, sin que hubiera sido posible aplicar correctivos. El afán de limpiar  los escombros hizo que, indiscriminadamente-‑se repite‑-equipos númerosos  de aseadores lanzaran a volquetas estacionadas dentro del edificio, toda clase  de objetos, a extremo tal    

que  hasta huesos humanos fueron tirados a la basura. Los mismos autores del  desaguisado lo informan en sus declaraciones rendidas en el expediente.    

     

El  propio Director del Instituto de Medicina Legal de Bogotá, doctor Egon  Lichtemberger, hizo serias observaciones a la forma y procedimientos empleados  por los encargados del manejo de los cadáveres, de sus vestidos y pertenencias.  Relacionó, al efecto, algunas de las irregularidades cometidas que  dificultaron, a la postre, la identificación de los cadáveres. En el  testimonio, que transcribimos en sus partes esenciales, aparece el autorizado  criterio del doctor Lichtemberger, así:    

     

«…Al  comienzo llegaron cadáveres intactos o sea no carbonizados y al segundo día, si  mal no recuerdo, recibimos aproximadamente 65 cadáveres de personas en avanzado  estado de carbonización. Hasta donde recuerdo, todos los cadáveres no  incinerados presentaban lesiones por armas de fuego, por esquirlas o granadas.  Los cadáveres carbonizados también presentaban evidencia de lesiones por arma  de fuego, ya que en varios de ellos se localizaron mediante radiografías y  necropsia, proyectiles de armas de fuego; la identificación de los cadáveres  carbonizados presentaban muchas dificultades y se logró ya sea por pertenencia  personales, por fragmentos de ropa, por el estudio odontológico, por antecedentes  quirúrgicos que figuraban en historias clínicas o por relato de los familiares,  antecedentes que se podían comprobar mediante la autopsia…    

     

.  . . Cadáveres relacionados con los hechos del Palacio comenzaron a llegar desde  el mismo día de la toma, me refiero al caso de un transeúnte que fue muerto en  la carrera octava y de algunos miembros de la policía que fallecieron también  en el primer día. Los demás cadáveres llegaron los días siete y ocho y recuerdo  que el último cadáver llegó el domingo 10 o lunes 11 de noviembre a las seis de  la tarde, tratándose de un hombre calcinado que fue encontrado bajo un muro que  se derrumbó, posiblemente por el incendio del edificio,después de este caso no  llegaron más cadáveres procedentes del Palacio de Justicia, no le puedo dar el  dato si ese cadáver pudo ser reconocido o no el dato debe estar en el  Instituto… recuerdo que los últimos que llegaron fueron los carbonizados,  cuyo número era alrededor de 65, aproximadamente…    

     

…Quisiera  comentar que la labor de identificación de los cadáveres se vio dificultada  porque hubo fallas en el levantamiento de los occisos en el Palacio de  Justicia. Para citar ejemplos los muchos cadáveres no calcinados llegaron sin  las ropas respectivas y en cuanto a los cadáveres carbonizados, algunos  identificados como hombres    

resultaron  ser de sexo femenino. Habían bolsas de plástico que contenían restos de dos o  más cadáveres . . . ,>. (Folio 159, Juzgado Veintitrés).    

     

Los  conceptos del Director del Instituto de Medicina Legal aparecen corroborados en  el experticio rendido por una comisión técnica, integrada por calificados  funcionarios del mismo Instituto, al señor Juez Setenta y Siete de Instrucción  Criminal Ambulante, el día 14 de mayo próximo pasado. Sobre el particular,  expresaron:    

     

«  . . . Deseamos agregar que desde un principio las labores de investigación en  este caso han sido bastante difíciles por cuanto los levantamientos de los  cadáveres carecieron en este caso de todo criterio técnico y científico al  mover los cuerpos del lugar exacto de los hechos, al retirar las prendas y no  embalarlas adecuadamente, sino por el contrario fueron mezcladas y  posteriormente enviadas en un camión aparte aquí a las instalaciones del  Instituto, lo que hizo que fuera aún más difícil la labor de identificación de  los cadáveres. Además durante los mencionados levantamientos se recogieron en  bolsas plásticas, en forma indiscriminada, restos calcinados correspondientes a  diferentes personas…». (Folio 019911).    

     

Serias  críticas se pueden formular igualmente al caótico manejo de los vestidos de las  víctimas y de sus pertenencias, que con excesiva dificultad pudieron reconocer  y reclamar los familiares. Algunas ropas ensangrentadas tuvieron que ser  incineradas por el avanzado grado de descomposición y putrefacción que  adquirieron, que hicieron imposible conservarlas por más tiempo en una  dependencia judicial en donde se guardaban. Además su manejo se hizo difícil  porque se confundieron las prendas de distintas personas. Retiradas de las  victimas, al final de cuentas, ninguna utilidad prestaron para la  investigación.    

     

Las  equivocaciones, como las comentadas, hicieron posible encontrar elementos de  unas personas al lado de cadáveres de otras, dando lugar a graves errores en la  identificación.    

     

En  lo relacionado con las armas, bombas, granadas y demás elementos explosivos,  era procedente la incautación y traslado a las dependencias de la Décima  Tercera Brigada. La única crítica que pueda hacerse por cuestiones enteramente  afines a la investigación, guarda relación con la premura, que no prontitud,  con que se procedió cuando ya estaba totalmente controlado y custodiado el  Palacio de Justicia. Bloqueado como estaba el edificio por la fuerza militar,  no había posibilidad alguna de pérdida de las armas y demás elementos, como no  las puede haber en las dependencias militares donde se encuentran en la  actualidad. Y, como es obvio, en un término prudencial de pocas horas, habría  permitido realizar en debida forma las primeras actuaciónes de la  investigación.    

     

A  este respecto, el Teniente Coronel Rafael Hernández López,    

Comandante  de la Escuela de Artillería, declaró:    

     

«…Efectivamente,  miembros de la Unidad que comando al término de la operación de rescate de  secuestrados en el Palacio de Justicia, procedieron a efectuar registro del  edificio, se recuperó gran cantidad de armas, municiones y explosivos de uso  privativo de las Fuerzas Militares que se encontraban al lado o siendo  empuñados por los despojos mortales de los subversivos.    

     

Infortunadamente  no es posible establecer qué arma portaba cada quién por cuanto al momento del  registro y recuperación del material no se tuvo la precaución de clasificar el  armamento con su portador en razón a la falta de documentos de identidad de los  subversivos a quienes hubo la necesidad de levantar la necrodactilia por parte  del F‑2 para lograr establecer su identidad.    

     

El  material incautado fue dejado a disposición de la Decima Tercera Brigada.    

     

Los  materiales de guerra capturados corresponden en sus características de marca y  modelo a los relacionados por el señor Juez, sin poder especificar su  numeración en razón a que todo el armamento fue concentrado y dejado a  disposición de la Brigada a medida que éste se recuperaba del interior del  Palacio de Justicia…». (Folio 129, Juzgado 106 de I. P. M.).    

     

Las  faltas cometidas son indudablemente graves. Investigarlas no es de competencia  del Tribunal porque rebasa el límite impuesto por las atribuciones que la ley  le señalo expresamente. Sin embargo, al consignar su protesta por tales  conductas, no puede menos de exigir a las autoridades competentes una rigurosa  investigación disciplinaria o penal, según sea del caso, que ponga en claro la  autoría de los desafueros y aplique las sanciones pertinentes.    

     

     

LA  INHUMACION EN FOSA COMUN.    

     

Antes  de la creación del Tribunal, se produjo un hecho que ha sido motivo de serias  inquietudes para los investigadores y para los abogados que representan a las  partes civiles dentro del proceso. Nos referimos a la inhumación, en fosa  común, de un buen número de cadáveres que se encontraban depositados en el  anfiteatro del Instituto de Medicina Legal.    

     

El  Juez 78 de Instrucción Penal Militar, doctor Dario Morales    

Alvarez,  mediante oficio 1342 del 9 de noviembre de 1985, dirigido al señor Receptor de  Cadáveres del Instituto de Medicina Legal, de Bogotá, le impartió la siguiente  orden:    

     

«Sírvase,  señor Receptor de cadáveres entregar al señor SS. Aarón Alarcón Sepúlveda,  portador del presente y quien se identifica con la cédula de ciudadanía número  19069783, de Bogotá, los certificados de defunción que a continuación se  relacionan:    

     

3747,  3758, 3757, 3764, 3777, 3782, 3768, 3773, 3784, 3769, 3765, 3781 3771, 3779,  3772, 3831, 3839, 3827, 3843, 3823, 3835, 3800, 3845 3802 y 3799.              

     

En  igual forma ruego a usted hacerle entrega al mismo Suboficial de los cadáveres  correspondientes para su inhumación» .    

     

En  cumplimiento de la orden, el Instituto de Medicina Legal hizo entrega de 23 de  los 25 cadáveres, según la información de su Director, doctor Egon Lichtemberger,  que en seguida se copia:    

     

«Cadáveres  de personas identificadas retiradas en noviembre 9 de 1985 a las 5 p.m., por  orden del Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar (Oficio No. 1324 JUPEM‑78).    

     

PROTOCOLO  N° NOMBRES Y APELLIDOS    

     

          3747           Edison  Zapata Vásquez    

          3764           Ricardo  Mora González    

          3765           Héctor  Arturo Lozano R.    

          3768           William  A. Almonacid R.    

          3769           Mario  García Restrepo    

          3772           Jesús  A. Roa Velasco    

          3781           Jesús  A. Carvajal B.    

          3784           Angela  M. Murillo S.    

          3757           Francisco  Vargas Soto    

     

Cadáveres  de personas no identificadas (N. N.) entregados por la misma orden Judicial:    

     

          3843  N.  N.   Calcinado    

          8345             Calcinado    

          3758  N.  N. Hombre    

          3777  N.  N.   Hombre    

          3782  N.  N.   Hombre    

          3771  N.  N.   Hombre    

          3779  N.  N.   Hombre    

          3831             Calcinado    

          3839             Calcinado    

          3827             Calcinado    

          3823             Calcinado    

          3835    Calcinado    

          3800             Calcinado    

          3802  N.  N.   Calcinados    

          3807             Restos humanos       

             CALCINADOS    

  3801                     Calcinados    

          3897    N.N.      

     

 En  el oficio número 1342 figuraban los números 3773 y 3799 que no fueron entregados  por haber sido identificados previamente por familiares y entregados a los  mismos, así:    

     

3773-Almarales  Manga Andrés    

3799-Córdoba  Avila Jaime Alberto    

     

Total  identificados: 9. Total no identificados: 17. Gran total: 26.(El calcinado  subrayado está a mano. Folio 04242)».    

     

El  Juez 78 de Instrucción Penal Militar no dictó auto cabeza de proceso alguno. No  tenía expediente relativo a las actuaciones preliminares de la investigación.  Sin embargo, dicto la orden extra proceso. En el Oficio 025 de enero 7 de 1986,  explica su conducta, así:    

     

«1º  El Oficio 1342 del 9 de noviembre de 1985 lo libré en mi condición de Juez 78  de Instrucción Penal Militar, en razón a que fui llamado a mi casa por el señor  Brigadier General José Luis Vargas Villegas, para esa fecha Comandante y Juez  de Primera Instancia del Departamento de Polícia Bogotá, con el fin de  manifestarme que como se tenía serias informaciones que el M‑19 pretendía  tomarse ese día el Instituto de Medicina Legal con el propósito de sacarse los  cadáveres de las personas muertas en el Palacio de Justicia, se hacia necesario  retirar algunos de tales cadáveres para en forma inmediata proceder a  inhumarlos en fosa común y evitar así un nuevo enfrentamiento con los  subversivos.    

     

2°  Los cadáveres cuya entrega solicité a Medicina Legal, fueron inhumados en fosa  común en el Cementerio del Sur, en las horas de la tarde de esa misma fecha,  por parte de la policía.    

     

3°  Para hacer tal solicitud al Instituto de Medicina Legal me basé en los  artículos 308 y 360 del Código de Justicia Penal Militar y, especialmente, por  la situación de orden público imperante en ese momento” (Folio 310,  Juzgado 23)    

     

No  parece acertada decisión de dar sepultura, en una fosa común, a un grupo de 25  cadáveres, 17 de los cuales aún no tenían identificación, interrumpiendo el  proceso de reconocimiento que venía haciéndose por familiares y allegados,  dejando el resto de cadáveres sin reclamar, en el Instituto de Medicina Legal.  No convence la justificación que se dio, consistente en que la medida obedecia  a razones de orden público, por los temores abrigados de que elementos del M‑19  intentaban un nuevo ataque, esta vez a las dependencias de Medicina Legal, para  apoderarse de sus compañeros caídos en la jornada bélica del 6 y 7 de  noviembre. No lo era porque las fuerzas del ordén podían establecer la adecuada  vigilancia, y, además, porque el estado en que se encontraban los cadáveres, la  mayoría calcinados, no permitía a nadie, tampoco a los guerrilleros, hacer una  identificación de la diligencia del levantamiento, con el distintivo de NN, por  lo demás aparece caprichosa e inexplicable.    

     

Ahora  bien, no se descarta que una de las dificultades para esclarecer el problema de  los llamados desaparecidos, tenga relación con haber dado sepultura en fosa  común a este grupo de cadáveres. No es imposible pensar que algunos de ellos  puedan corresponder a personas desaparecidas. Creemos que lo ideal habría sido  agotar esfuerzos para lograr su identificación. La exhumación que se pretendió  realizar en el Cementerio Distrital del Sur, precisamente, buscaba establecer  si estaban o no, enterrados allí, algunas de las personas reclamadas por sus  parientes, como desaparecidos.    

     

Dos  casos evidencian la ligereza con que se procedió al sepultar los cadáveres en  fosa común y que ameritan la falta de seguridad de quienes seleccionaron ]os  cadáveres que conformaron la lista, presentada al señor Juez 78 para que  ordenara su sepultura en fosa común.    

     

Veamos:  El ciudadano René Francisco Acuña Jiménez, encontró la muerte el día 6 de noviembre  de 1985, cuando inocentemente transitaba por la carrera 8ª frente a la puerta  del parqueadero del Palacio de Justicia, a consecuencia del cruce de disparos.  El insuceso fue videofilmado y pasado por los noticieros de televisión.  Televidentes, familiares y compañeros de trabajo lo reconocieron y, algunos de  ellos, se dedicaron a localizar el cadáver en Medicina Legal. Su propia madre  lo identificó. Otras personas hicieron lo mismo. Desafortunadamente desde la  diligencia de su levantamiento, el cadáver apareció con otro nombre el de  Ricardo Morta González, el cual jamás usó en vida. El nombre no corresponde a  ningún guerrillero ni a persona en la cual tuvieran interés los miembros del M‑19  para aventurarse a rescatar su cadáver. Sin embargo, encontrándose su madre,  señora Ana Beatriz Jiménez de Sierra, gestionando la entrega de los despojos  mortales de su hijo, se cumplió la orden de entregarlo, no a ella, sino  directamente al Cementerio del Sur para enterrarlo en fosa común. No  conmovieron a nadie las dolorosas súplicas de la madre, que así se vio privada  de dar sepultura a su hijo.    

     

El  otro caso, es el del señor Gustavo Ramírez Riveros, quien se encontraba en la  oficina del doctor Ricardo Medina Moyano, haciendo una oferta comercial, como  vendedor profesional que era, en momentos de iniciarse la toma violenta del  Palacio. No logro salir. Su cuerpo en cenizas se encontró en el cuarto piso. Su  identificación se hizo porque confundidos con sus restos apareció su llavero  con llaves que coincidieron con las de su carro y su vivienda. No existió la  menor duda sobre su permanencia en el edificio. En una de las llamadas  telefónicas, el propio Magistrado, doctor Medina Moyano informó sobre el  momento en que él era retirado de su despacho, por los guerrilleros. Sus padres  reclamaron el cadáver para darle también cristiana sepultura. Para ello, lo  habían identificado en una dependencia de Medicina Legal en donde se les  prometió entregarlo después de determinados trámites. No ocurrió así. Tuvo  preferencia la orden de ser llevado a una fosa al Cementerio del Sur. Fue  incluido en la lista de los cadáveres que se entregaron, supuestamente como de  guerrilleros.    

     

Por  otra parte, el cadáver del señor Jaime Alberto Cordoba Avila funcionario del  Honorable Consejo de Estado, ya había sido entregado a sus familiares. Por esa  razón no descansa en la fosa común.    

     

Debe  llamarse la atención al hecho de que el cadáver del llamado Comandante Andrés  Almarales Manga, por mediación de la Procuraduría General de la Nación, ya  había sido entregado a su señora esposa. Si este cadáver ya había sido  entregado no se ve la razón que podrían tener los guerrilleros para no procurar  reclamar los cuerpos sin vida de los otros compañeros, a través de sus propios  familiares, en lugar de arriesgarse en otra operación muy difícil de coronar  con éxito. Este argumento le resta credibilidad a los rumores de una toma  violenta de las instalaciones de Medicina Legal por parte del M‑19.    

     

En  el proceso no se ha hecho esfuerzo probatorio alguno para comprobar los  fundamentos que tuvo el Comandante de la Policía Bogotá, General Vargas  Villegas, para solicitar al Juez, telefónicamente, una orden de tal naturaleza.    

     

Por  último del cotejo de la lista de cadáveres que ordenó entregar el Juez 78 de  Instrucción Penal Militar al Cementerio del Sur, con la relación de cadáveres,  realmente entregado por el Instituto de Medicina Legal, resulta una diferencia  de tres cadáveres calcinados, los números 3801, 3807 y 3897, también  distinguidos con las letras NN sin explicación alguna.    

     

No  se procedió, de consiguiente, con miras a facilitar la investigación. La acción  por el contrario resulta inútil y notoriamente injusta; no ha debido, pues, el  Juez 78 de Instrucción Penal Militar dar la orden de enterrar los cadáveres,  careciendo de facultad legal para hacerlo. Con tal proceder se desconoció el  legítimo derecho que tienen los familiares de reclamar los cadáveres de sus  deudos, trasladarlos al lugar que a bien tengan, y darles sepultura.    

     

Ahora  bien, debe tenerse en cuenta que se ha establecido el sistema de fosas comunes  para dar sepultura a cadáveres sin duelo conocido o por graves motivos de orden  sanitario, pues, el Estado no tiene la libre disposición de los cadáveres de  las personas.    

     

Como  una medida de protección a la comunidad la autoridad sanitaria tiene  atribuciones para ordenar la inhumación en determinadas circunstancias. A falta  de un familiar cercano, un amigo, un ser querido que se encargue de las honras  fúnebres, el Estado asume esta obligación por consideraciones humanitarias y de  salud pública. La fosa común se abre en los cementerios autorizados  oficialmente. Para su control, se debe llevar un registro y reunir la  documentación de rigor. En casos muy excepcionales, por epidemias, grandes  desastres, lejanía de las poblaciones, descomposición avanzada, acceso difícil  o con riesgo para quienes hacen la operación de rescate, se declara camposanto  o se hace la inhumación en sitios distintos a los cementerios.    

     

El  doctor Egon Lichtemberger, Director del Instituto de Medicina Legal, declaró:    

     

«  . . . Recuerdo que quedaron a lo último aproximadamente diez cadáveres en  avanzado estado de calcinación que no pudieron ser identificados y que fueron  remitidos a fosa común. No recuerdo si también fueron inhumados en fosa común  cadáveres identificados pero que no fueron reclamados por personas interesadas.  La fosa común queda en el Cementerio del Sur y para inhumar cadáveres se  requiere el permiso o la orden de las autoridades competentes como son la  Secretaría de Salud, Notarías y Juzgados, no puedo ser muy preciso porque no  recuerdo bien el procedimiento. En todo caso ningún cadáver puede ser retirado  del Instituto sin tener la respectiva documentación en regla. Yo no conozco o  nunca he estado en la fosa común, sé que es una gran excavación en donde van  siendo colocados los cadáveres y cubiertos por tierra y posiblemente cal, no sé  más. Hasta donde recuerdo, por parte del Instituto, enviamos los diez cadáveres  no identificados y por su estado de putrefacción y por no ser posible la identificación  fueron llevados a fosa común, fue la única remisión a fosa común hasta donde  recuerdo… No conozco los motivos por los cuales se recibió la orden pero  presumo que en parte se debía a que estos cadáveres estaban entrando en  avanzado estado de putrefación y como no habían sido identificados o porque  hasta el momento los cadáveres identificables no habían sido reclamados fueron  llevados por la autoridad. La lista de los cadáveres identificados y los  números de los no identificados no fue suministrada por el Instituto o por lo  menos no por la Dirección del mismo. . . ». (Folio 159, Juzgado 23 de  Instrucción Criminal).    

     

La  investigación encontró un obstáculo de naturaleza sanitaria, para efectuar la  exhumación de los cadáveres sepultados en la fosa común, en el Cementerio  Distrital del Sur, por razones y circunstancias que se deducen de la situación  que se creó, al colocar los cadáveres que se recibieron del Palacio de Justicia  en medio de cadáveres de otras procedencias, situación que se agravó con el  traslado de cadáveres de la ciudad de Armero a raíz de la terrible tragedia que  allí se presentó. Además porque en la fosa se depositan sangre y desechos de  los centros de atención hospitalaria de Bogotá. De tal suerte, la exhumación  era y sigue siendo peligrosa para quienes deben cumplirla.    

     

El  doctor Carlos Eduardo Serna Barbosa, Subgerente de la Empresa de Servicios  Públicos, EDIS, al respecto, declaro:    

     

«…El  sistema de fosa común en el Cementerio del Sur, es que se abre un hueco de una  determinada profundidad, pueden ser 4 o 5 metros y ahí se van depositando  Cadáveres, desechos de los hospitales, como son placentas, visceras, etc. Tengo  entendido que a raíz de la tragedia de Armero, que algunas de ellas en sus  extremidades venían con gangrena gaseosa y esas partes fueron depositadas en la  fosa común,entonces siendo el hueco de 4 o 5 metros de hondo y un diámetro de  dos metros con cincuenta, se van depositando los cadáveres y desechos de los  hospitales y se van tapando. De tal manera que en esa fosa común, tanto debajo  de los cadáveres inhumados ese día sábado correspondientes a algunas personas  que murieron en el Palacio de Justicia, como encima de ellos, hay cadáveres y  desechos de los hospitales. . . (Folio 202, Juzgado 23).    

     

El  señor Alvaro Mendéz a Castañeda, Administrador del Cementerio del Sur corrobora  las afirmaciones que se han hecho, así:    

     

«.  . En la fosa en que quedaron los cadáveres de la toma del Palacio, se habían  empezado a depositar ya algunos cadáveres, ya que en esas fosas se acotumbra a  inhumar un promedio de ciento cincuenta a doscientos, por tal motivo allí se  encuentran también más cadáveres. Esa fosa común tiene una dimensión de tres  cincuenta por tres cincuenta, en la cual se van depositando los cadáveres que  llegan de Medicina Legal, vísceras tapándoles con capas de tierras y cal, para  encima de estos ír depositando más y con el mismo sistema de tapado… Estos  cadáveres fueron llevados en una camioneta panel, me parece que son de la  policía, en cada camioneta iban cinco o seis cadáveres, sin ataúd ninguno, los  cuales eran bajados y arrastrados hacia la fosa común y depositados unos encima  de otros. Yo considero que en esa fosa común hay depositados mas o menos unos  ciento cincuenta cadáveres . . . “(Folio 231, del mismo Juzgado).    

     

Si  se insiste en la necesidad de cumplir la diligencia de exhumación de cadáveres,  de la fosa común, que fue suspendida por el Juez 23 de Instrucción Criminal, se  requieren equipos y elementos especiales y observar las recomendaciones, según  lo indicado por la Secretaría de Salud del Distrito en el Oficio número DAM‑397,  que en lo pertinente dice:    

     

«1.  No existe mayor problema para que se realice la exhumación solicitada.    

     

2.  Los peligro que eventualmente podrían concebirse para realizar una labor en tal  sentido, luego de los antecedentes de que allí enterraran cadáveres y miembros  con historia de gangrena gaseosa, no existen como tal, ya que los gérmenes  potencialmente infectantes al contacto con el aire, pierden su patogenicidad (o  sea su peligro como factores de infección).    

     

3.  Se trata de gérmenes anaerobios tanto los propios de los cadáveres como los  productores de la gangrena gaseosa y por esta razón, al ser expuestos al aire  (al oxígeno), pierden su poder letal.    

     

4.  Se recomienda sí que las personas que van a realizar la exhumación estén sanas,  no tengan superficies expuestas (heridas, laceraciones, cortadas, necrosis,  abrasiones) para evitar al máximo cualquier vía de entrada a una posible  contaminación.    

     

 Así  mismo, que se realice una manipulación adecuada con los elementos  indispensables y que usualmente se utilizan para ello…». (Fol 002741).    

     

Para  concluir este capítulo, sólo nos resta solicitar que se expidan copias para  investigar si se ha incurrido en infracciones a la ley penal y llamar la atención  sobre la necesidad de que se regulen los aspectos relacionados con la  utilización de las fosas, para evitar que se desconozcan    

los  derechos que tienen los familiares de disponer lo concerniente a la sepultura  de sus deudos. Así mismo, que la inhumación en fosas, permita cuando lo  requiera una investigación penal realizar la correspondiente exhumación.    

     

ALLANAMIENTO  DE UNA SEDE DE OPERACIONES DEL M‑19,    

PLAN  MAESTRO DEL ASALTO.    

     

En  otra parte de este informe, nos habíamos referido al allanamiento de la casa  situada en la calle 6ª sur número 8‑42, ocupada temporalmente por el M‑19,  hasta el momento mismo de cargar los camiones con armas, provisiones y, en una  palabra, con todo el material de guerra y, después, trasladarse en ellos al  Palacio de Justicia.    

     

Se  había dicho que entre los documentos incautados, precisamente a la hora en que  se desarrollaban las operaciones, hallaron las autoridades el plan maestro del  ataque copiado en el capítulo que hemos denominado “preparación y  organización de la toma del Palacio de Justicia”.    

     

Queremos  transcribir, en lo pertinente, las declaraciones de los oficiales que llevaron  a cabo tal diligencia, en orden a comprobar que los planos y proyectos del  operativo llamado Antonio Nariño, corresponden plenamente a las acciones  violentas que los insurgentes cumplieron, durante los días 6 y 7 de noviembre  de 1985, en el Palacio de Justicia.    

     

Al  efecto, el señor Capitán Luis Gabriel Bayona Borrero, de la SIJIN, declaró:    

     

 «…  Allí estuve en la Alcaldía, hasta la una de la tarde aproximadamente,  trasladándome luego a la oficina en donde me comunicaron que por línea  telefónica se había recibido una llamada telefónica, en la cual una persona que  no se identificó manifestó que en la calle 6ª número 8‑42 Sur, habían  permanecido los guerrilleros que habían tomado el Palacio de Justicia. Ante  esto me trasladé hacia el lugar ubicando la dirección y en un garaje continuo a  la dirección anteriormente anotada el dueño de ese lugar manifestó que  evidentemente desde el día seis de noviembre en horas de la mañana había visto  salir algunos jóvenes y otras personas de esa casa, los cuales se habían  montado en un camioncito y no habían regresado causándoles alguna extrañeza que  las ventanas del segundo piso las hubiesen dejado totalmente abiertas; por ello  penetré, localizando las llaves de la puerta en la chapa pero por dentro,  hallando en el interior de la residencia en el primer piso en una especie de  solar cubierto con teja, muchos papeles y basura, procediendo a indagar sobre  el contenido del documento o papeles, encontrando todo el plan, o por lo menos,  parte de él que hablaba sobre la toma del Palacio de Justicia, los nombres o  alias de sus participantes, la munición y el armamento que le correpondería a  cada uno de ellos. Luego en el segundo piso, encontré elementos para la  fabricación de bombas llamadas tipo metra, estopines, cajas desocupadas de  cuchillos, cajas desocupadas de boquitoquis (sic), radios, ropa de hombre  regada en todas las habitaciones, colchones regados en las habitaciones y  varios libros y panfletos del M‑19. De lo anterior de inmediato, informé  a la Central de radio, a la Jefatura y Sub‑Jefatura de la SIJIN,  procediendo a hacer un inventario de lo que se encontraba en el lugar, pasando  luego el correspondiente informe a la Jefatura de todo el procedimiento  adoptado…». (Las subrayas no las trae el texto, Folio 173, del Juzgado 89).    

     

El  Capitán José Maximiliano Bernal Cárdenas, también de la SIJIN, expresó:    

     

«…Se  tuvo la información por una persona que al parecer residía cerca y suministró  mediante llamada telefónica que la dirección que mencionaba desde días antes se  habían ubicado unas personas que por los movimientos se sospechaba que eran los  responsables de la toma del Palacio para lo cual se comisionó un personal de la  SIJIN, para el registro de dicha residencia donde efectivamente se encontraban  documentos que expresan el planeamiento de la operación, elementos adquiridos  como armamento, explosivos, drogas, para el buen desarrollo de la operación. Se  encontraron también residuos de láminas para la fabricación de bombas  explosivas y recipientes del citado material diseñados para el uso de bombas…  Esos elementos fueron fotocopiados y remitidos a la Procuraduría General de la  Nación y los residuos se encuentran en las instalaciones de la SIJIN para los  fines de la investigación, no hubo retenidos por esos hechos…».( Las subrayas  no las trae el texto. Folio 59, Juzgado 23).    

     

Es  evidente que la casa allanada fue sede última del grupo de    

guerrilleros  que al mando de los llamados cuatro Comandantes, Otero, Aldo, Almarales y  Jacquin, consumaron el sangriento asalto al Palacio de Justicia, lo ocuparon a  sangre y fuego, y aprehendieron a todas las personas que en él se encontraban,  manteniéndolas como rehenes durante la confrontación militar del 6 y 7 de  noviembre de 1985, siguiendo con cuidadoso celo, los lineamientos del plan  director, incautado con otros documentos, en la diligencia de allanamiento a  que se ha hecho alusión.    

     

Cabe  observar únicamente, que un vehículo con 5 guerrilleros, armas y provisiones no  alcanzó a entrar por fallas de coordinación, según declaraciones hechas por el  guerrillero Alonso, en entrevista concedida a la prensa extranjera.    

     

INCIDENCIA  DEL ARTICULO 244 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN LA INVESTIGACION.    

     

Hemos  podido observar en este proceso los inconvenientes que    

ofrece  el fuero establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, que  cercena atributos de dirección y autonomía al responsable de la tarea  investigativa. Conscientes del efecto negativo de la norma, los Magistrados de  la honorable Corte Suprema y del honorable Consejo de Estado, anunciaron su  disposición de no acogerse a tal privilegio, y, por iniciativa propia o por  insinuación de los funcionarios de instrucción encargados de recibir el  testimonio, en algunos casos actuaron dentro del régimen común, obteniéndose  una prueba más completa, sobre hechos y circunstancias que lo muestran  coherente con las demás piezas del proceso.    

     

No  hay posibilidad de comparación entre un testimonio rendido acogiéndose al  fuero, y uno que se preste bajo el régimen común de la prueba. El primero, es  un monólogo procesal, ausente de formalidades, de funcionario, en donde se  pierde la espontaneidad y la naturalidad de la respuesta. Es lacónico, evasivo  e intrascendente. Parece más un esfuerzo por darle forma a la expresión, que  por hacer una narración de cuanto se conoce. Se advierte, inmediatamente, la  ausencia de la guía y conducción del funcionario. Adolece de imprecisiones y  vaguedades. No es muy útil para la investigación. En cambio, el otro  testimonio, es expresivo, refiere los hechos con la extensión que el  funcionario propicia, se concreta a hechos básicos de la investigación, da la  razón de ser del conocimiento de los hechos y todas sus circunstancias. Es el  producto de la compenetración del funcionario y el testigo, en algunos casos,  además con quienes tienen derecho a intervenir en la práctica de la prueba. Es  responsivo y oportuno.    

     

Si  se tiene en cuenta que los términos de investigación, resultan cortos  relativamente, no se entiende cómo puede lograrse en forma racional, un avance  coordinado de la instrucción, existiendo el derecho para algunos testigos  fundamentales de prestar su testimonio en escritos que elaboran casi siempre  después de atender importantes asuntos a su cuidado, luego de transcurrir un  tiempo, al libre albedrío del declarante, al cabo del cual, se recibe una  prueba deficiente en el amplio sentido de la palabra.    

     

Creemos  que este aspecto procedimental de la prueba testimonial, debe ser objeto de  estudio por parte de los responsables de la reforma próxima a expedirse. Nos  atrevemos a sugerir que se adopte una fórmula que prevea siempre la presencia  de un funcionario en la recepción del testimonio. Que pueda contrainterrogar y  llevar al testigo a los puntos claves de la investigación, evitando evasivas o  respuestas ambiguas, incompletas o confusas y además que dé seguridad de un  testimonio espontáneo, natural y que recoja el pensamiento libre, exclusivo y  concreto del declarante. En una palabra, que se busque la verdad, toda la  verdad y nada más que la verdad, sin obstáculos por consideraciones de orden  protocolario.    

     

Consideramos  que el testimonio por certificación jurada está llamado a desaparecer. Conviene  erradicarse de nuestro sistema, excepción hecha de algunos casos en que en el  exterior deban declarar los agentes diplomáticos y consulares de Colombia. En  su lugar, debe pensarse en que el testimonio, en los casos del artículo 244, se  reciba en el despacho del declarante por el funcionario del conocimiento, sin  que pueda realizarse por comisión. Y para evitar abusos de personas interesadas  en requerir la prueba en forma temeraria, o en casos intrascendentes, debe  contemplarse la posibilidad de establecer que únicamente el juez, por su propia  iniciativa o a petición de parte interesada, la decrete y reciba, sin que sea  forzoso acceder a la petición cuando no salte a la vista necesidad.    

     

INFORMACION  DE LA DECIMA TERCERA BRIGADA SOBRE LOS HECHOS DEL    

PALACIO  DE JUSTICIA.    

     

Dada  la gran importancia y trascendencia de la información suministrada por el señor  Brigadier General, Jesús Armando Arias Cabrales, Comandante de la Décima  Tercera Brigada, del Ejército Nacional, responsable directo de la operación de  rescate del Palacio en certificación jurada, contenida en el oficio 22713 de  diciembre 9 de 1985, dirigida a la Juez Sexta de Instrucción Penal Militar,  transcribimos los principales apartes, de innegable interés para la  investigación, a saber:    

     

«4.  La información recogida, del Batallón “Guardia Presidencial” y de la  Policía “Bogotá”, indica que el grupo penetró fraccionado, algunos  individuos por la entrada principal con apariencia de visitantes a las  dependencias y los restantes por el sótano o parqueadero, en dos vehículos que  transportaban armas, municiones, explosivos, equipo adicional, vestuario y  víveres. Al ingresar asesinaron a los dos celadores del estacionamiento y al  administrador del edificio procediendo a ocupar diferentes lugares del mismo, a  colocar explosivos en los accesos, a cerrar y bloquear las puertas de entrada y  cubrirlas con tiradores para negar a la fuerza pública su penetración. La  primera reacción se materializó con la presencia de un Oficial de la Policía  quien, estando de servicio en el sector, quiso aclarar la situación y al  intentar su ingreso fue asesinado a tiros siendo herido también el agente  tripulante que lo acompañaba. A partir de ese momento, y ante la llegada de las  tropas, se observó humo oscuro que salía por el respiradero de los sótanos y  fuego de armas automáticas que se producía desde el interior del edificio,  dirigido hacia los uniformados que se acercaban al Palacio. Cuando la fuerza  pública penetró por los costados sur y occidental, fue recibida por los  antisociales con fuego nutrido de armas automáticas, con granadas y elementos  explosivos y se evidenció que tenían un número considerable de personas  secuestradas en los diferentes pisos. El empleo de estas agresiones con armas  de fuego y explosivos persistió durante toda la operación, es decir, hasta el  día 7 de noviembre: también lanzaron libros, documentos y otros papeles  encendidos contra los vehículos que habían penetrado al Palacio, así como  contra el personal de tropa, desde los pisos superiores, en la tarde del día 6.        

     

5.  El control del orden público en Bogotá compete de una manera conjunta a la  Policía Nacional, quien lo ejerce con el Departamento de su nombre, y a la  Décima Tercera Brigada. La misión propia de la Unidad Operativa, dispone que en  su jurisdicción “mantiene o restablece el orden interno, para garantizar  la vigencia de las instituciones legítimas y asegurar la normalidad  ciudadana”.    

     

6.  En relación con la toma del Palacio, en la condición de comandante de la Décima  Tercera Brigada, la misión propia de la Unidad me impuso la expedición de las  órdenes y la dirección de las acciones militares encaminadas al rescate de las  personas secuestradas en el mencionado sitio, a la recuperación del lugar y al  restablecimiento del orden, gravemente afectado por la incursión de los  antisociales.    

     

7.  Las operaciones de rescate, por ser de la competencia y estar dentro de la  jurisdicción territorial de la Décima Tercera Brigada, fueron dirigidas por el  suscrito, en su calidad de Comandante de la misma.    

     

8.  En las operaciones directas y de apoyo, participaron todas las Unidades  Tácticas de la Brigada, pues fue necesario, a más del ingreso y recuperación  del Palacio, mantener un cierre y aislamiento del área, cubrir puntos críticos  en otros lugares de la ciudad ante la amenaza de ataques terroristas y saqueos  y establecer un dispositivo de control en la ciudad. Se empeñaron tropas de la  Escuela de Caballería y Artillería, de los Batallones Guardia Presidencial y de  la Policía Militar número 1 y del Grupo Rincón Quiñones en el sector de la  Plaza de Bolívar, con apoyos menores de elementos de las Escuelas de Infantería  e Ingenieros. Las restantes unidades: Escuela de Infantería, Logística y  Comunicaciones, Batallones de Policía Militar número 11, de Ingenieros Baraya y  de Servicios número 13, cumplieron misiones en diferentes lugares de la ciudad.    

     

9.  Además de las unidades militares mencionadas, orgánicas de la Décima Tercera  Brigada, se recibieron agregaciones temporales de la Escuela de Suboficiales  (BR10), Batallón Serviez (BR‑7) y batallón de Servicios número 1 (BR‑1).  También, en desarrollo de las operaciones participaron elementos de la Policía  Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).    

     

10.  Los miembros de la Fuerza Pública que intentaron penetrar a la edificación en  el mismo comienzo de los hechos, fueron recibidos con fuego de armas  automáticas; allí se produjo la muerte de un oficial de la Policía Nacional y  las heridas de un Agente cuando se forzó la entrada por la puerta principal,  por el parqueadero y por la terraza, la respuesta fue de nutrido fuego,  acompañado con el lanzamiento de artefactos explosivos, acción que se repitió  durante todo el tiempo que duró la operación y que produjo los resultados de  muertos y heridos consignados en el informe rendido por el suscrito al señor  Comandante del Ejército.    

     

11.  Durante el tiempo que las tropas estuvieron en la edificación, a viva voz se  pidió a los asaltantes por parte de los oficiales, en cada piso y en repetidas  ocasiones, los días 6 y 7 de noviembre, que dejaran en libertad a los  secuestrados y que suspendieran su agresión a la fuerza pública, dándoles  indicaciones de salir desarmados, las manos en alto, con la seguridad de que se  les respetaría su vida; la respuesta se concretó en disparos contra las tropas.  Siguiendo las indicaciones de señor Mayor General Comandante del Ejército, se  auxilió al doctor Carlos Martínez Sáenz, representante de la Cruz Roja  Colombiana, y a sus compañeros para entrar al Palacio; una vez éstos se  hicieron presentes allí, se suspendió el fuego para que él leyera un mensaje,  cuya copia se adjunta, sin obtener respuesta receptiva por los asaltantes y  ante sus disparos el citado funcionario se retiró para proteger su integridad  física y la de sus camilleros.    

     

12.  En razón a que no todos los cadáveres fueron identificados, es imposible  determinar a plenitud la composición del grupo; apoyándose en los resultados de  Medicina Legal, en las labores de Inteligencia Militar y en los documentos  incautados a la célula subversiva, se estima que estuvo integrado así:    

     

a)  RELACION PERSONAL PERTENECIENTE MOVIMIENTO SUBVERSIVO M‑19    

PARTICIPANTE  Y QUE FUE RECONOCIDO POR MEDICINA LEGAL.    

     

01  Luis Francisco Otero Cifuentes    

02 Alfonso  Jacquin Gutiérrez    

03 Andrés  Almarales Manga    

04  Guillermo Elvencio Ruíz Gómez    

05  Ariel Sánchez    

06  José Domingo Gómez Castiblanco    

07  Marcela Sosa    

     

b)  RELACION PERSONAL GRUPO SUBVERSIVO QUE PARTICIPO QUE SE DESCONOCE SU IDENTIDAD.    

     

01  N . N . (a . Lázaro)    

02  N . N . (a . Chucho)    

03  N . N . (a . Abraham)    

04 N . N .  (a . Andrés)    

05  N . N . (a . Levy)    

06  N . N . (a . William)    

07  N . N . (a . Diana)    

08  N . N. (a . Nohora)    

09  N . N . (a . María)    

10  N . N . (a . Pedro)    

11  N . N. (a . Mateo)    

12  N . N. (a . Marcela)    

13  N . N . (a . Pedro)    

14  N . N . (a . Iris A.)    

15  N . N . (a . Bernardo)    

16  N . N . (a . Fabio)    

17  N . N . (a . Ismael)    

18  N . N . (a . Patricia)    

19  N . N . (a . Esteban)    

20 N . N .  (a . Michel)    

21  N . N . (a . Aldo)    

22  N . N . (a . Paulá)    

23  N . N . (a . Leonor)    

24  N . N . (a . Betty)    

25  N . N . (a . Roque)    

2G  N . N . (a . Andrés)    

27 N . N  . (a . Natalia)    

28  N . N . (a . César)    

29  N . N . (a . Mariana)    

30  N . N . (a . Esteban)    

31  N . N . (a . Piter)    

32  N . N . (a . Orlando)    

33  N . N . (a . Jaime)    

34  N . N . (a . Juan)    

35  N . N . (a . Lucho)    

36  N . N . (a . Jorge)    

37  N . N . (a . Adán)    

38  N . N . (a . Claudia)    

39  N . N . (a . Iris E.)    

40  N . N . (a . Profe)    

41  N . N . (a . Monos)    

     

14.  Como resultado final de la operación se obtuvo:    

     

 a)  CAPTURAS. Fueron retenidos (6) sujetos, quienes se pusieron a disposición de la  Estación XI de Policía, en búsqueda de antecedentes. Se anexa el oficio  remisorio y el recibido de los detenidos.    

     

 b)RESCATES.    

     

Durante  la operación en los días 6 y 7 de noviembre, fueron rescatados varios grupos de  secuestrados; se llevo un registro en la Casa del Florero, cuya copia se  adjunta; en él se anotaron 215 personas.    

     

 c)  MATERIAL. El material que fue posible rescatar se relaciona en documento anexo;  anotado que no aparecen allí todos los elementos utilizados por el grupo  asaltante, por el alto consumo de munición, los explosivos lanzados a las  tropas y los equipos que se quemaron en el incendio.              

15.  Además de las armas de dotación, se utilizaron en apoyo los vehículos blindados  Cascabel y Urutú, con sus armas propias, y elementos explosivos, operados por  personal de ingenieros, para rompemuros y rescatar a los particulares que se  encontraban secuestrados, por los subversivos”. (Folios 24‑29,  Juzgado 6, Instrucción Penal Militar.    

     

Advertimos  que la lista de evacuados se adjuntan como anexo del presente informe, en razón  de su extensión.    

     

La  lista de personas retenidas aparece en una comunicación del Capitán Miguel  Angel Cárdenas Obando, Jefe de la Sección Segunda (Encargado) de la Décima  Tercera Brigada, dirigido al señor Oficial de Vigilancia de la XI Estación de  Policía de Bogotá, distinguido con el número 0640. Según ese documento las  personas retenidas eran las siguientes:        

     

Torreledo  Chaparro Patricio, Arrechea Ocoroo Orlando, Quijano Orlando, Jiménez Luis  Enrique, Arce Saúl Antonio, Prado Rodríguez Simón Rogelio.    

     

INTERVENCION  DE LA CRUZ ROJA.    

     

En  la comunicación dirigida por el doctor Carlos Martínez Sáenz, Director del  Socorro Nacional de la Cruz Roja, al doctor Víctor G. Ricardo, Secretario  General de la Presidencia de la República, el día 12 de noviembre de 1985,  distinguida con el número SN‑60‑022, se da cuenta, en forma  pormenorizada, de su personal intervención:    

     

“Atentamente,  en mi calidad de Director del Socorro Nacional    

de  la Cruz Roja Colombiana y en cumplimiento de dos de sus principios de  Neutralidad y Humanidad, a continuación me permito comunicar a usted en orden  cronológico las gestiones que adelanté, atendiendo la solicitud del Gobierno  Nacional, en beneficio de las personas que se hallaban en el Palacio de  Justicia el día 7 de noviembre de 1985.    

     

Inmediatamente  me fue entregado el mensaje, en el cual se ratificaba el ofrecimiento del  Gobierno Nacional en cuanto a garantía para poner término al conflicto, me  trasladé al Comando Operativo de las Fuerzas Armadas, localizado en el Museo  del 20 de Julio, en donde tomé contacto con el Comandante de las Operaciones,  Coronel Alfonso Plazas, quien se hallaba en compañía del General Vargas,  Comandante de la División de Policía Bogotá.    

     

En  la esquina de la calle 11 con carrera 6ª me fueron entregados dos equipos de  radio‑comunicaciones que habían sido previamente ordenados por la señora  Ministra del ramo, uno de los cuales debía quedar en poder de los ocupantes.    

     

Con  todas las garantías, encontré el más amplio apoyo por parte de las Fuerzas  Militares, quienes me pidieron tener un momento de calma para intentar mi  ingreso al edificio, puesto que en este momento se desarrollaba una operación  de enorme actividad entre ocupantes y Fuerzas Armadas sobre la Plaza de Bolívar,  que hacían imposible cualquier movilización del personal; se recibieron  disparos desde el Palacio sobre los jardines del Museo mencionado, que parece  venían de la parte alta del edificio ocupado; al mismo tiempo se me informo que  el Comandante de la Brigada, General Arias, se encontraba al frente de la tropa  que pretendía ingresar a dicho edificio y quien fue informado de mi presencia y  el objetivo de la misión y este ratificó la orden impartida de esperar un  tiempo prudencial.    

     

Pocos  minutos después comenzó a ingresar a este puesto, un grupo muy grande de  rehenes que pudieron ser sacados del Palacio de Justicia, entre quienes se  hallaban Magistrados, personal civil y militares heridos, precediéndose de  inmediato a la evaluación física y ordenándose el traslado a los centros  asistenciales de los casos que así lo ameritaban.    

     

Momentos  después el General Vargas se ofrecio a acompañarme en el intento de ingresar al  Palacio de Justicia para entregar el mensaje y el radio teléfono ordenado por  Presidencia de la República.    

     

En  compañía del General Várgas y el Coronel Plazas, quienes me    

manifestaron  que de ese momento en adelante, dependería el exito de la misión,  exclusivamente de lo que los ocupantes aceptaran; por tanto me trasladé con  cinco Socorristas de la Cruz Roja, portando la bandera de la Institución y  procedimos a ingresar al Palacio.    

     

Al  llegar a éste y utilizando un megáfono, comenzamos a informar el grupo  atrincherado en él, que era portadora la Cruz Roja Colombiana, de un mensaje  del Gobierno Nacional y la única contestación que tuvimos a esta invitación,  fue una ráfaga de ametralladora, que nos obligó a buscar refugio bajo el  antepecho de cemento armado que existe en el edificio.    

     

Permanecimos  en el tercer piso ante la imposibilidad de alcanzar el cuarto piso, ya que allí  permanecían los ocupantes con algunos soldados en Permanente combate.    

     

Súbitamente  cesó el fuego y descendió del cuarto piso, un grupo de soldados que dieron  parte al General Arias de misión cumplida, lo cual nos indicó que la situación  había variado por completo y ante la imposibilidad de haber entregado el  mensaje del Gobierno, los medicamentos solicitados por algunos Magistrados y  los demás elementos que se quería que recibieran los ocupantes, comprendimos  que nuestra misión ya no tenía objeto. En ese momento y en ese sitio (tercer  piso), hice entrega del mensaje del Gobierno al Comandante de ]a Brigada,  habiendo permanecido nosotros dentro del edificio hasta tanto la columna de  tanques que lo rodeaban, recibió la orden de retirarse.    

     

Quiero  dejar la más clara constancia de que el interés de cumplir esta misión se vio  totalmente obstruida porque los ocupantes en ningún momento quisieron recibir  el mensaje del Gobierno y los elementos, lo mismo que los medicamentos enviados  para los señores Magistrados”». (Folio 001954).    

     

PARTES  CIVILES CONSTITUIDAS DENTRO DEL SUMARIO.    

     

A  lo largo de la instrucción se constituyeron siete partes civiles dentro del  proceso. Fueron las siguientes:    

     

1.  Los hijos del Magistrado doctor Ricardo Medina Moyano, María Ximena Medina  Rodríguez y Alvaro Eugenio Medina Rodríguez, representados por la doctora María  Ximena Castilla Jiménez.    

     

2.  La viuda y los hijos del Magistrado José Eduardo Gnecco Correa, representados  por el doctor José Hilario Caicedo Suárez.    

     

3.  Enrique Alfonso Rodríguez y María del Pilar Navarrete, a quienes representó el  doctor José Eduardo Umaña Mendoza; y    

     

4.  El doctor Hernando Perdomo Blanco como apoderado de Rosalbina León, María de  Jesús Hernández de Beltrán y Carmen Celis Suspes.    

     

El  señor Procurador General de la Nación designó al doctor Edgar Humberto  Gutiérrez Moyano como Especial Agente del Ministerio Público, carácter en el  que actuó desde el primer momento de la investigación.    

     

Tanto  al Agente del Ministerio Público como a los Apoderados de la Parte Civil se les  suministró copia de toda la actuación.    

     

Todos  estos profesionales prestaron destacada colaboración a lo largo de la  instrucción del sumario.    

     

También  fue notoria la de los señores Generales Manuel Guerrero Paz, Jefe de Estado  Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Mejía Henao, Procurador Delegado  para las Fuerzas Militares, y Jorge Vega Torres, Secretario General del  Ministerio de Defensa, quienes pusieron todos los medios bajo su cuidado al  servicio de la investigación, coordinando las relaciones entre el Tribunal y  las distintas autoridades militares para facilitar las tareas que nos fueron  encomendadas.    

     

 El  señor Ministro de Justicia puso a disposición del Tribunal todos los medios  indispensables para su funcionamiento y, en todo momento, estuvo atento a la  adecuada provisión de los medios humanos y materiales indispensables.    

     

RESERVA  DEL SUMARIO.    

     

El  Decreto 3300 de 1985  dispone que los Magistrados del Tribunal Especial deben rendir informe sobre  “los resultados de la investigación” , y entregar copias del mismo al  señor Ministro de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, al Procurador  General de la Nación y a los Jueces del conocimiento. Tal norma ha dado lugar a  prolongada controversia sobre la finalidad y alcance del compendio de  conclusiones que, en su cumplimiento debe elaborarse, originando a la vez,  opiniones encontradas sobre la obligación de mantener la reserva del sumario,  por cuanto ella autoriza el conocimiento del informe a funcionarios de alta  jerarquía del estado que ninguna función ordinaria tienen para impulsar la  actuación procesal, en la etapa sumarial.    

     

La  finalidad del informe no la indica el Decreto pero no sería muy arriesgado  interpretar lo que él ordena como necesidad de reportar a la opinión pública y  al mismo Gobierno, el estado y avance de la investigación, dando la seguridad  de que han concurrido todos los esfuerzos del poder público, a través de dos  magistrados con independencia de la Rama Ejecutiva que tienen la facultad de  esclarecer los hechos, descubrir sus responsables y preparar el proceso para la  actuación posterior de los jueces competentes. Y lo que es más importante aún,  el encargo de dar fe sobre la cooperación de las autoridades para asegurar los  resultados de la investigación sobre los hechos más graves de la historia del  país que afectaron y traumatizaron la administración de Justicia.    

     

Tampoco  dice el Decreto qué deben hacer con las copias los funcionarios que las  reciben, ya que no les corresponde particular actuación para adelantar la  investigación, lo que ha llevado pensar que con la medida se persigue, ante  todo, que los máximos exponentes de la justicia tengan un informe que les de  certeza sobre la prontitud, seriedad y efectividad de cuanto se ha logrado,  como implícito medio o instrumento de control para tranquilizar a una comunidad  anhelante de que se haga pronta y adecuada justicia. La sociedad se siente  segura por la confianza en los destinatarios del informe de resultados, que con  él puedan hacer una evaluación crítica de la etapa procesal cumplida, para  procurar correctivos, llegado el caso. Vienen a constituirse, en cierta forma,  en garantes de que los esfuerzos que realmente se han hecho, conducen a una  definición legal y que se ajustan a los procedimientos ordinarios; que se  avanzará la actuación hasta su perfeccionamiento, y que se subsanarán, si es  que las han observado, las irregularidades cometidas, para resumir, que con  base en el juicio que ellos se formen, tomarán medidas para la marcha  conveniente de la investigación, evitando toda posibilidad de impunidad, que  tanto teme la sociedad. Se busca, de otra parte, que si hay lugar a deducir  responsabilidad sobre personas vinculadas al gobierno, sin ninguna  consideración, la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias.    

     

En  lo que a la reserva del sumario se refiere, consideramos que el Decreto 3300 de 1985  no ha perseguido levantarla, para que la documentación llegue a la opinión  pública. Algunos opinan que al ordenarse el envío de una copia de este informe  al señor Ministro de Justicia, que cumple funciones estrictamente  administrativas, lo que quiere la norma, es darle al informe el mismo  tratamiento de publicidad que tienen los demás documentos de la administración,  que no están amparados con el secreto; que como no se hace excepción, el  estudio corre la suerte de documentos que no solo quedan al alcance y  conocimiento de los funcionarios sino que puedan inclusive ser conocidos por  los particulares. Consideran esta una vía para que el estudio pueda llegar a la  opinión pública. Es un criterio respetable pero no lo compartimos. La  publicidad fue establecida en la ley lo mismo que la reserva sumarial y ésta no  ha sido levantada para este proceso.    

     

La  única interpretación aceptable, en nuestro concepto es la de que la norma  comentada viene a ampliar el número de personas con derecho a conocer el  sumario, sin autorizarlos para divulgar su contenido. En cuanto las facultades  del Tribunal sean “las asignadas por la ley en relación con la instrucción  criminal”, debemos atenernos a lo establecido en el artículo 311 del  Código de Procedimiento Penal.    

     

     

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACION.    

     

Presentamos  los resultados de la investigación, advirtiendo que la etapa de instrucción no  está agotada, que se debe continuar la actuación para esclarecer los hechos,  apreciación que dejamos a consideración de los jueces competentes, a quienes al  final de cuentas, corresponde cerrar o no la investigación.    

     

Tenemos  conciencia de que no nos corresponde la calificación de las infracciones cometidas,  y que como inicialmente lo dijimos, no podemos cumplir ningún acto de la esfera  de juzgamiento. Por consiguiente, las conclusiones o resultados se concretan a  los hechos, situaciones y comportamientos evidenciados. La evaluación que  hacemos se refiere a la fase instructiva. Sin embargo, cumplimos el deber de  presentar los resultados de la investigación, para los fines a que haya lugar,  con nuestras personales apreciaciones, absteniéndonos-‑lo repetimos‑‑de  hacer pronunciamiento propios de los jueces del conocimiento.    

     

Hechas  las anteriores advertencias, el Tribunal se permite resumir, en las siguientes  conclusiones, la investigación que le fue encomendada por el Decreto 3300 de 1985.    

     

PRIMERA.  Los integrantes del Movimiento Diecinueve de Abril (M‑19) son los únicos  y exclusivos responsables del ataque y ocupación del Palacio de Justicia, al  planear y ejecutar la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre,  cumplida durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985.    

     

Alvaro  Fayad, máximo dirigente del M‑19 concibió la idea con seis meses de  anticipación. El plan fue preparado por el Estado Mayor de la Compañía Iván  Marino Ospina, cuyo comandante era Luis Otero Cifuentes, de amplia y reconocida  trayectoria en la actividad subversiva, copartícipe, entre otras realizaciones,  del hurto de la espada del Libertador y del de las armas del Cantón Norte, así  como de la toma de la Embajada de República Dominicana.    

     

Fuera  de Luis Otero Cifuentes y haciendo parte del grupo de treinta y cinco (35)  guerrilleros que actuaron en la toma, se encontraban André Almarales, Guillermo  Elvencio Ruiz, Alfonso Jacquin y Ariel Sánchez, dirigentes‑‑a  distinto nivel‑‑de los atacantes.    

     

Cinco  guerrilleros, con su respectivo vehículo, no lograron participar en el ataque,  aunque se entrenaron para hacerlo. Son ellos fundamentales para el  esclarecimiento de los hechos cuando se descubran y se logre su captura.    

     

SEGUNDA.  En el proceso, hasta ahora, no existe evidencia de participación de ningún otro  grupo, conformado por guerrilleros o narcotraficantes, en los hechos objeto de  investigación.    

     

TERCERA.  En sumario separado se adelanta la investigación sobre las amenazas recibidas  por algunos Magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia y sobre la  interferencia y grabación de las conversaciones telefónicas, celebradas desde y  hacia sus oficinas y residencias particulares.    

     

Los  autores de estos delitos no aparecen vinculados al M‑19 y las  interferencias telefónicas, en especial, no se relacionan con la toma del  Palacio, por lo cual el proceso respectivo fue remitido a los jueces  competentes.    

     

Las  cartas amenazantes y las cintas magnetofónicas que se remitieron a los  Magistrados desde la ciudad de Medellín por quienes se firmaban “Los  Extraditables”, pretendían aterrorizar y así coaccionar a los  destinatarios, a quienes exigían declarar inexequible la Ley 27 de 1980, por  medio de la cual se aprobó el Tratado de Extradición celebrado entre Colombia y  los Estados Unidos de América.    

     

Como  se dejó explicado, guerrilleros y narcotraficantes perseguían finalidades  diferentes con estos dos actos‑‑las amenazas y la toma‑‑y  por lo mismo su vinculación procesal no fue establecida.    

     

CUARTA.  A mediados del mes de octubre de 1985, la prensa divulgó la existencia, de un  plan encaminado a tomar el Palacio de Justicia por el M‑19. la  información fue rectificada por la Jefatura de Relaciones Públicas del  Ministerio de Defensa, con fundamento en que los hechos que daban base a la  noticia no habían ocurrido. Al efecto, no se habían efectuado capturas de comprometidos.  Tampoco se habían incautado documentos demostrativos de la conjura.    

     

Sin  embargo, el día 7 de noviembre cuando ya culminaba la recuperación del Palacio,  fue descubierto en la casa número 8‑42 de la calle 6ª sur de Bogotá, el  plan que realmente se ejecutó y que, muy posiblemente, fue el mismo que sin  mayor investigación, se declaró inexistente.    

     

Para  la época de la publicación ya eran conocidas las amenazas a los Magistrados y  se estaba investigando la interferencia de los teléfonos, o sea que era  justificado el temor de que graves males se cernían sobre los administradores  de justicia.    

     

QUINTA.  El día 6 de noviembre de 1985, el palacio de Justicia y sus ocupantes  habituales, se encontraban bajo la custodia y protección de celadores  particulares, inadecuadamente armados y, por lo mismo, en incapacidad material  de prestar el servicio a que estaban llamados, a pesar de lo cual tuvieron  actuación valerosa en cumplimiento de su deber.    

     

Inexplicablemente  había sido retirada la fuerza pública que durante varias semanas tuvo a su  cargo ese servicio, el cual, según declaración del Ministro de Defensa, él  mismo había ordenado sin que haya pruebas de que hubiese dispuesto su retiro.    

     

Estima  el Tribunal que el señor Ministro, General Miguel Vega Uribe, estuvo mal e  insuficientemente informado por quienes le hicieron saber que las medidas de  protección al Palacio de Justicia habían sido canceladas por orden o solicitud  del Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía.    

     

Tal  razón nos mueve a solicitar que por los funcionarios competentes, se adelante  la investigación conducente a establecer si con la conducta de tales  informantes se incurrió en infracción penal. Se deberá remitir las copias  respectivas.    

     

 El  deber primordial de las autoridades Sobre protección a las personas en sus  vidas, honra y bienes, se acrecienta cuando hay amenaza pública y todavía más  cuando con ella se pone en peligro la función de administrar justicia.    

     

Establecida,  pues, la preexistencia de las amenazas proferidas    

simultáneamente  por grupos subversivos y por mafias de narcotraficantes, el Gobierno tenía el  deber de mantener, o mejor, aumentar las medidas de protección y seguridad de  los organismos amenazados, con su anuencia o sin ella, poniendo en ejecución  programas similares a los previstos para los altos dignatarios de la Nación, y  a las que se adoptan durante la permanencia en el país, de Jefes de Estado o  cuando sobrevienen graves alteraciones del orden público.    

     

La  seriedad y la entidad de las amenazas imponían asumir esa protección a los mas  altos niveles y no dejarlos como asunto exclusivo de los organismos distritales  de Policía.    

     

SEXTA.  Hay certeza de la participación del extranjero Diógenes Benavides Martinelli,  como integrante activo del grupo subversivo del M‑19 que realizó el  ataque. Se comprobó, plenamente en investigación adelantada en la República de  Panamá, que era natal de ese país y que se había desempeñado como funcionario  del Ministerio del trabajo de Nicaragua. El carné que acredita esta vinculación  y los documentos de identidad fueron hallados al lado de su cadáver.    

     

SEPTIMA.  También hay evidencia de la utilización, por los ocupantes del Palacio de  Justicia, de armas que en su tiempo, fueron facilitadas por el Gobierno  venezolano a los guerrilleros sandinistas, durante la lucha contra el régimen  de Anastasio Somoza y de un armamento que perteneció, en aquella época a la  Guardia Nacional de Nicaragua.    

     

 No  existe, en el proceso, información alguna que permita conocer cómo llegó el  armamento a poder de los insurgentes del M‑19. Obra sí una nota de la  Cancillería Colombiana, dando aceptación a las explicaciones brindadas por el  actual Gobierno de Nicaragua.    

     

OCTAVA.  El sangriento asalto dio lugar a que el señor Presidente de la República,  inmediatamente y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y  legales, ordenara la intervención de la Fuerza Pública, para obtener la  recuperación del Palacio de Justicia, la liberación de los rehenes, el desalojo  de los subversivos y, finalmente, su juzgamiento con la plenitud de las  garantías legales.    

     

El  Presidente ordenó, además, en decisión acogida y respaldada por los Ministros y  sus altos colaboradores. establecer diálogo con la advertencia de que no habría  negociaciones porque, aceptar las exigencias formuladas por los insurgentes, en  comunicado difundido en los primeros momentos de la cruenta toma del Palacio,  conduciría al desquiciamiento del orden jurídico y de las instituciones  republicanas. Por tal consideración se exhortó a los revoltosos a que se  rindieran y, al no hacerlo, se dispuso la entrada en acción del operativo  militar.    

     

La  decisión del señor Presidente de la República es propia de su fuero  constitucional, como responsable que es de “conservar en todo el  territorio el orden público, y restablecerlo donde fuere turbado”. Tal  decisión por sí misma, no constituye, no puede constituir irregularidad alguna  y es ajena al área penal en que se desenvuelve la investigación.    

     

Lo  que hemos expresado, no nos impide considerar que el Presidente ha debido  aceptar el diálogo telefónico insistente y angustiosamente intentado por el  Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía, que no implicaba un  principio de negociación y, por el contrario, habría servido para la  notificación perentoria a los alzados en armas, por conducto del ilustre rehén,  de que debían rendirse y someterse al imperio de las leyes. Tal diálogo, por  otra parte, habría constituido un acto de cooperación entre las máximas cabezas  de dos Ramas del Poder Público, la Ejecutiva y la Jurisdiccional, para superar  la crisis y evitar la traumatización de la justicia.    

     

NOVENA.  Los insurgentes, siguiendo los lineamientos de un plan    

elaborado,  ensayado y ponderado, durante seis meses, aproximadamente, organizaron una  compañía integrada por guerrilleros seleccionados, de seguro, por su destreza,  récord en la actividad revolucionaria, arrojo y valor personal. Tal compañía,  nominada Iván Marino Ospina, dio el golpe en forma sorpresiva y sangrienta,  utilizando armas automáticas y semiautomáticas, de largo alcance, similares o  superiores a las de las fuerzas militares; bombas, granadas, bazcas, rockets y  explosivos de gran potencia, sirviéndose de los terribles resultados iniciales,  para desatar una acción psicológica, una    

verdadera  guerra psicológica, con el propósito de atemorizar a las fuerzas defensoras de  las instituciones y a la opinión en general, dando la impresión de un mayor  poder de golpe y de combate, al que realmente tenían, que ya se sabe era grande  y desproporcionado, no sólo por el armamento novedoso y moderno, sino por todos  los elementos que lograron llevar al Palacio en cantidad y volumen suficientes  para mantenerse en actividad durante largo tiempo.    

     

El  operativo militar, como es natural, tuvo que ser montado rápidamente, teniendo  en cuenta la imagen y capacidad de combate exhibida por el M‑19,  acrecentada por la ocupación del Palacio de Justicia, convertido en estratégica  fortaleza por su complicada estructura arquitectónica. No hubo la menor duda  que se desatarían acciones bélicas sin precedentes en la historia del país.  Emprenderlas, simultáneamente con el encargo de salvar la vida de los rehenes,  hizo la tarea más compleja y difícil.    

     

La  voluntad de los guerrilleros de proseguir las operaciones, su insistencia en no  rendirse y las bajas infringidas a quienes encontraron a su alcance, desató la  contienda que no se detuvo y arrojó los resultados conocidos por la opinión  pública, relacionados en este informe.    

     

DECIMA.  Por disposición del señor Presidente de la República y    

bajo  su responsabilidad, se trazaron los planes para dominar a los insurgentes. El  Comandante de la Décima Tercera Brigada, Brigadier General Jesús Armando Arias  Cabrales, en cumplimiento de obligaciones de su cargo, puso en ejecución el  operativo militar, contando para ello con todas las Unidades Tácticas de la  Brigada, las Fuerzas de la Policía de Bogotá y la cooperación de los cuerpos de  seguridad y de inteligencia.    

     

Uno  de los resultados positivos de la acción militar consistió en la liberación de  un crecido número de rehenes, cuyos nombres aparecen relacionados en anexo  elaborado con base en 109 diferentes listados, que obran en el proceso,  remitidos por las fuerzas militares.    

     

Debe  anotarse que las diferentes listas, suministradas a la investigación están  conformadas por los mismos nombres, con algunas diferencias inexplicables que  denotan incuria o ligereza en cuestiones de tanta significación y trascendencia  en el proceso, como las que indican el número exacto de las personas realmente  liberadas y su verdadera identificación.    

     

En  el expediente aparecen relatos conmovedores por su contenido humano, de la  forma heroica y bondadosa como se produjeron la casi totalidad de los rescates,  del celo y sacrificio que se impusieron las fuerzas del orden, al protegerlos y  conducirlos hasta el sitio de concentración de rehenes liberados, en la Casa  del Florero.    

     

UNDECIMA.  Es evidente que las fuerzas militares que penetraron    

al  Palacio de justicia, a enfrentar un combate, lo hicieron en cumplimiento de  órdenes precisas de sus respectivos superiores. Las acciones que llevaron a  cabo, con heroísmo y patriotismo indiscutibles, obedecían a los planes  adoptados para la recuperación del Palacio y el rescate de las personas  cautivas. Está demostrado, así mismo, que el enfrentamiento lo hicieron con  gente familiarizada en el manejo de las armas que al margen de la ley, lucharon  con habilidad y excesivo calor personal, manteniendo siempre la consigna de no  rendirse.    

     

Como  no lograron vencer, encontraron la muerte con sus manoS en las armas.  Reiteradamente manifestaron su decisión de morir antes de rendirse y someterse  al juicio, legal y justo, propuesto por el Gobierno, en el evento de abandonar  la acción armada y desistir de sus pretensiones, encaminadas a desquiciar  nuestras instituciones republicanas.    

     

La  investigación pudo establecer que las acciones, se realizaron de acuerdo con  las órdenes recibidas y se ocupó, acuciosamente, de examinar presuntos excesos  o actividades extrañas a las órdenes dictadas, en cuanto pudieran constituir  infracciones de orden penal, susceptibles de averiguación especial, para  posterior decisión de los competentes jueces militares, a quienes, por claro  mandato constitucional y legal, les corresponde, definir responsabilidades, si  las hay, y aplicar las penas y sanciones pertinentes.    

     

Infortunadamente,  los dolorosos combates, complicaron la situación al extremo de hacer difícil su  manejo, produciéndose un efecto no querido con los rehenes que, al fin de  cuentas, corrieron la misma suerte de los combatientes, quizás por falta de las  debidas precauciones para evitar involucrarlos en el fatal desenlace que tan  hondamente ha lastimado el sentimiento nacional.       

     

Duodécima.  Los lamentables resultados de la trágica jornada pueden resumirse en ]a grave  perturbación de las instituciones judiciales, tradicionalmente respetadas y  acatadas; la paralización temporal de la función jurisdiccional al  desintegrarse la honorable Corte Suprema de Justicia, por muerte violenta de 11  de sus 24 integrantes y el ataque a otros tres que sufrieron delicadas lesiones  personales, y por la imposibilidad e que quedó el honorable Consejo de Estado  para funcionar; el atentado a los consejeros, la muerte de magistrados  auxiliares y de algunos servidores de las dos Corporaciones, la destrucción  parcial del imponente y majestuoso palacio, con la totalidad de sus dotaciones,  muebles y enseres, el incendio de los procesos, la biblioteca y parte de los  archivos y tantos otros bienes de precio e inestimable valor.    

     

 Doloroso  es registrar la acción violenta contra quienes durante su meritoria y ejemplar  vida, rindieron culto a la justicia y se destacaron por su pulcritud,  preparación y dedicación al estudio y al trabajo.    

     

En  el texto de este informe aparecen pormenorizadamente relatados los  acontecimientos que culminaron con la muerte de rehenes y combatientes.  Reportamos con verdadero pesar la muerte de los siguientes:            

 a)  Magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia:    

     

 1.  Dr. Alfonso Reyes Echandía.    

     

 2.  Dr. Manuel Gaona Cruz.    

     

 3.  Dr. Luis Horacio Montoya Gil.    

     

 4.  Dr. Ricardo Medina Moyano.    

     

 5.  Dr. José Eduardo Gnecco Correa.    

     

 6.  Dr. Carlos José Medellín Forero.    

     

 7.  Dr. Darío Velásquez Gaviria.    

     

 8.  Dr. Alfonso Patiño Roselli.    

     

 9.  Dr. Fabio Calderón Botero.    

     

10.  Dr. Pedro Elías Serrano Abadía.    

     

11.  Dra. Fanny González Franco.    

     

b)  Los Magistrados Auxiliares:    

     

1.  Dr. Emiro Sandoval Huertas.    

2.  Dr. Julio César Andrade Andrade.    

3.  Dr Jorge A. Correa Echeverry.    

     

c)  Los Auxiliares de los Magistrados de la Corte:    

     

1.  María Teresa Muñoz de Jiménez.    

2.  Hermógenes Cortés Nomelín.    

3.  Isabel Méndez de Herrera.    

4.  Cecilia Concha Arboleda.    

5.  María Cristina Herrera Obando.    

6.  María Lida Mondol de Palacios.    

7.  Rosalba Romero de Díaz.    

8.  María Yaneth Rozo Rojas.    

9.  Ruth Mariela Zuluaga de Correa.    

10.  Ana Beatriz Moscoso de Cediel.    

11.  Libia Rincón Mora.    

12.  Nury Soto de Piñeros.    

     

d)  El Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado:    

     

Dr.  Lizandro Romero Barrios.    

     

e)  Los Abogados Asistentes del Consejo de Estados, Drs.:    

     

1.  Carlos Horacio Uram Rojas.    

2.  Luz Stella Bernal Marín.    

     

f)  Auxiliares del Consejo de Estado y Fiscalías:    

     

1.  Aura María Nieto de Navarrete.    

2.  Blanca Inés Ramírez de Angulo.    

3.  María Teresa Barrios Rodríguez.    

4.  Jaime Alberto Córdoba Avila.    

     

g)  Conductores:    

     

1.  Luis Humberto García.    

2.  José Eduardo Medina Garavito.    

3.  Plácido Barrera Rincón.    

     

h)  El Administrador del Palacio de Justicia,señor:    

     

1.  Jorge Tadeo Mayo Castro.    

     

i)  Los celadores de Cobisec:    

     

1.  Gerardo Díaz Arbeláez.    

2.  Eulogio Blanco.    

     

J)  La ascensorista del Palacio de Justicia, señora:    

     

l.  Carlota Sánchez de Monsalve.    

     

k)  Personal de la Fuerza Pública:    

     

1.  Capitán Héctor Aníbal Talero Cruz.    

2.  Teniente Sergio Alberto Villamizar Quintero.    

3.  Subteniente José Rómulo Fonseca Villada.    

4.  Sargento Viceprimero Jaime Benítez Prieto.    

5.  Agente Jaime Alberto Portilla Franco.    

6.  Agente Jaime Rodríguez Vivas.    

     

l)  DAS:    

     

1.  José Gerardo Malaver.    

2.  Everardo Bermúdez García.    

     

m)  F‑2:    

     

1.  Ramón León Ariza.    

2.  Agente Saúl Chavarría Salamanca.    

3.  Agente Libardo Durán.    

     

n)  Particulares visitantes:    

     

1.  Gustavo Ramírez Rivera.    

2.  María Isabel Ferrer de Velázquez.    

     

ñ)  En la calle:    

     

1.  René Francisco Acuña Jiménez.    

     

Decimotercera.  Con exclusión de un pequeño número todavía no se terminado con exactitud, los  guerrilleros murieron en el interior del Palacio, cumpliendo así su propósito  reiteradamente manifestado de no rendirse.    

     

Los  quince insurgentes fallecidos, que se relacionan a continuación, fueron  plenamente identificados y se les hizo reconocimiento médico legal:    

     

1. Andrés  Almarales Manga.    

2.  Humberto Lozada Valderrama.    

3.  Edison Zapata Vásquez.    

4.  Fabio Becerra Correa.    

5.  Héctor Chaparro Vélez.    

6.  Orlando Chaparro Vélez.    

7.  Héctor Arturo Lozano Riveros.    

8.  William A. Almonacid Rodríguez.    

9.  Diógenes Benavides Martinelli.    

10.  Jesús Antonio Rueda Velasco.    

11.  Alberto Nicolás Erazo Murcia.    

12.  Elkin de Jesús Quiceno Acevedo.    

13.  Jesús Antonio Carvajal Barrera.    

14.  Fernando Rodríguez Sánchez.    

15.  Angela María Murillo Salazar.    

     

Sin  reconocimiento médico se sabe que murieron los seis subversivos que a continuación  relacionamos por haber lo reportado el señor Comandante de la Décima Tercera  Brigada, en Oficio 22713 BRI13‑CDO 746, de 9 de diciembre de 1985:    

     

Luis  Francisco Otero Cifuentes.    

Alfonso  Jacquin Gutiérrez.    

Guillermo  Hevencio Ruiz Gomez.    

Ariel  Sánchez.    

José  Domingo Gómez Castiblanco.    

Marcela  Sosa.    

     

Los  14 guerrilleros restantes no fueron identificados y con el    

distintivo  N.N. recibieron sepultura en una fosa común del Cementerio Distrital del Sur.    

     

 DECIMOCUARTA.  La investigación logró establecer conductas irregulares que deben ser  esclarecidas plenamente, ellas evidencian procederes individuales, aislados,  ejecutados por fuera de las órdenes superiores impartidas, ajenas a la  institución militar. Deben ser, en consecuencia, materia de especial averiguación  en cuanto puedan constituir infracciones de índole penal. De consiguiente,  deben enviarse copias a la justicia penal militar para lo de su cargo. Los  citados comportamientos irregulares se relacionan con los siguientes casos:    

     

a)  Irma Franco Pineda fue una guerrillera de destacada actuación en la toma y  ocupación del Palacio. Hay abundancia testimonial en el sentido de que logró  salir con vida del edificio y, conducida al Museo‑Casa del Florero, allí  fue identificada por varios de los rehenes como la guerrillera que había  encañonado a los funcionarios de la Secretaría del Consejo de Estado y luego  había permanecido en el baño a órdenes de Almarales, colabórando con este muy  eficazmente.    

     

Los  rehenes y los celadores del Museo la reconocieron; aquellos por haberla visto  personalmente durante su cautiverio y éstos por comparación con las fotografías  publicadas en los diarios con posterioridad a la recuperación del Palacio.    

     

El  testimonio de los celadores da fe de que en las primeras horas de la noche del  7 de noviembre la guerrillera fue sacada del Museo y embarcada en un campero  sin que hasta hoy se tenga noticias de su paradero.    

     

b)  Clara Helena Enciso Hernández fue la guerrillera que muchos reconocieron como  “La Mona” o “Diana” El nombre verdadero se tomó de la hoja  de vida que ella entregó con la solicitud de empleo que presentó a los  Laboratorios CIBA en 1974.    

     

Algunos  testigos, menos que en el caso anterior, dicen haberla visto en la Casa del  Florero. Existe de tal hecho una comprobación que da validez a estos informes:  en una de las listas de rehenes liberados elaboradas por los servicios de  inteligencia que funcionaron en el Museo se incluye el nombre de Gloria Enciso  Contreras Obando, y en otra el de Clara Enciso Contreras, mientras que en la  tercera no figura.    

     

Revisadas  las nóminas de Corte y Consejo de Estado, no aparece en ellas persona que tenga  un nombre siquiera parecido con los dos mencionados.    

     

La  búsqueda que se realizó de esta Gloria o Clara Enciso, no produjo resultados y  continúa desaparecida.    

     

c)  Un testigo afirma haber identificado al conductor José Eduardo Medina Garavito,  Como uno de los retenidos en la Casa del Florero. Como este empleado, apareció  luego entre los muertos del Palacio, algunos creen que fue asesinado y  posteriormente conducido su cadáver al interior para hacerle aparecer entre las  víctimas.    

     

 Esta  versión debe aclararse aun cuando no es muy convincente porque nada ocurrió  dentro del Museo que pueda servir de base para afirmar que allí se dio muerte a  alguno de los evacuados. Sólo ocurrió un disparo que, según lo declarado por  los estudiantes Matzon y Santodomingo, tal disparo fue accidental y a nadie  hirió.    

     

 Ni  celadores del Museo, ni periodistas, ni curiosos hablan de este episodio tan  extraño y casi inverosímil.    

     

 d)  El caso de la muerte de tres guerrilleros, dos en un cuarto de aseo donde se  encontraban heridos y una guerrillera distinguida con el nombre de  “Violeta” (nombre de Combate), quien cambió su ropa de batalla, por  la de uso diario, para dar la impresión de que era una estudiante que se  hallaba en el Palacio de Justicia en plan de estudio.    

     

e)  Eduardo Matzon Ospino y yolanda Santodomingo Albericci, dos estudiantes de la  Universidad Externado de Colombia, que adelantaban investigaciones para un  trabajo académico, despertaron sospechas primero en sus compañeros de  cautiverio y luego en los agentes del Gobierno. Conducidos a la Casa del  Florero se les sindicó de pertenecer al grupo guerrillero y fueron objeto de  malos tratos por parte de sus interrogadores. Trasladados a otras dependencias  se les amenazó y golpeó para, finalmente y luego de comprobar su identidad e  inocencia ser liberados la misma noche.    

     

DECIMOQUINTA.  La investigación debe continuarse, entre otras finalidades, para averiguar  sobre los aspectos a que se refieren las anteriores conclusiones, si así lo  considera la Juez Catorce Superior de Bogotá, a quien correspondió el  conocimiento de este proceso. Para todo lo de su competencia, se le hará  entrega, en legal forma del expediente y de un ejemplar del presente informe.    

     

DECIMOSEXTA.  Se debe devolver a la Justicia Penal Militar, luego de compulsar copia de toda  la actuación, los sumarios que el Tribunal Especial reclamó para adelantar la  presente investigación por ser de su competencia. A la misma justicia penal se  le hará entrega de un ejemplar de los resultados de la investigación, de  acuerdo con lo previsto en el Decreto 3300 de 1985.    

     

 Así  mismo, se le enviarán copias concernientes a los asuntos que le corresponde  averiguar, sobre los casos referidos en el cuerpo del presente informe.    

     

DECIMOSEPTIMA.  Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín Cortés, David Suspes Celis, Luz Mary  Portela León, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán y Gloria Stella  Lizarazo, integraban el personal que atendía el servicio de la cafetería en el  Palacio de Justicia.    

     

La  señorita Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles del establecimiento,  entró a la cafetería momentos antes de iniciarse la toma del edificio.    

     

 La  doctora Gloria Anzola de Lanao y la señorita Lucy Amparo Oviedo, habían  ingresado en el curso de la mañana y ellas, como los demás mencionados, se  consideraron desaparecidos porque sus cadáveres no fueron identificados, caso  de haber muerto, ni han aparecido con vida luego de la recuperación del Palacio.    

     

 El  Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir en  que tales personas fallecieron en el 4º piso, a donde fueron conducidas como  rehenes en los primeros momentos de los sucesos.    

     

Tal  prueba se puede resumir así:    

     

a)  El restaurante o cafetería fue plenamente dominado por los guerrilleros en el  primer minuto (léase la declaración de Eduardo Matzon Ospino).    

     

 b)  Junto a un cuerpo calcinado levantado en el cuarto piso se encontraron  pertenencias de Norma Constanza Esguerra, reconocidas por sus familiares.    

     

 c)  En el corredor sur del tercer piso‑‑natural camino entre la  cafetería y el cuarto piso‑‑fueron halladas tortas o pasteles,  indudablemente procedentes de los suministros de la misma señorita Esguerra,  los cuales debieron ser transportados por ella o por los empleados o por los  guerrilleros en el momento del traslado (recuérdese que el plan general  disponía la concentración de rehenes en el último piso).           

d)  Del número y comprobación de los cadáveres aparecidos en el cuarto piso,  examinadas las nóminas de Corte Suprema y Consejo de Estado, comprobado el  número de evadidos, existe un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde  a desaparecidos y es sensiblemente igual al de esta lista que se presenta al principio  de este capítulo.    

     

 e)  No ha sido denunciada otra desaparición por o durante estos sucesos con lo cual  se acrecienta la convicción de que los llamados desaparecidos perecieron en el  holocausto.    

     

 f)  Hay otros motivos de certeza que se exponen en el curso del informe y que no se  reproducen en este resumen por razones fácilmente comprensibles.    

     

 Para  el Tribunal es de plena evidencia que no hay ninguna vinculación entre estas  personas y la guerrilla por lo cual no se ve cómo no debían haber recibido tratamiento  de rehenes como todos los demás.    

     

 Señor  Presidente de la Corte Suprema.    

 Señor  Ministro de Justicia.    

 Señor  Procurador General de la Nación:    

     

 Nos  hemos extendido más allá de cuanto nos proponíamos; el informe que aquí  concluye rebasó los límites que nos habíamos impuesto. Pero consideramos que  era indispensable dar estricto cumplimiento a la ley en la orden de mostrar los  resultados y ésto era imposible sin acompañar a la expresión de nuestro  concepto la prueba que lo respalda. Esta consideración elemental nos movió a  presentar, con amplitud, el acopio testimonial que confirma las apreciaciones  de los funcionarios instructores.    

     

 Por  otra parte, ustedes como destinatarios de este informe, no tendrán oportunidad  ni tiempo para leer el voluminoso expediente (más de 21.000 folios fuera de  anexos) . Esta sóla consideración imponía, más que ninguna otra, la necesidad  de exponer las pruebas fundamentales existentes en el sumario.    

     

Esperamos haber correspondido a la confianza con la cual nos honró la  honorable Corte Suprema de Justicia.    

     

Atentos  y respetuosos servidores,    

     

JAIME  SERRANO RUEDA    CARLOS UPEGUI ZAPATA.    

     

ANEXO  NÚMERO I    

PLANOS    

     

 Número  1. Planta baño de hombres, costado Nor‑occidental.    

 Descanso  escaleras.    

     

 Número  2. Corte baño costado Nor‑Occidental.    

     

 Número  3. Baño costado Nor‑Occidental, corte A‑A.    

     

 Número  4. Baño hombres, costado Nor‑Occidental. Descanso    

escaleras  segundo piso.    

     

Número  5. Baño hombres costado Nor‑Occidental, segundo piso.    

Descanso  escalera. Posición de los rehenes antes de empezar el ataque al baño.    

     

Número  6. Plano baño costado Nor‑Occidental, Segundo piso.    

Posiciones  de algunos rehenes momentos antes de presentarse la explosión en el muro que se  ve al fondo justamente detrás del toallero.    

     

Número  7. Baño costado Nor‑occidental. Situación en el momento de la explosión.    

     

Número  8. Descanso de la escalera. El Magistrado Manuel Gaona Cruz muere. El testigo  doctor Salom se cubre con el cuerpo del doctor Gaona.    

     

ANEXO  NÚMERO 2    

LISTA  DE LAS PERSONAS QUE RESULTARON LESIONADAS DURANTE LOS SUCESOS DE LOS DIAS 6 Y 7  DE NOVIEMBRE DE 1985    

     

 a)  Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:    

1.  Dr. Nemesio Camacho Rodríguez.    

2.  Dr. Hernando Tapias Rocha.    

3.  Dr. Humberto Murcia Ballén.    

     

b)  Los Consejeros de Estado, doctores:    

1.  Samuel Buitrago Hurtado.    

2.  Reinaldo Arciniegas B.    

     

c)  Los Magistrados Auxiliares, del Consejo de Estado:    

1.  Dr. José Alberto Roldán Barriga.    

2. Dr. José  Gabriel Salom.    

3.  Dr. Nelson Zuluaga Ramírez.    

     

d)  Los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia,    

Doctores:    

1.  Nicolás Pájaro Peñaranda.    

2.  Miguel Antonio Roa Castelblanco.    

     

e)  Personal subalterno de la Corte Suprema de Justicia:    

1.  Sofia de Arenas.    

2.  Consuelo Guzmán de Ospina.    

3.  Ricardo Correal Morillo.    

4.  Jorge Antonio Reina.    

5.  Carlos Julio Zárate.    

     

f)  Personal subalterno del Consejo de Estado:    

1.  Alba Inés Rodríguez de Chaparro.    

2.  Leonor Mariela Avila Roldán.    

3.  Celina Gómez de Ospina.    

     

g)  Personal de FF.AA.:    

1.  Capitán Correa Figueroa Anatolio.    

2  .Capitán Orjuela Sánchez Carlos Alberto.    

3.  Teniente Enrique Carnero.    

4.  Teniente José Vicente Uribe Hernandez.    

5.  Teniente Gallo Zuleta German.    

6.  Teniente Aldana Hernando.    

7.  Subteniente Parada Rojas Pedro.    

8.  Subteniente Hernán Mejía Gutiérrez.    

9.  Subteniente Riaño Ospina Doney Olmedo.    

10.  Subteniente Aparicio Chacón Wilson.    

11.  Subteniente Bermúdez Castillo Omar.    

12.  Subteniente Caicedo Muñoz Héctor.    

13.  Subteniente Mendieta Novoa William.    

14.  Sargento Segundo Espitia Edgar.    

15.  Sargento Segundo Zabala García Orlando.    

16.  Sargento Viceprimero Ramírez Loaiza Campo Elías.    

17.  Cabo primero Hernando Almonacid.    

18.  Cabo Segundo García A. Víctor.    

19.  Cabo Segundo Harold Bedoya Arenas.    

20.  Cabo Segundo Reina Sánchez José Luis.    

21.  Cabo Segundo López López Eduardo.    

22.  Soldado González Sibauta Carlos.    

23.  Soldado Avila González Alvaro.    

24.  Soldado García Silva Ever Armando.    

25.  Soldado Castillo Roca Pedro.    

26.  Soldado José Yezid Cardona Gómez.    

27.  Agente Ruiz Sánchez Sacramento.    

28.  Agente Vergara Julio.    

29.  Agente Gómez Pérez José María.    

30.  Agente Valdés Escobar Dimas.    

31.  Agente Sierra López Manuel.    

     

h)  PARTICULARES:    

1.  Mauricio Vásquez.    

2.  Germán López López.    

3.  Orlando Ramírez Cardona.    

4.  Lubín Ramírez Lorza.    

     

ANEXO  NÚMERO 3    

     

RELACION PERSONAL RESCATADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DURANTE LOS DIAS 6  Y 7 DE NOVIEMBRE DE 1985    

     

NOMBRES  Y APELLIDOS    

1.  Luis Favián Romero Arévalo    

2.  Joselín Sánchez Alvarado    

3.  Blanca Inés Amaya Díaz    

4.  Jaime Betancur Cuartas    

5.  Clara Forero de Castro    

6.  Rafael Enrique Urrego    

7.  Margarita Cecilia Dawson R.    

8.  Gilma Quintero Ramírez    

9.  Carlos Humberto Acosta A.    

10.  Jorge Alberto Medina P.    

11.  Luis Roberto Medina G.    

12.  Alvaro Atencio Carcamo    

13.  Tulio Chirola Escano    

14.  Fernando González Carrizosa    

15.  José de la Cruz López C.    

l6.  Fanny Velásquez Ruiz    

17.  María Emilia Caviedes Vargas    

18.  Carlos Julio Vargas Patiño    

19.  Humberto Mora Osejo    

20.  Elizabeth Castro Reyes    

21.  Hugo Cañizares B.    

22.  Pedro Gómez Amorocho    

23.  Euclides Londoño Cardona    

24.  Antonio José Arciniegas A.    

25.  Rafael Acosta Guzmán    

26.  María Aurora Cubillos C.    

27.  Mercedes Montes Mora    

28.  Sonia Guarín Pulecio    

29.  Esluman Alpujarra del Carmen    

30.  Melba Parra Pérez    

31.  María Luz Arrieta de Noguera    

32.  Mercedes Archila de Tafur    

33.  Edne Cohen Daza    

34.  Alba Bolívar de Nieto    

35.  Yolima Dueñas Baquero.    

36.  José Uriel Quintero Restrepo    

37.  Alicia León Orjuela    

38.  Pablo Emilio Rendón    

39.  Manuel Antonio Rodríguez U.    

40.  Berta Salazar de Vela    

41.  Gladys Castaño Ramírez    

42.  Luis Jairo Peña    

43.  Susana Forero de Rodríguez    

44.  Alba Lucía Natan Espinel    

45.  María Elena Giraldo    

46.  Inés Galvis de Benavidez    

47.  Nubia González de Cerón    

48.  Jesús Alberto Rodríguez R.    

49.  Carmen Yolanda Villamil    

50.  Roberto Peñuela Alfonso    

51.  Leonardo Cañón Ortegón    

52.  Carlos Francisco Osorio Reyes    

53.  Gilma Prada de Valencia    

54.  Jaime Hinestroza Rengifo    

55.  Luis H. Mera Benavidez    

56. Dennis  Garcés Durango D.    

57.  Milena Elisa Velandia Alvarado    

58.  Clara María González Sabala    

59.  Gustavo Lara Urrutia    

60.  Lucía González de Vela    

61.  Esmilada Patiño López    

62.  Carlos Ariel Serrano Sánchez    

63.  Juan de Dios Zapata López    

64.  Arnulfo Bonilla    

65.  Virginia González Parra    

66. Luis  Miguel Moisés Cotess    

67.  Martha Lucía González Molina    

68.  Segundo Alcides Velandia    

69.  Jorge E. Torrado    

70.  Quijano Orlando    

71.  Roberto Salgado Samudio    

72.  Eneida Wadnypar Ramos    

73.  Félix Velásquez    

74.  Julio César Quintero Latorre    

75.  Judith López Díaz    

76.  Francisco Camacho Amaya    

77.  Esteban Bendeck Olivella    

78.  Juan Benavidez Patrón    

79.  Julio Roberto Caneva Rincón    

80.  Blanca Ligia Salazar Galeano    

81.  Yaneth Beltrán Forero    

82.  Lola Sandoval Rodríguez    

83.  Estella Mejía de Galvis    

84.  Ana Delia Salamanca Buitrago    

85.  José Heriberto Velásquez    

86.  Alvaro Abella Reyes    

87.  Consuelo Fernández    

88.  Beatriz Rojas de Arámbula    

89.  Antonio María Serrano Gómez    

90.  Francia Rincón Arciniegas    

91.  Martha Hurtado de Gómez    

92.  Gilma Rosa Vélez    

93.  Fabio Espitia Garzón     

94.  Alfonso María Vargas Rincón    

95.  Ana Belén Herrera    

96.  Magdalena Rodríguez Capera    

97.  Miryam Vanegas    

98.  Nora Buitrago Arango    

99.  Edda Pachón de Rojas    

100.  María Gladys Alvarez Corredor    

101.  Alvaro León Cajiao Bolaños    

102.  José Joaquín Palma Vengoechea    

103.  Carmen Alicia Cuevas    

104.  Elsa Hernández de Alfonso    

105.  Dora María González    

106.  José G. Gaitán    

107.  Carlos Ortega    

108.  Eduardo Fonseca Monroy    

109.  Jaime Paredes Tamayo    

110.  Fernando Giraldo Gutiérrez    

111.  Mario Enrique Pérez Velásquez    

112.  Julio Cepeda Tarazona    

113.  Julia Cecilia Triviño de Salcedo    

114.  Celina Gómez de Ospina    

115.  Alejandro Acevedo Ramírez    

116.  Alicia Alvarado    

117.  Rosario Palacios    

118.  Gladys Cano    

119.  Wilimton Iván Puerto Castro    

120.  María Carmen Castro Vda. Patiño    

121.  María Luz Parra de Londoño    

122.  Clara María González Zabala    

123.  Amanda Leal de Gallego    

124.  Iván Armando Celis Plazas    

125.  Hernando Moncada    

126.  Félix Arturo Mora Villate    

127.  Rosa Elvira Ospina Gómez    

128.  Octavio Galindo Carrillo    

129.  Martha Lucía de Soler Molina    

130.  Alejandro Niño Rubiano    

131.  Mireya Celis Polanco    

132.  Martha Clemencia Montoya    

133.  María del Carmen Sanín Cerón    

134.  Gonzalo Suárez Castañeda    

135.  Hernando Pineda Paredes    

136.  César Hernando Pinto Castro    

137.  Bernardo Hoyos Zuluaga    

138.  José Vicente Ordóñez Vargas    

139.  Yaneth Ortiz Burgos    

140.  Lilia Esther Cavana Parrado    

141.  Enrique Low Murtra    

142.  María Inés de Gómez    

143.  Mercedes Mendoza Maldonado    

144.  Rocío Salazar de Mora    

145.  Gonzalo Viracachá Sandoval    

146.  Carlos Eduardo Mendigaña Feria    

147.  Yolanda Ramírez Rodríguez    

148.  Miguel Antonio Roa Castiblanco    

149.  Ruth Younes de Salcedo    

150.  Martha Andraus Burgos    

151.  Ligia de Rodríguez    

152.  Ramiro Borja Avila    

153.  Carmelo Martínez Conn    

154.  Nohemí Acevedo de Navarro    

155.  Carlos Betancourt Jaramillo    

156.  Clara Emilia Ponzón de Clavijo    

157.  Ana Lucía Limas de Montaña    

158.  Antonio J. de Irisarri    

159.  Jorge Valencia Arango    

160.  Beatriz Urrea    

161.  Martha Mercedes Amaya    

162.  Gioconda Montufar    

163.  Yolanda Mejía de González    

164.  Luis Dueña Barrera    

165.  Edilma Gómez de Nieves    

166.  Rosalba Tellez    

167.  Alba Lucía Turriago    

168.  Ricardo Perdomo Lince    

169.  Pablo Mariño Angel    

170.  Alicia Díaz de López    

171.  Jaime Abella Zárate    

172.  Mario Moncaleano Rodríguez    

173.  Yolanda Santodomingo    

174.  Arce Saúl Antonio    

175.  Santiago Cadena Barreto    

176.  Jorge Eliécer Maya Lozano    

177.  Simón Prada Rodríguez    

178.  Matson Ospino Eduardo    

179.  Gladys Alvarez Corredor    

180.  Liliana Cecilia de Salgado    

181.  Gladys Pava    

182.  Luis Armando Celis Plazas    

183.  José Vicente Rodríguez    

185.  Luis Alberto Nosa Rojas    

186.  Aristóbulo Rozo    

187.  Antonio Ruiz    

188.  Manuel José Cantor León    

189.  Carlos Julio Acosta    

190.  Pedro Antonio Nieto Vargas    

191.  José Enrique Díaz Suárez    

192.  Reynaldo Arciniegas Baedeker    

193.  Carlos Julio Zárate Amado    

194.  Alba Inés Rodríguez    

195.  Jorge Reina    

196.  Joaquin Páez    

197.  Consuelo Ospina    

198.  Hermelinda Prado    

199.  Clara Enciso Contreras    

200.  Nicolás Pájaro Peñarana    

201.  Humberto Murcia Ballén    

202.  José Alberto Roldán Barriga    

203.  Nelson Zuluaga    

204.  Mauricio Vargas    

205.  José Segundo Pulido    

206.  Sofía de Arenas    

207.  Luis Caballero Bonilla    

208.  Samuel Buitrago Hurtado    

209.  Ananias Bohórquez    

210.  José Galán Beltrán    

211.  Torroledo Chaparro Patricio    

212.  Arrechea Orlando    

213.  Helena Beatriz Romero    

214.  Alvaro Pinzón Velásquez    

215.  Lucía Bermúdez de Sánchez    

216.  María Esther Mesa Montealegre    

217.  William Ortiz    

218.  Aydee Anzola Linares    

219.  Héctor Darío Correa    

220.  Víctor Manuel Estupiñán Calderó    

221.  Nemesio Camacho Rodríguez    

222.  Rosalba Marín de Henao    

223.  Paulina Caballero de Buitrago    

224.  Estella Robayo    

225.  Rosa Helena Carrillo    

226.  Rosa Barahona de Torres    

227.  Aura Gladys Moreno    

228.  Luz Lozano de Murillo    

229.  María Nelfi Diaz de Valencia    

230.  Arcelia Figueroa    

231.  Bertha de Diaz    

232.  Marleny de Arguello    

233.  Bety Quintero de González    

234.  Clara Edelmira Reyes Rodríguez    

235.  Magaly Arévalo    

236.  Yineth Reyes de Pérez    

237.  Nubia Hurtado Torres    

238.  María Cristina Quintero    

239.  Rosa Contreras Parra    

240.  Hilda de Agudelo    

241.  Dario Quiñones Pinilla    

242.  Jahir Buitrago Castro    

243.  Luis Francisco Camacho González    

244.  Mariela Avila Roldán