Capacidad para garantizar obligaciones de terceros. Trascripción de  oficio.  

Me refiero a sus escritos radicados con los números 2006-01-113590 y 2006- 01- 125655, mediante los cuales consulta sí “Una sociedad esta en capacidad de garantizar obligaciones de terceros así no este (sic) expresamente estipulado en sus estatutos?”.

Cómo el tema en consulta ha sido resuelto de tiempo atrás, comedidamente transcribo apartes del Oficio 220-39236 del 30 de mayo de 1999, que contiene la posición de la Entidad sobre la materia, donde de manera clara se determina la viabilidad para garantizar obligaciones de terceros siempre que tal operación tenga relación con el objeto social.

En esa oportunidad el Despacho conceptuó:

“(….)

Sobre el particular y con el fin de dilucidar su inquietud, es pertinente realizar las siguientes consideraciones sobre el objeto social, tema sobre el cual esta entidad se ha pronunciado en diversas oportunidades:

La capacidad jurídica de las sociedades comerciales se encuentra definida en el artículo 99 del Código de Comercio al estipular que la misma"….se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

A su vez el numeral 4 del artículo 110 ibídem, manifiesta que en la escritura pública de constitución se expresará: "El objeto social, esto es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa en las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel.

Vemos como entonces el citado artículo 99, señala los limites de la capacidad de las sociedades mercantiles al admitir dentro de ella la realización de tres (3) clases de actos, cuales son:

a.      Los actos que se encuentran determinados en las actividades principales previstas en el objeto social.

b.      Los que se relacionen directamente con las actividades principales y

c.      Los que tienen como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales y convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

Los actos enunciados en los literales a) y b) se relacionan con la finalidad que persigue la empresa y por ello deben guardar una relación directa con la misma.

Los descritos en el literal c) no tienen relación directa con las actividades previstas en el objeto social, pues se derivan de la existencia y actividad de la sociedad.

Quiere lo anterior significar que existe un objeto principal que está conformado por las actividades económicas indicadas como marco general trazado por voluntad de los contratantes; y un objeto secundario que está compuesto por la serie de actos que la compañía puede realizar en desarrollo de aquéllas.

De igual manera se entiende que el objeto social determina los límites de su capacidad como persona jurídica, dentro de los cuales han de moverse con plena libertad los órganos sociales de administración y representación (Teoría de la Especialidad). Pero como en ejercicio de esa capacidad la sociedad necesariamente debe llevar a cabo actos accesorios, la ley exige que tengan relación directa de medio a fin entre el objeto social principal con las otras actividades a desarrollar que no están contempladas dentro de él.

En este orden y siendo consecuentes con lo expuesto, podemos afirmar que si en el objeto social principal se contempla el garantizar obligaciones de terceros, indiscutiblemente dicha actividad puede realizarse sin objeción alguna. Por el contrario, si la misma no se encuentra pactada, debe darse efectivamente la relación de medio a fin con las actividades principales de la compañía.

En el evento en que se desconozca la previsión anterior, es claro que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, habrá una extralimitación del objeto social, y los administradores de la sociedad responderán solidaria e limitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a tercero.

No sobra anotar que el máximo órgano social de la compañía, puede determinar llevar a cabo una reforma de estatutos, en la cual se involucre dentro del objeto social principal, la actividad que nos ocupa” (Resaltado fuera de texto).

Para mayor información e ilustración sobre éste y otros temas societarios, se sugiere consultar la página de Internet (www.supersociedades.gov.co) o examinar los libros de Doctrinas y Conceptos Jurídicos y Contables publicados por la Entidad.

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, no sin antes manifestarle que la misma fue resulta dentro del plazo legal y con los efectos contemplados en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.