CONCEPTO 220-040300

  19 de Julio de 2006

Ref.    Liquidación voluntaria - Pago de obligaciones en el proceso.  

1.       Si una empresa entra en liquidación por cualquiera de las casuales establecidas en el Código de Comercio, ¿Cuanto tiempo puede durar esta liquidación?

2.       Si la empresa no tiene bienes propios, pero tiene pasivos, especialmente laborales pero también fiscales ¿Cómo se puede llevar a cabo la liquidación definitiva de la empresa si no hay bienes para liquidar y los socios no capitalizan?.-

3.       Si es nombrado un liquidador sin suplente, pero por la situación económica de la empresa y dado lo inmanejable de los pasivos al no haber dinero ni nada con que cancelarlos, ni apoyo de los accionista y éste renuncia al cargo y registra la renuncia  en la Cámara de Comercio respectiva, ¿Quién o como se suple la ausencia absoluta del liquidador de la compañía, siendo que nadie, dadas las condiciones, quiere aceptar el cargo?

4.       Tiene facultades legales la Superintendencia de Sociedades, para asumir el trámite de la liquidación de una empresa insolvente, sin activos y sin liquidador?

5.       En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Cuál es el procedimiento y qué trámite se debe realizar para que la Superintendencia de Sociedades asuma directamente la liquidación de una empresa en esas condiciones?.

6.       Qué procedimiento se debe seguir, si la que fue sede de la compañía, se encuentra “tomada por los empleados y en las instalaciones se encuentran la totalidad de los archivos que incluyen correspondencia, contabilidad, libros de accionistas, actas de juntas, de asambleas? Adicionalmente no se recibe correspondencia oficial y no oficial.

7.       ¿Tendría facultades legales la Superintendencia de Sociedades para demandar y/o investigar a personas y/o empresas que se presume que perjudicaron y se presume llevaron a situación de insolvencia y ausencia de bienes a una empresa?.

8.       Siendo que la empresa es una sociedad anónima, tendrían los accionistas responsabilidad de pagar la totalidad de las acreencias de su propio patrimonio?

9.       En caso de ser positiva la respuesta, ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para que sean obligados los socios a cubrir las acreencias?.

Antes de responder los interrogantes planteados, es preciso formular las siguientes consideraciones jurídicas:

1. El procedimiento previsto por los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio, para liquidar las sociedades mercantiles, es de orden público y de obligatorio cumplimiento, presupuesto que implica agotar todas sus etapas hasta llegar a la culminación del proceso, trámite durante el cual, el liquidador como administrador, debe obrar dentro de los parámetros de diligencia del buen hombre de negocios y necesariamente responde por las gestiones realizadas en los términos de lo previsto por el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de  la Ley 222 de 1995[1],

2. Disuelta la sociedad debe procederse de inmediato a su liquidación y conservará su capacidad para realizar únicamente los actos necesarios a la inmediata al proceso liquidatorio. En este mismo sentido, le otorga la ley a los liquidadores, entre otras atribuciones, la prevista en el numeral 3º del artículo  238 del Código de Comercio, que corresponde a la obligación de cobrar todos los créditos activos de la sociedad, a efectos de integrar la prenda general de los acreedores, para efectuar el pago del pasivo externo, finalidad primordial del proceso de liquidación.

Así, para responder el primer interrogante, es preciso observar que el legislador no fijó plazo alguno para llevar a cabo el trámite de liquidación voluntaria a una sociedad, pero desde luego que disuelta la misma debe darse inicio en forma inmediata al proceso liquidatorio y agotar las etapas respectivas contenidas en el artículo 225 del Código de Comercio y siguientes, para evitar que la sociedad incurra en costos adicionales injustificados.

En cuanto a la situación planteada en el segundo interrogante, en el que se afirma que la sociedad no tiene activos pero si pasivos, es preciso advertir que este hecho solo podrá confirmarse en la medida en que así se refleje a través de un inventario, elaborado en los términos del Decreto 2946 del 29 de diciembre de 1993, el que deberá ser suscrito por el liquidador y por un contador público cuando éste no tuviere tal  condición. Acorde con esta disposición, el artículo 238 del citado Código, establece los deberes de los liquidadores, como el de cobrar los créditos activos a favor de la sociedad; obtener la restitución de los bienes sociales que estén en poder de los asociados o de terceros y en general todas aquellas que sean necesarias para integrar al patrimonio social todos sus bienes, como garantía de la prenda general de los acreedores.

Para tal efecto, el liquidador deberá proceder en primer término a informar a los  acreedores sociales, por medio de un aviso que deberá publicarse en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social, el que deberá fijarse en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad., tal y como lo dispone el artículo 232 ibídem.

El plazo en el que debe cumplirse la referida obligación, no fue fijado por el legislador; sin embargo, comoquiera que el estado financiero de inventario debe presentarse a los acreedores dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede disuelta, resulta claro que el plazo para avisar a los acreedores, ocurre durante el lapso comprendido entre el momento en que la sociedad quede disuelta y antes de la presentación del inventario.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que efectuado el aviso de que trata el precitado artículo 232, el liquidador conforme al artículo 235 ibídem, debe correr traslado del inventario a los socios y a los acreedores por un término de diez días hábiles, plazo durante el cual, los acreedores que lo estimen pertinente, pueden objetarlo por falsedad, inexactitud o error grave; surtido este plazo sin que se hubieren presentado objeciones, proseguirá el proceso hasta su culminación, mediante la protocolización del acta de la cuenta final de liquidación, junto con el estado financiero de inventario y su posterior registro en la Cámara de Comercio.

Finalmente, cuando la masa a liquidar resulte inferior a la que corresponde a las obligaciones a pagar por parte de la sociedad, éstas deben pagarse a prorrata del valor del patrimonio a liquidar, conforme a las reglas establecidas en los artículos 2495 y siguientes del Código Civil, presupuesto que podría implicar la realización de acuerdos tendientes a satisfacer las obligaciones pendientes con terceros acreedores.

En lo que corresponde a la tercera inquietud, se observa que solo la asamblea general de accionistas está en capacidad de resolver la disyuntiva planteada, puesto que es su deber designar un liquidador principal con su respectivo suplente y en el evento de no realizarlo, le corresponde al revisor fiscal, convocar el máximo órgano social a fin de que designe al liquidador. (Artículo 181 del Código de Comercio).

Ahora bien, respecto de la alternativa planteada en el punto cuarto, caben los siguientes dos análisis:

1. De acuerdo con el artículo 84 numeral 5º de la Ley 222 de 1995, es facultad de la Superintendencia de Sociedades decretar la disolución y ordenar la liquidación de las sociedades vigiladas cuando se cumplan los presupuestos previstos por la ley y los estatutos; en cuanto a aquellas que no se encuentren vigiladas, deberán adelantar privadamente su proceso de liquidación voluntaria, sin que exista la obligación de informar a la Superintendencia de Sociedades esta circunstancia.

2.         La posibilidad de dar aviso a la Superintendencia para que inicie la liquidación obligatoria, resulta viable, pues nada se opone a que una liquidación voluntaria se torne obligatoria, pero le corresponde al interesado evaluar la pertinencia práctica de esta decisión.

En cuanto al quinto interrogante, que se concreta en conocer el procedimiento que debe realizarse para que la superintendencia asuma directamente el trámite de liquidación de una empresa en estas condiciones, está debidamente consagrado en el artículo 149 y siguientes de la ley 222 de 1995.

Respecto al punto sexto, es pertinente anotarle que la Superintendencia de Sociedades tiene las facultades que por Delegación del Presidente de la República, cumple de acuerdo con los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, relacionadas con la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales; a su vez, otras funciones previstas en el artículo 86 y las  atribuciones de carácter administrativo consagradas en el artículo 87 de la misma ley, dentro de las que no están estipuladas medidas de carácter policivo que faciliten el desalojo de la Sede Social por parte de los empleados, pues esta situación de hecho, si bien agrava el conflicto, no es la Superintendencia de Sociedades la llamada a darle solución.

Sin embargo, por la vía de la práctica de una investigación administrativa podrán establecerse las posibles causas que llevaron a la sociedad a la situación de insolvencia, tema que corresponde a la inquietud planteada en el punto séptimo.

Para lo cual, de acuerdo con el artículo 87 numeral 5° ibídem, uno o más asociados representantes de no menos del diez por ciento del capital o alguno de sus administradores, podrá solicitar..... la práctica de una investigación administrativa, mediante la relación de los hechos lesivos de la ley o de los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a comprobarlos. La Superintendencia adelantará la respectiva investigación y de acuerdo con los resultados adelantará las medidas pertinentes.

El tema de la responsabilidad de los accionistas en las sociedades anónimas, al que corresponden los puntos octavo y noveno, fue resuelto por la ley al establecer que en las sociedades por acciones los socios responden hasta por el monto de sus aportes. Para el efecto  me permito transcribir la parte pertinente del oficio 220-35969 del 13 de julio de 2005, en el que se expresó lo siguiente:

“……: tanto en la sociedad anónima como en la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden hasta por el valor de sus aportes; la regla general expresada puede tener su excepción en las sociedades de responsabilidad limitada, cuando en los estatutos se hubiere acordado para alguno, varios o para todos, prestaciones accesorias o garantías suplementarias, pero en este caso, en los estatutos debe expresarse claramente la naturaleza, cuantía, duración y modalidades en que se haga consistir la responsabilidad adicional, por lo que en ningún caso los socios comprometen una responsabilidad indefinida o ilimitada.

La mencionada regla, se extiende durante toda la vida de la sociedad, lo que incluye el término que dure la liquidación de sus negocios sociales; así lo confirma el artículo 252 del Código de Comercio, en el que se expresa lo siguiente: "En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos.

En las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo".

En los anteriores términos se espera haber proporcionado la ilustración que le permita absolver sus inquietudes, anotándole que los alcances del concepto expresado están sujetos al artículo 25 del C.C.A.