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LEY 17 DE 1980
(febrero 13)
por medio de la cual se aprueba el "Tratado que crea el Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena" firmado en Cartagena el 28 de mayo de 1979".
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°.
Apruébase el "Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena", firmado el 28 de mayo de 1979, cuyo texto es:
Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, persuadidos
de que la integración económica latinoamericana y particularmente la consagrada
en el Acuerdo de Cartagena constituyen un propósito común de desarrollo
económico y social; y teniendo en cuenta la declaración de los Presidentes de
los Países Andinos formulada en Bogotá el 8 de agosto de 1978;
Conscientes de que es indispensable garantizar el cumplimiento estricto de los
compromisos derivados directa e indirectamente del Acuerdo de Cartagena, con el
fin de que la integración alcance los efectos que de ella esperan los pueblos de
los Países Miembros;
Convencidos de que algunas de las dificultades que se presentan en la ejecución
del Acuerdo de Cartagena y de los actos que lo desarrollan obedecen, entre otras
razones, a la complejidad de su ordenamiento jurídico;
Seguros de que la estabilidad del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y
obligaciones que de él se derivan deben ser salvaguardados por un órgano
jurisdiccional del más alto nivel, independiente de los Gobiernos de los Países
Miembros y de los otros órganos del Acuerdo de Cartagena, con capacidad de
declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo
e interpretarlo uniformemente;
Convienen por medio de sus Representantes Plenipotenciarios debidamente
autorizados, en celebrar, a tal efecto, el siguiente Tratado que crea el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
CAPITULO I
Del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
Artículo I. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena comprende:
a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos Adicionales;
b) El presente Tratado;
c) Las Decisiones de la Comisión, y d) Las Resoluciones de la Junta.
Artículo II. Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que
sean aprobadas por la Comisión.
Artículo III. Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los
Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así
lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno,
mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en
cada País Miembro.
Artículo IV. Las Resoluciones de la Junta entrarán en vigencia en la fecha y con
modalidades que establezcan su reglamento.
Artículo V. Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean
necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no
adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de
algún modo obstaculice su aplicación.
CAPITULO II
De la creación y organización del Tribunal.
Artículo VI. Créase el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena como
organismo principal del mismo, con la organización y las competencias que se
establecen en el presente tratado.
El Tribunal tendrá su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.
Artículo VII. El Tribunal estará integrado por cinco Magistrados, quienes
deberán ser nacionales de origen de los Países Miembros, gozar de alta
consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el
ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de notoria
competencia. Los Magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de
sus funciones, no podrán desempeñar otras actividades profesionales, remuneradas
o no, excepto las de naturaleza docente, y se abstendrán de cualquier actuación
incompatible con el carácter de su cargo. A solicitud del tribunal y por
unanimidad, la Comisión del Acuerdo de Cartagena podrá modificar el número de
magistrados y crear el cargo de Abogado General, en el número y con las
atribuciones que para el efecto se establezcan en el estatuto a que se refiere
el artículo 14.
Artículo VIII. Los magistrados serán designados de ternas presentadas por cada
país Miembro y por la unanimidad de los Plenipotenciarios acreditados para tal
efecto. El Gobierno del país será convocará a los Plenipotenciarios.
Artículo IX. Los Magistrados serán designados para un período de seis años, se
renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos por una sola vez.
Artículo X. Cada Magistrado tendrá un primer y segundo suplente que lo
reemplazarán, en su orden, en los casos de falta definitiva o temporal, así como
de impedimento o recusación, de conformidad con lo que se establezca en el
estatuto del Tribunal. Los suplentes deberán reunir iguales calidades que los
principales. Serán designados en las mismas fecha y forma y por igual período al
de aquéllos.
Artículo XI. Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento del Gobierno
de un País Miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones hubieren
incurrido en grave falta prevista en el Estatuto del Tribunal y de conformidad
con el procedimiento en él establecido. Para el efecto, los Gobiernos de los
Países Miembros designarán Plenipotenciarios, quienes, previa convocatoria del
Gobierno del país sede, resolverán el caso en reunión especial y por unanimidad.
Artículo XII. Al término de su período, el Magistrado continuará en el ejercicio
de su cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo reemplace.
Artículo XIII. Los Países Miembros se obligan a otorgar al Tribunal todas las
facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones. El
Tribunal y sus Magistrados gozarán en el territorio de los Países Miembros de
las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en particular, por
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en cuanto a la
inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial y en todo lo
referente a las jurisdicciones civiles y penales, con las excepciones
establecidas en el artículo 31 de la mencionada Convención de Viena. Los
Magistrados, el Secretario del Tribunal y los funcionarios a quienes éste
designe con el carácter de internacionales gozarán en el territorio del país
sede de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría. Para
estos efectos, los Magistrados tendrán categoría equivalente a la de Jefes de
Misión y los demás funcionarios la que se establezca de común acuerdo entre el
Tribunal y el Gobierno del país sede.
Artículo XIV. La Comisión, a propuesta de la Junta y dentro de los tres meses
siguientes a la vigencia del presente tratado, aprobará el Estatuto que regirá
tanto el funcionamiento del Tribunal como los procedimientos judiciales a que
deberá sujetarse el ejercicio de las acciones previstas en este Tratado. Las
modificaciones a dicho Estatuto se adoptarán por la Comisión, a petición del
Tribunal. Las Decisiones de la Comisión en esta materia se aprobarán con el voto
afirmativo de los dos tercios y siempre que no haya voto negativo. Corresponderá
al Tribunal dictar su reglamento interno.
Artículo XV. El Tribunal nombrará su Secretario y el personal indispensable para
el cumplimiento de sus funciones.
Artículo XVI. La Comisión aprobará anualmente el Presupuesto del Tribunal. Para
este efecto, el Presidente del Tribunal enviará cada año, en fecha oportuna, el
correspondiente proyecto de presupuesto.
De las competencias del Tribunal.
SECCION PRIMERA
De la Acción de Nulidad.
CAPITULO III
Artículo XVII. Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones de
la Comisión y de las resoluciones de la Junta dictadas con violación de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso
por desviación de poder, cuando sean impugnadas por algún País Miembro, la
Comisión, la Junta o las personas naturales o jurídicas en las condiciones
previstas en el artículo 19 de este Tratado.
Artículo XVIII. Los Países Miembros solo podrán intentar la acción de nulidad en
relación con aquellas decisiones que no hubieren sido aprobadas con su voto
afirmativo.
Artículo XIX. Las personas naturales o jurídicas podrán intentar la acción de
nulidad contra las Decisiones de la Comisión o Resoluciones de la Junta que les
sean aplicables y les causen perjuicio.
Artículo XX. La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro
del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión de la
Comisión o de la Resolución de la Junta.
Artículo XXI. La iniciación de la acción de nulidad no afectará la eficacia o
vigencia de la norma impugnada.
Artículo XXII. Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la
Decisión o de la Resolución impugnada, señalará los efectos de la sentencia en
el tiempo. El órgano del Acuerdo de Cartagena cuyo acto haya sido anulado deberá
adoptar las disposiciones que se requieran para asegurar el cumplimiento
efectivo de la sentencia.
SECCION SEGUNDA
De la Acción de Incumplimiento.
Artículo XXIII. Cuando la Junta considere que un País Miembro ha incurrido en
incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, le formulará sus observaciones
por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro de un plazo compatible
con la urgencia del caso que no excederá de dos meses. Recibida la respuesta o
vencido el plazo, la Junta emitirá un dictamen motivado. Si el dictamen fuera de
incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto
de observaciones, la Junta podrá solicitar el pronunciamiento del Tribunal.
Artículo XXIV. Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha
incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman
el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrá elevar su reclamo a la
Junta con los antecedentes del caso, para que ésta emita dictamen motivado,
previo el procedimiento indicado en el primer inciso del artículo 23. Si el
dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la
conducta objeto del reclamo, la Junta deberá solicitar el pronunciamiento del
tribunal. Si la junta no intentare la acción dentro de los dos meses siguientes
a la fecha de su dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al
Tribunal. Si la Junta no emitiere su dictamen dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de
incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.
Artículo XXV. Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento, el País
Miembro cuya conducta ha sido objeto de reclamo, quedará obligado a adoptar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dentro de los tres meses
siguientes a su notificación. Si dicho País Miembro no cumple la obligación
señalada en el párrafo precedente, el Tribunal, sumariamente y previa opinión de
la Junta, determinará los límites dentro de los cuales el País reclamante o
cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente,
las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro remiso. El
Tribunal, a través de la Junta, comunicará su determinación a los Países
Miembros.
Artículo XXVI. Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son
revisables por el mismo Tribunal, a petición de parte, fundada en algún hecho
que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso, siempre
que el hecho hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la
sentencia por quien solicita la revisión. La demanda de revisión deberá
presentarse dentro de los dos meses siguientes al día en que se descubra el
hecho y, en todo caso, dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia.
Artículo XXVII. Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante
los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del
derecho interno, cuando los Países Miembros incumplan lo dispuesto en el
artículo 5 del presente tratado, en casos en que sus derechos resulten afectados
por dicho incumplimiento.
SECCION TERCERA
De la interpretación prejudicial.
Artículo XXVIII. Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo XXIX. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba
aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del
Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de
dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho
interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere
recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Si
la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez
suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del Tribunal de
oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente.
Artículo XXX. En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el
contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de
Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho
nacional ni calificar los hechos materia del proceso.
Artículo XXXI. El juez que conozca el proceso deberá adoptar la interpretación
del Tribunal.
CAPITULO IV
Disposiciones generales.
Artículo XXXII. Para su cumplimiento, las sentencias del Tribunal no requerirán
homologación o exequátur en ninguno de los Países Miembros.
Artículo XXXIII. Los Países Miembros no someterán ninguna controversia que surja
con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
del Acuerdo de Cartagena a ningún Tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento
alguno distinto a los contemplados en el presente Tratado. Los Países Miembros
convienen en hacer uso del procedimiento establecido en el artículo 23 del
Acuerdo de Cartagena solo en las controversias que surjan entre alguno de ellos
y otra parte contratante del Tratado de Montevideo que no sea miembro del
Acuerdo.
Artículo XXXIV. La Junta editará la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en
la cual se publicarán las decisiones de la Comisión, las resoluciones de la
Junta y las sentencias del Tribunal. Artículo
XXXV. Cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones el
Tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades de los Países Miembros.
CAPITULO V
Adhesión, vigencia y denuncia.
Artículo XXXVI. El presente Tratado no podrá ser suscrito con reservas. Los
Estados que adhieran al Acuerdo de Cartagena deberán adherir al presente
Tratado.
Artículo XXXVII. Este Tratado entrará en vigencia cuando todos los Países
Miembros que lo suscriben hayan depositado el respectivo instrumento de
ratificación en la Secretaría de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Artículo XXXVIII. El presente Tratado permanecerá en vigencia por todo el tiempo
que esté en vigor el Acuerdo de Cartagena y no es denunciable independiente de
éste. La denuncia del Acuerdo de Cartagena comportará la del presente Tratado.
Tanto este Tratado como el Acuerdo de Cartagena tendrán vigencia de manera
independiente de la vigencia del Tratado de Montevideo.
CAPITULO VI
Disposiciones transitorias.
Primera. La acción de nulidad de que trata la Sección Primera del Capítulo III
del presente Tratado podrá ser intentada contra las Decisiones de la Comisión y
las Resoluciones de la Junta que hayan sido aprobadas con anterioridad a la
fecha en que entre en vigencia el presente instrumento, dentro del año siguiente
a la fecha en mención.
Segunda. El Gobierno del País sede del Tribunal deberá convocar a los
Plenipotenciarios de que trata el artículo 8 para la primera designación de
Magistrados, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en
vigencia del Tratado.
Tercera. En la primera designación, dos de los Magistrados serán nombrados por
tres años y tres por seis, mediante sorteo que se hará inmediatamente después de
la designación. En fe de lo cual, los Plenipotenciarios acreditados, habiendo
depositado sus plenos poderes que fueron hallados en buena y debida forma,
firman el presente Tratado en nombre de sus respectivos Gobiernos. Hecho en la
ciudad de Cartagena a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos
setenta y nueve.
Por el Gobierno de Bolivia, (Fdo. ilegible)
Por el Gobierno de Colombia, (Fdo.) Diego Uribe Vargas.
Por el Gobierno del Ecuador, (Fdo.) ilegible.
Por el Gobierno del Perú, (Fdo.) ilegible.
Por el Gobierno de Venezuela, (Fdo.) ilegible.
Rama Ejecutiva del Poder Público-Presidencia de la República.
Bogotá, D. E., 3 de agosto de 1979.
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los
efectos constitucionales.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Diego Uribe Vargas.
Es fiel copia del texto original del "Tratado que crea el Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena", firmado en Cartagena el 28 de mayo de 1979, que
reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
El Jefe de la División de Asuntos Jurídicos,
Humberto Ruiz Varela.
Bogotá, D. E., agosto 1979.
Artículo 2º.-Esta ley entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos
establecidos en la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944, en relación con el tratado
que por esta misma Ley se aprueba.
Dada en Bogotá, D. E., a los cinco (5) días del mes de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve (1979).
El Presidente del Senado,
HECTOR ECHEVERRI CORREA
El Presidente de la Cámara de Representantes,
ADALBERTO OVALLE MUÑOZ
El Secretario General del Senado,
Amaury Guerrero.
El Secretario General de la Cámara de Representantes,
Jairo Morera Lizcano.
República de Colombia-Gobierno Nacional.
Bogotá, D. E., 13 de febrero de 1980.
Publíquese y ejecútese.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Diego Uribe Vargas.
El Ministro de Justicia,
Hugo Escobar Sierra.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Jaime García Parra.
El Ministro de Desarrollo Económico,
Gilberto Echeverry Mejía.